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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea y, en particular, sus art韈ulos 103 y 114,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) Los art韈ulos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE) son disposiciones de pol韙ica p鷅lica y deben aplicarse eficazmente en toda la Uni髇 para garantizar que no se falsee la competencia en el mercado interior.
• (2) La aplicaci髇 p鷅lica de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE es responsabilidad de la Comisi髇, que hace uso de las facultades que le confiere el Reglamento (CE) n� 1/2003 del Consejo (3) . Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, los art韈ulos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea son ahora los art韈ulos 101 y 102 del TFUE y permanecen sustancialmente id閚ticos. Las autoridades nacionales de la competencia, que pueden adoptar las decisiones que figuran en el art韈ulo 5 del Reglamento (CE) n� 1/2003, tambi閚 se encargan de dicha aplicaci髇 p鷅lica. De conformidad con ese Reglamento, los Estados miembros deben poder designar autoridades administrativas y judiciales para que apliquen los art韈ulos 101 y 102 del TFUE en calidad de encargados de velar por su aplicaci髇 p鷅lica y para que lleven a cabo las distintas funciones que dicho Reglamento confiere a las autoridades de la competencia.
• (3) Los art韈ulos 101 y 102 del TFUE producen efectos directos en las relaciones entre particulares y generan, para los afectados, derechos y obligaciones que los 髍ganos jurisdiccionales nacionales deben aplicar. Por tanto, los 髍ganos jurisdiccionales nacionales tambi閚 tienen una funci髇 esencial en la aplicaci髇 de las normas sobre competencia (la aplicaci髇 privada). Al pronunciarse sobre litigios entre particulares protegen los derechos subjetivos que emanan del Derecho de la Uni髇, por ejemplo mediante el resarcimiento de da駉s y perjuicios a las v韈timas de infracciones. La plena efectividad de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, y en particular el efecto pr醕tico de las prohibiciones en ellos establecidas, exigen que cualquier persona, ya se trate de un particular, incluidos los consumidores y las empresas, o de una autoridad p鷅lica, pueda reclamar ante los 髍ganos jurisdiccionales nacionales el resarcimiento de los da駉s y perjuicios causados por una infracci髇 de estas disposiciones. El derecho a resarcimiento contemplado en el Derecho de la Uni髇 se aplica igualmente a las infracciones de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE por parte de empresas p鷅licas y de empresas titulares de derechos especiales o exclusivos de los Estados miembros a tenor del art韈ulo 106 del TFUE.
• (4) El derecho, contemplado en el Derecho de la Uni髇, a resarcimiento por los da駉s y perjuicios derivados de infracciones del Derecho de la competencia de la Uni髇 y nacional exige que todos los Estados miembros cuenten con normas de procedimiento que garanticen su ejercicio efectivo. La necesidad de que existan v韆s procesales eficaces tambi閚 se deriva del derecho a la tutela judicial efectiva, con arreglo a lo dispuesto en el art韈ulo 19, apartado 1, p醨rafo segundo, del Tratado de la Uni髇 Europea (TUE) y en el art韈ulo 47, p醨rafo primero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea. Los Estados miembros deben garantizar la tutela judicial efectiva en los 醡bitos del Derecho de la Uni髇.
• (5) Las acciones de resarcimiento por da駉s y perjuicios (玜cciones por da駉s�) constituyen tan solo un elemento de un eficaz sistema de Derecho privado para los casos de infracciones del Derecho de la competencia y van acompa馻das de v韆s alternativas de reparaci髇, tales como la soluci髇 consensual de controversias y las decisiones de ejecuci髇 de las autoridades p鷅licas, que dan un incentivo a las partes para conceder el resarcimiento.
• (6) Para garantizar la efectividad de las acciones de los particulares en el marco de la aplicaci髇 privada con arreglo a las normas de Derecho civil y la efectividad de la aplicaci髇 p鷅lica por parte de las autoridades de la competencia, es preciso que ambos instrumentos interact鷈n para garantizar la m醲ima eficacia de las normas sobre competencia. Es necesario regular c髆o se coordinan esas dos formas de aplicaci髇 de manera coherente, por ejemplo en relaci髇 con las condiciones de acceso a los documentos en poder de las autoridades de la competencia. Esta coordinaci髇 a nivel de la Uni髇 tambi閚 evitar� la divergencia entre las normas aplicables, que podr韆 poner en peligro el buen funcionamiento del mercado interior.
• (7) De conformidad con el art韈ulo 26, apartado 2, del TFUE, el mercado interior comprende un espacio sin fronteras interiores, en el que est� garantizada la libre circulaci髇 de mercanc韆s, personas, servicios y capitales. Existen notables diferencias entre las normas de los Estados miembros por las que se rigen actualmente las acciones por da駉s contra las infracciones del Derecho de la competencia de la Uni髇 o nacional. Estas diferencias provocan incertidumbre en cuanto a las condiciones en que las partes perjudicadas pueden ejercer el derecho a resarcimiento que les confiere el TFUE y afectar a la efectividad sustantiva de este derecho. Dado que las partes perjudicadas suelen optar por su propio Estado miembro de establecimiento como foro en donde reclamar por da駉s y perjuicios, las discrepancias entre las normas nacionales dan lugar a condiciones de competencia desiguales en lo que respecta a las acciones por da駉s y pueden afectar, por lo tanto, a la competencia en los mercados en los que desarrollen su actividad las partes perjudicadas y las empresas infractoras.
• (8) Las empresas establecidas y que operan en varios Estados miembros est醤 sujetas a diferentes normas procedimentales que afectan significativamente a la medida en la que pueden ser consideradas responsables de las infracciones del Derecho de la competencia. Esta aplicaci髇 desigual del derecho a resarcimiento contemplado en el Derecho de la Uni髇 puede dar lugar no solo a una ventaja competitiva para algunas empresas que hayan infringido los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, sino tambi閚 a desincentivar el ejercicio de los derechos de establecimiento y suministro de bienes o prestaci髇 de servicios en aquellos Estados miembros en los que el derecho a resarcimiento se aplique con mayor efectividad. Como las diferencias en los reg韒enes de responsabilidad civil aplicables en los Estados miembros puede afectar negativamente tanto a la competencia como al buen funcionamiento del mercado interior, es conveniente basar la presente Directiva en la doble base jur韉ica de los art韈ulos 103 y 114 del TFUE.
• (9) Teniendo en cuenta que las infracciones a gran escala del Derecho de la competencia a menudo tienen un elemento transfronterizo, es necesario garantizar la existencia de condiciones m醩 equitativas para las empresas que operan en el mercado interior y mejorar las condiciones para que los consumidores ejerzan los derechos que les confiere el mercado interior. Conviene incrementar la seguridad jur韉ica y reducir las diferencias que existen entre los Estados miembros en cuanto a las normas nacionales por las que se rigen las acciones por da駉s en relaci髇 con infracciones del Derecho de la competencia tanto de la Uni髇 como nacional, y del Derecho nacional de la competencia cuando se aplique paralelamente al de la Uni髇. La aproximaci髇 de estas normas contribuir� adem醩 a evitar que aumenten las diferencias entre las normas de los Estados miembros por las que se rigen las acciones por da駉s en asuntos de competencia.
• (10) El art韈ulo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n� 1/2003 establece que 玞uando las autoridades de competencia de los Estados miembros o los 髍ganos jurisdiccionales nacionales apliquen el Derecho nacional de la competencia a los acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas o pr醕ticas concertadas en el sentido del [art韈ulo 101, apartado 1, del TFUE] que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros a tenor de esa disposici髇, aplicar醤 tambi閚 a dichos acuerdos, decisiones o pr醕ticas el art韈ulo [101 del TFUE]. Cuando las autoridades de competencia de los Estados miembros o los 髍ganos jurisdiccionales nacionales apliquen el Derecho nacional de la competencia a una pr醕tica abusiva prohibida por el art韈ulo [102 del TFUE], aplicar醤 tambi閚 a la misma el art韈ulo [102 del TFUE]�. En aras del correcto funcionamiento del mercado interior y con vistas a lograr una mayor seguridad jur韉ica y unas condiciones m醩 equitativas para las empresas y los consumidores, es conveniente que el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva se ampl韊 a las acciones por da駉s basadas en la infracci髇 del Derecho nacional de la competencia cuando se aplique con arreglo al art韈ulo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n� 1/2003. De otro modo, la aplicaci髇 de normas divergentes en relaci髇 con la responsabilidad civil por las infracciones de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE y por las infracciones del Derecho nacional de la competencia que deben aplicarse en los mismos asuntos en paralelo al Derecho de la competencia de la Uni髇, afectar韆 negativamente a la posici髇 de los demandantes en el mismo asunto y al alcance de sus reclamaciones, y constituir韆 un obst醕ulo para el buen funcionamiento del mercado interior. La presente Directiva no debe afectar a las acciones por da駉s en relaci髇 con infracciones del Derecho nacional de la competencia que no afecten al comercio entre Estados miembros a tenor de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE.
• (11) En ausencia de legislaci髇 de la Uni髇, las acciones por da駉s se rigen por las normas y procedimientos nacionales de los Estados miembros. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea (Tribunal de Justicia), cualquier persona puede reclamar el resarcimiento de los da駉s y perjuicios sufridos cuando exista una relaci髇 causal entre los mismos y la infracci髇 del Derecho de la competencia. Todas las normas nacionales que regulan el ejercicio del derecho a resarcimiento por los da駉s y perjuicios ocasionados por una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE, incluidas las relativas a aspectos no abordados en la presente Directiva, como el concepto de relaci髇 causal entre la infracci髇 y los da駉s y perjuicios, han de observar los principios de efectividad y equivalencia. Ello quiere decir que no se deben formular o aplicar de manera que en la pr醕tica resulte imposible o excesivamente dif韈il el ejercicio del derecho a resarcimiento garantizado por el TFUE, o de modo menos favorable que las aplicables a acciones nacionales similares. Cuando un Estado miembro establezca en su Derecho nacional otras condiciones para el resarcimiento, tales como la imputabilidad, la adecuaci髇 o la culpabilidad, ha de poder mantener dichas condiciones en la medida en que se ajusten a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a los principios de efectividad y equivalencia, y a la presente Directiva.
• (12) La presente Directiva confirma el acervo comunitario sobre el derecho a resarcimiento por los da駉s y perjuicios ocasionados por infracciones del Derecho de la competencia de la Uni髇, especialmente en relaci髇 con la legitimaci髇 y la definici髇 de da駉s y perjuicios, de la forma establecida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y no prejuzga ninguna evoluci髇 posterior del mismo. Cualquier persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por tal infracci髇 puede solicitar resarcimiento por el da駉 emergente (damnum emergens), el lucro cesante (p閞dida de beneficios o lucrum cessans), m醩 los intereses, con independencia de si en las normas nacionales estas categor韆s se definen por separado o conjuntamente. El pago de intereses es un elemento esencial del resarcimiento para reparar los da駉s y perjuicios sufridos teniendo en cuenta el transcurso del tiempo, y debe exigirse desde el momento en que ocurri� el da駉 hasta aquel en que se abone la indemnizaci髇, sin perjuicio de que en el Derecho nacional esos intereses se califiquen de intereses compensatorios o de demora, y de que se tenga en cuenta el transcurso del tiempo como categor韆 independiente (inter閟) o como parte constitutiva de la p閞dida experimentada o de la p閞dida de beneficios. Corresponde a los Estados miembros establecer las normas que deban aplicarse a tal efecto.
• (13) El derecho a resarcimiento est� reconocido para cualquier persona f韘ica o jur韉ica (consumidores, empresas y administraciones p鷅licas) con independencia de la existencia de una relaci髇 contractual directa con la empresa infractora, e independientemente de si previamente hab韆 existido constataci髇 o no de una infracci髇 por parte de una autoridad de la competencia. La presente Directiva no debe exigir a los Estados miembros que introduzcan mecanismos de recurso colectivo para la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE. Sin perjuicio de la indemnizaci髇 por la p閞dida de oportunidades, un resarcimiento pleno en virtud de la presente Directiva no debe conducir a un exceso de resarcimiento, ya sea mediante da駉s punitivos, m鷏tiples o de otro tipo.
• (14) Las acciones por da駉s ocasionados por infracciones del Derecho de la competencia de la Uni髇 o nacional suelen exigir un an醠isis f醕tico y econ髆ico complejo. Las pruebas que se necesitan para acreditar una reclamaci髇 de da駉s y perjuicios suelen estar exclusivamente en posesi髇 de la parte contraria o de terceros, y no son conocidas suficientemente por el demandante o no est醤 a su alcance. En tales circunstancias, el establecimiento de estrictos requisitos legales que exijan de los demandantes hacer valer en detalle todos los hechos del caso y aportar elementos de prueba muy espec韋icos al inicio de una acci髇, puede obstaculizar indebidamente el ejercicio efectivo del derecho a resarcimiento garantizado por el TFUE.
• (15) La prueba es un elemento importante para el ejercicio de las acciones por da駉s por infracci髇 del Derecho de la competencia de la Uni髇 o nacional. Sin embargo, como los litigios por infracciones del Derecho de la competencia se caracterizan por una asimetr韆 de informaci髇, conviene garantizar que se confiere a las partes demandantes el derecho a obtener la exhibici髇 de las pruebas relevantes para fundar sus pretensiones, sin que sea necesario que especifiquen las piezas concretas de prueba. A fin de garantizar la igualdad de armas, esa posibilidad de exhibici髇 debe estar tambi閚 a disposici髇 de los demandados en las acciones por da駉s, con objeto de que puedan solicitar la de las partes demandantes. Adem醩, los 髍ganos jurisdiccionales nacionales deben poder ordenar la exhibici髇 de pruebas por parte de terceros, incluidas las autoridades p鷅licas. Cuando un 髍gano jurisdiccional nacional desee ordenar la exhibici髇 de pruebas por parte de la Comisi髇, ser醤 de aplicaci髇 el principio de cooperaci髇 leal entre la Uni髇 y los Estados miembros que recoge el art韈ulo 4, apartado 3, del TUE, y el art韈ulo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n� 1/2003 en lo que se refiere a los requerimientos de informaci髇. Cuando los 髍ganos jurisdiccionales nacionales soliciten a las autoridades p鷅licas la exhibici髇 de pruebas, ser醤 de aplicaci髇 los principios de cooperaci髇 judicial y administrativa de acuerdo con el Derecho de la Uni髇 o nacional.
• (16) Los 髍ganos jurisdiccionales nacionales deben tener la facultad de ordenar la exhibici髇, bajo su estricta supervisi髇, de pruebas o de categor韆s de pruebas espec韋icas, a petici髇 de parte, en particular en lo que se refiere a la necesidad y la proporcionalidad de la medida de exhibici髇. De la obligaci髇 de proporcionalidad se deriva que la exhibici髇 de pruebas solo puede ordenarse una vez que el demandante haya demostrado la verosimilitud, sobre la base de los datos que obren razonablemente en su poder, de los da駉s que le haya causado el demandado. Cuando una solicitud de exhibici髇 est� destinada a obtener una categor韆 de pruebas, la misma debe quedar identificada mediante rasgos comunes de sus elementos constitutivos, como la naturaleza, objeto o contenido de los documentos cuya exhibici髇 se pide, el momento en que hayan sido redactados, u otros criterios, siempre y cuando las pruebas que pertenezcan a esa categor韆 sean pertinentes a tenor de lo dispuesto en la presente Directiva. Esas categor韆s deben definirse de la manera m醩 precisa y concreta posible sobre la base de los hechos razonablemente disponibles.
• (17) Cuando un 髍gano jurisdiccional de un Estado miembro solicite a un 髍gano jurisdiccional competente de otro Estado miembro que obtenga pruebas o solicite que se obtengan pruebas directamente en otro Estado miembro, ser醤 de aplicaci髇 las disposiciones del Reglamento (CE) n� 1206/2001 del Consejo (4) .
• (18) Aunque en las acciones por da駉s se deber韆 disponer en principio de aquellas pruebas relevantes que contengan secretos comerciales o cualquier otra informaci髇 confidencial, conviene proteger dicha informaci髇 de manera adecuada. Por consiguiente, los 髍ganos jurisdiccionales nacionales deben tener a su disposici髇 una serie de medidas para evitar que dichos datos confidenciales sean divulgados durante el procedimiento. Entre esas medidas puede incluirse la posibilidad de disociar los pasajes sensibles en los documentos, realizar audiencias a puerta cerrada, restringir el c韗culo de personas a las que se permite examinar las pruebas, y encargar a expertos la producci髇 de res鷐enes de la informaci髇 en una forma agregada no confidencial o en cualquier otra forma no confidencial. Las medidas de protecci髇 de los secretos comerciales y dem醩 informaci髇 confidencial no deben impedir en la pr醕tica el ejercicio del derecho a resarcimiento.
• (19) La presente Directiva no afecta ni a la posibilidad de que el Derecho de los Estados miembros permita impugnar los requerimientos de exhibici髇 de pruebas, ni a las condiciones de dicha impugnaci髇.
• (20) El Reglamento (CE) n� 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) rige el acceso p鷅lico a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisi髇 y est� concebido para conferir al p鷅lico el derecho de acceso m醩 amplio posible a los documentos de dichas instituciones. Sin embargo, ese derecho est� sujeto a determinados l韒ites basados en razones de inter閟 p鷅lico o privado. De ello se desprende que el sistema de las excepciones establecidas en el art韈ulo 4 de dicho Reglamento se basa en una ponderaci髇 de los intereses en conflicto en una situaci髇 determinada, es decir, los intereses que se ver韆n favorecidos por la divulgaci髇 de los documentos en cuesti髇 y los que se ver韆n comprometidos por dicha divulgaci髇. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de esas normas y pr醕ticas en virtud del Reglamento (CE) n� 1049/2001.
• (21) La efectividad y la coherencia de la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE por parte de la Comisi髇 y las autoridades nacionales de la competencia requieren un planteamiento com鷑 en toda la Uni髇 por lo que se refiere a la exhibici髇 de pruebas contenidas en archivos de las autoridades de la competencia. La exhibici髇 de las pruebas no debe desvirtuar la efectividad de la aplicaci髇 del Derecho de la competencia por parte de una autoridad de la competencia. La presente Directiva no tiene por objeto la exhibici髇 de documentos internos de las autoridades de la competencia, ni la correspondencia entre ellas.
• (22) Con el fin de garantizar la tutela efectiva del derecho a resarcimiento, no es necesario que todos los documentos relativos a un procedimiento basado en los art韈ulos 101 o 102 del TFUE se den a conocer al demandante por la mera raz髇 de que este tenga intenci髇 de ejercer una acci髇 por da駉s, ya que es muy poco probable que dicha acci髇 deba basarse en todas las pruebas que aparezcan en el expediente relativo a dicho procedimiento.
• (23) El requisito de proporcionalidad debe evaluarse atentamente cuando la exhibici髇 pueda comprometer la estrategia de investigaci髇 de una autoridad de la competencia al revelar qu� documentos forman parte del expediente, o pueda tener efectos negativos en la forma en que las empresas cooperan con las autoridades de la competencia. Debe prestarse especial atenci髇 a prevenir las 玡xpediciones de pesca�, es decir, la b鷖queda no espec韋ica, o de excesiva amplitud, de informaci髇 que probablemente sea de escaso inter閟 para las partes en el procedimiento. Por lo tanto, la solicitud de exhibici髇 no debe considerarse proporcionada cuando se refiera a la exhibici髇 gen閞ica de documentos incluidos en el expediente de una autoridad de la competencia en relaci髇 con un determinado asunto, o a la divulgaci髇 gen閞ica de documentos presentados por una parte en el contexto de un asunto determinado. Solicitudes de exhibici髇 de tal amplitud no ser韆n compatibles con el deber del solicitante de especificar las pruebas o las categor韆s de pruebas con la mayor precisi髇 y concreci髇 posible.
• (24) La presente Directiva no afecta al derecho de los 髍ganos jurisdiccionales a considerar el inter閟 de la aplicaci髇 p鷅lica efectiva del Derecho de la competencia, ya sea en virtud del Derecho de la Uni髇 o del nacional, a la hora de ordenar la exhibici髇 de cualquier tipo de prueba, con la excepci髇 de las declaraciones en el marco de un programa de clemencia y las solicitudes de transacci髇.
• (25) Debe realizarse una excepci髇 por lo que se refiere a aquellas exhibiciones que, de ordenarse, interferir韆n indebidamente con una investigaci髇 en curso efectuada por una autoridad de la competencia en relaci髇 con una infracci髇 del Derecho de la competencia de la Uni髇 o nacional. La informaci髇 que haya sido preparada por una autoridad de la competencia en el curso de su procedimiento de aplicaci髇 del Derecho de la competencia de la Uni髇 o nacional y remitida a las partes en dicho procedimiento (como, por ejemplo, un pliego de cargos) o preparada por una de sus partes (tales como las respuestas a los requerimientos de informaci髇 de la autoridad de la competencia o las declaraciones de testigos), solo debe poder ser divulgada en los procesos por da駉s y perjuicios una vez que la autoridad de la competencia haya cerrado su propio procedimiento, por ejemplo mediante la adopci髇 de una resoluci髇 en virtud del art韈ulo 5 o del cap韙ulo III del Reglamento (CE) n� 1/2003, a excepci髇 de las resoluciones sobre medidas cautelares.
• (26) Los programas de clemencia y los procedimientos de transacci髇 son instrumentos importantes para la aplicaci髇 p鷅lica del Derecho de la competencia de la Uni髇, ya que contribuyen a la detecci髇, la persecuci髇 eficiente y la imposici髇 de sanciones de las infracciones m醩 graves del Derecho de la competencia. Adem醩, como muchas de las decisiones de las autoridades de la competencia en los casos de c醨teles se basan en una solicitud de clemencia y las acciones por da駉s en los casos de c醨teles por lo general se derivan de dichas decisiones, los programas de clemencia son igualmente importantes para la eficacia de las acciones por da駉s en los casos de c醨teles. Las empresas podr韆n verse disuadidas de cooperar con las autoridades de la competencia en el marco de programas de clemencia y procedimientos de transacci髇, si se exhibieran las declaraciones autoincriminatorias, como las declaraciones en el marco de un programa de clemencia y las solicitudes de transacci髇, que se presentan solo a efectos de cooperar con las autoridades de la competencia. Esa exhibici髇 entra馻r韆 el riesgo de exponer a las empresas cooperantes o a su personal directivo a una responsabilidad civil o penal en peores condiciones que las de los coinfractores que no cooperan con las autoridades de la competencia. Para garantizar la buena disposici髇 continuada de las empresas para acudir voluntariamente a las autoridades de la competencia y presentar declaraciones en el marco de un programa de clemencia o solicitudes de transacci髇, esos documentos deben quedar excluidos de la exhibici髇 de pruebas. Dicha exclusi髇 debe aplicarse tambi閚 a las citas literales de una declaraci髇 en el marco de un programa de clemencia o de una solicitud de transacci髇 que figuren en otros documentos. Las limitaciones impuestas a la exhibici髇 de pruebas no deben impedir que las autoridades de la competencia publiquen sus decisiones de conformidad con la normativa aplicable de la Uni髇 o nacional. Para garantizar que dicha exclusi髇 no menoscabe indebidamente el derecho de las partes perjudicadas al resarcimiento, la misma debe limitarse a esas declaraciones voluntarias y autoincriminatorias en el marco de programas de clemencia y solicitudes de transacci髇.
• (27) Las normas de la presente Directiva relativas a la exhibici髇 de documentos que no sean declaraciones en el marco de programas de clemencia o solicitudes de transacci髇 garantizan que las partes perjudicadas sigan teniendo suficientes posibilidades distintas para obtener acceso a las pruebas relevantes que necesiten para preparar sus reclamaciones por da駉s y perjuicios. Los 髍ganos jurisdiccionales nacionales, a solicitud de un demandante, deben poder acceder ellos mismos a los documentos para los que se alega la excepci髇, con el fin de comprobar si su contenido desborda los l韒ites de lo que la presente Directiva define como declaraci髇 en el marco de programas de clemencia o de solicitud de transacci髇. Cualquier contenido que no encaje en dichas definiciones debe poder ser exhibido en las condiciones adecuadas.
• (28) En cualquier momento, los 髍ganos jurisdiccionales nacionales deben poder pedir, en el contexto de una acci髇 por da駉s, la exhibici髇 de las pruebas existentes con independencia de las actuaciones de una autoridad de la competencia (玦nformaci髇 preexistente�).
• (29) Debe ordenarse a una autoridad de la competencia la exhibici髇 de pruebas solo cuando no se puedan obtener razonablemente de otra parte o de un tercero.
• (30) Con arreglo al art韈ulo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) n� 1/2003, las autoridades de la competencia pueden presentar por propia iniciativa observaciones escritas a los 髍ganos jurisdiccionales nacionales sobre cuestiones relativas a la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE. Asimismo, para preservar la contribuci髇 que supone la acci髇 p鷅lica en la aplicaci髇 de dichos art韈ulos, las autoridades de la competencia deben poder presentar sus observaciones por propia iniciativa a un 髍gano jurisdiccional nacional a los efectos de evaluar la proporcionalidad de una exhibici髇 de pruebas incluidas en un expediente de la autoridad, en vista del impacto que tal exhibici髇 tendr韆 en la eficacia de la aplicaci髇 p鷅lica del Derecho de la competencia. Los Estados miembros deben poder establecer un sistema por el que se informe a la autoridad de la competencia de las solicitudes de exhibici髇 de informaci髇 cuando la persona que la solicite o la persona de la que se solicite la misma est� implicada en la investigaci髇 de esa autoridad de la competencia en relaci髇 con la infracci髇 alegada, sin perjuicio de la normativa nacional en materia de procedimientos no contradictorios.
• (31) Toda persona f韘ica o jur韉ica que obtenga pruebas a trav閟 del acceso al expediente de una autoridad de la competencia debe poder utilizar dichas pruebas en el marco de una acci髇 por da駉s de la que sea parte. Este uso tambi閚 debe autorizarse a la persona f韘ica o jur韉ica que le suceda en sus derechos y obligaciones, incluso mediante la adquisici髇 de su reclamaci髇. Si las pruebas hubieran sido obtenidas por una persona jur韉ica que forme parte de un grupo de empresas que constituya una empresa a efectos de la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, tambi閚 debe permitirse ese uso a otras personas jur韉icas que pertenezcan a la misma empresa.
• (32) No obstante, el uso de pruebas obtenidas al acceder al expediente de una autoridad de la competencia no puede desvirtuar indebidamente la eficacia de la aplicaci髇 del Derecho de la competencia por parte de una autoridad de la competencia. Para garantizar que no se menoscaben las limitaciones a la exhibici髇 establecidas en la presente Directiva, debe quedar limitado en las mismas circunstancias el uso de los tipos de pruebas a los que se hace referencia en los considerandos 24 y 25 que se obtengan 鷑icamente mediante el acceso al expediente de una autoridad de la competencia. La limitaci髇 debe traducirse en su inadmisibilidad en las acciones por da駉s o en cualquier otra medida de protecci髇 en virtud de la normativa nacional aplicable que sea apta para garantizar el pleno efecto de los l韒ites a la exhibici髇 de esos tipos de pruebas. Por otra parte, las pruebas obtenidas de una autoridad de la competencia no deben ser objeto de comercio. Por lo tanto, la posibilidad de usar pruebas que solo se hayan obtenido a trav閟 del acceso al expediente de una autoridad de la competencia debe limitarse a la persona f韘ica o jur韉ica a la que se haya concedido acceso originalmente y a sus sucesores legales. Esta limitaci髇 para evitar el comercio de pruebas no impide, sin embargo, que un 髍gano jurisdiccional nacional ordene la exhibici髇 de dichas pruebas, en las condiciones previstas en la presente Directiva.
• (33) El hecho de que se ejercite una acci髇 por da駉s, o se inicie una investigaci髇 por parte de una autoridad de la competencia, entra馻 el riesgo de que las personas afectadas puedan destruir u ocultar pruebas que sean de utilidad a la hora de fundar las reclamaciones de da駉s y perjuicios de las partes perjudicadas. Para evitar la destrucci髇 de pruebas relevantes y garantizar el cumplimiento de las 髍denes de exhibici髇 de los 髍ganos jurisdiccionales, los 髍ganos jurisdiccionales nacionales deben tener la posibilidad de imponer sanciones lo suficientemente disuasorias. En la medida en que afecte a las partes en el procedimiento, el riesgo de que se infieran conclusiones adversas de los procesos por da駉s y perjuicios puede ser una sanci髇 especialmente eficaz y contribuir a evitar dilaciones. Asimismo, se debe sancionar el incumplimiento de la obligaci髇 de proteger informaci髇 confidencial y el uso abusivo de la informaci髇 obtenida a trav閟 de la exhibici髇. Del mismo modo, deben imponerse sanciones si en los procesos por da駉s y perjuicios se usa de forma abusiva la informaci髇 obtenida a trav閟 del acceso al expediente de una autoridad de la competencia.
• (34) La efectividad y coherencia de la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE por parte de la Comisi髇 y de las autoridades nacionales de la competencia requieren un planteamiento com鷑 en toda la Uni髇 sobre los efectos que las resoluciones firmes de infracci髇 dictadas por las autoridades nacionales de la competencia tengan en posteriores acciones por da駉s. Tales resoluciones se adoptan 鷑icamente una vez que se ha informado a la Comisi髇 de la resoluci髇 prevista o, a falta de la misma, cualquier otro documento que indique el curso de actuaci髇 propuesto en virtud del art韈ulo 11, apartado 4, del Reglamento (CE) n� 1/2003, y si la Comisi髇 no ha se馻lado a la autoridad nacional de la competencia que ha dejado de ser competente por incoaci髇 de un procedimiento en virtud del art韈ulo 11, apartado 6, del mismo Reglamento. A tal efecto, la Comisi髇 debe garantizar la aplicaci髇 coherente del Derecho de la competencia de la Uni髇, proporcionando orientaci髇 a las autoridades nacionales de la competencia tanto a nivel bilateral como en el marco de la red europea de competencia. Con el fin de reforzar la seguridad jur韉ica, evitar incoherencias en la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, aumentar la efectividad y la eficiencia procedimental de las acciones por da駉s y mejorar el funcionamiento del mercado interior para las empresas y los consumidores, la constataci髇 de una infracci髇 de los art韈ulos 101 o 102 del TFUE recogida en una resoluci髇 firme de una autoridad nacional de la competencia o de un 髍gano jurisdiccional competente no debe volver a ser objeto de litigio en posteriores acciones por da駉s. Por consiguiente, debe considerarse que esa constataci髇 ha sido establecida de modo irrefutable en las acciones por da駉s en relaci髇 con dicha infracci髇, ejercitadas en el Estado miembro de la autoridad nacional de la competencia o ante un 髍gano jurisdiccional competente. Los efectos de esa constataci髇 deben abarcar 鷑icamente, no obstante, la naturaleza de la infracci髇 y su alcance material, personal, temporal y territorial, tal y como los haya determinado la autoridad de la competencia o el 髍gano jurisdiccional competente en el ejercicio de sus funciones. Cuando en una resoluci髇 se declare que se infringe el Derecho nacional de la competencia en casos en que se aplican simult醤ea y paralelamente el Derecho de la competencia de la Uni髇 y el nacional, se debe considerar asimismo que esa infracci髇 queda constatada de modo irrefutable.
• (35) Cuando se ejercite una acci髇 por da駉s en un Estado miembro distinto del Estado miembro de la autoridad nacional de la competencia o del 髍gano jurisdiccional competente que hayan declarado la existencia de la infracci髇 del art韈ulo 101 o 102 del TFUE a la que se refiere la acci髇, dicha declaraci髇 en una resoluci髇 firme de la autoridad nacional de la competencia o del 髍gano jurisdiccional competente debe poder presentarse ante un 髍gano jurisdiccional nacional al menos como un principio de prueba de que se ha producido una infracci髇 del Derecho de la competencia. Si procede, la declaraci髇 puede evaluarse junto con cualesquiera otras pruebas presentadas por las partes. Los efectos de las resoluciones adoptadas por las autoridades nacionales de la competencia y los 髍ganos jurisdiccionales competentes al declarar la existencia de una infracci髇 de las normas sobre competencia se entienden sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los 髍ganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el art韈ulo 267 del TFUE.
• (36) Las normas nacionales relativas al inicio, la duraci髇, la suspensi髇 o la interrupci髇 de los plazos no deben entorpecer indebidamente el ejercicio de acciones por da駉s. Ello reviste especial importancia para las reclamaciones que se funden en constataciones de una autoridad de la competencia o de un 髍gano jurisdiccional competente. A tal efecto, debe ser posible interponer una demanda por da駉s tras la incoaci髇, por parte de una autoridad de la competencia, de un procedimiento de aplicaci髇 del Derecho de la competencia nacional y de la Uni髇. Los plazos no deben empezar a correr antes de que cese la infracci髇 ni antes de que el demandante sepa, o de que se pueda esperar razonablemente que el demandante sepa, qu� conducta constituye la infracci髇, el hecho de que esa infracci髇 haya causado un perjuicio al demandante y la identidad del infractor. Los Estados miembros deben poder mantener o establecer plazos de caducidad que sean de aplicaci髇 general, siempre que la duraci髇 de tales plazos de caducidad no haga pr醕ticamente imposible o excesivamente dif韈il el ejercicio del derecho al resarcimiento pleno.
• (37) Cuando varias empresas infrinjan conjuntamente las normas sobre competencia (como en el caso de un c醨tel) es adecuado disponer que esos coinfractores sean conjunta y solidariamente responsables de la totalidad del perjuicio causado por la infracci髇. Si uno de los infractores ha abonado una compensaci髇 superior a la cuota que le correspond韆, le debe asistir el derecho de exigir una contribuci髇 a los dem醩 coinfractores. El c醠culo de dicha cuota, que corresponde a la responsabilidad relativa de un infractor determinado, y el establecimiento de los criterios pertinentes, como el volumen de negocios, la cuota de mercado o su funci髇 en el c醨tel, han de hacerse con arreglo al Derecho nacional aplicable, respetando siempre los principios de efectividad y equivalencia.
• (38) Las empresas que cooperan con las autoridades de la competencia en el marco de los programas de clemencia desempe馻n un papel clave a la hora de descubrir los c醨teles y de ponerles fin, lo que suele mitigar el perjuicio que podr韆 haberse causado de continuar la infracci髇. Por lo tanto, es conveniente disponer que las empresas que se hayan beneficiado de la dispensa del pago de las multas decretada por una autoridad de la competencia en el marco de un programa de clemencia queden protegidas contra el riesgo de estar indebidamente expuestas a reclamaciones de da駉s y perjuicios, teniendo en cuenta que la resoluci髇 de la autoridad de la competencia por la que se constata una infracci髇 puede hacerse firme para el beneficiario de la dispensa antes de que sea firme para otras empresas a las que no se haya concedido la dispensa, convirtiendo por lo tanto al beneficiario de la dispensa en el objetivo preferente de cualquier litigio. Por consiguiente, conviene que el beneficiario de la dispensa quede exento, en principio, de ser conjunta y solidariamente responsable de la totalidad del perjuicio y que cualquier contribuci髇 que deba asumir frente a los coinfractores no exceda del importe del perjuicio causado a sus propios compradores directos o indirectos, o, en caso de que se trate de un c醨tel de compras, sus proveedores directos o indirectos. En la medida en que un c醨tel haya causado perjuicios a terceros distintos de los clientes o proveedores de los infractores, la contribuci髇 del beneficiario de la dispensa no debe exceder de su responsabilidad relativa por el perjuicio ocasionado por el c醨tel. Esa cuota debe calcularse de conformidad con las mismas normas empleadas para calcular las contribuciones entre los infractores. El beneficiario de la dispensa solo debe seguir siendo plenamente responsable frente a las partes perjudicadas distintas de sus compradores o proveedores directos o indirectos en caso de que estos no puedan obtener pleno resarcimiento de los restantes infractores.
• (39) El perjuicio en forma de da駉 emergente puede ser el resultado de la diferencia de precios entre las cuant韆s ya pagadas realmente y lo que se habr韆 pagado si no se hubiera cometido una infracci髇. Cuando una parte perjudicada haya reducido su da駉 emergente repercuti閚dolo, total o parcialmente, a sus propios compradores, la p閞dida repercutida ya no constituye un perjuicio por el que la parte que lo repercuti� deba ser resarcida. Por consiguiente, en principio conviene autorizar al infractor a que invoque la repercusi髇 del da駉 emergente como defensa frente a una reclamaci髇 de da駉s y perjuicios. Conviene disponer que el infractor, cuando argumente la defensa basada en la repercusi髇 de costes, deba acreditar la existencia y el grado de repercusi髇 del sobrecoste. Esta carga de la prueba no debe menoscabar la posibilidad de que el infractor utilice pruebas distintas de las que est醤 en su poder, como pruebas ya obtenidas en el procedimiento o pruebas en poder de otras partes o de terceros.
• (40) En las situaciones en las que la repercusi髇 del sobrecoste tenga como consecuencia la disminuci髇 de las ventas y, de ese modo, un perjuicio en forma de lucro cesante, el derecho a reclamar un resarcimiento por ese lucro cesante no debe verse menoscabado.
• (41) Dependiendo de las condiciones en que las empresas desarrollen su actividad, puede ser una pr醕tica comercial repercutir los incrementos de los precios en una fase posterior a la cadena de suministro. Los consumidores o las empresas a los que, por lo tanto, se haya repercutido la p閞dida experimentada han sufrido un perjuicio ocasionado por una infracci髇 del Derecho de la competencia de la Uni髇 o nacional. Si bien este perjuicio deber韆 ser reparado por el infractor, es posible que a los consumidores o las empresas que no realizaran compra alguna al infractor les resulte especialmente dif韈il demostrar la magnitud de dicho perjuicio. Por lo tanto, es conveniente disponer que, siempre que la existencia de una reclamaci髇 de da駉s y perjuicios o el importe de la indemnizaci髇 que se haya de abonar dependan de si, o en qu� medida, un sobrecoste pagado por el comprador directo del infractor ha sido repercutido a un comprador indirecto, se considere probada esta repercusi髇 al comprador indirecto del sobrecoste pagado por el comprador directo, si puede demostrar, prima facie, que aquella repercusi髇 tuvo lugar. Dicha presunci髇 iuris tantum se aplica a menos que el infractor pueda demostrar de manera cre韇le a satisfacci髇 del 髍gano jurisdiccional que la p閞dida experimentada no se ha transmitido total o parcialmente al comprador indirecto. Adem醩, es conveniente definir en qu� condiciones se considera que el comprador indirecto ha acreditado dicho principio de prueba. Por lo que respecta a la cuantificaci髇 de la repercusi髇, el 髍gano jurisdiccional nacional debe estar facultado para calcular qu� cuota del sobrecoste se ha repercutido al nivel de los compradores indirectos en el litigio de que conoce.
• (42) La Comisi髇 debe formular orientaciones claras, simples y completas para los 髍ganos jurisdiccionales nacionales, sobre la manera de calcular el porcentaje del sobrecoste repercutido a los compradores indirectos.
• (43) Las infracciones del Derecho de la competencia suelen referirse a las condiciones y al precio a que se venden los bienes o servicios y provocan un sobrecoste y otros perjuicios a los clientes de los infractores. La infracci髇 tambi閚 puede referirse a los suministros del infractor (por ejemplo, en el caso de un c醨tel de compras). En esos casos, el da駉 emergente puede derivarse de un precio inferior pagado por los infractores a sus proveedores. En consecuencia, debe aplicarse a esos casos la presente Directiva y, en particular, las normas sobre la repercusi髇 del sobrecoste.
• (44) Pueden ejercitar la acci髇 por da駉s tanto quienes hayan adquirido bienes o servicios al infractor como los compradores situados m醩 all� en la cadena de suministro. Con el fin de reforzar la coherencia entre las resoluciones resultantes de procedimientos conexos, e impedir as� que no se repare plenamente el perjuicio ocasionado por la inexistencia de un resarcimiento pleno por la infracci髇 del Derecho de la competencia de la Uni髇 o nacional, o que se obligue al infractor a indemnizar da駉s y perjuicios que no se han sufrido realmente, el 髍gano jurisdiccional nacional debe estar facultado para hacer una estimaci髇 de qu� proporci髇 de cualquier sobrecoste se ha repercutido al nivel de los compradores directos o indirectos en el litigio de que conoce. En este contexto, los 髍ganos jurisdiccionales nacionales deben poder tomar debidamente en consideraci髇, por medios tanto procedimentales como sustantivos previstos en el Derecho de la Uni髇 y nacional, toda acci髇 conexa y su correspondiente resoluci髇 judicial, especialmente cuando considere que se ha acreditado la existencia de repercusi髇. Los 髍ganos jurisdiccionales nacionales deben tener a su disposici髇 los medios procesales apropiados, tales como la acumulaci髇 de acciones, para garantizar que el resarcimiento por el da駉 emergente que se abone en cualquier nivel de la cadena de suministro no supere el perjuicio por sobrecostes a ese nivel. Tales medios deben estar disponibles tambi閚 en los casos transfronterizos. Esa posibilidad de tomar en consideraci髇 las resoluciones judiciales debe entenderse sin perjuicio de los derechos fundamentales de defensa y de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial que tienen quienes fueron parte en esos procedimientos judiciales, sin perjuicio de las normas sobre el valor probatorio de las sentencias dictadas en ese contexto. Es posible considerar las demandas pendientes ante los 髍ganos jurisdiccionales de los distintos Estados miembros como demandas conexas a tenor de lo dispuesto en el art韈ulo 30 del Reglamento (UE) n� 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) . Al amparo de dicho art韈ulo, los 髍ganos jurisdiccionales nacionales distintos de aquel ante el que se hubiera presentado la demanda por primera vez, pueden suspender el procedimiento o, en determinadas circunstancias, declinar su competencia. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los 髍ganos jurisdiccionales nacionales previstos en dicho Reglamento.
• (45) Una parte perjudicada que haya demostrado haber sufrido un perjuicio como consecuencia de una infracci髇 del Derecho de la competencia a鷑 debe demostrar la magnitud del da駉 sufrido para poder obtener el resarcimiento de los da駉s y perjuicios. Cuantificar el perjuicio causado en casos de Derecho de la competencia suele caracterizarse por la gran cantidad de elementos f醕ticos necesarios y puede requerir la aplicaci髇 de complejos modelos econ髆icos. Ello suele ser muy costoso y los demandantes encuentran dificultades para obtener los datos necesarios para sustanciar sus pretensiones. La cuantificaci髇 del perjuicio ocasionado en casos de infracci髇 del Derecho de la competencia puede constituir, por lo tanto, un obst醕ulo significativo que impide la eficacia de las reclamaciones de da駉s y perjuicios.
• (46) Al no existir normas de la Uni髇 sobre la cuantificaci髇 del perjuicio ocasionado por una infracci髇 del Derecho de la competencia, corresponde al ordenamiento jur韉ico nacional de cada Estado miembro determinar sus propias normas sobre la cuantificaci髇 del perjuicio y a los Estados miembros y a los 髍ganos jurisdiccionales nacionales determinar los requisitos que el demandante ha de cumplir a la hora de acreditar la cuant韆 del perjuicio sufrido, los m閠odos que pueden utilizarse para cuantificar el importe y las consecuencias de no poder respetar plenamente esos requisitos. No obstante, los requisitos nacionales en materia de cuantificaci髇 del perjuicio en casos de Derecho de la competencia no deben ser menos favorables que los que regulan las acciones nacionales similares (principio de equivalencia), ni deben hacer que el ejercicio del derecho de la Uni髇 al resarcimiento por los da駉s y perjuicios resulte imposible en la pr醕tica o excesivamente dif韈il (principio de efectividad). Debe prestarse atenci髇 a toda asimetr韆 de informaci髇 entre las partes y al hecho de que cuantificar el perjuicio requiere evaluar c髆o habr韆 evolucionado el mercado en cuesti髇 de no haber sido por la infracci髇. Esta evaluaci髇 implica realizar una comparaci髇 con una situaci髇 que, por definici髇, es hipot閠ica, por lo que nunca puede hacerse con total precisi髇. Por lo tanto, debe garantizarse que los 髍ganos jurisdiccionales nacionales est閚 facultados para hacer una estimaci髇 del importe del perjuicio ocasionado por la infracci髇 del Derecho de la competencia. Los Estados miembros deben velar por que, cuando se les solicite, las autoridades nacionales de la competencia ofrezcan orientaci髇 en relaci髇 con la cuant韆. Con el fin de garantizar la coherencia y la previsibilidad, la Comisi髇 deber韆 proporcionar una orientaci髇 general a nivel de la Uni髇.
• (47) Para corregir la asimetr韆 de informaci髇 y algunas de las dificultades asociadas a la cuantificaci髇 del perjuicio ocasionado en casos de Derecho de la competencia y con el fin de garantizar la eficacia de las reclamaciones de da駉s y perjuicios, conviene presumir que las infracciones de c醨tel provocan un perjuicio, en particular a trav閟 de un efecto sobre los precios. Dependiendo de las circunstancias del asunto, los c醨teles producen un incremento de los precios o impiden una reducci髇 de los precios que se habr韆 producido, de no ser por el c醨tel. Esta presunci髇 no debe abarcar el importe preciso del da駉. Se debe permitir al infractor que refute la presunci髇. Conviene limitar esta presunci髇 iuris tantum a los c醨teles, dada su naturaleza secreta, lo que aumenta la asimetr韆 de informaci髇 y dificulta a los demandantes la obtenci髇 de las pruebas necesarias para acreditar el perjuicio.
• (48) Es deseable lograr una soluci髇 玠e una vez por todas� para los demandados, con miras a reducir la incertidumbre para los infractores y las partes perjudicadas. Por lo tanto, se debe animar a los infractores y las partes perjudicadas a que se pongan de acuerdo sobre una indemnizaci髇 por el perjuicio ocasionado por una infracci髇 del Derecho de la competencia a trav閟 de mecanismos de soluci髇 extrajudicial de controversias, tales como los acuerdos o convenios extrajudiciales (incluidos los acuerdos que un juez puede declarar vinculantes), el arbitraje, la mediaci髇 o la conciliaci髇. Estos mecanismos de soluci髇 extrajudicial de controversias deben abarcar el mayor n鷐ero posible de partes perjudicadas e infractores que la ley permita. Por tanto, las disposiciones de la presente Directiva sobre soluci髇 extrajudicial de controversias pretenden facilitar el uso de esos mecanismos y aumentar su eficacia.
• (49) Cabe la posibilidad de que los plazos para ejercitar una acci髇 por da駉s impidan a las partes perjudicadas e infractores disponer del tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo sobre la indemnizaci髇 que se ha de abonar. Con objeto de brindar a ambas partes la posibilidad real de participar en el mecanismo de soluci髇 extrajudicial de controversias antes de recurrir a los 髍ganos jurisdiccionales nacionales, se han de suspender los plazos mientras dure la soluci髇 extrajudicial de controversias.
• (50) Adem醩, cuando las partes decidan recurrir a la soluci髇 extrajudicial de controversias despu閟 de que se haya ejercitado una acci髇 por da駉s con la misma pretensi髇 ante un 髍gano jurisdiccional nacional, este debe poder suspender el procedimiento mientras se celebre la soluci髇 extrajudicial de controversias. Al considerar la posibilidad de suspender el procedimiento, el 髍gano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta las ventajas de un procedimiento acelerado.
• (51) Con objeto de fomentar los acuerdos extrajudiciales, el infractor que abone una indemnizaci髇 mediante el mecanismo de soluci髇 extrajudicial de controversias no debe encontrarse en peor situaci髇 frente a sus coinfractores que la situaci髇 en que se encontrar韆 sin dicho acuerdo extrajudicial. Ello podr韆 suceder en caso de que un infractor que participa en una soluci髇 extrajudicial, incluso tras llegar a un acuerdo, siguiese siendo conjunta y solidariamente responsable de resarcir el perjuicio ocasionado por la infracci髇. Por tanto, un infractor que es parte en un acuerdo extrajudicial no debe contribuir en principio a sus coinfractores no participantes en dicho acuerdo cuando estos 鷏timos hayan abonado una indemnizaci髇 a la parte perjudicada con la que el primer infractor haya llegado previamente a un acuerdo extrajudicial. El corolario de esta norma de no contribuci髇 lo constituye que la pretensi髇 de la parte perjudicada debe ser reducida por la cuota del perjuicio que se le haya ocasionado correspondiente al infractor parte en el acuerdo extrajudicial, con independencia de que el importe del acuerdo sea igual o distinto a la cuota relativa del perjuicio que dicho infractor haya provocado a la parte perjudicada con quien se haya llegado al acuerdo. Esta cuota relativa debe calcularse de conformidad con las normas empleadas para calcular las contribuciones entre los infractores. Sin esa reducci髇, el infractor que no participa en la soluci髇 extrajudicial se ver韆 indebidamente afectado por acuerdos en los que no ha participado. Sin embargo, para garantizar el derecho al pleno resarcimiento, el coinfractor parte en un acuerdo extrajudicial a鷑 debe abonar da駉s y perjuicios cuando esa sea la 鷑ica posibilidad de que la parte perjudicada obtenga resarcimiento por el resto de la reclamaci髇. El resto de la reclamaci髇 consiste en la reclamaci髇 de la parte perjudicada con quien se ha llegado a un acuerdo extrajudicial una vez deducida la cuota del perjuicio que la infracci髇 ha ocasionado a dicha parte perjudicada correspondiente al coinfractor parte en el acuerdo extrajudicial. Esta 鷏tima posibilidad de exigir una indemnizaci髇 a dicho infractor existe a menos que se excluya expresamente en los t閞minos del acuerdo extrajudicial.
• (52) Se deben evitar las situaciones en que, al pagar una contribuci髇 a los coinfractores que no participan en el acuerdo extrajudicial por las indemnizaciones que estos hubieran abonado a partes perjudicadas no participantes en dicho acuerdo, el importe total de la indemnizaci髇 pagada por los coinfractores partes en tal acuerdo exceda de su responsabilidad relativa por el perjuicio ocasionado por la infracci髇. Por lo tanto, cuando se solicite a los coinfractores partes en un acuerdo extrajudicial que contribuyan a las indemnizaciones de da駉s y perjuicios abonadas posteriormente por coinfractores que no participan en el acuerdo extrajudicial a partes perjudicadas que tampoco participan en el acuerdo extrajudicial, el 髍gano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta las indemnizaciones ya pagadas a trav閟 de la soluci髇 extrajudicial de controversias, teniendo en cuenta que no todos los coinfractores tienen necesariamente el mismo grado de implicaci髇 en todo el 醡bito sustantivo, temporal y geogr醘ico de la infracci髇.
• (53) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y se atiene a los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea.
• (54) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, establecer normas relativas a acciones por da駉s por infracciones del Derecho de la competencia de la Uni髇, con el fin de garantizar la plena aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE y el correcto funcionamiento del mercado interior para las empresas y los consumidores, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesaria eficacia y coherencia de la aplicaci髇 de los art韈ulos 101 y 102 del TFUE, pueden lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
• (55) De conformidad con la Declaraci髇 pol韙ica conjunta de 28 de septiembre de 2011 de los Estados miembros y de la Comisi髇 sobre los documentos explicativos (7) , en casos justificados los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificaci髇 de las medidas de transposici髇 uno o varios documentos que expliquen la relaci髇 entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los actos nacionales de transposici髇. Trat醤dose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisi髇 de dichos documentos.
• (56) Es conveniente establecer normas para la aplicaci髇 en el tiempo de la presente Directiva.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAP蚑ULO I
OBJETO, 罬BITO DE APLICACI覰 Y DEFINICIONES

CAP蚑ULO II
EXHIBICI覰 DE LAS PRUEBAS

Art韈ulo 5 Exhibici髇 de las pruebas

1. Los Estados miembros velar醤 por que, en los procedimientos relativos a acciones por da駉s en la Uni髇 y previa solicitud de una parte demandante que haya presentado una motivaci髇 razonada que contenga aquellos hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente, que sean suficientes para justificar la viabilidad de su acci髇 por da駉s, los 髍ganos jurisdiccionales nacionales puedan ordenar que la parte demandada o un tercero exhiba las pruebas pertinentes que tenga en su poder, a reserva de las condiciones establecidas en el presente cap韙ulo. Los Estados miembros velar醤 por que los 髍ganos jurisdiccionales nacionales puedan ordenar a la parte demandante o un tercero la exhibici髇 de las pruebas pertinentes, a petici髇 del demandado.

El presente apartado se entiende sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los 髍ganos jurisdiccionales nacionales que se establecen en el Reglamento (CE) n� 1206/2001.

2. Los Estados miembros velar醤 por que sus 髍ganos jurisdiccionales nacionales puedan ordenar la exhibici髇 de piezas espec韋icas de prueba o de categor韆s pertinentes de pruebas, lo m醩 limitadas y acotadas como sea posible atendiendo a los hechos razonablemente disponibles en la motivaci髇 razonada.

3. Los Estados miembros velar醤 por que los 髍ganos jurisdiccionales nacionales limiten la exhibici髇 de las pruebas a lo que sea proporcionado. A la hora de determinar si la exhibici髇 solicitada por una parte es proporcionada, los 髍ganos jurisdiccionales nacionales tomar醤 en consideraci髇 los intereses leg韙imos de todas las partes y de todos los terceros interesados. En particular, tendr醤 en cuenta:

• a) la medida en que la reclamaci髇 o la defensa est� respaldada por hechos y pruebas disponibles que justifiquen la solicitud de exhibici髇 de pruebas;
• b) el alcance y el coste de la exhibici髇 de las pruebas, especialmente para cualquier tercero afectado, tambi閚 para evitar las b鷖quedas indiscriminadas de informaci髇 que probablemente no llegue a ser relevante para las partes en el procedimiento;
• c) si las pruebas cuya exhibici髇 se pide incluyen informaci髇 confidencial, especialmente en relaci髇 con terceros, y las disposiciones existentes para proteger dicha informaci髇 confidencial.

4. Los Estados miembros garantizar醤 que los 髍ganos jurisdiccionales nacionales est閚 facultados para ordenar la exhibici髇 de las pruebas que contengan informaci髇 confidencial cuando lo consideren pertinente en casos de acciones por da駉s. Los Estados miembros velar醤 por que los 髍ganos jurisdiccionales nacionales, cuando ordenen exhibir esa informaci髇, tengan a su disposici髇 medidas eficaces para protegerla.

5. El inter閟 de las empresas en evitar acciones por da駉s a ra韟 de una infracci髇 del Derecho de la competencia no constituir� un inter閟 que justifique protecci髇.

6. Los Estados miembros velar醤 por que los 髍ganos jurisdiccionales nacionales den pleno efecto a los privilegios profesionales legales aplicables de acuerdo con el Derecho de la Uni髇 o el nacional cuando ordenen la exhibici髇 de las pruebas.

7. Los Estados miembros velar醤 por que las personas de quienes se interesa una exhibici髇 de pruebas puedan ser o韉as antes de que el 髍gano jurisdiccional nacional ordene dicha exhibici髇 en virtud del presente art韈ulo.

8. Sin perjuicio de los apartados 4 y 7, y del art韈ulo 6, el presente art韈ulo no impedir� que los Estados miembros mantengan o introduzcan normas que conduzcan a un sistema de exhibici髇 m醩 amplia de las pruebas.

V閍se la Comunicaci髇 2020/C 242/01 sobre la protecci髇 de la informaci髇 confidencial por los 髍ganos jurisdiccionales nacionales en los procedimientos de aplicaci髇 privada del Derecho de la competencia de la UE (獶.O.U.E.C.� 22 julio).LE0000671410_20200722

CAP蚑ULO III
EFECTO DE LAS RESOLUCIONES NACIONALES, PLAZOS DE PRESCRIPCI覰, RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA

CAP蚑ULO IV
REPERCUSI覰 DE SOBRECOSTES

Art韈ulo 16 Orientaciones para los 髍ganos jurisdiccionales nacionales

La Comisi髇 formular� orientaciones para los 髍ganos jurisdiccionales nacionales sobre la estimaci髇 de la cuota de los sobrecostes repercutidos al comprador indirecto.

V閍se Directrices destinadas a los 髍ganos jurisdiccionales nacionales sobre c髆o calcular la cuota del sobrecoste que se repercuti� al comprador indirecto (獶.O.U.E.C.� 9 agosto 2019).LE0000649850_20190809

CAP蚑ULO V
CUANTIFICACI覰 DEL PERJUICIO

CAP蚑ULO VI
SOLUCI覰 EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS

CAP蚑ULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Art韈ulo 21 Transposici髇

1. Los Estados miembros adoptar醤 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a m醩 tardar el 27 de diciembre de 2016. Comunicar醤 inmediatamente a la Comisi髇 el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas har醤 referencia a la presente Directiva o ir醤 acompa馻das de dicha referencia en su publicaci髇 oficial. Los Estados miembros establecer醤 las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicar醤 a la Comisi髇 el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el 醡bito regulado por la presente Directiva.

V閍se爈a disposici髇 final segunda de R.D.-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Uni髇 Europea en los 醡bitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (獴.O.E.� 27 mayo).LE0000598147_20170527