Anúnciate en Noticias Jurídicas Newsletter Colabora con nosotros

TIENDA LA LEY

LA LEY. Librería Jurídica Online Profesional

TIENDA LIBROS FORMACIÓN BASES DE DATOS REVISTAS SOFTWARE DE GESTIÓN OBRAS ACTUALIZABLES

Base de Datos de Legislaci髇

Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar m醩 eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior

Ficha:
  • 觬ganoPARLAMENTO Y CONSEJO DE LA UNION EUROPEA
  • Publicado en DOUEL n鷐. 11 de 14 de Enero de 2019
  • Vigencia desde 03 de Febrero de 2019
Versiones/revisiones:

Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular sus art韈ulos 103 y 114,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

  • (1) Los art韈ulos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE) son disposiciones de orden p鷅lico y deben aplicarse eficazmente en toda la Uni髇 para garantizar que no se falsee la competencia en el mercado interior. Es necesaria la aplicaci髇 efectiva de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE para garantizar mercados competitivos m醩 abiertos y justos en la Uni髇, en los que las empresas compitan sobre la base de sus m閞itos, sin levantar barreras a la entrada en el mercado, permiti閚doles generar riqueza y crear puestos de trabajo. Dicha aplicaci髇 protege a los consumidores y a las empresas activas en el mercado interior de las pr醕ticas comerciales que mantienen los precios de bienes y servicios a niveles artificialmente elevados y aumenta sus posibilidades de elecci髇 de bienes y servicios innovadores.
  • (2) La aplicaci髇 p鷅lica de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE la llevan a cabo las autoridades nacionales de competencia (ANC) de los Estados miembros, paralelamente a la Comisi髇, de conformidad con el Reglamento (CE) n. 1/2003 del Consejo (3) . Las ANC y la Comisi髇 forman conjuntamente una red de autoridades p鷅licas que aplican las normas de competencia de la Uni髇 en estrecha cooperaci髇 (en lo sucesivo, 玶ed europea de competencia).
  • (3) El art韈ulo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n. 1/2003 obliga a las ANC y a los tribunales nacionales a aplicar los art韈ulos 101 y 102 del TFUE a los acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas, pr醕ticas concertadas o abusos de posici髇 dominante que puedan afectar al comercio entre Estados miembros. En la pr醕tica, la mayor韆 de las ANC aplican el Derecho nacional de competencia en paralelo a los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. Por lo tanto, la presente Directiva, cuyo objetivo es velar por que las ANC dispongan de las garant韆s de independencia, los recursos y las facultades de aplicaci髇 e imposici髇 de multas necesarios para poder aplicar eficazmente los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, tendr un impacto inevitable en el Derecho nacional de competencia cuando se aplique en paralelo por parte de las ANC. Adem醩, la aplicaci髇 por las ANC del Derecho nacional de la competencia a los acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas o pr醕ticas concertadas que puedan afectar al comercio entre Estados miembros no debe dar lugar a un resultado diferente del alcanzado por las ANC con arreglo al Derecho de la Uni髇, de conformidad con el art韈ulo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n. 1/2003. Por lo tanto, en tales casos de aplicaci髇 paralela del Derecho nacional de la competencia y del Derecho de la Uni髇, es esencial que las ANC tengan las mismas garant韆s de independencia, los recursos y las facultades de aplicaci髇 e imposici髇 de multas necesarios para garantizar que no se llegue a un resultado diferente.
  • (4) Adem醩, otorgar a las ANC la facultad de obtener toda la informaci髇 relativa a la empresa objeto de la investigaci髇, incluso en forma digital, independientemente del soporte en que se almacene, afectar韆 tambi閚 al 醡bito de aplicaci髇 de las facultades de las ANC cuando, en las fases iniciales de sus procedimientos, adopten las oportunas medidas de investigaci髇, sobre la base de la legislaci髇 nacional de competencia, aplicada en paralelo a los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. Dotar a las ANC de facultades de inspecci髇 con un alcance diferente dependiendo de si, en 鷏tima instancia, solo aplicar醤 la legislaci髇 nacional de competencia o tambi閚 los art韈ulos 101 y 102 del TFUE en paralelo, afectar韆 a la eficacia de la aplicaci髇 del Derecho de la competencia en el mercado interior. Por consiguiente, el 醡bito de aplicaci髇 de la Directiva debe abarcar tanto la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE de manera independiente como la aplicaci髇 en paralelo del Derecho nacional de la competencia al mismo asunto. Por lo que se refiere a la protecci髇 de las declaraciones de clemencia y las solicitudes de transacci髇, la presente Directiva debe tambi閚 cubrir la aplicaci髇 del Derecho nacional de la competencia aplicado de manera independiente.
  • (5) El Derecho nacional impide a muchas ANC tener las garant韆s de independencia, los recursos y las facultades de aplicaci髇 e imposici髇 de multas que les son necesarios para poder hacer cumplir las normas de competencia de la Uni髇 de manera eficaz. Esto socava su capacidad para aplicar de manera efectiva los art韈ulos 101 y 102 del TFUE y para aplicar el Derecho nacional de la competencia en paralelo a los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. Por ejemplo, seg鷑 el Derecho nacional, muchas ANC no disponen de instrumentos eficaces para constatar la existencia de infracciones de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE o imponer multas a las empresas que infrinjan las normas de la competencia o no tienen ni los recursos financieros y humanos ni la autonom韆 operativa adecuados para aplicar de manera eficaz los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. Esta circunstancia puede impedir a las ANC adoptar ning鷑 tipo de medidas o provocar que limiten su aplicaci髇 de la normativa. La falta de garant韆s de independencia, recursos y las facultades de aplicaci髇 e imposici髇 de multas de muchas ANC para aplicar de manera efectiva los art韈ulos 101 y 102 del TFUE significa que las empresas que participan en pr醕ticas contrarias a la competencia pueden encontrarse ante situaciones muy distintas en un procedimiento, dependiendo del Estado miembro en el que est閚 presentes. Tal vez no se les apliquen las normas previstas en los art韈ulos 101 o 102 del TFUE o no se les apliquen con eficacia. Por ejemplo, en algunos Estados miembros, las empresas pueden eludir su obligaci髇 de pagar una multa simplemente mediante una reestructuraci髇.
  • (6) La aplicaci髇 desigual de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, ya sea de manera independiente o en paralelo con el Derecho nacional de la competencia, se traduce en la p閞dida de oportunidades para eliminar las barreras a la entrada al mercado y crear mercados competitivos m醩 abiertos y justos en todo el territorio de la Uni髇 en los que las empresas compitan sobre la base de sus m閞itos. Las empresas y los consumidores sufren especialmente en aquellos Estados miembros en los que las ANC est醤 peor equipadas para aplicar las normas con eficacia. Las empresas no pueden competir sobre la base de sus m閞itos si existen refugios seguros para las pr醕ticas contrarias a la competencia, por ejemplo, porque no pueden recabarse pruebas de dichas pr醕ticas o porque las empresas pueden eludir su obligaci髇 de pagar una multa. Esto, por tanto, disuade a las empresas de entrar en dichos mercados, de ejercer sus derechos de establecimiento y de ofrecer bienes y servicios en esos pa韘es. Los consumidores de Estados miembros en los que la aplicaci髇 de las normas es menor no se benefician de las ventajas de la aplicaci髇 efectiva de la competencia. As pues, la aplicaci髇 desigual de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, ya sea de manera independiente o en paralelo con el Derecho nacional de la competencia, a escala de la Uni髇 falsea la competencia en el mercado interior y va en detrimento de su correcto funcionamiento.
  • (7) Las lagunas y limitaciones de los instrumentos y garant韆s de las ANC socavan el sistema de competencias paralelas para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, pensado para funcionar como un todo coherente, sobre la base de una estrecha cooperaci髇 dentro de la red europea de competencia. Este sistema depende de que las autoridades puedan confiar unas en otras para que las unas realicen pesquisas en nombre de las otras a fin de fomentar la cooperaci髇 y la asistencia mutua entre los Estados miembros. Pero este sistema no funciona bien cuando sigue habiendo ANC que carecen de instrumentos de investigaci髇 adecuados. En otros aspectos clave, las ANC no pueden prestarse asistencia mutua. Por ejemplo, en la mayor韆 de los Estados miembros, las empresas que operan a escala transfronteriza pueden eludir el pago de multas simplemente por no tener presencia jur韉ica en algunos de los territorios de los Estados miembros en los que operan. Esto reduce los incentivos para cumplir lo dispuesto en los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. La aplicaci髇 ineficaz que resulta de ello falsea la competencia para las empresas que respetan la ley y mina la confianza de los consumidores en el mercado interior, en particular en el entorno digital.
  • (8) Para garantizar un verdadero espacio com鷑 de aplicaci髇 de la normativa de competencia en la Uni髇 que ofrezca unas condiciones de competencia m醩 equitativas a las empresas que operan en el mercado interior y reduzca la desigualdad de condiciones de los consumidores, es necesario establecer unas garant韆s b醩icas de independencia, unos recursos financieros, humanos, t閏nicos y tecnol骻icos adecuados, as como unas competencias m韓imas de aplicaci髇 e imposici髇 de multas al aplicar los art韈ulos 101 y 102 del TFUE y al aplicar el Derecho nacional de la competencia en paralelo a dichos art韈ulos, de modo que las autoridades administrativas nacionales de competencia puedan ser plenamente eficaces.
  • (9) Es conveniente basar la presente Directiva en la doble base jur韉ica de los art韈ulos 103 y 114 del TFUE. Esto se debe a que la presente Directiva cubre no solo la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE y la aplicaci髇 del Derecho nacional de la competencia en paralelo a dichos art韈ulos, sino tambi閚 las lagunas y limitaciones de las herramientas y garant韆s de las ANC necesarias para aplicar los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, ya que dichas lagunas y limitaciones afectan negativamente tanto a la competencia como al correcto funcionamiento del mercado interior.
  • (10) La implantaci髇 de garant韆s fundamentales que aseguren que las ANC apliquen de manera uniforme y eficaz los art韈ulos 101 y 102 del TFUE debe entenderse sin perjuicio de la capacidad de los Estados miembros de mantener o introducir garant韆s de independencia y recursos m醩 amplios para las autoridades administrativas nacionales de competencia y normas m醩 detalladas sobre las facultades de aplicaci髇 e imposici髇 de multas de las ANC. En particular, los Estados miembros deben poder conferir a las ANC facultades adicionales que superen el conjunto b醩ico previsto en la presente Directiva a fin de aumentar su eficacia, como por ejemplo la facultad de imponer multas a personas f韘icas o, a t韙ulo excepcional, la de realizar inspecciones con el consentimiento de las personas objeto de inspecci髇.
  • (11) En cambio, son necesarias normas detalladas en cuanto a las condiciones de concesi髇 de clemencia a los c醨teles secretos. Las empresas solo revelar醤 informaci髇 sobre c醨teles secretos en los que hayan participado si tienen suficiente seguridad jur韉ica de que van a beneficiarse de una dispensa del pago de las multas. Las considerables diferencias entre los programas de clemencia en los Estados miembros generan inseguridad jur韉ica a los posibles solicitantes de clemencia, lo que puede debilitar sus incentivos para solicitarla. Si los Estados miembros pudieran aplicar o ejecutar normas m醩 claras y armonizadas en materia de clemencia en el 醡bito cubierto por la presente Directiva, no solo contribuir韆 al objetivo de mantener los incentivos para los solicitantes para revelar informaci髇 sobre c醨teles secretos, con el fin de que la aplicaci髇 de la normativa de competencia de la Uni髇 fuera lo m醩 eficaz posible, sino que adem醩 garantizar韆 la igualdad de condiciones de competencia para las empresas que operan en el mercado interior. Ello no debe impedir que los Estados miembros apliquen programas de clemencia que no cubran 鷑icamente c醨teles secretos, sino tambi閚 otras infracciones del art韈ulo 101 del TFUE y las disposiciones equivalentes del Derecho nacional de la competencia, o la aceptaci髇 de solicitudes de clemencia de personas f韘icas actuando en su propio nombre. La presente Directiva debe entenderse asimismo sin perjuicio de los programas de clemencia que dispongan exclusivamente la exenci髇 del pago de sanciones en procedimientos judiciales penales para la aplicaci髇 del art韈ulo 101 del TFUE.
  • (12) La presente Directiva no debe aplicarse a los Derechos nacionales que prevean la imposici髇 de sanciones penales a las personas f韘icas, con la excepci髇 de las normas que regulan la interacci髇 entre los programas de clemencia con la imposici髇 de sanciones a las personas f韘icas. Tampoco debe aplicarse a los Derechos nacionales que dispongan la imposici髇 de sanciones administrativas a las personas f韘icas que no operen como agentes econ髆icos independientes en un mercado.
  • (13) Con arreglo al art韈ulo 35 del Reglamento (CE) n. 1/2003, los Estados miembros pueden encomendar la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE exclusivamente a una autoridad administrativa, como es el caso en la mayor parte de las jurisdicciones, o pueden encomendar tal cometido tanto a las autoridades judiciales como a las administrativas. En este 鷏timo caso, la autoridad administrativa es al menos responsable con car醕ter principal del desarrollo de la investigaci髇, y mientras que la autoridad judicial se encarga, por regla general, de adoptar las decisiones de imposici髇 de multas y de adoptar otras decisiones como, por ejemplo, declarar como en la existencia de una infracci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE.
  • (14) El ejercicio de las competencias conferidas en virtud de la presente Directiva a las ANC, incluidas las competencias de investigaci髇, debe estar sujeto a salvaguardias adecuadas que cumplan al menos los principios generales del Derecho de la Uni髇 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea, en particular en el marco de procedimientos que puedan dar lugar a la imposici髇 de sanciones. Entre estas garant韆s est el derecho a una buena administraci髇 y el respeto de los derechos de defensa de las empresas, del que el derecho a ser o韉o es un componente esencial. En particular, las ANC deben informar a las partes investigadas de los cargos preliminares formulados contra ellas en virtud de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE en forma de escrito de cargos o una medida similar antes de adoptar una decisi髇 que declare la existencia de una infracci髇, y dichas partes deben tener la oportunidad de presentar alegaciones sobre estos cargos antes de que se adopte tal decisi髇 Las partes a las que se hayan notificado cargos preliminares sobre una supuesta infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE deben tener derecho a acceder al expediente correspondiente de las ANC para que puedan ejercer efectivamente su derecho de defensa. El derecho de acceso al expediente debe estar supeditado al inter閟 leg韙imo de las empresas en la protecci髇 de sus secretos comerciales y no debe hacerse extensivo a la informaci髇 confidencial ni a los documentos internos de las ANC y de la Comisi髇, ni a la correspondencia entre ellas. Adem醩, respecto a las decisiones de las ANC, en particular las que declaren la existencia de una infracci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, e impongan medidas correctivas o multas, los destinatarios han de tener derecho a la tutela judicial efectiva ante un tribunal, de conformidad con el art韈ulo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea. Esas decisiones deben estar motivadas con el fin de que los destinatarios de las mismas puedan conocer las razones de la decisi髇 y ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva. Adem醩, de conformidad con el derecho a una buena administraci髇, los Estados miembros deben velar por que, al aplicar los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, las ANC apliquen los procedimientos en un plazo razonable, teniendo en cuenta las especificidades de cada caso. La concepci髇 de esas salvaguardias debe encontrar un equilibrio entre el respeto de los derechos fundamentales de las empresas y la obligaci髇 de garantizar que los art韈ulos 101 y 102 del TFUE se apliquen de manera eficaz.
  • (15) El intercambio de informaci髇 entre las ANC, y el uso de dicha informaci髇 como medio de prueba para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, deben llevarse a cabo con arreglo a lo dispuesto en el art韈ulo 12 del Reglamento (CE) n. 1/2003.
  • (16) Facultar a las autoridades administrativas nacionales de competencia a que apliquen los art韈ulos 101 y 102 del TFUE con imparcialidad y en el inter閟 com鷑 de la aplicaci髇 eficaz de las normas de competencia de la Uni髇 es un componente esencial de la aplicaci髇 eficaz y uniforme de esas normas.
  • (17) La independencia operativa de las autoridades administrativas nacionales de competencia debe reforzarse a fin de garantizar la aplicaci髇 eficaz y uniforme de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. Para ello, debe disponerse expresamente en el Derecho nacional que, al aplicar los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, las autoridades administrativas nacionales de competencia est閚 protegidas de intervenciones externas o presiones pol韙icas que puedan comprometer su evaluaci髇 independiente de los asuntos que les hayan sido sometidos. A tal efecto, deben establecerse de antemano en el Derecho nacional los motivos para la revocaci髇 por parte de las autoridades administrativas nacionales de competencia de aquellas personas que toman decisiones en el ejercicio de las competencias definidas en los art韈ulos 10, 11, 12, 13 y 16 de la presente Directiva, con el fin de disipar cualquier duda razonable respecto a su imparcialidad y su impermeabilidad a factores externos. Del mismo modo, deben establecerse previamente en el Derecho nacional normas y procedimientos claros y transparentes para la selecci髇, la contrataci髇 o el nombramiento de esas personas. Asimismo, con el fin de asegurar la imparcialidad de las autoridades administrativas nacionales de competencia, estas autoridades no deben utilizar las multas que impongan por infracciones de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE para financiarse directamente.
  • (18) Para garantizar la independencia operativa de las autoridades administrativas nacionales de competencia, sus jefes, su personal y los encargados de tomar decisiones deben actuar con integridad y abstenerse de cualquier acci髇 que sea incompatible con el ejercicio de sus funciones. Para evitar que la capacidad de dichas personas para realizar evaluaciones independientes est amenazada, deben abstenerse de cualquier acci髇 incompatible con sus funciones, sea o no remunerada, durante su empleo o mandato y durante un plazo posterior razonable.
  • (19) Ello significa que, durante el desempe駉 de su empleo o mandato, ni el personal ni los que han de adoptar decisiones deben encargarse de aquellos procedimientos para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE en los que hayan estado implicados o que afecten directamente a empresas o asociaciones de empresas por las que hayan sido contratados o con las que hayan establecido alg鷑 tipo de contacto profesional si ello pudiera comprometer su imparcialidad en un caso concreto. Del mismo modo, el personal y los encargados de tomar decisiones, as como sus parientes cercanos, no deben tener intereses en ninguna empresa u organizaci髇 que est sujeta a procedimientos para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE en que tome parte, si ello pudiera comprometer su imparcialidad en un caso espec韋ico. Al evaluarse si la imparcialidad individual podr韆 verse comprometida en un caso espec韋ico, debe tenerse en cuenta la naturaleza y la magnitud de los intereses y el nivel de implicaci髇 o compromiso de la persona de que se trate. Cuando sea necesario para garantizar la imparcialidad de la investigaci髇 y del proceso decisorio, debe exigirse a la persona de que se trate que se recuse a s misma para ese caso espec韋ico.
  • (20) Ello significa tambi閚 que, durante un plazo razonable tras abandonar la correspondiente autoridad administrativa nacional de competencia, sus antiguos miembros del personal o encargados de adoptar decisiones que se dediquen a una actividad profesional relacionada con procedimientos de aplicaci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE en los que hubiesen intervenido durante sus empleos o mandatos, no deber醤 ocuparse de ese mismo asunto en el desempe駉 de su nueva actividad.

    La duraci髇 de dicho plazo podr韆 estar determinada atendiendo a la naturaleza de la nueva actividad de las personas afectadas y al nivel de su implicaci髇 y de su responsabilidad en el mismo procedimiento durante su empleo o mandato en la autoridad administrativa nacional de competencia.

  • (21) Cada autoridad administrativa nacional de competencia debe publicar un c骴igo de conducta que, sin perjuicio de la aplicaci髇 de normas nacionales m醩 estrictas, incluya normas sobre conflictos de intereses.
  • (22) La independencia operativa de las autoridades administrativas nacionales de competencia no debe excluir el control jurisdiccional ni una supervisi髇 parlamentaria conforme a al Derecho nacional. Los requisitos de rendici髇 de cuentas deben contribuir tambi閚 a garantizar la credibilidad y la legitimidad de las actuaciones de las autoridades administrativas nacionales de competencia. Entre los requisitos de rendici髇 de cuentas proporcionados se incluyen la publicaci髇 de los informes peri骴icos sobre sus actividades que las autoridades administrativas nacionales de competencia transmiten a un 髍gano gubernamental o parlamentario. Las autoridades administrativas nacionales de competencia pueden asimismo ser objeto de control o de seguimiento de sus gastos financieros, siempre y cuando ello no afecte a su independencia.
  • (23) Las autoridades administrativas nacionales de competencia deben poder establecer prioridades en la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE para hacer un uso eficaz de sus recursos y centrarse en la prevenci髇 y erradicaci髇 de las conductas contrarias a la competencia que falsean la competencia en el mercado interior. Para ello, deben poder desestimar aquellas denuncias cuya investigaci髇 no constituyan una prioridad, con excepci髇 de las denuncias presentadas por autoridades p鷅licas que comparten competencias con una autoridad administrativa nacional de competencia en la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE y del Derecho nacional de competencia, en su caso. Esto debe entenderse sin perjuicio de la facultad de las autoridades administrativas nacionales de competencia de desestimar denuncias por otros motivos, como carecer de competencias, o de decidir que no existen motivos para una intervenci髇 por su parte. En los casos de denuncias presentadas formalmente, esas desestimaciones deben ser objeto de recursos efectivos de conformidad con el Derecho nacional. La facultad de las autoridades administrativas nacionales de competencia de dar prioridad a sus procedimientos de aplicaci髇 se entender sin perjuicio del derecho de un Gobierno de un Estado miembro de dar normas u orientaciones prioritarias de pol韙ica general a las autoridades administrativas nacionales de competencia que no est閚 relacionadas con investigaciones sectoriales o con procedimientos espec韋icos para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE.
  • (24) Las ANC deben contar con los recursos suficientes, en cuanto a personal cualificado con capacidad de realizar evaluaciones jur韉icas y econ髆icas expertas, medios econ髆icos, conocimientos t閏nicos y tecnol骻icos, y equipos, incluidas herramientas inform醫icas adecuadas, para garantizar que puedan desempe馻r de manera eficaz sus funciones a la hora de aplicar los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. En caso de que se ampl韊n las obligaciones y competencias de las ANC en virtud del Derecho nacional, los Estados miembros deben asegurar que las ANC tienen los recursos suficientes para llevar a cabo dichas tareas.
  • (25) La independencia de las ANC debe reforzarse facult醤dolas para que puedan decidir independientemente sobre el empleo de las dotaciones presupuestarias para el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las normas y los procedimientos presupuestarios nacionales.
  • (26) Se podr醤 prever distintas formas de financiaci髇, tales como la financiaci髇 a partir de fuentes alternativas distintas del presupuesto del Estado, para garantizar que las autoridades administrativas nacionales de competencia cuenten con los recursos necesarios para el desempe駉 de sus funciones.
  • (27) Para garantizar un seguimiento eficaz de la aplicaci髇 de la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que las autoridades administrativas nacionales de competencia publiquen informes peri骴icos sobre sus actividades y recursos a un 髍gano gubernamental o parlamentario. Estos informes deben incluir informaci髇 sobre los nombramientos y despidos de miembros del 髍gano decisorio, la cantidad de recursos que se destinaron en el a駉 correspondiente y cualquier cambio que se produzca en esta cantidad en comparaci髇 con los a駉s anteriores. Estos informes se pondr醤 a disposici髇 del p鷅lico.
  • (28) Las ANC deben disponer de un conjunto m韓imo de competencias comunes de investigaci髇 y toma de decisiones para aplicar eficazmente los art韈ulos 101 y 102 del TFUE.
  • (29) Las autoridades administrativas nacionales de competencia deben estar facultadas para tener competencias de investigaci髇 eficaces que permitan detectar todo acuerdo, decisi髇 o pr醕tica concertada prohibida por el art韈ulo 101 del TFUE, as como todo abuso de posici髇 dominante prohibido por el art韈ulo 102 del TFUE, en todas las fases de los procedimientos presentados que les sometan. Las autoridades administrativas nacionales de competencia deben ser capaces de aplicar dichas competencias a las empresas y a las asociaciones de empresas sometidas al procedimiento para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, as como a otros agentes del mercado que puedan estar en posesi髇 de informaci髇 que sea relevante para dicho procedimiento. La concesi髇 de dichas competencias de investigaci髇 efectivas a todas las autoridades administrativas nacionales de competencia debe garantizar que tienen capacidad para proporcionarse efectivamente asistencia mutua cuando se solicite para realizar una inspecci髇 o adoptar cualquier otra medida de investigaci髇 en su propio territorio en nombre y por cuenta de otra ANC en aplicaci髇 del art韈ulo 22 del Reglamento (CE) n. 1/2003.
  • (30) Las competencias de investigaci髇 de las autoridades administrativas nacionales de competencia deben ser suficientes para hacer frente a los retos que supone el entorno digital en cuanto a la aplicaci髇 de la normativa y deben permitir que las ANC obtengan toda la informaci髇 relativa a la empresa o asociaci髇 de empresas que est siendo investigada en formato digital, incluidos los datos obtenidos por procedimientos t閏nico-legales, con independencia del soporte en que se almacene la informaci髇, tales como ordenadores port醫iles, tel閒onos m髒iles, otros dispositivos m髒iles o almacenamiento en la nube.
  • (31) Las autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener la posibilidad de llevar a cabo todas las inspecciones necesarias a los locales de las empresas y de las asociaciones de empresas cuando, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea, haya motivos razonables para sospechar de la existencia de una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE. La presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros requieran la autorizaci髇 previa de una autoridad judicial nacional para proceder a dichas inspecciones.
  • (32) Para ser efectiva, la facultad de las autoridades administrativas nacionales de competencia de realizar inspecciones debe permitirles tener acceso a accesible para la empresa, la asociaci髇 empresarial o la persona que se est investigando y que est relacionada con la empresa o la asociaci髇 de empresas investigadas. Evidentemente, esta facultad debe comprender la facultad de registrar documentos, archivos o datos almacenados en dispositivos que no se hayan identificado espec韋icamente con anterioridad. Sin esta facultad resulta imposible recoger los elementos de informaci髇 necesarios para la investigaci髇, en el supuesto de enfrentarse con una negativa de colaboraci髇 o, incluso, con una actitud de obstrucci髇 por parte de las empresas o las asociaciones de empresas. La facultad de examinar libros o documentos debe abarcar todas las formas de correspondencia, incluidos correos electr髇icos, independientemente de si aparecen como no le韉os o han sido eliminados.
  • (33) Para reducir al m韓imo la prolongaci髇 innecesaria de las inspecciones, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener la facultad de seguir realizando b鷖quedas y de seleccionar copias o extractos de libros y registros relacionados con la actividad de la empresa o asociaci髇 de empresas investigada en las oficinas de la autoridad o en otros locales designados. Estas b鷖quedas deben garantizar el constante respeto a los derechos de defensa de las empresas.
  • (34) La experiencia demuestra que pueden conservarse documentos de 韓dole profesional en los domicilios particulares de los directivos, gestores y otros miembros del personal de las empresas o asociaciones de empresas, especialmente debido al mayor uso de modalidades de trabajo m醩 flexibles. A fin de garantizar que las inspecciones sean eficaces, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener la facultad de acceder a todos los locales, incluidos los domicilios particulares, si se puede demostrar que existe una sospecha razonable de que en esos locales se conservan documentos de 韓dole profesional que pueden ser relevantes para demostrar una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE. El ejercicio de esa facultad debe estar supeditado a la autorizaci髇 previa de una autoridad judicial nacional a la autoridad administrativa nacional de competencia. En ciertos sistemas jur韉icos nacionales esta autorizaci髇 puede incluir a un fiscal. Ello no debe impedir que, en casos de extrema urgencia, los Estados miembros puedan encomendar las funciones de una autoridad judicial nacional a una autoridad administrativa nacional de competencia que act鷈 como autoridad judicial o, con car醕ter excepcional, permitir que dichas inspecciones se realicen con el consentimiento de aquellos sometidos a inspecci髇. La autoridad administrativa nacional de competencia puede encomendar la realizaci髇 de dichas inspecciones competencia a la polic韆 o a una autoridad con funciones coercitivas equivalente, siempre que dicha inspecci髇 se realice en presencia de una autoridad administrativa nacional de competencia. Lo anterior debe ser sin perjuicio del derecho de la autoridad administrativa nacional de competencia a realizar por s misma la inspecci髇 y a obtener la asistencia necesaria de la polic韆 o de una autoridad con funciones coercitivas equivalente, incluso la asistencia, como medida preventiva, para superar una posible oposici髇 por parte de aquellos sometidos a la inspecci髇.
  • (35) Las ANC deben tener competencias reales para requerir a las empresas o asociaciones de empresas la informaci髇 necesaria para detectar infracciones de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. Para ello, las ANC deben tener la capacidad de requerir el acceso a la informaci髇 que les permita investigar presuntas infracciones. Esto debe incluir el derecho de solicitar informaci髇 almacenada en cualquier formato digital, incluso los correos electr髇icos y los mensajes de sistemas de mensajer韆 instant醤ea, con independencia de d髇de se almacene, como la nube y los servidores, entre otros, siempre y cuando sea accesible para la empresa o asociaci髇 de empresas destinataria de el requerimiento de informaci髇. Este derecho no debe traducirse en una obligaci髇 para la parte de la empresa o de la asociaci髇 de empresas que sea desproporcionada en relaci髇 con las necesidades de la investigaci髇. Por ejemplo, no debe suponer costes o esfuerzos excesivos para la empresa o las asociaciones de empresas. Aunque el derecho a solicitar informaci髇 es crucial para detectar infracciones, estas solicitudes deben tener un alcance adecuado. Estos requerimientos no deben obligar a una empresa o las asociaciones de empresas a admitir que ha cometido una infracci髇, lo que corresponde demostrar a las ANC. Esto se entiende sin perjuicio de las obligaciones de las empresas o de las asociaciones de empresas de responder a preguntas relativas a los hechos y de proporcionar documentos. Del mismo modo, las ANC deben contar con herramientas eficaces para requerir informaci髇 que pueda resultar relevante para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE a cualquier otra persona f韘ica o jur韉ica. Los Estados miembros deben tener libertad para fijar normas de procedimiento en relaci髇 con estos requerimientos de informaci髇, tales como su forma jur韉ica, siempre que dichas normas permitan la utilizaci髇 efectiva de estas herramientas. La experiencia tambi閚 pone de manifiesto que la informaci髇 facilitada con car醕ter voluntario en respuesta a solicitudes no obligatorias de informaci髇 puede suponer una valiosa fuente de informaci髇 para una aplicaci髇 rigurosa e informada. Del mismo modo, el env韔 de informaci髇 por parte de terceros, tales como competidores, clientes y consumidores en el mercado, por iniciativa propia puede suponer una contribuci髇 hacia una aplicaci髇 efectiva, y las ANC deber韆n fomentarlo.
  • (36) La experiencia demuestra que la facultad de realizar entrevistas constituye una herramienta 鷗il a la hora de recopilar pruebas y de ayudar a las autoridades de competencia a evaluar el valor de las pruebas ya recogidas. Las ANC deben contar con medios efectivos de convocar a una entrevista a cualquier representante de una empresa o asociaci髇 de empresas, o a cualquier representante de otra persona jur韉ica as como a cualquier persona f韘ica que pueda estar en posesi髇 de informaci髇 relevante para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. Los Estados miembros deben tener libertad para fijar normas que regulen la realizaci髇 de estas entrevistas, siempre y cuando dichas normas permitan el empleo eficaz de esta herramienta.
  • (37) Resulta imprescindible que las ANC est閚 capacitadas para solicitar a las empresas y asociaciones de empresas que pongan fin a una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, incluso en casos en los que una infracci髇 contin鷄 produci閚dose una vez que los procedimientos de las ANC se han iniciado de manera formal. Adem醩, las ANC deben disponer de medios eficaces para restablecer la competencia en el mercado imponiendo medidas correctoras estructurales y de comportamiento que sean proporcionadas a la infracci髇 cometida y necesarias para poner fin a la infracci髇. El principio de proporcionalidad requiere que, al optar entre dos medidas correctoras de igual eficacia, las ANC han de seleccionar aquella que resulte menos onerosa para las empresas. Las medidas correctoras estructurales, tales como las obligaciones de suprimir la participaci髇 en un competidor o de desprenderse de una unidad de negocio, afectan a los activos de una empresa y se pueden considerar m醩 onerosas para la empresa que medidas correctoras de comportamiento. Sin embargo, esto no debe impedir a las ANC determinar que las circunstancias de una infracci髇 concreta justifican la imposici髇 de una medida correctora estructural que resulte m醩 efectiva a la hora de eliminar la infracci髇 que una medida correctora de comportamiento.
  • (38) Unas medidas cautelares pueden ser un instrumento importante para garantizar que, mientras est en curso una investigaci髇, la infracci髇 objeto de investigaci髇 no provoque un da駉 grave e irreparable a la competencia. Este instrumento es importante para evitar cambios en el mercado que ser韆 muy dif韈il invertir mediante una decisi髇 adoptada por una ANC al final del procedimiento. Por tanto, las ANC deben estar facultadas para imponer medidas cautelares mediante decisi髇. Esta facultad debe aplicarse al menos en casos en los que una ANC realice una constataci髇 prima facie de una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE y cuando exista el riesgo de que se produzca un perjuicio grave e irreparable a la competencia. Los Estados miembros son libres de conferir a las ANC facultades adicionales para imponer medidas cautelares. Una decisi髇 que imponga medidas cautelares solo deber韆 ser v醠ida durante un per韔do determinado, bien hasta la conclusi髇 del procedimiento por una ANC o por un plazo determinado que puede renovarse, siempre que sea necesario y adecuado. Los Estados miembros deben garantizar que la legalidad, as como la proporcionalidad, de estas medidas pueda ser revisada en procedimientos de recurso acelerados u otros procedimientos que tambi閚 conlleven un control judicial acelerado. Adem醩, los Estados miembros deben crear las condiciones necesarias para garantizar que las ANC puedan hacer uso de medidas cautelares en la pr醕tica. Resulta especialmente necesario permitir a todas las autoridades de competencia afrontar la evoluci髇 en los mercados en r醦ida mutaci髇 y por tanto reflexionar, en el marco de la red europea de competencia, acerca del empleo de medidas cautelares y tener esta experiencia en cuenta para cualquier medida m韓ima o revisi髇 futura de la presente Directiva.
  • (39) Cuando en el curso de un procedimiento que pueda conducir a la prohibici髇 de un acuerdo o de una pr醕tica las empresas o asociaciones de empresas ofrezcan a las ANC compromisos que den respuesta a sus reservas, dichas ANC deben poder adoptar decisiones que hagan vinculantes y exigibles estos compromisos para las empresas o las asociaciones de empresas en cuesti髇. En principio, tales decisiones relativas a los compromisos no son adecuadas en casos de c醨teles secretos, respecto a los cuales las ANC deben imponer multas. Las decisiones relativas a los compromisos deben constatar que ya no hay motivos para la intervenci髇 de las ANC, sin pronunciarse sobre si ha habido una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE. La aceptaci髇 de compromisos debe dejarse al criterio de las ANC. Las decisiones relativas a los compromisos se entender醤 sin perjuicio de las facultades de las autoridades de competencia y de los 髍ganos jurisdiccionales nacionales para pronunciarse sobre una infracci髇 y adoptar una decisi髇 sobre el asunto. Adem醩, unos medios efectivos para supervisar el cumplimiento por las empresas o asociaciones de empresas con compromisos y unos medios efectivos para imponer sanciones en caso de incumplimiento han demostrado ser herramientas eficaces para las autoridades de competencia. Las ANC deben disponer de los medios necesarios para reabrir el procedimiento en aquellos casos en que se hayan producido cambios sustanciales en alguno de los hechos sobre los que se base una decisi髇 de compromiso, o cuando la empresa o la asociaci髇 de empresas act鷈 de forma contraria a sus compromisos o la decisi髇 de compromiso se base en informaciones incompletas, inexactas o enga駉sas facilitadas por las partes.
  • (40) Para garantizar la aplicaci髇 efectiva y uniforme de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben tener la facultad de imponer multas efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas y asociaciones de empresas que infrinjan los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, bien ellas directamente en el marco de sus propios procedimientos, en concreto en el marco de procedimientos administrativos, siempre que dichos procedimientos permitan la imposici髇 directa de multas efectivas, proporcionadas y disuasorias, o solicitando la imposici髇 de multas en procedimientos judiciales no penales. Esto se entiende sin perjuicio del Derecho nacional que prevea la imposici髇 de sanciones a empresas y asociaciones de empresas en procesos penales por la infracci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE en casos en los que la infracci髇 sea una infracci髇 penal con arreglo al Derecho nacional y siempre que no afecte a la aplicaci髇 efectiva y uniforme de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE.
  • (41) Para garantizar que las empresas y asociaciones de empresas cuentan con incentivos para cumplir las medidas de investigaci髇 y las decisiones de las ANC, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben poder imponer sanciones eficaces en caso de incumplimiento de las medidas y decisiones enumeradas en los art韈ulos 6, 8, 9, 10, 11 y 12, ya sea ellas directamente en el marco de sus propios procedimientos, ya sea solicitando la imposici髇 de multas en procedimientos judiciales no penales. Esto se entiende sin perjuicio del Derecho nacional de los Estados miembros que prevea la imposici髇 de tales multas a empresas y asociaciones de empresas por los 髍ganos jurisdiccionales en procedimientos judiciales penales.
  • (42) De conformidad con lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea en procedimientos ante autoridades administrativas nacionales de competencia o, como puede darse, en procedimientos judiciales no penales, las multas se han de imponer en casos en los que se haya producido una infracci髇 de forma deliberada o por negligencia. Los conceptos de intenci髇 y negligencia se han de interpretar de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea relativa a la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, y no de acuerdo con las nociones de intencionalidad y negligencia en procedimientos instruidos por autoridades penales en relaci髇 con asuntos penales. Esto se entiende sin perjuicio del Derecho nacional seg鷑 el cual la constataci髇 de una infracci髇 se basa en un criterio de responsabilidad objetiva siempre que resulte compatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea. La presente Directiva no afecta ni a las normas nacionales en materia de fuerza probatoria ni a las obligaciones de las ANC de determinar los hechos del asunto pertinente, siempre y cuando dichas normas y obligaciones sean compatibles con los principios generales del Derecho de la Uni髇.
  • (43) Las multas deben determinarse de forma proporcional al volumen de negocios mundial total de las empresas y asociaciones de empresas en cuesti髇.
  • (44) Las multas coercitivas son un instrumento esencial para garantizar que las ANC cuentan con medios eficaces para afrontar los incumplimientos continuos y futuros de sus medidas y decisiones enumeradas en los art韈ulos 6, 8, 9, 10, 11 y 12, por parte de empresas y asociaciones de empresas. No deben aplicarse a las constataciones de infracciones cometidas en el pasado. La facultad de imponer multas coercitivas se entiende sin perjuicio de la facultad de las ANC de sancionar el incumplimiento de las medidas enumeradas en el art韈ulo 13, apartado 2. Estas multas coercitivas deben determinarse de forma proporcional a la media diaria del volumen de negocios mundial total de las empresas y asociaciones de empresas en cuesti髇.
  • (45) A efectos de la aplicaci髇 de multas y multas coercitivas, el t閞mino 玠ecisi髇 debe abarcar cualquier medida cuyos efectos jur韉icos sean vinculantes, capaz de afectar a los intereses del destinatario al provocar un cambio evidente en su situaci髇 jur韉ica.
  • (46) Para garantizar la aplicaci髇 efectiva y uniforme de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, el concepto de 玡mpresa, tal como figura en los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, que debe aplicarse de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea, designa una unidad econ髆ica, aun cuando est constituida por varias personas f韘icas o jur韉icas. Por consiguiente, las ANC deben poder aplicar el concepto de empresa para considerar responsable a una sociedad matriz, e imponerle multas, por la conducta de alguna de sus filiales cuando la sociedad matriz y su filial formen una 鷑ica unidad econ髆ica. Para evitar que las empresas eludan su obligaci髇 de pagar una multa por las infracciones de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE mediante cambios jur韉icos u organizativos, las ANC han de poder considerar responsables a los sucesores jur韉icos o econ髆icos de la empresa, e imponerles multas, por infracciones de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea.
  • (47) Con objeto de garantizar que las multas impuestas por infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE reflejen la importancia econ髆ica de la infracci髇, las ANC deben tener en cuenta la gravedad de la misma. Las ANC tambi閚 deben poder fijar multas que sean proporcionales a la duraci髇 de la infracci髇. Estos factores deben evaluarse de acuerdo con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea y de modo que se garantice la disuasi髇. La evaluaci髇 de la gravedad se debe hacer caso por caso para todos los tipos de infracci髇, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso. Entre los factores que se pueden tener en consideraci髇 se encuentran la naturaleza de la infracci髇, la cuota de mercado combinada de todas empresas involucradas, el alcance geogr醘ico de la infracci髇, el hecho de que la infracci髇 se haya aplicado, el valor de las ventas de bienes y servicios de la empresa a que se refiere directa o indirectamente la infracci髇 y el tama駉 y poder de mercado de la empresa implicada. La reincidencia en las infracciones por parte del mismo infractor pone de manifiesto su propensi髇 a cometer tales infracciones y es, por tanto, un indicio muy significativo de que el nivel de la sanci髇 debe ser elevado para lograr un efecto disuasorio eficaz. Por ello, las ANC deben contar con la posibilidad de aumentar el importe de la multa que se imponga a una empresa o asociaci髇 de empresas, despu閟 de que la Comisi髇 o una ANC haya adoptado previamente una decisi髇 por la que se declare que dicha empresa o asociaci髇 de empresas ha infringido los art韈ulos 101 o 102 del TFUE y que dicha empresa o asociaci髇 de empresas sigue cometiendo la misma infracci髇 o infracciones similares. De conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) , las ANC deben poder considerar el hecho de que se haya abonado una indemnizaci髇 como resultado de una soluci髇 extrajudicial. Adem醩, en circunstancias excepcionales, las ANC deben poder tener en cuenta la viabilidad econ髆ica de la empresa afectada.
  • (48) La experiencia ha demostrado que las asociaciones de empresas suelen desempe馻r un papel en las infracciones de la competencia y que, por tanto, las ANC deben poder multar efectivamente a dichas asociaciones. A la hora de evaluar la gravedad de la infracci髇 con el fin de determinar el importe de la multa en un procedimiento incoado contra asociaciones de empresas cuando la infracci髇 est relacionada con las actividades de sus miembros, debe ser posible tener en cuenta la suma de las ventas de los bienes y servicios a los que se refiere directa o indirectamente la infracci髇 de las empresas que son miembros de la asociaci髇. Cuando se impone una multa no solo a una asociaci髇 sino tambi閚 a sus miembros, el volumen de negocios de los miembros a los que se impone una multa no se debe tener en cuenta para el c醠culo de la multa a la asociaci髇. Con objeto de garantizar el cobro efectivo de las multas impuestas a las asociaciones de empresas por las infracciones que hayan cometido, es necesario establecer las condiciones en las cuales las ANC tienen discreci髇 para exigir el pago de la multa a los miembros de la asociaci髇 en caso de que la asociaci髇 sea insolvente. Al hacerlo, las ANC deben tener en cuenta las dimensiones relativas de las empresas que pertenezcan a la asociaci髇 y, en particular, la situaci髇 de las peque馻s y medianas empresas. El pago de la multa por parte de uno o varios miembros de una asociaci髇 se entiende sin perjuicio de las normas de Derecho nacional que prevean el cobro del importe pagado a otros miembros de la asociaci髇.
  • (49) El efecto disuasorio de las multas difiere ampliamente a trav閟 de la Uni髇 y en algunos Estados miembros la cuant韆 m醲ima de la multa que puede imponerse es muy baja. Para garantizar que las ANC puedan imponer multas disuasorias, la cuant韆 m醲ima de la multa que pueda imponerse para cada infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE debe fijarse en un nivel no inferior al 10 % del total del volumen de negocios mundial de la empresa de que se trate. Esto no debe impedir que los Estados miembros mantengan o instauren un importe m醲imo m醩 elevado de las multas que pueden imponerse.
  • (50) Los programas de clemencia son una herramienta esencial para la detecci髇 de c醨teles secretos y, por tanto, contribuyen al enjuiciamiento eficiente y la imposici髇 de sanciones a las infracciones m醩 graves del Derecho de la competencia. No obstante, en la actualidad hay marcadas diferencias entre los distintos programas de clemencia aplicables en los Estados miembros. Estas diferencias ocasionan inseguridad jur韉ica a las empresas infractoras en cuanto a las condiciones en las que pueden solicitar clemencia, as como inseguridad en cuanto a sus posibilidades de exenci髇 en virtud de los programas de clemencia respectivos. Esta incertidumbre podr韆 debilitar los incentivos de los posibles candidatos para solicitar clemencia. Eso, a su vez, puede conducir a una aplicaci髇 menos eficaz de la competencia en la Uni髇, ya que se descubrir醤 menos c醨teles secretos.
  • (51) Las diferencias entre los programas de clemencia de los distintos Estados miembros tambi閚 ponen en peligro la igualdad de condiciones de competencia entre las empresas que operan en el mercado interior. Por tanto, procede incrementar la seguridad jur韉ica para empresas en el mercado interior e impulsar el atractivo de los programas de clemencia en toda la Uni髇 mediante la reducci髇 de estas diferencias habilitando a todas las ANC a conceder la exenci髇 y reducci髇 de multas y a aceptar solicitudes abreviadas en las mismas condiciones. En un futuro puede ser necesario que la red europea de competencia realice m醩 esfuerzos por adaptar los programas de clemencia.
  • (52) Las ANC deben poder conceder a las empresas la exenci髇 o la reducci髇 de las multas si se cumplen determinadas condiciones. Las asociaciones de empresas que realizan una actividad econ髆ica en nombre propio han de poder acogerse a una exenci髇 del pago de las multas o a reducciones de las multas si participan en un presunto c醨tel en nombre propio y no en nombre de sus miembros.
  • (53) Un c醨tel se considerar secreto aunque no todos los aspectos de su conducta lo sean. En particular, se puede considerar que un c醨tel es secreto cuando elementos del c醨tel, que hacen que el alcance completo de la conducta sea m醩 dif韈il de detectar, no son conocidos por el p鷅lico o los clientes o suministradores.
  • (54) Para acogerse a la clemencia, el solicitante debe poner fin a su implicaci髇 en el presunto c醨tel secreto, excepto en la medida en que, en opini髇 de la ANC, dicha implicaci髇 continuada sea razonablemente necesaria para preservar la integridad de su investigaci髇, por ejemplo, para garantizar que otros presuntos participantes del c醨tel no descubran que la ANC es consciente de la existencia del c醨tel antes de que emprenda diligencias de investigaci髇, entre las que figuran inspecciones sin previo aviso.
  • (55) Para acogerse a la clemencia, el solicitante debe cooperar verdadera, plena, continua y diligentemente con la ANC. Esto supone que, entre otras cosas, cuando prevea presentar una solicitud a la ANC, el solicitante no debe destruir, falsificar u ocultar pruebas del presunto c醨tel secreto. Cuando una empresa est contemplando la posibilidad de presentar una solicitud, existe un riesgo de que sus directivos, gestores y otros miembros del personal puedan destruir pruebas para de ese modo ocultar su implicaci髇 en un c醨tel, pero la destrucci髇 de pruebas tambi閚 se puede producir por otras razones. Por consiguiente, las ANC deben tener en cuenta las circunstancias espec韋icas por las cuales se han destruido pruebas y la importancia de esa destrucci髇 al estimar si la destrucci髇 de pruebas pone en duda la verdadera cooperaci髇 del solicitante.
  • (56) Para cumplir el requisito de cooperaci髇 verdadera, plena, continua y diligente mientras contempla la posibilidad de presentar una solicitud a la ANC, el solicitante no debe haber divulgado este hecho ni el contenido de su posible solicitud, excepto a otras ANC, a la Comisi髇 o a autoridades de competencia de terceros pa韘es. Esto no impide que un solicitante informe de su comportamiento a otras autoridades p鷅licas seg鷑 se requiera en la legislaci髇 aplicable, sino que tan solo evita que divulgue el hecho de que est contemplando la posibilidad de solicitar clemencia y evita que entregue declaraciones de clemencia a dichas autoridades. Sin embargo, al cumplir con sus obligaciones de conformidad con dicha legislaci髇 aplicable, el solicitante tambi閚 ha de tener en cuenta la importancia de no repercutir negativamente en una eventual investigaci髇 por la ANC.
  • (57) Los solicitantes deben tener la posibilidad de presentar declaraciones de clemencia en relaci髇 con solicitudes completas o abreviadas por escrito y las ANC deben disponer tambi閚 de un sistema que les permita aceptar dichas declaraciones, ya sea oralmente o por otros medios que permitan a los solicitantes no tomar posesi髇, custodia o control de esas declaraciones presentadas. Las ANC deben poder seleccionar los medios por los que aceptan declaraciones de clemencia.
  • (58) Las empresas que deseen presentar una solicitud de exenci髇 deben poder pedir inicialmente a las ANC un indicador de reserva de un puesto para la solicitud de clemencia antes de someter formalmente la solicitud de exenci髇, para, de este modo, dar tiempo al solicitante de recabar la informaci髇 y las pruebas necesarias para alcanzar el umbral de exigencia de pruebas. Esto se entiende sin perjuicio de la capacidad de los Estados miembros de permitir a las empresas que soliciten un indicador de reserva en caso de solicitud de una reducci髇 del importe de las multas.
  • (59) Por otra parte, para reducir las cargas administrativas y otras cargas considerables en t閞minos de tiempo, los solicitantes deben tener la posibilidad de presentar declaraciones de clemencia en relaci髇 con las solicitudes completas o abreviadas, as como con solicitudes de indicadores de reserva, bien en una lengua oficial del Estado miembro de la ANC correspondiente o bien, en el caso de que exista un acuerdo bilateral entre la ANC y el solicitante, en otra lengua oficial de la Uni髇. Se entender que este acuerdo existe cuando las ANC acepten por norma general dichas presentaciones en esa lengua.
  • (60) Dadas las competencias compartidas entre la Comisi髇 y las ANC para el cumplimiento de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, es fundamental tener implantado un sistema de solicitudes abreviadas que funcione eficazmente. Los solicitantes que hayan presentado una solicitud de clemencia a la Comisi髇 en relaci髇 con un presunto c醨tel secreto deben poder presentar solicitudes abreviadas a las ANC en relaci髇 con el mismo c醨tel, siempre que la solicitud a la Comisi髇 abarque m醩 de tres Estados miembros como territorios afectados. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisi髇 tramite casos si guardan una relaci髇 estrecha con otras disposiciones de la Uni髇 que pueda aplicar la Comisi髇 de manera exclusiva o m醩 eficaz, en situaciones en las que los intereses de la Uni髇 requieran la adopci髇 de una Decisi髇 de la Comisi髇 para desarrollar la pol韙ica de competencia de la Uni髇 cuando surja una nueva cuesti髇 en materia de competencia o para asegurar una aplicaci髇 eficaz.
  • (61) El sistema de solicitudes abreviadas debe permitir a las empresas someter una solicitud de clemencia ante las ANC que contenga informaci髇 limitada cuando se haya sometido a la Comisi髇 una solicitud completa en relaci髇 con el presunto c醨tel. Las ANC deben por tanto aceptar solicitudes abreviadas que contengan un conjunto de datos m韓imo en relaci髇 con el presunto c醨tel por cada uno de los elementos enumerados en el art韈ulo 22, apartado 2. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad del solicitante de proporcionar informaci髇 m醩 detallada posteriormente. A petici髇 del solicitante de clemencia, las ANC facilitar醤 un acuse de recibo en el que se indicar la fecha y hora de la recepci髇. Si la ANC no ha recibido a鷑 la solicitud previa de clemencia de otro solicitante de clemencia acerca del mismo presunto c醨tel secreto y estime que la solicitud abreviada cumple con los requisitos enumerados en el art韈ulo 22, apartado 2, deber informar de ello al solicitante en consecuencia.
  • (62) El objetivo del sistema de solicitudes abreviadas consiste en reducir la carga administrativa para los solicitantes que presentan una solicitud de clemencia a la Comisi髇 en relaci髇 con un presunto c醨tel secreto que abarque m醩 de tres Estados miembros como territorios afectados. Dado que, en estos casos, la Comisi髇 recibe una solicitud completa, debe ser el interlocutor principal del solicitante de clemencia, durante el per韔do hasta que se aclare si la Comisi髇 se har cargo de la instrucci髇 del caso en su totalidad o en parte, especialmente para proporcionar instrucciones relativas a la realizaci髇 de investigaciones internas posteriores por parte del solicitante. La Comisi髇 se esforzar por adoptar una decisi髇 acerca de este asunto en un plazo razonable e informar de ello a las ANC, sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 11, apartado 6, del Reglamento (CE) n. 1/2003. En casos excepcionales, cuando resulte estrictamente necesario para la definici髇 o asignaci髇 de un caso, una ANC debe poder requerir al solicitante que presente una solicitud completa con anterioridad a que se obtenga dicha aclaraci髇. Esta posibilidad se debe emplear muy rara vez. En otros casos, solo se debe instar al solicitante a presentar una solicitud completa a una ANC que haya recibido una solicitud abreviada una vez haya quedado claro que la Comisi髇 ha optado por no hacerse cargo de la instrucci髇 del caso en su totalidad o en parte.
  • (63) Los solicitantes deben tener la posibilidad de presentar solicitudes de clemencia completas a las ANC a las que hayan presentado solicitudes abreviadas. Si los solicitantes presentan estas solicitudes completas dentro del plazo especificado por la ANC, se considerar que la informaci髇 detallada en las solicitudes se ha presentado en la fecha y hora de la solicitud abreviada, siempre que los productos y territorios y la duraci髇 del presunto c醨tel sean iguales que en la solicitud de clemencia presentada ante la Comisi髇, que puede haber sido actualizada. Debe corresponder a los solicitantes informar a las ANC a las que hayan presentado solicitudes abreviadas si cambia el alcance de su solicitud de clemencia a la Comisi髇 y hace necesaria una actualizaci髇 de las solicitudes abreviadas en consecuencia. Las ANC deben poder comprobar si el alcance de la solicitud abreviada corresponde al alcance de la solicitud de clemencia presentada ante la Comisi髇 por medio de cooperaci髇 dentro de la red europea de competencia.
  • (64) La inseguridad jur韉ica en cuanto a si los directivos, gestores y otros miembros del personal, actuales y antiguos, de solicitantes de exenci髇 est醤 protegidos frente a sanciones individuales, como por ejemplo sanciones pecuniarias, inhabilitaci髇 o encarcelaci髇, puede impedir que los potenciales solicitantes soliciten clemencia. En vista de su contribuci髇 a la detecci髇 e investigaci髇 de c醨teles secretos, estas personas deben por tanto, en principio, estar protegidos frente a sanciones impuestas por autoridades p鷅licas en procedimientos judiciales penales, administrativos y no penales en relaci髇 con su participaci髇 en el c醨tel secreto a que se refiere la solicitud, en virtud del Derecho nacional que persigue principalmente los mismos objetivos que el art韈ulo 101 del TFUE, como por ejemplo las disposiciones nacionales relativas a colusiones en procedimientos de licitaci髇, cuando se cumplan las condiciones establecidas en la presente Directiva. Una de esas condiciones es que la solicitud de exenci髇 debe ser anterior al momento en que estos individuos fueron informados por las autoridades nacionales competentes de los procedimientos que derivan en la imposici髇 de sanciones. Estos procedimientos incluyen el momento en que dichos individuos se sospecha que est醤 infringiendo el Derecho nacional.

    Los Estados miembros tienen libertad para prever, de conformidad con el Derecho nacional, la forma en que estas personas deben cooperar con las autoridades pertinentes para garantizar el funcionamiento eficaz de esta protecci髇. Entre las medidas de protecci髇 frente a sanciones penales se encuentra el caso de que las autoridades nacionales competentes renuncien a la acci髇 judicial en determinadas condiciones o a reserva de instrucciones en relaci髇 con el comportamiento futuro de la persona.

  • (65) No obstante lo dispuesto anteriormente, para garantizar que la protecci髇 frente a sanciones a las personas en procesos penales es acorde con los principios b醩icos actuales de su ordenamiento jur韉ico, los Estados miembros podr韆n prever que las autoridades competentes puedan elegir entre la protecci髇 a las personas frente a sanciones o solo la atenuaci髇 de dichas sanciones, en funci髇 del resultado de la evaluaci髇 del inter閟 por procesar o por sancionar en funci髇 de su contribuci髇 a la detecci髇 e investigaci髇 del c醨tel. La responsabilidad personal de estos individuos o su contribuci髇 a la infracci髇, entre otros factores, se pueden tener en cuenta al evaluar el inter閟 por procesarlos o sancionarlos.
  • (66) Nada impide que los Estados miembros establezcan tambi閚 protecci髇 frente a sanciones o aten鷈n las sanciones a directivos, gestores y otros miembros del personal, actuales y antiguos, de los solicitantes de reducci髇 del importe de las multas.
  • (67) Para permitir el funcionamiento de la protecci髇 en situaciones en las que se vea implicada m醩 de una jurisdicci髇, los Estados miembros deben velar por que, en los casos en que la autoridad competente que sanciona o procesa no se encuentra en la misma jurisdicci髇 que la de la autoridad de competencia encargada del caso, la ANC de la jurisdicci髇 de la autoridad competente que sanciona o procesa garantice los contactos necesarios entre ellas.
  • (68) En un sistema en el cual la Comisi髇 y las ANC tienen competencias paralelas para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE se requiere una estrecha colaboraci髇 entre las ANC y entre estas y la Comisi髇. En particular, cuando una ANC realice una inspecci髇 o una entrevista de conformidad con su Derecho nacional en nombre de otra ANC, en virtud del art韈ulo 22, apartado 1, del Reglamento (CE) n. 1/2003, la presencia y la asistencia de los funcionarios de la autoridad requirente debe poder aumentar la eficacia de dichas inspecciones y entrevistas, aportando recursos, conocimientos y competencias t閏nicas adicionales. Las ANC tambi閚 han de estar facultadas para solicitar la asistencia de otras ANC para determinar si ha habido un incumplimiento por las empresas o asociaciones de empresas de las medidas de investigaci髇 y de las decisiones tomadas por las ANC requirentes.
  • (69) Deben tomarse las medidas oportunas que permitan a las ANC solicitar asistencia mutua para la notificaci髇 de documentos relacionados con la aplicaci髇 transfronteriza de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE a las partes del procedimiento o a otras empresas, asociaciones de empresas o personas f韘icas que puedan ser los destinatarios de dichas notificaciones. Del mismo modo, las ANC deben tener la capacidad de solicitar la ejecuci髇 de decisiones que impongan multas o multas coercitivas por las autoridades de otros Estados miembros cuando la autoridad requirente haya realizado esfuerzos razonables por verificar que la empresa contra la que se puede ejecutar la multa o multa coercitiva no cuenta con activos suficientes en el Estado miembro de la autoridad requirente. Los Estados miembros tambi閚 deben contemplar que, concretamente, en casos en los que la empresa contra la que se puede ejecutar la multa o multa coercitiva no est establecida en el Estado miembro de la autoridad requirente, la autoridad requerida puede ejecutar tales decisiones adoptadas por la autoridad requirente, a instancia de la autoridad requirente. De esta forma se asegurar韆 la aplicaci髇 efectiva de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE y se contribuir韆 al buen funcionamiento del mercado interior. Para garantizar que las ANC destinen recursos suficientes a las solicitudes de asistencia mutua e incentivar este tipo de asistencia, las autoridades requeridas deben poder recuperar los costes sufragados al proporcionar dicha asistencia. Esta asistencia mutua se entiende sin perjuicio de la aplicaci髇 de la Decisi髇 marco 2005/214/JAI del Consejo (5) .
  • (70) Para garantizar la aplicaci髇 efectiva de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE por parte de las ANC es necesario prever normas viables en materia de prescripci髇. En particular, en un sistema de competencias paralelas, deben suspenderse o interrumpirse los plazos de prescripci髇 nacionales mientras duren los procedimientos ante las ANC de otro Estado miembro o ante la Comisi髇. Esta suspensi髇 o interrupci髇 no debe impedir a los Estados miembros mantener o introducir plazos de prescripci髇 absolutos, siempre y cuando la duraci髇 de tales plazos de prescripci髇 absolutos no haga pr醕ticamente imposible o excesivamente dif韈il la aplicaci髇 efectiva de los art韈ulos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇.
  • (71) Con el fin de garantizar que los asuntos se tramiten de forma eficiente y eficaz dentro de la red europea de competencia, en aquellos Estados miembros en los que tanto una autoridad administrativa nacional de competencia como una autoridad judicial nacional de competencia sean designadas como ANC para aplicar los art韈ulos 101 y 102 del TFUE tal y como se detalla en los art韈ulos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 16 de la presente Directiva, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben poder ejercitar directamente acci髇 ante la autoridad judicial nacional de competencia. Adem醩, en la medida en que los 髍ganos jurisdiccionales nacionales act鷈n en procedimientos incoados contra las decisiones tomadas por las ANC en aplicaci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, las autoridades administrativas nacionales de competencia deben estar plenamente legitimadas a participar por derecho propio como parte recurrente o parte recurrida en dicho procedimiento, y disfrutar de los mismos derechos que dicha parte p鷅lica en el procedimiento.
  • (72) El riesgo de que se revele material autoinculpatorio fuera del contexto de la investigaci髇 para la que se hubiera proporcionado puede debilitar los incentivos de los posibles solicitantes de clemencia a cooperar con las autoridades de competencia. Como consecuencia, con independencia de la forma en que se presenten las declaraciones de clemencia, la informaci髇 contenida en dichas declaraciones obtenida a trav閟 del acceso al expediente solo debe utilizarse cuando sea necesario para el ejercicio de los derechos de defensa en procedimientos ante los 髍ganos jurisdiccionales nacionales en determinados casos muy limitados que est閚 directamente relacionados con el asunto en el que se haya concedido el acceso. Ello no debe impedir que las autoridades de competencia publiquen sus decisiones de conformidad con el Derecho de la Uni髇 o nacional aplicable.
  • (73) Las pruebas son un elemento importante en la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. Las ANC deben poder examinar las pruebas relevantes independientemente de si son escritas, orales, en formato electr髇ico o en forma de grabaci髇. Esto debe incluir la posibilidad de considerar las grabaciones ocultas realizadas por personas f韘icas o jur韉icas que no sean autoridades p鷅licas, siempre que dichas grabaciones no sean la 鷑ica fuente de pruebas. Esto debe entenderse sin perjuicio del derecho a ser o韉o y sin perjuicio de la admisibilidad de cualquier grabaci髇 realizada u obtenida por autoridades p鷅licas. Del mismo modo, las ANC deben poder estudiar los correos electr髇icos como pruebas pertinentes, con independencia de si dichos correos aparecen como no le韉os o han sido eliminados.
  • (74) La garant韆 de que las ANC dispongan de las facultades necesarias para aplicar la normativa con m醩 eficacia refuerza la necesidad de una cooperaci髇 estrecha y una comunicaci髇 multilateral y bilateral eficaz en la red europea de competencia. Esto debe incluir el desarrollo de medidas no vinculantes para facilitar y apoyar la aplicaci髇 de la presente Directiva.
  • (75) Para apoyar la estrecha cooperaci髇 en la red europea de competencia, la Comisi髇 debe mantener, desarrollar, albergar, explotar y apoyar un sistema central de informaci髇 (Sistema de red europea de competencia) en cumplimiento de las normas relevantes de confidencialidad, protecci髇 de datos y seguridad de los datos. La red europea de competencia depende de la interoperabilidad para su funcionamiento efectivo y eficaz. El presupuesto general de la Uni髇 debe asumir los costes de mantenimiento, desarrollo, alojamiento, asistencia a los usuarios y funcionamiento del sistema de red europea de competencia, as como otros costes administrativos incurridos en relaci髇 con el funcionamiento de la red europea de competencia, en particular, los costes relacionados con la organizaci髇 de reuniones. Hasta 2020, est previsto que los costes del sistema de la red europea de competencia los cubra el programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones p鷅licas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) establecido mediante la Decisi髇 (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) , supeditado a los recursos disponibles del programa y a criterios de elegibilidad y priorizaci髇.
  • (76) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar que las ANC dispongan de las necesarias garant韆s de independencia, los recursos y las competencias de aplicaci髇 e imposici髇 de multas que se necesitan para poder aplicar efectivamente los art韈ulos 101 y 102 del TFUE y el Derecho nacional de competencia en paralelo a los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, y garantizar el funcionamiento efectivo del mercado interior y la red europea de competencia, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesaria eficacia y uniformidad de la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, pueden lograrse mejor a escala de la Uni髇, en particular teniendo en cuenta el 醡bito de aplicaci髇 territorial de la Directiva, la Uni髇 puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
  • (77) De conformidad con la Declaraci髇 pol韙ica conjunta de los Estados miembros y de la Comisi髇, de 28 de septiembre de 2011, sobre los documentos explicativos (7) , los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificaci髇 de sus medidas de transposici髇, cuando est justificado, uno o varios documentos que expliquen la relaci髇 entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposici髇. Trat醤dose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisi髇 de dichos documentos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAP蚑ULO I
OBJETO, 罬BITO DE APLICACI覰 Y DEFINICIONES

Art韈ulo 1 Objeto y 醡bito de aplicaci髇

1. La presente Directiva establece determinadas normas para garantizar que las autoridades nacionales de competencia dispongan de las garant韆s de independencia, recursos y competencias de aplicaci髇 e imposici髇 de multas, necesarias para poder aplicar efectivamente los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, de modo que no se falsee la competencia en el mercado interior y que los consumidores y las empresas no se vean perjudicados por el Derecho y las medidas nacionales que impiden la aplicaci髇 eficaz de las normas por parte de las autoridades nacionales de competencia.

2. La presente Directiva abarca la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE y la aplicaci髇 en paralelo del Derecho nacional de competencia al mismo asunto. En la materia regulada por el art韈ulo 31, apartados 3 y 4 de la presente Directiva, abarca tambi閚 el Derecho nacional de competencia aplicado de manera independiente.

3. La presente Directiva establece determinadas normas relativas a la asistencia mutua para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y el buen funcionamiento del sistema de cooperaci髇 estrecha dentro de la red europea de competencia.

Art韈ulo 2 Definiciones

1. A los efectos de la presente Directiva, se entiende por:

  • 1) 玜utoridad nacional de competencia: la autoridad designada por un Estado miembro de conformidad con el art韈ulo 35 del Reglamento (CE) n. 1/2003 como responsable de la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. Los Estados miembros podr醤 designar una u m醩 autoridades administrativas de competencia (autoridades administrativas nacionales de competencia), as como autoridades judiciales de competencia (autoridades judiciales nacionales de competencia;
  • 2) 玜utoridad administrativa nacional de competencia: la autoridad administrativa designada por un Estado miembro para desempe馻r todas o algunas de las funciones de la autoridad nacional de competencia;
  • 3) 玜utoridad judicial nacional de competencia: la autoridad judicial designada por un Estado miembro para desempe馻r algunas de las funciones de la autoridad nacional de competencia;
  • 4) 玜utoridad de competencia: una autoridad nacional de competencia, la Comisi髇 o ambas, seg鷑 el contexto;
  • 5) 玶ed europea de competencia: la red de autoridades p鷅licas formada por las autoridades nacionales de competencia y la Comisi髇 con el fin de proporcionar un foro de discusi髇 y cooperaci髇 en lo relativo a la aplicaci髇 y ejecuci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE;
  • 6) 獶erecho nacional de la competencia: las disposiciones del Derecho nacional que persiguen predominantemente el mismo objetivo que los art韈ulos 101 y 102 del TFUE y se aplican al mismo asunto y en paralelo al Derecho de la competencia de la Uni髇 en virtud del art韈ulo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n. 1/2003, as como las disposiciones del Derecho nacional que persiguen principalmente el mismo objetivo que los art韈ulos 101 y 102 del TFUE y que se aplican de manera independiente por lo que respecta al art韈ulo 31, apartados 3 y 4 de la presente Directiva, excepto las disposiciones del Derecho nacional que imponen sanciones penales a las personas f韘icas;
  • 7) rgano jurisdiccional nacional: un 髍gano jurisdiccional de un Estado miembro a tenor del art韈ulo 267 del TFUE;
  • 8) rgano jurisdiccional competente: todo 髍gano jurisdiccional nacional facultado para revisar mediante recurso ordinario las resoluciones adoptadas por una autoridad nacional de competencia, o las resoluciones judiciales en que se haya fallado sobre aquellas, con independencia de si dicho 髍gano jurisdiccional est facultado para determinar por s mismo la existencia de una infracci髇 del Derecho de competencia;
  • 9) 玴rocedimiento de aplicaci髇: el procedimiento ante una autoridad de competencia para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, hasta que dicha autoridad de competencia haya dado por concluido ese procedimiento mediante la adopci髇 de una decisi髇 contemplada en los art韈ulos 10, 12 o 13 de la presente Directiva en el caso de una autoridad nacional de competencia o mediante la adopci髇 de una decisi髇 contemplada en los art韈ulos 7, 9 o 10 del Reglamento (CE) n. 1/2003 en el caso de la Comisi髇, o hasta que la autoridad de competencia haya llegado a la conclusi髇 de que no existen motivos para la adopci髇 de nuevas medidas por su parte;
  • 10) 玡mpresa: seg鷑 se recoge en los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, cualquier entidad que ejerza una actividad econ髆ica, con independencia de su estatuto jur韉ico y de su modo de financiaci髇;
  • 11) 玞醨tel: todo acuerdo o pr醕tica concertada entre dos o m醩 competidores cuyo objetivo consiste en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los par醡etros de la competencia mediante pr醕ticas tales como, entre otras, la fijaci髇 o la coordinaci髇 de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales, incluso en relaci髇 con los derechos de propiedad intelectual, la asignaci髇 de cuotas de producci髇 o de venta, el reparto de mercados y clientes, incluidas las colusiones en licitaciones, las restricciones de las importaciones o exportaciones o las medidas contra otros competidores contrarias a la competencia;
  • 12) 玞醨tel secreto: un c醨tel cuya existencia est parcial o totalmente oculta;
  • 13) 玡xenci髇 del pago de multas: una exenci髇 del pago de la multa que se le habr韆 impuesto a una empresa por su participaci髇 en un c醨tel secreto, con el fin de recompensarla por su cooperaci髇 con una autoridad de competencia en el marco de un programa de clemencia;
  • 14) 玶educci髇 de multas: una reducci髇 del importe de la multa que se le habr韆 impuesto a una empresa por su participaci髇 en un c醨tel secreto, con el fin de recompensarla por su cooperaci髇 con una autoridad de competencia en el marco de un programa de clemencia;
  • 15) 玞lemencia: tanto la exenci髇 del pago de multas como la reducci髇 de su importe;
  • 16) 玴rograma de clemencia: todo programa relativo a la aplicaci髇 del art韈ulo 101 del TFUE o de una disposici髇 correspondiente del Derecho nacional en materia de competencia seg鷑 el cual un participante en un c醨tel secreto, independientemente de las otras empresas implicadas, coopera en la investigaci髇 de la autoridad de competencia, facilitando voluntariamente declaraciones de lo que 閘 mismo conozca del c醨tel y de su papel en el mismo, a cambio de lo cual recibe, mediante una decisi髇 o un sobreseimiento del procedimiento, la dispensa del pago de multa por su participaci髇 en el c醨tel o una reducci髇 del importe de la misma;
  • 17) 玠eclaraci髇 en el marco de un programa de clemencia: toda declaraci髇, verbal o escrita, efectuada voluntariamente por una empresa o una persona f韘ica, o en su nombre, a una autoridad de competencia, o la documentaci髇 al respecto, en la que se describan los conocimientos que esa empresa o persona f韘ica posea sobre un c醨tel y su papel en el mismo, y que se haya elaborado espec韋icamente para su presentaci髇 a la autoridad con el fin de obtener la exenci髇 o una reducci髇 del pago de multas en el marco de un programa de clemencia, sin que esta definici髇 incluya las pruebas que existen independientemente del procedimiento de aplicaci髇, independientemente de que dicha informaci髇 conste o no en el expediente de la autoridad de competencia, en particular, la informaci髇 preexistente;
  • 18) 玸olicitud de transacci髇: toda declaraci髇 efectuada voluntariamente por una empresa, o en su nombre, a una autoridad de competencia en la que reconozca, o renuncie a discutir, su participaci髇 y su responsabilidad en una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE o del Derecho nacional de competencia, y que haya sido elaborada espec韋icamente para que la autoridad de competencia pueda aplicar un procedimiento simplificado o acelerado;
  • 19) 玸olicitante: toda empresa que solicite la exenci髇 o la reducci髇 de multas en el marco de un programa de clemencia;
  • 20) 玜utoridad requirente: toda autoridad nacional de competencia que formule una solicitud de asistencia mutua a que se refieren los art韈ulos 24, 25, 26, 27 y 28;
  • 21) 玜utoridad requerida: toda autoridad nacional de competencia que reciba una solicitud de asistencia mutua, y en el caso de una solicitud de asistencia a que se refieren los art韈ulos 25, 26, 27 y 28, se puede entender, como corresponda, el organismo p鷅lico competente que asuma la responsabilidad principal de la ejecuci髇 de las mencionadas decisiones adoptadas en virtud del Derecho nacional, disposiciones reglamentarias y las pr醕ticas administrativas nacionales);
  • 22) 玶esoluci髇 firme: toda resoluci髇 contra la que no quepa o ya no quepa la posibilidad de interponer recurso ordinario.

2. Todas las referencias a la aplicaci髇 o infracci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE en la presente Directiva se entender que incluyen la aplicaci髇 paralela del Derecho nacional en materia de competencia al mismo asunto.

CAP蚑ULO II
DERECHOS FUNDAMENTALES

Art韈ulo 3 Salvaguardias

1. Todo procedimiento por infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, incluido el ejercicio de las competencias de las autoridades nacionales de competencia a que hace referencia la presente Directiva, se ajustar a los principios generales del Derecho de la Uni髇 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea.

2. Los Estados miembros garantizar醤 que el ejercicio de las competencias mencionadas en el apartado 1 est sujeto a salvaguardias adecuadas en lo relativo a los derechos de defensa de las empresas, incluidos el derecho a ser o韉o y el derecho a la tutela judicial efectiva ante un tribunal.

3. Los Estados miembros garantizar醤 que los procedimientos de aplicaci髇 de las autoridades nacionales de competencia se lleven a cabo dentro de plazos razonables. Los Estados miembros garantizar醤 que las autoridades nacionales de competencia comuniquen sus objeciones antes de adoptar una decisi髇 en virtud del art韈ulo 10 de la presente Directiva.

CAP蚑ULO III
INDEPENDENCIA Y RECURSOS

Art韈ulo 4 Independencia

1. Para garantizar la independencia de las autoridades administrativas nacionales de competencia al aplicar los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, los Estados miembros se asegurar醤 de que estas desempe馻n sus funciones y ejercen sus competencias con imparcialidad y en inter閟 de una aplicaci髇 eficaz y uniforme de dichas disposiciones, supeditadas a requisitos de rendici髇 de cuentas proporcionados y sin perjuicio de una estrecha cooperaci髇 entre las autoridades de competencia de la red europea de competencia.

2. En particular, los Estados miembros se cerciorar醤, como m韓imo, de que el personal y las personas que adopten decisiones con arreglo a los art韈ulos 10 a 13 y 16 de la presente Directiva en el seno de las autoridades administrativas nacionales de competencia:

  • a) sean capaces de desempe馻r sus funciones y de ejercer sus competencias para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE con independencia de influencias externas, tanto pol韙icas como de otro tipo;
  • b) no pidan ni acepten instrucciones de ning鷑 Gobierno o cualquier otra entidad p鷅lica o privada en el desempe駉 de sus funciones y en el ejercicio de sus competencias para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, sin perjuicio del derecho de un Gobierno de un Estado miembro, en su caso, de emitir normas de pol韙ica general que no est閚 relacionadas con investigaciones sectoriales o procedimientos de aplicaci髇 espec韋icos, y
  • c) se abstengan de llevar a cabo cualquier acci髇 que sea incompatible con el desempe駉 de sus funciones o con el ejercicio de sus competencias para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE y est閚 sujetos a procedimientos que garanticen que, durante un per韔do de tiempo razonable tras el cese en sus funciones, se abstendr醤 de encargarse de procedimientos de aplicaci髇 que pudieran dar lugar a conflictos de intereses.

3. Las personas que adopten decisiones en el ejercicio de las competencias previstas en los art韈ulos 10 a 13 y 16 de la presente Directiva en las autoridades administrativas nacionales de competencia no ser醤 destituidas de sus cargos por razones relacionadas con el correcto desempe駉 de sus funciones o el correcto ejercicio de sus competencias en la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE a que se refiere el art韈ulo 5, apartado 2, de la presente Directiva. Solo podr醤 ser destituidas en caso de que dejen de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones o hayan sido declaradas culpables de una falta grave con arreglo al Derecho nacional. Deben establecerse de antemano en el Derecho nacional las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones y la definici髇 de lo que constituye una falta grave, habida cuenta de necesidad de garantizar una aplicaci髇 efectiva.

4. Los Estados miembros garantizar醤 que los miembros del 髍gano decisorio de las autoridades administrativas nacionales de competencia ser醤 seleccionados, contratados y nombrados con arreglo a unos procedimientos claros y transparentes establecidos de antemano en el Derecho nacional.

5. Las autoridades administrativas nacionales de competencia tendr醤 la facultad de establecer sus prioridades a fin de efectuar las tareas para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE a que se refiere el art韈ulo 5, apartado 2, de la presente Directiva. En la medida en que dichas autoridades est醤 obligadas a examinar las denuncias formales presentadas, tendr醤 la facultad de desestimarlas por no considerar su ejecuci髇 prioritaria. Esto se entiende sin perjuicio de la facultad de las autoridades administrativas nacionales de competencia de desestimar denuncias por otros motivos definidos por el Derecho nacional.

Art韈ulo 5 Recursos

1. Los Estados miembros se asegurar醤, como m韓imo, de que las autoridades nacionales de competencia tengan efectivos suficientes de personal cualificado y recursos financieros, t閏nicos y tecnol骻icos suficientes necesarios para el desempe駉 efectivo de sus funciones y para el ejercicio efectivo de sus competencias, con vistas a la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE establecida en el apartado 2 del presente art韈ulo.

2. A los efectos del apartado 1, las autoridades nacionales de competencia, como m韓imo, podr醤 realizar investigaciones con vistas a dicha aplicaci髇, adoptar decisiones en aplicaci髇 de esas disposiciones sobre la base del art韈ulo 5 del Reglamento n. 1/2003 y cooperar estrechamente en la red europea de competencia, con el fin de garantizar la aplicaci髇 efectiva y uniforme de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. En la medida prevista en el Derecho nacional, las autoridades nacionales de competencia tambi閚 podr醤 asesorar, cuando proceda, a las instituciones y organismos p鷅licos sobre medidas legislativas, reglamentarias y administrativas que puedan afectar a la competencia en el mercado interior, y promover la sensibilizaci髇 del p鷅lico con respecto a los art韈ulos 101 y 102 TFUE.

3. Sin perjuicio de las normas y los procedimientos presupuestarios nacionales, los Estados miembros garantizar醤 que las autoridades nacionales de competencia gocen de independencia en el empleo del presupuesto asignado para el desempe駉 de sus funciones, establecidas en el apartado 2.

4. Los Estados miembros garantizar醤 que las autoridades administrativas nacionales de competencia presenten informes peri骴icos sobre sus actividades y sus recursos a un 髍gano gubernamental o parlamentario. Los Estados miembros garantizar醤 que dichos informes incluyan informaci髇 sobre los nombramientos y despidos de miembros del 髍gano decisorio, la cantidad de recursos que se destinaron en el a駉 correspondiente, y cualquier cambio que se produzca en esa cantidad en comparaci髇 con los a駉s anteriores. Dichos informes se har醤 p鷅licos.

CAP蚑ULO IV
COMPETENCIAS

Art韈ulo 6 Facultad para inspeccionar empresas

1. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades administrativas nacionales de competencia est閚 capacitadas para realizar todas las inspecciones necesarias sin previo aviso en las empresas y asociaciones de empresas para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. Los Estados miembros velar醤 por que los agentes y sus acompa馻ntes autorizados o designados por las autoridades nacionales de competencia para proceder a tales inspecciones est閚 facultados, como m韓imo, para:

  • a) acceder a todos los locales, terrenos y medios de transporte de las empresas y asociaciones de empresas;
  • b) examinar los libros y cualquier otra documentaci髇 en relaci髇 con la actividad empresarial, independientemente del soporte en que se almacene, y tener derecho a acceder a toda informaci髇 a la que tenga acceso la entidad inspeccionada;
  • c) hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o documentaci髇 y, cuando lo consideren oportuno, continuar tales b鷖quedas de informaci髇 y la selecci髇 de copias o extractos en los locales de las autoridades nacionales de competencia o en cualquier otro local que se designe;
  • d) precintar cualquiera de los locales y libros o documentaci髇 de la empresa durante el tiempo y en la medida necesarios para la inspecci髇;
  • e) solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociaci髇 de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspecci髇 y guardar constancia de sus respuestas.

2. Los Estados miembros velar醤 por que las empresas y asociaciones de empresas est閚 obligadas a someterse a las inspecciones a que se refiere el apartado 1. Los Estados miembros tambi閚 se asegurar醤 de que, si una empresa o asociaci髇 de empresas se opone a una inspecci髇 que ha sido ordenada por una autoridad administrativa nacional de competencia o que ha sido autorizada por una autoridad judicial nacional, las autoridades nacionales de competencia recaben la asistencia necesaria por parte de la polic韆 o de una autoridad con funciones coercitivas equivalente, a fin de permitirles llevar a cabo la inspecci髇. Esta asistencia tambi閚 podr obtenerse como medida preventiva.

3. El presente art韈ulo se entiende sin perjuicio de los requisitos establecidos en el Derecho nacional en relaci髇 con la autorizaci髇 previa de tales inspecciones por parte de una autoridad judicial nacional.

Art韈ulo 7 Facultad para inspeccionar otras dependencias

1. Los Estados miembros se asegurar醤 de que, cuando exista una sospecha razonable de que los libros u otros documentos relativos a la actividad empresarial y al asunto de la inspecci髇, que puedan ser relevantes para probar una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, se guardan en dependencias, terrenos o medios de transporte, distintos de los contemplados en el art韈ulo 6, apartado 1, letra a), de la presente Directiva, incluidos los domicilios particulares de los directivos, gestores y otros miembros del personal de las empresas o asociaciones de empresas, las autoridades administrativas nacionales de competencia puedan realizar inspecciones sin previo aviso en dichas dependencias, terrenos y medios de transporte.

2. Estas inspecciones no se llevar醤 a cabo sin la autorizaci髇 previa de una autoridad judicial nacional.

3. Los Estados miembros velar醤 por que los agentes y sus acompa馻ntes acreditados o designados por las autoridades nacionales de competencia para llevar a cabo una inspecci髇 de conformidad con el apartado 1 del presente art韈ulo tengan como m韓imo las facultades previstas en el art韈ulo 6, apartado 1, letras a), b) y c), y en el art韈ulo 6, apartado 2.

Art韈ulo 8 Solicitudes de informaci髇

Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades administrativas nacionales de competencia puedan ordenar a las empresas y asociaciones de empresas que faciliten toda la informaci髇 necesaria para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE en un plazo determinado y razonable. Tales requerimientos de informaci髇 ser醤 proporcionados y no obligar醤 a los destinatarios de las mismas a admitir la comisi髇 de una infracci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. La obligaci髇 de facilitar toda la informaci髇 necesaria se referir a informaci髇 que sea accesible a esas empresas o asociaciones de empresas. Las autoridades nacionales de competencia tambi閚 estar醤 facultadas para exigir a cualquier otra persona f韘ica o jur韉ica que facilite informaci髇 que pueda resultar relevante para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE en un plazo determinado y razonable.

Art韈ulo 9 Entrevistas

Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades administrativas nacionales de competencia est閚 facultadas como m韓imo para convocar a una entrevista a cualquier representante de una empresa o asociaci髇 de empresas, o a cualquier representante de otras personas jur韉icas, y a cualquier persona f韘ica, cuando dicho representante o persona pueda estar en posesi髇 de informaci髇 relevante para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE.

Art韈ulo 10 Constataci髇 y cese de la infracci髇

1. Los Estados miembros velar醤 por que, cuando las autoridades nacionales de competencia constaten una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, puedan, mediante decisi髇, ordenar a las empresas y asociaciones de empresas involucradas que pongan fin a la infracci髇 constatada. A tal efecto, podr醤 imponer medidas correctoras estructurales o de comportamiento que sean proporcionadas a la infracci髇 cometida y necesarias para producir el cese efectivo de la misma. A la hora de elegir entre dos soluciones igualmente eficaces, las autoridades nacionales de competencia elegir醤 la medida correctora que sea menos onerosa para la empresa, de conformidad con el principio de proporcionalidad.

Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades nacionales de competencia est閚 facultadas para constatar que se ha cometido una infracci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE en el pasado.

2. Cuando, tras haber informado a la Comisi髇 de conformidad con el art韈ulo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) n. 1/2003, las autoridades nacionales de competencia estimen que no hay razones para continuar el procedimiento de aplicaci髇 y en consecuencia lo cierren, los Estados miembros deber醤 garantizar que dichas autoridades informen de ello a la Comisi髇.

Art韈ulo 11 Medidas cautelares

1. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades nacionales de competencia actuando de oficio puedan, mediante decisi髇, ordenar la imposici髇 de medidas cautelares a las empresas y asociaciones de empresas, al menos en caso de urgencia justificada por el riesgo de que se produzca un perjuicio grave e irreparable a la competencia y sobre la base de la constataci髇 prima facie de una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE. Tal decisi髇 ser proporcionada y se aplicar bien durante un plazo determinado, que podr renovarse siempre que sea necesario y adecuado, bien hasta que se adopte la decisi髇 definitiva. Las autoridades nacionales de competencia informar醤 a la red europea de competencia de la imposici髇 de dichas medidas cautelares.

2. Los Estados miembros deber醤 garantizar que la legalidad de las medidas cautelares a las que se refiere el apartado 1, incluida la proporcionalidad, pueda ser revisada en procedimientos de recurso acelerados.

Art韈ulo 12 Compromisos

1. Los Estados miembros velar醤 por que, en los procedimientos de aplicaci髇 incoados con vistas a la adopci髇 de una decisi髇 que ordene el cese de una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, las autoridades nacionales de competencia puedan, tras recabar de manera formal o informal los puntos de vista de los participantes del mercado, mediante decisi髇, hacer vinculantes los compromisos ofrecidos por las empresas o asociaciones de empresas cuando estos respondan a las reservas manifestadas por las autoridades nacionales de competencia. La decisi髇 podr ser adoptada por un per韔do de tiempo determinado y en ella constar que ya no hay motivos para la intervenci髇 de la autoridad nacional de competencia de que se trate.

2. Los Estados miembros garantizar醤 que las autoridades nacionales de competencia tengan competencias efectivas para supervisar la aplicaci髇 de los compromisos a que se refiere el apartado 1.

3. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades nacionales de competencia est閚 facultados para reabrir el procedimiento de aplicaci髇 cuando se hayan producido cambios sustanciales en cualquiera de los hechos en los que se haya basado una decisi髇 tal como se indica en el apartado 1, cuando las empresas o las asociaciones de empresas act鷈n de forma contraria a sus compromisos, o cuando una decisi髇 tal como se indica en el apartado 1 se haya basado en informaci髇 incompleta, incorrecta o enga駉sa facilitada por las partes.

CAP蚑ULO V
MULTAS Y MULTAS COERCITIVAS

Art韈ulo 13 Multas a empresas y asociaciones de empresas

1. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades administrativas nacionales de competencia puedan bien imponer, mediante decisi髇 en el marco de su propio procedimiento de aplicaci髇, o solicitar en procedimientos judiciales no penales la imposici髇 de sanciones pecuniarias eficaces, proporcionadas y disuasorias a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia, infrinjan los art韈ulos 101 o 102 del TFUE.

2. Los Estados miembros velar醤 como m韓imo por que las autoridades administrativas nacionales de competencia puedan bien imponer, mediante decisi髇 en el marco de su propio procedimiento de aplicaci髇, o solicitar en procedimientos judiciales no penales la imposici髇 de sanciones pecuniarias eficaces, proporcionadas y disuasorias a las empresas y asociaciones de empresas. Las sanciones se determinar醤 en proporci髇 al total de su volumen de negocios mundial, cuando, deliberadamente o por negligencia:

  • a) se nieguen a cumplir con la inspecci髇 contemplada en el art韈ulo 6, apartado 2;
  • b) hayan roto los precintos colocados por los agentes o sus acompa馻ntes acreditados o designados por las autoridades nacionales de competencia a que hace referencia el art韈ulo 6, apartado 1, letra d);
  • c) en respuesta a una pregunta contemplada en el art韈ulo 6, apartado 1, letra e), den una respuesta incorrecta, enga駉sa, omitan o se nieguen a dar una respuesta completa;
  • d) faciliten informaci髇 incorrecta, incompleta o enga駉sa en respuesta a una solicitud mencionada en el art韈ulo 8, o no faciliten la informaci髇 en el plazo fijado;
  • e) no comparezcan en una entrevista contemplada en el art韈ulo 9;
  • f) no respeten una decisi髇 contemplada en los art韈ulos 10, 11 y 12.

3. Los Estados miembros velar醤 por que los procedimientos contemplados en los apartados 1 y 2 permitan imponer multas efectivas, proporcionadas y disuasorias.

4. El presente art韈ulo se entiende sin perjuicio de las disposiciones legislativas nacionales que permitan la imposici髇 de sanciones en los procesos judiciales penales, siempre que la aplicaci髇 de esas disposiciones no afecte a la aplicaci髇 efectiva y uniforme de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE.

5. Los Estados miembros velar醤 por que, a efectos de imponer multas a sociedades matrices y a sucesores legales y econ髆icos de empresas, se aplique el concepto de empresa.

Art韈ulo 14 C醠culo del importe de las multas

1. Los Estados miembros velar醤 por que cuando las autoridades nacionales de competencia determinen el importe de la multa correspondiente a una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE se tenga en cuenta tanto la gravedad como la duraci髇 de la infracci髇.

2. Los Estados miembros garantizar醤 que las autoridades nacionales de competencia puedan tener en cuenta, al determinar el importe de la multa que debe imponerse por una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 18, apartado 3, de la Directiva 2014/104/UE, toda indemnizaci髇 abonada como resultado de un acuerdo extrajudicial.

3. Los Estados miembros velar醤 por que cuando se imponga una multa por infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE a una asociaci髇 de empresas tomando en consideraci髇 el volumen de negocios de sus miembros y esta no sea solvente, la asociaci髇 est obligada a recabar las contribuciones de sus miembros hasta cubrir el importe de la multa.

4. Los Estados miembros velar醤 por que, cuando las contribuciones contempladas en el apartado 3 no se hayan abonado 韓tegramente a la asociaci髇 de empresas en un plazo fijado por las autoridades nacionales de competencia, estas puedan exigir el pago de la multa directamente a cualquiera de las empresas cuyos representantes sean miembros de los 髍ganos decisorios de la asociaci髇. Cuando sea necesario para garantizar el pago 韓tegro de la multa, y una vez que las autoridades nacionales de competencia hayan exigido el pago a estas empresas, tambi閚 podr醤 exigir el pago del importe pendiente de la multa a cualquiera de los miembros de la asociaci髇 que estuvieran activos en el mercado en el que se cometi la infracci髇. No obstante, el pago previsto por el presente apartado no se exigir a aquellas empresas que demuestren que no aplicaron la decisi髇 infractora de la asociaci髇 y que no tuvieron conocimiento de su existencia o bien se distanciaron activamente de ella antes de que se iniciara la investigaci髇.

Art韈ulo 15 Importe m醲imo de la multa

1. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades nacionales de competencia puedan imponer a cada empresa o asociaci髇 de empresas que participen en una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE una multa m醲ima no inferior al 10 % del total de su volumen de negocios mundial total de la empresa o la asociaci髇 de empresas realizado en el ejercicio social anterior a la decisi髇 contemplada en el art韈ulo 13, apartado 1.

2. Cuando una infracci髇 cometida por una asociaci髇 de empresas se refiera a las actividades de sus miembros, la cuant韆 m醲ima de la multa no ser inferior al 10 % de la suma del volumen de negocios mundial de cada uno de los miembros que opere en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracci髇 de la asociaci髇. No obstante, la responsabilidad financiera de cada empresa con respecto al pago de la multa no exceder de la cantidad m醲ima fijada de conformidad con el apartado 1.

Art韈ulo 16 Multas coercitivas

1. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades administrativas nacionales de competencia puedan, mediante decisi髇, imponer multas coercitivas efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas y asociaciones de empresas. El importe de estas multas coercitivas se determinar en proporci髇 al total del volumen de negocio mundial total diario medio de las empresas o de las asociaciones de empresas del ejercicio anterior y calculado a partir de la fecha determinada en dicha decisi髇, con el fin de obligar a dicha empresa o asociaci髇 de empresas al menos a:

  • a) facilitar, de forma completa y exacta, la informaci髇 en respuesta a una solicitud contemplada en el art韈ulo 8;
  • b) comparecer en una entrevista contemplada en el art韈ulo 9.

2. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades nacionales de competencia puedan, mediante decisi髇, imponer multas coercitivas, eficaces, proporcionadas y disuasorias a las empresas y asociaciones de empresas. El importe de estas multas coercitivas se determinar en proporci髇 al total de su volumen de negocio mundial total diario medio de las empresas o de las asociaciones de empresas del ejercicio anterior y calculado a partir de la fecha determinada en dicha decisi髇, con el fin de obligarles al menos a:

  • a) someterse a la inspecci髇 y a presentar los libros u otros documentos requeridos contemplada en el art韈ulo 6, apartado 2;
  • b) respetar una decisi髇 de las contempladas en los art韈ulos 10, 11 y 12.

CAP蚑ULO VI
PROGRAMAS DE CLEMENCIA PARA C罵TELES SECRETOS

Art韈ulo 17 Exenci髇 del pago de la multa

1. Los Estados miembros deber醤 garantizar que las autoridades nacionales de competencia dispongan de programas de clemencia que les permitan conceder la exenci髇 del pago de las multas a las empresas que revelen su participaci髇 en c醨teles secretos. Ello se entiende sin perjuicio a las autoridades nacionales de competencia que dispongan de programas de clemencia para infracciones distintas de los c醨teles secretos o programas de clemencia que les permitan conceder la exenci髇 del pago de multas a personas f韘icas.

2. Los Estados miembros velar醤 por que la exenci髇 del pago de multas solo se conceda si el solicitante:

  • a) cumple las condiciones establecidas en el art韈ulo 19;
  • b) revela su participaci髇 en un presunto c醨tel secreto, y
  • c) es la primera en presentar pruebas que:
    • i) en el momento en que la autoridad nacional de competencia reciba la solicitud, le permitan a la autoridad nacional de competencia realizar una inspecci髇 espec韋ica en relaci髇 con el c醨tel secreto, siempre y cuando la autoridad nacional de competencia a鷑 no estuviera en posesi髇 de pruebas suficientes para efectuar una inspecci髇 o no hubiera llevado ya a cabo una inspecci髇 de este tipo, o
    • ii) en opini髇 de la autoridad nacional de competencia, sean suficientes para constatar una infracci髇 contemplada en el programa de clemencia, siempre y cuando la autoridad a鷑 no estuviera en posesi髇 de pruebas suficientes para constatar tal infracci髇 y que ninguna otra empresa pudiera acogerse anteriormente a la exenci髇 del pago de multas con arreglo al inciso i), en relaci髇 con dicho c醨tel secreto.

3. Los Estados miembros velar醤 por que todas las empresas puedan acogerse a la exenci髇 del pago de las multas, con excepci髇 de aquellas que hayan tomado medidas para inducir a otras empresas a unirse a un c醨tel secreto o a permanecer en el mismo.

4. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades nacionales de competencia informen al solicitante de si se le ha concedido o no exenci髇 condicional del pago de multas. El solicitante podr pedir que la autoridad nacional de competencia le informe del resultado de su solicitud por escrito. En caso de que la autoridad nacional de competencia rechace una solicitud de exenci髇 del pago de multas, el solicitante en cuesti髇 podr pedir a dicha autoridad nacional de competencia que examine su solicitud como una solicitud de reducci髇 del importe de la multa.

Art韈ulo 18 Reducci髇 del importe de las multas

1. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades nacionales de competencia apliquen programas de clemencia que les permitan reducir el importe de las multas a las empresas que no puedan acogerse a la exenci髇 del pago de las multas. Ello se entiende sin perjuicio a las autoridades nacionales de competencia que apliquen programas de clemencia para infracciones distintas de los c醨teles secretos o que apliquen programas de clemencia que les permitan reducir el importe de las multas a personas f韘icas.

2. Los Estados miembros velar醤 por que solo se conceda una reducci髇 del importe de las multas al solicitante que:

  • a) cumpla las condiciones establecidas en el art韈ulo 19;
  • b) revele su participaci髇 en un presunto c醨tel secreto, y
  • c) proporcione pruebas del presunto c醨tel secreto que representen un valor a馻dido significativo a efectos de demostrar una infracci髇 cubierta por el programa de clemencia, con respecto a las pruebas de que ya dispon韆 la autoridad nacional de competencia en el momento de presentar la solicitud.

3. Los Estados miembros velar醤 por que, si el solicitante presenta pruebas concluyentes que la autoridad nacional de competencia utilice para probar hechos adicionales que den lugar a un incremento de las multas con respecto a las multas que de otro modo se habr韆n impuesto a los participantes en el c醨tel secreto, la autoridad nacional de competencia no tomar en consideraci髇 tales hechos adicionales al fijar el importe de la multa que deba imponerse al solicitante de reducci髇 que aport estas pruebas.

Art韈ulo 19 Condiciones generales de clemencia

Los Estados miembros velar醤 por que, para acogerse a la clemencia por participaci髇 en c醨teles secretos, el solicitante cumpla las siguientes condiciones:

  • a) haber puesto fin a su implicaci髇 en el presunto c醨tel secreto a m醩 tardar inmediatamente despu閟 de presentar su solicitud de clemencia, excepto en la medida en que, en opini髇 de la autoridad nacional de competencia, sea razonablemente necesaria para preservar la integridad de su investigaci髇;
  • b) cooperar verdadera, plena, continua y diligentemente con la autoridad nacional de competencia desde el momento en que presenta la solicitud hasta que la autoridad haya dado por concluido el procedimiento de aplicaci髇 contra todas las partes objeto de la investigaci髇 mediante la adopci髇 de una decisi髇, o lo haya concluido por otros medios; dicha cooperaci髇 consiste, en particular, en:
    • i) facilitar inmediatamente a la autoridad nacional de competencia toda la informaci髇 y las pruebas pertinentes en relaci髇 con el presunto c醨tel secreto que est閚 en poder del solicitante o a las que tenga acceso, en particular:
      • - el nombre y la direcci髇 del solicitante,
      • - los nombres de todas las dem醩 empresas que participan o han participado en el presunto c醨tel secreto,
      • - una descripci髇 detallada del presunto c醨tel secreto, incluidos los productos y territorios afectados y la duraci髇 y naturaleza de la conducta del presunto c醨tel secreto,
      • - informaci髇 sobre todas las solicitudes de clemencia que haya presentado o tenga previsto presentar a cualquier otra autoridad de competencia o a autoridades de competencia de terceros pa韘es en relaci髇 con el presunto c醨tel secreto,
    • ii) permanecer a disposici髇 de la autoridad nacional de competencia para responder a cualquier petici髇 que pueda contribuir a la determinaci髇 de los hechos,
    • iii) permitir a los directivos, gestores y otros miembros del personal entrevistarse con la autoridad nacional de competencia y realizar esfuerzos razonables para permitir a los antiguos directivos, gestores y otros miembros del personal entrevistarse con la autoridad nacional de competencia,
    • iv) no destruir, falsificar u ocultar informaci髇 o pruebas pertinentes, y
    • v) no divulgar el hecho ni el contenido de su solicitud de clemencia antes de que la autoridad nacional de competencia haya emitido cargos en el marco del procedimiento de aplicaci髇, salvo que se convenga otra cosa, y
  • c) mientras contempla la posibilidad de presentar una solicitud de clemencia a la autoridad nacional de competencia, no deber:
    • i) haber destruido, falsificado u ocultado pruebas del presunto c醨tel secreto, ni
    • ii) divulgado el hecho ni el contenido de su solicitud prevista, excepto a otras autoridades de competencia, o a autoridades de competencia de terceros pa韘es.

Art韈ulo 20 Formas de las declaraciones de clemencia

1. Los Estados miembros velar醤 por que los solicitantes de clemencia puedan presentar declaraciones de clemencia en relaci髇 con solicitudes completas o abreviadas por escrito y por que las autoridades nacionales de competencia tambi閚 dispongan de un sistema que les permita aceptar dichas declaraciones, ya sea oralmente o por otros medios que permitan que los solicitantes no tomen posesi髇, custodia o control de estas declaraciones presentadas.

2. Las autoridades nacionales de competencia, a petici髇 del solicitante, acusar醤 recibo por escrito de la solicitud completa o abreviada de este, indicando la fecha y la hora de recepci髇.

3. Los solicitantes podr醤 presentar declaraciones de clemencia en relaci髇 con solicitudes completas o abreviadas en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de la autoridad nacional de competencia pertinente o en otra lengua oficial de la Uni髇 mediante un acuerdo bilateral entre la autoridad nacional de competencia y el solicitante.

Art韈ulo 21 Indicadores para solicitudes de exenci髇 del pago de multas

1. Los Estados miembros velar醤 por que las empresas que deseen presentar una solicitud de exenci髇 del pago de multas puedan obtener inicialmente, cuando lo soliciten, un puesto seg鷑 el orden de presentaci髇 de las solicitudes de clemencia durante un per韔do que especifique la autoridad nacional de competencia en cada caso, para permitir al solicitante recabar la informaci髇 y las pruebas necesarias para alcanzar el umbral de exigencia de pruebas para la exenci髇 del pago de multas.

2. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades nacionales de competencia tengan discrecionalidad para aceptar o no la solicitud en virtud del apartado 1.

Las empresas que presenten esa solicitud facilitar醤 informaci髇, cuando est disponible, a la autoridad nacional de competencia. Entre esta informaci髇 figurar, por ejemplo:

  • a) el nombre y la direcci髇 del solicitante;
  • b) el motivo de la preocupaci髇 que dio lugar a la solicitud;
  • c) los nombres de todas las dem醩 empresas que participan o han participado en el presunto c醨tel secreto;
  • d) los productos y territorios afectados;
  • e) la duraci髇 y naturaleza de la conducta del presunto c醨tel secreto;
  • f) informaci髇 sobre todas las solicitudes de clemencia que haya presentado o tenga previsto presentar a cualquier otra autoridad de competencia o autoridad de competencia de terceros pa韘es en relaci髇 con el presunto c醨tel secreto.

3. Los Estados miembros velar醤 por que cualquier informaci髇 y prueba facilitada por el solicitante dentro del per韔do especificado de conformidad con el apartado 1 se considere presentada en la fecha de la solicitud inicial.

4. El solicitante podr presentar una solicitud al amparo del apartado 1 en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de la autoridad nacional de competencia pertinente o en otra lengua oficial de la Uni髇 mediante un acuerdo bilateral entre la autoridad nacional de competencia y el solicitante.

5. Los Estados miembros tambi閚 podr醤 contemplar la posibilidad de solicitar inicialmente un puesto seg鷑 el orden de presentaci髇 de las solicitudes de clemencia para empresas que deseen solicitar una reducci髇 del importe de las multas.

Art韈ulo 22 Solicitudes abreviadas

1. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades nacionales de competencia acepten solicitudes abreviadas de quienes hayan solicitado clemencia a la Comisi髇, ya sea solicitando un indicador o presentando una solicitud completa en relaci髇 con el mismo presunto c醨tel secreto, siempre que dichas solicitudes abreviadas abarquen m醩 de tres Estados miembros como territorios afectados.

2. Las solicitudes abreviadas constar醤 de una breve descripci髇 de cada uno de los siguientes elementos:

  • a) el nombre y la direcci髇 del solicitante;
  • b) los nombres de otros participantes en el presunto c醨tel secreto;
  • c) los productos y territorios afectados;
  • d) la duraci髇 y la naturaleza de la conducta del presunto c醨tel secreto;
  • e) el Estado miembro o Estados miembros donde es probable que se encuentre el presunto c醨tel secreto, y
  • f) la informaci髇 sobre las dem醩 solicitudes de clemencia que haya presentado o tenga previsto presentar a otra autoridad de competencia o autoridad de competencia de un tercer pa韘 en relaci髇 con el presunto c醨tel secreto.

3. Cuando la Comisi髇 recibe una solicitud completa y las autoridades nacionales de competencia reciben solicitudes abreviadas en relaci髇 con el mismo presunto c醨tel secreto, la Comisi髇 ser el interlocutor principal del solicitante, en concreto para proporcionar instrucciones al solicitante sobre la realizaci髇 de posteriores investigaciones internas, durante el per韔do antes de que se haya establecido si la Comisi髇 se ocupar del caso en su totalidad o en parte. Durante este per韔do, a petici髇 de las autoridades nacionales de competencia pertinentes, la Comisi髇 les informar acerca del estado de la cuesti髇.

Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades nacionales de competencia puedan solicitar al solicitante que proporcione aclaraciones espec韋icas tan solo en relaci髇 con los elementos enumerados en el apartado 2 antes de que pidan la presentaci髇 de una solicitud completa de conformidad con el apartado 5.

4. Los Estados miembros velar醤 por que las autoridades nacionales de competencia que reciban solicitudes abreviadas comprueben en el momento de la recepci髇 de dichas solicitudes si ya hab韆n recibido previamente una solicitud abreviada o completa de otro solicitante en relaci髇 con el mismo presunto c醨tel secreto. Si una autoridad nacional de competencia no ha recibido dicha solicitud de otro solicitante y considera que la solicitud abreviada cumple con los requisitos contemplados en el apartado 2, informar de ello al solicitante.

5. Una vez que la Comisi髇 haya informado a las autoridades nacionales de competencia pertinentes de su intenci髇 de no ocuparse del caso en su totalidad o en parte, los Estados miembros se asegurar醤 de que los solicitantes tengan la posibilidad de presentar solicitudes completas a las autoridades nacionales de competencia pertinentes. Una autoridad nacional de competencia podr pedir al solicitante que presente la solicitud completa antes de que la Comisi髇 haya informado a las autoridades nacionales de competencia pertinentes de que no tiene intenci髇 de ocuparse del caso en su totalidad o en parte tan solo en circunstancias excepcionales, cuando resulte estrictamente necesario para la definici髇 o asignaci髇 de un caso. Las autoridades nacionales de competencia tendr醤 la facultad de fijar un plazo razonable dentro del cual el solicitante deber presentar la solicitud completa, junto con las correspondientes pruebas e informaci髇. Esto se entiende sin perjuicio del derecho del solicitante de presentar una solicitud completa de forma voluntaria con anterioridad.

6. Los Estados miembros velar醤 por que, si el solicitante presenta la solicitud completa de conformidad con el apartado 5, dentro del plazo fijado por la autoridad nacional de competencia, la solicitud completa se considere presentada en la fecha y hora de la solicitud abreviada, siempre que la solicitud abreviada se refiera al mismo producto y territorio afectado o a los mismos productos y territorios afectados y que la duraci髇 del presunto c醨tel secreto sea la misma que en la solicitud de clemencia presentada ante la Comisi髇, que puede haber sido actualizada.

Art韈ulo 23 Interacci髇 entre las solicitudes de exenci髇 del pago de multas y las sanciones impuestas a las personas f韘icas

1. Los Estados miembros velar醤 por que los directivos, gestores y otros miembros del personal, actuales y antiguos, de solicitantes de exenci髇 del pago de las multas a las autoridades de competencia est閚 protegidos de manera completa de cualquier sanci髇 en procedimientos judiciales administrativos y no penales por su participaci髇 en el c醨tel secreto al que se refiere la solicitud de exenci髇 del pago de multas, por violaciones del Derecho nacional que persigue en t閞minos generales los mismos objetivos que el art韈ulo 101 del TFUE, si:

  • a) la solicitud de exenci髇 del pago de multas de la empresa a la autoridad de competencia que se est ocupando del caso satisface los requisitos previstos en el art韈ulo 17, apartado 2, letras b) y c);
  • b) estos directivos, gestores y otros miembros del personal actuales y antiguos cooperan de forma activa en este sentido con la autoridad de competencia que se est ocupando del caso, y
  • c) la solicitud de exenci髇 del pago de multas de la empresa es anterior a la fecha en la que los directivos, gestores y otros miembros del personal actuales y antiguos fueron informados por las autoridades competentes de los Estados miembros acerca de los procedimientos que dan lugar a la imposici髇 de sanciones a que se refiere el presente apartado.

2. Los Estados miembros velar醤 por que los directivos, gestores y otros miembros del personal, presentes y pasados, de quienes soliciten a las autoridades de competencia la exenci髇 del pago de las multas est閚 protegidos frente a sanciones en procedimientos judiciales penales por su participaci髇 en el c醨tel secreto al que se refiere la solicitud de exenci髇 del pago de multas, por violaciones de las disposiciones legislativas nacionales que persiguen principalmente los mismos objetivos que el art韈ulo 101 del TFUE, si cumplen las condiciones enumeradas en el apartado 1 y cooperan de forma activa con la autoridad competente encargada de la persecuci髇 del delito. Si no se cumple la condici髇 de cooperaci髇 con la autoridad encargada de la persecuci髇 del delito, dicha autoridad podr dirigir la causa contra esas personas.

3. Para asegurar la conformidad con los principios b醩icos vigentes en su ordenamiento jur韉ico, no obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros pueden contemplar que las autoridades competentes tengan facultades para no imponer ninguna sanci髇 en el procedimiento judicial penal o solamente para atenuarla, en la medida en que la contribuci髇 de las personas, contemplada en el apartado 2, a la detecci髇 e investigaci髇 del c醨tel secreto sea mayor que el inter閟 por el enjuiciamiento o la sanci髇 a estas personas.

4. Para permitir que la protecci髇 contemplada en los apartados 1, 2 y 3 se aplique en contextos en los que se encuentre implicada m醩 de una jurisdicci髇, los Estados miembros deben velar por que, en los casos en que la autoridad competente que sanciona o procesa se encuentra en una jurisdicci髇 distinta de la jurisdicci髇 de la autoridad de competencia encargada del caso, la autoridad nacional de competencia de la jurisdicci髇 de la autoridad competente que sanciona o procesa garantice los contactos necesarios entre ellas.

5. Este art韈ulo se entiende sin perjuicio del derecho de las v韈timas de da駉 provocado por una infracci髇 del Derecho de la competencia de reclamar una indemnizaci髇 completa por ese da駉, de conformidad con la Directiva 2014/104/UE.

CAP蚑ULO VII
ASISTENCIA MUTUA

Art韈ulo 24 Cooperaci髇 entre las autoridades nacionales de competencia

1. Los Estados miembros velar醤 por que, cuando las autoridades nacionales de competencia realicen una inspecci髇 o entrevista en nombre y por cuenta de otras autoridades nacionales de competencia de conformidad con el art韈ulo 22 del Reglamento (CE) n. 1/2003, los agentes y sus acompa馻ntes acreditados o designados por la autoridad nacional de competencia solicitante est閚 autorizados a asistir y ayudar activamente a la autoridad nacional de competencia requerida, bajo la supervisi髇 de los agentes de la autoridad nacional de competencia requerida, en la inspecci髇 o entrevista cuando la autoridad nacional de competencia requerida ejerza las competencias contempladas en los art韈ulos 6, 7 y 9 de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros garantizar醤 que las autoridades administrativas nacionales de competencia est閚 facultadas dentro de su propio territorio para el ejercicio de las competencias contempladas en los art韈ulos 6 a 9 de la presente Directiva, de conformidad con su legislaci髇 nacional en nombre y en representaci髇 de otras autoridades nacionales de competencia para establecer la existencia o no de un incumplimiento por parte de las empresas o asociaciones de empresas de las medidas de investigaci髇 y las decisiones de la autoridad nacional de competencia solicitante, tal y como se contempla en los art韈ulos 6 y 8 a 12 de la presente Directiva. La autoridad nacional de competencia solicitante y la autoridad nacional de competencia requerida estar醤 facultadas para intercambiar y emplear informaci髇 como prueba con este fin, a reserva de las salvaguardias establecidas en el art韈ulo 12 del Reglamento (CE) n. 1/2003.

Art韈ulo 25 Solicitudes para la notificaci髇 de cargos preliminares y otros documentos

Sin perjuicio de cualquier otra forma de notificaci髇 efectuada por una autoridad requirente de conformidad con la normativa vigente en su Estado miembro, los Estados miembros garantizar醤 que, a petici髇 de la autoridad requirente, la autoridad requerida notifique lo siguiente al destinatario en nombre de la autoridad requirente:

  • a) cualquier cargo preliminar relativo a la presunta infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE y cualquier decisi髇 por la que se apliquen dichos art韈ulos;
  • b) cualquier otro acto procesal adoptado en el contexto de los procedimientos de aplicaci髇 que se han de notificar de conformidad con el Derecho nacional, y
  • c) cualquier otro documento relevante en relaci髇 con la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, entre los que figuran los documentos que se refieran a la ejecuci髇 de las decisiones por las que se imponen multas o multas coercitivas.

Art韈ulo 26 Solicitudes para la ejecuci髇 de decisiones por las que se impongan multas o multas coercitivas

1. Los Estados miembros garantizar醤 que, a petici髇 de la autoridad requirente, la autoridad requerida ejecute las decisiones por las que se impongan multas o multas coercitivas que haya adoptado, de conformidad con los art韈ulos 13 y 16, la autoridad requirente. Esto se aplicar 鷑icamente en la medida en que, despu閟 de haber hecho esfuerzos razonables en su propio territorio, la autoridad requirente haya comprobado que la empresa o la asociaci髇 de empresas contra la cual la multa o multa coercitiva tiene fuerza ejecutiva no tiene suficientes activos en el Estado miembro de la autoridad requirente para permitir el cobro de la multa o multa coercitiva.

2. En los casos no contemplados en el apartado 1 del presente art韈ulo, en casos particulares en que la empresa o la asociaci髇 de empresas contra la que se deba ejecutar la multa o la multa coercitiva no est establecida en el Estado miembro de la autoridad requirente, los Estados miembros dispondr醤 que la autoridad requerida pueda ejecutar las decisiones por las que se impongan multas o multas coercitivas, adoptadas de conformidad con los art韈ulos 13 y 16 por la autoridad requirente, cuando lo pida la autoridad requirente.

El art韈ulo 27, apartado 3, letra d), no se aplicar a efectos del presente apartado.

3. La autoridad requirente solo podr solicitar la ejecuci髇 de una decisi髇 firme.

4. Las cuestiones relativas a los plazos de prescripci髇 en materia de multas o multas peri骴icas se regir醤 por el Derecho nacional del Estado miembro de la autoridad requirente.

Art韈ulo 27 Principios generales de cooperaci髇

1. Los Estados miembros velar醤 por que las solicitudes contempladas en los art韈ulos 25 y 26 sean ejecutadas por la autoridad requerida de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro de la autoridad requerida.

2. Las solicitudes contempladas en los art韈ulos 25 y 26 se ejecutar醤 sin demora indebida mediante un instrumento uniforme que deber ir acompa馻do de una copia del acto que deba notificarse o ejecutarse. Dicho instrumento uniforme indicar:

  • a) el nombre, la direcci髇 conocida del destinatario, y cualquier otra informaci髇 pertinente que permita identificarlo;
  • b) un resumen de los hechos y circunstancias relevantes;
  • c) un resumen de la copia adjunta del acto que deba notificarse o ejecutarse;
  • d) el nombre, la direcci髇 y otros datos de contacto de la autoridad requerida, y
  • e) el plazo en el que debe efectuarse la notificaci髇 o la ejecuci髇, tales como los plazos reglamentarios o los plazos de prescripci髇.

3. En relaci髇 con las solicitudes contempladas en el art韈ulo 26, adem醩 de los requisitos establecidos en el apartado 2 del presente art韈ulo, el instrumento uniforme indicar lo siguiente:

  • a) informaci髇 sobre la decisi髇 que permite la ejecuci髇 en el Estado miembro de la autoridad requirente;
  • b) la fecha en que la decisi髇 ha pasado a ser firme;
  • c) el importe de la multa o multa coercitiva, y
  • d) informaci髇 que muestre los esfuerzos razonables realizados por la autoridad requirente para ejecutar la decisi髇 en su propio territorio.

4. El instrumento uniforme que permite la ejecuci髇 por la autoridad requerida constituir la 鷑ica base para las medidas de ejecuci髇 adoptadas por la autoridad requerida, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2. No estar sujeto a acto alguno de reconocimiento, complemento o sustituci髇 en el Estado miembro de la autoridad requerida. La autoridad requerida adoptar todas las medidas necesarias para la ejecuci髇 de esta solicitud, salvo que la autoridad requerida se acoja a lo dispuesto en el apartado 6.

5. La autoridad requirente velar por que el instrumento uniforme sea enviado a la autoridad requerida en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de la autoridad requerida, a menos que la autoridad requerida y la autoridad requirente acuerden bilateralmente, caso por caso, que el instrumento uniforme sea enviado en cualquier otra lengua. Cuando as lo exija el Derecho nacional del Estado miembro de la autoridad requerida, la autoridad requirente facilitar una traducci髇 del acto que deba notificarse o de la decisi髇 que permita la ejecuci髇 de la multa o la multa coercitiva a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro de la autoridad requerida. Esto se entiende sin perjuicio del derecho de la autoridad requerida y de la autoridad requirente de acordar bilateralmente, caso por caso, que dicha traducci髇 pueda presentarse en una lengua diferente.

6. La autoridad requerida no estar obligada a ejecutar la solicitud a que se refieren los art韈ulos 25 o 26 cuando:

  • a) la solicitud no cumpla los requisitos del presente art韈ulo, o
  • b) la autoridad requerida pueda demostrar razonablemente que la ejecuci髇 de la solicitud ser韆 manifiestamente contraria al orden p鷅lico del Estado miembro en el que se solicita la ejecuci髇.

Si la autoridad requerida tiene intenci髇 de denegar una solicitud de asistencia a que se refieren los art韈ulos 25 o 26 o requiere informaci髇 adicional, se pondr en contacto con la autoridad requirente.

7. Los Estados miembros velar醤 por que, cuando as lo solicite la autoridad requerida, la autoridad requirente asuma todos los costes adicionales razonables, incluidos los costes de traducci髇, laborales y administrativos, en relaci髇 con las medidas adoptadas a que se refieren los art韈ulos 24 o 25.

8. La autoridad requerida podr recuperar de las multas o multas coercitivas que haya percibido en nombre de la autoridad requirente todos los costes sufragados en relaci髇 con las medidas adoptadas a que se refiere el art韈ulo 26, incluidos los costes de traducci髇, laborales y administrativos. Si la autoridad requerida no consiguiera cobrar las multas o multas coercitivas, podr solicitar a la autoridad requirente que sufrague los gastos en que haya incurrido.

Los Estados miembros podr醤 disponer que la autoridad requerida tambi閚 pueda recuperar de la empresa contra la que sea ejecutoria la multa o la multa coercitiva los gastos ocasionados por la ejecuci髇 de dichas decisiones.

La autoridad requerida cobrar los importes debidos en la moneda nacional de su Estado miembro, de conformidad con las leyes, reglamentos y procedimientos o pr醕ticas administrativos aplicables en dicho Estado miembro.

En caso necesario, la autoridad requerida convertir las multas o multas coercitivas, de conformidad con su Derecho y pr醕ticas nacionales, a la moneda del Estado miembro de la autoridad requerida al tipo de cambio aplicable en la fecha en que se hayan impuesto las multas o multas coercitivas.

Art韈ulo 28 Litigios relativos a las solicitudes de notificaci髇 y de ejecuci髇 de decisiones por las que se imponen multas o multas coercitivas

1. Los litigios entran dentro del 醡bito de competencia de los 髍ganos competentes del Estado miembro de la autoridad requirente y se rigen por el Derecho de dicho Estado miembro, cuando se refieren a:

  • a) la legalidad de un acto que se vaya a notificar de conformidad con el art韈ulo 25 o una decisi髇 que deba ejecutarse con arreglo a lo dispuesto en el art韈ulo 26, y
  • b) la legalidad del instrumento uniforme que permite la ejecuci髇 en el Estado miembro de la autoridad requerida.

2. Los litigios referentes a las medidas de ejecuci髇 adoptadas en el Estado miembro de la autoridad requerida o referentes a la validez de una notificaci髇 efectuada por la autoridad requerida entran en el 醡bito de competencia de los 髍ganos competentes del Estado miembro de la autoridad requerida y se regir醤 por el Derecho de dicho Estado miembro.

CAP蚑ULO VIII
PLAZOS DE PRESCRIPCI覰

Art韈ulo 29 Normas sobre plazos de prescripci髇 para la imposici髇 de multas y multas coercitivas

1. Los Estados miembros velar醤 por que los plazos de prescripci髇 para la imposici髇 de multas o multas coercitivas por las autoridades nacionales de competencia en aplicaci髇 de los art韈ulos 13 y 16 se suspendan o interrumpan mientras dure el procedimiento de aplicaci髇 ante las autoridades nacionales de competencia de otros Estados miembros o ante la Comisi髇 con respecto a una infracci髇 relativa al mismo acuerdo, la misma decisi髇 de asociaci髇, la misma pr醕tica concertada u otra conducta prohibida por los art韈ulos 101 o 102 del TFUE.

La suspensi髇 del plazo comenzar a computarse, o la interrupci髇 del plazo tendr lugar, a partir de la notificaci髇 de la primera medida de investigaci髇 formal a al menos una de las empresas objeto del procedimiento de aplicaci髇. Ser aplicable a todas las empresas o asociaciones de empresas que hayan participado en la infracci髇.

La suspensi髇 o interrupci髇 finalizar el d韆 en que la autoridad de competencia correspondiente concluya el procedimiento de aplicaci髇 mediante la adopci髇 de una decisi髇 de las referidas en los art韈ulos 10, 12 o 13 de la presente Directiva o en virtud de los art韈ulos 7, 9 o 10 del Reglamento (CE) n. 1/2003, o el d韆 en que haya llegado a la conclusi髇 de que no hay motivos para nuevas acciones por su parte. La duraci髇 de esa suspensi髇 o interrupci髇 se entender sin perjuicio de los plazos de prescripci髇 absolutos previstos en el Derecho nacional.

2. La prescripci髇 en materia de imposici髇 de multas o multas coercitivas por una autoridad nacional de competencia quedar suspendida o interrumpida mientras la decisi髇 de dicha autoridad nacional de competencia sea objeto de un procedimiento ante un 髍gano jurisdiccional competente.

3. La Comisi髇 velar por que la notificaci髇 de la primera diligencia formal de investigaci髇 recibida de parte de una autoridad nacional de competencia de conformidad con el art韈ulo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) n. 1/2003 se ponga a disposici髇 de las dem醩 autoridades nacionales de competencia en el marco de la red europea de competencia.

CAP蚑ULO IX
DISPOSICIONES GENERALES

Art韈ulo 30 Papel de las autoridades administrativas nacionales de competencia ante los 髍ganos jurisdiccionales nacionales

1. Los Estados miembros que designen una autoridad administrativa nacional de competencia y una autoridad judicial nacional de competencia como responsables de la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, velar醤 por que los recursos ante la autoridad judicial nacional de competencia puedan ser interpuestos directamente por la autoridad administrativa nacional de competencia.

2. En la medida en que los 髍ganos jurisdiccionales nacionales act鷄n en un procedimiento interpuesto contra las decisiones de aplicaci髇 adoptadas por las autoridades nacionales de competencia en el ejercicio de las competencias a que se refiere el cap韙ulo IV y los art韈ulos 13 y 16 de la presente Directiva para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, incluida la ejecuci髇 de las multas y multas coercitivas impuestas a ese respecto, los Estados miembros velar醤 por que la autoridad administrativa nacional de competencia est plenamente legitimada por derecho propio a participar, cuando proceda, como parte recurrente o parte recurrida en dicho procedimiento, y disfrute de los mismos derechos que dichas partes en el procedimiento.

3. La autoridad administrativa nacional de competencia estar facultada para interponer recurso, con los mismos derechos contemplados en el apartado 2, contra:

  • a) las resoluciones de los 髍ganos jurisdiccionales nacionales que se pronuncien sobre las decisiones tomadas por las autoridades nacionales de competencia a que se refiere el cap韙ulo IV y los art韈ulos 13 y 16 de la presente Directiva, incluida la ejecuci髇 de multas y multas coercitivas impuestas a ese respecto, y
  • b) la negativa de una autoridad judicial nacional a conceder la autorizaci髇 previa de una inspecci髇 de las contempladas en los art韈ulos 6 y 7 de la presente Directiva, en la medida en que se requiera tal autorizaci髇.

Art韈ulo 31 Acceso de las partes al expediente y limitaciones en la utilizaci髇 de informaci髇

1. Los Estados miembros podr醤 establecer que, cuando una autoridad nacional de competencia solicite a una persona f韘ica que le proporcione informaci髇 sobre la base de las medidas a que se refieren el art韈ulo 6, apartado 1, letra e), el art韈ulo 8 o el art韈ulo 9, dicha informaci髇 no se utilice como prueba para imponer sanciones a esa persona f韘ica o a sus parientes cercanos.

2. Los Estados miembros velar醤 por que ni las autoridades nacionales de competencia ni su personal, incluidos sus agentes y otras personas que trabajen bajo su supervisi髇, divulguen la informaci髇 que se obtenga sobre la base de las competencias de la presente Directiva y que est cubierta por la obligaci髇 del secreto profesional, salvo en los casos en que dicha divulgaci髇 est autorizada por el Derecho nacional.

3. Los Estados miembros velar醤 por que el acceso a las declaraciones de clemencia o solicitudes de transacci髇 solo se conceda a las partes objeto del procedimiento de que se trate y 鷑icamente con fines del ejercicio de sus derechos de defensa.

4. Los Estados miembros velar醤 por que la parte que haya obtenido el acceso al expediente del procedimiento de aplicaci髇 de las autoridades nacionales de competencia solo pueda utilizar la informaci髇 extra韉a de declaraciones de clemencia y solicitudes de transacci髇 cuando sea necesario para el ejercicio de sus derechos de defensa en el procedimiento ante los 髍ganos jurisdiccionales nacionales en asuntos que est閚 directamente relacionados con el asunto en el que se haya concedido el acceso, y 鷑icamente cuando dichos procedimientos se refieran a lo siguiente:

  • a) la distribuci髇 entre los participantes en un c醨tel de una multa impuesta solidariamente por una autoridad nacional de competencia, o
  • b) la revisi髇 de una decisi髇 por la que una autoridad nacional de competencia haya constatado una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE o de las disposiciones del Derecho nacional en materia de competencia.

5. Los Estados miembros velar醤 por que las siguientes categor韆s de datos obtenidos por una parte en el curso de los procedimientos de aplicaci髇 ante una autoridad nacional de competencia no sean utilizados por esa parte en los procedimientos ante los 髍ganos jurisdiccionales nacionales antes de que la autoridad nacional de competencia haya dado por concluido el procedimiento de aplicaci髇 con respecto a todas las partes objeto de la investigaci髇 mediante la adopci髇 de una decisi髇 de las referidas en los art韈ulos 10 o 12, o lo haya concluido por otros medios:

  • a) la informaci髇 que haya sido preparada por otras personas f韘icas o jur韉icas espec韋icamente para el procedimiento de aplicaci髇 de la autoridad nacional de competencia;
  • b) la informaci髇 que la autoridad nacional de competencia haya elaborado y que haya sido enviada a las partes en el curso de su procedimiento de aplicaci髇, y
  • c) las solicitudes de transacci髇 que se hayan retirado.

6. Los Estados miembros velar醤 por que las declaraciones de clemencia solo puedan ser intercambiadas entre las autoridades de competencia nacionales conforme al art韈ulo 12 del Reglamento (CE) n. 1/2003:

  • a) con el consentimiento del solicitante, o
  • b) cuando la autoridad nacional de competencia que recibe la declaraci髇 de clemencia tambi閚 haya recibido del mismo solicitante una solicitud de clemencia relacionada con la misma infracci髇 que la autoridad nacional de competencia que remite la declaraci髇 de clemencia, siempre y cuando, en la fecha de transmisi髇 de la declaraci髇 de clemencia, el solicitante no pueda retirar la informaci髇 que haya facilitado a la autoridad nacional de competencia que recibe la declaraci髇 de clemencia.

7. La forma en que se presenten las declaraciones de clemencia de conformidad con el art韈ulo 20 no afectar a la aplicaci髇 de los apartados 3 a 6 del presente art韈ulo.

Art韈ulo 32 Admisibilidad de pruebas ante las autoridades nacionales de competencia

Los Estados miembros velar醤 por que los tipos de prueba admisibles como prueba ante una autoridad nacional de competencia incluyan documentos, declaraciones orales, mensajes electr髇icos, grabaciones y todos los dem醩 objetos que contengan informaci髇, independientemente de la forma que adopten y del soporte en que se almacene la informaci髇.

Art韈ulo 33 Funcionamiento de la red europea de competencia

1. Los costes soportados por la Comisi髇 en relaci髇 con el mantenimiento y desarrollo del sistema central de informaci髇 de la red europea de competencia (sistema de la red europea de competencia) y en relaci髇 con la cooperaci髇 dentro de dicha red ser醤 sufragados por el presupuesto general de la Uni髇, dentro de los l韒ites de los cr閐itos disponibles.

2. La red europea de competencia podr desarrollar y, en su caso, publicar mejores pr醕ticas y recomendaciones en materias tales como la independencia, los recursos, las competencias, las multas y la asistencia mutua.

CAP蚑ULO X
DISPOSICIONES FINALES

Art韈ulo 34 Transposici髇

1. Los Estados miembros pondr醤 en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a m醩 tardar el 4 de febrero de 2021. Informar醤 de ello inmediatamente a la Comisi髇.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluir醤 una referencia a la presente Directiva o ir醤 acompa馻das de dicha referencia en su publicaci髇 oficial. Los Estados miembros establecer醤 las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicar醤 a la Comisi髇 el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el 醡bito regulado por la presente Directiva.

V閍se la L.O. 14/2022, de 22 de diciembre, de transposici髇 de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptaci髇 de la legislaci髇 penal al ordenamiento de la Uni髇 Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, des髍denes p鷅licos y contrabando de armas de doble uso (獴.O.E. 23 diciembre).LE0000744350_20230112Ir a NormaV閍se la disposici髇 final s閜tima del R.D.-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposici髇 de directivas de la Uni髇 Europea en las materias de competencia, prevenci髇 del blanqueo de capitales, entidades de cr閐ito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevenci髇 y reparaci髇 de da駉s medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestaci髇 de servicios transnacionales y defensa de los consumidores (獴.O.E. 28 abril).LE0000695919_20210429Ir a Norma

Art韈ulo 35 Revisi髇

A m醩 tardar el 12 de diciembre de 2024, la Comisi髇 presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la transposici髇 y la aplicaci髇 de la presente Directiva. Cuando proceda, la Comisi髇 podr revisar la presente Directiva y, en caso necesario, presentar una propuesta legislativa.

Art韈ulo 36 Entrada en vigor

La presente Directiva entrar en vigor a los veinte d韆s de su publicaci髇 en el Diario Oficial de la Uni髇 Europea.

Art韈ulo 37 Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 11 de diciembre de 2018.
Por el Parlamento Europeo
El Presidente
A. TAJANI
Por el Consejo
La Presidenta
J. BOGNER-STRAUSS

Declaraci髇 de la Comisi髇

La Comisi髇 toma nota del texto del art韈ulo 11 acordado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre las medidas provisionales.

Las medidas provisionales pueden ser una herramienta fundamental para las autoridades responsables en materia de competencia a la hora de garantizar que la competencia no se vea perjudicada mientras una investigaci髇 est en curso.

Con vistas a permitir a las autoridades responsables en materia de competencia abordar con m醩 eficacia las novedades que surjan en unos mercados en r醦ida evoluci髇, la Comisi髇 se compromete a realizar, dentro de la Red Europea de Competencia, un an醠isis para determinar si existen maneras de simplificar la adopci髇 de medidas provisionales en el plazo de dos a駉s a partir de la fecha de transposici髇 de la presente Directiva. Sus conclusiones se presentar醤 al Parlamento Europeo y al Consejo.

(1)

DO C 345 de 13.10.2017, p. 70.

Ver Texto
(2)

Posici髇 del Parlamento Europeo de 14 de noviembre de 2018 (pendiente de publicaci髇 en el Diario Oficial) y Decisi髇 del Consejo de 4 de diciembre de 2018.

Ver Texto
(3)

Reglamento (CE) n. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicaci髇 de las normas sobre competencia previstas en los art韈ulos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).

Ver Texto
(4)

Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por da駉s en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Uni髇 Europea (DO L 349 de 5.12.2014, p. 1).

Ver Texto
(5)

Decisi髇 marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicaci髇 del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias (DO L 76 de 22.3.2005, p. 16).

Ver Texto
(6)

Decisi髇 (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones p鷅licas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernizaci髇 del sector p鷅lico (DO L 318 de 4.12.2015, p. 1).

Ver Texto
(7)

DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.

Ver Texto