Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas y se modifican la Directiva 2002/22/CE y el Reglamento (UE) n.º 531/2012

• 

  El recurso de apelación en la Ley de Enjuiciamiento Civil (2.ª Edición)

  Libros
  Desde 81,02 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  El enjuiciamiento de la delincuencia vial: aspectos prácticos

  Libros
  Desde 55,33 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de actuaciones en Sala. Técnicas prácticas del proceso civil (3.ª Edición)

  Libros
  Desde 50,39 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Esquemas Procesales Civiles, Penales y Concursales (8.ª Ed)

  Libros
  Desde 59,28 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

LE0000633576_20181220Título de la disposición redactado por el apartado 1) del artículo 50 del Reglamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por el que se establecen el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE), por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1211/2009 («D.O.U.E.L.» 17 diciembre).Vigencia: 20 diciembre 2018

Véase la letra b) del número 2 de la disposición final cuarta de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000732396_20220630

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1) ,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) El presente Reglamento tiene por objeto establecer normas comunes destinadas a garantizar un trato equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a internet y a salvaguardar los derechos de los usuarios finales. Su finalidad no es solo proteger a los usuarios finales, sino garantizar simultáneamente el funcionamiento continuado del ecosistema de internet como motor de innovación. Las reformas en el ámbito de la itinerancia deben dar a los usuarios finales la confianza para seguir conectados cuando viajan dentro de la Unión y deben convertirse, con el tiempo, en un motor de convergencia de los precios y otras condiciones en la Unión.
• (2) Las medidas previstas en el presente Reglamento respetan el principio de neutralidad tecnológica, es decir, no imponen el uso de ningún tipo particular de tecnología ni discriminan a su favor.
• (3) Internet se ha desarrollado en las últimas décadas como una plataforma abierta de innovación con pocas barreras de acceso para los usuarios finales, los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios y los proveedores de acceso a internet. El marco regulador vigente busca fomentar la capacidad de los usuarios finales para acceder a la información y distribuirla o ejecutar aplicaciones y servicios de su elección. Sin embargo, un importante número de usuarios finales se ven afectados por prácticas de gestión del tráfico que bloquean o ralentizan determinadas aplicaciones o servicios. Esas tendencias requieren normas comunes a escala de la Unión que garanticen la apertura de internet y eviten la fragmentación del mercado interior derivada de las medidas adoptadas por algunos Estados miembros.
• (4) Un servicio de acceso a internet facilita el acceso a internet y, en principio, a todos sus puntos extremos, con independencia de la tecnología de red y del equipo terminal que utilice el usuario final. Sin embargo, por razones ajenas al control de los proveedores de servicios de acceso a internet, puede ocurrir que ciertos puntos extremos de internet no sean siempre accesibles. Debe considerarse por ello que un proveedor cumple su obligación respecto de la oferta del servicio de un acceso a internet en el sentido del presente Reglamento si dicho servicio proporciona conexión con prácticamente todos los puntos extremos de internet. Los proveedores de servicios de acceso a internet no deben, pues, restringir la conectividad a ningún punto extremo accesible de internet.
• (5) Al acceder a Internet los usuarios finales deben tener libertad para elegir entre diferentes tipos de equipos terminales tal como se definen en la Directiva 2008/63/CE de la Comisión (4) . Los proveedores de servicios de acceso a internet no deben imponer restricciones en cuanto a la utilización de equipos terminales de conexión a la red, más allá de las que impongan los propios fabricantes o distribuidores de equipos terminales de conformidad con el Derecho de la Unión.
• (6) Los usuarios finales deben tener derecho a acceder a información y contenidos, a distribuirlos, y a utilizar y ofrecer aplicaciones y servicios sin discriminación, a través de su servicio de acceso a internet. Este derecho debe ejercerse sin perjuicio del Derecho de la Unión y del Derecho nacional acorde con el de la Unión por lo que se refiere a la licitud de los contenidos, aplicaciones y servicios. El presente Reglamento no pretende regular la licitud de la información, los contenidos, las aplicaciones o los servicios, ni de los procedimientos, requisitos y garantías conexos. Esas cuestiones siguen estando sujetas al Derecho de la Unión o al Derecho nacional acorde con el de la Unión.
• (7) Para ejercer sus derechos de acceso y distribución de información y contenidos, y utilizar y ofrecer aplicaciones y servicios de su elección, el usuario final debe tener libertad para acordar con el proveedor de servicios de acceso a internet tarifas correspondientes a volúmenes específicos de datos y velocidades específicas de acceso a internet. Ni este tipo de acuerdos ni las prácticas comerciales de los proveedores de servicios de acceso a internet deben limitar el ejercicio de estos derechos, con la correspondiente elusión de las disposiciones del presente Reglamento para la salvaguardia del acceso abierto a internet. Las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes deben estar facultadas para intervenir contra acuerdos o prácticas comerciales que, por su escala, conduzcan a situaciones en que las opciones de los usuarios finales se vean significativamente reducidas en la práctica. A tal fin, la evaluación de los acuerdos y prácticas comerciales debe, entre otras cosas, tener en cuenta las posiciones de mercado respectivas de estos proveedores de servicios de acceso a internet interesados, así como los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios involucrados. Las autoridades nacionales de reglamentación y las demás autoridades competentes, en el marco de su función de supervisión y control del cumplimiento de la normativa, deben estar obligadas a intervenir cuando un acuerdo o unas prácticas comerciales puedan menoscabar aspectos esenciales de este derecho.
• (8) Al prestar servicios de acceso a internet, los proveedores de dichos servicios deben dar un trato equitativo a todo el tráfico, sin discriminaciones, restricciones o interferencias, con independencia de quienes sean el remitente o el receptor y cualesquiera que sean el contenido, aplicación, el servicio o el equipo terminal. De conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión y según jurisprudencia reiterada, no debe darse un trato diferente a situaciones comparables ni un trato similar a situaciones diferentes, a menos que tal trato este objetivamente justificado.
• (9) El objetivo de la gestión razonable del tráfico es contribuir a la utilización eficiente de los recursos de la red y a una optimización de la calidad global de las transmisiones que responda a las necesidades de calidad técnica de servicio objetivamente diferentes de categorías específicas de tráfico y, por tanto, de los contenidos, aplicaciones y servicios transmitidos. Las medidas razonables de gestión del tráfico aplicadas por los proveedores de servicios de acceso a internet deben ser transparentes, no discriminatorias y proporcionadas y no deben basarse en consideraciones comerciales. El requisito de que las medidas de gestión del tráfico no sean discriminatorias no es óbice para que los proveedores de servicios de acceso a internet, con el fin de optimizar la calidad global de las transmisiones, que diferencien entre categorías objetivamente diferentes de tráfico. Este tipo de diferenciación debe, a fin de optimizar la calidad global y la experiencia de los usuarios, permitirse atendiendo únicamente a las necesidades técnicas objetivas diferentes de calidad del servicio (por ejemplo en términos de latencia, fluctuación de fase, pérdida de paquetes y ancho de banda) de las categorías específicas de tráfico, y no sobre la base de consideraciones comerciales. Además, tales medidas diferenciadas de gestión del tráfico deben ser proporcionadas por lo que respecta a la finalidad de optimización de la calidad global y de trato equitativo a tráficos equivalentes. Dichas medidas de gestión del tráfico no se deben mantenerse más tiempo del necesario.
• (10) La gestión razonable del tráfico no requiere técnicas que supervisen el contenido específico de los datos que se transmiten por el servicio de acceso a internet.
• (11) Toda práctica de gestión del tráfico que exceda de las medidas de gestión razonable del tráfico a las que se ha hecho referencia, en el sentido de que suponga un bloqueo, ralentización, alteración, restricción, interferencia, deterioro o discriminación entre contenidos, aplicaciones o servicios específicos o entre categorías específicas de contenidos, aplicaciones o servicios, debe quedar prohibida, a reserva de las excepciones justificadas y definidas que se establecen en el presente Reglamento. Esas excepciones deben ser objeto de una interpretación estricta y estar sujetas a requisitos de proporcionalidad. Debe garantizarse la protección de los contenidos, aplicaciones y servicios específicos y de las categorías específicas de contenidos, aplicaciones o servicios a causa del perjuicio que pueden suponer, tanto para la elección del usuario final como para la innovación, el bloqueo u otras medidas restrictivas que no correspondan a las excepciones justificadas. Las normas contra la alteración de contenidos, aplicaciones o servicios se refieren a la modificación de los contenidos de las comunicaciones, pero no prohíben las técnicas no discriminatorias de compresión de datos que reduzcan el tamaño de un fichero de datos sin dar lugar a ninguna modificación del contenido. Este tipo de compresión permite utilizar de modo más eficiente unos recursos escasos y sirve a los intereses del usuario final al reducir los volúmenes de datos, aumentar la velocidad y mejorar la experiencia de la utilización de los contenidos, aplicaciones o servicios en cuestión.
• (12) Las medidas de gestión del tráfico que vayan más allá de las medidas razonables de gestión del tráfico solamente se deben aplicar cuando sean necesarias y durante el tiempo necesario a los efectos de las excepciones justificadas que se establecen en el presente Reglamento.
• (13) En primer lugar, pueden producirse situaciones en las que los proveedores de servicios de acceso a internet estén sujetos a actos legislativos de la Unión o de la legislación nacional acorde con el Derecho de la Unión (por ejemplo con la relativa a la licitud de los contenidos, aplicaciones o servicios o con la seguridad pública), incluidas disposiciones de Derecho penal que obliguen, por ejemplo, a bloquear determinados contenidos, aplicaciones o servicios. Además, pueden producirse situaciones en las que dichos proveedores estén sujetos a medidas acordes con el Derecho de la Unión, por las que se implante o se apliquen actos legislativos de la Unión o legislación nacional, como medidas de aplicación general, resoluciones judiciales, decisiones de autoridades públicas a las que se hayan otorgado las atribuciones correspondientes, u otras medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de dichos actos legislativos de la Unión o legislación nacional (por ejemplo, la obligación de cumplir las resoluciones judiciales o las decisiones de autoridades públicas que exijan el bloqueo de contenidos ilícitos). La obligación de cumplir el Derecho de la Unión se refiere, entre otras cosas, al cumplimiento de las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta») en relación con las limitaciones en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Tal como se dispone en la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) , únicamente pueden adoptarse medidas susceptibles de restringir los derechos y libertades fundamentales si son apropiadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática y su aplicación está sujeta a las salvaguardias de procedimiento adecuadas de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, incluidas sus disposiciones sobre la tutela judicial efectiva y las debidas garantías procesales.
• (14) En segundo lugar, tales medidas de gestión del tráfico que van más allá de las medidas razonables de gestión del tráfico, pueden ser necesarias para proteger la integridad y la seguridad de la red, por ejemplo para evitar ciberataques consistentes en la propagación de programas informáticos malintencionados o en la usurpación de la identidad de los usuarios finales consecuencia de los programas espía.
• (15) En tercer lugar, las medidas que van más allá de dichas medidas razonables de gestión del tráfico también pueden resultar necesarias con el fin de impedir problemas inminentes de congestión de la red, es decir, situaciones en las que la congestión está a punto de materializarse, y con el fin de mitigar los efectos de la congestión de la red, siempre y cuando tal congestión se produzca únicamente de manera temporal o en circunstancias excepcionales. El principio de proporcionalidad exige que las medidas de gestión del tráfico que obedezcan a esta excepción otorguen el mismo trato a categorías de tráfico equivalentes. Por congestión temporal debe entenderse una situación específica de corta duración en la que un incremento súbito del número de usuarios, además de los usuarios habituales, o un incremento súbito de la demanda de un contenido específico, aplicación o servicio, pueda superar la capacidad de transmisión de ciertos elementos de la red y mermar la capacidad de reacción de las demás partes de la red. Los problemas de congestión temporal pueden darse en particular en las redes móviles, que están sujetas a condiciones más variables como obstrucciones físicas, menor cobertura en el interior de los edificios o cantidades variables de usuarios activos que cambian de localización. Puede ocurrir que la aparición ocasional de este tipo de congestión temporal resulte previsible en ciertos puntos de la red, de modo que no pueda considerarse una congestión excepcional, sin que la recurrencia de estos fenómenos de congestión temporal sea lo suficientemente frecuente o su duración lo suficientemente larga como para que una expansión de la capacidad esté económicamente justificada. Por congestión excepcional debe entenderse una situación imprevisible e inevitable de congestión, tanto en las redes móviles como en las fijas. Las posibles causas de estas situaciones incluyen fallos técnicos como interrupciones del servicio debidas a la rotura de cables u otros elementos de infraestructura, cambios inesperados en el encaminamiento del tráfico o grandes aumentos del tráfico en la red debidos a situaciones de emergencia o de otro tipo ajenas al control del proveedor de servicios de acceso a internet. Los problemas de congestión de este tipo son normalmente poco frecuentes, aunque pueden ser graves y no ser necesariamente de corta duración. La necesidad de aplicar medidas de gestión del tráfico que vayan más allá de las razonables con el fin de impedir o mitigar los efectos de fenómenos temporales o excepcionales de congestión de la red no debe dar a los proveedores de servicios de acceso a internet la posibilidad de eludir la prohibición general de bloquear, ralentizar, alterar restringir, interferir o degradar contenidos, aplicaciones o servicios específicos, o categorías específicas de estos, ni de establecer discriminaciones entre ellos. Los fenómenos recurrentes y más duraderos de congestión de la red que no son ni excepcionales ni temporales no deben poder beneficiarse de este tipo de excepciones, sino que deben resolverse mediante un aumento de la capacidad de la red.
• (16) Hay proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios que quieren poder prestar servicios de comunicaciones electrónicas, distintos de los servicios de acceso a internet, para los cuales son necesarios niveles específicos de calidad de servicio que no quedan garantizados por el servicio de acceso a internet. Tales niveles de calidad específicos son necesarios, por ejemplo, para ciertos servicios que responden a un interés público o para algunos nuevos servicios de comunicación máquina a máquina. Los proveedores de comunicaciones electrónicas al público, incluidos los proveedores de servicios de acceso a internet y los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios, deben, por tanto, tener libertad para ofrecer servicios que no sean servicios de acceso a internet y que estén optimizados para contenidos, aplicaciones o servicios específicos, o para combinaciones de estos, cuando la optimización sea necesaria para atender a las necesidades de contenidos, aplicaciones o servicios que precisen de un nivel de calidad específico. Las autoridades nacionales de reglamentación deben poder verificar si esa optimización es objetivamente necesaria, y en qué medida, para garantizar uno o varios contenidos, aplicaciones o servicios específicos y sus elementos fundamentales y para garantizar que se pueda dar a los usuarios finales el correspondiente aseguramiento de calidad, en lugar de limitarse a conceder una prioridad general con respecto a contenidos, aplicaciones y servicios comparables disponibles a través del servicio de acceso a internet, con la cual se eludirían las disposiciones relativas a las medidas de gestión del tráfico aplicables al servicio de acceso a internet.
• (17) Para evitar que la oferta de este otro tipo de servicios tenga un efecto negativo en la disponibilidad o la calidad general de los servicios de acceso a internet de los usuarios finales, es necesario garantizar la existencia de una capacidad suficiente. Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas al público, incluidos los proveedores de servicios de acceso a internet, deben, por tanto, ofrecer este otro tipo de servicios, o celebrar los correspondientes acuerdos con proveedores de aplicaciones, contenidos o servicios que ofrezcan tales servicios, únicamente si la capacidad de la red es suficiente para ofrecerlos además de los servicios de acceso a internet que ya se estén prestando. Las disposiciones del presente Reglamento para la protección sobre el acceso a internet abierta no deben eludirse mediante otros servicios utilizables u ofrecidos en sustitución de los servicios de acceso a internet. No obstante, el mero hecho de que servicios empresariales como las redes virtuales privadas también permitan acceder a internet no debe considerarse una sustitución del servicio de acceso a internet, a condición de que el suministro de este tipo de acceso a internet por un proveedor de comunicaciones electrónicas al público respete el artículo 3, apartados 1 a 4, del presente Reglamento, y no pueda, por tanto, considerarse una elusión de dichas normas. La prestación de este tipo de servicios distintos de los servicios de acceso a internet no debe ir en detrimento de la disponibilidad y calidad general de los servicios de acceso a internet destinados a los usuarios finales. En las redes móviles, resulta más difícil prever los volúmenes de tráfico en una célula radioeléctrica determinada debido a que hay un número variable de usuarios finales activos, razón por la cual la calidad del servicio de acceso a internet del usuario final puede verse afectada por circunstancias imprevisibles. En las redes móviles, no se debe considerar que se ha producido una merma de la calidad general del servicio de acceso a internet de los usuarios finales si el perjuicio agregado resultante de los servicios distintos de los servicios de acceso a internet es inevitable, mínimo y se limita a una corta duración. Las autoridades nacionales de reglamentación deben garantizar que los proveedores de comunicaciones electrónicas al público cumplan esta obligación. A este respecto, las autoridades nacionales de reglamentación deben evaluar el impacto en la disponibilidad y calidad general de los servicios de acceso a internet analizando, entre otras cosas, los parámetros de calidad del servicio (como latencia, fluctuación de fase, pérdida de paquetes), los niveles de congestión en la red y sus efectos, la diferencia entre la velocidad real y la publicitada, el funcionamiento de los servicios de acceso a internet en comparación con los servicios de otro tipo y la calidad percibida por los usuarios finales.
• (18) Las disposiciones relativas a la salvaguardia del acceso a internet abierta deben completarse con disposiciones relativas al usuario final que aborden eficazmente problemas específicamente ligados a los servicios de acceso a internet y permitan al usuario final tomar decisiones con conocimiento de causa. Esas disposiciones deben aplicarse además de las disposiciones pertinentes de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) , sin que ello impida la posibilidad para los Estados miembros de mantener o adoptar medidas de mayor alcance. Los proveedores de servicios de acceso a internet deben informar con claridad a los usuarios finales del impacto potencial de las prácticas de gestión del tráfico implantadas sobre la calidad del servicio de acceso a internet, la privacidad del usuario final y la protección de datos personales, así como de las posibles repercusiones de los servicios distintos del servicio de acceso a internet a los que estén abonados en la calidad y la disponibilidad de sus servicios de acceso a internet. Los proveedores de servicios de acceso a internet deben facilitar a los usuarios finales información realista sobre la velocidad que pueden ofrecer, incluyéndola en los contratos, a fin de que cada usuario final sepa a qué atenerse en tales casos. El concepto de «velocidad normalmente disponible» se entiende como la velocidad que un consumidor puede esperar alcanzar la mayor parte del tiempo cuando accede al servicio. Los proveedores de servicios de acceso a internet deben informar asimismo al consumidor de los recursos que puede interponer con arreglo al Derecho nacional en caso de incumplimiento de las prestaciones. Cualquier discrepancia significativa, de carácter continuado o recurrente y establecida por un mecanismo de supervisión acreditado por la autoridad nacional de reglamentación, entre el funcionamiento real del servicio y el funcionamiento indicado en el contrato debe considerarse un incumplimiento de las prestaciones a efectos de determinar los recursos a los que puede acogerse el consumidor de conformidad con el Derecho nacional. La metodología a tal efecto debe quedar establecida en directrices del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y debe ser revisada y actualizada en la medida necesaria para reflejar los avances tecnológicos y la evolución de las infraestructuras. Las autoridades nacionales de reglamentación deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento sobre medidas de transparencia para garantizar el acceso a internet abierta.
• (19) Las autoridades nacionales de reglamentación desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que los usuarios finales puedan ejercer efectivamente los derechos que se les reconoce el presente Reglamento, y que se respeten las normas para la protección del acceso a internet abierta. A tal fin, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener obligaciones de supervisión e información y deben garantizar que los proveedores de comunicaciones electrónicas al público, incluidos los proveedores de servicios de acceso a internet, cumplan las obligaciones que les corresponden relativas a la protección del acceso a internet abierta. Entre tales obligaciones figura la obligación de garantizar que la red tenga capacidad suficiente para la prestación sin discriminaciones de servicios de alta calidad de acceso a internet, servicios cuya calidad general no debe verse mermada debido a la prestación de servicios, distintos de los servicios de acceso a internet, que requieran un nivel específico de calidad. Las autoridades nacionales de reglamentación también deben estar facultadas para imponer características técnicas, requisitos mínimos de calidad de servicio y otras medidas oportunas a todos o a algunos proveedores de comunicaciones electrónicas al público si resulta necesario a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento para la protección del acceso a internet abierta o de evitar la degradación de la calidad general de servicio de los servicios de acceso a internet para los usuarios finales. Al tomar esas medidas, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener debidamente en cuenta las directrices pertinentes del ORECE.
• (20) El mercado de las comunicaciones móviles sigue estando fragmentado en la Unión, sin ninguna red móvil que cubra todos los Estados miembros. Como consecuencia, para prestar servicios de comunicaciones móviles a sus clientes nacionales que viajan dentro de la Unión, los proveedores de itinerancia tienen que comprar servicios de itinerancia al por mayor a los operadores del Estado miembro visitado o intercambiar con ellos tales servicios.
• (21) El Reglamento (UE) nº 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) establece el objetivo de aproximar a cero la diferencia entre las tarifas nacionales y de itinerancia. Sin embargo, el nivel observado de las tarifas al por mayor no permite alcanzar de manera sostenible el objetivo último de suprimir la diferencia entre las tarifas nacionales y las de itinerancia. En vista de ello, el presente Reglamento dispone que los recargos por itinerancia en los servicios al por menor han de quedar suprimidos a partir del 15 de junio de 2017, a condición de que se hayan resuelto los problemas que se observan en la actualidad en los mercados mayoristas de itinerancia. A este respecto, conviene que la Comisión realice un análisis del mercado mayorista de itinerancia y presente una propuesta legislativa acorde con el resultado de dicho análisis.
• (22) Al mismo tiempo, los proveedores de itinerancia deben poder aplicar una «política de utilización razonable» al consumo de servicios regulados de itinerancia al por menor prestados a la tarifa minorista nacional aplicable. La política «de utilización razonable» tiene por objeto evitar que los clientes itinerantes utilicen de forma abusiva o anómala los servicios regulados de itinerancia al por menor, por ejemplo empleando ese tipo de servicios en un Estado miembro distinto del de su proveedor nacional para fines distintos de los de viajes eventuales. Toda política de utilización razonable debe permitir a los clientes del proveedor de itinerancia consumir, a la tarifa minorista nacional aplicable, los volúmenes de servicios regulados de itinerancia al por menor que correspondan a sus respectivos planes de tarifas.
• (23) En circunstancias específicas y excepcionales en las que un proveedor de itinerancia no pueda recuperar sus costes totales, reales y previstos, por la prestación de servicios regulados de itinerancia al por menor respecto de sus ingresos totales, reales y previstos, por la prestación de dichos servicios, el proveedor de itinerancia en cuestión debe poder solicitar autorización para aplicar un recargo con vistas a garantizar la sostenibilidad de su modelo de tarificación nacional. La evaluación de la sostenibilidad del modelo de tarificación nacional deberá basarse en factores objetivos pertinentes específicos del proveedor de itinerancia, incluidas las variaciones objetivas entre los proveedores de itinerancia en el Estado miembro de que se trate y el nivel de los precios y de los ingresos nacionales. Tal podría ser el caso, por ejemplo, de los modelos de tarifa plana nacional de operadores con desequilibrios de tráfico significativamente negativos o cuando el precio unitario nacional implícito es bajo y los ingresos totales del operador son también bajos en relación con la carga que supone la itinerancia en términos de costes, o en los casos en los que el precio unitario implícito es bajo y el consumo real o previsto de los servicios de itinerancia es elevado. Una vez que tanto el mercado mayorista de itinerancia como el minorista se hayan adaptado plenamente a la generalización de la itinerancia a los niveles de precios nacionales y a la incorporación de dichos niveles de precios como una característica normal de los planes de tarifas al por menor, no se espera que se planteen ya estas circunstancias excepcionales. A fin de evitar que el modelo de tarificación nacional de los proveedores de itinerancia se convierta en insostenible por estos problemas de recuperación de los costes, dando así lugar a un riesgo de consecuencias apreciables sobre la evolución de los precios nacionales (el denominado efecto «cama de agua»), los proveedores de itinerancia, previa autorización de la autoridad nacional de reglamentación, deben, en las circunstancias anteriormente expuestas, poder aplicar un recargo a los servicios regulados de itinerancia al por menor solo en la medida necesaria para recuperar todos los costes correspondientes a la prestación de estos servicios.
• (24) A tal fin, los costes asumidos a fin de prestar servicios regulados de itinerancia al por menor deberán determinarse por referencia a las tarifas efectivas de itinerancia al por mayor aplicadas al tráfico en itinerancia de salida del proveedor de itinerancia del que se trate que exceda de su tráfico en itinerancia de entrada, así como teniendo en cuenta una provisión razonable para costes conjuntos y comunes. Los ingresos por servicios regulados de itinerancia al por menor deben determinarse por referencia a los ingresos a niveles de precios nacionales atribuibles al consumo de servicios regulados de itinerancia al por menor, bien basándose en el precio unitario o bien como una proporción de una tarifa plana que refleje las respectivas proporciones, reales y previstas, del consumo en servicios regulados de itinerancia al por menor de los clientes dentro de la Unión y del consumo nacional. También debe tenerse en cuenta el consumo de servicios regulados de itinerancia al por menor y el consumo nacional por parte de los clientes del proveedor de itinerancia, y los niveles de competencia, precios e ingresos en el mercado nacional, así como cualquier riesgo observable de que la itinerancia a precios al por menor nacionales pudiera incidir de manera significativa en la evolución de estos precios.
• (25) A fin de velar por una transición fluida del Reglamento (UE) nº 531/2012 a la abolición de las tarifas por itinerancia, el presente Reglamento debe introducir un período transitorio durante el cual los proveedores de itinerancia deben tener la posibilidad de añadir un recargo a los precios nacionales por los servicios regulados de itinerancia al por menor. Dicho régimen transitorio debe preparar ya el cambio fundamental que se avecina, en el sentido de incorporar la itinerancia en toda la Unión como parte integrante de los planes de tarifas nacionales ofrecidos en los diferentes mercados internos. De este modo, el punto de partida del régimen transitorio deberían ser los respectivos precios nacionales, que podrán ser objeto de un recargo no superior al cargo máximo por itinerancia al aplicable en el período inmediatamente anterior a la transición. Dicho régimen transitorio debe garantizar también recortes sustanciales de precios para los clientes a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento y, una vez añadido el recargo al precio nacional al por menor, no debe bajo ninguna circunstancia dar lugar a un precio de la itinerancia al por menor más elevado que la tarifa máxima por itinerancia regulada aplicable en el período inmediatamente anterior al del régimen transitorio.
• (26) El precio nacional al por menor correspondiente debe ser igual a la tarifa nacional al por menor por unidad. No obstante, en situaciones en las que no existen precios nacionales al por menor específicos que puedan usarse como base para un servicio de itinerancia regulado al por menor (por ejemplo, en el caso de planes de tarifas nacionales ilimitados, paquetes o tarifas nacionales que no incluyan datos), debe considerarse que el precio nacional al por menor obedece al mismo mecanismo de tarifación que sería aplicable si el cliente estuviera consumiendo el plan de tarifas nacionales en el Estado miembro del cliente.
• (27) Con vistas a mejorar la competencia en el mercado de itinerancia al por menor, el Reglamento (UE) nº 531/2012 exige que los proveedores nacionales permitan a sus clientes acceder a servicios regulados de voz, SMS e itinerancia de datos, ofrecidos como paquete por cualquier proveedor de itinerancia alternativo. Dado que el régimen de itinerancia al por menor establecido en el presente Reglamento suprime en un futuro próximo las tarifas por itinerancia al por menor establecidas en los artículos 8, 10 y 13 del Reglamento (UE) nº 531/2012, no sería proporcionado obligar a los proveedores nacionales a aplicar este tipo de venta separada de servicios de itinerancia regulados al por menor. Los proveedores que ya han dado a sus clientes la posibilidad de acceder a servicios regulados itinerantes de voz, SMS e itinerancia de datos, ofrecidos como paquete por cualquier proveedor de itinerancia alternativo, podrán seguir haciéndolo. Por otra parte no se puede descartar que los clientes en itinerancia pudieran disfrutar de precios al por menor más competitivos, en particular para servicios de datos en itinerancia, en los mercados visitados. Dada la creciente demanda e importancia de los servicios de datos en itinerancia, debe ofrecerse a los clientes en itinerancia vías alternativas de acceso a servicios de datos en itinerancia cuando viajan dentro de la Unión. Por consiguiente, debe mantenerse la obligación impuesta a los proveedores nacionales y de itinerancia de no impedir a los clientes el acceso a servicios regulados de datos en itinerancia ofrecidos directamente en una red visitada por un proveedor de itinerancia alternativo, recogida en el Reglamento (UE) nº 531/2012.
• (28) De conformidad con el principio «el que llama paga», los clientes de telefonía móvil no pagan por recibir llamadas de móvil nacionales, y el coste de terminar una llamada en la red de la parte que recibe la llamada se cubre en la tarifa al por menor de la parte que realiza la llamada. La convergencia de las tarifas de terminación de llamadas a móvil entre los Estados miembros debería permitir la aplicación del mismo principio para las llamadas en itinerancia reguladas al por menor. No obstante, dado que esto no ocurre aún, en las situaciones recogidas en el presente Reglamento en las que se permite a los proveedores de itinerancia aplicar un recargo por servicios de itinerancia regulados al por menor, el recargo aplicado por las llamadas en itinerancia recibidas no debe superar la tarifa máxima media ponderada de terminación de llamadas a móvil al por mayor establecida en la Unión. Se considera que esto es un régimen transitorio, hasta que la Comisión resuelva esta cuestión pendiente.
• (29) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) nº 531/2012 en consecuencia.
• (30) El presente Reglamento debe constituir una medida específica con arreglo al artículo 1, apartado 5, de la Directiva 2002/21/CE. Por consiguiente, cuando los proveedores de servicios regulados de itinerancia a escala de la Unión hagan cambios en sus tarifas de itinerancia al por menor y en las correspondientes condiciones de uso de la itinerancia a fin de cumplir los requisitos del presente Reglamento, dichos cambios no deberán dar lugar a que se suprima de los contratos de los clientes de telefonía móvil ningún derecho existente en virtud de las leyes nacionales por las que se traspone el marco normativo vigente para las comunicaciones electrónicas, las redes de transmisión de datos y servicios.
• (31) A fin de reforzar los derechos de los clientes en itinerancia, recogidos en el Reglamento (UE) nº 531/2012, el presente Reglamento debe establecer, en relación con los servicios regulados de itinerancia al por menor, requisitos específicos de transparencia adaptados a las condiciones específicas de tarifas y volumen que se aplicarán una vez sean abolidos los recargos por itinerancia al por menor. En particular, debe preverse una notificación efectuada con suficiente antelación y gratuita a los clientes en itinerancia, de información sobre la política de uso razonable, sobre el momento en el que se alcanza el consumo total del volumen de uso razonable aplicable de servicios de voz, SMS o datos regulados en itinerancia, con la información pertinente sobre los recargos, e información sobre el consumo acumulado de servicios regulados de datos en itinerancia.
• (32) A fin de asegurar condiciones uniformes para la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento, deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta el establecimiento de la media ponderada de las tarifas máximas de terminación en móvil, así como normas detalladas sobre la aplicación de la política de uso razonable y la metodología para evaluar la viabilidad de la abolición de los recargos por itinerancia al por menor y sobre la que deberán enviar los proveedores de itinerancia a efectos de dicha evaluación. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) .
• (33) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los derechos y principios reconocidos, en particular, en la Carta Europea, concretamente la protección de datos personales, la libertad de expresión e información, la libertad de empresa, la no discriminación y la protección del consumidor.
• (34) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer las normas comunes necesarias para la salvaguardia de un acceso a internet abierto y abolir las tarifas por itinerancia al por menor, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
• (35) El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado en relación con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y emitió un dictamen el 24 de noviembre de 2013.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece normas comunes para salvaguardar un tratamiento equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a internet y los derechos relacionados de los usuarios finales.

2. El presente Reglamento establece un nuevo mecanismo de tarificación al por menor para los servicios regulados de itinerancia a escala de la Unión a fin de abolir los recargos por itinerancia al por menor sin distorsionar los mercados nacionales y visitados.

3. El presente Reglamento establece asimismo normas comunes destinadas a garantizar que los consumidores no paguen precios excesivos por servicios de comunicaciones interpersonales basadas en números originarias del Estado miembro del proveedor nacional del consumidor y que terminan en cualquier número fijo o móvil de otro Estado miembro.

LE0000633576_20181220Nùmero 3 del artículo 1 introducido por el apartado 2) del artículo 50 del Reglamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por el que se establecen el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE), por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1211/2009 («D.O.U.E.L.» 17 diciembre).Vigencia: 20 diciembre 2018

Artículo 5 bis Tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas

1. A partir del 15 de mayo de 2019, el precio al por menor (sin IVA) cobrado a los consumidores por las comunicaciones intracomunitarias reguladas no excederá de 0,19 euros por minuto para las llamadas y de 0,06 euros por mensaje SMS.

2. No obstante las obligaciones establecidas en el apartado 1, los proveedores de comunicaciones intracomunitarias reguladas podrán ofrecer además, y los consumidores podrán elegir explícitamente, una tarifa para las comunicaciones internacionales, incluidas las comunicaciones intracomunitarias reguladas distintas de las establecidas de conformidad con el apartado 1, en virtud de la cual los consumidores se beneficiarán de una tarifa para las comunicaciones intracomunitarias reguladas distinta de la que se les habría concedido en ausencia de tal elección. Antes de que los consumidores elijan una tarifa diferente, el proveedor de comunicaciones intracomunitarias reguladas les informará de la naturaleza de las ventajas que de ese modo no disfrutarían.

3. Cuando una tarifa de comunicaciones intracomunitarias reguladas a que se refiere el apartado 2 supere los límites establecidos en el apartado 1, a los consumidores que no hayan confirmado o expresado, en un plazo de dos meses a partir del 15 de mayo de 2019, su elección de una de las tarifas establecidas en el apartado 2, se les aplicarán automáticamente las tarifas previstas en el apartado 1.

4. En el plazo de un día hábil a partir de la recepción de la solicitud por el proveedor, los consumidores podrán pasar gratuitamente de una tarifa fijada de conformidad con el apartado 1 a otra, o volver a la misma, y los proveedores velarán por que dicha transición no implique condiciones o restricciones relativas a elementos de las suscripciones distintos de las comunicaciones intracomunitarias reguladas.

5. Cuando los precios máximos a que se refiere el apartado 1 se expresen en una divisa distinta del euro, los límites iniciales se determinarán en dichas divisas aplicando la media de los tipos de cambio de referencia publicados el 15 de enero, el 15 de febrero y el 15 de marzo de 2019 por el Banco Central Europeo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los límites en monedas distintas del euro se revisarán anualmente a partir de 2020. Los límites expresados en dichas divisas revisados anualmente se aplicarán a partir del 15 de mayo utilizando la media de los tipos de cambio de referencia publicados el 15 de enero, el 15 de febrero y el 15 de marzo del mismo año.

6. Las autoridades nacionales de reglamentación supervisarán la evolución del mercado y de los precios de las comunicaciones intracomunitarias reguladas e informarán a la Comisión.

Cuando un proveedor de comunicaciones intracomunitarias reguladas demuestre que, debido a circunstancias específicas y excepcionales que lo distingan de la mayoría de los demás proveedores de la Unión, la aplicación del límite mencionado en el apartado 1 tendría un impacto significativo en su capacidad de proveedor de mantener sus precios actuales para las comunicaciones nacionales, una autoridad nacional de reglamentación podrá conceder, previa solicitud de dicho proveedor, una excepción a lo dispuesto en el apartado 1 únicamente en la medida en que sea necesario y por un período renovable de un año. La evaluación de la sostenibilidad del modelo de tarificación nacional deberá basarse en factores objetivos pertinentes específicos del proveedor de comunicaciones intracomunitarias reguladas, así como en el nivel de los precios e ingresos nacionales.

Cuando el proveedor solicitante haya cumplido la carga probatoria aplicable, la autoridad nacional de reglamentación determinará el nivel máximo de precios que supere uno o ambos de los límites establecidos en el apartado 1, que sería indispensable para garantizar la sostenibilidad del modelo nacional de tarificación del proveedor. El ORECE publicará directrices sobre los parámetros que deben tener en cuenta las autoridades nacionales de reglamentación en su evaluación.

7. A partir del 1 de enero de 2029, los proveedores no aplicarán a los consumidores precios al por menor diferentes para las comunicaciones nacionales y las comunicaciones dentro de la Unión, siempre que se adopten normas técnicas sobre salvaguardias, por ejemplo, medidas en materia de sostenibilidad, uso razonable y lucha contra el fraude. A más tardar el 30 de junio de 2028, la Comisión adoptará, previa consulta al ORECE, un acto de ejecución por el que se establezcan dichas normas técnicas de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 5 ter.

8. A partir del 1 de enero de 2025, los proveedores podrán cumplir voluntariamente la obligación establecida en el apartado 7 de no aplicar precios al por menor diferentes. Esos proveedores quedarán exentos de las obligaciones establecidas en el apartado 1, con sujeción a una política de uso razonable, con el fin de que los beneficios de la igualdad de precios al por menor de las comunicaciones nacionales y de las comunicaciones dentro de la Unión lleguen antes a los consumidores. A tal fin, la Comisión adoptará un acto de ejecución sobre el uso razonable basado en los patrones de uso habitual y medidas antifraude a más tardar el 31 de diciembre de 2024, previa consulta al ORECE. Ese acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 5 ter, apartado 2.

9. A más tardar el 30 de junio de 2027, previa consulta al ORECE, la Comisión revisará el presente artículo y, sobre la base de la evaluación de sus repercusiones, podrá decidir, si procede, presentar una propuesta legislativa para modificarlo.

10. La evaluación a la que se refiere el apartado 9 incluirá:

• a) la evolución de los costes al por mayor relacionados con la prestación de comunicaciones dentro de la Unión;
• b) la evolución de la competencia en el mercado por lo que respecta a la prestación de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración y la evolución de los precios al por menor de las comunicaciones dentro de la Unión en los distintos Estados miembros;
• c) la evolución de las preferencias de los consumidores y la elección de ofertas especiales y paquetes cuyo precio no dependa del consumo real de comunicaciones dentro de la Unión;
• d) las posibles repercusiones en los mercados nacionales por lo que respecta a la prestación de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración y, en particular, en los precios al por menor cobrados a los consumidores en general, teniendo en cuenta los costes por la prestación de comunicaciones dentro de la Unión, así como las posibles repercusiones de las medidas en los ingresos de los proveedores y, si es posible, en la capacidad de inversión de los proveedores, en particular con vistas a la futura implantación de redes en consonancia con los objetivos de conectividad fijados en la Decisión (UE) 2022/2481, cuando aún no se apliquen recargos a las comunicaciones dentro de la Unión;
• e) el alcance del uso, la disponibilidad y la competitividad de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración o de cualquier alternativa a las comunicaciones dentro de la Unión;
• f) la evolución de los planes de tarifas en lo que respecta a las comunicaciones dentro de la Unión y, en particular, la medida en que la aplicación de las medidas previstas en el apartado 8 ha dado lugar a la eliminación de las diferencias de precios al por menor para los consumidores entre las comunicaciones nacionales y las comunicaciones dentro de la Unión.

11. A fin de llevar a cabo la evaluación a que se refiere el apartado 9, el ORECE recopilará periódicamente información pertinente que obre en poder de las autoridades nacionales de reglamentación. Cuando proceda, las autoridades nacionales de reglamentación podrán facilitar dichos datos en coordinación con otras autoridades competentes. Los datos recopilados por el ORECE en virtud del presente apartado se comunicarán a la Comisión al menos una vez al año. La Comisión los hará públicos. Para garantizar que el ORECE pueda cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del presente apartado, los proveedores estarán obligados a cooperar facilitando los datos solicitados, incluidos los datos confidenciales, a las autoridades nacionales pertinentes.

LE0000844477_20240511Artículo 5 bis redactado, con efectos a partir de 15 de mayo de 2024, por el apartado 2) del artículo 17 del Reglamento (UE) 2024/1309 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, por el que se establecen medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de gigabit, se modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 y se deroga la Directiva 2014/61/UE (Reglamento de la Infraestructura de Gigabit) («D.O.U.E.L.» 8 mayo)Vigencia: 15 mayo 2024Efectos / Aplicación: 15 mayo 2024

Artículo 5 ter Procedimiento de comité

1. Con vistas a cumplir las obligaciones que le incumben de conformidad con el artículo 5 bis del presente Reglamento, la Comisión estará asistida por el Comité de Comunicaciones establecido en virtud del artículo 118, apartado 1, de la Directiva (UE) 2018/1972. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

LE0000844477_20240511Artículo 5 ter introducido, con efectos a partir del 15 de mayo de 2024, por el apartado 3) del artículo 17 del Reglamento (UE) 2024/1309 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, por el que se establecen medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de gigabit, se modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 y se deroga la Directiva 2014/61/UE (Reglamento de la Infraestructura de Gigabit) («D.O.U.E.L.» 8 mayo)Vigencia: 15 mayo 2024Efectos / Aplicación: 15 mayo 2024

LE0000724852_20220701LE0000724852_20220701Téngase en cuenta que el Reglamento (UE) 2017/920, 17 mayo, ha sido derogado por el artículo 23 del Reglamento (UE) 2022/612 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, (versión refundida) («D.O.U.E.L.» 13 abril)Vigencia: 30 junio 2022Efectos / Aplicación: 30 junio 2022

LE0000633575_20181220Artículo 8 suprimido, con efectos a partir del 21 de diciembre de 2020, por el anexo XII de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida) («D.O.U.E.L.» 17 diciembre).Vigencia: 21 diciembre 2021Efectos / Aplicación: 21 diciembre 2021

Artículo 10 Entrada en vigor y disposiciones transitorias

1. El presente Reglamento entrará en vigor al tercer día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2. Se aplicará a partir del 30 de abril de 2016, con las siguientes salvedades:

• a) En caso de que el acto legislativo previsto tras la propuesta a que se refiere el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 531/2012 sea aplicable el 15 de junio de 2017, el artículo 7, punto 5, del presente Reglamento, en lo relativo a los artículos 6 bis a 6 quinquies del Reglamento (UE) nº 531/2012, el artículo 7, punto 7, letras a) a c), del presente Reglamento, y el artículo 7, punto 8, letras a), b) y d), del presente Reglamento, se aplicarán a partir de dicha fecha.

  En caso de que dicho acto legislativo no sea aplicable el 15 de junio de 2017, el artículo 7, punto 5, del presente Reglamento, en lo relativo al artículo 6 septies del Reglamento (UE) nº 531/2012, continuará siendo de aplicación, hasta que el acto legislativo sea de aplicación.

  En caso de que dicho acto legislativo sea de aplicación después del 15 de junio de 2017, el artículo 7, punto 5, del presente Reglamento, en lo relativo a los artículos 6 bis a 6 quinquies del Reglamento (UE) nº 531/2012, y el artículo 7, punto 7, letras a), b) y c), y punto 8, letras a), b) y d), del presente Reglamento, se aplicarán a partir de la fecha de aplicación de dicho acto legislativo.

• b) La atribución a la Comisión de las competencias de ejecución establecidas en el artículo 7, punto 4, letra c), y punto 5, del presente Reglamento, en lo relativo a los artículos 6 quinquies y 6 sexies, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 531/2012, se aplicará a partir del 29 de noviembre de 2015.
• c) El artículo 5, apartado 3, se aplicará a partir del 29 de noviembre de 2015.
• d) El artículo 7, punto 10, del presente Reglamento, se aplicará a partir del 29 de noviembre de 2015.

3. Los Estados miembros podrán mantener hasta el 31 de diciembre de 2016 las medidas nacionales, incluidos los regímenes de autorreglamentación, que estaban vigentes antes del 29 de noviembre de 2015 y que no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 3, apartados 2 o 3. Los Estados miembros afectados notificarán a la Comisión dichas medidas a más tardar el 30 de abril de 2016.

4. Lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1203/2012 de la Comisión (14) , en relación con la modalidad técnica para la aplicación del acceso a los servicios de itinerancia de datos locales en una red visitada, seguirá aplicándose a efectos de la venta por separado de servicios regulados de itinerancia de datos al por menor hasta que se adopte el acto de ejecución previsto en el artículo 7, punto 4, letra c), del presente Reglamento.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

5. El artículo 5 bis expirará el 30 de junio de 2032.

LE0000844477_20240511Número 5 del artículo 10 redactado, con efectos a partir de 15 de mayo de 2024, por el apartado 4) del artículo 17 del Reglamento (UE) 2024/1309 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, por el que se establecen medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de gigabit, se modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 y se deroga la Directiva 2014/61/UE (Reglamento de la Infraestructura de Gigabit) («D.O.U.E.L.» 8 mayo)Vigencia: 15 mayo 2024Efectos / Aplicación: 15 mayo 2024