• 玝) Permanezcan desocupados de manera permanente e injustificada por un plazo de m醩 de dos a駉s. La ocupaci髇 de estas viviendas sin t韙ulo habilitante y la transmisi髇 de su titularidad no alteran la situaci髇 de incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad.�

玈in embargo, las administraciones competentes pueden declarar el incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad de las viviendas cuando, requeridos los propietarios para que adopten las medidas necesarias para cumplir con la funci髇 mencionada, estos incumplan el requerimiento en el plazo que se establezca. En los casos establecidos legalmente, la declaraci髇 del incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad conlleva el inicio del procedimiento de expropiaci髇 forzosa de la vivienda.�

• 玜) La desocupaci髇 permanente a que hace referencia la definici髇 de vivienda vac韆 del art韈ulo 3.d. Se asimila a esta utilizaci髇 an髆ala la de las viviendas que formen parte de un edificio inacabado con m醩 del ochenta por ciento de las obras de construcci髇 ejecutadas, despu閟 que hayan transcurrido m醩 de dos a駉s desde la conclusi髇 del plazo m醲imo para acabarlo.�

�3. Los municipios o, subsidiariamente, el departamento competente en materia de vivienda, si tienen constancia que una vivienda o un edificio de viviendas se utiliza de forma an髆ala o que un inmueble est� en una situaci髇 an髆ala, deben abrir el expediente administrativo pertinente para hacer los actos de instrucci髇 necesarios para determinar, conocer y comprobar los hechos sobre los que debe dictar la resoluci髇 por la cual, con la audiencia previa de las personas interesadas, se requiera a la persona responsable para que adopte las medidas necesarias para corregir la utilizaci髇 an髆ala mencionada en el plazo que se establezca.�

�6. En el caso de viviendas titularidad de personas jur韉icas privadas, en la resoluci髇 por la que se requiera a la persona responsable para que adopte las medidas necesarias para ocupar legalmente y efectivamente una o varias viviendas para que constituyan la residencia de personas, se le debe advertir que, si no lo hace en el plazo que se establezca, se podr� exigir la ejecuci髇 forzosa de las medidas requeridas mediante la imposici髇 de multas coercitivas de mil euros por cada vivienda y mes que permanezcan desocupadas. En la situaci髇 asimilada relativa a los edificios de viviendas inacabadas, el requerimiento mencionado debe incluir las medidas necesarias para acabar previamente las obras de edificaci髇.

7. En los supuestos establecidos legalmente, la advertencia a que hace referencia el apartado 6 debe incluir la posibilidad de declarar el incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad a efectos de iniciar el procedimiento para su expropiaci髇 forzosa.�

�1. Se crea el Registro de viviendas vac韆s y de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante, con car醕ter administrativo, que depende de la Agencia de la Vivienda de Catalu馻, en el que deben ser objeto de inscripci髇 las viviendas que se indiquen por reglamento y en todo caso las viviendas siguientes:

• a) Las adquiridas en un proceso de ejecuci髇 hipotecaria o mediante compensaci髇 o pago de deuda con garant韆 hipotecaria que no est閚 ocupadas por personas con t韙ulo habilitante.
• b) Las de titularidad de personas jur韉icas privadas que, de acuerdo con esta Ley, se encuentren en situaci髇 de utilizaci髇 an髆ala por su desocupaci髇 permanente o en situaci髇 de utilizaci髇 asimilada de acuerdo con el art韈ulo 41.1.a.

La inscripci髇 se debe llevar a cabo en la forma y los plazos que determine el reglamento que regule el funcionamiento del Registro.�

Expropiaci髇 forzosa de viviendas�

�1. Se puede aplicar la expropiaci髇 forzosa por causa de inter閟 social al efecto de dotar a las administraciones competentes en la materia de un parque social de viviendas asequibles en alquiler para atender a las necesidades de vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusi髇 residencial o que est醤 en riesgo de encontrarse en dicha situaci髇. A tal fin, es causa de inter閟 social el incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad relativa a la ocupaci髇 legal y efectiva de la vivienda para que constituya la residencia de las personas.

2. Para aplicar la expropiaci髇 forzosa por incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad a que hace referencia el apartado 1, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

• a) Que los inmuebles est閚 situados en las 醨eas indicadas por el art韈ulo 12.5 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, o en los municipios que el Gobierno declare por decreto atendiendo a las necesidades de vivienda y el parque de viviendas disponibles. Para determinar estos municipios, se debe dar audiencia a las entidades locales afectadas y tener en cuenta la participaci髇 del Consejo de Gobiernos Locales o de las organizaciones asociativas de los entes locales m醩 representativas.
• b) Que las viviendas est閚 inscritas en el Registro de viviendas vac韆s y viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante, o sean susceptibles de estar inscritas, o pertenezcan a personas jur韉icas que las hayan adquirido de un titular de viviendas inscritas en el Registro en primera o ulteriores transmisiones, aunque el titular actual sea un fondo de titulizaci髇 de activos o la adquisici髇 se haya efectuado mediante la transmisi髇 de acciones o participaciones de sociedades mercantiles.

3. En el supuesto a que hace referencia el apartado 1, son administraciones expropiantes los municipios y el departamento competente en materia de vivienda. Pueden ser beneficiarias las entidades de derecho p鷅lico que gestionen el parque social de viviendas y las entidades privadas sin 醤imo de lucro que, de acuerdo con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, gestionen viviendas de inserci髇 o tengan la condici髇 de promotor social de viviendas. Las administraciones expropiantes o, si procede, las beneficiarias quedan obligadas a cumplir con la funci髇 social de las viviendas adquiridas en el plazo de un mes a partir del momento en que est閚 en condiciones de uso efectivo y adecuado.

4. Es requisito para iniciar el procedimiento de expropiaci髇 a que hace referencia la letra b del apartado 2 requerir previamente a la persona titular de la vivienda afectada para que cumpla con la obligaci髇 de que sea ocupada legalmente para constituir la residencia de las personas, con la advertencia de que, si no acredita la ocupaci髇 en un plazo m醲imo de un mes, se podr� declarar el incumplimiento de la funci髇 social de la vivienda a efectos de iniciar el procedimiento para su expropiaci髇 y que, de conformidad con el art韈ulo 49.3 del texto refundido de la Ley de suelo y de rehabilitaci髇 urbana, el contenido del derecho de propiedad se reducir� un 50 por ciento de su valor, correspondiendo la diferencia a la Administraci髇 expropiante. La Administraci髇 y la persona titular de la vivienda pueden convenir la adquisici髇 de la vivienda o de su uso temporal libremente y por acuerdo mutuo para destinarlo al alquiler social en el plazo de tres meses, en cuyo supuesto concluye el procedimiento de expropiaci髇 que se hubiera iniciado y la cesi髇 deviene amistosa.�

�6. Para determinar el precio justo mediante el acuerdo de las partes, se deben tener en cuenta los criterios de alquiler social establecidos por el art韈ulo 5.7 de la Ley 24/2015. Si no hay acuerdo, el precio justo debe ser fijado por el Jurado de Expropiaci髇 de Catalu馻 de acuerdo con su normativa reguladora. En la determinaci髇 del precio justo se debe tener en cuenta el coste de la adecuaci髇 de la vivienda para conservarlo en las condiciones exigibles de acuerdo con el art韈ulo 30 de la Ley 18/2007. A efectos del apartado 3 del art韈ulo 7 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, las condiciones econ髆icas de la cesi髇 de la vivienda a la Administraci髇 se corresponden con el precio que las partes acuerden de acuerdo con este apartado o, subsidiariamente, el precio justo que determine el Jurado de Expropiaci髇 Forzosa, minorado un 50 por ciento de conformidad con la legislaci髇 sobre suelo y rehabilitaci髇 urbana.�

Alojamiento provisional en situaciones de emergencia social en materia de vivienda

1. En situaciones de emergencia social de las personas en riesgo de exclusi髇 residencial de acuerdo con la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, el alojamiento de estas personas se efect鷄, con car醕ter provisional, en un alojamiento dotacional p鷅lico que forme parte del sistema urban韘tico de equipamientos comunitarios o, en su defecto, en otros alojamientos gestionados por las administraciones competentes en las mismas condiciones de temporalidad reguladas para los alojamientos dotacionales p鷅licos.

2. Las resoluciones sobre la adjudicaci髇 de alojamiento provisional a que hace referencia el apartado 1, a propuesta de las mesas de valoraci髇 de situaciones de emergencia social y econ髆ica, deben tener en cuenta:

• a) Las situaciones de convivencia vecinal pac韋ica. A tal efecto, se deben valorar los informes emitidos por los 髍ganos competentes de los ayuntamientos correspondientes o de los cuerpos policiales y, si procede, las alegaciones hechas por las comunidades de propietarios interesadas.
• b) La disponibilidad por parte de las personas afectadas de otra vivienda o inmueble por cualquier t韙ulo que habilite la ocupaci髇.

2. En situaciones de emergencia social de las personas ocupantes sin t韙ulo habilitante de viviendas adquiridas o gestionadas por las administraciones competentes, el alojamiento de estas personas se efect鷄 en las mismas condiciones a que hacen referencia los apartados 1 y 2. Sin embargo, en el caso de ocupaciones anteriores a la adquisici髇 o gesti髇 de la vivienda por parte de la Administraci髇, se puede considerar la posibilidad de atender provisionalmente la necesidad de alojamiento en la misma vivienda ocupada si se cumplen las condiciones siguientes:

• 玜) Que no se haya iniciado el procedimiento para la adjudicaci髇 definitiva de las viviendas ocupadas.
• 玝) Que su ocupaci髇 sea, como m韓imo, seis meses anterior a la fecha de adquisici髇 de las viviendas o de inicio de su gesti髇 por parte de la Administraci髇. Esta circunstancia se debe acreditar por cualquier medio admitido en derecho.
• 玞) Que los servicios sociales municipales que hagan el seguimiento de la situaci髇 socioecon髆ica de los miembros de la unidad familiar ocupante informen favorablemente.
• 玠) Que no hayan renunciado a la adjudicaci髇 de una vivienda de emergencia social en los 鷏timos dos a駉s.

4. La situaci髇 de alojamiento provisional de conformidad con este art韈ulo no da a las personas adjudicatarias preferencia por s� misma en el procedimiento de adjudicaci髇 definitiva de vivienda del parque p鷅lico o gestionado por las administraciones p鷅licas.

5. Con el fin de hacer efectivas las resoluciones de adjudicaci髇 definitiva de las viviendas de las administraciones p鷅licas o gestionadas por estas que tengan ocupantes sin t韙ulo habilitante, se pueden utilizar los mecanismos de ejecuci髇 forzosa de los actos administrativos u otros mecanismos legales que permitan la ocupaci髇 de la vivienda por parte de las personas adjudicatarias.

1. Es vivienda de protecci髇 oficial la que, de acuerdo con esta Ley, los reglamentos que la desarrollen y los planes de vivienda, se sujeta a un r間imen de protecci髇 p鷅lica que permite establecer como m韓imo el precio m醲imo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, y que un acto administrativo dictado por el departamento competente en materia de vivienda califica como tal de acuerdo con el procedimiento espec韋ico establecido por reglamento. La protecci髇 oficial se puede extender a garajes, anexos, trasteros y otros elementos diferentes de la vivienda pero que est閚 vinculados a la misma. Esta extensi髇 de la protecci髇 oficial debe regularse por reglamento.

2. La funci髇 esencial de las viviendas de protecci髇 oficial es satisfacer la necesidad permanente de vivienda de las personas usuarias que las ocupan legalmente para que constituyan su residencia habitual.�

1. La calificaci髇 de las viviendas de protecci髇 oficial es vigente mientras concurra alguna de las circunstancias siguientes:

• 玜) Que el planeamiento urban韘tico las reserve al uso de vivienda de protecci髇 p鷅lica.
• 玝) Que est閚 integradas en un patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda.

2. En otros supuestos a que hace referencia el apartado 1, la vigencia de la calificaci髇 de las viviendas de protecci髇 oficial puede ser de duraci髇 determinada de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente atendiendo a si se han otorgado ayudas p鷅licas o no para su promoci髇 y la naturaleza de estas, incluida la cesi髇 gratuita del suelo o el vuelo afectados o por un precio inferior a su valor.

3. Mientras se den las circunstancias legales y reglamentarias que determinan la vigencia de la calificaci髇 de vivienda de protecci髇 oficial, solo se la puede descalificar a iniciativa de la misma Administraci髇 por razones de inter閟 p鷅lico vinculadas a las necesidades de la vivienda y siempre que la calificaci髇 urban韘tica del suelo no lo destine al uso de vivienda de protecci髇 p鷅lica.

玃recios de venta y rentas m醲imos de las viviendas de protecci髇 oficial�

�1. Las viviendas de protecci髇 oficial se sujetan al r間imen de precios de venta y de rentas que corresponde abonar a los usuarios como m醲imo, determinados de acuerdo con los art韈ulos 83 bis a 83 quater.

2. Corresponde a la Administraci髇 competente para calificar las viviendas de protecci髇 oficial determinar el precio o la renta m醲imos en el momento de calificarlas. Cada vez que se formalice un contrato que permita a los usuarios ocupar una vivienda de protecci髇 oficial, las partes deben hacer constar en el contrato el precio y la renta m醲imos vigentes en aquel momento, sin perjuicio de que puedan pactar un precio o una renta inferiores.�

1. El precio de venta m醲imo de una vivienda de protecci髇 oficial se determina aplicando al precio de venta b醩ico los factores de localizaci髇 y de caracter韘ticas de la vivienda.

2. El precio de venta b醩ico de las viviendas de protecci髇 oficial, expresado en euros por metro cuadrado de superficie 鷗il, se corresponde con el de una vivienda de caracter韘ticas est醤dares atendiendo a:

• a) Los costes de edificaci髇, incluidos todos los gastos necesarios para su construcci髇 y el beneficio industrial de la constructora.
• b) El valor atribuible al suelo a partir de su valor m韓imo en la situaci髇 de rural, de los gastos est醤dar necesarios para su urbanizaci髇 y del beneficio empresarial normal para promoverla.

3. El factor de localizaci髇 permite corregir al alza el precio de venta b醩ico atendiendo a la demanda residencial existente en cada municipio o barrio.

4. El factor de caracter韘ticas de la vivienda pondera sus condiciones espec韋icas de eficiencia energ閠ica y, con respecto a las viviendas usadas, tambi閚 las de antig黣dad y estado de conservaci髇 que, valoradas en conjunto, influyan significativamente en el precio. Corresponde a este factor un valor entre 0,9 y 1,1, teniendo en cuenta que el valor 1 se corresponde a una vivienda de caracter韘ticas est醤dar.�

1. La renta m醲ima de una vivienda de protecci髇 oficial se determina aplicando a su precio de venta m醲imo obtenido la rentabilidad anual que se establezca. Si procede, la renta m醲ima obtenida debe ser reducida en funci髇 de las ayudas p鷅licas a la promoci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica que se hayan establecido con esta finalidad.

2. Durante la vigencia de los contratos de cesi髇 del uso de una vivienda de protecci髇 oficial, se puede actualizar la renta anualmente en los t閞minos que pacten las partes que, en ning鷑 caso, puede comportar un incremento superior a lo que resultar韆 de aplicar la variaci髇 porcentual experimentada por el 蚽dice de precios al consumo en la fecha de actualizaci髇.

3. Las administraciones p鷅licas competentes pueden establecer bonificaciones a la renta en funci髇 del nivel de ingresos de los usuarios. En caso de promociones privadas de las viviendas, las bonificaciones que se establezcan se deben compensar a la cedente del uso de la vivienda. Estas bonificaciones son revisables anualmente de acuerdo con la variaci髇 de la situaci髇 econ髆ica de las personas usuarias.�

Se deben establecer mediante orden del consejero o consejera competente en materia de vivienda el precio de venta b醩ico, el factor de localizaci髇 y la rentabilidad anual a efectos de determinar el precio de venta y la renta m醲imos de las viviendas de protecci髇 oficial. Para establecer la rentabilidad anual, deben tenerse en cuenta los indicadores de la evoluci髇 de la deuda p鷅lica correspondiente a los bonos a diez a駉s m醩 estables dentro de la zona econ髆ica de referencia de la econom韆 catalana�

�9. La inscripci髇 en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protecci髇 Oficial caduca en el plazo de un a駉, a menos que sea renovada antes del transcurso de este plazo.�

• 玞) La renuncia a participar en un procedimiento de adjudicaci髇 y la renuncia a la vivienda de protecci髇 oficial adjudicada, por una sola vez, sin causa justificada.�

• 玣) La caducidad de la inscripci髇 por falta de renovaci髇.�

�1. Los promotores de viviendas de protecci髇 oficial gestionan el proceso de adjudicaci髇 de acuerdo con este art韈ulo, atendiendo a las particularidades del art韈ulo 101 bis y sin perjuicio de los reg韒enes especiales regulados en los art韈ulos 102 y 103 y del derecho de realojamiento de las personas afectadas por la ejecuci髇 de una actuaci髇 urban韘tica.�

1. En el supuesto de promociones privadas de viviendas de protecci髇 oficial con ayudas p鷅licas, el proceso de adjudicaci髇 se rige por las condiciones y los criterios de selecci髇 de los adjudicatarios que establezca la Administraci髇 otorgante de la ayuda. Si esta Administraci髇 no se reserva para s� la gesti髇 del proceso de adjudicaci髇 de las viviendas, corresponde a los promotores privados gestionarlo.

En caso de viviendas en r間imen de alquiler, las primeras y posteriores adjudicaciones se deben llevar a cabo por orden de preferencia seg鷑 la mayor antig黣dad de la inscripci髇 en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protecci髇 Oficial de acuerdo con la lista proporcionada por la Administraci髇 competente.

2. En el supuesto de promociones privadas de viviendas de protecci髇 oficial en r間imen de alquiler, sin ayudas p鷅licas, sobre terrenos destinados urban韘ticamente al uso de vivienda de protecci髇 p鷅lica, corresponde a los promotores privados gestionar el proceso de adjudicaci髇 a partir de la lista proporcionada por la Administraci髇 competente de personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protecci髇 Oficial de acuerdo con el procedimiento que se establezca por reglamento. En caso de que se produzcan vacantes o renuncias, la adjudicaci髇 posterior de las viviendas afectadas a otros solicitantes debe efectuarse de acuerdo con el art韈ulo 103.

3. Para obtener la lista de personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protecci髇 Oficial, los promotores privados que gestionen el proceso de adjudicaci髇 la deben solicitar ante el 髍gano gestor del Registro, indicando las condiciones relativas a los ingresos econ髆icos u otros que, si procede, sean exigibles a las adjudicatarias de conformidad con esta Ley. La Administraci髇 dispone de un plazo m醲imo de un mes para facilitar este listado, que debe estar integrado por la relaci髇 de las personas inscritas que re鷑an las condiciones exigidas para ser adjudicatarias y, si procede, ordenada por antig黣dad de su inscripci髇 en el Registro.�

獿as viviendas de protecci髇 oficial promovidas sin ayudas p鷅licas y sin que la calificaci髇 urban韘tica del suelo imponga este destino son adjudicadas por los promotores por el procedimiento que libremente escojan, respetando en todo caso los requisitos que sean exigidos por reglamento para acceder a viviendas de protecci髇 oficial. Asimismo, deben respetar los criterios siguientes:�

• 玣) El 韓dice de referencia de precios de alquiler de viviendas que corresponda.�

• 玤) Los datos previstos por la legislaci髇 civil�

�2. En el contrato de arrendamiento debe hacerse constar el 蚽dice de referencia del precio del alquiler aplicable a la vivienda. Con la formalizaci髇 del contrato los ocupantes tienen derecho a la entrega de la c閐ula de habitabilidad o la acreditaci髇 equivalente y, si procede, el certificado de eficiencia energ閠ica.�

1. El departamento competente en materia de vivienda debe elaborar el 蚽dice de referencia de precios de alquiler de viviendas a partir de los datos que constan en el Registro de Fianzas de los Contratos de Alquiler de Fincas Urbanas. El 蚽dice de referencia informa sobre la media del precio del alquiler de una vivienda de caracter韘ticas similares en el mismo entorno urbano. El sistema de c醠culo y los elementos o factores correctores que influyen en la determinaci髇 de los m醨genes del 韓dice se establecen por orden del consejero o consejera competente en materia de vivienda.

2. La Administraci髇 de la Generalidad de Catalu馻 debe tener en cuenta el 蚽dice de referencia de precios de alquiler de viviendas en el desarrollo de sus pol韙icas p鷅licas en esta materia. La arrendadora de una vivienda no se puede beneficiar de las ayudas p鷅licas destinadas al fomento del alquiler cuando la renta pactada sea superior al 韓dice mencionado.�

• 玣) No informar del 蚽dice de referencia de precios de alquiler de viviendas en las ofertas de arrendamientos urbanos de viviendas o no hacerlo constar en los contratos de arrendamientos urbanos de viviendas.�

�2. En el Registro de Fianzas de los Contractos de Alquiler de Fincas Urbanas se deben hacer constar los datos relativos a:

• 玜) La situaci髇 de la finca arrendada, que debe incluir la direcci髇 postal, la titularidad, la referencia catastral, el a駉 de construcci髇, el a駉 y el tipo de reforma, si procede, la superficie construida de uso privativo por usos, la c閐ula de habitabilidad y el certificado de eficiencia energ閠ica.
• 玝) La identificaci髇 de las partes contratantes, que debe incluir los domicilios respectivos al efecto de practicar las notificaciones.
• 玞) Las caracter韘ticas del contrato, que debe incluir la fecha de formalizaci髇, la duraci髇, la renta, el sistema de actualizaci髇 de la renta, las garant韆s adicionales a la fianza, el pago de los suministros b醩icos y si se alquila amueblada o no.
• 玠) El importe de la fianza y la fecha de dep髎ito.
• 玡) Los otros datos que, para elaborar el 蚽dice de referencia de precios de alquiler de viviendas, se determinen por orden del consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda.�

• 玞) Para la adquisici髇 de terrenos comprendidos en 醨eas destinadas al patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda.�

1. La Administraci髇 de la Generalidad tiene el derecho legal de adquisici髇 preferente sobre las transmisiones onerosas que afecten:

• 玜) Los suelos de titularidad privada reservados al uso de vivienda de protecci髇 p鷅lica por el planeamiento urban韘tico.
• 玝) Las viviendas arrendadas cuando, de acuerdo con la legislaci髇 sobre arrendamientos urbanos, se transmitan conjuntamente con la resta de viviendas o locales que formen parte del mismo inmueble.

2. El derecho de tanteo a que hace referencia el apartado 1 se puede ejercer mediante el Instituto Catal醤 del Suelo en el supuesto de la letra a, y mediante el departamento competente en materia de vivienda, o las entidades de derecho p鷅lico con personalidad jur韉ica propia competentes en esta misma materia, en el supuesto de la letra b�.

1. Se pueden delimitar 醨eas de suelo para adquirir bienes y derechos determinados comprendidos en ellas con la finalidad de integrarlos en el patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda. Entre otras finalidades del patrimonio, estas 醨eas pueden comprender terrenos destinados al uso de vivienda que tengan la condici髇 de solar, con la finalidad de construir viviendas de protecci髇 p鷅lica o de destinar los que est閚 construidos a este r間imen de protecci髇, aunque el planeamiento urban韘tico no reserve espec韋icamente al r間imen de protecci髇 p鷅lica el uso de vivienda a que los destina.

2. El proyecto de delimitaci髇 de las 醨eas a que hace referencia el apartado 1, aprobado separadamente o como parte de un plan urban韘tico, debe especificar la finalidad concreta que justifique la adquisici髇 del suelo, evaluar la sostenibilidad econ髆ica y establecer:

• 玜) El sistema de adquisici髇 mediante la expropiaci髇 forzosa o en ejercicio del derecho real de tanteo que se constituya respecto de las transmisiones onerosas, incluidas las transmisiones de acciones o participaciones sociales de sociedades mercantiles cuyo objeto est� vinculado directamente o indirectamente a la actividad inmobiliaria.
• 玝) El plazo m醲imo para iniciar el procedimiento de expropiaci髇, que no puede ser superior a seis a駉s, o la duraci髇 m醲ima del derecho real de tanteo, que no puede ser superior a doce a駉s.
• 玞) La relaci髇 de bienes y derechos afectados por la expropiaci髇 forzosa o, en el caso del derecho de tanteo, la identificaci髇 de los terrenos que forman parte del 醨ea con indicaci髇 de las calles, pol韌onos, sectores o parajes afectados.

3. Son administraciones competentes para aprobar separadamente los proyectos de delimitaci髇 de 醨eas destinadas al patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda las que lo sean para constituir este patrimonio.

4. Son tr醡ites esenciales del procedimiento de aprobaci髇 de los proyectos de delimitaci髇 de 醨eas destinadas al patrimonio p鷅lico del suelo y de vivienda el de informaci髇 p鷅lica y, en el caso de expropiaci髇 forzosa, el de audiencia de los titulares de los bienes y derechos afectados.

5. La constituci髇 del derecho real de tanteo a que hace referencia el art韈ulo 158 y el apartado 2 de este art韈ulo puede ser inscrito en el Registro de la Propiedad de acuerdo con la legislaci髇 en la materia e implica el de retracto si las personas propietarias de los bienes y derechos afectados no respetan las condiciones para el ejercicio del derecho de tanteo. Es aplicable el derecho civil de Catalu馻 en los aspectos del derecho real de tanteo y del derecho de retracto no regulados en esta Ley o, por lo que se refiere al supuesto de la letra b del apartado 1 del art韈ulo 158, de los regulados en la legislaci髇 sobre arrendamientos urbanos.

6. Pueden ser beneficiarios de los derechos de tanteo y retracto a que hace referencia el apartado 5, cuando se trata de terrenos destinados al uso de vivienda, al Instituto Catal醤 del Suelo, los ayuntamientos y los promotores y sujetos que prev� el art韈ulo 15.4 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.�

�4. Las administraciones competentes para gestionar el patrimonio municipal de suelo y de vivienda deben inventariar separadamente de otros bienes y derechos patrimoniales los que integren este patrimonio. Entre otros datos necesarios para gestionar los bienes y los derechos del patrimonio municipal de suelo y de vivienda, deben constar en este inventario las relativas a:

• 玜) La identificaci髇 precisa.
• 玝) El t韙ulo y el precio de adquisici髇.
• 玞) La situaci髇 jur韉ica y urban韘tica.
• 玠) El uso a que se dedican efectivamente.
• 玡) Las operaciones que deban ser anotadas en el instrumento de contabilidad p鷅lica correspondiente.
• 玣) Su vinculaci髇, si procede, a las expresas finalidades que prev閚 los art韈ulos 46.2 c y 46.4 en materia de viviendas de protecci髇 p鷅lica.

5. El inventario y el balance de situaci髇 del patrimonio municipal de suelo y de vivienda se debe actualizar permanentemente. No se puede enajenar ning鷑 bien o derecho del patrimonio municipal de suelo y de vivienda si no est� inventariado adecuadamente y, si procede, inscrito en el Registro de planeamiento urban韘tico de Catalu馻.

6. Los municipios incluidos en las 醨eas de demanda residencial fuerte y acreditada deben inscribir en el Registro de planeamiento urban韘tico de Catalu馻 los bienes y los derechos que integran el patrimonio municipal de suelo y de vivienda, as� como el balance de situaci髇 de este patrimonio.�

�5. El sistema urban韘tico de equipamientos comunitarios comprende los centros p鷅licos, los equipamientos de car醕ter religioso, cultural, docente, deportivo, sanitario, asistencial, de servicios t閏nicos y de transporte, de alojamiento dotacional p鷅lico y otros equipamientos que sean de inter閟 p鷅lico o de inter閟 social. A este efecto, es equipamiento de alojamiento dotacional p鷅lico el que se destina a satisfacer las necesidades temporales de habitaci髇 de las personas, en r間imen de uso compartido de todos o una parte de los elementos del alojamiento con otros usuarios, o en r間imen de uso privativo de una vivienda completa, que se encuentran en alguna de las circunstancias siguientes:

• 玜) Tienen dificultades de emancipaci髇.
• 玝) Requieren acogimiento o asistencia p鷅lica de acuerdo con la legislaci髇 en materia de vivienda.
• 玞) Est醤 afectadas por una actuaci髇 urban韘tica.�

• 玝) Para equipamientos de titularidad p鷅lica, el valor inferior resultante de las proporciones siguientes: 20 m² de suelo por cada 100 m² de techo o 20 m² de suelo por cada vivienda; con un m韓imo, en todos los casos, del 5% de la superficie del 醡bito de actuaci髇 urban韘tica, adem醩 del suelo destinado a servicios t閏nicos, si procede.�

• 玝) No se puede reducir, en un 醡bito de actuaci髇 urban韘tica, la superficie de los suelos calificados de sistema de espacios libres p鷅licos o de sistema de equipamientos p鷅licos en cumplimiento de los est醤dares m韓imos legales.�

-�

�2. Corresponde a la Administraci髇 actuante fijar el emplazamiento del suelo con aprovechamiento urban韘tico de cesi髇 obligatoria y gratuita en el proceso de reparcelaci髇 de conformidad con las reglas siguientes:

• 玜) Cuando el suelo de cesi髇 obligatoria, por raz髇 de los usos del 醡bito, no se pueda destinar a la construcci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica, se puede sustituir esta cesi髇 por la de otros terrenos equivalentes fuera del 醡bito de la actuaci髇 si estos terrenos est醤 destinados a viviendas de protecci髇 p鷅lica.
• 玝) Cuando, de acuerdo con el objeto del plan urban韘tico, no haya alternativas de ordenaci髇 razonables que permitan materializar la cesi髇 de suelo obligatoria en una o varias parcelas de resultado que se puedan adjudicar individualmente a la Administraci髇 competente, se puede sustituir esta cesi髇 por la de otros terrenos equivalentes fuera del 醡bito la actuaci髇 o, subsidiariamente, por su equivalente en techo edificado o en met醠ico para destinarlo a conservar, administrar o ampliar el patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda.
• 玞) En las actuaciones urban韘ticas con reserva de suelo destinado a viviendas de protecci髇 p鷅lica, el suelo con aprovechamiento urban韘tico de cesi髇 obligatoria se debe emplazar sobre la reserva mencionada, con la obligaci髇 de la Administraci髇 adjudicataria de construir las viviendas de protecci髇 p鷅lica en los plazos exigidos. Sin embargo, el emplazamiento sobre dicha reserva ha ser parcial cuando la Administraci髇 adjudicataria no disponga de recursos econ髆icos suficientes para construir las viviendas, con la finalidad de poder hacerlo con los ingresos que obtenga por la enajenaci髇 del suelo de cesi髇 obligatoria emplazado fuera de la reserva o con la sustituci髇 de la obligaci髇 de ceder este suelo fuera de la reserva por su equivalente en techo ya construido de las viviendas mencionadas o en met醠ico a fin de destinarlo a su construcci髇. Si procede, la parte de la cesi髇 de suelo con aprovechamiento urban韘tico que recaiga sobre suelos que no forman parte de la reserva para viviendas de protecci髇 p鷅lica se integra en el patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda con la expresa finalidad de destinar los ingresos obtenidos por su enajenaci髇 a la construcci髇 de dichas viviendas en los suelos de reserva cedidos.

3. Los terrenos cedidos a que hace referencia la letra c del apartado 2 que est閚 destinados al uso de vivienda de protecci髇 p鷅lica deben permanecer en el patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda de la Administraci髇 adjudicataria mientras el planeamiento urban韘tico mantenga este destino, sin perjuicio de poder constituir un derecho real de superficie sobre estos terrenos. No obstante, la Administraci髇 titular de estos terrenos puede enajenarlos excepcionalmente en los supuestos siguientes:

• 玜) Para transmitirlos a otra Administraci髇 titular de bienes y derechos del patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda.
• 玝) Para permutarlos por otros terrenos equivalentes con el mismo destino que se deban integrar en el patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda.
• 玞) Cuando sea necesario destinarlos a viviendas para el realojamiento de los afectados por la actuaci髇 urban韘tica en r間imen de propiedad privada.

4. Se deben destinar al r間imen de alquiler, u otras formas de cesi髇 del uso sin transmisi髇 de la propiedad del suelo, las viviendas de protecci髇 p鷅lica construidas sobre los terrenos de titularidad p鷅lica a que hace referencia el apartado 3.

5. A efectos de calcular la cesi髇 de suelo con aprovechamiento del 醡bito de actuaci髇 en el caso de las actuaciones urban韘ticas a que hace referencia el apartado 3, hay que tener en cuenta que el aprovechamiento urban韘tico de los terrenos afectados se corresponde con el mejor uso que asigne el planeamiento urban韘tico a la reserva de viviendas de protecci髇 p鷅lica, con independencia de la obligaci髇 de la Administraci髇 adjudicataria de destinar las viviendas al r間imen de alquiler u otras formas de cesi髇 del uso sin transmisi髇 de la propiedad del suelo.�

�3. Los planes de ordenaci髇 urban韘tica municipal y sus modificaciones y revisiones deben reservar para la construcci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica suelo suficiente para el cumplimiento de los objetivos definidos en la memoria social y, como m韓imo, el suelo correspondiente al 30% del techo que se califique para el uso residencial de nueva implantaci髇, destinadas a la venta, al alquiler o a otras formas de cesi髇 de uso. Quedan exentos de esta obligaci髇 m韓ima los planes de ordenaci髇 urban韘tica municipal siguientes, a menos que el planeamiento territorial o director urban韘tico determine otra cosa�

�6. Las reservas para la construcci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica se deben emplazar evitando la concentraci髇 excesiva de este tipo de viviendas a fin de favorecer la cohesi髇 social y evitar la segregaci髇 territorial de los ciudadanos por raz髇 de su nivel de renta. Estas reservas deben atender la diversidad de demanda de viviendas de diferentes dimensiones. El plan debe determinar la localizaci髇 concreta de estas reservas en suelo urbano no incluido en sectores de planeamiento derivado y, con relaci髇 a estos sectores en suelo urbano no consolidado o urbanizable delimitado, debe determinar el porcentaje de techo que el planeamiento derivado ha de destinar a las reservas mencionadas. El planeamiento debe establecer los plazos para iniciar y para acabar la construcci髇 de las viviendas.

7. La calificaci髇 del suelo que establezca el Plan de ordenaci髇 urban韘tica municipal o su planeamiento derivado para localizar las reservas a que hace referencia el apartado 6 puede prever el destino total o parcial de la edificaci髇 a viviendas de protecci髇 p鷅lica. Este destino afecta tanto a los edificios plurifamiliares de nueva construcci髇, aunque conserven alg鷑 elemento arquitect髇ico de una edificaci髇 anterior, como a los edificios plurifamiliares existentes en que se pretenda llevar a cabo obras generales de acondicionamiento, conservaci髇 o mejora, cuando estas actuaciones edificatorias tengan como objetivo alojar mayoritariamente nuevos residentes en las viviendas resultantes. En el caso de destino parcial, si la calificaci髇 urban韘tica no concreta las unidades de vivienda sobre las que recae, el otorgamiento de la licencia de obras queda condicionado a la obtenci髇 de la calificaci髇 provisional de las viviendas de protecci髇 oficial y la primera ocupaci髇 de la edificaci髇 a la obtenci髇 de la calificaci髇 definitiva.�

�2 bis. En suelo urbano consolidado, la modificaci髇 del planeamiento que, sin incrementar la edificabilidad, conlleva el destino parcial de la edificaci髇 de suelos residenciales plurifamiliares a viviendas de protecci髇 p鷅lica de conformidad con el art韈ulo 57.7 se sujeta a los requisitos siguientes:

• 玜) No puede afectar a los solares adjudicados en un procedimiento de reparto equitativo de beneficios y cargas entre los propietarios afectados mientras no haya transcurrido el plazo para edificarlos establecido por el planeamiento previamente ejecutado o, si este no lo estableci�, tres a駉s desde que adquirieron dicha condici髇 legal.
• 玝) Las nuevas viviendas de protecci髇 p鷅lica no computan a efectos de aplicar los par醡etros urban韘ticos de la zona que regulan la densidad del uso residencial. Sin embargo, la ratio entre el techo construido destinado a estas nuevas viviendas y su n鷐ero no puede superar los 70 m² por vivienda.�

獳rt韈ulo 57 bis Reservas de viviendas para pisos sin divisi髇 horizontal

Los planes de ordenaci髇 urban韘tica municipal y el planeamiento derivado, de acuerdo con la memoria social y las l韓eas de actuaci髇 de los planes locales de vivienda, pueden reservar suelo para la construcci髇 de edificios de viviendas por pisos sin posibilidad de dividirlos horizontalmente, destinados exclusivamente a la cesi髇 del uso de cada piso o local susceptible de aprovechamiento independiente a terceras personas.�

玅uinta 獳ctuaciones de rehabilitaci髇 edificatoria en el medio urbano

獿a delimitaci髇 y ejecuci髇 de las actuaciones de rehabilitaci髇 edificatoria en el medio urbano a que hace referencia el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitaci髇 urbana, se rigen por las reglas siguientes:

• 玜) La delimitaci髇 del 醡bito de actuaci髇 se puede efectuar mediante el planeamiento urban韘tico, la declaraci髇 de 醨eas de conservaci髇 y rehabilitaci髇 a que hace referencia el art韈ulo 36 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, o por el procedimiento de tramitaci髇 de los instrumentos de gesti髇 urban韘tica a que hace referencia el art韈ulo 119.
• 玝) Son aplicables las disposiciones del t韙ulo cuarto relativas a la gesti髇 urban韘tica integrada del planeamiento al reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados de la ejecuci髇 de las actuaciones de rehabilitaci髇 edificatoria entre los propietarios afectados.�