Sumario

La Constituci�n Espa�ola contempla la protecci�n del medio ambiente como un principio rector esencial de la pol�tica social y econ�mica. As�, en su art�culo 45 se refiere al derecho a disfrutar del medio ambiente y a la obligaci�n de todos los poderes p�blicos de velar por su protecci�n, mejora y, en su caso, restauraci�n. Dicho art�culo 45 debe interpretarse desde la distribuci�n competencial reconocida constitucionalmente, puesto que las Comunidades Aut�nomas han asumido estatutariamente competencias en esta materia. El criterio de principio se halla en el art�culo 149.1.23� de la Constituci�n, seg�n el cual corresponde al Estado la legislaci�n b�sica sobre protecci�n del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Aut�nomas de establecer normas adicionales de protecci�n. As� pues, las Comunidades Aut�nomas pueden desarrollar la normativa b�sica estatal si han asumido competencias para ello en sus Estatutos. As� lo han hecho todas las Comunidades Aut�nomas. En el caso concreto de Cantabria, conforme al art�culo 25.7 del Estatuto de Autonom�a para Cantabria, la Comunidad asume competencias para el desarrollo legislativo y ejecuci�n de la protecci�n del medio ambiente y de los ecosistemas, en el marco de la legislaci�n b�sica del Estado y en los t�rminos que la misma establezca.

En relaci�n con lo anterior, hay que tener en cuenta que la Uni�n Europea ha venido aprobando numerosas Directivas entre las que cabe citar, en lo que ahora nos interesa, la Directiva 85/337, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluaci�n de las repercusiones de determinados proyectos p�blicos y privados sobre el medio ambiente (modificada de manera importante por la posterior Directiva 97/11, de 3 de marzo de 1997, y de manera menos destacada por la Directiva 2003/35, de 26 de mayo de 2003); la Directiva 96/61, del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n, en la actualidad derogada por la Directiva 2008/1/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, que viene, en aras a una mayor racionalidad y claridad, a codificar las distintas modificaciones sufridas por la Directiva 96/61; o la Directiva 2001/42, del Parlamento y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluaci�n de los efectos de ciertos planes y programas en el medio ambiente, Directivas todas ellas que, como normas de resultado que son, seg�n ya se ha dicho, ten�an y tienen que ser transpuestas al ordenamiento interno por quien, en cada caso, posea las competencias.

La legislaci�n b�sica estatal ha venido a transponer las distintas Directivas europeas en el marco de las competencias atribuidas por la Constituci�n Espa�ola. As�, en primer lugar, la antes citada Directiva 85/337, de 27 de junio de 1985, fue objeto de una inicial transposici�n por el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci�n de impacto ambiental. No obstante, la legislaci�n sobre evaluaci�n de impacto ambiental ha sufrido sucesivas modificaciones desde la publicaci�n del citado Real Decreto Legislativo. Las numerosas modificaciones y su especial relevancia pusieron de manifiesto la necesidad de aprobar un texto refundido y, de este modo, siguiendo el mandato establecido en la Disposici�n Final S�ptima de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protecci�n de la atm�sfera, el 26 de enero de 2008 se public� en el �Bolet�n Oficial del Estado� el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluaci�n de Impacto Ambiental de proyectos, y que deroga el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci�n de Impacto Ambiental.

La Directiva 96/61, de 24 de septiembre de 1996, como ya hemos dicho hoy derogada por la Directiva 2008/1/CE, de 15 de enero de 2008, fue transpuesta al Derecho interno por la importante Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci�n y control integrados de la contaminaci�n y sus modificaciones posteriores; transposici�n que, como la propia Ley espec�fica, se lleva a cabo con car�cter b�sico y m�nimo, esto es, como norma com�n y sin perjuicio de la potestad legislativa de las Comunidades Aut�nomas, que podr�n, efectivamente, no s�lo desarrollar las previsiones de la Ley sino tambi�n, si as� lo desean, establecer normas adicionales de protecci�n. Dicha Ley b�sica estatal, asimismo, ha sido desarrollada por el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecuci�n de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Finalmente, la Directiva 2001/42, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluaci�n de los efectos de ciertos planes y programas en el medio ambiente, ha sido transpuesta por el Estado mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci�n de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente.

Por su parte, en la Comunidad Aut�noma de Cantabria se aprob� la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, que tuvo por objeto, de acuerdo con lo establecido en su Pre�mbulo, el rellenar los vac�os existentes y ejercitar decididamente las competencias que en materia de medio ambiente le atribuye el Estatuto de Autonom�a, siempre sobre la base de un principio de prevenci�n. Dicha Ley estableci� tres t�cnicas de control ambiental: la autorizaci�n ambiental integrada, la evaluaci�n ambiental, tanto de planes y programas como de proyectos, y la comprobaci�n ambiental. En el Pre�mbulo de la Ley ya se dec�a que las dos primeras t�cnicas eran de obligada inclusi�n en la medida en que han supuesto el desarrollo de la normativa estatal b�sica ya citada: la de evaluaci�n de impacto ambiental, vigente desde 1986, y la de la llamada autorizaci�n ambiental integrada, que la Ley estatal 16/2002 transpone, igualmente con car�cter b�sico, al Derecho espa�ol. La tercera, que la Ley denomina comprobaci�n ambiental, supone una especie de cl�usula de cierre mediante la cual aquellas actividades que no hubieran quedado absorbidas por las dos t�cnicas anteriores y puedan eventualmente afectar, siquiera sea de manera indirecta, al medio ambiente se someter�n a una previa comprobaci�n y evaluaci�n de su incidencia ambiental que ser� competencia de una comisi�n y que completa la tarea de sustituci�n del viejo Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 1961.

Las tres t�cnicas tienen un r�gimen jur�dico distinto, teniendo presente que si bien la autorizaci�n ambiental integrada se configura como un acto administrativo que pone fin al procedimiento, las otras dos t�cnicas son actos de tr�mite que se incluyen dentro de otros procedimientos, ya sea el de aprobaci�n del correspondiente plan o programa, el procedimiento sustantivo de autorizaci�n o aprobaci�n de un proyecto o el procedimiento correspondiente a la tramitaci�n de la licencia municipal de actividad.

La Disposici�n Final Primera de la Ley de Cantabria 17/2006, contiene una habilitaci�n reglamentaria para que el Consejo de Gobierno dicte el Reglamento para su desarrollo y aplicaci�n. De este modo, el presente Decreto aprueba el citado Reglamento, regulando en detalle tanto las t�cnicas ambientales contempladas en la Ley como el r�gimen de control y disciplina ambiental. As�, como es propio de una norma con rango reglamentario, desarrolla numerosas cuestiones de detalle que no han sido reguladas por la citada Ley de Cantabria 17/2006, que contiene las disposiciones m�s generales sometidas a reserva de ley.

El Decreto consta de un art�culo �nico, cuatro disposiciones adicionales, una disposici�n transitoria �nica, una derogatoria y dos finales, mientras que el Reglamento sigue la estructura establecida por la Ley que desarrolla, con ciento cinco art�culos, agrupados en cinco T�tulos y tres anexos.

En el T�tulo I se contemplan las Disposiciones Generales aplicables, tratando cuestiones relacionadas con el objeto del Reglamento, las t�cnicas ambientales que en el mismo se regulan, la competencia org�nica y el registro ambiental.

En este T�tulo se pretende aclarar que las licencias urban�sticas de apertura y de actividad previstas en el art�culo 186 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenaci�n Territorial y R�gimen Urban�stico del Suelo de Cantabria, son las mismas que las que se prev�n y regulan de manera algo distinta y m�s completa en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. A tal efecto, se parte de que el control ambiental auton�mico a trav�s de la Autorizaci�n Ambiental Integrada, la Evaluaci�n de Impacto Ambiental o la Comprobaci�n Ambiental, no sustituye el control municipal de las actividades e instalaciones que las mismas conllevan, y que el Ayuntamiento mediante la preceptiva licencia, ya sea de actividad o de apertura, controlar� que se re�nen las debidas condiciones de protecci�n ambiental a las que deben sujetarse cualesquiera instalaciones o actividades que puedan ser causa de molestias, riesgos o da�os para las personas, sus bienes o el ambiente -en los t�rminos previstos en el art�culo 6 de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y en el art�culo 186 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio- con el cumplimiento, por un lado, de sus respectivas ordenanzas municipales -tal y como prev� el art�culo 36 de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre- y, por otro, de las condiciones que estuvieran previstas en el planeamiento urban�stico. Todo ello sin perjuicio de las condiciones que espec�ficamente requiera la legislaci�n b�sica estatal o la normativa auton�mica que debe controlar la licencia de actividad o de apertura.

As�, en concreto, ser� necesaria la licencia de actividad municipal cuando la misma vaya precedida de una previa decisi�n de la Comunidad Aut�noma -Autorizaci�n Ambiental Integrada, Evaluaci�n de Impacto Ambiental o Comprobaci�n Ambiental-, sin que en el procedimiento para otorgar la licencia de actividad puedan duplicarse las evaluaciones ya realizadas en dicha decisi�n, mientras que se somete a licencia de apertura la decisi�n municipal que no va precedida de ninguna de estas decisiones auton�micas.

Por tanto, el control municipal se producir� tanto en el supuesto de una actividad incluida bien en los Anexos A, B y C de la Ley como en el supuesto de una actividad no incluida en dichos Anexos pero que puedan tener una incidencia ambiental significativa, tramit�ndose en estos casos ante el �rgano auton�mico el preceptivo tr�mite de comprobaci�n ambiental y obteni�ndose la licencia municipal de actividad contemplada en ambas leyes. Asimismo, en caso de no apreciarse una incidencia ambiental significativa por parte del Ayuntamiento no ser� preceptivo el tr�mite de comprobaci�n ambiental auton�mico pero s� la licencia de apertura municipal de acuerdo con lo previsto en dichas leyes. En ambos casos las licencias de actividades o de apertura examinar�n la sujeci�n de la actividad o instalaci�n a las exigencias del planeamiento territorial y urban�stico, de las ordenanzas que en virtud del art�culo 36 de la Ley 17/2006 sean aplicables en ese municipio y de las dem�s condiciones que requiera la legislaci�n b�sica estatal o la normativa auton�mica.

El T�tulo II pasa a regular pormenorizadamente el r�gimen jur�dico de la autorizaci�n ambiental integrada configurada como un acto administrativo �nico a trav�s del cual se va a realizar un control ambiental global e integrado mediante un procedimiento en el que se asegura la participaci�n de las Administraciones y �rganos administrativos que correspondan.

De este modo, mediante la autorizaci�n ambiental integrada se fijan las condiciones exigibles, desde el punto de vista ambiental, para la explotaci�n de determinadas instalaciones. Con ello no quiere decirse que la autorizaci�n ambiental integrada sea suficiente por s� misma para permitir, como �nico t�tulo habilitante, el ejercicio de la actividad. La legislaci�n b�sica estatal contempla que su otorgamiento preceder�, en su caso, a las dem�s autorizaciones sustantivas o licencias que sean obligatorias, enumerando, a t�tulo de ejemplo, las autorizaciones sustantivas de las industrias que est�n legal o reglamentariamente sometidas a autorizaci�n administrativa previa o a declaraci�n responsable o comunicaci�n, seg�n proceda, o a la licencia municipal de actividad.

Menci�n especial requiere el respeto escrupuloso que se mantiene a la garant�a constitucional del derecho a la autonom�a local. La participaci�n municipal se garantiza en un doble momento, de tal forma que, por un lado, entre la documentaci�n de la solicitud de la autorizaci�n ambiental integrada figura necesariamente un informe o certificaci�n del Ayuntamiento que acredite la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urban�stico, y, por otro, dentro del procedimiento se incluye un informe preceptivo del mismo Ayuntamiento sobre los aspectos de la instalaci�n que sean de su competencia, teniendo en cuenta, adem�s, que, se mantiene en todo caso el pronunciamiento final de la autoridad municipal sobre la propia concesi�n de la licencia. En definitiva, la potestad municipal para emitir la licencia se mantiene, lo que s� se modifica es el procedimiento a seguir para la tramitaci�n de la licencia municipal que ya no ser� el establecido en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, sino el procedimiento que se sigue para otorgar la autorizaci�n ambiental integrada.

En dicho T�tulo II se regula con detalle el objeto y �mbito de aplicaci�n, el procedimiento a seguir y la renovaci�n, modificaci�n y transmisibilidad de la autorizaci�n ambiental integrada.

El T�tulo III regula, desarrollando la Ley de Cantabria 17/2006, la evaluaci�n ambiental en sus dos vertientes. La primera, la evaluaci�n ambiental de planes o programas, conocida tambi�n como evaluaci�n ambiental estrat�gica; y, la segunda, la evaluaci�n de impacto ambiental de proyectos consistentes en la realizaci�n de obras, instalaciones o actividades.

El T�tulo IV est� dedicado a la comprobaci�n ambiental que viene a sustituir a todo el procedimiento contemplado para la obtenci�n de licencia de actividad en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Dicho Reglamento se ha derogado recientemente por la ya citada Ley 34/2007, si bien el Derecho auton�mico lo hab�a incorporado transitoriamente en espera del desarrollo y aplicaci�n definitiva de la t�cnica de la comprobaci�n ambiental, por lo que segu�a siendo de aplicaci�n en el �mbito de la Comunidad Aut�noma de Cantabria. A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento toda la tramitaci�n de la licencia de actividad municipal ser� la contemplada en el mismo, que, a su vez, regula la composici�n de la nueva Comisi�n para la Comprobaci�n Ambiental, �rgano competente para emitir el informe de comprobaci�n ambiental.

As�, sin perjuicio del resto de autorizaciones que sean preceptivas de acuerdo con la legislaci�n aplicable, las actividades incluidas dentro del Anexo C del presente Reglamento deber�n obtener la pertinente licencia municipal de actividad prevista en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, y en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, que incluir� la preceptiva comprobaci�n ambiental en los t�rminos previstos en esta norma. El anexo C no contiene un �numerus clausus� de actividades, por ello, si el Ayuntamiento considera que una determinada actividad mercantil o industrial no est� incluida en dicho anexo y, adem�s, no es susceptible de causar molestias, riesgos o da�os para las personas, sus bienes o el medio ambiente, la actividad municipal consistir� en el otorgamiento de la correspondiente licencia de apertura.

Finalmente, el T�tulo V desarrolla las previsiones del T�tulo V de la Ley en lo que respecta al control y disciplina ambiental, partiendo de que la Ley ya previ� el necesario desarrollo reglamentario tanto de las actuaciones de control inicial como de las actuaciones de control peri�dico que se lleven a cabo por la Administraci�n competente. El T�tulo se divide en tres Cap�tulos; el primero, referente al r�gimen de control, con una especial referencia a las Entidades Colaboradoras de la Administraci�n Medio Ambiental; el segundo relativo al r�gimen de inspecci�n; y el tercero relativo al r�gimen sancionador que parte de la tipificaci�n de infracciones y sanciones efectuada por la Ley de Cantabria 17/2006.

Por �ltimo, como ya se ha adelantado, se incluye una serie de Anexos al Reglamento. As� por una parte, el Anexo A recoge la Lista indicativa de las principales sustancias contaminantes que se tomar�n obligatoriamente en consideraci�n si son pertinentes para fijar valores l�mite de emisiones; el Anexo B se refiere a los aspectos que deben tenerse en cuenta con car�cter general o en un supuesto particular cuando se determinen las mejores t�cnicas disponibles definidas en el art�culo 2.h) de la Ley de Cantabria 17/2006; y el anexo C, referente a la comprobaci�n ambiental, que divide el anexo C de la Ley en dos: el anexo C.1 y el anexo C.2. Dicha divisi�n tiene por objeto diferenciar las instalaciones sujetas a un procedimiento ordinario de comprobaci�n ambiental de las instalaciones sometidas a un procedimiento simplificado.

En virtud de la Disposici�n Final Primera de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, o�do el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Cantabria, habi�ndose obtenido el preceptivo informe del Consejo Econ�mico y Social y de acuerdo con el Consejo de Estado, previa deliberaci�n del Consejo de Gobierno de Cantabria, dispongo:

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES