Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisi髇 Marco 2001/413/JAI del Consejo

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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 83, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) El fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo son una amenaza para la seguridad, ya que constituyen una fuente de ingresos para la delincuencia organizada y, por lo tanto, facilitan otras actividades delictivas como el terrorismo, el tr醘ico de drogas y la trata de seres humanos.
• (2) El fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo representan asimismo un obst醕ulo para el mercado 鷑ico digital, ya que socavan la confianza de los consumidores y provocan p閞didas econ髆icas directas.
• (3) La Decisi髇 Marco 2001/413/JAI del Consejo (3) ha de actualizarse y complementarse para incluir nuevas disposiciones sobre infracciones, en particular las que se refieren al fraude inform醫ico, y sobre penas, prevenci髇 y asistencia a las v韈timas y cooperaci髇 transfronteriza.
• (4) Las lagunas y divergencias significativas que existen entre las legislaciones de los Estados miembros en el 醡bito del fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo pueden dificultar la prevenci髇, detecci髇 y sanci髇 de este tipo de delito y otros delitos graves que guardan relaci髇 con 閘 y son facilitados por 閘, y complicar una cooperaci髇 policial y judicial eficaz en este 醡bito, lo que repercute en la seguridad.
• (5) El fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo tienen una importante dimensi髇 transfronteriza, que se ve acentuada por un componente digital cada vez mayor, lo que pone de relieve la necesidad de proseguir la aproximaci髇 de las legislaciones penales en los 醡bitos del fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo.
• (6) En los 鷏timos a駉s se ha registrado no solo un incremento exponencial de la econom韆 digital, sino tambi閚 una proliferaci髇 de la innovaci髇 en muchos 醡bitos, en particular en las tecnolog韆s de pago. Las nuevas tecnolog韆s de pago implican la utilizaci髇 de nuevos tipos de instrumentos de pago que, al tiempo que crean nuevas oportunidades para los consumidores y las empresas, ofrecen tambi閚 nuevas posibilidades de fraude. Por consiguiente, el marco jur韉ico debe seguir siendo pertinente y actualiz醤dose en funci髇 de esos adelantos tecnol骻icos a partir de un planteamiento tecnol骻icamente neutro.
• (7) Adem醩 de utilizarse para financiar a grupos delictivos, el fraude limita el desarrollo del mercado 鷑ico digital y hace que los ciudadanos sean m醩 reacios a efectuar compras en l韓ea.
• (8) En los 醡bitos del fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo es importante contar con definiciones comunes, para asegurar un enfoque coherente a la hora de aplicar la presente Directiva en los Estados miembros y facilitar el intercambio de informaci髇 y la cooperaci髇 entre las autoridades competentes. Las definiciones deben incluir los nuevos tipos de instrumentos de pago distintos del efectivo que permiten efectuar transferencias de dinero electr髇ico y de monedas virtuales. Al definir el concepto de instrumento de pago distinto del efectivo debe tenerse en cuenta que dicho instrumento puede consistir en diversos elementos que act鷄n en conjunto, como sucede con una aplicaci髇 m髒il de pago y la autorizaci髇 correspondiente (por ejemplo, una contrase馻). Cuando en la presente Directiva se emplea el concepto de instrumento de pago distinto del efectivo, debe entenderse que dicho instrumento permite a su titular o usuario transferir efectivamente dinero o valor monetario o iniciar una orden de pago. Por ejemplo, la obtenci髇 il韈ita de una aplicaci髇 m髒il de pago sin la necesaria autorizaci髇 no debe ser considerada obtenci髇 il韈ita de instrumento de pago distinto del efectivo, ya que no permite en la pr醕tica a quien la utilice transferir dinero o valor monetario.
• (9) La presente Directiva se aplica a los instrumentos de pago distintos del efectivo 鷑icamente en lo que ata馿 a la funci髇 de pago del instrumento en cuesti髇.
• (10) La presente Directiva debe aplicarse a las monedas virtuales solo en la medida en que puedan usarse de manera habitual para efectuar pagos. Se debe animar a los Estados miembros a garantizar en sus respectivas legislaciones nacionales que las monedas de car醕ter virtual que emitan en el futuro sus bancos centrales u otras autoridades p鷅licas disfruten del mismo nivel de protecci髇 frente a los delitos de fraude que los medios de pago distintos del efectivo en general. Los monederos electr髇icos que permiten efectuar transferencias en monedas virtuales deben estar incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva en la misma medida que los instrumentos de pago distintos del efectivo. La definici髇 del t閞mino 玬edio digital de intercambio� debe tener en cuenta que, por lo que respecta a la transferencia de monedas virtuales, los monederos electr髇icos pueden tener las caracter韘ticas de un instrumento de pago, pero no necesariamente, y no debe ampliar la definici髇 de instrumento de pago.
• (11) El env韔 de facturas falsas que permiten obtener las credenciales de pago debe considerarse un intento de apropiaci髇 il韈ita con arreglo a la presente Directiva.
• (12) Al utilizar el Derecho penal para dar protecci髇 legal fundamentalmente a los instrumentos de pago que hacen uso de formas especiales de protecci髇 contra la imitaci髇 o el abuso, lo que se pretende es animar a los operadores a ofrecer esas formas especiales de protecci髇 en los instrumentos de pago que emitan.
• (13) Es esencial dotarse de medidas de Derecho penal eficaces y eficientes para proteger los medios de pago distintos del efectivo contra el fraude y la falsificaci髇. En particular, se precisa un enfoque com鷑 de Derecho penal en lo que respecta a los elementos constitutivos de conductas delictivas que contribuyan o preparen el camino para el uso fraudulento real de un medio de pago distinto del efectivo. Conductas como la obtenci髇 y posesi髇 de instrumentos de pago con un prop髎ito fraudulento mediante, por ejemplo, pr醕ticas de suplantaci髇 de identidad (玴hishing�), clonaci髇 o redireccionamiento de usuarios de servicios de pago a sitios web falsos, y su distribuci髇, por ejemplo, mediante la venta de informaci髇 sobre tarjetas de cr閐ito en Internet, deben, por tanto, tipificarse como delitos en s�, sin que sea necesaria la utilizaci髇 fraudulenta real de un medio de pago distinto del efectivo. Por lo tanto, tales conductas delictivas deben abarcar igualmente aquellas circunstancias en que la posesi髇, la obtenci髇 o la distribuci髇 no conduzcan necesariamente al uso fraudulento de tales instrumentos de pago. No obstante, en aquellos casos en que la presente Directiva tipifica como delito la posesi髇 o tenencia, no debe tipificar la mera omisi髇. La presente Directiva no debe sancionar el uso leg韙imo de un instrumento de pago, incluida la prestaci髇 de servicios de pago innovadores o de servicios relacionados, como los servicios que habitualmente desarrollan las empresas de tecnolog韆 financiera.
• (14) El concepto de intencionalidad se aplica a todos los elementos que son constitutivos de las infracciones penales contempladas en la presente Directiva de conformidad con lo dispuesto en la legislaci髇 nacional. Es posible que la naturaleza intencional de un acto, as� como el conocimiento o el prop髎ito exigido como elemento constitutivo de una infracci髇, puedan deducirse de circunstancias objetivas, f醕ticas. La presente Directiva no se aplica a las infracciones penales que no requieran intencionalidad.
• (15) La presente Directiva aborda formas cl醩icas de conducta, como el fraude, la falsificaci髇, el robo o la apropiaci髇 il韈ita, que ya se hab韆n tipificado en las legislaciones nacionales antes de la era de la digitalizaci髇. La extensi髇 del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva a los instrumentos de pago inmateriales hace necesario, por tanto, definir formas de conducta equivalentes en la esfera digital, de modo que se complemente y refuerce la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) . La obtenci髇 il韈ita de instrumentos de pago inmateriales distintos del efectivo debe tipificarse como infracci髇 penal, al menos cuando suponga la comisi髇 de alguna de las infracciones a que se refieren los art韈ulos 3 a 6 de la Directiva 2013/40/UE o la apropiaci髇 indebida de un instrumento de pago inmaterial distinto del efectivo. Por 玜propiaci髇 indebida� debe entenderse como el acto de una persona que, teniendo a su cargo un instrumento de pago inmaterial distinto del efectivo, utiliza tal instrumento a sabiendas de que no tiene derecho a hacerlo, en beneficio propio o de terceros. La obtenci髇 de un instrumento de manera il韈ita con fines fraudulentos debe estar castigada, sin que sea necesario para ello determinar todos los elementos de hecho de la obtenci髇 il韈ita ni, por supuesto, que exista una condena anterior o simult醤ea por el delito principal que haya permitido la obtenci髇 il韈ita.
• (16) La presente Directiva tambi閚 hace referencia a las herramientas que pueden emplearse para cometer las infracciones previstas en ella. Atendiendo a la necesidad de evitar la tipificaci髇 como delito cuando tales herramientas se fabrican y comercializan con fines leg韙imos y no son una amenaza en s� mismas, aunque en ocasiones puedan utilizar para cometer infracciones penales, la tipificaci髇 se debe limitar a aquellas herramientas que est閚 concebidas principalmente o adaptadas espec韋icamente con la intenci髇 de cometer las infracciones previstas en la presente Directiva.
• (17) Las sanciones y penas aplicables en caso de fraude y falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias en toda la Uni髇. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la individualizaci髇 y aplicaci髇 de las penas y la ejecuci髇 de las sentencias de acuerdo con las circunstancias del caso y con las normas generales del Derecho penal nacional.
• (18) Puesto que la presente Directiva establece normas m韓imas, los Estados miembros tienen libertad para adoptar o mantener legislaci髇 penal m醩 estricta en relaci髇 con el fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo, incluida una definici髇 m醩 amplia de las infracciones.
• (19) Conviene imponer penas m醩 severas cuando el delito haya sido cometido en el marco de una organizaci髇 delictiva con arreglo a la Decisi髇 marco 2008/841/JAI del Consejo (5) ; los Estados miembros no deben verse obligados a prever circunstancias agravantes concretas cuando la legislaci髇 nacional defina infracciones penales distintas y ello pueda acarrear sanciones m醩 severas. Cuando una misma persona haya cometido una infracci髇 prevista en la presente Directiva junto con otra, tambi閚 prevista en ella, que en la pr醕tica constituya un elemento necesario de la primera, el Estado miembro puede, con arreglo a los principios generales del Derecho nacional, determinar que tal conducta se considere una circunstancia agravante de la infracci髇 principal.
• (20) Las normas sobre jurisdicci髇 deben garantizar que las infracciones a que se refiere la presente Directiva sean perseguidas eficazmente. En general, lo m醩 adecuado es que se conozca de una infracci髇 en el marco del sistema penal del pa韘 en el que se ha cometido. Por consiguiente, cada Estado miembro debe establecer su jurisdicci髇 para conocer de las infracciones cometidas en su territorio y de las infracciones cometidas por sus nacionales. Los Estados miembros pueden tambi閚 establecer su jurisdicci髇 para conocer de las infracciones que provoquen da駉s en su territorio. Se les recomienda encarecidamente que lo hagan.
• (21) Recordando las obligaciones establecidas en la Decisi髇 Marco 2009/948/JAI (6) del Consejo y en la Decisi髇 2002/187/JAI (7) del Consejo, se anima a las autoridades competentes a acogerse, en caso de conflicto de jurisdicci髇, a la posibilidad de establecer consultas directas con la ayuda de la Agencia de la Uni髇 Europea para la Cooperaci髇 Judicial Penal (Eurojust).
• (22) Habida cuenta de la necesidad de herramientas especiales para investigar eficazmente el fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo, y su pertinencia a efectos de una cooperaci髇 internacional eficaz entre las autoridades nacionales, los instrumentos de investigaci髇 que se utilizan normalmente en casos relacionados con la delincuencia organizada y otras formas graves de delincuencia deben estar a disposici髇 de las autoridades competentes de todos los Estados miembros, en la medida en que el uso de tales instrumentos sea adecuado y proporcionado a la naturaleza y gravedad de las infracciones conforme est醤 tipificadas en el Derecho nacional. Adem醩, las autoridades policiales y otras autoridades competentes deben poder acceder en su debido momento a la informaci髇 pertinente a fin de investigar y perseguir las infracciones a que se refiere la presente Directiva. Se anima a los Estados miembros a que asignen a las autoridades competentes recursos financieros y humanos adecuados para poder investigar y perseguir debidamente las infracciones a que se refiere la presente Directiva.
• (23) Las autoridades nacionales que investigan o persiguen las infracciones contempladas en la presente Directiva deben estar facultadas para cooperar con otras autoridades nacionales de su mismo Estado miembro y con sus hom髄ogos de otros Estados miembros.
• (24) En numerosas ocasiones, en el origen de los incidentes que deben ser notificados a las autoridades nacionales competentes en virtud de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo subyacen actividades delictivas. Cabe sospechar la naturaleza delictiva de tales incidentes incluso cuando la prueba de la existencia de una infracci髇 penal no est� suficientemente clara en esta fase. En este contexto, conviene animar a los operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales pertinentes a que comuniquen los informes requeridos en virtud de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/1148 a los servicios policiales, a fin de formular una respuesta efectiva y exhaustiva y de facilitar la imputaci髇 de los autores y la rendici髇 de cuentas. En concreto, la promoci髇 de un entorno seguro, protegido y m醩 resiliente requiere que se denuncien sistem醫icamente a los servicios policiales los incidentes de presunta naturaleza delictiva grave. Por otra parte, cuando proceda, los equipos de respuesta a incidentes de seguridad inform醫ica designados en virtud de lo dispuesto en (8) la Directiva (UE) 2016/1148 deben participar en las investigaciones de los servicios policiales con vistas a facilitar la informaci髇 que se considere apropiada a nivel nacional y, tambi閚, a ofrecer conocimientos especializados sobre sistemas de informaci髇.
• (25) Los incidentes de seguridad graves a que se refiere la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) , pueden tener origen delictivo. Cuando proceda, conviene animar a los proveedores de servicios de pago a que comuniquen a los servicios policiales los informes que est醤 obligados a presentar a la autoridad competente en su Estado miembro de origen en virtud de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/2366.
• (26) A escala de la Uni髇 existe una serie de instrumentos y mecanismos que permiten el intercambio de informaci髇 entre los servicios policiales nacionales con fines de la investigaci髇 y la persecuci髇 de los delitos. A fin de facilitar y acelerar la cooperaci髇 entre los servicios policiales nacionales y asegurar que dichos instrumentos se utilicen lo m醩 posible, la presente Directiva debe reforzar la importancia de los puntos de contacto operativos introducidos por la Decisi髇 Marco 2001/413/JAI. Los Estados miembros deben estar facultados para decidir hacer uso de la red de puntos de contacto operativos existente, como la establecida en la Directiva 2013/40/UE. Los puntos de contacto deben prestar asistencia efectiva, por ejemplo facilitando el intercambio de informaci髇 pertinente y la prestaci髇 de asesoramiento t閏nico o de informaci髇 jur韉ica. A fin de garantizar el buen funcionamiento de la red, cada punto de contacto debe poder comunicarse de forma r醦ida con el de otro Estado miembro. Habida cuenta de la importante dimensi髇 transfronteriza de los delitos a que se aplica la presente Directiva y, en particular, el car醕ter vol醫il de las pruebas electr髇icas, los Estados miembros deben estar en condiciones de tratar con prontitud las solicitudes urgentes procedentes de dicha red de puntos de contacto y de dar una respuesta en un plazo de ocho horas. En casos muy urgentes y graves, los Estados miembros deben informar a la Agencia de la Uni髇 Europea para la Cooperaci髇 Policial (Europol).
• (27) Denunciar los delitos a las autoridades p鷅licas sin demora injustificada indebidas es de gran importancia en la lucha contra el fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo, pues suelen ser el punto de partida de la investigaci髇 penal. Se deben adoptar medidas destinadas a promover la denuncia por parte de las personas f韘icas y jur韉icas, en particular las entidades financieras, a los servicios policiales y autoridades judiciales. Estas medidas pueden consistir en varios tipos de acciones, incluidas acciones legislativas que contengan la obligaci髇 de denunciar el presunto fraude, o no legislativas, como la creaci髇 de organizaciones o mecanismos que favorezcan el intercambio de informaci髇 o el apoyo a los mismos, o campa馻s de sensibilizaci髇. Cualquier medida de este tipo que implique el tratamiento de datos personales de personas f韘icas debe llevarse a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) . En particular, cualquier transmisi髇 de informaci髇 con fines de prevenci髇 y lucha contra las infracciones relativas al fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo debe cumplir los requisitos establecidos en dicho Reglamento, especialmente los fundamentos legales del tratamiento.
• (28) Con el fin de facilitar la denuncia inmediata y directa de las actividades delictivas, la Comisi髇 debe evaluar detenidamente la posibilidad de que los Estados miembros establezcan sistemas eficaces de denuncia del fraude en l韓ea, y a escala de la Uni髇 se elaboren modelos de denuncia normalizados. Estos sistemas podr韆n facilitar la denuncia inmediata de este tipo de fraude, que a menudo se produce en l韓ea, reforzando as� el apoyo a las v韈timas, la identificaci髇 y el an醠isis de las amenazas que supone la ciberdelincuencia y el trabajo y la cooperaci髇 transfronteriza entre las autoridades nacionales competentes.
• (29) Las infracciones a que se refiere la presente Directiva suelen ser de naturaleza transfronteriza. Para combatirlas es necesaria, por tanto, una cooperaci髇 estrecha entre los Estados miembros. Se anima a los Estados miembros a velar, en la medida adecuada, por la aplicaci髇 efectiva de los instrumentos de reconocimiento mutuo y asistencia judicial en relaci髇 con las infracciones contempladas en la presente Directiva.
• (30) La investigaci髇 y la incoaci髇 de procesos penales en relaci髇 con todo tipo de fraudes y falsificaciones de medios de pago distintos del efectivo, incluidos los de peque馻s cantidades de dinero, son especialmente importantes a la hora de combatir eficazmente este fen髆eno. Las obligaciones de denuncia, el intercambio de informaci髇 y los informes estad韘ticos representan medios eficaces de detectar actividades fraudulentas, en especial actividades similares que afectan a peque馻s cantidades de dinero si se consideran por separado.
• (31) El fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo pueden tener consecuencias econ髆icas y no econ髆icas graves para sus v韈timas. En caso de que el fraude implique, por ejemplo, la usurpaci髇 de identidad, sus consecuencias se ven a menudo agravadas cuando concurren da駉s a la reputaci髇 y profesionales, da駉s a la calificaci髇 crediticia de la persona y da駉s emocionales graves. Los Estados miembros deben adoptar medidas de asistencia, apoyo y protecci髇 destinadas a mitigar dichas consecuencias.
• (32) A menudo, las v韈timas tardan bastante tiempo en darse cuenta de que han sufrido p閞didas econ髆icas como consecuencia de un delito de fraude o de falsificaci髇. Durante ese tiempo, podr韆 tener lugar una sucesi髇 de delitos interrelacionados, lo que agravar韆 las consecuencias negativas para las v韈timas.
• (33) A las personas f韘icas v韈timas de un fraude relacionado con medios de pago distintos del efectivo les asisten los derechos que les confiere la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y el Consejo (11) . Los Estados miembros deben adoptar medidas de apoyo y asistencia a tales v韈timas basadas en las establecidas en dicha Directiva, pero que respondan de forma m醩 directa a las necesidades espec韋icas de las v韈timas de fraude relacionado con la usurpaci髇 de identidad. Tales medidas deben incluir, en particular, la comunicaci髇 de una lista de instituciones que se ocupen espec韋icamente de los distintos aspectos de los delitos relacionados con la identidad y del apoyo a las v韈timas, apoyo psicol骻ico especializado y asesoramiento sobre cuestiones financieras, pr醕ticas y jur韉icas, as� como asistencia sobre la forma de obtener las indemnizaciones disponibles. Se debe alentar a los Estados miembros a que pongan en marcha un instrumento nacional 鷑ico de informaci髇 en l韓ea para facilitar a las v韈timas el acceso a los servicios de asistencia y apoyo. A las personas jur韉icas ha de ofrec閞seles igualmente informaci髇 y asesoramiento espec韋icos sobre la protecci髇 contra las consecuencias negativas de dichos delitos.
• (34) La presente Directiva debe prever el derecho de las personas jur韉icas a acceder a informaci髇, de conformidad con lo dispuesto en la legislaci髇 nacional, sobre los procedimientos para presentar denuncias. Este derecho es especialmente necesario para las peque馻s y medianas empresas y debe contribuir a crear un entorno empresarial m醩 favorable para este tipo de empresas. Las personas f韘icas ya gozan de este derecho en virtud de lo dispuesto en la Directiva 2012/29/UE.
• (35) Los Estados miembros, con la ayuda de la Comisi髇, deben establecer o consolidar pol韙icas destinadas a prevenir el fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo y medidas destinadas a reducir el riesgo de ocurrencia de tales infracciones, mediante campa馻s de informaci髇 y sensibilizaci髇. En este contexto los Estados miembros podr韆n implantar y mantener actualizada una herramienta de informaci髇 permanente en l韓ea con ejemplos concretos de pr醕ticas fraudulentas, en un formato f醕il de entender. Ese instrumento podr韆 estar conectado a herramienta nacional de informaci髇 permanente en l韓ea para las v韈timas o formar parte de ella. Los Estados miembros pueden tambi閚 implantar programas de investigaci髇 y educaci髇. Debe prestarse especial atenci髇 a los intereses y las necesidades de las personas vulnerables. Se anima a los Estados miembros a velar por que se destine financiaci髇 suficiente a dichas campa馻s.
• (36) Es necesario recoger datos estad韘ticos sobre el fraude y la falsificaci髇 de instrumentos de pago distintos del efectivo. Los Estados miembros tienen, por tanto, la obligaci髇 de garantizar la implantaci髇 de un sistema adecuado de recogida, elaboraci髇 y suministro de los datos estad韘ticos existentes sobre las infracciones contempladas en la presente Directiva.
• (37) La presente Directiva pretende modificar y ampliar las disposiciones de la Decisi髇 Marco 2001/413/JAI. Dado que las modificaciones que hay que introducir son importantes, tanto por su n鷐ero como por su naturaleza, la Decisi髇 Marco 2001/413/JAI debe, en aras de la claridad, ser sustituida en su totalidad para los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.
• (38) De conformidad con lo dispuesto en los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n.� 21 sobre la posici髇 del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Uni髇 Europea (TUE) y al Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE), y sin perjuicio del art韈ulo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopci髇 de la presente Directiva y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicaci髇.
• (39) De conformidad con lo dispuesto en los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n.� 22 sobre la posici髇 de Dinamarca, anejo al TUE y el TFUE, Dinamarca no participa en la adopci髇 de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicaci髇.
• (40) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar que el fraude y la falsificaci髇 de medios de pago distintos del efectivo sean castigados con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, y mejorar y fomentar la cooperaci髇 transfronteriza entre las autoridades competentes, as� como entre las personas f韘icas y jur韉icas y las autoridades competentes, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones o efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
• (41) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, especialmente, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea, en particular el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, la protecci髇 de los datos personales, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunci髇 de inocencia y los derechos de la defensa, los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, as� como el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito. La presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de tales derechos y principios y debe aplicarse en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

T蚑ULO I
OBJETO Y DEFINICIONES

T蚑ULO II
INFRACCIONES

T蚑ULO III
JURISDICCI覰 E INVESTIGACI覰

T蚑ULO IV
INTERCAMBIO DE INFORMACI覰 Y DENUNCIA DE LAS ACTIVIDADES DELICTIVAS

Art韈ulo 19 Sustituci髇 de la Decisi髇 Marco 2001/413/JAI

Queda sustituida, en relaci髇 con los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, la Decisi髇 Marco 2001/413/JAI, sin perjuicio de las obligaciones de esos Estados miembros en lo que respecta a la fecha de transposici髇 de dicha Decisi髇 Marco al Derecho nacional.

En lo que respecta a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, las referencias a la Decisi髇 Marco 2001/413/JAI se entender醤 hechas a la presente Directiva.

LE0000107566_20010602

Art韈ulo 20 Transposici髇

1. Los Estados miembros adoptar醤 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a m醩 tardar el 31 de mayo de 2021. Informar醤 de ello inmediatamente a la Comisi髇.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluir醤 una referencia a la presente Directiva o ir醤 acompa馻das de dicha referencia en su publicaci髇 oficial. Los Estados miembros establecer醤 las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicar醤 a la Comisi髇 el texto de las medidas de Derecho nacional que adopten en el 醡bito regulado por la presente Directiva.

V閍se la L.O. 14/2022, de 22 de diciembre, de transposici髇 de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptaci髇 de la legislaci髇 penal al ordenamiento de la Uni髇 Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, des髍denes p鷅licos y contrabando de armas de doble uso (獴.O.E.� 23 diciembre).LE0000744350_20230112