Sumario

L [CASTILLA Y LE覰] 11/2003, 8 abril, derogada por la letra a) del n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria del DLeg. [CASTILLA Y LE覰] 1/2015, de 12 noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevenci髇 Ambiental de Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 13 noviembre) el 14 de noviembre de 2015.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y Le髇 han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 16.4 del Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente

LEY

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I.-

La Constituci髇 Espa駉la, Norma Fundamental de nuestro Ordenamiento Jur韉ico, reconoce en su art韈ulo 45 el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, as� como el deber de conservarlo. Para ello, los poderes p鷅licos velar醤 por la utilizaci髇 racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoy醤dose en la indispensable solidaridad colectiva, f髍mula constitucional que puede equipararse a lo que, en fechas m醩 recientes, se ha denominado desarrollo sostenible.

De este modo, la protecci髇 del medio ambiente constituye un derecho colectivo de los ciudadanos y, adem醩, una necesidad y una responsabilidad social, y, en cuanto a las Administraciones P鷅licas, la tutela del medio ambiente se configura como un objetivo b醩ico y fundamental de su acci髇 p鷅lica, como un principio rector permanente de su actuaci髇.

Para ello, las sociedades actuales precisan disponer de los instrumentos necesarios para asegurar esos objetivos de protecci髇 y tutela ambiental. Se hace necesaria la existencia de una normativa protectora del medio ambiente, lo que ha provocado la aparici髇 de un nuevo sector del Derecho P鷅lico, el Derecho Medioambiental, cuya importancia creciente en las 鷏timas d閏adas es indiscutible.

II.-

Por otro lado, reflejo y manifestaci髇 de la preocupaci髇 y actuaci髇 a favor de la protecci髇 medioambiental es el propio Derecho Comunitario, hasta el punto de que ha terminado incorpor醤dose al Tratado de la Uni髇 Europea como una verdadera pol韙ica rectora comunitaria, uno de cuyos objetivos y finalidades esenciales es el de la prevenci髇.

En desarrollo y aplicaci髇 del principio de protecci髇 del medio ambiente y, en concreto, del principio de prevenci髇, se han dictado un conjunto de Directivas Comunitarias para su incorporaci髇 a los ordenamientos internos. Una Directiva esencial en este 醡bito es la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevenci髇 y al control integrado de la contaminaci髇, que ha sido incorporada recientemente en la normativa b醩ica del Estado, mediante la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇, y que ha sido tenida en cuenta en la presente Ley, particularmente en lo relativo al r間imen de la autorizaci髇 ambiental establecida en la misma.

Para lograr la prevenci髇 y el control integrado de la contaminaci髇, la Directiva 96/61/CE condiciona el funcionamiento y la explotaci髇 de las instalaciones incluidas en su 醡bito de aplicaci髇 a la obtenci髇 de una autorizaci髇 o permiso, que debe concederse de forma coordinada cuando en el procedimiento intervengan varias autoridades con competencia en la materia. En la autorizaci髇 se han de fijar las condiciones ambientales de explotaci髇 de la actividad, todo ello con una clara y patente finalidad preventiva y de protecci髇 del medio ambiente.

III.-

La presente Ley se dicta en ejercicio y desarrollo de la competencia que la Comunidad de Castilla y Le髇 ostenta en materia de protecci髇 del medio ambiente. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.� del art韈ulo 34.1. del Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇, en redacci髇 ordenada por la Ley Org醤ica 4/1999, de 8 de enero, la Comunidad de Castilla y Le髇 tiene la competencia de desarrollo legislativo y de ejecuci髇 en materia de protecci髇 del medio ambiente, en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado, como resulta del apartado 23 del art韈ulo 149.1. de la Constituci髇 Espa駉la.

Debe destacarse adem醩 que el Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇 en su art韈ulo 4.1. configura al patrimonio natural de la Comunidad como valor esencial para la identidad de la misma, ordenando que sea objeto de especial protecci髇 y apoyo.

La vocaci髇 de la presente Ley es convertirse en texto legal esencial del Ordenamiento de la Comunidad de Castilla y Le髇 para la prevenci髇 y tutela del medio ambiente, estableciendo el sistema de intervenci髇 administrativa en el territorio de la Comunidad de las actividades, instalaciones o proyectos susceptibles de afectar al medio ambiente, con una finalidad preventiva. Como respaldo y garant韆 de la aplicaci髇 y efectividad de la Ley, 閟ta incorpora los mecanismos de inspecci髇 y control medioambiental y un r間imen sancionador.

Principio inspirador e informador de la Ley es el de desarrollo sostenible en la Comunidad, que haga compatible la actividad econ髆ica y empresarial con la protecci髇 del medio ambiente en que se desarrolle dicha actividad econ髆ica y social.

IV.-

En cuanto a su contenido, en una primera aproximaci髇 son de destacar los siguientes aspectos en la Ley: el r間imen de las actividades sujetas a autorizaci髇 auton髆ica, el r間imen de actividades sujetas a licencia ambiental local o a una mera comunicaci髇 y, adem醩, las actividades o proyectos sujetos a evaluaci髇 de impacto ambiental.

Como novedad en nuestro Ordenamiento Auton髆ico, la Ley aborda la regulaci髇 de una autorizaci髇 ambiental auton髆ica configurada como autorizaci髇 ambiental integrada para aquellas actividades con una mayor incidencia sobre el medio ambiente. La Ley parte de la competencia de la Administraci髇 de la Comunidad sobre dichas actividades, y establece, por ello, que el r間imen autorizatorio y la intervenci髇 administrativa sobre dichas actividades sea esencialmente auton髆ico. Ahora bien, no se excluye la intervenci髇 de otras Administraciones P鷅licas con competencia sobre dichas actividades, sino que, afirmando la competencia auton髆ica principal sobre las mismas, se pretende lograr la colaboraci髇 y coordinaci髇 de otras Administraciones P鷅licas, como se materializa en el procedimiento para la obtenci髇 de la autorizaci髇 ambiental o en la obligaci髇 de las Entidades Locales de informar de las deficiencias que aprecien en su funcionamiento.

Por otra parte, la Ley regula el r間imen de las denominadas actividades clasificadas en nuestro Ordenamiento, sujetas de forma primordial al control y a la intervenci髇 administrativa de los Ayuntamientos en cuyos t閞minos municipales se ubiquen. En este aspecto, la Ley es heredera de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y Le髇, que ha sido hasta la fecha la legislaci髇 de la Comunidad en esta materia. Y, a su vez, esta normativa tiene su precedente en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. A este r間imen se sujetan, como ya sucede en la actualidad, la mayor parte de las actividades susceptibles de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar da駉s al medio ambiente o producir riesgo para las personas o bienes.

Ahora bien, la Ley incorpora novedades legales dignas de rese馻rse en el 醡bito de estas actividades. En primer lugar, la Ley establece directamente, en su Anexo II, un listado de actividades exentas del tr醡ite de calificaci髇 e informe ambiental por parte del 髍gano auton髆ico previsto para este menester (la correspondiente Comisi髇 de Prevenci髇 Ambiental), por lo que, respecto de estas actividades, la intervenci髇 administrativa municipal se convierte, en la pr醕tica, en exclusiva. Y, en segundo lugar, la Ley establece, en su Anexo V, un listado de actividades sujetas a comunicaci髇 al Ayuntamiento correspondiente, no a licencia. Se parte de la consideraci髇 de que actividades como las incorporadas en el Anexo V no ocasionan impactos directos considerables sobre el medio en el que se desarrollan, excluy閚dolas, por ello, de una autorizaci髇 o licencia ambiental previa.

Las novedades anteriormente se馻ladas ponen de manifiesto que la Ley, en l韓ea con la actual pol韙ica descentralizadora, supone un paso adelante en el proceso de descentralizaci髇 de competencias auton髆icas en las Entidades Locales. Dicho talante descentralizador tiene una manifestaci髇 expresa en la Disposici髇 趎ica de la Ley.

En cuanto a la evaluaci髇 de impacto ambiental, se trata, como es sabido, de la t閏nica o instrumento preventivo del medio ambiente m醩 intenso, para aquellas actividades consideradas como de mayor impacto potencial sobre el medio ambiente. Como ha sucedido con la Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluaci髇 de Impacto Ambiental y Auditor韆s Ambientales de Castilla y Le髇, y el texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, que sustituy� y derog� a la anterior Ley 8/1994, la legislaci髇 de Castilla y Le髇 en materia de evaluaci髇 de impacto ambiental parte del respeto y aplicaci髇 韓tegra de la normativa b醩ica estatal en esta materia, sin necesidad de incorporarla o reiterarla expresamente. Con la regulaci髇 incluida en esta Ley se pretende completar o ampliar la legislaci髇 b醩ica del Estado, dejando para el desarrollo reglamentario la concreci髇 de los aspectos necesarios para la correcta aplicaci髇 en nuestra Comunidad tanto de la legislaci髇 b醩ica como de la incorporada en la presente Ley en esta materia de evaluaci髇 de impacto ambiental.

Entre los objetivos de la Ley figuran la regulaci髇 de la vigilancia y de la disciplina ambiental como garant韆 ineludible de eficacia pr醕tica de la norma, sancionando tanto su incumplimiento como cualquier agresi髇 que pueda afectar a la calidad del medio ambiente.

Como consecuencia de lo determinado en esta Ley, la Junta de Castilla y Le髇 proceder� a reforzar los mecanismos inspectores que aseguren su efectivo cumplimiento.

V.-

El articulado de la Ley se estructura en diez T韙ulos.

El T韙ulo I contiene unas disposiciones generales. Como se ha se馻lado, finalidad esencial de la presente Ley es favorecer un desarrollo sostenible, de forma que la actividad econ髆ica sea compatible con la protecci髇 del medio ambiente. Se pretende tambi閚 definir y determinar las competencias de las distintas Administraciones P鷅licas, con una correcta y adecuada colaboraci髇 entre ellas, y posibilitar una mayor agilidad en los procedimientos administrativos establecidos con vocaci髇 preventiva del medio ambiente. En el T韙ulo I se ha recogido tambi閚 la previsi髇 de la creaci髇 de un Sistema de Informaci髇 en la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente.

En el T韙ulo II se regula el r間imen de la autorizaci髇 ambiental y constituye, seg鷑 se ha destacado, novedad y pieza fundamental en el nuevo cuerpo legal, en el marco de la legislaci髇 b醩ica estatal, incorporaci髇 a su vez de la Directiva 96/61/CE. La Ley establece la autorizaci髇 ambiental auton髆ica 鷑ica para las actividades sometidas a este r間imen, sin perjuicio de integrar en el procedimiento la intervenci髇 de otras Administraciones P鷅licas con competencias en la materia. El r間imen de este T韙ulo sigue de forma taxativa un sistema de lista para su aplicaci髇: s髄o rige para las actividades expresamente sometidas a este r間imen. La regulaci髇 de la autorizaci髇 es somera, por ser de aplicaci髇 en esta materia la legislaci髇 b醩ica estatal contenida en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci髇 y control integrados de la contaminaci髇.

En cambio, como ya sucede en nuestra legislaci髇 de actividades clasificadas, el r間imen de la licencia ambiental regulado en el T韙ulo III de la Ley se aplica seg鷑 un sistema de cl醬sula o f髍mula general: quedan sometidos a la licencia ambiental municipal las actividades susceptibles de ocasionar molestias considerables, alterar las condiciones de salubridad, causar da駉s al medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes. El sistema de lista se utiliza para excluir expresamente a determinadas actividades del tr醡ite de calificaci髇 e informe por parte de las Comisiones de Prevenci髇 Ambiental en el procedimiento para la obtenci髇 de la licencia ambiental, enumer醤dose en el Anexo II estas actividades. En este T韙ulo III la Ley sigue las pautas de la normativa de actividades clasificadas, constituida por la Ley 5/1993. Como no pod韆 ser de otro modo, la citada Ley 5/1993 ha sido tenida muy en cuenta para la elaboraci髇 de esta parte de la presente Ley, habida cuenta de los resultados satisfactorios que la aplicaci髇 de la Ley 5/1993 ha tenido en la Comunidad.

El T韙ulo IV de la Ley regula la autorizaci髇 de inicio de la actividad, autorizaci髇 que debe obtenerse de las Administraciones P鷅licas competentes con car醕ter previo al comienzo de la explotaci髇 de las actividades sujetas a autorizaci髇 y licencia ambiental. En el supuesto de estas 鷏timas, se trata de la licencia de apertura, prevista y regulada en la Ley 5/1993; la regulaci髇 que de esta figura se hace en el T韙ulo IV de la presente Ley resulta coincidente en esencia con la regulaci髇 anterior contenida en la Ley 5/1993. En el caso de las actividades sujetas a autorizaci髇 ambiental, de nueva regulaci髇 en esta Ley, se ha considerado necesario exigir igualmente una autorizaci髇 de puesta en marcha de la instalaci髇, para la comprobaci髇 de que la instalaci髇 se ajusta al proyecto autorizado, y la competencia para resolver sobre ella corresponde a la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente, en l骻ica con el hecho de que la Administraci髇 competente respecto a estas actividades es la Administraci髇 de la Comunidad.

En el T韙ulo V se incluyen otras disposiciones comunes al r間imen de las actividades sujetas a autorizaci髇 y licencia como son la obligaci髇 de comunicar los cambios relativos al funcionamiento o caracter韘ticas de la actividad, la renovaci髇 y modificaci髇 de la autorizaci髇 y la licencia ambiental y los efectos y obligaciones derivadas de la transmisi髇 de dichas autorizaciones y licencias.

Por su parte, el T韙ulo VI se dedica a la regulaci髇 de la evaluaci髇 de impacto ambiental, regulaci髇 a la que se ha hecho referencia anteriormente. El T韙ulo VI se completa espec韋icamente con dos Anexos de la Ley, en los que se distinguen las actividades atendiendo al 髍gano ambiental competente para resolver sobre la evaluaci髇 de impacto ambiental respecto a tales actividades, bien sea la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente o la Delegaci髇 Territorial de la Junta de Castilla y Le髇 en la provincia correspondiente. No constituye esta distinci髇 una novedad en el Derecho de la Comunidad, ya que la legislaci髇 existente distingue entre la evaluaci髇 ordinaria y la evaluaci髇 simplificada atribuyendo la competencia a uno u otro 髍gano de la Administraci髇 de la Comunidad.

El T韙ulo VII de la Ley contempla, para las actividades que expresamente se determinan, la previa comunicaci髇 al Ayuntamiento correspondiente, como 鷑ico requisito ambiental para su puesta en marcha o funcionamiento. Con respecto a estas actividades, se sigue igualmente el sistema de lista. Se trata de actividades que estar韆n sujetas al r間imen de la licencia ambiental, pero que, considerando que su impacto o sus efectos sobre el medio en que se desarrollan son menos intensos, se excluyen expresamente de licencia o autorizaci髇 administrativa, precisando 鷑icamente su previa comunicaci髇. De todos modos, se habilita expresamente a los Ayuntamientos, como Administraci髇 competente respecto a estas actividades, para que puedan establecer mediante ordenanza municipal la necesidad de licencia ambiental respecto a las actividades en que as� lo decidan, alterando su r間imen.

El T韙ulo VIII se dedica al r間imen del control e inspecci髇 ambiental de las actividades. Resulta patente que la intervenci髇 administrativa respecto a las actividades con incidencia ambiental no termina con su autorizaci髇, sino que contin鷄 a lo largo del desarrollo y explotaci髇 de la actividad, a trav閟 del control y la vigilancia ambiental de la actividad. Como cl醬sula de salvaguarda de la regulaci髇 legal, se atribuye a la Administraci髇 de la Comunidad, a trav閟 de la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente, la alta inspecci髇 y la posibilidad de intervenir, actuando sus competencias en el supuesto de inactividad de los Ayuntamientos competentes. Se incluyen, adem醩, las disposiciones esenciales del estatuto del personal inspector en materia medioambiental. Por otro lado, se regula el supuesto de deficiencias en el funcionamiento de las actividades y la forma de proceder respecto a las actividades en funcionamiento sin autorizaci髇 o licencia.

El T韙ulo IX de la Ley es el m醩 espec韋icamente org醤ico de la misma, ya que se ocupa de las Comisiones Territoriales de Prevenci髇 Ambiental y la Comisi髇 de Prevenci髇 Ambiental de Castilla y Le髇, sucesoras de los 髍ganos colegiados, tanto en el 醡bito de las actividades clasificadas, como de la evaluaci髇 de impacto ambiental.

El T韙ulo X contiene el r間imen sancionador de la Ley, con fundamento constitucional en el apartado 3 del art韈ulo 45 de la Constituci髇 Espa駉la, como sucede con la normativa sancionadora en materia medioambiental. Como consecuencia natural de la distribuci髇 de competencias establecida en el texto legal respecto a las actividades incluidas en su 醡bito de aplicaci髇, la Ley atribuye a la Administraci髇 de la Comunidad, a trav閟 de la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente, la potestad sancionadora respecto a las actividades sujetas a autorizaci髇 ambiental y al procedimiento de evaluaci髇 de impacto ambiental, y, respecto a las dem醩 actividades, atribuye la potestad sancionadora a los Ayuntamientos en cuyo t閞mino municipal se desarrollen. De forma paralela a lo previsto en cuanto a la inspecci髇 medioambiental, la Ley prev� la intervenci髇 de la Administraci髇 de la Comunidad en el supuesto de inactividad del Ayuntamiento competente.

La Ley se completa con una disposici髇 adicional, transitoria, derogatoria y finales, y con los Anexos con las distintas relaciones y enumeraciones de actividades, en conexi髇 con el articulado de la Ley.

VI.-

En consecuencia, en el marco de la distribuci髇 de competencias establecido en la Constituci髇 y en el Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇, y en ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo en la materia de protecci髇 del medio ambiente, se dicta la presente Ley.