Sumario

L.O. 7/2006, 21 noviembre, derogada por el n鷐ero 1 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la L.O. 3/2013, de 20 de junio, de protecci髇 de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva (獴.O.E.� 21 junio) el 11 de julio de 2013. V閍se R.D. 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de an醠isis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de prevenci髇 del dopaje y de protecci髇 de las salud en el deporte (獴.O.E.� 8 mayo).

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley org醤ica.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La aprobaci髇 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, cuyo t韙ulo VIII regula el control de las sustancias y m閠odos prohibidos en el deporte y la seguridad de la pr醕tica deportiva, supuso un punto de partida en el establecimiento de un marco de represi髇 del dopaje en el deporte, que estuvo acompa馻do de una pol韙ica activa en la provisi髇 de medios materiales y humanos, recursos presupuestarios, infraestructuras, procedimientos y normas de las que hasta entonces hab韆 carecido nuestro sistema deportivo.

La aplicaci髇 y desarrollo de la Ley supuso, tambi閚, la entrada en funcionamiento de la Comisi髇 Nacional Antidopaje, que ha desempe馻do desde entonces un papel central en elaborar y aplicar iniciativas en este 醡bito, as� como en velar por la correcta aplicaci髇 de la normativa vigente.

A lo largo de la d閏ada pasada, sucesivas normas, de car醕ter reglamentario, fueron regulando aspectos, tan delicados y complejos, como la realizaci髇 de controles con garant韆s, las condiciones generales para la homologaci髇 y funcionamiento de laboratorios p鷅licos y privados, el r間imen de infracciones y sanciones, o la lista de sustancias y grupos farmacol骻icos prohibidos y de m閠odos no reglamentarios de dopaje en el deporte. Esta lista es elaborada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), siguiendo pautas de la vigente Convenci髇 contra el Dopaje en el Deporte del Consejo de Europa y los principios establecidos en el C骴igo Mundial Antidopaje, que han sido recogidos en la Convenci髇 Internacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada en la 33.� Conferencia General de la Organizaci髇 de Naciones Unidas para la Educaci髇, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada en octubre de 2005. La lista es actualizada con periodicidad anual y se publica en el Bolet韓 Oficial del Estado. Con este conjunto normativo, Espa馻 se incorpor� al grupo de pa韘es que dispuso desde la d閏ada pasada de un sistema articulado de control y de represi髇 del dopaje.

La implicaci髇 creciente de los poderes p鷅licos en el empe駉 por lograr un deporte limpio de dopaje se acent鷄 a partir del impacto internacional que tuvieron los positivos detectados en los Juegos Ol韒picos de Se鷏, en 1988. As�, cabe recordar que el instrumento jur韉ico en vigor de mayor alcance para la colaboraci髇 intergubernamental y la cooperaci髇 internacional en la lucha contra el dopaje en el deporte sigue siendo el Convenio Internacional, aprobado en 1989 por el Consejo de Europa, junto con un Protocolo adicional que, en buena medida, avanz� en la armonizaci髇 de las pol韙icas p鷅licas y los procedimientos antidopaje seguidos por los 45 Estados firmantes, en su gran mayor韆 europeos, entre ellos Espa馻.

No obstante, los primeros pasos para establecer controles antidopaje en nuestro sistema deportivo se dieron en la d閏ada de los a駉s 60 del pasado siglo. La adopci髇 de iniciativas en este terreno por parte del Consejo de Europa y del Comit� Ol韒pico Internacional (COI), impuls� la participaci髇 de Espa馻 en la primera reuni髇 del grupo de estudio especial sobre dopaje de los atletas, que se celebr� en 1963 a propuesta del organismo europeo. Como consecuencia de ello, se cre� el actual laboratorio del CSD para el control del dopaje, que comenz� a funcionar a finales de esa d閏ada, muy poco tiempo despu閟 de que iniciaran su actividad los primeros laboratorios europeos de control del dopaje en Par韘, Roma y Londres. Homologado internacionalmente por el COI desde 1982, forma parte de la red internacional de 33 laboratorios de control del dopaje acreditados hasta ahora por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Por su parte, el laboratorio del Instituto Municipal de Investigaci髇 M閐ica de Barcelona obtuvo la homologaci髇 del COI en 1985 y tambi閚 ha sido acreditado por la AMA. Adem醩, ambos laboratorios espa駉les tienen la acreditaci髇 de calidad, seg鷑 la norma ISO 17025, que certifica la idoneidad y excelencia tecnol骻ica de su personal, de sus instalaciones, as� como de sus protocolos y procedimientos de actuaci髇. De esta forma, Espa馻 es uno de los tres pa韘es del mundo que cuenta con dos laboratorios para el control del dopaje, que est醤 acreditados, internacionalmente, desde hace al menos 20 a駉s.

II

Es cierto, sin embargo, que las acciones iniciadas por el movimiento deportivo y por algunos Estados, por separado y cada uno en el 醡bito de sus competencias, se mostraron insuficientes, pues la articulaci髇 de una adecuada lucha contra el dopaje supone la confluencia de diversas medidas que corresponden, de forma diferenciada, a los pa韘es y a las organizaciones del movimiento deportivo internacional.

La celebraci髇 en Lausana, en 1999, a iniciativa del COI, de la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte, puso de manifiesto la necesidad de profundizar en la colaboraci髇 entre poderes p鷅licos y organizaciones deportivas. Ello supuso un cambio de rumbo en la forma de abordar el problema del dopaje en el deporte, poniendo el acento en la necesidad de crear un organismo internacional independiente, que estableciera normas comunes para combatir el dopaje y coordinara los esfuerzos de las organizaciones deportivas y de los poderes p鷅licos.

Ese mismo a駉, se acord� constituir y poner en funcionamiento la AMA, en cuya estructura y financiaci髇 participan de forma equitativa el COI y los gobiernos de un gran n鷐ero de pa韘es, entre ellos Espa馻, preocupados cada vez m醩 por el auge del dopaje y su r醦ida expansi髇 m醩 all� del 醡bito de la alta competici髇 deportiva.

La AMA es una fundaci髇 de derecho privado, regida por el ordenamiento jur韉ico suizo y cuya sede central est� radicada en la ciudad canadiense de Montreal. Su Consejo est� integrado a partes iguales por representantes de organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y deportivas. Esta estructura inusual es un reconocimiento a la necesidad de que los gobiernos y las organizaciones, que conforman el sistema deportivo internacional, act鷈n de consuno en la lucha contra el dopaje, ya que ninguno de los dos lograr� 閤itos significativos en este empe駉 sin la estrecha colaboraci髇 y cooperaci髇 del otro.

III

En 2003, la AMA elabora el C骴igo Mundial Antidopaje y los est醤dares internacionales de procedimientos que lo complementan, que constituyen un conjunto de reglas y directrices de obligado cumplimiento para el movimiento deportivo internacional. Estas actividades exigen la elaboraci髇 de normas nacionales, simult醤eamente al avance en una armonizaci髇 normativa internacional sobre aspectos clave para combatir el dopaje, como el funcionamiento de laboratorios con criterios homologables, el r間imen de exenciones para el uso de determinadas sustancias con fines terap閡ticos, los procedimientos para efectuar los controles de dopaje, as� como la elaboraci髇 de una lista armonizada de sustancias y m閠odos prohibidos, que sea aceptada y respetada por el mayor n鷐ero posible de pa韘es. La Comisi髇 Nacional Antidopaje, como organismo espa駉l competente, ha aceptado la adhesi髇 de nuestro pa韘 a las reglas y directrices establecidas en el C骴igo.

Ciertamente, todav韆 hoy el C骴igo Mundial Antidopaje carece de fuerza vinculante en el Derecho Internacional P鷅lico. Esta situaci髇 cambiar�, previsiblemente, en los pr髕imos meses tras la reciente aprobaci髇 y el proceso de ratificaci髇, actualmente en curso, por parte de los pa韘es firmantes, entre ellos Espa馻, de la ya citada Convenci髇 Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO, que incorpora los principios del C骴igo Mundial y hace posible la armonizaci髇 de la normativa internacional sobre esta materia. Por ello, con la presente Ley se trata, tambi閚, de armonizar la normativa estatal de lucha contra el dopaje con los principios que aquel C骴igo proclama y adecuarla, al igual que han hecho algunos pa韘es de nuestro entorno, que han ido modificando y actualizando sus legislaciones de modo diverso, pero con una finalidad principal: alcanzar mayor eficacia en combatir el dopaje en el deporte.

En este contexto, el r間imen novedoso introducido en nuestro pa韘 por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, actualizada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha permitido afrontar los nuevos retos del dopaje en el deporte de acuerdo con los est醤dares internacionales m醩 exigentes establecidos por el COI y la AMA, adem醩 de modificar el funcionamiento de la Comisi髇 Nacional Antidopaje a efectos de agilizar su eficacia y capacidad de respuesta en la lucha contra el dopaje en el deporte. Asimismo, la aprobaci髇 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci髇 y del Comercio Electr髇ico permiti� el establecimiento de controles en la venta de medicamentos sin la correspondiente autorizaci髇.

No obstante, el r間imen actual de lucha contra el dopaje est� necesitado de reformas y actualizaciones, en cumplimiento del art韈ulo 43 de nuestra Constituci髇, que, despu閟 de reconocer el derecho a la protecci髇 de la salud, se馻la que compete a los poderes p鷅licos organizar y tutelar la salud p鷅lica a trav閟 de medidas preventivas, correspondiendo, igualmente, a los mismos, fomentar la educaci髇 f韘ica y el deporte. Los poderes p鷅licos obligados por este mandato constitucional son tanto la Administraci髇 General del Estado como las Comunidades Aut髇omas y las Corporaciones Locales, en los respectivos 醡bitos de sus competencias exclusivas. En el marco de las competencias del Estado, inciden en esta Ley distintos t韙ulos competenciales. Adem醩 de la competencia autoorganizativa que al Estado le corresponde, as� como aqu閘la de que dispone sobre los intereses que afectan, inseparablemente, al deporte espa駉l en su conjunto, concurren en esta Ley diversas competencias espec韋icas, entre las que cabr韆 destacar las relativas a bases y coordinaci髇 general de la sanidad, legislaci髇 penal, Administraci髇 de justicia, seguridad p鷅lica, relaciones internacionales o estad韘tica para fines estatales, todas ellas derivadas del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇.

IV

Esta Ley aspira a dar respuesta a estos objetivos. Sus l韓eas centrales pueden resumirse en dos enunciados: de una parte, actualizar los mecanismos de control y de represi髇 del dopaje en el 醡bito del deporte de alta competici髇 y, de otra, crear un marco sistem醫ico y transversal de prevenci髇, control y represi髇 del dopaje en general, considerado como una amenaza social, como una lacra que pone en grave riesgo la salud, tanto de los deportistas profesionales como de los practicantes habituales u ocasionales de alguna actividad deportiva.

Partiendo de estas dos l韓eas centrales de regulaci髇, algunas normas que la presente Ley introduce est醤 afectas a la reserva de ley org醤ica, proclamada en el art韈ulo 81 de nuestra Constituci髇. Otras, menos sustanciales y que no afectan al contenido esencial de los derechos fundamentales, encuentran un camino adecuado de regulaci髇 en la ley ordinaria.

La opci髇 legislativa engloba en una sola norma la regulaci髇 general y horizontal a que se hac韆 referencia anteriormente y la que introduce un tipo espec韋ico entre los delitos contra la salud p鷅lica, con lo que se completa el r間imen general de represi髇 penal contra el dopaje.

Ambas regulaciones coadyuvan, conjuntamente, a la consecuci髇 del mismo fin y, formando las mismas un todo inseparable, razones de sistem醫ica y de t閏nica legislativa aconsejan su tratamiento en un s髄o texto legislativo que debe revestir car醕ter de ley org醤ica. Todo ello sin perjuicio, claro es, de que a trav閟 de la disposici髇 final quinta, se especifiquen aquellos preceptos y disposiciones, que deban tener la consideraci髇 de ordinarios, a efectos de evitar la congelaci髇 del rango.

En el t韙ulo primero, las novedades que introduce la Ley pueden sistematizarse en las que se indican a continuaci髇: un primer bloque de reformas afecta a la organizaci髇 administrativa al servicio del control del dopaje en el deporte, conservando un modelo semejante al actual, basado en que el ejercicio de la potestad disciplinaria derivada del dopaje en el 醡bito del deporte de competencia estatal se atribuye a las federaciones deportivas espa駉las, bajo la tutela efectiva de la Administraci髇 General del Estado, a trav閟 del CSD.

En relaci髇 con la citada organizaci髇 administrativa y en el marco de la norma reguladora de las Agencias Estatales, la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), una vez culminado el proceso de su creaci髇 con la aprobaci髇 de su Estatuto, ser� el organismo que asuma un importante protagonismo en el desempe駉 de diversos aspectos relacionados con una acci髇 integral de los poderes p鷅licos y de las organizaciones deportivas a favor de un deporte sin dopaje.

Por un lado, la AEA ser� el responsable material de la realizaci髇 de los controles de dopaje que le sean encomendados por las instancias competentes del CSD, pudiendo a tal efecto disponer de estructura propia o concertada para la realizaci髇 de dicha funci髇 material. Asimismo, le corresponder� la ejecuci髇 e impulso de una pol韙ica de investigaci髇 en materia de prevenci髇, de control del dopaje y de protecci髇 de la salud del deportista, que facilite un conocimiento actualizado de los avances cient韋icos y tecnol骻icos en este 醡bito, que permita, por tanto, abordar de manera rigurosa y eficiente la lucha contra un fen髆eno complejo, dif韈il y en constante evoluci髇.

La AEA se configura como una entidad de cooperaci髇, de forma que el conjunto de Administraciones P鷅licas que tienen competencias en materia deportiva puedan disponer de un marco com鷑 de actuaci髇, compartiendo recursos, infraestructuras, experiencias, avances cient韋icos e iniciativas, destinadas a erradicar el dopaje del deporte, sancionando penalmente a quienes se lucran con 閘, facilitando el aislamiento y rechazo de una lacra social, cuya sombra amenazante se proyecta mucho m醩 all� de lo estrictamente deportivo.

El 髍gano de tutela del CSD para el ejercicio de estas competencias pasa a denominarse Comisi髇 de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje. Este 髍gano asume la mayor parte de las competencias que, hasta este momento, estaban repartidas entre la Comisi髇 Nacional Antidopaje y la Comisi髇 Nacional para la Protecci髇 de la Salud del Deportista. De esta forma, se intenta facilitar a la nueva organizaci髇 nacional contra el dopaje una visi髇 de conjunto, consustancial al modelo que dise馻 la presente Ley. En 閘, los principios de rechazo y tolerancia cero hacia el dopaje en el deporte tienen, b醩icamente, un componente de salud individual y de salud p鷅lica, pero tambi閚 una dimensi髇 inequ韛oca de compromiso con los valores del juego limpio y la libre competici髇 entre iguales, considerados como fundamentos del deporte actual.

Asimismo, el nuevo 髍gano del CSD asume funciones de gran relevancia en materia de protecci髇 de la salud de los deportistas, tanto en lo referido al deporte profesional de alta competici髇 como a la pr醕tica deportiva de base que, con car醕ter recreativo y saludable, desarrollan en nuestro pa韘 millones de personas. Vincular muy estrechamente la lucha contra el dopaje a la protecci髇 de la salud de los deportistas es una recomendaci髇 expresa de la AMA y la orientaci髇 seguida en los pa韘es de nuestro entorno cuando han abordado recientes reformas de sus respectivas legislaciones contra el dopaje en el deporte.

La Ley consolida el establecimiento de reconocimientos m閐icos de aptitud para la pr醕tica deportiva federada e introduce la realizaci髇 de controles de salud a los deportistas que participan en competiciones oficiales. Ante todo, el objetivo que se persigue es asegurar las mejores condiciones posibles de asistencia m閐ica integral a los deportistas profesionales, que desarrollan su actividad en un marco tan exigente como es la alta competici髇 y establecer, de manera gradual, pautas b醩icas de atenci髇 m閐ica entre cuantas personas desarrollan, habitualmente, actividades f韘icas y deportivas.

A partir de este esquema general, la Ley arbitra f髍mulas de flexibilidad, como facilitar, por ejemplo, que las federaciones deportivas espa駉las establezcan convenios de colaboraci髇 con la AEA, que les permita una organizaci髇 m醩 eficiente del sistema de controles de dopaje que son de su competencia y el estricto cumplimiento de todas sus responsabilidades y obligaciones en este 醡bito.

El otro gran bloque de reformas, incluido en este titulo primero, implica una nueva configuraci髇 de la potestad sancionadora en la materia. Las novedades contempladas son muy diversas. En primer t閞mino, se garantiza el cumplimiento del principio de reserva de ley, en tanto en cuanto todas las infracciones y sanciones, as� como las causas modificativas de la responsabilidad se contemplan en la norma eludiendo la remisi髇 reglamentaria, en una materia como la sancionadora, que puede ser ciertamente compleja en t閞minos constitucionales. Asimismo, se desarrolla en este apartado una necesaria armonizaci髇 de nuestras disposiciones legales con lo establecido al respecto por el C骴igo Mundial Antidopaje y la Convenci髇 Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO. Esta medida se completa con el incremento y la redefinici髇 de los tipos infractores y sancionadores, adem醩 de ofrecer una definici髇 m醩 exacta del conjunto de obligaciones y derechos de los deportistas, pero tambi閚 del conjunto de profesionales que intervienen desde su entorno m醩 cercano.

Una de las novedades m醩 importantes de la Ley es la configuraci髇 de la potestad disciplinaria en materia de dopaje como una competencia concurrente sucesiva, de forma que la competencia inicial que corresponde a las federaciones deportivas espa駉las se transfiera, por incumplimiento del plazo legalmente previsto, a la propia Comisi髇 de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, que act鷄 as� como 髍gano disciplinario. De esta forma, se consigue un efecto esencial, como es no demorar la tramitaci髇 y resoluci髇 de los expedientes en materia de dopaje.

Asimismo, se define un r間imen novedoso de revisi髇 de las sanciones en la materia, que trata de dar satisfacci髇 al conjunto de intereses que conviven en el 醡bito deportivo, de forma que, sin merma alguna del derecho de defensa ni del derecho a la tutela efectiva, se busquen formas jur韉icas diferentes a las del r間imen revisor com鷑, a efectos de conseguir que la revisi髇 no suponga una mayor demora, que acabe perjudicando, gravemente, un valor de importancia decisiva: la equidad de las reglas y de las condiciones de participaci髇 en la competici髇 deportiva.

A este fin, con el amparo previsto en el art韈ulo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, la Ley instaura un sistema de revisi髇 administrativa especial que, con la f髍mula arbitral, sustituye al recurso administrativo cl醩ico. Esta f髍mula arbitral descansa, en el plano org醤ico, en una secci髇 espec韋ica del Comit� Espa駉l de Disciplina Deportiva, 髍gano que por su independencia funcional cumple los requisitos establecidos en la Ley procedimental com鷑.

El procedimiento previsto para agilizar la revisi髇 de los expedientes administrativos por dopaje se completa con una prescripci髇 esencial: la generalizaci髇 del procedimiento abreviado y en instancia 鷑ica del conocimiento en el 醡bito procesal de los recursos contencioso-administrativos que pudieran plantearse contra las resoluciones dictadas por aquel 髍gano.

Este conjunto de medidas coadyuva a que se logre una agilizaci髇 de los procedimientos y de los procesos, posibilitando que las resoluciones de los expedientes por dopaje tengan un cauce seguro, 醙il y sencillo para su revisi髇 administrativa y jurisdiccional, que permita compaginar el conjunto de los intereses en juego, sin merma de garant韆s y derechos de los interesados en su revisi髇.

En otro orden de cosas, directamente relacionado con el conjunto de intereses en juego, la Ley prev� un r間imen muy detallado de confidencialidad en el tratamiento de la informaci髇 relativa al dopaje, con el objetivo de conseguir la identificaci髇 de las personas responsables de conocer y tratar la informaci髇, determinando responsabilidades en caso de una incorrecta o inadecuada custodia de una informaci髇 y unos datos estrictamente confidenciales. Se trata, en s韓tesis, de garantizar a los deportistas que las sanciones impuestas se correspondan, 鷑icamente, con conductas tipificadas y que no se a馻da un efecto de publicidad, agravante de su situaci髇 de manera injusta e injustificable. En este punto, como en otros muchos, la Ley trata de establecer un marco de garant韆s muy exigente, acorde con nuestro Ordenamiento Jur韉ico sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal, que preserve los derechos a la intimidad, al honor y al buen nombre de los deportistas hasta que, efectivamente, se haya acreditado la infracci髇.

El t韙ulo segundo de la Ley se refiere a aspectos gen閞icos de control del dopaje en el deporte, ya sea 閟te el de competici髇 o el de mera recreaci髇. Se incluyen un conjunto de medidas, como son la supervisi髇 y revisi髇 del contenido de los botiquines m閐icos en las competiciones deportivas, la determinaci髇 del seguimiento de los medicamentos y productos susceptibles de causar dopaje en el deporte, con el fin de conocer en que momento se altera la cadena de distribuci髇 comercial, poniendo los medios para impedir que esos mismos productos o falsificaciones de ellos afloren al mercado en condiciones distintas a las que establece la normativa vigente para su dispensaci髇, o la fijaci髇 de estrictas condiciones de comercializaci髇 y de control de los productos que pueden causar dopaje en el deporte.

Para intentar asegurar el cumplimiento de las medidas indicadas se arbitra, en el t韙ulo tercero de esta Ley, un 醡bito de tutela penal de la salud p鷅lica en actividades relacionadas con el dopaje en el deporte. Se introduce un nuevo art韈ulo 361 bis en el C骴igo Penal, cuya finalidad es castigar al entorno del deportista y preservar la salud p鷅lica, gravemente amenazada por la comercializaci髇 y dispensaci髇 sin control de productos carentes de garant韆 alguna y da駃nos para la salud.

Con el establecimiento de este nuevo il韈ito penal, se completa el dise駉 integral de una pol韙ica criminal contra el dopaje, iniciado en febrero de 2005 al dar luz verde el Consejo de Ministros a la puesta en marcha de un Plan de Acci髇 Integral contra el Dopaje en el Deporte. Entre las 59 medidas aprobadas, se inclu韆 la puesta en marcha de un grupo operativo de intervenci髇, en el seno de la Comisar韆 General de Polic韆 Judicial, especializado en la persecuci髇 de las redes de dopaje, as� como la creaci髇 por parte de la Fiscal韆 General del Estado de una unidad especializada en la persecuci髇 de delitos relacionados con el dopaje en el deporte.

Por otro lado, se establece que el suministro, la dispensaci髇 o la prescripci髇 de sustancias susceptibles de producir dopaje es responsabilidad de quienes, seg鷑 el Ordenamiento, realizan estas acciones y que, en consecuencia, estas infracciones han de constituir tambi閚 un grave quebranto de la deontolog韆 profesional, que debe tener sanciones espec韋icas en sus respectivos reg韒enes colegiales.

En 鷏timo t閞mino, con el objetivo de hacer efectiva la capacidad de investigaci髇 cient韋ica en este 醡bito y de preservar la salud en el deporte, la Ley prev�, en su t韙ulo cuarto, la puesta en marcha de un sistema de informaci髇 administrativa. Este tiene por objeto poner a disposici髇 de las Comunidades Aut髇omas la informaci髇 disponible m醩 relevante y contrastada, de forma que cada Comunidad Aut髇oma pueda utilizar estos datos, si as� lo desea, en el desarrollo de pol韙icas p鷅licas para la promoci髇 de un deporte saludable y limpio de dopaje en el ejercicio de sus competencias.

En este aspecto, la Ley tambi閚 contempla la creaci髇 de una tarjeta de salud del Deportista, que permitir� acumular, de forma exhaustiva, confidencial y segura, de acuerdo con la normativa vigente sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal, un conjunto de informaciones relevantes sobre el deportista, a efectos de realizar un seguimiento preventivo de la evoluci髇 de su salud y de sus par醡etros vitales m醩 importantes, m醲ime tras una dedicaci髇 tan exigente como la impuesta por la alta competici髇 a la 閘ite deportiva profesional.

La regulaci髇 propuesta, con el reforzamiento de la tutela penal, la sistematizaci髇 de los procedimientos disciplinarios, la determinaci髇 de las responsabilidades en su tramitaci髇, la aclaraci髇 del sistema de infracciones y sanciones en su conjunto, permite actualizar la normativa preexistente, adecuar nuestro r間imen sancionador al recogido en la Convenci髇 Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO y ponerlo en sinton韆 con el de los pa韘es que, en los 鷏timos a駉s, han reformado sus pol韙icas para conseguir una mayor eficacia en la represi髇 del dopaje en la actividad deportiva.

La incidencia, mediante las medidas de control y supervisi髇 del t韙ulo segundo, en el 醡bito de las actuaciones que puedan realizarse en relaci髇 con la actividad deportiva no competitiva constituye, sin embargo, una novedad en nuestro pa韘. Se trata de sistematizar y adaptar a la lucha contra el dopaje en el deporte un conjunto de medidas de las que ya disponen las autoridades en materia de seguridad p鷅lica.

Por lo dem醩, las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales de este texto obedecen a las finalidades que les son propias. As�, las disposiciones transitorias recogen los principios cl醩icos del Derecho Transitorio y las finales se orientan, en su mayor韆, a la armonizaci髇 de textos legales que permita el conocimiento y aplicaci髇 de la presente norma con seguridad jur韉ica.

En s韓tesis, se trata de establecer un conjunto de medidas, que se justifican para conseguir los siguientes objetivos: preservar la salud p鷅lica e individual en el deporte y la adopci髇 de medidas efectivas contra un peligro cierto y contrastado, como es el dopaje, que puede comprometerlas o afectarlas, hasta el punto de poner en serio riesgo la vida misma de los deportistas, as� como asegurar el juego limpio en la competici髇. El marco dise馻do cumple con todos los requisitos y exigencias establecidos por nuestro Ordenamiento constitucional en materia de derechos fundamentales y de reparto competencial entre las Administraciones P鷅licas, por los Tratados Internacionales firmados y pendientes de ratificar por Espa馻 en materia de lucha contra el dopaje en el deporte, as� como por las reglamentaciones del COI y de las organizaciones deportivas internacionales.