• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• EXPOSICI覰 DE MOTIVOS
• Art韈ulo 1 燤odificaci髇 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andaluc韆
• Art韈ulo 2 燤odificaci髇 de los art韈ulos 10 y 20 y adici髇 de dos disposiciones adicionales a la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo
• Art韈ulo 3 燤odificaci髇 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por el que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garant韆s para los ciudadanos
• Art韈ulo 4 燤odificaci髇 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria de empresas de la Junta de Andaluc韆 y otras entidades, de recaudaci髇, de contrataci髇, de funci髇 p鷅lica y de fianza de arrendamientos y suministros
• Art韈ulo 5 燤odificaci髇 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera 燩lanificaci髇 extraordinaria y urgente
  • Disposici髇 adicional segunda 燚eclaraci髇 del inter閟 social a efectos de expropiaci髇 forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria 鷑ica 燭raspaso de funciones en materia de fianzas de arrendamientos y suministros
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica 燚erogaci髇 normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera 燚esarrollo reglamentario de las medidas de fomento
  • Disposici髇 final segunda 燚esarrollo reglamentario
  • Disposici髇 final tercera 燙髆puto de plazos de no habitaci髇
  • Disposici髇 final cuarta 燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Modificaci髇 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andaluc韆

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andaluc韆, queda modificada como sigue:

• Uno. El art韈ulo 1 queda con la siguiente redacci髇:

  �1. La presente Ley tiene por objeto garantizar, en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 y al amparo de lo previsto en el art韈ulo 56.1 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada, del que son titulares las personas f韘icas con vecindad administrativa en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 en las condiciones establecidas en la misma.

  2. En el marco de las citadas condiciones, la presente Ley regula un conjunto de facultades y deberes que integran este derecho, as� como las actuaciones necesarias que para hacerlo efectivo corresponden a las Administraciones P鷅licas andaluzas y a las entidades p鷅licas y privadas que act鷄n en el 醡bito sectorial de la vivienda.

  3. Forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jur韉ico, as� como mantener, conservar y rehabilitar la vivienda con los l韒ites y condiciones que as� establezca el planeamiento y la legislaci髇 urban韘tica.

  El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 22 de octubre de 2013 en el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 4286-2013, ha acordado declarar la desaparici髇 sobrevenida del objeto del incidente sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensi髇 del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la funci髇 social de la vivienda, suspensi髇 que se produjo con la admisi髇 del mencionado recurso de inconstitucionalidad (獴.O.E.� 1 noviembre).

  4. A estos efectos, la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y las Administraciones Locales, en el marco del principio de subsidiariedad, dentro de los 醡bitos competenciales correspondientes determinados en el Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 y dem醩 legislaci髇 aplicable, promover醤 el acceso a una vivienda digna y adecuada a trav閟 de una pol韙ica de actuaciones en materia de vivienda protegida y suelo y de apoyo a la conservaci髇, mantenimiento, rehabilitaci髇 y calidad del parque de viviendas existente.

  5. El ejercicio de las potestades de inspecci髇 y sanci髇 de las infracciones tipificadas en materia de vivienda se constituye en garant韆 legal del efectivo cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada. La Consejer韆 con competencia en materia de vivienda ejercer�, en lo que se refiere a viviendas deshabitadas, las potestades de declaraci髇, inspecci髇 y sanci髇 a fin de garantizar el derecho a la vivienda y el efectivo uso residencial de aqu閘las.�

  
• Dos. El art韈ulo 4 queda con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 4 Contenido de la actuaci髇 de las Administraciones P鷅licas andaluzas

  La actividad que realicen las Administraciones P鷅licas andaluzas en desarrollo de la presente Ley se dirigir� a hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada, mediante:

  • a) El ejercicio de las potestades de planeamiento urban韘tico, de manera que posibilite el acceso a la vivienda de promoci髇 libre para aquellas personas que tengan recursos econ髆icos suficientes.
  • b) El ejercicio de las potestades de planeamiento urban韘tico, la promoci髇 y acceso a una vivienda protegida, en propiedad o en arrendamiento, a las personas titulares del derecho que cumplan con las condiciones establecidas en el art韈ulo 5 de la presente Ley.
  • c) El favorecimiento del alojamiento transitorio.
  • d) La promoci髇 de la rehabilitaci髇 y conservaci髇 del parque de viviendas existente.
  • e) El ejercicio de las potestades de inspecci髇 administrativa y sancionadora en materia vivienda.
  • f) Actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas.�
  
• Tres. El art韈ulo 9 queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 9 Ayudas p鷅licas y otras medidas de fomento

  1. Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, los planes de vivienda y suelo recoger醤 las modalidades de ayudas para la vivienda protegida que se consideren necesarias, como pueden ser:

  • a) Pr閟tamos cualificados.
  • b) Subsidiaciones de los pr閟tamos.
  • c) Ayudas para facilitar el pago de las cantidades entregadas anticipadamente a la adquisici髇 de la vivienda.
  • d) Ayudas para facilitar el pago del precio de la vivienda o de la renta del arrendamiento.
  • e) Ayudas espec韋icas a los j髒enes u otros colectivos con especial dificultad para el acceso a la vivienda.
  • f) Ayudas a las personas promotoras.
  • g) Ayudas para fomentar la oferta de viviendas en r間imen de arrendamiento y el arrendamiento con opci髇 de compra, dando prioridad para el acceso a estas modalidades a las unidades familiares con rentas m醩 bajas.
  • h) Medidas para el desarrollo del suelo residencial con destino a viviendas protegidas. Se fomentar醤 especialmente las actuaciones de los promotores p鷅licos.
  • i) Cualesquiera otras que se estimen convenientes.

  2. Asimismo, los planes de vivienda y suelo o los programas a los que se refiere el Cap韙ulo III del T韙ulo VI燿e la presente Ley podr醤 promover otras medidas orientadas a favorecer el acceso a la vivienda libre y la mejora del parque residencial, como:

  • a) Incentivos para la salida al mercado de viviendas deshabitadas que fomenten la efectiva ocupaci髇 de las mismas.
  • b) Oferta de viviendas en r間imen de arrendamiento.
  • c) Ayudas a la rehabilitaci髇 de viviendas y edificios.
  • d) Medidas para el desarrollo del suelo residencial.
  • e) Medidas de intermediaci髇 en el mercado del arrendamiento de viviendas que garanticen su efectiva ocupaci髇.
  • f) Aseguramiento de riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jur韉ica de las viviendas alquiladas.
  • g) Las medidas fiscales aprobadas por la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆.
  • h) Subvenciones para propietarios, arrendatarios y entidades intermediarias.
  • i) Cualesquiera otras que se estimen convenientes.�
  
• Cuatro. El art韈ulo 10 queda redactado como sigue:

  Art韈ulo 10 Determinaciones del planeamiento urban韘tico en materia de Vivienda

  1. El planeamiento urban韘tico promover� la cohesi髇 social en las ciudades y pueblos de Andaluc韆, como garant韆 de una adecuada integraci髇 urbana y para la prevenci髇 de fen髆enos de segregaci髇, exclusi髇, discriminaci髇 o asedio por razones socioecon髆icas, demogr醘icas, de g閚ero, culturales, religiosas o de cualquier otro tipo.

  2. El Plan General de Ordenaci髇 Urban韘tica, de acuerdo con la normativa en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo y los instrumentos de ordenaci髇 territorial, contendr� las determinaciones de ordenaci髇, gesti髇 y ejecuci髇 que sean precisas para cubrir las necesidades de vivienda establecidas en los planes municipales de vivienda y suelo.

  Para ello, entre otras determinaciones, clasificar� suelo suficiente con uso residencial para su desarrollo y ejecuci髇 a corto y medio plazo y establecer�, en relaci髇 a las reservas de suelo con destino a vivienda protegida, la edificabilidad destinada a tal fin en cada 醨ea o sector con uso residencial, las previsiones de programaci髇 y gesti髇 de la ejecuci髇 de los correspondientes 醡bitos y, en los suelos con ordenaci髇 detallada, su localizaci髇 concreta, plazos de inicio y terminaci髇 de las actuaciones. Asimismo, establecer� las acciones de rehabilitaci髇 que favorezcan la revitalizaci髇 de los tejidos residenciales y la recuperaci髇 del patrimonio construido, as� como la eliminaci髇 de las situaciones de infravivienda existentes.

  3. Los diferentes instrumentos de planeamiento de desarrollo deber醤 definir, en los suelos de reserva para vivienda protegida, los porcentajes de vivienda de las diferentes categor韆s establecidas en el correspondiente Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

  4. La Consejer韆 competente en materia de vivienda emitir� informe preceptivo tras la aprobaci髇 inicial de los Planes Generales de Ordenaci髇 Urban韘tica, sobre la adecuaci髇 de sus determinaciones al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y a las necesidades de vivienda establecidas en el Plan Municipal de Vivienda. El informe se emitir� en el plazo m醲imo de tres meses, entendi閚dose favorable si no se emite en dicho plazo. En el supuesto de que el planeamiento estableciera la ordenaci髇 detallada de las 醨eas o sectores, el informe se pronunciar� adem醩 sobre los plazos fijados para el inicio y terminaci髇 de las viviendas protegidas previstas en las reservas de terrenos, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 18.3.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

  
• Cinco. Se a馻den dos nuevos T韙ulos VI y VII a la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andaluc韆, con la siguiente redacci髇:

  玊蚑ULO VI
  
  De los instrumentos administrativos para evitar la existencia de viviendas deshabitadas

  CAP蚑ULO I
  
  De las viviendas deshabitadas. Procedimiento para su declaraci髇

  Secci髇 1
  
  Concepto de vivienda deshabitada

  Art韈ulo 25 Definici髇 de viviendas deshabitadas

  1. A los efectos del presente T韙ulo se considera vivienda toda edificaci髇 que, por su estado de ejecuci髇, cuente con las autorizaciones legales para su efectiva ocupaci髇 o que se encuentre en situaci髇 de que se soliciten las mismas y que, conforme al planeamiento urban韘tico de aplicaci髇, tenga como uso pormenorizado el residencial o tenga autorizado el uso residencial mediante la correspondiente licencia urban韘tica de cambio de uso, en suelo clasificado como urbano o urbanizable. Lo anterior se entender� sin perjuicio del deber de solicitar dichas autorizaciones.

  2. Se presumir� que la vivienda no est� habitada cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto por el ordenamiento jur韉ico o el planeamiento urban韘tico durante m醩 de seis meses consecutivos en el curso de un a駉 desde el 鷏timo d韆 de efectiva habitaci髇. A estos efectos, se entender� como 鷏timo d韆 de efectiva habitaci髇 el que ponga fin a, al menos, seis meses consecutivos de uso habitacional. Para las viviendas que no hayan sido nunca habitadas, dicho plazo comenzar� a computarse desde que el estado de ejecuci髇 de las mismas permita solicitar las autorizaciones legales para su efectiva ocupaci髇, o si 閟tas se han otorgado, desde la notificaci髇 de su otorgamiento. En caso de que las autorizaciones legales hayan sido solicitadas pero a鷑 no se hayan concedido, se descontar� el plazo de otorgamiento de aqu閘las. Lo anterior, sin perjuicio del deber de solicitar dichas autorizaciones.

  3. Se presumir� que la vivienda no est� habitada cuando la misma no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministros, calculados con base en la media habitual de consumo por vivienda y por a駉. Dichos valores ser醤 facilitados por las compa耥as suministradoras que presten servicio en el municipio, si bien, en defecto de informaci髇 m醩 espec韋ica, podr� considerarse como deshabitada aquella vivienda en la cual los consumos de agua y electricidad sean inferiores a los establecidos en el Anexo de esta Ley, que podr� ser modificado reglamentariamente.

  4. Quedan excluidas, a los efectos de lo dispuesto en la presente Ley:

  • a) Las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislaci髇 tur韘tica siempre que cuenten con las correspondientes licencias urban韘ticas y de apertura, adem醩 de los requisitos exigidos por la legislaci髇 vigente en materia de turismo y del resto de autorizaciones sectoriales que, en su caso, resulten de aplicaci髇.
  • b) Las viviendas de las personas f韘icas cuyo uso exclusivo sea el de esparcimiento o recreo.
  • c) Las viviendas que sean usadas de forma efectiva mediante su arrendamiento como fincas urbanas celebrado por temporadas, sea 閟ta de verano o cualquier otra y el celebrado para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, siempre que cuenten con los requisitos legales para su ejercicio, y tengan, al menos, una ocupaci髇 no inferior a treinta d韆s en un a駉.

  5. Las viviendas deshabitadas de titularidad de personas f韘icas no ser醤 objeto del ejercicio de la potestad sancionadora, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 53.1.a).

  6. En orden al ejercicio de la potestad sancionadora, s髄o se considerar� vivienda deshabitada, a los efectos previstos en el art韈ulo 53.1.a) de esta Ley, aqu閘la cuya titularidad corresponda a una persona jur韉ica, constituida regular o irregularmente. Por titularidad se entender� aquella que recaiga, tanto sobre el pleno dominio de la vivienda como sobre una participaci髇 mayoritaria en un condominio sobre la misma. A estos efectos, no ser� aplicable la exclusi髇 prevista en la letra b) del apartado 4.

  7. La resoluci髇 que declare la vivienda deshabitada debe realizarse mediante un procedimiento contradictorio, regulado en la Secci髇 2� del Cap韙ulo I de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo.

  El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 22 de octubre de 2013 en el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 4286-2013, ha acordado declarar la desaparici髇 sobrevenida del objeto del incidente sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensi髇 del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la funci髇 social de la vivienda, suspensi髇 que se produjo con la admisi髇 del mencionado recurso de inconstitucionalidad (獴.O.E.� 1 noviembre).

  Art韈ulo 26 Indicios de no habitaci髇

  Ser醤 indicios a tener en cuenta para la consideraci髇 de una vivienda deshabitada, entre otros, los siguientes:

  • a) Los datos del padr髇 de habitantes y de otros registros p鷅licos de residentes u ocupantes.
  • b) Consumos anormalmente bajos o carencia de los suministros de agua, gas y electricidad, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo.
  • c) Recepci髇 de correo y notificaciones en otros lugares.
  • d) Utilizaci髇 habitual de otros lugares para realizar comunicaciones telef髇icas e inform醫icas.
  • e) Declaraciones o actos propios de la persona titular de la vivienda.
  • f) Declaraciones de los titulares de la vecindad.
  • g) Negativa injustificada de la persona titular de la vivienda a facilitar comprobaciones de la Consejer韆 competente en materia de vivienda cuando no se desprenda la existencia de ninguna causa veros韒il que pueda fundamentarla y cuando consten adem醩 otros indicios de falta de ocupaci髇.

  Secci髇 2
  
  Procedimiento contradictorio para la declaraci髇 de una vivienda deshabitada

  Subsecci髇 1
  
  Actuaciones previas

  Art韈ulo 27 羗bito

  1. Las personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas o privadas, estar醤 obligadas a proporcionar a la Administraci髇 Auton髆ica, a requerimiento de 閟ta, toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes que pudieran incidir, directa o indirectamente, en la indagaci髇 de las situaciones de no habitaci髇 o de las personas o entidades responsables de tales situaciones.

  2. A tales efectos, el requerimiento de informaci髇 que, en todo caso, ser� adecuado, pertinente y no excesivo, especificar� la necesidad del mismo para el desarrollo de las potestades de inspecci髇 en esta materia, consignando las disposiciones legales aplicables que lo sustentan.

  3. El requerimiento de informaci髇 que a este fin se curse podr� tener por objeto, bien la investigaci髇 individualizada de situaciones de no habitaci髇 de viviendas concretas, o bien la indagaci髇 de circunstancias no predefinidas al tiempo de la solicitud de informaci髇 pero que resulten necesarias para determinar la acci髇 de la Administraci髇, en el ejercicio de las potestades de inspecci髇 conforme a los objetivos, prioridades y 醡bitos territoriales o subjetivos del Plan de Inspecci髇 en materia de vivienda.

  4. Cuando la informaci髇 exigida se conserve en soporte inform醫ico deber� suministrase en dicho soporte en el caso de que sea requerido.

  5. Las actuaciones de inspecci髇 a que se refieren los art韈ulos siguientes quedar醤 incardinadas en el marco de los correspondientes planes de inspecci髇 en materia de vivienda.

  6. Las peticiones de informaci髇 a que se refieren los art韈ulos 28, 29 y 30 se realizar醤 en el 醡bito de los planes de inspecci髇.

  Art韈ulo 28 Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de las compa耥as suministradoras de servicios

  1. Las compa耥as suministradoras de servicios, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 27, cuando as� sea solicitado por la Consejer韆 competente en materia de vivienda, remitir醤, sin necesidad de contar con el consentimiento de las personas afectadas, en los t閞minos dispuestos en la normativa reguladora de la protecci髇 de datos, la informaci髇 que 閟ta precise sobre los consumos medios que presentan las viviendas con la ubicaci髇 que a este fin se especifique en la petici髇.

  2. Ser醤 objeto de env韔, si as� se requieren, los listados de todas aquellas viviendas o grupos de viviendas que tengan consumos por debajo de los expresamente indicados, con expresi髇 del nombre de la v韆, calle o plaza en la que se ubique cada una de las viviendas contenidas en la relaci髇 objeto de remisi髇, as� como del nombre y apellidos o raz髇 social de la persona titular del contrato y del domicilio y NIF o CIF de esta 鷏tima. A este fin, la petici髇 de la Administraci髇 podr� referirse bien a ubicaciones concretas, a determinadas calles, v韆s o grupo de ellas o bien a 醡bitos delimitados gr醘ica o descriptivamente se馻lados al efecto.

  Art韈ulo 29 Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de los Ayuntamientos

  De conformidad con lo establecido en el art韈ulo 27, previa petici髇 de la Consejer韆 competente en materia de vivienda y al objeto exclusivo del ejercicio de competencias en el 醡bito de esta Ley, los Ayuntamientos remitir醤 a aqu閘la, sin necesidad de contar con el consentimiento de las personas afectadas, en los t閞minos dispuestos en la normativa reguladora de la protecci髇 de datos, informaci髇 procedente del 鷏timo censo municipal o padr髇 de habitantes respecto de las viviendas en las que, conforme a las hojas padronales, no conste inscrita persona alguna. Se indicar�, para cada una de ellas, al menos, su ubicaci髇 concreta, su referencia catastral y el nombre, apellidos, raz髇 social, CIF o NIF y domicilio de su titular o titulares.

  Art韈ulo 30 Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gesti髇 de activos, y entidades inmobiliarias

  A solicitud de la Consejer韆 competente en materia de vivienda, y de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 27, las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, las entidades de gesti髇 de activos, incluidos los procedentes de la reestructuraci髇 bancaria, y las entidades inmobiliarias, cualquiera que sea su domicilio social, remitir醤, sin necesidad de contar con el consentimiento de las personas afectadas, en los t閞minos dispuestos en la normativa reguladora de la protecci髇 de datos, con respecto al 醡bito concreto que se delimite a este efecto, informaci髇 sobre las viviendas de su titularidad que se encuentren deshabitadas con indicaci髇, para cada una de ellas, de su ubicaci髇 detallada, referencia catastral, n鷐ero de finca registral, nombre, apellidos, raz髇 social, NIF o CIF. En caso de tener el car醕ter de vivienda protegida deber� especificarse expresamente, con indicaci髇 de la resoluci髇 de calificaci髇. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa b醩ica estatal.

  Art韈ulo 31 Plazo para la remisi髇 de las comunicaciones

  Las comunicaciones a que se refiere el presente Cap韙ulo habr醤 de ser remitidas a la Administraci髇 solicitante en un plazo de treinta d韆s a computar desde la recepci髇 de la petici髇 de informaci髇.

  Art韈ulo 32 No interrupci髇 del plazo de prescripci髇 de las infracciones

  Las actuaciones previas reguladas en este Cap韙ulo no interrumpir醤 el plazo de prescripci髇 de las infracciones que se hayan podido cometer.

  Subsecci髇 2
  
  De la instrucci髇 del procedimiento contradictorio

  Art韈ulo 33 De la competencia para la tramitaci髇 del procedimiento de declaraci髇 de vivienda deshabitada

  A los efectos de lo previsto en el art韈ulo 25, corresponder� el inicio, la tramitaci髇 y la resoluci髇 del procedimiento declarativo de vivienda deshabitada y la imposici髇 de las sanciones que de ello se deriven a la Consejer韆 competente en materia de vivienda.

  Art韈ulo 34 Tramitaci髇 del procedimiento

  1. El procedimiento se tramitar� conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, con las particularidades establecidas en este Cap韙ulo.

  2. El procedimiento se entender� con la persona titular registral o, en su defecto, con la persona titular catastral de la vivienda o grupo de viviendas, consider醤dose personas interesadas, igualmente, en su caso, a las titulares de derechos reales y situaciones jur韉icas, inscritos y anotados en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de las comunicaciones a las titulares de derechos o intereses leg韙imos.

  3. En caso de que la vivienda o grupo de viviendas pertenezca en r間imen de pro indiviso a varias personas titulares o a una comunidad o entidad sin personalidad jur韉ica y no se tenga constancia de la representaci髇 legal, cada una de las titulares del pro indiviso y todas y cada una de las personas que componen la comunidad, tendr醤, en atenci髇 a la responsabilidad solidaria que ostentan, la consideraci髇 de representante a los efectos de la tramitaci髇 de este procedimiento, sin perjuicio de la comunicaci髇 a los dem醩 cotitulares o personas de la comunidad.

  4. En el supuesto de que la titularidad de la vivienda objeto del procedimiento contradictorio corresponda a una persona jur韉ica, constituida regular o irregularmente, no ser� tenida en consideraci髇 la exclusi髇 prevista en la letra b) del apartado 4 del art韈ulo 25. A estos efectos, se entender� por titularidad tanto la que recaiga en forma de pleno dominio como la que recaiga, en su caso, en forma de participaci髇 mayoritaria en un condominio sobre la misma.

  Art韈ulo 35 Incoaci髇 del procedimiento

  1. El procedimiento se iniciar� mediante acuerdo de la Consejer韆 competente en materia de vivienda. Del acuerdo de inicio del mismo se dar� traslado a las personas interesadas y al Registro de Viviendas Deshabitadas previsto en el art韈ulo 41, al objeto de que se proceda a la apertura de hoja registral con asignaci髇 de un n鷐ero identificativo provisional.

  2. En el acuerdo de inicio del procedimiento contradictorio se especificar醤 los indicios de no habitaci髇 que dan lugar a la apertura del procedimiento y se abrir� el tr醡ite de audiencia por un per韔do de diez d韆s a contar desde la notificaci髇 del mismo en el que las personas interesadas podr醤 alegar lo que tuvieren por conveniente y aportar o proponer las pruebas oportunas.

  3. En caso de que las personas interesadas acrediten o justifiquen la inexistencia de los indicios de no habitaci髇 que hubiesen motivado el inicio del procedimiento contradictorio, se dictar� resoluci髇 de terminaci髇 estimando las alegaciones formuladas en este sentido y ordenando el archivo del procedimiento, debi閚dose dar traslado de la misma al Registro de Viviendas Deshabitadas al objeto de que se proceda a la anulaci髇 de la hoja registral abierta y del n鷐ero identificativo provisionalmente asignado tras la incoaci髇 del procedimiento.

  4. Si no se presentasen alegaciones o si las alegaciones de las personas interesadas no desvirtuasen los indicios de no habitaci髇 que motivaron la incoaci髇 del procedimiento, la instrucci髇 del mismo continuar� conforme a lo establecido en los siguientes art韈ulos.

  Art韈ulo 36 Ofrecimiento de medidas de fomento

  1. Transcurrido el plazo de audiencia, se dictar� acuerdo en el que se especifiquen las medidas de fomento que se hayan ofrecido o se ofrezcan a la propiedad destinadas a facilitarle el arrendamiento de la vivienda y concediendo a este efecto el plazo de un mes, a contar desde la notificaci髇 del acuerdo, para que se manifieste sobre su aceptaci髇, suspendi閚dose durante este tiempo el procedimiento a los efectos del c髆puto del plazo m醲imo de resoluci髇.

  Este acuerdo no se adoptar� en el supuesto de que la titularidad de la vivienda objeto del procedimiento contradictorio sea de persona jur韉ica constituida regular o irregularmente, continuando el procedimiento sin este tr醡ite. Por titularidad se entender� tanto la que recae sobre el pleno dominio como la que recae en forma de participaci髇 mayoritaria en un condominio.

  2. Cumplido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que la persona titular se haya pronunciado, por escrito, sobre la aceptaci髇 de estas medidas, el procedimiento quedar� autom醫icamente reanudado.

  3. En el supuesto de que alguna o algunas de las medidas de fomento sean aceptadas por la persona titular en el plazo a que se refiere el apartado 1, se dictar� acuerdo de suspensi髇 del procedimiento debiendo la propiedad comunicar a la Consejer韆 competente en materia de vivienda, en el plazo de dos meses desde la aceptaci髇 de dichas medidas, la fecha en que se inicia la situaci髇 de efectiva habitaci髇. Transcurridos dos meses desde que la aceptaci髇 se haya producido, sin que la propiedad haya comunicado el inicio de la situaci髇 de efectiva habitaci髇, se dictar� acuerdo levantando la suspensi髇 y ordenando la continuaci髇 de la instrucci髇 del procedimiento conforme a lo establecido en 閟te y en los siguientes art韈ulos.

  4. En caso de que la propiedad, adem醩 de haber manifestado la aceptaci髇 de las medidas de fomento a que se refiere el apartado 1, haya llevado a cabo la comunicaci髇 de la fecha en la que se inicia la efectiva habitaci髇, se mantendr� la suspensi髇 del procedimiento hasta tanto se acredite el cumplimiento efectivo del destino habitacional de la vivienda, destino que se entender� formalizado si se mantiene, al menos, durante los siguientes seis meses de forma ininterrumpida a contar desde la fecha de inicio.

  De no acreditarse el mantenimiento ininterrumpido de la efectiva habitaci髇 en el plazo indicado, se dictar� acuerdo levant醤dose la suspensi髇 y ordenando la continuaci髇 del procedimiento conforme a lo establecido en 閟te y en los siguientes art韈ulos.

  Acreditada la efectiva habitaci髇 durante seis meses ininterrumpidos, a contar desde la fecha de inicio comunicada por la propiedad a estos efectos, se dictar� resoluci髇 de terminaci髇 del procedimiento acordando el archivo de las actuaciones, si bien, a fin de realizar un seguimiento en los t閞minos del apartado 6, no se producir� la anulaci髇 de la hoja registral aun cuando no llegue a producirse el asiento de inscripci髇 de vivienda deshabitada.

  5. Si una vez acordado el inicio del procedimiento la persona titular de la vivienda, a鷑 no aceptando las medidas de fomento, acredita que se le ha dado destino habitacional a la misma, se dictar� resoluci髇 acordando la suspensi髇 del procedimiento hasta que se justifique que la situaci髇 de efectiva habitaci髇 se mantiene durante, al menos, seis meses consecutivos, en cuyo caso se dictar� resoluci髇 de terminaci髇 del procedimiento acordando el archivo de las actuaciones, si bien, a fin de realizar un seguimiento en los t閞minos del apartado 6, no se producir� la anulaci髇 de la hoja registral aunque no llegue a producirse el asiento de inscripci髇 de vivienda deshabitada. De no acreditarse el mantenimiento ininterrumpido de la efectiva habitaci髇 en el plazo indicado se dictar� acuerdo levant醤dose la suspensi髇 y ordenando la continuaci髇 del procedimiento conforme a los siguientes art韈ulos.

  6. No obstante todo lo anterior, en caso de volver a constatarse la existencia de indicios de no habitaci髇 con respecto a la misma vivienda o grupo de viviendas en el plazo de un a駉 desde la resoluci髇 de archivo a que se refieren los apartados 4 y 5, podr� volver a iniciarse el procedimiento contradictorio sin necesidad de realizar el ofrecimiento de las medidas de fomento regulado en el apartado 1.

  Art韈ulo 37 Medios de prueba

  1. Las personas interesadas podr醤 solicitar la apertura de un periodo de prueba con expresa menci髇 de los medios de prueba que proponen. En el acuerdo que autorice la apertura del periodo de prueba, que se notificar� a las personas interesadas, se podr� rechazar de forma motivada la pr醕tica de las pruebas que, en su caso, hubiesen propuesto aqu閘las, cuando sean improcedentes. En caso de que, pese a solicitarse que se abra periodo de prueba, no se proponga medio alguno no proceder� la apertura del mismo, salvo que la persona encargada de la instrucci髇 lo acuerde, notific醤dose su apertura a las personas interesadas, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por un plazo no superior a treinta d韆s ni inferior a diez.

  2. La carga de la prueba corresponder� siempre a quien haga valer su derecho y se practicar� por 閘 mismo o a su costa.

  3. En caso de que la prueba se articule a trav閟 de la emisi髇 de un informe de un 髍gano administrativo o entidad p鷅lica, y sea admitida a tr醡ite, se entender� que tiene car醕ter preceptivo, y se podr� entender que tiene car醕ter determinante para la resoluci髇 del procedimiento, con los efectos previstos en el art韈ulo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  Subsecci髇 3
  
  Resoluci髇 del procedimiento

  Art韈ulo 38 Propuesta de resoluci髇

  Transcurrido el plazo de alegaciones y practicadas las pruebas que hubieran sido declaradas pertinentes, se realizar� propuesta de resoluci髇 suscrita por inspector o inspectora o personal funcionario habilitado, con expresa valoraci髇 de las pruebas que, en su caso, hayan sido admitidas as� como de la estimaci髇 o desestimaci髇 total o parcial de las alegaciones que se hubieren presentado. Dicha propuesta s髄o habr� de ser notificada a las personas interesadas cuando la misma tenga en cuenta nuevos hechos, alegaciones, pruebas o documentos o que no sean conocidos por estas 鷏timas.

  Art韈ulo 39 Resoluci髇 declarativa de vivienda deshabitada

  1. La Resoluci髇 declarativa de vivienda deshabitada ser� notificada a la persona titular de la vivienda o grupo de viviendas, en todo caso, y a las dem醩 personas interesadas que puedan resultar del procedimiento.

  2. De la resoluci髇 declarativa se dar� traslado al Registro de Viviendas Deshabitadas al objeto de proceder a su inscripci髇. Asimismo, habr� de ser notificada al Ayuntamiento en cuyo t閞mino se ubique la vivienda a fin de que por el mismo se proceda, en su caso, a la aplicaci髇 del recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles conforme establece la ley reguladora de este tributo.

  3. Lo dispuesto en el apartado anterior no ser� aplicable a las resoluciones de terminaci髇 del procedimiento reguladas en los art韈ulos 35 y 36.

  Art韈ulo 40 Plazo de resoluci髇 del procedimiento y efectos de la falta de resoluci髇 expresa

  El plazo m醲imo para resolver el procedimiento contradictorio para la declaraci髇 de una vivienda deshabitada y notificar su resoluci髇 ser� de un a駉 desde su incoaci髇, transcurrido el cual se producir� la caducidad.

  CAP蚑ULO II
  
  Del Registro de Viviendas Deshabitadas

  Art韈ulo 41 Del Registro de Viviendas Deshabitadas

  1. Se crea el Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento b醩ico para el control y seguimiento de las viviendas que, por concurrir los supuestos previstos legalmente en el art韈ulo 25, hayan sido declaradas deshabitadas y ello al servicio del ejercicio de las potestades administrativas que reconoce la presente Ley. Tendr醤 acceso a dicho Registro las resoluciones declarativas de viviendas deshabitadas y otras resoluciones que reflejen actuaciones o circunstancias con incidencia en la situaci髇 de no habitaci髇.

  2. El Registro tiene car醕ter auton髆ico y se residencia en la Consejer韆 con competencia en materia de vivienda, que estar� obligada a mantener el mismo.

  3. La efectiva constituci髇 del Registro de Viviendas Deshabitadas conllevar� la creaci髇 de un fichero de datos de titularidad p鷅lica, a los efectos previstos en la normativa sobre protecci髇 de datos de car醕ter personal, y con arreglo a lo establecido sobre la creaci髇 de tales ficheros en el art韈ulo 20 de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal.

  4. Con objeto de impulsar la necesaria colaboraci髇 entre el Registro y el Sistema Estad韘tico y Cartogr醘ico de Andaluc韆, se establecer醤 los circuitos de informaci髇 necesarios para la elaboraci髇 de actividades estad韘ticas y cartogr醘icas oficiales incluidas en los planes estad韘ticos y cartogr醘icos de Andaluc韆 y sus programas anuales.

  La utilizaci髇 de la informaci髇 del Registro para la confecci髇 de estad韘ticas oficiales deber� cumplir lo dispuesto en la normativa sobre estad韘tica.

  5. Reglamentariamente se determinar醤 las clases de asientos, las resoluciones y actos inscribibles, los plazos y las causas de cancelaci髇 de los asientos o anulaci髇 de las hojas registrales.

  CAP蚑ULO III
  
  De las actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas

  Art韈ulo 42 Pol韙icas y actuaciones de fomento para promover el uso social de las viviendas

  La Consejer韆 con competencia en materia de vivienda, en coordinaci髇 con las administraciones locales, debe impulsar pol韙icas de fomento para asegurar el cumplimiento efectivo del destino de la vivienda al uso legalmente establecido de dar habitaci髇 e incentivar la incorporaci髇 de las viviendas deshabitadas al mercado inmobiliario. A tal fin, debe velar para evitar situaciones de no habitaci髇 permanente de viviendas y aprobar el correspondiente programa de actuaci髇.

  Art韈ulo 43 Medidas a disposici髇 de las personas propietarias de viviendas deshabitadas

  1. La actividad de fomento susceptible de ofrecerse a las personas propietarias de viviendas deshabitadas, a trav閟 de los planes de vivienda o de los programas de fomento aprobados por la Consejer韆 competente en materia de vivienda, podr� consistir, entre otras, en las siguientes actuaciones:

  • a) Las medidas de intermediaci髇 en el mercado del arrendamiento de viviendas que garanticen su efectiva ocupaci髇.
  • b) El aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jur韉ica de las viviendas alquiladas.
  • c) Las medidas fiscales que determinen las respectivas Administraciones P鷅licas en el ejercicio de sus competencias.
  • d) Las subvenciones para personas propietarias y arrendatarias y entidades intermediarias.

  2. Todas las medidas recogidas en este art韈ulo estar醤 en funci髇 de las disponibilidades presupuestarias.

  Art韈ulo 44 Medidas de intermediaci髇 en el mercado del arrendamiento de viviendas

  1. Las Administraciones P鷅licas, directamente o a trav閟 de entidades p鷅licas instrumentales definidas en la normativa reguladora del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas o las entidades intermediarias definidas en la normativa sectorial correspondiente, podr醤 intermediar en el stock de viviendas libres deshabitadas a fin de favorecer su efectiva ocupaci髇 a trav閟 del impulso y facilitaci髇 de f髍mulas de concertaci髇 de arrendamientos entre personas propietarias y personas o unidades de convivencia demandantes de viviendas.

  2. Como medidas de intermediaci髇 en el mercado del arrendamiento de viviendas podr醤 ejecutarse programas de Bolsas de Viviendas en Alquiler, adoptarse convenios con personas jur韉icas o f韘icas propietarias de viviendas deshabitadas para integrarlas en el mercado del arrendamiento y cualquier otra que pueda generar una ampliaci髇 del parque de viviendas disponibles en arrendamiento a precios adecuados.

  3. Reglamentariamente se establecer醤 las condiciones de calidad y caracter韘ticas que habr醤 de reunir dichas viviendas, la caracterizaci髇 de las personas demandantes de arrendamiento y de las personas arrendatarias y las condiciones en las que la Administraci髇 competente asegurar� las contingencias relativas a la garant韆 del cobro de las rentas, la defensa jur韉ica y la reparaci髇 de desperfectos, otorgando una seguridad jur韉ica adecuada a los propietarios de viviendas deshabitadas.

  4. A su vez y para garantizar tambi閚 la seguridad jur韉ica a las personas inquilinas, se podr醤 ofrecer las viviendas a la Administraci髇 competente para que 閟ta gestione su arrendamiento por s� misma o a trav閟 de terceros, a cambio de garantizar su mantenimiento, su destino al uso habitacional permanente y efectivo, el cobro de los arrendamientos, la defensa jur韉ica y el arreglo de desperfectos y ello, mediante la contrataci髇 de las p髄izas de seguro correspondientes, sin perjuicio de las espec韋icas medidas que se prevean en la legislaci髇 sectorial y en los planes de vivienda tanto para la construcci髇 como para la rehabilitaci髇 en las diversas modalidades de propiedad y posesi髇.

  Art韈ulo 45 Aseguramiento de riesgos

  A los efectos de dar cobertura adecuada a los programas de alquiler de viviendas deshabitadas, las Administraciones P鷅licas competentes, como medida de fomento, podr醤 concertar el aseguramiento de los riesgos inherentes a la ocupaci髇 habitacional de las mismas, que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados, la responsabilidad civil, la asistencia del hogar y la defensa jur韉ica.

  Mediante disposici髇 reglamentaria y respecto a los programas de intermediaci髇 auton髆ica en el mercado del arrendamiento de viviendas, se regular醤 los requisitos para la contrataci髇 de las p髄izas de seguro correspondientes.

  Art韈ulo 46 Medidas fiscales

  La Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 en el ejercicio de sus competencias podr� establecer incentivos fiscales que contribuyan a la efectiva ocupaci髇 de las viviendas deshabitadas, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias que para cada ejercicio establezcan las cuentas p鷅licas.

  Art韈ulo 47 Subvenciones para las personas propietarias y arrendatarias y para entidades intermediarias

  1. Con la finalidad de fomentar el acceso a la vivienda mediante la puesta en arrendamiento de las viviendas deshabitadas, las personas propietarias y arrendatarias y las entidades intermediarias definidas en la normativa sectorial correspondiente podr醤 recibir subvenciones a fin de garantizar la efectiva dinamizaci髇 de los factores que impiden el derecho al acceso a una vivienda digna y asequible, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias que para cada ejercicio establezcan las cuentas p鷅licas.

  2. Las subvenciones se instrumentar醤 a trav閟 de los programas contenidos en los planes de vivienda, sin perjuicio de la posibilidad de otorgar subvenciones de car醕ter excepcional cuando se acrediten razones de inter閟 p鷅lico, social, econ髆ico, o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria y siempre con los requisitos que establece la normativa de aplicaci髇.

  T蚑ULO VII
  
  Del ejercicio de la potestad de inspecci髇 y de la potestad sancionadora

  CAP蚑ULO I
  
  De las potestades de inspecci髇

  Art韈ulo 48 Naturaleza y funciones de la inspecci髇

  1. A los efectos de asegurar el efectivo derecho a la vivienda que se establece en la presente Ley y en particular evitar la situaci髇 de viviendas deshabitadas, la Consejer韆 con competencia en materia de vivienda desarrollar� las funciones inspectoras correspondientes.

  2. Las funciones inspectoras est醤 atribuidas al Cuerpo de Inspecci髇 de Ordenaci髇 del Territorio, Urbanismo y Vivienda, que ejercer� sus funciones en los t閞minos establecidos en el Decreto 225/2006, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci髇 y Funciones de la Inspecci髇 de Ordenaci髇 del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andaluc韆, o norma que lo sustituya.

  Art韈ulo 49 Planificaci髇 y programaci髇

  La Inspecci髇 planificar� y programar� su actuaci髇 seg鷑 objetivos generales o particulares, en atenci髇 a su 醡bito competencial material y territorial.

  Art韈ulo 50 Criterios generales de planificaci髇

  Ser醤 criterios generales, tanto para la elaboraci髇 del Plan de Inspecci髇 como para su ejecuci髇 y desarrollo, los que, sin constituir prelaci髇 y sin tener car醕ter limitativo, se enumeran a continuaci髇:

  • a) La repercusi髇 de las infracciones en la demanda habitacional.
  • b) La potencial incidencia de las pr醕ticas o mecanismos inmobiliarios en el acceso a la vivienda por suponer restricci髇 en las existencias de viviendas.
  • c) El grado de incidencia de las pr醕ticas de retenci髇 de viviendas que potencialmente restrinjan el acceso a las viviendas deshabitadas a consecuencia de la no incorporaci髇 de las mismas al mercado inmobiliario de venta o arrendamiento.
  • d) El grado de lesi髇 a la funci髇 social de la propiedad como consecuencia de una posible posici髇 de dominio, en todo o en parte, del mercado inmobiliario.
  • e) La trascendencia o repercusi髇 jur韉ica, social y econ髆ica de los asuntos objeto de la actuaci髇.
  • f) El efecto de prevenci髇 general y especial que se pretenda obtener con la actuaci髇 inspectora.
  • g) La consideraci髇 territorial de las actuaciones a desarrollar en atenci髇 al d閒icit y demanda habitacional.
  • h) Beneficio econ髆ico obtenido o perseguido por las infracciones en materia de vivienda.
  • i) Criterios de 韓dole temporal que prioricen la actuaci髇 en el tiempo en evitaci髇 de la prescripci髇 de infracciones o caducidad de procedimientos.
  • j) Las determinaciones de car醕ter subjetivo por su especial incidencia en las pr醕ticas que impidan el uso del stock de viviendas deshabitadas mediante su acumulaci髇.
  • k) Factores locativos que aconsejen la intervenci髇 de la Administraci髇 con objeto de atender a las necesidades de acceso a la vivienda en consideraci髇 con las previsiones existentes en materia de vivienda protegida.

  Art韈ulo 51 Plan de Inspecci髇 en materia de vivienda

  1. Las actuaciones inspectoras se adecuar醤 al Plan de Inspecci髇, que ser� aprobado mediante Orden de la persona titular de la Consejer韆 con competencia en materia de vivienda y elaborado a partir de las propuestas que a tal efecto realicen los 髍ganos directivos, centrales y perif閞icos y entidades instrumentales con incidencia en este 醡bito competencial.

  2. El Plan tendr� car醕ter reservado, sin perjuicio de la publicidad de los criterios en los que se inspire y de las l韓eas gen閞icas de la actuaci髇 inspectora.

  3. El Plan contendr� los criterios sectoriales, territoriales, cuantitativos o de cualquier otro tipo, as� como orden de prioridades que vayan a servir para seleccionar los 醡bitos, objetivos, inmuebles y viviendas objeto de las actuaciones inspectoras, as� como la determinaci髇, aproximada o concreta, del tipo y n鷐ero de 閟tas que deban realizarse.

  4. El Plan tendr� una vigencia m醲ima de dos a駉s, prorrogable por una anualidad.

  5. El Plan se compondr�, al menos, de:

  • a) Una memoria justificativa de las necesidades de intervenci髇 a trav閟 de la t閏nica de planificaci髇 y expresiva del diagn髎tico de necesidades habitacionales en el 醡bito de su vigencia temporal.
  • b) Las directrices generales y estrat間icas, mediante la determinaci髇 de las 醨eas de atenci髇 prioritaria y criterios b醩icos de desarrollo.
  • c) Los criterios que prioricen la actuaci髇 de la Administraci髇 en atenci髇 a las anteriores directrices generales.
  • d) La delimitaci髇 de los 醡bitos geogr醘icos y materiales de actuaci髇.
  • e) La determinaci髇 de los objetivos en el periodo de vigencia.
  • f) La descripci髇 de los programas que instrumentar醤 la planificaci髇 durante su vigencia.
  • g) La afecci髇 de los medios materiales y econ髆icos para la consecuci髇 de los objetivos previstos en el Plan.
  • h) Los puntos de control y seguimiento as� como los indicadores de cumplimiento.
  • i) La especificaci髇 de su periodo de vigencia.
  • j) La indicaci髇 de las posibles actuaciones preparatorias o previas que contribuyan a determinar los objetivos y prioridades de la actividad inspectora.

  CAP蚑ULO II
  
  De la potestad sancionadora

  Secci髇 1
  
  Tipificaci髇 de las infracciones

  Art韈ulo 52 Infracciones

  Son infracciones en materia de vivienda todas las acciones u omisiones tipificadas como tales por la presente Ley, sin perjuicio de las especificaciones que puedan efectuarse por reglamento, dentro de los l韒ites establecidos por la legislaci髇 vigente en materia sancionadora.

  Art韈ulo 53 Clasificaci髇 de las infracciones

  1. Son infracciones muy graves:

  • a) No dar efectiva habitaci髇 a la vivienda en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 25, siempre que el titular de la misma sea una persona jur韉ica, bien en r間imen de pleno dominio, bien como titular de una participaci髇 mayoritaria en un condominio sobre la misma. Igual determinaci髇 rige para las sociedades irregulares.
  • b) Arrendar, transmitir o ceder el uso de inmuebles para su destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 3 de esta Ley y dem醩 normativa aplicable.
  • c) Incumplir el deber de conservaci髇 y rehabilitaci髇 previsto en el art韈ulo 17.2 de esta Ley si supone un riesgo para la seguridad de las personas o un incumplimiento de un programa previo de rehabilitaci髇 forzosa, de acuerdo con lo se馻lado en los art韈ulos 18 y 19.
  • d) La inexactitud en los documentos o certificaciones que sean necesarios para obtener una resoluci髇 administrativa con reconocimiento de derechos econ髆icos, de protecci髇 o de habitabilidad, con el fin de obtener un acto favorable a los infractores o a terceros, de eludir una orden de ejecuci髇 u otro acto no favorable a las personas interesadas o bien para la obtenci髇 de medidas de fomento en los t閞minos de los art韈ulos 9, 17, 18, 19 y 42 y siguientes.

  El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 22 de octubre de 2013 en el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 4286-2013, ha acordado declarar la desaparici髇 sobrevenida del objeto del incidente sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensi髇 del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la funci髇 social de la vivienda, suspensi髇 que se produjo con la admisi髇 del mencionado recurso de inconstitucionalidad (獴.O.E.� 1 noviembre).

  2. Son infracciones graves:

  • a) Arrendar, transmitir o ceder el uso de inmuebles para su destino a vivienda incumpliendo condiciones de habitabilidad seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 3 de esta Ley y dem醩 normativa aplicable.
  • b) Incumplir el deber de conservaci髇 y rehabilitaci髇 previsto en el art韈ulo 17.2 de esta Ley si supone una afectaci髇 grave de las condiciones de habitabilidad de los edificios.
  • c) La reiteraci髇, una vez advertida la infracci髇, ante la negativa a suministrar datos a la Administraci髇 o ante la obstrucci髇 a las funciones de informaci髇, control o inspecci髇, conforme se dispone en los art韈ulos 27, 28, 29 y 30. A estos efectos, se entiende igualmente por obstrucci髇 la remisi髇 de informaci髇 o la aportaci髇 de datos o documentos de forma inexacta si ello incide en el ejercicio de las potestades de inspecci髇 o en la constataci髇, calificaci髇 o graduaci髇 de la infracci髇.
  • d) El incumplimiento de los deberes que se establecen para las Agencias de Fomento del Alquiler en la presente Ley y en los art韈ulos 10 y siguientes del Decreto 33/2005, de 15 de febrero, por el que se regulan las citadas entidades, o norma que lo sustituya.
  • e) No comunicar a la Administraci髇 competente la concurrencia de hechos sobrevenidos que supongan una modificaci髇 de la situaci髇 econ髆ica o circunstancias de otra 韓dole que hayan sido tenidas en cuenta para ser beneficiaria de las medidas de fomento reguladas en los art韈ulos 9 y 42 y siguientes.

  3. Son infracciones leves:

  • a) Incumplir el deber de conservaci髇 y rehabilitaci髇, si supone una afectaci髇 leve de las condiciones de habitabilidad de los edificios seg鷑 se previene en el art韈ulo 3.
  • b) Negarse a suministrar datos a la Administraci髇 u obstruir o no facilitar las funciones de informaci髇, control o inspecci髇, conforme a lo dispuesto en los art韈ulos 27, 28, 29 y 30 de esta Ley. A estos efectos, se entiende por obstrucci髇, igualmente, la remisi髇 de informaci髇 o la aportaci髇 de datos o documentos de forma inexacta, o con incumplimiento de plazos, si ello incide en el ejercicio de las potestades de inspecci髇 o en la constataci髇, calificaci髇 o graduaci髇 de la infracci髇.

  Secci髇 2
  
  Responsabilidad

  Art韈ulo 54 Sujetos responsables

  1. Podr醤 ser sancionadas por hechos constitutivos de infracci髇 en materia de vivienda, cuando resulten responsables de los mismos, las personas f韘icas o jur韉icas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y dem醩 entidades que, carentes de personalidad jur韉ica, constituyan una unidad econ髆ica o un patrimonio separado.

  2. No obstante, no habr� lugar a responsabilidad por infracci髇 en materia de vivienda en los siguientes supuestos:

  • a) Cuando concurra fuerza mayor.
  • b) Cuando deriven de una decisi髇 colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reuni髇 en que se adopt� la misma.
  • c) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar, sin perjuicio de la obligaci髇 de restauraci髇 o indemnizaci髇 que, en su caso, haya de exigirse a su representante legal, a resultas de la comisi髇 de la infracci髇.

  3. Si la infracci髇 administrativa se imputa a una persona jur韉ica, pueden ser consideradas responsables las personas que ejerzan la administraci髇 de hecho o de derecho y las personas f韘icas que integran los correspondientes organismos rectores o de direcci髇, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente r間imen jur韉ico. En todo caso las personas jur韉icas ser醤 responsables de las infracciones administrativas cometidas en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y las personas que ejerzan la administraci髇 de hecho o de derecho.

  4. Las sanciones por infracciones cometidas por las sociedades y entidades disueltas se transmitir醤 a quienes sucedan a las mismas en los t閞minos previstos en la legislaci髇 reguladora de aqu閘las.

  Art韈ulo 55 Responsables solidarios

  1. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realizaci髇 de una infracci髇 determinar� que queden solidariamente obligados frente a la Administraci髇 al pago de la sanci髇.

  2. Si el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las disposiciones legales en materia de vivienda corresponde a varias personas f韘icas o jur韉icas conjuntamente, todas ellas responden de forma solidaria de las infracciones que cometan y de las sanciones que se les impongan.

  3. Si en la instrucci髇 de un procedimiento sancionador no es posible delimitar las responsabilidades individuales, 閟tas deben determinarse solidariamente.

  4. Igualmente, responder醤 solidariamente del pago de las sanciones en materia de vivienda:

  • a) Los part韈ipes o cotitulares de herencias yacentes, comunidades de bienes y dem醩 entidades que, carentes de personalidad jur韉ica, constituyan una unidad econ髆ica o un patrimonio separado, sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de proceder al reparto de la sanci髇, de conformidad con la individualizaci髇 de la misma, en proporci髇 a sus respectivas participaciones.
  • b) Las entidades, personas f韘icas o jur韉icas que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de las viviendas o en el ejercicio de explotaciones o actividades econ髆icas, cuando la transmisi髇 de la titularidad se produzca con el fin de eludir el cumplimiento de las obligaciones en esta materia establecidas en las leyes o de eludir la responsabilidad en el orden sancionador.
  • c) Quienes sean causantes o colaboren en la ocultaci髇 o transmisi髇 de bienes o derechos del interesado con la finalidad de impedir la actuaci髇 de la Administraci髇 en el ejercicio de las potestades reguladas en esta Ley.
  • d) Quienes se encuentren en otros supuestos de solidaridad normativamente establecidos.

  Art韈ulo 56 Responsables subsidiarios

  Ser醤 responsables subsidiarios de las infracciones en materia de vivienda las siguientes personas o entidades:

  • a) Quienes ejerzan la administraci髇 de hecho o de derecho de las personas jur韉icas que, habiendo 閟tas cometido infracciones, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de vivienda, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad tambi閚 se extender� a las sanciones.
  • b) Quienes ejerzan la administraci髇 de hecho o de derecho de aquellas personas jur韉icas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su cumplimiento o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del incumplimiento. Su responsabilidad tambi閚 se extender� a las sanciones.
  • c) Las entidades que, por sus participaciones en el capital o por cualquier otro medio, controlen o dirijan la actividad de la responsable principal, salvo que deban ser consideradas directamente autoras de la infracci髇. Su responsabilidad tambi閚 se extender� a las sanciones.
  • d) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jur韉icas o en las que concurra una voluntad rectora com鷑 con 閟tas, cuando resulte acreditado que las personas jur韉icas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones en materia de vivienda. La responsabilidad se extender� a las sanciones de dichas personas jur韉icas.
  • e) Las dem醩 personas o entidades que, conforme a supuestos normativamente establecidos, hayan de responder de esta forma.

  Art韈ulo 57 Muerte o extinci髇 de las personas jur韉icas o entidades responsables de las infracciones

  1. La muerte de la persona f韘ica extingue su responsabilidad por las infracciones previstas en el art韈ulo 53, sin perjuicio de que la Administraci髇 adopte las medidas no sancionadoras que procedan en los t閞minos previstos en la legislaci髇 sectorial que corresponda.

  2. Si la persona jur韉ica o entidad autora de una infracci髇 prevista en esta Ley se extinguiera antes de ser sancionada, se considerar醤 autores a las personas f韘icas que, en sus 髍ganos de direcci髇 o actuando a su servicio o por ellas mismas, determinaron con su conducta la comisi髇 de la infracci髇.

  3. En caso de extinci髇 de la persona jur韉ica responsable, los socios o part韈ipes en el capital responder醤 solidariamente, y hasta el l韒ite del valor de la cuota de liquidaci髇 que se les hubiera adjudicado, del pago de la sanci髇.

  Secci髇 3
  
  De las diferentes medidas aplicables

  Art韈ulo 58 Medidas aplicables

  1. Todas las conductas que presuntamente supongan una vulneraci髇 de las disposiciones de la presente Ley sujetas a sanci髇 deben dar lugar al inicio de diligencias dirigidas a averiguar la identidad de las personas jur韉icas o entidades presuntamente responsables, los hechos y las circunstancias del caso concreto para determinar si son constitutivas de infracci髇 administrativa. Una vez instruidas las diligencias, el 髍gano competente puede resolver el archivo, la incoaci髇 del procedimiento sancionador o, si procede, la adopci髇 de medidas.

  2. Son medidas de reconducci髇 las multas coercitivas no sancionadoras. Son medidas sancionadoras la imposici髇 de sanciones y la inhabilitaci髇 de los infractores para participar en promociones de vivienda de protecci髇 p鷅lica o en actuaciones de edificaci髇 o rehabilitaci髇 con financiaci髇 p鷅lica.

  3. Si la infracci髇 genera da駉s y perjuicios a la Administraci髇, el procedimiento sancionador debe acompa馻rse de la evaluaci髇 de dichos da駉s y perjuicios, para obtener su resarcimiento a cargo de las personas responsables de la actuaci髇 sancionada.

  Art韈ulo 59 Otras medidas no sancionadoras

  1. La Administraci髇 competente, con independencia de la acci髇 sancionadora, puede imponer de forma reiterada y consecutiva multas coercitivas, hasta un m醲imo de tres, cuando transcurran los plazos se馻lados para llevar a cabo una acci髇 u omisi髇 u obligaci髇 de hacer o de no hacer previamente requerida, en lo que se refiere a las obligaciones de informaci髇 y colaboraci髇 reguladas en esta Ley.

  2. La cuant韆 de cada una de las multas no debe superar, para la primera multa coercitiva, el 20 por ciento de la multa sancionadora establecida para el tipo de infracci髇 cometida, el 30 por ciento, para la segunda multa coercitiva y el 40 por ciento, para la tercera multa coercitiva, y en todas ellas por una cuant韆 m韓ima de 1.000 euros. El importe de las multas coercitivas queda inicialmente afectado al pago de los gastos que genere la posible ejecuci髇 subsidiaria de la orden incumplida, sin perjuicio de la repercusi髇 del coste total de la misma a quien lo incumpla.

  Art韈ulo 60 Criterios para la graduaci髇 de las sanciones

  En la imposici髇 de las sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley debe guardarse la debida adecuaci髇 entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracci髇 y la sanci髇 aplicada.

  Deben tenerse en cuenta, en particular, los siguientes criterios:

  • a) Si hay intencionalidad.
  • b) La naturaleza o trascendencia de los perjuicios causados, tanto a la Administraci髇 como a las personas usuarias de las viviendas.
  • c) La reincidencia por la comisi髇 en el plazo de un a駉 de m醩 de una infracci髇, si as� ha sido declarado por resoluci髇 firme en v韆 administrativa o judicial.
  • d) Los beneficios econ髆icos obtenidos como consecuencia de la infracci髇.
  • e) La repercusi髇 social de los hechos.
  • f) La generalizaci髇 de la infracci髇.
  • g) El grado de participaci髇 en la comisi髇 o en la omisi髇.
  • h) A los efectos de lo dispuesto en el art韈ulo 53.1.a), la titularidad de 3 o m醩 viviendas deshabitadas constituir� circunstancia agravante y determinar� la imposici髇 de la sanci髇 en su cuant韆 m醲ima por cada una de aquellas viviendas.

  Art韈ulo 61 Cuant韆 de las sanciones

  1. Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de hasta 9.000 euros. Las infracciones graves se sancionan con una multa de hasta 6.000 euros. Las infracciones leves se sancionan con una multa de hasta 3.000 euros. En ning鷑 caso pueden imponerse multas inferiores a 1.000 euros.

  2. Cuando las infracciones afecten a varias viviendas, aunque pertenezcan a la misma promoci髇, podr醤 imponerse tantas sanciones como infracciones se hayan cometido respecto de cada vivienda cuando la conducta infractora sea individualizada en relaci髇 con viviendas concretas.

  Art韈ulo 62 Sanciones accesorias

  1. A quienes incurran en las infracciones graves o muy graves previstas en la presente Ley, se podr醤 imponer, adem醩, las siguientes sanciones accesorias:

  • a) La inhabilitaci髇 de la persona jur韉ica o entidad infractora para promover o participar en promociones de viviendas protegidas o en actuaciones de edificaci髇 o rehabilitaci髇 con financiaci髇 p鷅lica durante el plazo m醲imo de tres a駉s, en los supuestos de infracciones graves, o de seis a駉s, en los supuestos de infracciones muy graves.
  • b) Para las infracciones graves o muy graves la p閞dida de la condici髇 de Agencia de Fomento del Alquiler o de entidad intermediaria homologada como agente colaborador a los efectos de esta Ley conforme a la norma de homologaci髇 que resulte de aplicaci髇.

  2. Podr� levantarse la inhabilitaci髇 en caso de que los infractores hayan reparado la infracci髇 objeto de la resoluci髇 sancionadora.

  Art韈ulo 63 Reducci髇 de la sanci髇

  1. En los supuestos previstos en las letras a), b) y c) del art韈ulo 53.1, las letras a) y b) del art韈ulo 53.2 y la letra a) del art韈ulo 53.3, si la o las personas jur韉icas o entidades infractoras procedieran a la restituci髇 del bien jur韉ico protegido por los tipos infractores relacionados en los art韈ulos especificados, podr� practicarse una reducci髇 de un 50 por ciento a un 80 por ciento de la sanci髇 que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador, pudiendo procederse, en su caso, a la devoluci髇 del importe correspondiente de la que ya se hubiera satisfecho.

  2. En el supuesto de haberse practicado la reducci髇 de la sanci髇 a que se refiere el apartado anterior, la impugnaci髇 o reclamaci髇 de la resoluci髇 sancionadora supondr� la exigencia del importe de la reducci髇 practicada sin m醩 requisito que la notificaci髇 de tal circunstancia, comput醤dose a partir de esta notificaci髇 los plazos para su ingreso en periodo voluntario.

  Art韈ulo 64 Destino de las multas impuestas

  Las cantidades que se exijan como consecuencia de las multas impuestas con car醕ter sancionador se ingresar醤 en el patrimonio p鷅lico de suelo de la Administraci髇 actuante para su destino, con car醕ter finalista, a la financiaci髇 de pol韙icas p鷅licas que fomenten la efectividad del derecho a la vivienda.

  Secci髇 4
  
  Prescripciones y caducidad

  Art韈ulo 65 Prescripci髇 de las infracciones

  1. Los plazos de prescripci髇 de las infracciones administrativas tipificadas por la presente Ley son de cuatro a駉s para las muy graves, de tres a駉s para las graves y de dos a駉s para las leves. Dichos plazos empiezan a contar desde que la infracci髇 se haya cometido. En el caso de que se trate de infracciones continuadas, el c髆puto del plazo de prescripci髇 se inicia cuando ha finalizado el 鷏timo acto con el que se consuma la infracci髇.

  2. Los plazos se interrumpen:

  • a) Si se lleva a cabo cualquier actuaci髇 administrativa que conduzca a la iniciaci髇, tramitaci髇 o resoluci髇 del procedimiento sancionador, realizada con conocimiento formal de la persona inculpada o encaminada a averiguar su identidad o domicilio, y que se practique con proyecci髇 externa a la dependencia en que se origine. No interrumpe la prescripci髇 la notificaci髇 de las actuaciones administrativas con car醕ter exclusivamente recordatorio, que no tenga por finalidad impulsar el procedimiento para imponer la sanci髇 administrativa.
  • b) Si las personas inculpadas interponen reclamaciones o recursos de cualquier clase.

  Art韈ulo 66 Prescripci髇 de las sanciones

  1. El plazo de prescripci髇 de las sanciones administrativas impuestas de acuerdo con lo establecido por la presente Ley es de cuatro a駉s para las muy graves, de tres a駉s para las graves y de dos a駉s para las leves. Dichos plazos empiezan a contar desde que la sanci髇 administrativa haya adquirido firmeza.

  2. Los plazos a que se refiere el apartado 1 se interrumpen:

  • a) Si se lleva a cabo una actuaci髇 administrativa dirigida a ejecutar la sanci髇 administrativa, con el conocimiento formal de las personas sancionadas o encaminada a averiguar su identidad o domicilio y practicada con proyecci髇 externa a la dependencia en que se origine. No interrumpe la prescripci髇 la notificaci髇 de las actuaciones administrativas con car醕ter recordatorio, que no tenga por finalidad impulsar el procedimiento para ejecutar la sanci髇 administrativa.
  • b) Si las personas sancionadas interponen reclamaciones o recursos de cualquier clase.

  Art韈ulo 67 Plazo de resoluci髇 y terminaci髇 del procedimiento sancionador

  1. El procedimiento sancionador deber� concluir en el plazo m醲imo de un a駉 contado desde la notificaci髇 del acuerdo de inicio del procedimiento. Se entender� que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique el acto administrativo de resoluci髇 del mismo. A los solos efectos de entender cumplida la obligaci髇 de notificar dentro del plazo m醲imo de duraci髇 del procedimiento, ser� suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificaci髇 que contenga el texto 韓tegro de la resoluci髇, sin perjuicio de que, si as� procede, haya de practicarse el segundo intento de notificaci髇 en cumplimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  Los per韔dos de interrupci髇 justificada y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administraci髇 no se incluir醤 en el c髆puto del plazo de resoluci髇.

  2. El vencimiento del plazo establecido en el apartado 1 sin que se haya notificado resoluci髇 expresa producir� la caducidad del procedimiento.

  3. La declaraci髇 de caducidad podr� dictarse de oficio o a instancia de la persona interesada y ordenar� el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad no impedir� la iniciaci髇 de un nuevo procedimiento sancionador si es que la infracci髇 que ha dado lugar al mismo no ha sido objeto de prescripci髇.

  Dicha caducidad no producir�, por s� sola, la prescripci髇 de infracciones, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpir醤 el plazo de prescripci髇.

  Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, as� como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservar醤 su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relaci髇 con el mismo u otro interesado.

  Secci髇 5
  
  Competencias en el procedimiento sancionador

  Art韈ulo 68 Administraciones competentes

  1. Corresponden, en el 醡bito de las respectivas competencias, a la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, a trav閟 de la Consejer韆 competente en materia de vivienda y a los entes locales las atribuciones para iniciar, tramitar e imponer, con car醕ter general, las sanciones administrativas establecidas por la presente Ley.

  2. En el caso de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆, los 髍ganos competentes para imponer sanciones son:

  • a) La persona titular de la Secretar韆 General con competencia en materia de vivienda, si la multa propuesta supera los 6.000 euros.
  • b) La persona titular de la Direcci髇 General competente en materia de vivienda, si la multa supera los 3.000 euros y no supera los 6.000 euros, as� como para acordar las sanciones accesorias a que hace referencia el art韈ulo 62.
  • c) La persona titular de la Delegaci髇 Provincial o Territorial de la Consejer韆 competente en materia de vivienda, si la multa no supera los 3.000 euros.

  3. En el 醡bito de las entidades locales, se estar� a lo que disponga su normativa espec韋ica.�

  
• Seis. Se renumera la Disposici髇 adicional 鷑ica de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andaluc韆, y se a馻den cinco nuevas disposiciones adicionales, quedando todas ellas redactadas como sigue:

  DISPOSICIONES ADICIONALES

  獶isposici髇 adicional primera Observatorio de la Vivienda de Andaluc韆

  1. Se crea el Observatorio de la Vivienda de Andaluc韆, adscrito a la Consejer韆 competente en materia de vivienda, que tendr� las funciones que reglamentariamente se establezcan, entre las que estar醤 la planificaci髇, el estudio y el an醠isis del entorno y de la realidad social y econ髆ica andaluza del sector de la vivienda, y que colaborar� en los trabajos que sobre esta materia pueda realizar cualquier otro 髍gano p鷅lico.

  2. Podr醤 participar en los cometidos del Observatorio de la Vivienda de Andaluc韆 miembros propuestos por las organizaciones sociales y empresariales representativas de colectivos y agentes del sector de la vivienda que manifiesten inter閟 en colaborar en las tareas que se establezcan.

  3. El Observatorio de la Vivienda de Andaluc韆 se constituir� dentro de los seis meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

  Disposici髇 adicional segunda Del deber de colaboraci髇 de Notarios y Registradores de la Propiedad

  En el marco del deber de colaboraci髇, los Notarios y Registradores de la Propiedad deber醤 informar a la Administraci髇 de cualesquiera actos, escrituras o documentos con trascendencia a efectos del ejercicio de las competencias inspectoras o sancionadoras que esta Ley reconoce a las Administraciones P鷅licas.

  Disposici髇 adicional tercera Desarrollo reglamentario del Registro de Viviendas Deshabitadas

  El Consejo de Gobierno, a la mayor brevedad posible, y, en todo caso, en el plazo m醲imo de dos meses desde la entrada en vigor de esta norma, deber� aprobar las normas reglamentarias que permitan poner en funcionamiento el Registro de Viviendas Deshabitadas.

  Disposici髇 adicional cuarta Actualizaci髇 de las cuant韆s de las sanciones y modificaci髇 de la distribuci髇 competencial de los 髍ganos de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆

  1. Las cuant韆s de las sanciones reguladas en el art韈ulo 61 podr醤 ser revisadas y actualizadas por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con la evoluci髇 de las circunstancias socioecon髆icas y conforme a la espec韋ica afectaci髇 a los bienes jur韉icos protegidos.

  2. La atribuci髇 de competencias a distintos 髍ganos de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 para imponer sanciones prevista en el art韈ulo 68.2 podr� ser modificada mediante Decreto del Consejo de Gobierno con la exclusiva finalidad de adaptarla a los cambios que se produzcan en la estructura de la Consejer韆 competente en materia de vivienda.

  Disposici髇 adicional quinta Desarrollo reglamentario

  El desarrollo reglamentario de esta ley se llevar� a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los art韈ulos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆.

  Disposici髇 adicional sexta Realizaci髇 de funciones inspectoras en materia de vivienda

  Las actuaciones de inspecci髇 ser醤 realizadas por Inspectores o Inspectoras del Cuerpo Superior de Inspecci髇 de Ordenaci髇 del Territorio, Urbanismo y Vivienda, por funcionarios y funcionarias que desempe馿n los puestos con funciones de inspecci髇 en la materia y, excepcionalmente, en caso de ser necesario, por personal funcionario expresamente habilitado para el ejercicio de actuaciones inspectoras en materia de vivienda, quienes, para el ejercicio de sus funciones, tendr醤 la condici髇 de agente de la autoridad y disfrutar醤 de las facultades y deberes legales previstos en el Decreto 225/2006, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci髇 y Funciones de la Inspecci髇 de Ordenaci髇 del Territorio, Urbanismo y Vivienda, o norma que lo sustituya. La habilitaci髇 podr� ser revocada en cualquier momento.

  A efectos de lo previsto en el art韈ulo 85.1 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andaluc韆 y otras entidades, de recaudaci髇, de contrataci髇, de funci髇 p鷅lica y de fianzas de arrendamientos y suministros, el personal designado inspector conforme a la normativa de aplicaci髇 tendr� en el ejercicio de sus funciones la consideraci髇 de agente de la autoridad.�

  
• Siete. Se a馻de un Anexo con el siguiente contenido:

  獳NEXO
  
  Consumo de agua que en defecto de informaci髇 m醩 espec韋ica permite considerar como deshabitada la vivienda:

  • - inferior a 0,21 metros c鷅icos por vivienda y mes
  • - inferior a 2,47 metros c鷅icos por vivienda y a駉

  Consumo de electricidad que en defecto de informaci髇 m醩 espec韋ica permita considerar como deshabitada la vivienda:

  • - inferior a 24 kilowatios hora por vivienda y mes
  • - inferior a 291 kilowatios hora por vivienda y a駉.�
  

Art韈ulo 2 Modificaci髇 de los art韈ulos 10 y 20 y adici髇 de dos disposiciones adicionales a la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo

La Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, queda modificada como sigue:

• Uno. Se modifica el art韈ulo 10 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que queda con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 10 Obligaci髇 de las personas promotoras, de las compa耥as suministradoras de servicios y de las entidades de cr閐ito

  1. Las personas p鷅licas o privadas promotoras de viviendas protegidas est醤 obligadas a comunicar al Ayuntamiento, al solicitar la correspondiente licencia de ocupaci髇, el car醕ter de viviendas protegidas de la promoci髇.

  2. Las compa耥as suministradoras de los servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones deber醤 comunicar a la Consejer韆 competente en materia de vivienda los cambios de titularidad que se realicen en los contratos para el suministro de tales servicios en las viviendas protegidas.

  3. Las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, y las entidades de gesti髇 de activos, incluidos los procedentes de la reestructuraci髇 bancaria, deber醤 comunicar la adquisici髇, por cualquier t韙ulo, de viviendas protegidas, a la Consejer韆 competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes desde la misma, con indicaci髇 de su ubicaci髇, precio, fecha de adquisici髇 y situaci髇 administrativa, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa b醩ica estatal.

  4. El deber de informaci髇 regulado en los apartados anteriores deber� realizarse de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de protecci髇 de datos.�

  
• Dos. Se a馻den cuatro nuevos apartados m), n), �) y o) al art韈ulo 20 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, con la siguiente redacci髇:
  • 玬) No poner viviendas protegidas, por parte de entidades bancarias o de cualquier persona f韘ica o jur韉ica, a disposici髇 de los Registros P鷅licos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, en los supuestos de adquisici髇 de la titularidad de las mismas mediante procedimiento de ejecuci髇 hipotecaria o por impago de deuda sin que medie dicho procedimiento, en los t閞minos del art韈ulo 9.1.d) del Reglamento regulador de los Registros P鷅licos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado por Decreto 1/2012, de 10 de enero.
  • n) Incumplir las personas adjudicatarias de una vivienda protegida la obligaci髇 de venta o puesta a disposici髇 de la vivienda que poseyeran con anterioridad, en los supuestos y plazos previstos en el art韈ulo 5.3 del Reglamento de Viviendas Protegidas aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio.
  • �) La obstaculizaci髇 del ejercicio de la potestad de inspecci髇, en los supuestos espec韋icos de las obligaciones de las entidades financieras de aportar inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances, a consecuencia de no informar de forma veraz sobre la localizaci髇, destino de las viviendas o identidad de los nuevos adquirentes, por figurar las mismas a nombre de sus antiguos propietarios o poseedores o por cualquier otra circunstancia, de conformidad con lo se馻lado en la disposici髇 adicional s閜tima.
  • o) No comunicar, por parte de las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y entidades de gesti髇 de activos, incluidos los procedentes de la reestructuraci髇 bancaria, la adquisici髇 por cualquier t韙ulo de viviendas protegidas a la Consejer韆 competente en materia de vivienda, en los t閞minos dispuestos en el art韈ulo 10.3. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa b醩ica estatal.�
  
• Tres. Se a馻den tres disposiciones adicionales, sexta, s閜tima y octava a la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, con la siguiente redacci髇:

  DISPOSICIONES ADICIONALES

  獶isposici髇 adicional sexta Plazo de resoluci髇 y notificaci髇 de los procedimientos sancionadores en materia de vivienda protegida

  El plazo m醲imo para resolver y notificar la resoluci髇 expresa de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de vivienda protegida ser� de un a駉.

  Disposici髇 adicional s閜tima Deber de comunicaci髇 de las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gesti髇 de activos relativa a viviendas protegidas

  En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la modificaci髇 de esta Ley operada por el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la funci髇 social de la vivienda, las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gesti髇 de activos, incluidos los procedentes de la restructuraci髇 bancaria, vendr醤 obligadas a comunicar a la Consejer韆 competente en materia de vivienda un inventario de las viviendas protegidas, que integren su balance, radicadas en la Comunidad Aut髇oma, con indicaci髇 de su ubicaci髇, precio y fecha de adquisici髇 y situaci髇 administrativa. Ello con cumplimiento de la normativa reguladora de protecci髇 de datos y sin perjuicio de la obligaci髇 derivada del art韈ulo 9.1.d) del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los Registros P鷅licos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa b醩ica estatal.

  Disposici髇 adicional octava Realizaci髇 de funciones inspectoras en materia de vivienda protegida

  Las actuaciones de inspecci髇 ser醤 realizadas por Inspectores o Inspectoras del Cuerpo Superior de Inspecci髇 de Ordenaci髇 del Territorio, Urbanismo y Vivienda, por funcionarios y funcionarias que desempe馿n los puestos con funciones de inspecci髇 en la materia y, excepcionalmente, en caso de ser necesario, por personal funcionario expresamente habilitado para el ejercicio de actuaciones inspectoras en materia de vivienda, quienes, para el ejercicio de sus funciones, tendr醤 la condici髇 de agente de la autoridad y disfrutar醤 de las facultades y deberes legales previstos en el Decreto 225/2006, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci髇 y Funciones de la Inspecci髇 de Ordenaci髇 del Territorio, Urbanismo y Vivienda, o norma que lo sustituya. La habilitaci髇 podr� ser revocada en cualquier momento.�

  

Art韈ulo 3 Modificaci髇 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por el que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garant韆s para los ciudadanos

En el Anexo I de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por el que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garant韆s procedimentales para los ciudadanos, se a馻den los siguientes procedimientos, competencia de la Consejer韆 de Fomento y Vivienda, con plazo de resoluci髇 y notificaci髇 superior a seis meses:

• a) Procedimiento sancionador en materia de vivienda protegida, cuya normativa de referencia es la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, siendo el plazo de resoluci髇 y notificaci髇 un a駉.
• b) Procedimiento contradictorio para la declaraci髇 de vivienda deshabitada, cuya normativa de referencia es la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andaluc韆, siendo el plazo de resoluci髇 y notificaci髇 un a駉.
• c) Procedimiento sancionador en materia de vivienda, cuya normativa de referencia es la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andaluc韆, siendo el plazo de resoluci髇 y notificaci髇 un a駉.

Art韈ulo 4 Modificaci髇 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria de empresas de la Junta de Andaluc韆 y otras entidades, de recaudaci髇, de contrataci髇, de funci髇 p鷅lica y de fianza de arrendamientos y suministros

La Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria de empresas de la Junta de Andaluc韆 y otras entidades, de recaudaci髇, de contrataci髇, de funci髇 p鷅lica y de fianza de arrendamientos y suministros, queda modificada como sigue:

• Uno. Se modifica el art韈ulo 78 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, que queda con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 78 Disposiciones generales

  1. De conformidad con el art韈ulo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, ser� obligatoria la exigencia y prestaci髇 de fianza en los contratos de arrendamiento de vivienda y para uso distinto del de vivienda. Asimismo, ser� obligatoria la exigencia y prestaci髇 de fianza en los contratos de suministro de agua, gas y electricidad.

  2. Las fianzas deber醤 constituirse en efectivo como dep髎ito sin inter閟, en la forma que se determine reglamentariamente.�

• Dos. Se modifica el art韈ulo 83 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, que queda con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 83 R間imen general

  1. El ingreso del dep髎ito se realizar� en efectivo dentro del plazo de un mes desde la celebraci髇 del contrato. Para acreditar el ingreso del dep髎ito se entregar� un resguardo conforme al modelo establecido por la Consejer韆 competente en materia de hacienda.

  2. Finalizado el contrato, se devolver� el dep髎ito en el plazo de un mes desde la fecha de la solicitud de la devoluci髇 y en la forma que se determine reglamentariamente, d醤dose cuenta de ello, con 15 d韆s de antelaci髇 a la Consejer韆 competente en materia de hacienda.

  Transcurrido el plazo a que se refiere el p醨rafo anterior sin que se haya procedido a la devoluci髇 del dep髎ito, se devengar� el inter閟 legal correspondiente.

  3. Lo establecido en este T韙ulo lo ser� sin perjuicio de las competencias que en materia de recaudaci髇, en periodo ejecutivo, ostenta la Agencia Tributaria de Andaluc韆.�

• Tres. Se modifica el art韈ulo 84 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, que queda con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 84 R間imen concertado

  1. La Consejer韆 competente en materia de vivienda podr� autorizar la liquidaci髇 de fianzas por el sistema de r間imen concertado, en atenci髇 a las condiciones especiales que concurran y al afianzamiento que se ofrezca, cuando lo soliciten:

  • a) Las entidades suministradoras de los servicios de agua, gas y electricidad.
  • b) Los arrendadores de fincas urbanas para uso de vivienda o para uso distinto del de vivienda siempre que el n鷐ero de fianzas a depositar o ya depositadas a la fecha de la solicitud sea igual o superior a diez y su importe exceda de 30.000 euros. Asimismo, los arrendadores podr醤 acogerse a este r間imen cuando el n鷐ero de fianzas sea igual o superior a veinte, con independencia del importe total de las mismas.

  2. Las entidades suministradoras o personas arrendadoras acogidas al r間imen concertado deber醤 presentar ante la Consejer韆 competente en materia de vivienda o, en su caso, ante sus entidades instrumentales, dentro del mes de enero de cada a駉, una declaraci髇 anual de concierto comprensiva de un estado demostrativo del movimiento de fianzas constituidas durante el a駉 anterior, de las devueltas y del saldo. Se acompa馻r醤 relaciones nominales de unas y otras. Dicha Consejer韆 determinar� el modelo de impreso de la declaraci髇 anual.

  Si el saldo fuera positivo, se acompa馻r� tambi閚 justificante del ingreso del 90% del importe de las fianzas que tengan en su poder, reserv醤dose el 10% restante para atender la devoluci髇 de las fianzas que se soliciten y, en su caso, las responsabilidades a que las mismas est閚 afectas.

  En caso contrario se reintegrar� la cantidad que proceda, previa aprobaci髇 de la declaraci髇 anual, en el plazo de tres meses desde la finalizaci髇 del plazo de su presentaci髇 ante la Consejer韆 competente en materia de hacienda.

  Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido al reintegro se devengar� el inter閟 legal correspondiente.

  Los sujetos acogidos al r間imen concertado no podr醤 solicitar el reintegro parcial del dep髎ito hasta la aprobaci髇 de la declaraci髇 anual.

  3. Proceder� la devoluci髇 de la totalidad de los dep髎itos realizados cuando se produzca el cese de la actividad que implique la devoluci髇 de la totalidad de las fianzas.�

• Cuatro. Se modifica el art韈ulo 85 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, que queda con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 85 Inspecci髇 del dep髎ito de fianzas

  1. La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la obligaci髇 del dep髎ito de fianzas se realizar� por la Consejer韆 competente en materia de vivienda por s� o a trav閟 de sus entidades instrumentales.

  El personal designado inspector conforme a la normativa de aplicaci髇 tendr� en el ejercicio de sus funciones la consideraci髇 de agente de la autoridad.

  2. Los sujetos obligados al dep髎ito de la fianza deber醤 comparecer cuando sean requeridos ante la Inspecci髇 para facilitar los datos y documentos que resulten relevantes para verificar o comprobar el exacto cumplimiento de la obligaci髇 legal, inclusive las comprobaciones en su contabilidad que se estimen pertinentes.

  3. El procedimiento de inspecci髇 se regular� reglamentariamente.�

• Cinco. Modificaci髇 de la Disposici髇 final primera de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre.

  Se modifica la Disposici髇 final primera de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, que queda redactada de la siguiente forma:

  獶isposici髇 final Primera Competencias en materia de fianzas

  Las competencias asignadas a la Consejer韆 competente en materia de vivienda en el T韙ulo II de la presente Ley y, en particular, en su art韈ulo 85, podr醤 atribuirse por el Consejo de Gobierno a otra Consejer韆 o entidad p鷅lica dependiente de la Administraci髇 Auton髆ica.�

Art韈ulo 5 Modificaci髇 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas

趎ico. Se modifica el art韈ulo 33 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, a馻di閚dose un nuevo apartado g) quedando el art韈ulo con la siguiente redacci髇:

Disposici髇 adicional primera Planificaci髇 extraordinaria y urgente

En el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley, se habr� de aprobar mediante Orden de la persona titular de la Consejer韆 con competencia en materia de vivienda un Plan extraordinario de inspecci髇, con inclusi髇 de aquellas medidas de orden prioritario que, en el marco del ejercicio de la potestad sancionadora y de inspecci髇, contribuyan a mitigar de forma urgente los efectos perjudiciales que la no habitaci髇 de las viviendas producen en el derecho de acceso a la vivienda, en los concretos 醡bitos materiales o geogr醘icos que en aqu閘 se determinen.

V閍se O [ANDALUC虯] 10 mayo 2013, por la que se aprueba el Plan Extraordinario de Inspecci髇 de Viviendas 2013-2014 (獴.O.J.A.� 17 mayo).

Disposici髇 adicional segunda Declaraci髇 del inter閟 social a efectos de expropiaci髇 forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social

1. Se declara de inter閟 social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecuci髇 hipotecaria, a efectos de expropiaci髇 forzosa del uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo m醲imo de tres a駉s a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el 髍gano jurisdiccional competente.

2. Este Decreto-ley ser� de aplicaci髇 a las viviendas incursas en procedimientos de desahucio instado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gesti髇 de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gesti髇 de activos y todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa b醩ica estatal.

3. Podr醤 ser beneficiarias de esta expropiaci髇 de uso las personas que cumplan los siguientes requisitos:

• a) Tener su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto de ejecuci髇 hipotecaria, siendo su 鷑ica vivienda en propiedad y no poseer ning鷑 miembro de la unidad familiar que conviva en la vivienda objeto de ejecuci髇 hipotecaria la titularidad de ninguna vivienda.
• b) Tener la condici髇 inicial de propietarios y deudores hipotecarios.
• c) El lanzamiento pueda generar una situaci髇 de emergencia o exclusi髇 social.
• d) Cumplir los siguientes requisitos de car醕ter econ髆ico:
  • 1.� Que el procedimiento de ejecuci髇 hipotecaria sea consecuencia del impago de un pr閟tamo concedido para poder hacer efectivo el derecho a la vivienda por la persona.
  • 2.� Que las condiciones econ髆icas de la persona hayan sufrido un importante menoscabo, provocando una situaci髇 de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones y circunstancias existentes cuando se concedi� el pr閟tamo hipotecario. Se entender� que las circunstancias econ髆icas han sufrido un importante menoscabo cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos, 1,5 y ello suponga m醩 de un tercio de los ingresos familiares.
  • 3.� El conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere el 3 del Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiples.

4. El procedimiento de expropiaci髇 temporal del uso de la vivienda deber� ajustarse a la legislaci髇 de expropiaci髇 forzosa y, en su caso, a lo establecido por la legislaci髇 sectorial aplicable. La resoluci髇 que d� inicio al mismo se comunicar� al 髍gano judicial que est� conociendo del procedimiento de ejecuci髇 hipotecaria de que se trate.

5. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se declarar�, previa informaci髇 p鷅lica y motivadamente, el inter閟 social y la necesidad de ocupaci髇 a efectos de expropiaci髇 forzosa temporal del uso de viviendas. Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno podr� delegarse dicha competencia en la Consejer韆 competente en materia de vivienda.

6. El anuncio de publicaci髇 podr� incluir la citaci髇 para el levantamiento del acta previa.

7. Se declara de urgente ocupaci髇 a los efectos previstos en el art韈ulo 52 de la Ley de Expropiaci髇 Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 , la expropiaci髇 prevista en este Decreto-ley.

8. En el acta de ocupaci髇 se establecer� la forma en que la propiedad recuperar� el uso de la vivienda una vez transcurrido el plazo de expropiaci髇 temporal del uso. En particular, se reconoce el derecho de reversi髇 en caso de que las circunstancias de la persona beneficiaria se modificaran antes de transcurrir los tres a駉s establecidos en el apartado 1, de manera que pueda ejercer el derecho a una vivienda digna y adecuada en t閞minos an醠ogos a los que posibilita la vivienda que fue objeto del procedimiento de ejecuci髇 hipotecaria. Asimismo se incurrir� en causa de reversi髇 cuando se pierda la condici髇 de beneficiario.

9. La persona beneficiaria quedar� obligada al pago a la Administraci髇 expropiante de una cantidad en concepto de contribuci髇 al pago de justiprecio, en cuant韆 no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar que conviva en la misma, ni superior a la cuant韆 del justiprecio.

10. Cuando la persona beneficiaria haya incurrido en falsedad u ocultaci髇 de informaci髇 en el cumplimiento de los requisitos contemplados en el apartado 3 o en la presentaci髇 de la documentaci髇 a que se refiere el apartado 11, perder� la condici髇 de beneficiaria. La Consejer韆 competente en materia de vivienda vigilar� el cumplimiento de los requisitos referidos y el pago de las cantidades a las que, como beneficiario, est� obligado en los t閞minos del apartado anterior.

11.

Para el inicio del procedimiento de expropiaci髇 forzosa, la persona interesada deber� aportar, adem醩 de la solicitud dirigida al efecto y de la documentaci髇 acreditativa del proceso de ejecuci髇 hipotecaria en el que su vivienda se encuentre incursa, la siguiente documentaci髇:

• a) Acreditativa de la situaci髇 econ髆ica de la persona interesada:
  • 1.� Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentaci髇 del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria con relaci髇 a los 鷏timos cuatro ejercicios tributarios.
  • 2.� 趌timas tres n髆inas percibidas.
  • 3.� Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuant韆 mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  • 4.� Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas m韓imas de inserci髇 o ayudas an醠ogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Aut髇omas y las entidades locales.
  • 5.� En caso de trabajador por cuenta propia, se aportar� el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria o si estuviera percibiendo la prestaci髇 por cese de actividad, el certificado expedido por el 髍gano gestor en el que figure la cuant韆 mensual percibida.
  • 6.� Autorizaci髇 a la Administraci髇 actuante para la consulta de los datos fiscales y de seguridad social ante los Registros y Administraciones competentes.
  • 7.� Alternativamente a la presentaci髇 del conjunto de documentaci髇 citada en los n鷐eros anteriores, la persona interesada podr� limitarse a presentar autorizaci髇 a la Administraci髇 actuante para la consulta de los datos fiscales y de seguridad social ante los Registros y Administraciones competentes.
• b) Acreditativa de los ingresos por los miembros de la unidad familiar, en los t閞minos establecidos para la persona beneficiaria.
• c) Acreditativa del n鷐ero de personas que habitan la vivienda:
  • 1.� Libro de familia o documento acreditativo de la inscripci髇 como pareja de hecho.
  • 2.� Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentaci髇 de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
• d) Titularidad de los bienes:
  • 1.� Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relaci髇 con cada uno de los miembros de la unidad familiar o, alternativamente, declaraci髇 responsable y autorizaci髇 de consulta a la Administraci髇 actuante para solicitar los datos catastrales y del Registro de la Propiedad.
  • 2.� Escrituras de compraventa de la vivienda y de constituci髇 de la garant韆 hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garant韆s reales o personales constituidas, si las hubiere.
• e) Declaraci髇 responsable de la persona deudora o deudoras relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el 醡bito de aplicaci髇 de este Decreto-ley.
• f) Informe de los Servicios Sociales Comunitarios del municipio sobre la situaci髇 de emergencia o exclusi髇 social en que puede quedar el beneficiario en caso de lanzamiento.

12. Las solicitudes se tramitar醤 seg鷑 el orden riguroso de incoaci髇, salvo que, en supuestos de especial vulnerabilidad o en el caso de que el lanzamiento sea inminente, se dicte resoluci髇 motivada, de la que quedar� constancia, estableciendo una preferencia distinta.

En los supuestos en que afecte a una vivienda, ser� competente para su resoluci髇 el titular de la Delegaci髇 Territorial o Provincial en materia de vivienda. Si la afectaci髇 alcanza a una generalidad de situaciones, corresponder� a la persona titular de la Direcci髇 General competente en materia de vivienda.

A efectos de lo establecido en los p醨rafos anteriores se entender� que existe un supuesto de especial vulnerabilidad cuando el lanzamiento afecte a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, v韈timas de violencia de g閚ero o personas desempleadas sin derecho a prestaci髇.

En estos casos y ante situaciones similares tendr醤 un orden preferente en la tramitaci髇 aquellas personas cuya vivienda est� sometida a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica.

13. La imposibilidad de llevar a cabo la ejecuci髇 de la ocupaci髇 de la vivienda por causas relacionadas con el procedimiento de desahucio, as� como por otras causas no imputables a la Administraci髇 no implica el reconocimiento de derecho alguno a la persona beneficiaria de la expropiaci髇.

14. En todo caso, lo establecido en esta disposici髇 estar� en funci髇 de las disponibilidades presupuestarias.

En t閞minos anuales, el gasto destinado a esta actuaci髇 ser� el equivalente a aplicar la remuneraci髇, seg鷑 tipo de inter閟 retributivo de las cuentas de la Junta de Andaluc韆, al saldo vivo del conjunto de los dep髎itos por fianzas de arrendamiento y suministros constituidos en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆.

15. Lo establecido en esta disposici髇 ser� de aplicaci髇 a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecuci髇 hipotecaria que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento o se hubiese producido el lanzamiento despu閟 de la entrada en vigor del mismo pero la vivienda est� desocupada.

V閍se la Disposici髇 Transitoria 2.� 玃rocedimientos en curso� de la Ley [ANDALUC虯] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la funci髇 social de la vivienda (獴.O.J.A.� 8 octubre).

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 22 de octubre de 2013 en el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 4286-2013, ha acordado declarar la desaparici髇 sobrevenida del objeto del incidente sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensi髇 del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la funci髇 social de la vivienda, suspensi髇 que se produjo con la admisi髇 del mencionado recurso de inconstitucionalidad (獴.O.E.� 1 noviembre).

Disposici髇 transitoria 鷑ica Traspaso de funciones en materia de fianzas de arrendamientos y suministros

Mediante Decreto de Consejo de Gobierno y en el plazo m醩 breve posible desde la entrada en vigor de este Decreto-ley, se realizar� el traspaso, desde la Consejer韆 competente en materia de hacienda a la Consejer韆 competente en materia de vivienda o a la entidad instrumental designada por 閟ta, de las funciones, instrumentos de gesti髇 de fianzas de arrendamientos y suministros a que hace referencia el art韈ulo 4 del presente Decreto-ley, as� como los soportes documentales y t閏nicos asociados a la gesti髇 de la misma.

Hasta tanto no se haga efectivo dicho traspaso seguir� la Consejer韆 competente en materia de hacienda ejerciendo las funciones de gesti髇 de fianzas de arrendamientos y suministros en los t閞minos establecidos en el T韙ulo II de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones legales o reglamentarias se opongan a lo establecido en el presente Decreto-ley.

Disposici髇 final primera Desarrollo reglamentario de las medidas de fomento

El establecimiento de las medidas que se contemplan en los art韈ulos 44 y 45 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, deber� efectuarse en el plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley por la Consejer韆 competente en materia de vivienda a fin de regular un programa de Bolsas de Viviendas en Alquiler destinado a asegurar la efectiva ocupaci髇.

Disposici髇 final segunda Desarrollo reglamentario

El desarrollo reglamentario de este Decreto-ley se llevar� a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los art韈ulos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 y art韈ulo 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆.

Disposici髇 final tercera C髆puto de plazos de no habitaci髇

Los plazos de no habitaci髇, previstos en el art韈ulo 25 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, comenzar醤 a computarse desde la entrada en vigor del Decreto-ley.

Disposici髇 final cuarta Entrada en vigor

El presente Decreto-ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆.