Sumario

Ley 10/1998, 21 abril, derogada por el apartado 1 de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (�B.O.E.� 29 julio) el 30 de julio de 2011. T�ngase en cuenta que la Ley 10/1998, 21 abril, fue derogada por el apartado 1 de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (�B.O.E.� 29 julio) el 30 de julio de 2011.

La Directiva Comunitaria 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975, ha significado la asunci�n por la Uni�n Europea de la moderna concepci�n de la pol�tica de residuos, consistente en abandonar la clasificaci�n en dos �nicas modalidades (general y peligrosos) y establecer una norma com�n para todos ellos, que podr� ser completada con una regulaci�n espec�fica para determinadas categor�as de residuos.

La adecuaci�n de nuestro Derecho a este cambio ser�a ya raz�n suficiente para la promulgaci�n de esta Ley. Se pretende, sin embargo, contribuir tambi�n a la protecci�n del medio ambiente coordinando la pol�tica de residuos con las pol�ticas econ�mica, industrial y territorial, al objeto de incentivar su reducci�n en origen y dar prioridad a la reutilizaci�n, reciclado y valorizaci�n de los residuos sobre otras t�cnicas de gesti�n.

Esta Ley es aplicable a todo tipo de residuos, con excepci�n de las emisiones a la atm�sfera, los residuos radiactivos y los vertidos a las aguas. Respecto a los residuos mineros, la eliminaci�n de animales muertos y otros desperdicios de origen animal, los residuos producidos en las explotaciones agr�colas y ganaderas que no sean peligrosos y se utilicen exclusivamente en el marco de dichas explotaciones y los explosivos desclasificados, la Ley s�lo ser� de aplicaci�n en los aspectos no regulados expresamente por su normativa espec�fica.

Siguiendo el criterio de la normativa comunitaria, como complemento de esta regulaci�n de car�cter general se podr�n dictar, posteriormente, normas para los diferentes tipos de residuos, con la finalidad de establecer disposiciones particulares sobre su producci�n o gesti�n.

En cuanto al ejercicio efectivo de las competencias sobre residuos, la Ley respeta el reparto constitucional entre el Estado y las Comunidades Aut�nomas, al tiempo que garantiza las competencias que tradicionalmente han venido ejerciendo las Entidades locales en materia de residuos s�lidos urbanos.

La Ley prev� la elaboraci�n de planes nacionales de residuos, que resultar�n de la integraci�n de los respectivos planes auton�micos de gesti�n, y admite la posibilidad de que las Entidades locales puedan elaborar sus propios planes de gesti�n de residuos urbanos.

Por otra parte, no se limita la Ley a regular los residuos una vez generados, sino que tambi�n los contempla en la fase previa a su generaci�n, regulando las actividades de los productores, importadores y adquirentes intracomunitarios y, en general, las de cualquier persona que ponga en el mercado productos generadores de residuos. Con la finalidad de lograr una estricta aplicaci�n del principio de �quien contamina paga�, la Ley hace recaer sobre el bien mismo, en el momento de su puesta en el mercado, los costos de la gesti�n adecuada de los residuos que genera dicho bien y sus accesorios, tales como el envasado o embalaje. Con ello, adem�s, se acomoda el desarrollo econ�mico de Espa�a a los principios proclamados en la Declaraci�n de R�o de Janeiro sobre Medio Ambiente y el Desarrollo y la Agenda 21, firmados por Espa�a en la Conferencia Internacional de R�o de Janeiro de 1992 y a los principios de la pol�tica comunitaria de medio ambiente, tal como figuran recogidos en el art�culo 130.R del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, tras las modificaciones introducidas por el Tratado de la Uni�n Europea.

Debe destacarse, asimismo, el fomento de la colaboraci�n entre la Administraci�n y los responsables de la puesta en el mercado de productos que con su uso se transforman en residuos, mediante la creaci�n de un marco jur�dico adecuado, con la suficiente operatividad, para la suscripci�n de acuerdos voluntarios y de convenios de colaboraci�n.

Con car�cter general, se establece el r�gimen al que habr� de adecuarse la producci�n, la posesi�n y la gesti�n de residuos, manteni�ndose un m�nimo nivel de intervencionismo administrativo en los supuestos de eliminaci�n y valorizaci�n de los residuos dentro del propio proceso productivo, cuando ello permita al gestor beneficiarse de las medidas de incentivaci�n de mercados de valorizaci�n.

La Ley regula tambi�n la forma en que habr� de hacerse la recogida de los residuos urbanos por las Entidades locales, el traslado interno y externo de los residuos dentro del margen de limitaci�n de movimientos que a los Estados miembros de la Uni�n Europea permite el Reglamento 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y control de los traslados de residuos en el interior y a la entrada y salida de la Comunidad Europea, tom�ndose como b�sico el principio de proximidad, y regul�ndose tambi�n los supuestos en los que las Comunidades Aut�nomas pueden limitar su movimiento dentro del territorio nacional.

Para la consecuci�n de los objetivos de reducci�n, reutilizaci�n, reciclado y valorizaci�n, as� como para promover las tecnolog�as menos contaminantes en la eliminaci�n de residuos, la Ley prev� que las Administraciones p�blicas, en el �mbito de sus respectivas competencias, puedan establecer instrumentos de car�cter econ�mico y medidas de incentivaci�n.

Asimismo, se dictan normas sobre la declaraci�n de suelos contaminados y se regula la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de lo establecido en esta Ley, tipific�ndose tanto las conductas que constituyen infracci�n como las sanciones que procede imponer como consecuencia de ello, que pueden llegar hasta un m�ximo de 200.000.000 de pesetas, en el supuesto de infracciones muy graves.

Por otra parte, es preciso destacar que algunas de las obligaciones que esta Ley impone a las Entidades locales en materia de residuos, suponen una modificaci�n del r�gimen general establecido en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de R�gimen Local.

As�, se atribuye de forma gen�rica a las Entidades locales, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y la eliminaci�n de los residuos urbanos, mientras que en la actualidad s�lo existe esta obligaci�n para municipios de m�s de 5.000 habitantes. Igualmente, se obliga a los municipios de m�s de 5.000 habitantes a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos, a partir del a�o 2001, lo que tampoco est� contemplado en el art�culo 26.2.b) de la Ley 7/1985.

En la articulaci�n de la presente Ley confluyen una pluralidad de t�tulos competenciales del Estado, entre los que cabe destacar el de legislaci�n b�sica sobre protecci�n del medio ambiente, de acuerdo con el art�culo 149.1.23.� de la Constituci�n. Otros t�tulos habilitantes son los derivados del art�culo 149.1.8.�, ordenaci�n de los registros p�blicos; 10.�, comercio exterior, en la medida en que se dictan normas sobre la importaci�n y exportaci�n de residuos a pa�ses terceros, y 18.�, bases del r�gimen jur�dico de las Administraciones p�blicas, por la modificaci�n de la Ley reguladora de las Bases de R�gimen Local.