LEY 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico

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• Exposición de motivos
• TÍTULO PRELIMINAR
  • Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación de la ley
  • Artículo 2 Racionalización, reordenación y reestructuración del sector público autonómico
  • Artículo 3 Creación de entidades integrantes del sector público autonómico
  • Artículo 4 Simplificación y racionalización administrativas y reducción de cargas
  • Artículo 5 Guía de procedimientos y servicios
  • Artículo 6 Habilitación de procedimientos administrativos
• TÍTULO I. Colaboración dentro del sector público
  • Artículo 7 Principios generales y deberes de colaboración y cooperación
  • Artículo 8 Autoprovisión de bienes y de servicios dentro del propio sector público
  • Artículo 9 Aprobación de catálogos de medios y prestaciones
  • Artículo 10 Articulación de los principios de cooperación, colaboración y asistencia recíprocas
  • Artículo 11 Protocolos de coordinación
  • Artículo 12 Comisiones o grupos de trabajo
  • Artículo 13 Encomiendas de gestión
  • Artículo 14 Acuerdos de colaboración o cooperación entre entidades del sector público autonómico para el desempeño conjunto de tareas comunes
  • Artículo 15 Acuerdos de colaboración o cooperación para la financiación conjunta de contratos para la satisfacción de una finalidad común
  • Artículo 16 Modalidades de actuación en la financiación conjunta de contratos para la satisfacción de una finalidad común
  • Artículo 17 Otros supuestos de colaboración, cooperación y asistencia
  • Artículo 18 Resolución de conflictos en la colaboración, cooperación y asistencia
• TÍTULO II. Racionalización y reducción de costes en la contratación del sector público
  • CAPÍTULO I. Contratación pública eficiente y estratégica
    • Artículo 19 Principios y objetivos de la contratación pública
    • Artículo 20 Contratación eficiente y centralizada
    • Artículo 21 Contratación electrónica
    • Artículo 22 Contratación sin costes de acceso a la información
    • Artículo 23 Contratación transparente y que fomente la competencia
    • Artículo 24 Contratación documentalmente simplificada
    • Artículo 25 Compra pública responsable
    • Artículo 25 bis Reglas de utilización de los criterios de adjudicación basados en la calidad social y ambiental impuestos por normativa sectorial
    • Artículo 26 Reserva de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción sociolaboral
    • Artículo 27 Participación de las asociaciones y fundaciones en contratos del sector público
    • Artículo 28 Contratación pública de innovación
    • Artículo 29 Contratación accesible a las pymes y empresas incipientes
    • Artículo 30 Contratación responsable
    • Artículo 31 Contratación sostenible
    • Artículo 32 Contratos de colaboración público-privada y de concesión de obra pública
    • Artículo 33 Justificación de la necesidad e idoneidad de la contratación
    • Artículo 33 bis
    • Artículo 34 Junta Consultiva de Contratación Administrativa
    • Artículo 35 Asistencia a los órganos de contratación y a las empresas
  • CAPÍTULO II. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia
    • Artículo 35 bis Naturaleza y competencias
    • Artículo 35 ter Composición
    • Artículo 35 quater Duración del mandato, garantías e incompatibilidades de los miembros del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia
    • Artículo 35 quinquies Régimen de funcionamiento
• TÍTULO III. Racionalización, simplificación y mejora de la calidad normativa
  • Artículo 36 Objetivos fundamentales
  • Artículo 37 Instrumentos para la mejora de la calidad normativa
• TÍTULO IV. Sistematización, reordenación y supresión de entidades públicas instrumentales del sector público autonómico
  • CAPÍTULO I. Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia
    • Artículo 38 Creación, fines y objetivos
    • Artículo 39 Estatutos y régimen jurídico
  • CAPÍTULO II. Agencia en Materia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios
    • Artículo 40 Creación, fines y objetivos
    • Artículo 41 Estatutos y régimen jurídico
  • CAPÍTULO III. Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos
    • Artículo 42 Creación, fines y objetivos
    • Artículo 43 Estatutos y régimen jurídico
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional primera Referencias a las entidades y órganos que se integran en las entidades públicas instrumentales que serán objeto de creación
  • Disposición adicional segunda Elaboración de catálogos
  • Disposición adicional tercera Comisión interdepartamental para el estudio de las necesidades de contratación centralizada
  • Disposición adicional cuarta Fomento de la contratación electrónica
  • Disposición adicional quinta Colaboración con las entidades locales para la contratación electrónica y el acceso sin coste a la información
  • Disposición adicional sexta Fomento de la contratación precomercial
  • Disposición adicional séptima Fomento de la contratación pública innovadora
  • Disposición adicional octava Otras guías de contratación
  • Disposición adicional novena Modelos de pliegos de cláusulas administrativas
  • Disposición adicional décima Racionalización de medios de las administraciones públicas para la prestación de servicios sociales
  • Disposición adicional decimoprimera Garantía en la continuidad en la prestación de servicios por la Agencia Gallega de Servicios Sociales
  • Disposición adicional decimosegunda Racionalización del sistema de transporte público
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria primera Ejercicio de las competencias hasta el inicio de la actividad por las entidades públicas instrumentales que serán objeto de creación
  • Disposición transitoria segunda Régimen transitorio de los órganos de gobierno del Instituto Energético de Galicia
  • Disposición transitoria tercera Régimen transitorio de los órganos de gobierno de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural
  • Disposición transitoria cuarta Integración de miembros en el Consejo Gallego de Bienestar
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria única Derogación normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Modificación de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia y altos cargos de la Administración autonómica
  • Disposición final segunda Modificación de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia
  • Disposición final tercera Modificación de la Ley 1/2007, de 15 de enero, de la Academia Gallega de Seguridad Pública
  • Disposición final cuarta Modificación de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental
  • Disposición final quinta Adaptación de funciones y composición del Consejo Gallego de Bienestar
  • Disposición final sexta Modificación de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral
  • Disposición final séptima Adaptación del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral a la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia
  • Disposición final octava Modificación de la Ley 6/2012, de 19 de junio, de juventud de Galicia
  • Disposición final novena Modificación de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, de patrimonio de Galicia
  • Disposición final décima Modificación del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia
  • Disposición final decimoprimera Modificación de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia
  • Disposición final decimosegunda Modificación de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de incendios forestales de Galicia
  • Disposición final decimotercera Delegación legislativa
  • Disposición final decimocuarta Desarrollo normativo
  • Disposición final decimoquinta Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación de la ley

1. La presente ley tiene por objeto la racionalización de todo el sector público autonómico y de la actividad administrativa, así como la adopción de medidas dirigidas a una mayor eficiencia del gasto y a la mejora de la gestión del sector público autonómico.

2. Su ámbito de aplicación será el sector público autonómico, integrado, de acuerdo con la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades instrumentales de su sector público.

Artículo 2 Racionalización, reordenación y reestructuración del sector público autonómico

1. El sector público autonómico de Galicia tendrá la estructura y dimensión estrictamente necesarias para el ejercicio de las competencias asignadas a la Comunidad Autónoma, con pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

2. La consejería competente en materia de evaluación y reforma administrativa elaborará por lo menos cada tres años planes de racionalización y reestructuración que analicen la estructura organizativa y la dimensión orgánica de la Administración general y de las entidades que integran el sector público autonómico, tomando como referencia el principio de racionalización del gasto y la mejora de la gestión del sector público.

Las consejerías y entidades analizadas tendrán participación en el análisis de la estructura y en el estudio de su rendimiento, a efectos de emitir su criterio sobre el procedimiento empleado en la elaboración del estudio y los indicadores que, en su caso, se utilicen para efectuar el análisis.

3. Estos planes se elevarán al Consejo de la Xunta para su aprobación e incorporarán las medidas que permitan garantizar la calidad, economía, eficacia y eficiencia de las políticas y servicios prestados por el sector público autonómico, de los que se dará cuenta al Parlamento de Galicia y al que se remitirá anualmente un informe de su seguimiento.

Artículo 3 Creación de entidades integrantes del sector público autonómico

1. Los anteproyectos de ley de autorización de creación de entidades públicas instrumentales, así como las propuestas de convenio de constitución de consorcios y de sus estatutos, deberán ser sometidos a informe de la consejería competente en materia de evaluación y reforma administrativa.

2. La iniciativa para la creación de otras entidades instrumentales o para la realización de alguna actuación cuyo resultado sea la conversión en una entidad instrumental de una entidad previamente existente en el sector privado requerirá, asimismo, con carácter previo a la autorización por el Consejo de la Xunta de Galicia, la emisión del informe de la consejería competente en materia de evaluación y reforma administrativa.

3. El informe al que se refieren los apartados anteriores se pronunciará sobre los extremos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 46 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

Artículo 4 Simplificación y racionalización administrativas y reducción de cargas

1. La consejería competente en materia de evaluación y reforma administrativa determinará, con conocimiento y participación de las distintas consejerías o entidades, los criterios y las medidas que permitan la simplificación y racionalización de los procedimientos, así como la reducción de las cargas administrativas, suprimiendo trámites y documentos exigibles, promoviendo el desarrollo de la Administración electrónica y evitando que se produzcan redundancias o solapamientos de normas.

2. Asimismo, y en coordinación con el órgano o entidad con competencias horizontales en materia de administración electrónica, impulsará actuaciones que contribuyan a la mejora y desarrollo de la interoperabilidad en la Comunidad Autónoma de Galicia e implanten progresivamente la obligatoriedad del uso de medios telemáticos tanto en las relaciones de la ciudadanía con el sector público autonómico como en las actuaciones de carácter interno de éste y en la relación con otras administraciones.

Artículo 5 Guía de procedimientos y servicios

1. La relación de procedimientos y servicios que se pongan a disposición de la ciudadanía y del personal empleado público para su tramitación se integrará en la guía de procedimientos y servicios que elaborará y mantendrá actualizada la consejería con competencia en materia de evaluación y reforma administrativa.

2. Dicha guía deberá estar a disposición de la ciudadanía, permanentemente actualizada, en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Artículo 6 Habilitación de procedimientos administrativos

Las disposiciones de carácter general que regulen procedimientos administrativos a instancia de parte, las bases reguladoras y las convocatorias de subvenciones, así como el establecimiento de servicios a la ciudadanía y al personal empleado público de la Administración general de la Comunidad Autónoma y demás entidades integrantes del sector público autonómico, deberán contar con un informe tecnológico y funcional favorable emitido conjuntamente por los órganos con competencias horizontales en materia de administración electrónica y evaluación y reforma administrativa de la Xunta de Galicia.

En caso de las disposiciones de carácter general que regulen procedimientos administrativos a instancia de parte, dicho informe sustituirá al previsto en el artículo 42.7 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

El informe tecnológico y funcional regulado en el presente artículo, cuando se refiera a bases reguladoras o convocatorias de subvenciones financiadas con fondos europeos, se entenderá emitido con carácter favorable, transcurrido el plazo máximo de cinco días desde que la solicitud tenga entrada, conforme a los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, ante los órganos competentes para emitirlo. En caso contrario, se requerirá al órgano solicitante para que subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos en un plazo máximo de cinco días, con indicación de que, si así no lo hiciese, el informe se entenderá emitido en sentido desfavorable.LE0000542655_20170210 Párrafo 3.º del artículo 6 introducido por el artículo 87 de la Ley [GALICIA] 12/2014, 22 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2015

Artículo 7 Principios generales y deberes de colaboración y cooperación

1. Las relaciones entre los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades instrumentales que integran el sector público autonómico están sujetas a los principios de cooperación, colaboración y asistencia recíprocas a fin de garantizar la eficacia del sector público y el uso eficiente de los recursos públicos.

2. Se entenderá por colaboración y cooperación el trabajo en común de los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades instrumentales o la unión coordinada de sus acciones para la consecución de un objetivo, la ejecución de un proyecto o la consecución de un resultado también comunes.

Se entenderá por asistencia la prestación de información y ayuda que los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades instrumentales puedan llevar a cabo para el eficaz ejercicio de sus competencias.

Artículo 8 Autoprovisión de bienes y de servicios dentro del propio sector público

1. La Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades instrumentales del sector público, con la finalidad del uso eficiente de los recursos públicos existentes, realizarán las tareas de interés público que les corresponden con los medios personales, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo de los que disponga el sector público autonómico.

2. A los efectos indicados en el apartado anterior, cuando los medios de los que dispongan resulten insuficientes para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales, acudirán con preferencia a la cooperación, colaboración y asistencia de otros órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma o de otras entidades del sector público autonómico que sí dispongan de los medios de los que precisan.

3. A estos efectos se elaborarán, en los términos previstos en el artículo siguiente, catálogos de medios y prestaciones susceptibles de ser objeto de cooperación, colaboración y asistencia en el ámbito interno del sector público autonómico.

4. Para los medios y prestaciones incluidos en el catálogo, sólo podrá acudirse a la contratación externa cuando la autoprovisión no resulte viable, por no poder ser cumplidamente satisfechas por otros órganos o entidades instrumentales del sector público las necesidades que se pretenden cubrir, mediante alguno de los procedimientos de colaboración indicados en la presente ley, por la insuficiencia, carencia o inadecuación de los medios de los que dispongan.

Estos aspectos deberán ser objeto de justificación en los expedientes de contratación en los términos previstos en el artículo 33 de la presente ley.

5. En cualquier caso, si así está previsto en el catálogo, el órgano o entidad a la que habría correspondido la asunción de las tareas que serán objeto de contratación externa deberá supervisar y prestar asistencia en el proceso de contratación y en la ejecución de las prestaciones para velar por la coordinación y asegurarse de que no se generen duplicidades.

Véase Res [GALICIA] 17 noviembre 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de 18 de septiembre de 2014 por el que se aprueba el Catálogo de medios y prestaciones susceptible de autoprovisión y se toma razón de los suministros, obras, servicios y cualquier otra prestación susceptible de contratación centralizada («D.O.G.» 13 enero 2015).LE0000543528_20150202

Artículo 9 Aprobación de catálogos de medios y prestaciones

1. Los órganos superiores y de dirección que integran la Administración general de la Comunidad Autónoma y los órganos de gobierno y ejecutivos de las entidades instrumentales del sector público autonómico elaborarán sus propios catálogos de medios y prestaciones susceptibles de ser objeto de cooperación, colaboración y asistencia en el ámbito interno del sector público autonómico.

2. En los catálogos se incluirán los medios y prestaciones susceptibles de ser prestados internamente por la vía de la cooperación, colaboración y asistencia recíproca entre órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades del sector público autonómico, de manera que se garantice un uso racional, eficiente y eficaz de los recursos públicos y la actuación coordinada del sector público autonómico.

En particular, se incluirán en estos catálogos las prestaciones de asistencia jurídica, control económico-financiero, auditoría de cuentas o de funcionamiento, auditoría energética, evaluación de resultados, estadística, higiene y salud laboral, formación de personal empleado público, administración electrónica e innovación y desarrollo tecnológico.

La cooperación, asistencia o colaboración de los órganos de control interno de la Comunidad Autónoma para las actuaciones de control económico-financiero y de auditoría de cuentas o funcionamiento no podrán resultar incompatibles con el desempeño de las funciones que de forma originaria tienen encomendadas estos órganos por la normativa vigente en materia de control.

3. Los catálogos de medios y prestaciones se aprobarán por el Consejo de la Xunta mediante acuerdo, previo informe de la consejería competente en materia de evaluación y reforma administrativa, y publicados en el Diario Oficial de Galicia.

4. Los catálogos se mantendrán actualizados por el procedimiento que el Consejo de la Xunta de Galicia determine.

Véase Res [GALICIA] 17 noviembre 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de 18 de septiembre de 2014 por el que se aprueba el Catálogo de medios y prestaciones susceptible de autoprovisión y se toma razón de los suministros, obras, servicios y cualquier otra prestación susceptible de contratación centralizada («D.O.G.» 13 enero 2015).LE0000543528_20150202

Artículo 10 Articulación de los principios de cooperación, colaboración y asistencia recíprocas

Los principios de colaboración, cooperación y asistencia en el ámbito interno del sector público autonómico se harán efectivos a través de los siguientes instrumentos y procedimientos:

• a) Protocolos de coordinación.
• b) Comisiones o grupos de trabajo.
• c) Encomiendas de gestión.
• d) Acuerdos de colaboración o cooperación para el desempeño conjunto de tareas comunes.
• e) Acuerdos de colaboración o cooperación para la financiación conjunta de contratos para la satisfacción de una finalidad común.
• f) Otros instrumentos y procedimientos que de manera común y voluntaria se establezcan.

Artículo 11 Protocolos de coordinación

1. Los órganos superiores y de dirección de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y los órganos de gobierno y ejecutivos de las entidades instrumentales que integran el sector público autonómico podrán formalizar entre sí protocolos de coordinación en aquellas materias en que exista interrelación competencial o funcional.

2. Los protocolos no afectarán a las competencias y responsabilidades de los órganos o entidades intervinientes y tendrán una naturaleza meramente coordinadora de sus actuaciones.

Artículo 12 Comisiones o grupos de trabajo

1. Los órganos superiores y de dirección de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y los órganos de gobierno y ejecutivos de las entidades instrumentales que integran el sector público autonómico podrán crear comisiones o grupos de trabajo en aquellas materias en las que exista interrelación competencial o funcional con funciones de cooperación y coordinación, así como de preparación, estudio y desarrollo en común de cuestiones concretas.

2. La creación de comisiones o grupos de trabajo se producirá mediante acuerdo formalizado entre las entidades o los órganos interesados, que determinará los elementos esenciales de su régimen.

3. Las comisiones y grupos de trabajo no tendrán la naturaleza de órganos colegiados, a efectos de lo dispuesto en la Ley 16/2010, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, sin perjuicio de la remisión que se pueda hacer en los acuerdos de creación a las reglas de funcionamiento recogidas en la ley para los expresados órganos.

4. Los acuerdos que se adopten en el seno de dichas comisiones o grupos de trabajo se sujetarán a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11.

5. La participación del personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma o de las entidades instrumentales en las comisiones o grupos de trabajo no generará derechos económicos.

Artículo 13 Encomiendas de gestión

1. Las encomiendas de gestión intrasubjetivas, realizadas entre órganos integrados en la misma persona jurídica, e intersubjetivas, realizadas entre personas jurídicas distintas, para la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios dentro del sector público autonómico se regirán por lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

Las encomiendas intersubjetivas dentro del sector público autonómico comprenderán las realizadas por la Administración general de la Comunidad Autónoma a favor de las entidades instrumentales, por las entidades instrumentales a favor de la Administración general, así como las realizadas por las entidades instrumentales entre sí.

2. Las encomiendas de gestión en virtud de las cuales se encargue a una entidad, que conforme a lo señalado en la Ley de Administración general y del sector público de Galicia tenga el carácter de medio propio y servicio técnico de la Comunidad Autónoma de Galicia, la realización de una determinada prestación a cambio de una tarifa se sujetarán a lo establecido en los artículos 47 y siguientes de la indicada ley.

Estas encomiendas, cuando tengan un importe que se encuentre dentro de los límites establecidos en la legislación de contratos del sector público para los contratos menores, no precisarán de formalización por escrito, sin perjuicio de la constancia en el expediente de encomienda, en su caso, de la autorización o del traslado previsto en el artículo 48 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

Artículo 14 Acuerdos de colaboración o cooperación entre entidades del sector público autonómico para el desempeño conjunto de tareas comunes

1. La Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades del sector público, o éstas entre sí, podrán formalizar acuerdos de colaboración o cooperación para el servicio a los intereses generales mediante el desempeño conjunto de tareas de interés público de su competencia.

2. La colaboración o cooperación consistirá en la participación conjunta y efectiva en el desarrollo de la actividad común, mediante aportaciones de trabajos de organización, medios personales y materiales o recursos financieros para la finalidad compartida, de acuerdo con las respectivas competencias, y será siempre diferente de las estructuras contractuales onerosas reguladas en la legislación de contratos del sector público.

3. La colaboración o cooperación será compatible con la compensación de los costes reales en que una de las partes hubiese incurrido.

4. Las entidades del sector público participantes deberán desarrollar la parte esencial de su actividad con el sector público autonómico y no podrá existir en ellas participación de capital privado.

Artículo 15 Acuerdos de colaboración o cooperación para la financiación conjunta de contratos para la satisfacción de una finalidad común

1. Los órganos de contratación de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de las entidades del sector público autonómico podrán llegar a acuerdos para la financiación conjunta de contratos para la satisfacción de una finalidad común.

2. Cuando la financiación conjunta sea realizada por órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, se formalizará un acuerdo entre ellos en el que se recojan los compromisos alcanzados, que incluya las competencias que ejerce cada uno de los órganos, las cantidades objeto de financiación por cada uno de ellos, el orden de abono de las aportaciones, la forma en que serán objeto de aportación al órgano de contratación que se ocupa de la adjudicación y formalización del contrato o la forma de pago al contratista por los órganos financiadores.

Asimismo, los acuerdos podrán recoger la participación de las partes en la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas o proyectos.

3. Cuando la financiación conjunta se realice entre órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de las entidades del sector público o entre éstas entre sí, se formalizará un convenio de colaboración entre ellas con el mismo contenido expresado en el apartado anterior.

4. Los acuerdos o convenios atribuirán la tramitación y adjudicación del contrato al órgano de contratación que cuente con los medios técnicos más especializados en la materia objeto del contrato.

Este órgano de contratación iniciará y aprobará el correspondiente expediente de contratación, motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en la legislación de contratos del sector público, y contará también con la información facilitada por el resto de órganos de contratación participantes.

5. En el expediente de contratación se acreditará la plena disponibilidad de todas las aportaciones mediante la incorporación del acuerdo o convenio formalizado, así como de los certificados de existencia de crédito y la documentación que acredita su retención, o documentos que legalmente los sustituyan, en los órganos de contratación del sector público participantes, sin que sea preciso exigir la formalización de garantías por éstos.

6. Los acuerdos o convenios de colaboración podrán prever la participación de personal de los otros órganos en la mesa de contratación o en la emisión de los informes técnicos. Asimismo, sin perjuicio de las competencias de la mesa de contratación, podrán prever la creación de un comité integrado por representantes de las partes firmantes del acuerdo o convenio para la emisión de los informes técnicos solicitados por aquélla.

7. La adjudicación del contrato competerá al órgano de contratación que tramite el expediente de contratación.

8. Los mayores gastos que se deriven de la ejecución del contrato sobre el presupuesto de adjudicación, derivados de modificaciones contractuales, revisiones de precios o liquidaciones, se abonarán en proporción a las respectivas aportaciones, salvo que se hubiese pactado otra cosa.

Artículo 16 Modalidades de actuación en la financiación conjunta de contratos para la satisfacción de una finalidad común

Los acuerdos y convenios formalizados podrán disponer que la contratación se produzca en alguna de las siguientes modalidades, que deberán recogerse en los pliegos de la contratación:

• a) Concurrencia subjetiva en la posición del contratante: en este caso, los órganos participantes en la financiación del contrato quedarán obligados respecto del contratista, concurriendo a la cotitularidad del contrato, y serán responsables directos cada uno de ellos de la obligación de pago de las cantidades comprometidas, tomando como base lo acordado en los acuerdos o convenios referidos.

  El órgano de contratación al que le corresponda la tramitación y adjudicación del contrato actuará en el expediente de contratación y en la ejecución del contrato en nombre y por cuenta de todos los participantes, en base a los acuerdos o convenios formalizados, y podrá ejercer todas las potestades que la legislación reconoce al órgano de contratación frente al contratista, sin perjuicio de la adecuada coordinación en las relaciones internas entre los participantes.

  Salvo que en los acuerdos y convenios previos se establezca expresamente la solidaridad y así se contemple en los pliegos, cada uno de los órganos participantes en la financiación deberá abonar al contratista solamente su parte y no será responsable del abono de la parte de los restantes, extremo que se deberá hacer constar expresamente en los correspondientes pliegos de la licitación.

  El órgano de contratación al que corresponda la tramitación y adjudicación del contrato procurará, de acuerdo con los mecanismos estipulados en los convenios y acuerdos previos, que los otros órganos o entes cofinanciadores aporten íntegramente el precio del contrato al adjudicatario, así como sus adicionales y revisiones.

• b) Relación contractual constituida entre el órgano de contratación designado y el contratista. En este caso, el órgano de contratación designado, además de la tramitación y adjudicación del contrato, asumirá, conforme a los acuerdos o convenios formalizados, la constitución del vínculo contractual y su pago con cargo a sus propios presupuestos, previa dotación en ellos, en su caso, de las cantidades aportadas por el resto de órganos interesados en la contratación, sin que pueda excusarse por los eventuales incumplimientos de éstos.

Artículo 17 Otros supuestos de colaboración, cooperación y asistencia

1. Con carácter residual, para aquellos supuestos de colaboración, cooperación y asistencia que carezcan de procedimiento específico, pero en los que por razón de la naturaleza y entidad de la asistencia sea necesaria la formalización de una petición por escrito, se observará el siguiente procedimiento:

• a) Las comunicaciones se efectuarán directamente, sin traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios, y preferentemente por medios electrónicos.
• b) Las peticiones deberán ser contestadas en un plazo máximo de cinco días.

2. Si el órgano requerido no contesta en ese plazo, se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 18 Resolución de conflictos en la colaboración, cooperación y asistencia

1. Con carácter general para todos los supuestos, la cooperación, colaboración y asistencia solicitadas en el ámbito interno del sector público autonómico sólo podrán negarse cuando la entidad o el órgano requerido no se encuentre facultado para prestarlas, no disponga de medios suficientes para ello o cuando pueda ocasionar un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones, o cuando incumpla lo establecido en la ley.

2. De no ser viable la prestación de la asistencia, se comunicará motivadamente al órgano de la Administración general o a la entidad instrumental solicitante. El órgano solicitante podrá trasladarlo a la dirección general competente en materia de evaluación y reforma administrativa para que emita informe a la vista de las circunstancias concurrentes.

Las discrepancias que puedan producirse se resolverán en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 16/2010, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, para los conflictos de atribuciones.

3. Si el órgano solicitante constata que el órgano requerido, aun habiendo atendido la petición, la está incumpliendo, se procederá de acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo del apartado anterior.

Artículo 19 Principios y objetivos de la contratación pública

1. En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público, la contratación pública estará presidida por los siguientes principios:

• – Principio de concurrencia, publicidad, igualdad de trato y transparencia.
• – Principio de agilidad y simplificación administrativa.
• – Principio de modernización administrativa.

2. La contratación pública autonómica perseguirá, además, los siguientes objetivos:

• – La racionalización y eficiencia del gasto público.
• – La estabilidad presupuestaria y el control del gasto.
• – El fomento de la participación de la pequeña y mediana empresa.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 20 Contratación eficiente y centralizada

1. La contratación centralizada se configura como instrumento idóneo para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 19 de la presente ley, al permitir la mayor eficiencia en la gestión y obtención de economías de escala, con reducción de precios y costes de transacción, así como la profesionalización del sistema público de compras.

2. El Consejo de la Xunta creará una comisión interdepartamental que determinará, en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público, los suministros, obras, servicios y cualesquiera otras prestaciones que por su carácter común se puedan contratar de forma general y con características esencialmente homogéneas para los diferentes órganos y organismos.

3. Podrán incluirse en esta modalidad de contratación, en las condiciones que determine la comisión interdepartamental, las prestaciones de mantenimiento, limpieza, seguridad, servicios postales y telegráficos, telecomunicaciones, mensajería y paquetería, mantenimiento y reparación de vehículos, fotocopiadoras, combustibles, energía eléctrica y gas.

4. La contratación centralizada se efectuará a través del departamento que acuerde el Consejo de la Xunta de Galicia a propuesta de la comisión interdepartamental.

5. Las entidades locales, universidades y los restantes entes, organismos y entidades del sector público podrán adherirse al sistema autonómico de prestaciones homologadas de contratación centralizada mediante los oportunos convenios de colaboración.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 21 Contratación electrónica

1. La Comunidad Autónoma fomentará el uso de medios electrónicos en la contratación pública como medida de simplificación procedimental y racionalización administrativa.

2. La presentación de ofertas por medios telemáticos será obligatoria en los procedimientos de contratación que se tramiten por medios electrónicos cuando así se establezca en los pliegos.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 22 Contratación sin costes de acceso a la información

1. A fin de asegurar los principios de transparencia e igualdad, así como el acceso público y sin coste a la información contractual, los órganos de contratación de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de las entidades instrumentales del sector público autonómico introducirán en su perfil del contratante y en la Plataforma de Contratos de Galicia, respecto de los procedimientos abiertos y mientras la licitación se encuentre en tramitación, toda la documentación contractual disponible, incluyendo en todo caso los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares y los proyectos de las obras.

En los procedimientos restringidos y negociados se proporcionará a los licitadores el acceso electrónico a toda la documentación contractual necesaria para la elaboración de las ofertas una vez realizada la invitación, salvo que se hubiese puesto ya a su disposición desde el momento del anuncio de licitación, en su caso.

2. Los órganos de contratación podrán incluir en los pliegos, en función de la naturaleza y complejidad de los contratos, un plazo para que los licitadores puedan solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre su contenido, a través de medios electrónicos. Las respuestas, que deberán emitirse en el plazo máximo señalado en el pliego, tendrán carácter vinculante para los órganos de contratación y deberán hacerse públicas en el perfil del contratante y en la Plataforma de Contratos de Galicia para garantizar la igualdad y concurrencia en el proceso de licitación.

Con carácter previo a la resolución de estas consultas, y siempre que por su naturaleza sea necesario, el órgano de contratación consultará con los órganos que tengan encomendado su asesoramiento jurídico o su control económico-financiero en los aspectos relativos a sus competencias.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 23 Contratación transparente y que fomente la competencia

1. Las empresas invitadas en los procedimientos negociados no podrán estar vinculadas entre ellas. Esta vinculación se apreciará en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público. Asimismo, no serán invitadas empresas que actúen bajo unidad de decisión o una dirección única; en particular, cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta.

A las empresas invitadas a presentar ofertas se les exigirá siempre una declaración de las empresas con las que tengan vinculación, en los términos establecidos en el párrafo anterior.

En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo.

2. Los órganos de contratación, la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia y los órganos competentes para resolver el recurso especial referido en el artículo 40 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público le notificarán a la Comisión Gallega de la Competencia cualquier hecho, del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, que pueda constituir infracción de la legislación de defensa de la competencia. En particular, comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

LE0000572535_20230101 Artículo 23 redactado por el número uno de la disposición final primera de la Ley [GALICIA]4/2016, 4 abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público («D.O.G.» 12 abril).Vigencia: 13 abril 2016

Artículo 24 Contratación documentalmente simplificada

1. En los procedimientos no sujetos a regulación armonizada que celebren la Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades del sector público autonómico, la aportación inicial de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para contratar prevista en el artículo 146.1 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se sustituirá por una declaración responsable del licitador en la que se indique que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. No obstante, siempre que la normativa básica estatal lo permita, en aquellos supuestos en que por razón del objeto del contrato, de las necesidades que se vayan a satisfacer y/o del procedimiento de adjudicación se estime conveniente, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego qué documentación no puede ser sustituida por una declaración responsable y debe incluirse necesariamente con la proposición en el procedimiento abierto y con las solicitudes de participación en los procedimientos restringido y negociado y en el diálogo competitivo. Esta circunstancia se justificará oportunamente en el expediente.

Al objeto de facilitar a los licitadores la identificación de aquellos procedimientos en los que se sustituye la aportación de la documentación inicial por una declaración responsable, se incluirá en la rúbrica de los pliegos, en los anuncios de licitación y en la identificación del contrato en el perfil del contratante la expresión «documentalmente simplificado» o bien «contratación documentalmente simplificada».

2. La mesa de contratación, o el órgano de contratación en aquellos procedimientos en los que ésta no se constituya, calificará la documentación acreditativa de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. Esta documentación la deberá aportar el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación en el plazo de diez días hábiles en los términos previstos en el artículo 151.2 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público. En caso de no cumplirse adecuadamente esta obligación, se entenderá que el licitador retiró la oferta, y se procederá en ese caso a recabar la documentación del licitador siguiente según el orden en que quedaran clasificadas las ofertas.

Lo dispuesto en el parágrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad reconocida al órgano de contratación en el segundo parágrafo del punto 4 del artículo 146 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público.

3. El incumplimiento o la cumplimentación defectuosa de la obligación de acreditar el cumplimiento de los requisitos previos para contratar determinará, en su caso, la concurrencia de prohibición de contratar en los términos previstos en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 25 Compra pública responsable

El sector público autonómico diseñará y articulará su estrategia en materia de contratación pública teniendo en cuenta los principios contemplados en el artículo 17 de la Ley de impulso demográfico de Galicia.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

LE0000688456_20210210Artículo 25 redactado por el número uno de la disposición final cuarta de la Ley 5/2021, 2 febrero, de impulso demográfico de Galicia («D.O.G.» 9 febrero).Vigencia: 10 febrero 2021

Artículo 25 bis Reglas de utilización de los criterios de adjudicación basados en la calidad social y ambiental impuestos por normativa sectorial

En aquellos contratos en que se utilice una pluralidad de criterios de adjudicación del contrato y en que distintas normas sectoriales impongan, debido a su vinculación al objeto del contrato, la aplicación de más de un criterio de adjudicación cualitativo de tipo social y ambiental, los órganos de contratación de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de las entidades instrumentales del sector público autonómico procederán a determinar los criterios concretos de adjudicación de sus contratos de acuerdo con las siguientes reglas:

• a) El órgano de contratación podrá escoger, de entre las distintas modalidades de criterios cualitativos de tipo social o ambiental impuestos por la normativa sectorial, el criterio o criterios de calidad que empleará en su contrato.
• b) El órgano de contratación habrá de escoger, como mínimo, una modalidad de los criterios cualitativos de tipo social o ambiental impuestos por la normativa sectorial de aplicación.

  En este caso, el criterio de adjudicación establecido se valorará, como mínimo, con el 10 por ciento de la puntuación máxima que pudiera atribuirse a las ofertas, debiéndose motivar en el expediente la atribución de un porcentaje menor, que no deberá ser inferior al 5 por ciento de la puntuación máxima.

• c) En caso de optar por aplicar más de una modalidad de criterios cualitativos de tipo social o ambiental impuestos por la normativa sectorial, la valoración total de los criterios escogidos alcanzará, al menos, el 10 por ciento de la puntuación máxima que se pudiera atribuir a las ofertas.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

LE0000820953_20231231Artículo 25 bis redactado por la disposición final segunda de la Ley 7/2023, 30 noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia («D.O.G.» 11 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2023

Artículo 26 Reserva de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción sociolaboral

1. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, mediante un acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia, se fijará el porcentaje mínimo de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, siempre y cuando el porcentaje de trabajadores y trabajadoras con discapacidad o en situación de exclusión social de los centros especiales de empleo de iniciativa social, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, por lo menos el 30 por 100. En el referido acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia se fijarán las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en este párrafo.

2. Será susceptible de reserva cualquier objeto contractual, sector de actividad, procedimiento de adjudicación y cuantía. La consejería con competencias en materia de economía social pondrá a disposición de los órganos de contratación la información que posea sobre la existencia de centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción que realicen o se dediquen a la actividad objeto del contrato, con el fin de facilitar, en su caso, su calificación como reservado.

La reserva deberá mencionarse en el título del contrato y en el anuncio de licitación.

Cuando, tras seguirse un procedimiento de un contrato reservado, no se haya presentado ninguna oferta o las ofertas no fuesen adecuadas, se podrá licitar de nuevo el contrato sin efectuar la reserva inicialmente prevista, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales. El importe de dicho contrato computará a efectos de integrar el porcentaje de reserva que se haya establecido para ese ejercicio.

3. El importe global de los contratos reservados será, como mínimo, de un 5 %, calculado sobre la suma de los importes de adjudicación, con IVA, de los contratos menores y contratos abiertos simplificados a los que se refiere el apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, incluidos en los códigos CPV recogidos en el anexo VI de dicha Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y adjudicados en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior por el sector público autonómico.

4. La Xunta de Galicia fomentará al máximo criterios sociales en las contrataciones que realice, y potenciará la generación de empleo para las personas con discapacidad.

5. Las empresas y entidades beneficiarias de la reserva deberán estar legalmente constituidas y cumplir los requisitos necesarios para el ejercicio de su actividad.

6. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva no procederá la exigencia de garantías provisionales o definitivas, salvo en los casos en que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente.

7. Se constituirá una comisión de seguimiento, formada por una persona en representación de la Xunta de Galicia, una persona representante de la patronal mayoritaria de los centros especiales de empleo de iniciativa social de Galicia y otra de las empresas de inserción, para que, con carácter trimestral, pueda valorar la aplicación de la reserva de contratos. La comisión de seguimiento propondrá, a la persona titular de la consejería con competencias en materia de economía social, la fijación del porcentaje mínimo de reserva al que se refiere el apartado 1 de este artículo, para su elevación al onsejo de la Xunta de Galicia.

8. Tras el cierre de cada ejercicio presupuestario, y a efectos de realizar un adecuado seguimiento de la reserva de contratos, se presentará ante la comisión de seguimiento un informe detallado que contendrá el listado y el importe total de los contratos, o lotes de los mismos, reservados y adjudicados a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, reflejando la ejecución de la reserva en el ejercicio presupuestario cerrado. Dicho informe se publicará en el portal web institucional de la Xunta de Galicia

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

LE0000715875_20230101Artículo 26 redactado por el artículo 32 de la Ley 18/2021, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022

Artículo 27 Participación de las asociaciones y fundaciones en contratos del sector público

A efectos de lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público se entenderá que las asociaciones y fundaciones podrán ser adjudicatarias de aquellos contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines y actividades previstos en sus estatutos o reglas fundacionales, por constituir un medio para su realización, aunque no estén previstas expresamente en ellos.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 28 Contratación pública de innovación

1. Con el objeto de promover la mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de bienes y servicios innovadores, así como el fomento de la innovación empresarial, los poderes adjudicadores de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público incentivarán, en la medida en que sea posible, la presentación de soluciones innovadoras en las licitaciones que promuevan.

A tal efecto, ponderarán, en la elaboración de los pliegos y en el resto de la documentación contractual, la utilización de criterios de adjudicación y de prescripciones técnicas que favorezcan la presentación de soluciones innovadoras.

2. Antes de iniciar un procedimiento de contratación pública de innovación, los poderes adjudicadores de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y del sector público deberán realizar consultas del mercado con vistas a preparar la contratación e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y de sus requisitos de contratación.

Para ello, los poderes adjudicadores podrán, por ejemplo, solicitar o aceptar el asesoramiento de expertos o autoridades independientes o de participantes en el mercado, que podrá utilizarse en la planificación y el desarrollo del procedimiento de contratación, siempre que dicho asesoramiento no tenga por efecto falsear la competencia y no dé lugar a vulneraciones de los principios de no discriminación y transparencia.

En concreto, cuando un candidato o licitador, o una empresa vinculada a un candidato o a un licitador, asesore al poder adjudicador en el contexto de estas consultas previas del mercado, los citados poderes adjudicadores tomarán medidas adecuadas para garantizar que la participación de estos posibles candidatos o licitadores no falsee la competencia, entre las cuales incluirán la comunicación a los demás candidatos y licitadores de la información pertinente intercambiada en el marco de la participación del candidato, licitador o empresas vinculadas a estos en la preparación del procedimiento de contratación, o como resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la recepción de las ofertas.

El candidato o el licitador en cuestión solo será excluido del procedimiento cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato. Antes de proceder a dicha exclusión, se les dará a los candidatos o licitadores la oportunidad de demostrar que su participación en la preparación del procedimiento de contratación no puede falsear la competencia.

3. Los órganos o entidades competentes en materia de innovación en el sector público autonómico colaborarán con las unidades de contratación del sector público en la búsqueda de soluciones innovadoras, bien a través de los procedimientos de contratación previstos en la legislación de contratos del sector público, bien a través de la contratación precomercial, prevista en el artículo 4.1.r) del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4. De acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, los poderes adjudicadores de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público podrán establecer una asociación para la innovación con uno o varios adjudicatarios, que tendrá como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre los poderes adjudicadores y los participantes.

A tales efectos y sin perjuicio de lo que se disponga en la legislación básica de contratos del sector público de transposición de la regulación comunitaria, la asociación para la innovación se articulará a través de contratos mixtos de servicios de investigación y desarrollo y contratos de suministros, servicios u obras resultantes de la investigación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, y adjudicados mediante el procedimiento de diálogo competitivo.

Los contratos de servicios de investigación y desarrollo se estructurarán en fases sucesivas, siguiendo la secuencia de las etapas del proceso de investigación e innovación, fijarán unos objetivos intermedios que deberán alcanzar el o los adjudicatarios y proveerán el pago de la retribución en plazos adecuados.

Sobre la base de esos objetivos, los poderes adjudicadores podrán decidir, al final de cada fase, rescindir la asociación para la innovación o, en el caso de una asociación para la innovación con varios socios, reducir el número de socios mediante la resolución de los contratos individuales, siempre que el poder adjudicador haya indicado en los pliegos de la contratación que puede hacer uso de estas posibilidades y las condiciones en que puede hacerlo.

5. La Xunta de Galicia enviará al Parlamento con periodicidad anual un informe sobre los procedimientos de la contratación pública de innovación, en términos de inversiones y actuaciones realizadas, en el ámbito del sector público autonómico.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

LE0000590949_20240101Artículo 28 redactado por el artículo 63 de la Ley [GALICIA] 2/2017, 8 febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación («D.O.G.» 9 febrero).Vigencia: 10 febrero 2017

Artículo 29 Contratación accesible a las pymes y empresas incipientes

1. Los órganos de contratación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público deberán adoptar medidas que fomenten el acceso a la contratación de las pequeñas y medianas empresas, para impulsar la concurrencia y una mayor eficiencia del uso de los fondos públicos con sujeción a los principios de legalidad, transparencia y publicidad.

2. En este sentido, los requisitos de solvencia para la participación en los procedimientos de contratación deberán ceñirse a aquellos que sean los adecuados y proporcionados para garantizar que un candidato o licitador tiene los recursos y la capacidad suficientes para ejecutar el contrato.

3. Asimismo, al configurar los contratos deberán tener en cuenta los siguientes aspectos y reglas:

• a) Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento, se procurará la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, justificándolo debidamente en el expediente y cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación de contratos del sector público.

  Los pliegos de contratación establecerán reglas tendentes a evitar que se adjudique a un licitador mayor número de lotes que el que pueda realizar de acuerdo con las condiciones de solvencia que hubiese acreditado.

• b) Deberá permitirse expresamente en el pliego de cláusulas administrativas la posibilidad de subcontratación del objeto del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, salvo que se justifique en el expediente de contratación que por su naturaleza y condiciones debe ser ejecutado directamente por el adjudicatario.
• c) Los acuerdos marco se concluirán, como regla general, con varios licitadores. En otro caso, deberán justificarse en una memoria los motivos que determinan la necesidad de concluir el acuerdo marco con un único empresario.

4. La formación dispensada al personal empleado público en materia de contratación pública prestará especial atención a la correcta aplicación del marco jurídico vigente, a fin de garantizar la participación de las pequeñas y medianas empresas en las licitaciones públicas en condiciones de igualdad. Con la misma finalidad, podrán planificarse actividades de formación y asistencia en materia de contratación pública especialmente dirigidas a las pymes.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 30 Contratación responsable

1. En los contratos concertados por la Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades del sector público autonómico, los órganos de contratación designarán un responsable del contrato de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector público.

2. En particular, el responsable del contrato velará por la correcta ejecución y por que en ella no se den situaciones que puedan propiciar la existencia de una cesión ilegal de trabajadores o dar lugar a la declaración de relaciones de laboralidad entre la Administración o entidad del sector público y el personal del contratista.

De esta forma, velará especialmente por que:

• a) El contratista aporte su propia dirección y gestión en el desarrollo del objeto del contrato y sea responsable de la organización del servicio.
• b) El contratista, a través de las personas encargadas designadas por él, se haga responsable de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo, de tal manera que la Administración o entidad del sector público sea ajena a estas relaciones laborales.
• c) Se canalicen a través de las personas encargadas designadas por el contratista las posibles incidencias que surjan en la ejecución de los trabajos.

El responsable del contrato deberá corregir inmediatamente cualquier incidencia o desviación en la ejecución que pueda suponer infracción de las reglas mencionadas, así como dar parte de la situación al órgano de contratación.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 31 Contratación sostenible

1. A efectos de lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, se considerará que concurren motivos de interés público para las modificaciones de los proyectos y de las prestaciones de los contratos concertados por la Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades instrumentales del sector público autonómico que tengan como finalidad el logro de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. Dichas modificaciones tendrán por objeto la reducción del volumen de las obligaciones o la ampliación de su plazo de ejecución.

En aquellos supuestos en que los principios indicados hagan necesario que la prestación se ejecute de forma distinta a la pactada inicialmente y la modificación exigida exceda los límites previstos en la legislación de contratos del sector público para el ejercicio de esta potestad, los órganos de contratación procederán a la resolución de los contratos para evitar una lesión grave a los intereses públicos, de acuerdo con lo indicado en la legislación aplicable.

3. Los órganos de contratación de la Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades instrumentales del sector público autonómico incorporarán para las nuevas contrataciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los pliegos de cláusulas administrativas o, en su caso, en los pliegos de condiciones, previsiones expresas de eventuales modificaciones a la baja de los contratos necesarias para el cumplimiento de los principios de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria.

4. Los convenios suscritos por la Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades instrumentales del sector público autonómico podrán ser objeto de modificación cuando tengan como finalidad el logro de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Dichas modificaciones tendrán por objeto la reducción del volumen de las obligaciones o la ampliación de su plazo de ejecución.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 32 Contratos de colaboración público-privada y de concesión de obra pública

1. Para la autorización de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, así como de los contratos de concesión de obra pública, tipificados en el Real decreto legislativo 3/2011, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, se requerirá que, con carácter previo a la aprobación por el órgano de contratación de los pliegos que rigen estos tipos de contratos, la Consejería de Hacienda emita informe preceptivo y vinculante comprensivo de los siguientes extremos:

• – Análisis del coste financiero de la operación en su conjunto, distinguiendo el coste de la obra que se va a realizar de los servicios adicionales o accesorios incluidos en la contratación, al objeto de verificar su idoneidad y para garantizar que la financiación utilizada es la más apropiada de acuerdo con las condiciones existentes en los mercados.
• – Análisis de la repercusión de los compromisos asumidos por este tipo de operación sobre los presupuestos futuros y su incidencia sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Este informe contendrá detalle de los compromisos de pago futuro de la Comunidad Autónoma de Galicia derivados de la colaboración público-privada asumidos con anterioridad.
• – Análisis de su tratamiento en términos de contabilidad nacional.
• – Análisis de la coherencia de la actuación que se va a realizar con la planificación estratégica de la Xunta de Galicia y su incidencia en la economía gallega y en el equilibrio territorial.
• – Análisis de los mecanismos de captación de financiación y de las garantías que se prevén utilizar durante la vigencia del contrato.

2. En la documentación a la que se refiere la letra b) del apartado 5 del artículo 51 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se incluirá un anexo que especifique los compromisos derivados de los contratos de colaboración público-privada formalizados, con una clara referencia a la cuantía de las inversiones financiadas por esta vía y de los pagos anuales previstos a lo largo de su duración.

Para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la solvencia de las cuentas autonómicas y la transparencia, cualquier incorporación de un proyecto aprobado por la Xunta de Galicia no previsto en el presupuesto deberá remitirse al Parlamento de Galicia, y en la información que se le remita se incluirá la misma documentación que la exigida para las actuaciones incorporadas al proyecto de presupuestos.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 33 Justificación de la necesidad e idoneidad de la contratación

1. En los expedientes de contratación tramitados por la Administración general de la Comunidad Autónoma y por las entidades del sector público autonómico se incluirá un informe del órgano o servicio proponente del contrato en el que se justifique la necesidad del contrato en los términos previstos en la legislación de contratos del sector público, en el que se indique con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

2. Este informe, asimismo, justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de cada uno de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, expresando las razones por las que, teniendo en cuenta el objeto del contrato, estos criterios permiten en su conjunto evaluar de forma objetiva el nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato tal como se define en las especificaciones técnicas, así como evaluar la relación calidad/precio de cada oferta para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa.

El informe justificará las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se deben exigir en la contratación o, en su caso, expresará la clasificación exigible conforme a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.

3. El informe del órgano o servicio proponente estimará y justificará el importe calculado de las prestaciones objeto del contrato atendiendo al precio general de mercado, e incluirá un presupuesto en el que se recoja la valoración de los distintos componentes de la prestación. El informe propondrá también los parámetros y valores que se deben recoger en los pliegos que permitan apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 33 bis

En los contratos adjudicados con pluralidad de criterios de valoración, y salvo las excepciones que puedan establecerse en resolución motivada del órgano de contratación cuando la naturaleza de la prestación objeto del contrato así lo exija, la ponderación del precio o coste como criterio de adjudicación del contrato no será inferior al 40 por ciento de la puntuación máxima que pueda atribuirse a las ofertas.

El factor coste comprenderá costes sufragados o a sufragar por el poder adjudicador a lo largo de toda la vida del producto, servicio u obra objeto del contrato de que se trate, que permitan determinar la relación coste-eficacia de las ofertas.

Igualmente podrá consistir, cuando así lo requiera la valoración adecuada de las ofertas, en el cálculo del coste del ciclo de vida, que incluirá en una medida pertinente la totalidad o una parte de los costes siguientes a lo largo del ciclo de vida de un producto, servicio u obra:

• a) Costes sufragados por el poder adjudicador o por otros usuarios, tales como costes de adquisición, de utilización, de mantenimiento y costes de final de vida.
• b) Costes imputados a externalidades medioambientales vinculadas al producto, servicio u obra durante todo su ciclo de vida, con la condición de que su valor monetario se pueda determinar y verificar. Esos costes podrán incluir el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras emisiones contaminantes, así como otros costes de mitigación del cambio climático.

Todos estos costes deben poder determinarse y verificarse. El método que se utilice para valorar y cuantificar el coste del ciclo de vida se incluirá en el pliego, en el que se indicarán, además, los datos que han de facilitar los licitadores para dicha cuantificación.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

LE0000568713_20240101 Artículo 33 bis introducido por la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2016, 18 enero, de transparencia y buen gobierno («D.O.G.» 15 febrero).Vigencia: 6 marzo 2016

Artículo 34 Junta Consultiva de Contratación Administrativa

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma, como órgano consultivo específico en materia de contratación administrativa en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público, analizará la gestión contractual autonómica y propondrá medidas dirigidas a su mejora y eficacia.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 35 Asistencia a los órganos de contratación y a las empresas

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma asumirá funciones de centro de conocimientos en contratación pública a fin de proporcionar orientación y apoyo a los órganos de contratación del sector público autonómico y local en la preparación y realización de los procedimientos de contratación, así como con la finalidad de mejorar el acceso de los operadores económicos a la contratación pública, en particular las pymes, y facilitar la correcta comprensión y aplicación de la normativa contractual.

Para la realización de esta función, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa se apoyará en recursos electrónicos y en las tecnologías de la información como herramienta fundamental de difusión de la información.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 35 bis Naturaleza y competencias

1. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia es un órgano administrativo colegiado y especializado, adscrito a la consejería competente en materia de hacienda, que actuará con independencia funcional en el ejercicio de sus competencias para garantizar su plena objetividad.

2. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia es competente para:

• a) El conocimiento y la resolución de los recursos especiales en materia de contratación a que se refieren el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y de las reclamaciones referidas en el artículo 119 y 120 del Real decreto ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
• b) La adopción de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales a que se refieren el artículo 49 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el artículo 120.1.b) del Real decreto ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
• c) Cualquier otra competencia que le atribuya la normativa de la Unión Europea, la normativa estatal básica o la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia.

LE0000687554_20210130Número 2 del artículo 35 bis redactado por el número uno del artículo 35 de la Ley 4/2021, 28 enero, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.» 29 enero).Vigencia: 30 enero 2021

3. El ámbito de competencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia abarcará las siguientes administraciones públicas y entidades:

• a) La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades del sector público autonómico que tengan la consideración de poder adjudicador, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
• b) Las universidades públicas del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia y sus organismos o entidades vinculados o dependientes que tengan la consideración de poder adjudicador.
• c) Las entidades locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia y sus entes, organismos y entidades vinculados o dependientes que tengan la consideración de poder adjudicador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
• d) Las entidades contratantes del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia recogidas en el artículo 5.1 del Real decreto ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

LE0000687554_20210130Letras a), c) y d) del número 3 del artículo 35 bis redactadas por el número dos del artículo 35 de la Ley 4/2021, 28 enero, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.» 29 enero).Vigencia: 30 enero 2021

4. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia será competente respecto de los contratos subvencionados de acuerdo a lo señalado en el artículo 41.6 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5. El Parlamento de Galicia, el Valedor do Pobo y el Consejo de Cuentas podrán atribuir la competencia para la resolución de sus recursos, reclamaciones, solicitudes de adopción de medidas provisionales y cuestiones de nulidad a que se refiere el apartado 2 al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, mediante la formalización del correspondiente convenio, en el cual se estipularán las condiciones en las que se sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias.

6. El sector público autonómico tendrá en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia para la mejora de su práctica contractual, en particular en lo referido a la incorporación en la misma de criterios sociales y medioambientales, en los términos previstos en la presente ley y en la Ley de impulso demográfico de Galicia.

LE0000688456_20210210Número 6 del artículo 35 bis introducido por el número tres de la disposición final cuarta de la Ley 5/2021, 2 febrero, de impulso demográfico de Galicia («D.O.G.» 9 febrero).Vigencia: 10 febrero 2021

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Véase Res [GALICIA] 1 marzo 2018 por la que se da publicidad del acuerdo del Tribunal sobre la fecha de comienzo de ejercicio de sus funciones («D.O.G.» 5 marzo).LE0000616122_20180325

Artículo 35 ter Composición

1. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia estará compuesto, como mínimo, por un presidente y dos vocales. Uno de los vocales ejercerá las funciones de secretario y será elegido mediante acuerdo del propio Tribunal.

2. Las resoluciones del Tribunal se adoptarán por mayoría de sus miembros. En el caso de empate, decidirá el voto del presidente. Todos los miembros tienen derecho a formular su voto particular razonado mediante escrito que se adjuntará a la resolución.

3. El presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera que cuente con título de licenciatura o grado en Derecho y que haya desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, y se valorará su experiencia profesional en el ámbito de la contratación pública.

4. Podrán ser designados vocales de este tribunal los funcionarios de carrera que cuenten con título de licenciado o grado en derecho y que hubiesen desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, valorando su experiencia profesional en el ámbito de la contratación pública.

5. En el caso de que los vocales o el presidente sean designados entre funcionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, éstos deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1 del artículo 76 de dicha ley.

6. Los miembros del Tribunal serán seleccionados mediante convocatoria pública realizada por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de acuerdo a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.

7. La designación del presidente y de los vocales se realizará por acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia, por propuesta de la consejería competente en materia de hacienda.

8. En la designación de los miembros del Tribunal se procurará una composición de género equilibrada, según lo previsto en el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, y en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

9. El Consejo de la Xunta de Galicia podrá incrementar el número de vocales que tengan que integrar el Tribunal cuando el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo aconseje, siempre que cumplan los requisitos señalados en los puntos anteriores, o adoptar otras medidas de refuerzo que estime oportunas.

10. El Consejo de la Xunta de Galicia aprobará la relación de puestos de trabajo del Tribunal con el establecimiento de las retribuciones correspondientes a sus miembros.

11. La consejería competente en materia de hacienda prestará apoyo administrativo al Tribunal y lo dotará de los medios materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones. Su creación no supondrá incremento del gasto público.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

LE0000687554_20210130Artículo 35 ter redactado conforme establece el número tres del artículo 35 de la Ley 4/2021, 28 enero, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.» 29 enero).Vigencia: 30 enero 2021

Artículo 35 quater Duración del mandato, garantías e incompatibilidades de los miembros del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia

1. La duración del mandato de los miembros del Tribunal será de seis años. A pesar de lo anterior, la primera renovación del Tribunal se realizará de forma parcial a los tres años del nombramiento. Respecto de ello, se determinará, mediante sorteo, el miembro que deba cesar, salvo que alguno voluntariamente se quiera acoger a esta expiración de su mandato.

LE0000687554_20210130Número 1 del artículo 35 quater redactado por el número cuatro del artículo 35 de la Ley 4/2021, 28 enero, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.» 29 enero).Vigencia: 30 enero 2021

2. Los miembros del Tribunal tienen carácter independiente, son inamovibles y non podrán ser removidos de sus puestos salvo por las siguientes causas:

• a) Por expiración de su mandato.
• b) Por renuncia aceptada por el Consejo de la Xunta de Galicia.
• c) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de sus funciones.
• d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones.
• e) Por condena a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para ocupación o cargo público por razón de delito.
• f) Por perdida de la nacionalidad española.

Salvo en los casos a) y b), en el resto de supuestos el cese será acordado por el Consejo de la Xunta de Galicia previa tramitación del procedimiento administrativo en el que se acredite la causa.

Removido un miembro del Tribunal por expiración de su mandato o renuncia, deberá continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión de su cargo la persona que lo sustituya.

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal de alguno de los miembros del Tribunal, el órgano colegiado podrá constituirse con la asistencia de los restantes. A estos efectos, el presidente será sustituido de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

No obstante, en el caso de que la ausencia pueda preverse de larga duración, el Consejo de la Xunta de Galicia podrá nombrar un sustituto de forma temporal que reúna los mismos requisitos requeridos para la persona titular.

LE0000687554_20210130Número 3 del artículo 35 quater redactado por el número cuatro del artículo 35 de la Ley 4/2021, 28 enero, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.» 29 enero).Vigencia: 30 enero 2021

4. Los miembros del Tribunal desarrollarán su función en régimen de dedicación exclusiva, y estarán sometidos al régimen de incompatibilidades que corresponde a los altos cargos de la Xunta de Galicia.

LE0000687554_20210130Número 4 del artículo 35 quater redactado por el número cuatro del artículo 35 de la Ley 4/2021, 28 enero, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.» 29 enero).Vigencia: 30 enero 2021

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

Artículo 35 quinquies Régimen de funcionamiento

1. Serán aplicables al régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público; de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, y el resto de la normativa aplicable.

2. Las resoluciones que dicte el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia agotan la vía administrativa y contra ellas podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

3. La presentación de los escritos de interposición de los recursos y reclamaciones, de alegaciones o de solicitudes de la competencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia se hará por medios electrónicos.

4. Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes para resolver los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el procedimiento se harán por medios electrónicos, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia, en lo que sea de aplicación.

5. El sistema de notificaciones electrónicas de Galicia Notifica.gal es la dirección electrónica habilitada a los efectos del artículo 51.1.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

6. El Tribunal tendrá una página web con enlaces a los formularios para la presentación telemática de los recursos de su competencia a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia, y donde, con la periodicidad que se estime conveniente, se publiquen las resoluciones que resuelvan aquellos. También se procurará la elaboración de una memoria anual de actividad para publicar en la web.

7. En el caso de impago de las multas previstas en el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el organismo o centro directivo competente de la Xunta de Galicia iniciará el procedimiento administrativo de apremio. El importe de la multa impuesta se ingresará en todo caso en el Tesoro público.

8. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia podrá elaborar y aprobar su propio reglamento interno, que deberá publicarse en el Diario Oficial de Galicia.

LE0000551862_20150520 Título II redactado por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015

LE0000687554_20210130Artigo 35 quinquies redactado por el número cinco del artículo 35 de la Ley 4/2021, 28 enero, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.» 29 enero).Vigencia: 30 enero 2021

Artículo 36 Objetivos fundamentales

La Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia procurará el mantenimiento de un marco normativo estable y lo más simplificado posible que posibilite el conocimiento rápido y comprensible de la normativa vigente que resulte de aplicación, y sin más cargas administrativas para la ciudadanía y las empresas que las estrictamente necesarias para la satisfacción del interés general.

Artículo 37 Instrumentos para la mejora de la calidad normativa

Para contribuir al objetivo de cumplir el principio de calidad normativa:

• a) En todas las iniciativas normativas se justificará la adecuación de las mismas a los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.
• b) El Consejo de la Xunta aprobará unas directrices de técnica normativa que, careciendo del valor de las normas jurídicas, proporcionen criterios técnicos o pautas de redacción en la elaboración de anteproyectos de ley, proyectos de decreto legislativo y proyectos de disposiciones administrativas de carácter general.Véase Res [GALICIA] 5 noviembre 2014, de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 30 de octubre de 2014, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa («D.O.G.» 14 noviembre).LE0000539497_20141115
• c) La Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia promoverá la adaptación de la regulación vigente a los principios recogidos en esta ley e impulsará la utilización de los instrumentos de refundición normativa y de derogación expresa de la normativa que hubiese perdido vigencia.

Artículo 38 Creación, fines y objetivos

1. Mediante la presente ley se autoriza la creación del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia como organismo autónomo adscrito a la consejería competente en materia de consumo, que tendrá como fines generales y objetivos básicos la defensa, protección, promoción e información de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, y la garantía, promoción y preservación de una competencia efectiva en los mercados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la perspectiva de conseguir la máxima eficiencia económica y la protección y el aumento del bienestar de los consumidores y consumidoras.

2. Este organismo autónomo, en concreto, asumirá los medios personales y materiales y las competencias que en la actualidad corresponden al Instituto Gallego de Consumo y al Consejo Gallego de la Competencia, que se suprimirán en el momento de su entrada en funcionamiento, sin que suponga incremento alguno de gasto público.

Artículo 39 Estatutos y régimen jurídico

1. Mediante decreto del Consejo de la Xunta de Galicia se procederá a su creación, así como a la aprobación de los estatutos que detallen las funciones específicas que desarrollará, en los cuales se establecerá, expresamente, la configuración de la Comisión Gallega de la Competencia como órgano colegiado independiente, de carácter permanente y consultivo, en la materia, con competencia para aplicar la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, según los criterios establecidos por la Ley 1/2002, de coordinación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.

2. Su régimen jurídico será el establecido en el título III de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

Artículo 40 Creación, fines y objetivos

1. Mediante la presente ley se autoriza la creación de la Agencia en Materia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios como agencia pública autonómica adscrita a la consejería competente en materia de sanidad, que tiene como fines generales y objetivos básicos realizar la gestión de la formación en el Sistema público de salud de Galicia, el fomento y la coordinación de la investigación en las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud, la coordinación y el impulso de la actividad innovadora de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud, y la evaluación de tecnologías y servicios sanitarios.

2. En el desarrollo de sus fines, la Agencia en Materia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios procurará los siguientes objetivos:

• a) Elaborar la planificación en materia de docencia, formación, investigación, innovación y evaluación de tecnologías y servicios sanitarios, en función de los criterios y objetivos de planificación estratégica definidos por el Servicio Gallego de Salud y por la Consejería de Sanidad.
• b) Gestionar el conocimiento en el Sistema público de salud de Galicia.
• c) Gestionar y coordinar proyectos y programas de investigación en materia sanitaria desarrollados por la Consejería de Sanidad, el Servicio Gallego de Salud y otras instituciones.
• d) Potenciar la investigación coordinada y multicéntrica y la difusión de la actividad investigadora, incluyendo la protección, valorización y transferencia de resultados de investigación y/o innovación en el ámbito sanitario.
• e) Apoyar la ejecución de los programas derivados de las prioridades de investigación sanitaria de la Comunidad Autónoma, definidas por la Consejería de Sanidad, dentro de la estrategia marcada por la consejería competente en materia de I+D+i.
• f) Aplicar el modelo de gestión de la innovación sanitaria abierta de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud, coordinar los órganos colegiados de la Plataforma de Innovación y aquellos otros relacionados con las actividades de innovación, y difundir y participar en las iniciativas europeas de innovación, del Clúster de Salud de Galicia y de otras asociaciones en materia sanitaria.
• g) Evaluar tecnologías, sistemas organizativos y servicios sanitarios, de acuerdo con criterios de seguridad, eficacia, efectividad y eficiencia, teniendo en cuenta valores éticos, clínicos, económicos y sociales.

3. Esta agencia, en concreto, asumirá los medios personales y materiales que en la actualidad les corresponden a la Fundación Escuela Gallega de Administración Sanitaria, al Servicio de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Dirección General de Innovación y Gestión de la Salud Pública, y a las unidades de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud con competencias en materia de formación, investigación e innovación que se supriman en el momento de creación de la Agencia, que quedarán integradas en ella, sin que suponga incremento del gasto público.

Artículo 41 Estatutos y régimen jurídico

1. Mediante decreto del Consejo de la Xunta de Galicia se procederá a su creación, así como a la aprobación de los estatutos que detallen las funciones específicas que desarrollará.

2. Su régimen jurídico será el establecido en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, excepto en lo relativo al personal y a los elementos de su organización, que se regirán por lo dispuesto en la Ley 8/2008, de 10 de julio, y por su normativa específica.

Artículo 42 Creación, fines y objetivos

1. Mediante la presente ley se autoriza la creación de la Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos como agencia pública autonómica adscrita, a través del Servicio Gallego de Salud, a la consejería competente en materia de sanidad, que tiene como fines generales y objetivos básicos actuar como un instrumento de gestión eficiente en el ejercicio de funciones relacionadas con la donación y el abastecimiento de sangre y sus derivados, la coordinación de trasplantes de órganos y tejidos, y el procesado y almacenaje de células, tejidos y muestras biológicas humanas con fines diagnósticos, terapéuticos y de investigación.

2. En el desarrollo de sus fines, la Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos procurará los siguientes objetivos:

• a) Garantizar el abastecimiento de sangre y de sus derivados a los proveedores de servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Galicia, según los estándares de calidad vigentes en el mercado y en la legislación de aplicación.
• b) Coordinar la donación, los trasplantes de órganos y el implante de células y tejidos, velando por el cumplimiento de los estándares de calidad vigentes en el mercado y en la legislación de aplicación.
• c) Asumir la organización y garantizar la disponibilidad de muestras de máxima calidad de células y tejidos.

3. Esta agencia, en concreto, asumirá los medios personales y materiales que en la actualidad les corresponden a la Fundación Pública Sanitaria Centro de Transfusión de Galicia, a la Oficina de Coordinación de Trasplantes de Galicia y a los bancos de tejidos y a las unidades de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud con competencias en este campo que se supriman en el momento de creación de la Agencia, que quedarán integradas en ella, sin que suponga incremento del gasto público.

Artículo 43 Estatutos y régimen jurídico

1. Mediante decreto del Consejo de la Xunta de Galicia se procederá a su creación, así como a la aprobación de los estatutos que detallen las funciones específicas que desarrollará.

2. Su régimen jurídico será el establecido en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, excepto en lo relativo al personal y a los elementos de su organización, que se regirán por lo dispuesto en la Ley 8/2008, de 10 de julio, y por su normativa específica.

Disposición adicional primera Referencias a las entidades y órganos que se integran en las entidades públicas instrumentales que serán objeto de creación

1. Las referencias al Instituto Gallego de Consumo y al Consejo Gallego de la Competencia deberán entenderse realizadas al Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia desde el inicio de su actividad, de acuerdo con lo establecido en esta ley y en sus estatutos.

2. Las referencias a la Fundación Escuela Gallega de Administración Sanitaria, al Servicio de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Dirección General de Innovación y Gestión de la Salud Pública y a las unidades de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud con competencias en materia de formación, investigación e innovación deberán entenderse realizadas a la Agencia en Materia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios desde el inicio de su actividad, de acuerdo con lo establecido en esta ley y en sus estatutos.

3. Las referencias a la Fundación Pública Sanitaria Centro de Transfusión de Galicia, a la Oficina de Coordinación de Trasplantes de Galicia, a los bancos de tejidos y a las unidades de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud con competencias en este campo deberán entenderse realizadas a la Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos desde el inicio de su actividad, de acuerdo con lo establecido en esta ley y en sus estatutos.

Disposición adicional segunda Elaboración de catálogos

Los distintos departamentos de la Administración general y las entidades del sector público autonómico propondrán, dentro del plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, las prestaciones y servicios de su competencia que se deben incluir en los catálogos previstos en el artículo 9 de la presente ley.

Disposición adicional tercera Comisión interdepartamental para el estudio de las necesidades de contratación centralizada

La comisión interdepartamental para el estudio de las necesidades de contratación centralizada prevista en el artículo 20 se constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición adicional cuarta Fomento de la contratación electrónica

En un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, todos los procedimientos de contratación de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de su sector público se llevarán a cabo posibilitando la utilización de medios de comunicación electrónicos y, en particular, la presentación electrónica de ofertas y solicitudes.

El órgano o entidad con competencias horizontales en materia de administración electrónica prestará asistencia a los órganos de contratación para cumplir este objetivo.

Disposición adicional quinta Colaboración con las entidades locales para la contratación electrónica y el acceso sin coste a la información

El órgano o entidad con competencias horizontales en materia de administración electrónica podrá llegar a acuerdos con las entidades locales gallegas para colaborar en el impulso y aplicación de medios electrónicos en la contratación pública local y para que estas entidades puedan aplicar las medidas previstas en el artículo 22 de la presente ley en cuanto al acceso sin coste a la información.

Disposición adicional sexta Fomento de la contratación precomercial

El Consejo de la Xunta, mediante acuerdo, fijará dentro de los presupuestos de cada consejería y de cada entidad instrumental del sector público autonómico las cuantías necesariamente destinadas a la financiación de contratos a los que hace referencia el artículo 4.1.r) del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Una parte de ellas podrá reservarse a pequeñas y medianas empresas innovadoras.

Disposición adicional séptima Fomento de la contratación pública innovadora

Al objeto de fomentar la innovación a través de la contratación pública, en el plazo de cuatro meses la Agencia Gallega de Innovación, la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia y la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia elaborarán una guía de buenas prácticas para favorecer la contratación pública innovadora en el sector público autonómico.

Esta guía contendrá un conjunto de recomendaciones, directrices y buenas prácticas orientadas a la mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de bienes y servicios innovadores, así como al fomento de la innovación empresarial, partiendo, en cualquier caso, de los principios de racionalización del gasto y de la mejora de la gestión pública.

Disposición adicional octava Otras guías de contratación

La Asesoría Jurídica General coordinará la elaboración y revisión periódica de guías que orienten a los órganos de contratación del sector público autonómico para incorporar en sus procedimientos los principios establecidos en los artículos 25 y 29 de la presente ley.

LE0000572535_20230101 Disposición adicional octava redactada por el apartado dos de la disposición final primera de la Ley [GALICIA]4/2016, 4 abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público («D.O.G.» 12 abril).Vigencia: 13 abril 2016

Disposición adicional novena Modelos de pliegos de cláusulas administrativas

La Administración autonómica elaborará, con la asistencia de la Asesoría Jurídica General y de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, modelos de pliegos de cláusulas administrativas que contribuyan a homogeneizar la práctica contractual de la Administración general y de su sector público, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en la tramitación de los procedimientos de adjudicación en interés de todos los participantes y facilitar la concurrencia.

Estos modelos incorporarán las particularidades de la normativa gallega en materia contractual, incluidas tanto las previstas en esta ley como las previstas en la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración.

LE0000572535_20230101 Disposición adicional novena redactada por el apartado tres de la disposición final primera de la Ley [GALICIA]4/2016, 4 abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público («D.O.G.» 12 abril).Vigencia: 13 abril 2016

Disposición adicional décima Racionalización de medios de las administraciones públicas para la prestación de servicios sociales

1. De acuerdo con el principio de colaboración interadministrativa, la Agencia Gallega de Servicios Sociales, cuya creación fue autorizada por el artículo 34.1 de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, cooperará con los ayuntamientos a fin de asegurar la calidad y una cobertura equilibrada de los servicios sociales en todo el territorio, especialmente en lo que atañe a la creación y mantenimiento de servicios sociales comunitarios específicos.

2. En este sentido, para el aprovechamiento óptimo y la racionalización en el empleo de los recursos dedicados a los servicios sociales, y la eficacia y eficiencia en su gestión y prestación, la Agencia podrá concertar convenios sujetos al régimen previsto en el artículo 14 de la presente ley con los ayuntamientos para gestionar equipamientos, prestaciones económicas, programas y servicios sociales de competencia autonómica y local.

Las aportaciones comprometidas por los ayuntamientos en virtud de los convenios previstos en el párrafo anterior tendrán la consideración de deudas firmes, líquidas y exigibles, y podrán ser objeto de compensación con la participación de éstos en el Fondo de Cooperación Local, de acuerdo con lo dispuesto en su regulación.

3. Para garantizar la continuidad, estabilidad y racionalización en la prestación de los servicios sociales de competencia municipal, la financiación básica otorgada por la Administración autonómica de los referidos servicios se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación, fomentando, en la medida de lo posible, la agrupación de municipios siempre y cuando los créditos consignados en los estados de gastos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para cada ejercicio presupuestario así lo permitan y respetando, en todo caso, los criterios de referencia establecidos en los anexos I, II y III del citado decreto.

4. La creación de la Agencia Gallega de Servicios Sociales no podrá suponer incremento del gasto público, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación presupuestaria, salvo en la medida necesaria para proceder a la progresiva homologación retributiva del personal que asuma la Agencia, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos, procedente del Consorcio Gallego de Servicios Sociales, cuyas retribuciones sean inferiores a las establecidas en el Convenio colectivo único del personal laboral de la Xunta de Galicia para las correspondientes categorías.

La homologación se efectuará de acuerdo a lo previsto en los estatutos de la Agencia y previa negociación con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Empleados Públicos y tendrá en cuenta la situación presupuestaria para establecer un calendario para esa equiparación.

Disposición adicional decimoprimera Garantía en la continuidad en la prestación de servicios por la Agencia Gallega de Servicios Sociales

1. Para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios sociales, la Agencia Gallega de Servicios Sociales, cuya creación fue autorizada por el artículo 34 de la Ley 13/2008, de 3 diciembre, de servicios sociales de Galicia, podrá formalizar convenios sujetos al régimen previsto en el artículo 14 de la presente ley con el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar y con los ayuntamientos competentes interesados, al objeto de asumir la gestión de los centros que el Consorcio gestionaba por convenio con los ayuntamientos, de acuerdo con lo que se disponga en los estatutos de la Agencia y se acuerde en el proceso de liquidación del Consorcio.

2. Los convenios regularán la colaboración de las entidades locales en la gestión de los aludidos centros y la participación del ayuntamiento en su financiación.

Una vez formalizado el convenio, y en el momento en que cada uno de ellos disponga, la Agencia se subrogará en la posición gestora del Consorcio respecto del centro, en las relaciones laborales del personal adscrito a éste y en los bienes de titularidad del Consorcio adscritos a la gestión.

3. Las aportaciones comprometidas por los ayuntamientos en virtud de los convenios previstos en esta disposición tendrán la consideración de deudas firmes, líquidas y exigibles, y podrán ser objeto de compensación con la participación de éstos en el Fondo de Cooperación Local, de acuerdo con lo dispuesto en su regulación.

Disposición adicional decimosegunda Racionalización del sistema de transporte público

1. A fin de mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas usuarias a la red de transporte público, además de las formas de cooperación previstas en la Ley 6/1996, de 9 de julio, de coordinación de los servicios de transporte urbanos e interurbanos de viajeros por carretera, la Xunta de Galicia, a través de la consejería competente en materia de mobilidad y transportes, podrá:

• a) Formalizar convenios de colaboración con otras administraciones públicas gallegas mediante los que se establecerán actuaciones de coordinación de servicios de transporte público de sus respectivas competencias, incluyendo la habilitación de la extensión de los servicios interurbanos al transporte urbano o viceversa.
• b) Igualmente, podrá elaborar y, después de oír a los ayuntamientos interesados, aprobar planes de accesibilidad del transporte interurbano al centro urbano, en el que se concretarán las nuevas rutas y se fijarán nuevos puntos de parada e interconexión de las redes urbana e interurbana de transporte público.

Las empresas contratistas de los servicios de transporte público afectados por los correspondientes convenios o planes de accesibilidad serán oídas con carácter previo a su formalización.

La coordinación de estas redes constituirá causa de interés público a efectos de modificación de los correspondientes contratos de servicio de transporte público que puedan resultar afectados, sobre los cuales aquellos convenios y planes de accesibilidad, previa aprobación, resultarán de directa e inmediata aplicación.

2. Igualmente, las administraciones públicas gallegas podrán formalizar contratos programa con los concesionarios de infraestructuras de transporte terrestre para la mejora de su accesibilidad, funcionalidad y, en general, de la calidad global de los servicios que prestan.

3. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley, la Xunta de Galicia deberá elevar al Parlamento de Galicia un proyecto de ley de movilidad de Galicia, en el que se desarrollará un sistema integrado de transporte público de personas, coordinando las distintas redes de transporte público existentes.

Véase O [GALICIA] 5 junio 2017 de aprobación definitiva del Plan de accesibilidad del transporte interurbano al centro urbano de A Coruña («D.O.G.» 20 junio).LE0000599832_20170621

Disposición transitoria primera Ejercicio de las competencias hasta el inicio de la actividad por las entidades públicas instrumentales que serán objeto de creación

1. El Instituto Gallego de Consumo y el Consejo Gallego de la Competencia continuarán desarrollando sus competencias hasta el inicio de la actividad del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia.

2. La Fundación Escuela Gallega de Administración Sanitaria, el Servicio de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Dirección General de Innovación y Gestión de la Salud Pública y las unidades de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud con competencias en materia de formación, investigación e innovación que se supriman en el momento de creación de la Agencia en Materia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios continuarán desarrollando sus competencias hasta el inicio de la actividad de la referida agencia.

Véanse la disposición adicional primera y la disposición transitoria tercera del D [GALICIA] 112/2015, de 31 de julio, por el que se crea la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud y se aprueban sus estatutos («D.O.G.» 19 agosto).LE0000558202_20150908

Véase D [GALICIA] 112/2015, de 31 de julio, por el que se crea la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud y se aprueban sus estatutos («D.O.G.» 19 agosto).LE0000558202_20150908

3. La Fundación Pública Sanitaria Centro de Transfusión de Galicia, la Oficina Coordinadora de Trasplantes de Galicia y los bancos de tejidos y las unidades de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud que se supriman en el momento de la creación de la Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos continuarán desarrollando sus competencias hasta el inicio de la actividad de la referida agencia.

Disposición transitoria segunda Régimen transitorio de los órganos de gobierno del Instituto Energético de Galicia

Mientras no se lleve a cabo la adaptación del Instituto Energético de Galicia a la Ley 16/2010, de 17 de octubre (sic), de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, en los términos previstos en su disposición transitoria tercera, el régimen de los órganos de gobierno del Instituto Energético de Galicia será el previsto en la Ley 3/1999, de 11 de marzo, de creación del Instituto Energético de Galicia, y en el Decreto 280/1999, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Energético de Galicia, con las siguientes modificaciones:

• a) La Dirección del Instituto Energético de Galicia será ejercida, por razón de cargo, por la persona titular de la dirección general competente en materia de energía.
• b) Se suprime la vocalía que corresponde al director del Instituto Energético de Galicia en el Consejo de Administración.

Disposición transitoria tercera Régimen transitorio de los órganos de gobierno de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural

Mientras no se lleve a cabo la adaptación de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural a la Ley 16/2010, de 17 de octubre (sic), de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, en los términos previstos en su disposición transitoria tercera, el régimen de los órganos de gobierno de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural será el previsto en la Ley 5/2000, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y de régimen presupuestario y administrativo, y en el Decreto 79/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, con la siguiente modificación:

Disposición transitoria cuarta Integración de miembros en el Consejo Gallego de Bienestar

1. Mientras no se proceda a adaptar el Decreto 246/2011, de 15 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, en lo relativo a los órganos consultivos y de participación, de acuerdo a lo dispuesto en la disposición final quinta, se integrarán en el Consejo Gallego de Bienestar:

• a) Una persona representante de la Administración autonómica con rango de director general o secretario general, propuesto por el titular de la consejería competente en materia de justicia.
• b) Dos representantes de las asociaciones de inmigrantes que actúen en el ámbito de la inmigración en la Comunidad Autónoma de Galicia.
• c) Una persona representante de las organizaciones sin fines de lucro que trabajen a favor de la integración de los inmigrantes en Galicia.

Las personas representantes señaladas en las letras b) y c) anteriores serán designadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 del Decreto 127/2006, de 27 de julio.

2. Mientras no se proceda a adaptar el Decreto 246/2011, de 15 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, en lo relativo a los órganos consultivos y de participación, de acuerdo a lo dispuesto en la disposición final quinta, serán invitados a integrarse en el Consejo Gallego de Bienestar dos representantes de la Administración general del Estado, propuestos por la Delegación del Gobierno de Galicia.

Disposición derogatoria única Derogación normativa

1. Quedan derogadas, en el momento de la entrada en funcionamiento de las entidades públicas instrumentales previstas en el título III (sic), las siguientes normas:

• – La Ley 8/1994, de 30 de diciembre, de creación del Instituto Gallego de Consumo.
• – ...
• LE0000551862_20150520 Inciso segundo del número 1 de la disposición derogatoria única derogado por el número 2 de la disposición final segunda de la Ley [GALICIA] 1/2015, 1 abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración («D.O.G.» 30 abril).Vigencia: 20 mayo 2015
• – La Ley 1/2011, de 28 de febrero, reguladora del Consejo Gallego de la Competencia.
• – El Decreto 329/1995, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley 8/1994, de 30 de diciembre, de creación del Instituto Gallego de Consumo.
• – El Decreto 60/2011, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la estructura organizativa del Consejo Gallego de la Competencia.
• – El Decreto 184/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Instituto Gallego de Consumo.

2. Queda derogada la disposición adicional tercera de la Ley 7/1998, de 30 de diciembre, de medidas tributarias, de régimen presupuestario, función pública y gestión.

LE0000017322_20160319

3. Queda derogado el artículo 44 de la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2009.

LE0000348030_20140216

4. Queda derogado el artículo 51 de la Ley 14/2010, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2011.

LE0000440388_20140216

5. Queda derogado el artículo 35 de la Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

LE0000440389_20150520

6. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan al contenido de la presente ley.

Disposición final primera Modificación de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia y altos cargos de la Administración autonómica

El artículo 10 de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia y altos cargos de la Administración autonómica, queda redactado de la siguiente forma:

LE0000017301_20140216

Disposición final segunda Modificación de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia

1. El artículo 65 de la Ley 16/2010, de 17 de octubre (sic), de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, queda redactado de la siguiente forma:

LE0000440671_20240101

2. El artículo 87.1 de la Ley 16/2010, de 17 de octubre (sic), de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, queda redactado de la siguiente forma:

LE0000440671_20240101

Disposición final tercera Modificación de la Ley 1/2007, de 15 de enero, de la Academia Gallega de Seguridad Pública

1. Se modifica el artículo 8, en sus apartados 3 y 4, de la Ley 1/2007, de 15 de enero, de la Academia Gallega de Seguridad Pública, que quedan redactados como sigue:

LE0000239706_20210130

2. Se modifica el artículo 11 de la Ley 1/2007, de 15 de enero, de la Academia Gallega de Seguridad Pública, que queda redactado como sigue:

LE0000239706_20210130

Disposición final cuarta Modificación de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental

Se modifica el párrafo segundo de la disposición adicional segunda de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, que queda redactado como sigue:

LE0000404122_20240101

Disposición final quinta Adaptación de funciones y composición del Consejo Gallego de Bienestar

1. Las competencias y funciones que el Decreto 127/2006, de 27 de julio, por el que se crea el Consejo Gallego de la Inmigración, atribuye a dicho consejo serán asumidas por el Consejo Gallego de Bienestar Social.

2. El Consejo de la Xunta de Galicia procederá, en el plazo de seis meses, a modificar el Decreto 246/2011, de 15 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, en lo relativo a los órganos consultivos y de participación, a efectos de adaptar la regulación del Consejo Gallego de Bienestar a lo previsto en la presente ley, garantizando en todo caso la representación de las asociaciones de inmigrantes que actúen en el ámbito de la inmigración en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como de las organizaciones sin fines de lucro que trabajen a favor de la integración de las personas inmigrantes en Galicia, y respetando el derecho de participación de los sindicatos que estén presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

Disposición final sexta Modificación de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral

1. Se modifica el artículo 5 de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, que queda redactado como sigue:

LE0000251756_20180101

2. Se modifica el artículo 6 de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, que queda redactado como sigue:

LE0000251756_20180101

3. Se modifica el artículo 7 de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, que queda redactado como sigue:

LE0000251756_20180101

4. Se modifica el artículo 8 de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, que queda redactado como sigue:

LE0000251756_20180101

5. Se modifica el artículo 9 de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, que queda redactado como sigue:

LE0000251756_20180101

6. Se modifica el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, que queda redactado como sigue:

LE0000251756_20180101

7. Se modifica la letra b) del apartado A) de la disposición adicional quinta de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, que queda redactada como sigue:

LE0000251756_20180101

Disposición final séptima Adaptación del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral a la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral procederá a adaptar mediante decreto de la Xunta de Galicia su regulación a las determinaciones contenidas en el título III de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, de acuerdo a la nueva estructura introducida en la disposición final sexta.

Véase D [GALICIA] 165/2014, 11 diciembre, por el que se aprueban los estatutos del organismo autónomo Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral («D.O.G.» 2 enero 2015).LE0000542878_20201217

Disposición final octava Modificación de la Ley 6/2012, de 19 de junio, de juventud de Galicia

Se modifica el artículo 56.2 de la Ley 6/2012, de 19 de junio, de juventud de Galicia, que queda redactado como sigue:

LE0000486157_20230101

Disposición final novena Modificación de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, de patrimonio de Galicia

Se añade una disposición adicional, que queda redactada como sigue:

LE0000463440_20231203

Disposición final décima Modificación del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia

Se modifica el artículo 90.4 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, que queda redactado como sigue:

LE0000020849_20240101

Disposición final decimoprimera Modificación de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia

Se modifica el artículo 68 de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, que queda redactado como sigue:

LE0000346591_20220101

Disposición final decimosegunda Modificación de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de incendios forestales de Galicia

Se añade un nuevo artículo 55 bis en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de incendios forestales de Galicia, que queda redactado de la siguiente manera:

LE0000243785_20240101

Disposición final decimotercera Delegación legislativa

Se autoriza a la Xunta de Galicia, de acuerdo con los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento de Galicia, para que, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, elabore y apruebe cinco textos refundidos que recojan la normativa autonómica sobre pesca, guardacostas y cofradías de pescadores; tributos propios; política industrial; puertos; e igualdad.

La refundición incluye la posibilidad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que sean objeto del texto refundido.

Véase la Res. de 5 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico de Galicia («B.O.E.» 22 mayo/«D.O.G.» 22 mayo).LE0000529836_20140407

Disposición final decimocuarta Desarrollo normativo

Se habilita al Consejo de la Xunta de Galicia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en la presente ley.

Disposición final decimoquinta Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.