Sumario

El Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el Registro de empresas de ventas a distancia, se aprobó con el fin de adaptar la regulación del Registro al nuevo marco normativo definido por la sentencia 124/2003, de 19 de junio de 2003, del Tribunal Constitucional y para mejorar su regulación en aspectos tales como la coordinación de la actividad sancionadora de las comunidades autónomas.

El Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en su reunión celebrada el día 23 de mayo de 2006, adoptó el acuerdo de dirigir al Gobierno del Estado un requerimiento de incompetencia contra el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por considerar que el artículo 10 del citado real decreto vulnera la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de comercio interior y defensa del consumidor y usuario.

El requerimiento de incompetencia se concreta en solicitar del Gobierno que derogue o, subsidiariamente, dé una nueva redacción al artículo 10 del Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por considerar que altera el régimen de distribución de competencias al no respetar el principio de territorialidad en el ejercicio de las competencias sancionadoras en materia de consumo.

El artículo 10 del Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, que se modifica, establece en el caso de empresas españolas, el domicilio social como punto de conexión a la hora de determinar la comunidad autónoma competente para iniciar un procedimiento sancionador por las infracciones a que se refiere el artículo 65.1.ñ) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

En relación con lo anterior, la comunidad autónoma entiende que corresponde a la Generalidad de Cataluña la potestad sancionadora respecto de las infracciones cometidas en el ámbito de su mercado interior independientemente del domicilio social de la infractora.

El Gobierno de la Nación, en contestación al requerimiento de incompetencia, aclara que el fin de la normativa en materia de infracciones y sanciones de la Ley 7/1996, de 15 de enero, es disciplinar la actividad comercial y no el consumo, si bien tiene en cuenta el principio general de protección de los consumidores y usuarios.

El Gobierno recuerda que, si bien cada comunidad autónoma es competente para sancionar las infracciones cometidas en su territorio dentro de sus competencias materiales, independientemente del domicilio del sancionado, el Estado es el competente para determinar los puntos de conexión en materia de procedimiento sancionador para el caso de infracciones supraautonómicas.

El Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, en la reunión celebrada el día 23 de junio de 2006, por el que se da contestación al requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en relación con el artículo 10 del Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, acepta dar una nueva redacción al artículo 10 del citado real decreto.

Ocurre que en el momento de la adopción del acuerdo, el artículo 10 diferencia dos tipos de infracciones a la hora de determinar los puntos de conexión, las infracciones del artículo 65.1.a) y las del artículo 65.1.ñ) de la Ley 7/1996, de 15 de enero.

Como quiera que durante la tramitación de este real decreto ha tenido lugar la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que incorpora a su articulado la práctica totalidad del régimen de ventas a distancia, es únicamente necesario referirse a las infracciones del artículo 65.1.a) puesto que las contempladas en el ya derogado 65.1.ñ) están previstas en el actual artículo 49.2 del citado real decreto legislativo.

De esta forma, en el supuesto de las infracciones contempladas en el artículo 65.1.a) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, el domicilio social será el único criterio para determinar el punto de conexión.

Este real decreto se dicta de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38.2 y 63.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, en los que se prevé la existencia de un Registro de empresas de ventas a distancia de ámbito nacional y se atribuye la competencia sancionadora en materia de comercio interior a las comunidades autónomas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de febrero de 2008,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES