Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I

El principal objetivo de la pol�tica econ�mica desarrollada por el Gobierno es aumentar el bienestar de los ciudadanos. Para alcanzar este objetivo, es preciso impulsar un modelo de crecimiento equilibrado, sostenido y sostenible, basado en el aumento de la productividad y del empleo, que permita atender las necesidades colectivas y promover una mayor cohesi�n social, al tiempo que facilite la respuesta a los retos derivados de la cada vez mayor integraci�n econ�mica en los mercados europeos y mundiales.

El modelo de crecimiento econ�mico seguido en los �ltimos a�os, aunque ha contribuido a aproximar los niveles de renta per c�pita de Espa�a a los de los pa�ses m�s avanzados de la Uni�n Europea, ha presentado carencias que es indispensable afrontar y corregir. Por un lado, se ha apoyado en factores, como el favorable tipo de cambio con que se entr� en la moneda �nica o la significativa reducci�n de los tipos de inter�s, cuyos efectos positivos tienden a moderarse. Por otro lado, este modelo presenta una debilidad estructural que, adem�s, se ha intensificado en los �ltimos a�os: la escasa contribuci�n de la productividad al crecimiento. Esta debilidad ha dado lugar a que el nivel medio de productividad de la econom�a espa�ola se haya alejado, en los �ltimos a�os, del de los pa�ses m�s avanzados de nuestro entorno, en lugar de converger.

El alejamiento con respecto a los niveles de productividad de los pa�ses m�s avanzados representa un serio riesgo para la evoluci�n de la econom�a espa�ola, tanto a largo plazo como de forma m�s inmediata. A largo plazo, la productividad es el principal determinante del crecimiento econ�mico y su aumento es esencial para garantizar la sostenibilidad futura del estado del bienestar, especialmente en el marco de envejecimiento de la poblaci�n al que se enfrenta nuestra sociedad. De forma m�s inmediata, en el contexto de creciente apertura e integraci�n de la econom�a espa�ola en los mercados europeos e internacionales, el aumento de la productividad es indispensable para absorber los incrementos en los costes de producci�n y evitar as� p�rdidas de competitividad que supondr�an un freno al crecimiento.

En consecuencia, es necesario adoptar reformas que impulsen el aumento de la productividad en el sistema econ�mico. Se trata, por esta v�a, de contribuir a situar a la econom�a espa�ola en condiciones de comenzar a corregir las carencias de su pauta de crecimiento, como v�a para garantizar su sostenibilidad.

Con estos prop�sitos, a trav�s de esta Ley, se introducen reformas de impulso y est�mulo a la productividad que forman parte de un conjunto m�s amplio, en el que se estructuran y coordinan una variedad de actuaciones, en diferentes �mbitos y con distintos plazos de ejecuci�n, orientadas a dinamizar la econom�a espa�ola e impulsar su productividad.

II

Mediante esta Ley se regulan una serie de materias cuyo contenido esencial lo constituyen las reformas de car�cter liberalizador en los mercados de bienes y servicios que persiguen, a trav�s del impulso a la competencia efectiva, estimular el aumento de la productividad y, por esta v�a, contribuir a corregir las carencias ya se�aladas en el modelo de crecimiento econ�mico.

Adicionalmente, se recogen medidas de car�cter administrativo, incluyendo el �mbito de la fe p�blica, que tienen por objeto la mejora en el funcionamiento de la Administraci�n en sus relaciones con los ciudadanos.

III

En el T�tulo I se recogen un conjunto de reformas en materia de mercados de productos y servicios, que potencian las condiciones de competencia efectiva en diversos sectores de la econom�a espa�ola.

En el cap�tulo primero se avanza en la reforma de los mercados energ�ticos, donde se adoptan medidas para fomentar un comportamiento m�s eficiente de los agentes y profundizar en una liberalizaci�n ordenada del sector, que, dado su car�cter de insumo estrat�gico, debe traducirse en ganancias de productividad para el conjunto de la econom�a.

Como medida de tipo horizontal, se habilita al Gobierno a actualizar el r�gimen retributivo de la Comisi�n Nacional de Energ�a. Esta medida permitir� adaptar los ingresos de la Comisi�n a sus necesidades financieras, debidamente justificadas.

Respecto al Sector El�ctrico, con el objetivo de impulsar el cumplimiento del Plan de Fomento de las Energ�as Renovables en Espa�a 2000-2010, se adoptan medidas destinadas a fomentar el desarrollo de la biomasa permitiendo la combusti�n de esta materia prima en las instalaciones del r�gimen ordinario. Asimismo, se permite que, con car�cter excepcional, la biomasa pueda superar los l�mites generales que la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico, prev� para la producci�n de energ�a el�ctrica del r�gimen especial.

Por otra parte, para reforzar la estabilidad y consistencia de este sistema, es preciso constituir una nueva entidad p�blica empresarial que sustituya a la actual Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A., y disponga de recursos suficientes para dotar el Fondo para la financiaci�n de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.

En el Sector de Hidrocarburos, se adoptan medidas adicionales para mejorar el r�gimen de comercializaci�n de carburantes en las cooperativas agr�colas.

Se adoptan tambi�n una serie de medidas complementarias que permitir�n mejorar el funcionamiento del mercado de los hidrocarburos gaseosos. En este sentido, se revisa la planificaci�n para especificar que �sta tiene car�cter obligatorio, no exclusivamente de m�nimos; y se habilita a la Comisi�n Nacional de Energ�a (CNE) para resolver las liquidaciones de gas.

Por �ltimo, se introducen reformas para mejorar el marco regulatorio de la generaci�n el�ctrica de origen nuclear. En este sentido, se clarifica que las Instrucciones dictadas por el Consejo de Seguridad Nuclear tienen car�cter vinculante; se da nueva redacci�n a determinados art�culos de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energ�a Nuclear; y se habilita un mecanismo de mercado para valorar los emplazamientos de las centrales nucleares en moratoria.

En el cap�tulo segundo se reforma la regulaci�n del sistema de distribuci�n del mercado de tabacos, con el objeto de posibilitar una competencia efectiva que impulse mejoras de productividad compatibles con las necesarias medidas de prevenci�n y control del tabaquismo y con las exigencias derivadas de nuestros compromisos internacionales en esta materia, en particular, con los asumidos en el Convenio Marco de la Organizaci�n Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, ratificado por Espa�a en enero de 2005. Por un lado, se eliminan restricciones innecesarias, que dificultan el desarrollo de la iniciativa empresarial en el mercado de la distribuci�n mayorista. As�, se elimina la obligatoriedad de tener que contar con almacenes propios y con una direcci�n exclusiva del transporte. Por otro lado, se adoptan reformas para impulsar la eficiencia y la productividad en el funcionamiento de la red de distribuci�n minorista, con respeto a las limitaciones que en este punto contiene nuestra legislaci�n sobre venta, consumo y publicidad de productos del tabaco. As�, se permite que los estancos puedan transportar el tabaco a sus clientes del segundo canal; se suavizan las restricciones que se les impon�an al suministro al segundo canal, y, adicionalmente, se permite la transmisi�n de las actuales expendedur�as a personas no familiares del titular. Asimismo, se reduce, a 25 a�os, el plazo de las concesiones que se efect�en a partir de la entrada en vigor de esta Ley, as� como de las que se transmitan.

En el cap�tulo tercero se profundiza en la liberalizaci�n de los servicios funerarios, dotando de habilitaci�n para operar en todo el territorio nacional a las empresas que cuenten con autorizaci�n de cualquier Ayuntamiento, lo que facilitar� la competencia entre prestadores, incentivando un aumento de su productividad.

En el cap�tulo cuarto, la iniciativa de modernizaci�n de destinos tur�sticos maduros responde a la necesidad de renovar en profundidad un activo de gran valor en nuestra oferta, que ofrece claros signos de madurez. Esta iniciativa supone un instrumento de apoyo a las administraciones locales y a la industria tur�stica privada para la recuperaci�n de estos destinos, que permite su correcta comercializaci�n, en aras de un mercado tur�stico de calidad y crecimiento competitivo.

IV

En el T�tulo II se introducen reformas para la mejora del funcionamiento de la Administraci�n.

En el cap�tulo primero se emprenden una serie de mejoras de los tr�mites administrativos que afectan tanto a ciudadanos como a empresas. As�, se establecen f�rmulas para hacer compatibles las indudables ventajas de rapidez y sencillez que conlleva el uso de la denominaci�n social establecida para la constituci�n de la Sociedad Limitada Nueva Empresa, con la utilizaci�n, en su caso, a posteriori, de otras denominaciones sociales m�s atractivas para la actividad comercial de las empresas. Adem�s, mediante la correspondiente disposici�n adicional, se except�an del pago de aranceles notariales y registrales los cambios de denominaci�n de este tipo de sociedades que se realicen en el plazo de tres meses desde su constituci�n o desde la entrada en vigor de esta Ley. Se evitan as�, costes que podr�an limitar los efectos dinamizadores de la regulaci�n de estas sociedades.

En el cap�tulo segundo, en lo relativo a la fe p�blica, o a nuestro sistema de seguridad jur�dica preventiva, se introducen diferentes reformas que tienen por finalidad esencial acomodar el mismo a las exigencias de una econom�a moderna, con especial incidencia en su agilidad y utilizaci�n efectiva de las t�cnicas inform�ticas, electr�nicas y telem�ticas.

As�, se introducen reformas en lo relativo al c�mputo de los plazos de inscripci�n de los t�tulos en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, para dinamizar y agilizar el tr�fico jur�dico civil y mercantil cuando de la inscripci�n de actos y negocios jur�dicos se trata. En ese sentido, se exige, para controlar el adecuado cumplimiento de tales plazos, que se proporcione a la Administraci�n informaci�n suficiente para su verificaci�n.

Asimismo, se hace imprescindible adoptar las reformas precisas para que sea posible la presentaci�n telem�tica de documentos en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, pues la actual situaci�n de la tecnolog�a ampara dicha posibilidad. Esta reforma exigida por los operadores econ�micos es l�gica y necesaria, atendidas las exigencias de la sociedad de la informaci�n y, por ello, se elimina cualquier tipo de traba que pueda existir. Debe hacerse especial menci�n a la posibilidad de que se pueda obtener publicidad formal de modo telem�tico, permitiendo que los ciudadanos puedan solicitar de modo real y efectivo dicho tipo de publicidad, lo que les permitir� conocer de modo m�s �gil y r�pido el contenido de los Registros. Cabe a�adir que, igualmente, y como medida de eficiencia administrativa, se permite que los funcionarios, empleados p�blicos y autoridad judicial puedan acceder al contenido de los Libros del Registro sin intermediaci�n del registrador, cuando del ejercicio de su funci�n p�blica se trata, lo que resulta un adecuado corolario de la presunci�n de inter�s en el conocimiento de dichos Libros del que gozan dichos funcionarios, empleados p�blicos y autoridad judicial.

Adem�s, se incluyen dos diferentes tipos de reformas, respecto del sistema de seguridad jur�dica preventiva, ambas �ntimamente conectadas, y que permitir�n incrementar su eficacia. De un lado, se mejora el r�gimen de recursos frente a la calificaci�n dado que la experiencia habida hasta el momento ha puesto de manifiesto las disfunciones de su r�gimen jur�dico. Entre otros aspectos, se aclara y concreta la imposibilidad de que el registrador pueda recurrir la decisi�n de su superior jer�rquico cuando revoca su calificaci�n; por id�ntica raz�n, se mantiene y aclara la vinculaci�n de todos los registradores a las resoluciones de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado cuando resuelve recursos frente a la calificaci�n. Estas medidas tienen como consecuencia inmediata la agilizaci�n del sistema de los recursos, con el consiguiente impulso en el �mbito de la eficiencia administrativa y el correlativo en la productividad del pa�s.

De otro, se mejora y modifica el r�gimen disciplinario registral y notarial, pues es necesario que, para mejorar la calidad del sistema, se disponga de un r�gimen disciplinario que responda a las necesidades reales. Desde esta perspectiva, la experiencia habida ha mostrado la ineficiencia del sistema, lo que debe ser corregido, ya que notarios y registradores son funcionarios p�blicos que dependen jer�rquicamente del Ministerio de Justicia a trav�s de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado (art�culo 307 del Reglamento Notarial, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, y art�culo 274 de la Ley Hipotecaria, aprobado el texto refundido por Decreto de 8 de febrero de 1946), siendo preciso acentuar dicha situaci�n en orden a aclarar determinados tipos de su r�gimen disciplinario. Debe a�adirse que la mejora de este r�gimen tiene una vinculaci�n directa con la eficiencia administrativa.

Por �ltimo, se introducen otras reformas para, por un lado, precisar la responsabilidad registral en la emisi�n de notas simples y, por otro, aclarar el procedimiento de inscripci�n registral del juicio de suficiencia notarial.

Por otro lado, a trav�s de las correspondientes disposiciones adicionales se establece un mandato para que los fedatarios p�blicos informen sobre la aplicaci�n del arancel y se regula la cesi�n de informaci�n de car�cter tributario por medios inform�ticos o telem�ticos, en aquellos procedimientos administrativos en los que sea necesario obtener informaci�n de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria. Estas medidas contribuyen, respectivamente, a reforzar la transparencia en materia de fe p�blica y a la reducci�n de cargas y costes administrativos, tanto para la propia Administraci�n, como para los ciudadanos y las empresas.

Finalmente, el cap�tulo tercero introduce mejoras en los tr�mites administrativos al excluir del �mbito de aplicaci�n de la Ley General de Subvenciones la actividad subvencional de las Diputaciones Provinciales. De esta forma se evitan tr�mites innecesarios que no aportan valor a�adido y generan altos costes de transacci�n, partiendo de que la actividad de cooperaci�n desarrollada por las Diputaciones Provinciales respecto a los municipios responde a una naturaleza diferente, orientada a garantizar unos par�metros de igualdad de todos los ciudadanos en el disfrute de los servicios p�blicos, al mismo tiempo que tiene un car�cter obligatorio e irrenunciable.

V

Las reformas adoptadas mediante esta Ley que, como se ha se�alado, se integran en un conjunto m�s amplio, tienen por objeto proporcionar un impulso directo al aumento de la productividad econ�mica. Al tiempo, estas reformas generan confianza y proporcionan una clara se�al a los mercados y agentes econ�micos del decidido compromiso de la pol�tica econ�mica espa�ola con el aumento de la productividad que, junto con la estabilidad presupuestaria y el fomento de la transparencia, se configura como uno de los ejes a trav�s de los cuales se contribuye al objetivo de mejora del bienestar de los ciudadanos.