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Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (Vigente hasta el 30 de Julio de 2011).

Ficha:
  • Órgano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE de
  • Vigencia desde 12 de Mayo de 1998. Esta revisión vigente desde 31 de Diciembre de 2010 hasta 30 de Julio de 2011

Sumario

Derogado por
Ir a Norma L 22/2011 de 28 Jul. (residuos y suelos contaminados)
Norma afectada por
31/12/2010
Ir a Norma L 40/2010 de 29 Dic. (almacenamiento geológico de dióxido de carbono)
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Letra a) del número 1 del artículo 2 redactada por la disposición final cuarta de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono («B.O.E.» 30 diciembre). Ir a Norma
27/12/2009
Ir a Norma L 25/2009 de 22 Dic. (modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio)
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Artículo 6 bis introducido por el número uno del artículo 32 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre). Ir a Norma Artículo 10 redactado por el número dos del artículo 32 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre). Ir a Norma Apartado 1 del artículo 13 redactado por el número tres del artículo 32 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre). Ir a Norma Artículo 15 redactado por el número cuatro del artículo 32 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre). Ir a Norma
17/11/2007
Ir a Norma L 34/2007 de 15 Nov. (de calidad del aire y protección de la atmósfera)
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Último párrafo del número 1 del artículo 11 introducido por la disposición final primera de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera («B.O.E.» 16 noviembre). Ir a Norma
1/1/2004
Ir a Norma L 62/2003 de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social)
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Apartado 1 del artículo 8 renumerado por el apartado uno del artículo 128 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Ir a Norma Apartado 2 del artículo 8 introducido por el apartado uno del artículo 128 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Ir a Norma Párrafo 2.º del número 4 del artículo 27 redactado por el apartado dos del artículo 128 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Ir a Norma Letra k) del número 2 del artículo 34 introducida por el apartado tres del artículo 128 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Ir a Norma Letra l) del número 2 del artículo 34 introducida por el apartado tres del artículo 128 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Ir a Norma Letra m) del número 3 del artículo 34 introducida por el apartado cuatro del artículo 128 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Ir a Norma Letra n) del número 3 del artículo 34 introducida por el apartado cuatro del artículo 128 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Ir a Norma Número 3 del artículo 35 introducido por el apartado cinco del artículo 128 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Ir a Norma
3/7/2002
Ir a Norma L 16/2002 de 1 Jul. (prevención y control integrados de la contaminación)
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Párrafo segundo del número 2 del artículo 13 introducido por la Disposición Final 3.ª de la Ley 16/2002, 1 julio, de prevención y control integrados de la contaminación («B.O.E.» 2 julio). Ir a Norma Téngase en cuenta que el número 2 de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación («B.O.E.» 2 julio), establece lo siguiente:«2. En particular, se derogan, respecto de las actividades industriales incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, las prescripciones establecidas en la legislación sectorial que se cita a continuación, en relación con los procedimientos de solicitud, concesión, revisión y cumplimiento de las siguientes autorizaciones ambientales: Autorizaciones de producción y gestión de residuos reguladas en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos...» Ir a Norma
1/1/2002
Ir a Norma L 24/2001 de 27 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social)
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Disposición Adicional 9.ª introducida por el artículo 93 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre). Ir a Norma
Ir a Norma R Medio Ambiente 21 Nov. 2001 (convierte a euros las cuantías correspondientes a las sanciones impuestas en el ámbito del M.º de Medio Ambiente)
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Conversión a euros de las cuantías establecidas en el presente artículo conforme lo previsto en la Resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2001. Ir a Norma
17/2/2001
Ir a Norma RDL 4/2001 de 16 Feb. (régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales)
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Disposición Adicional 8.ª introducida por el artículo 1 del R.D.-Ley 4/2001, 16 febrero, sobre el régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales («B.O.E.» 17 febrero). Ir a Norma
Ley 10/1998, 21 abril, derogada por el apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados («B.O.E.» 29 julio) el 30 de julio de 2011. Téngase en cuenta que la Ley 10/1998, 21 abril, fue derogada por el apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados («B.O.E.» 29 julio) el 30 de julio de 2011.

La Directiva Comunitaria 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975, ha significado la asunción por la Unión Europea de la moderna concepción de la política de residuos, consistente en abandonar la clasificación en dos únicas modalidades (general y peligrosos) y establecer una norma común para todos ellos, que podrá ser completada con una regulación específica para determinadas categorías de residuos.

La adecuación de nuestro Derecho a este cambio sería ya razón suficiente para la promulgación de esta Ley. Se pretende, sin embargo, contribuir también a la protección del medio ambiente coordinando la política de residuos con las políticas económica, industrial y territorial, al objeto de incentivar su reducción en origen y dar prioridad a la reutilización, reciclado y valorización de los residuos sobre otras técnicas de gestión.

Esta Ley es aplicable a todo tipo de residuos, con excepción de las emisiones a la atmósfera, los residuos radiactivos y los vertidos a las aguas. Respecto a los residuos mineros, la eliminación de animales muertos y otros desperdicios de origen animal, los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas que no sean peligrosos y se utilicen exclusivamente en el marco de dichas explotaciones y los explosivos desclasificados, la Ley sólo será de aplicación en los aspectos no regulados expresamente por su normativa específica.

Siguiendo el criterio de la normativa comunitaria, como complemento de esta regulación de carácter general se podrán dictar, posteriormente, normas para los diferentes tipos de residuos, con la finalidad de establecer disposiciones particulares sobre su producción o gestión.

En cuanto al ejercicio efectivo de las competencias sobre residuos, la Ley respeta el reparto constitucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas, al tiempo que garantiza las competencias que tradicionalmente han venido ejerciendo las Entidades locales en materia de residuos sólidos urbanos.

La Ley prevé la elaboración de planes nacionales de residuos, que resultarán de la integración de los respectivos planes autonómicos de gestión, y admite la posibilidad de que las Entidades locales puedan elaborar sus propios planes de gestión de residuos urbanos.

Por otra parte, no se limita la Ley a regular los residuos una vez generados, sino que también los contempla en la fase previa a su generación, regulando las actividades de los productores, importadores y adquirentes intracomunitarios y, en general, las de cualquier persona que ponga en el mercado productos generadores de residuos. Con la finalidad de lograr una estricta aplicación del principio de «quien contamina paga», la Ley hace recaer sobre el bien mismo, en el momento de su puesta en el mercado, los costos de la gestión adecuada de los residuos que genera dicho bien y sus accesorios, tales como el envasado o embalaje. Con ello, además, se acomoda el desarrollo económico de España a los principios proclamados en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y el Desarrollo y la Agenda 21, firmados por España en la Conferencia Internacional de Río de Janeiro de 1992 y a los principios de la política comunitaria de medio ambiente, tal como figuran recogidos en el artículo 130.R del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, tras las modificaciones introducidas por el Tratado de la Unión Europea.

Debe destacarse, asimismo, el fomento de la colaboración entre la Administración y los responsables de la puesta en el mercado de productos que con su uso se transforman en residuos, mediante la creación de un marco jurídico adecuado, con la suficiente operatividad, para la suscripción de acuerdos voluntarios y de convenios de colaboración.

Con carácter general, se establece el régimen al que habrá de adecuarse la producción, la posesión y la gestión de residuos, manteniéndose un mínimo nivel de intervencionismo administrativo en los supuestos de eliminación y valorización de los residuos dentro del propio proceso productivo, cuando ello permita al gestor beneficiarse de las medidas de incentivación de mercados de valorización.

La Ley regula también la forma en que habrá de hacerse la recogida de los residuos urbanos por las Entidades locales, el traslado interno y externo de los residuos dentro del margen de limitación de movimientos que a los Estados miembros de la Unión Europea permite el Reglamento 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y control de los traslados de residuos en el interior y a la entrada y salida de la Comunidad Europea, tomándose como básico el principio de proximidad, y regulándose también los supuestos en los que las Comunidades Autónomas pueden limitar su movimiento dentro del territorio nacional.

Para la consecución de los objetivos de reducción, reutilización, reciclado y valorización, así como para promover las tecnologías menos contaminantes en la eliminación de residuos, la Ley prevé que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan establecer instrumentos de carácter económico y medidas de incentivación.

Asimismo, se dictan normas sobre la declaración de suelos contaminados y se regula la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de lo establecido en esta Ley, tipificándose tanto las conductas que constituyen infracción como las sanciones que procede imponer como consecuencia de ello, que pueden llegar hasta un máximo de 200.000.000 de pesetas, en el supuesto de infracciones muy graves.

Por otra parte, es preciso destacar que algunas de las obligaciones que esta Ley impone a las Entidades locales en materia de residuos, suponen una modificación del régimen general establecido en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Así, se atribuye de forma genérica a las Entidades locales, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y la eliminación de los residuos urbanos, mientras que en la actualidad sólo existe esta obligación para municipios de más de 5.000 habitantes. Igualmente, se obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos, a partir del año 2001, lo que tampoco está contemplado en el artículo 26.2.b) de la Ley 7/1985.

En la articulación de la presente Ley confluyen una pluralidad de títulos competenciales del Estado, entre los que cabe destacar el de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de acuerdo con el artículo 149.1.23.ª de la Constitución. Otros títulos habilitantes son los derivados del artículo 149.1.8.ª, ordenación de los registros públicos; 10.ª, comercio exterior, en la medida en que se dictan normas sobre la importación y exportación de residuos a países terceros, y 18.ª, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, por la modificación de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.