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Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Sumario

Ley 32/2003, 3 noviembre, rectificada por Correccin de errores (B.O.E. 19 marzo 2004).

JUAN CARLOS I REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, instaur un rgimen plenamente liberalizado en la prestacin de servicios y el establecimiento y explotacin de redes de telecomunicaciones, abriendo el sector a la libre competencia entre operadores. El marco normativo establecido por ella ha demostrado una eficacia que ha permitido que en nuestro pas haya surgido una multiplicidad de operadores para los distintos servicios, redundando en una mayor capacidad de eleccin por los usuarios, y la aparicin de un importante sector de las telecomunicaciones, lo que, a su vez, ha proporcionado las infraestructuras y condiciones idneas para fomentar el desarrollo de la sociedad de la informacin, mediante su convergencia con el sector audiovisual y el de los servicios telemticos, en torno a la implantacin de internet.

Consciente de los importantes logros obtenidos, la Unin Europea ha dirigido sus esfuerzos a consolidar el marco armonizado de libre competencia en las telecomunicaciones alcanzado en sus Estados miembros. Este esfuerzo ha desembocado en la aprobacin de un nuevo marco regulador de las comunicaciones electrnicas, compuesto por diversas disposiciones comunitarias. Se trata de la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador comn de las redes y los servicios de comunicaciones electrnicas; la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorizacin de redes y servicios de comunicaciones electrnicas; la Directiva 2002/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relacin con las redes y los servicios de comunicaciones electrnicas; la Directiva 2002/19/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrnicas y recursos asociados, y a su interconexin; la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la proteccin de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrnicas; la Directiva 2002/77/CE, de la Comisin, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrnicas; y, finalmente, la Decisin n. 676/2002/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la poltica del espectro radioelctrico en la Comunidad Europea. Mediante esta ley se trasponen las citadas directivas. Cabe sealar que la Directiva 2002/58/CE se traspone en la medida en que afecta a las redes y servicios de comunicaciones electrnicas.

La nueva regulacin comunitaria supone una profundizacin en los principios ya consagrados en la normativa anterior, basados en un rgimen de libre competencia, la introduccin de mecanismos correctores que garanticen la aparicin y viabilidad de operadores distintos a los titulares del antiguo monopolio, la proteccin de los derechos de los usuarios, la mnima intervencin de la Administracin en el sector, el respeto de la autonoma de las partes en las relaciones entre operadores y la supervisin administrativa de los aspectos relacionados con el servicio pblico, el dominio pblico y la defensa de la competencia.

Esta ley, junto con su necesario desarrollo reglamentario, incorpora al ordenamiento jurdico espaol el contenido de la normativa comunitaria citada, respetando plenamente los principios recogidos en ella, aunque adaptndolo a las peculiaridades propias del derecho y la situacin econmica y social de nuestro pas. Esto ltimo, adems, propiciado por el instrumento jurdico formal en que se plasma la regulacin comunitaria, esto es, la directiva, que permite que los Estados miembros elijan la va idnea para incorporar a cada pas la regulacin armonizada.

Ha sido un criterio inspirador de este texto legal una simplificacin de la regulacin contenida en l. De este modo, se pretende la existencia de una norma legal que garantice los principios bsicos ya expuestos, pero que, a la vez, aporte la necesaria flexibilidad para un texto con vocacin de permanencia.

II

Es preciso destacar los siguientes aspectos de la nueva regulacin.

En primer lugar, se dirige a regular exclusivamente el sector de las telecomunicaciones, en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado prevista en el artculo 149.1.21. de la Constitucin. La ley excluye expresamente de su regulacin los contenidos difundidos a travs de medios audiovisuales, que constituyen parte del rgimen de los medios de comunicacin social, y que se caracterizan por ser transmitidos en un solo sentido de forma simultnea a una multiplicidad de usuarios. Igualmente se excluye de su regulacin la prestacin de servicios sobre las redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el transporte de seales a travs de dichas redes. Estos ltimos son objeto de regulacin en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y de Comercio Electrnico. No obstante, las redes utilizadas como soporte de los servicios de radiodifusin sonora y televisiva, las redes de televisin por cable y los recursos asociados, como parte integrante de las comunicaciones electrnicas, estarn sujetos a lo establecido en esta ley.

El conjunto de directivas citadas tiene por objeto la regulacin de las comunicaciones electrnicas. El concepto de comunicaciones electrnicas tiene un mbito ms restringido que el de telecomunicaciones. En efecto, al regular las comunicaciones electrnicas, las directivas se refieren a mbitos concretos de las telecomunicaciones, como seran, entre otros, la habilitacin para actuar como operador en este sector, los derechos y obligaciones de los operadores, las obligaciones en materia de interconexin y acceso, la necesidad de garantizar unas prestaciones mnimas bajo el epgrafe del servicio universal y los derechos de los usuarios.

Sin embargo, como puede fcilmente advertirse, las directivas no abordan ciertos temas que se encuentran dentro del rgimen de las telecomunicaciones, como podran ser los requisitos para la evaluacin de la conformidad y puesta en el mercado de los aparatos de telecomunicaciones. De ah que el trmino telecomunicaciones se mantenga en la rbrica de la ley, siendo as que su articulado distingue entre los supuestos en que se estn regulando aspectos relativos al rgimen de las comunicaciones electrnicas y los que no se incluyen en tal epgrafe, todos ellos, eso s, bajo el denominador comn de las telecomunicaciones.

Como consecuencia, toda la regulacin de las comunicaciones electrnicas se entiende incluida en el concepto ms amplio de telecomunicaciones y, por lo tanto, dictada por el Estado en virtud de su atribucin competencial exclusiva del artculo 149.1.21. de la Constitucin.

Se avanza en la liberalizacin de la prestacin de servicios y la instalacin y explotacin de redes de comunicaciones electrnicas. En este sentido, cumpliendo con el principio de intervencin mnima, se entiende que la habilitacin para dicha prestacin y explotacin a terceros viene concedida con carcter general e inmediato por la ley. nicamente ser requisito previo la notificacin a la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones para iniciar la prestacin del servicio. Desaparecen, pues, las figuras de las autorizaciones y licencias previstas en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, como ttulos habilitantes individualizados de que era titular cada operador para la prestacin de cada red o servicio.

Se refuerzan las competencias y facultades de la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones en relacin con la supervisin y regulacin de los mercados. Se contempla un sistema que gana en flexibilidad, mediante el cual este organismo realizar anlisis peridicos de los distintos mercados de referencia, detectando aquellos que no se estn desarrollando en un contexto de competencia efectiva e imponiendo, en ese caso, obligaciones especficas a los operadores con poder significativo en el mercado. Es novedoso tambin el cambio en la definicin de este tipo de operadores, pasando de un concepto formal, esto es, basado en la superacin de una determinada cuota de mercado, a uno material, ms cercano al tradicional derecho de la competencia, es decir, basado en la posicin de fuerza del operador que le permite actuar con independencia de sus competidores o de los consumidores que sean personas fsicas y usuarios.

En relacin con la garanta de los derechos de los usuarios, la ley recoge la ampliacin de las prestaciones, que, como mnimo esencial, deben garantizarse a todos los ciudadanos, bajo la denominacin de servicio universal. Se incluye el acceso funcional a internet, ya incorporado anticipadamente por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y de Comercio Electrnico, y la posibilidad de que se ofrezcan opciones tarifarias especiales que permitan un mayor control del gasto por los usuarios. Adems, se ampla el catlogo de derechos de los consumidores que sean personas fsicas y usuarios reconocidos con rango legal.

La regulacin de la ocupacin del dominio pblico o la propiedad privada para la instalacin de redes, pretende establecer unos criterios generales, que debern ser respetados por las Administraciones pblicas titulares del dominio pblico. De este modo, se reconocen derechos de ocupacin a todos los operadores que practiquen la notificacin a la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones, en la medida que sea necesario para la instalacin de sus redes, a la vez que se detallan los principios bsicos que garanticen el ejercicio de dicho derecho en condiciones de igualdad y transparencia, con independencia de la Administracin o el titular del dominio pblico o la propiedad privada.

En lo referente al dominio pblico radioelctrico, se incorporan la regulacin y tendencias comunitarias en la materia, esto es, la garanta del uso eficiente del espectro radioelctrico, como principio superior que debe guiar la planificacin y la asignacin de frecuencias por la Administracin y el uso de stas por los operadores. Asimismo, se abre la posibilidad de la cesin de derechos de uso del espectro radioelctrico, en las condiciones que se determinen reglamentariamente. En los supuestos en que las bandas de frecuencias asignadas a determinados servicios sean insuficientes para atender la demanda de los operadores, se prev la celebracin de procedimientos de licitacin. Como requisito esencial en la prestacin de servicios mediante tecnologas que usen el dominio pblico radioelctrico, se establece el respeto a los lmites de las emisiones radioelctricas establecidas en la normativa vigente.

La ley tambin tiene como objetivo el establecimiento de una serie de criterios que guen la actuacin en la imposicin de tasas que afecten a los servicios de telecomunicaciones. Distingue entre aquellas tasas que respondan a la necesidad de compensar actuaciones administrativas, donde la cuanta se fijar en funcin de su coste, de aquellas impuestas sobre el uso de recursos asociados, como el dominio pblico, las frecuencias o la numeracin. En este ltimo caso se perseguir garantizar su uso ptimo, teniendo en cuenta el valor del bien y su escasez. Como principios bsicos de estas exacciones se establecen la transparencia, la proporcionalidad y su justificacin objetiva.

En la tipificacin de infracciones y la imposicin de las correspondientes sanciones se han reforzado las potestades administrativas, como necesario contrapunto a una mayor simplificacin en las condiciones para obtener la habilitacin para prestar servicios. Con ello, el control ex ante que supona la obtencin de una autorizacin individualizada para cada operador con la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, viene a ser sustituido por uno ex post, mediante la posibilidad de obtener informacin de los operadores, de imponer medidas cautelares en el procedimiento sancionador o de inhabilitar a las empresas que cometan infracciones muy graves.

En sus disposiciones adicionales y transitorias, la ley aborda ciertos problemas derivados de su entrada en vigor o conexos con esta regulacin. Entre ellos, cabe destacar la adaptacin automtica prevista para los ttulos habilitantes anteriores a esta ley, que ser llevada a cabo por la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones.