Sumario

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT覰OMA DE CANTABRIA

Con髗case que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 15.2� del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, promulgo la siguiente: Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de R間imen Jur韉ico del Gobierno y de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria.

PRE罬BULO

I

Desde la entrada en vigor de la Ley 2/1997, de 28 de abril, de R間imen Jur韉ico del Gobierno y de la Administraci髇 de la Diputaci髇 Regional de Cantabria, antecedente inmediato del presente texto, se han producido una serie de reformas legislativas de honda repercusi髇 en lo que al r間imen jur韉ico de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria se refiere. En este sentido, cabe aludir, en primer t閞mino, a la Ley Org醤ica 11/1998, de 30 de diciembre, que supuso una profunda reforma institucional del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria; asimismo, de gran trascendencia fue el impacto que supuso la reforma de la Ley de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑 operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; y a ello hay que a馻dir necesariamente la incidencia que en la configuraci髇 de la Administraci髇 auton髆ica ha tenido la Ley de Cantabria 4/1999, de 24 de marzo, reguladora de los organismos p鷅licos de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria. La desaparici髇 de la Diputaci髇 Regional de Cantabria y todo el cambio terminol骻ico operado en la reforma del Estatuto de 1998, unido a modificaciones sustanciales en materias tan sensibles como el r間imen de recursos administrativos o la instituci髇 del silencio administrativo materializados con la Ley estatal 4/1999, constitu韆n argumentos ineludibles para abordar una reforma de la relativamente reciente Ley de R間imen Jur韉ico de 1997.

Todas estas novedades legislativas, unidas a un importante incremento en la actividad de esta Administraci髇, que ha visto sustancialmente aumentadas sus competencias, han convertido en imprescindible e inaplazable una actualizaci髇 de la Ley de R間imen Jur韉ico de Cantabria. Del mismo modo que las distintas reformas del Estatuto de Autonom韆 han dotado de madurez competencial e institucional a la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, la presente reforma pretende convertirse en el marco jur韉ico de una Administraci髇 tambi閚 lo suficientemente madura como para afrontar los importantes retos que la sociedad c醤tabra le demanda.

Esta Ley nace con la vocaci髇 de convertirse en un C骴igo de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, y por ello regula tanto las instituciones de autogobierno que integran su poder ejecutivo, esto es, el Gobierno y el Presidente, como la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma, y dentro de 閟ta, no s髄o la que la propia Ley denomina Administraci髇 General, organizada funcionalmente en Consejer韆s, sino tambi閚 su Administraci髇 instrumental o institucional. La Ley recoge asimismo los dos aspectos b醩icos de esta Administraci髇, esto es, su organizaci髇, y su actividad. De este modo queda patente el hecho de que se trata de una norma que pretende tener un alcance omnicomprensivo por lo que a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria respecta.

Para ello la Ley, tras un breve T韙ulo Preliminar en el que se馻la su objeto, se divide en tres T韙ulos en los que se aborda, respectivamente, la regulaci髇 del Gobierno, de la Administraci髇 y de la actividad de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria. En los dos primeros T韙ulos la Ley se centra en las cuestiones que plantea la organizaci髇 de la Administraci髇 auton髆ica, para pasar a analizar en el tercer T韙ulo la actuaci髇 de la misma y algunas de sus m醩 importantes manifestaciones.

II

En el T韙ulo I se regula la actividad del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria y de sus miembros.

El Gobierno, que ha sido definido en el T韙ulo Preliminar de la Ley como el supremo 髍gano de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, constituye el objeto de este T韙ulo I, que se estructura partiendo tanto de su condici髇 de instituci髇 de autogobierno de la Comunidad Aut髇oma, junto con el Presidente, como de su condici髇 de 髍gano complejo integrado por el Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los Consejeros.

Comienza este T韙ulo regulando la figura del Presidente: su elecci髇 y nombramiento, estatuto personal, atribuciones, sustituci髇 y cese, as� como sus 髍ganos de colaboraci髇 y apoyo. Destaca en el Cap韙ulo I la intenci髇 de sistematizar de una forma clara las competencias del Presidente, distinguiendo en art韈ulos diferentes sus atribuciones como representante de la Comunidad Aut髇oma, como representante ordinario del Estado en la Comunidad Aut髇oma, y como Presidente del Gobierno de Cantabria.

El Cap韙ulo II ya aborda directamente la regulaci髇 del Gobierno, y en este punto cabe hacer una especial menci髇 al hecho de aclarar en una ley posterior a la reforma del Estatuto de 1998 la pervivencia del Consejo de Gobierno, al que el Estatuto no se refer韆 expresamente, sin que ello supusiese su desaparici髇. La Ley pretende dejar claro que los miembros del Gobierno de Cantabria pueden reunirse, bien en Pleno, bajo el nombre de Consejo de Gobierno, bien en Comisiones Delegadas del Gobierno, y dado que 閟tas 鷑icamente tienen las competencias que les atribuya el Gobierno mediante el correspondiente decreto de creaci髇, de ello se deduce que las competencias que seg鷑 la ley corresponden al Gobierno, coinciden con las del Consejo de Gobierno. De este modo, Gobierno y Consejo de Gobierno son, tanto en su composici髇 como en sus competencias, conceptos sin髇imos para la presente Ley, de modo que aunque en el resto del articulado de la misma se refiera 鷑icamente al Gobierno, dichas referencias se pueden aplicar con absoluta naturalidad al Consejo de Gobierno.

Los Cap韙ulos III y IV, se refieren, respectivamente, al Vicepresidente y a los Consejeros, realizando en este punto 鷑icamente la Ley algunas precisiones al objeto de completar la regulaci髇 preexistente.

El Cap韙ulo V regula las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento, y adem醩 de contemplar las cuestiones relativas a la responsabilidad pol韙ica y al control parlamentario del Gobierno, aborda m醩 pormenorizadamente la figura de los decretos legislativos en la Comunidad Aut髇oma de Cantabria.

III

En el T韙ulo II se regula la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria desde la perspectiva de su organizaci髇. De este modo, se trata de un T韙ulo complementario del anterior, pues entre los dos se pretende ofrecer una visi髇 completa de las reglas y normas organizativas de la Administraci髇 auton髆ica c醤tabra, en sus dos niveles, el del Gobierno y el de la Administraci髇 propiamente dicha, de la que aqu閘 no es sino su 髍gano supremo.

En el primero de los Cap韙ulos de este T韙ulo se regulan los principios de organizaci髇 y funcionamiento de esta Administraci髇, con especial referencia al de competencia, por tratarse de un principio esencial en la organizaci髇 de cualquier Administraci髇 p鷅lica. En este punto la Ley traslada a la Comunidad Aut髇oma de Cantabria las distintas modalidades de transferencias de competencias recogidas en la legislaci髇 b醩ica estatal, y las adapta a sus especialidades organizativas.

El Cap韙ulo II se dedica a la Administraci髇 General de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, que como entidad de Derecho P鷅lico constituida por 髍ganos jer醨quicamente ordenados, bajo la direcci髇 del Gobierno, act鷄 con personalidad jur韉ica 鷑ica.

Dado que el Gobierno, y los 髍ganos superiores de la Administraci髇 General de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, esto es, el Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los Consejeros, ya han sido objeto de regulaci髇 en el T韙ulo I, y dado que la Administraci髇 General se organiza en Consejer韆s atendiendo al principio de divisi髇 funcional, en el Cap韙ulo II la Ley se centra en el an醠isis de los distintos 髍ganos de las Consejer韆s, tanto sus 髍ganos directivos, esto es, Secretar韆s Generales y Direcciones Generales, como sus unidades administrativas, integradas por los servicios, secciones y negociados. Asimismo se establecen unas reglas aplicables a los 髍ganos colegiados en la Administraci髇 auton髆ica de Cantabria, que, una vez m醩, pretenden trasladar la normativa b醩ica estatal a las peculiaridades organizativas de esta Comunidad Aut髇oma.

El Cap韙ulo III regula la Administraci髇 Institucional de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, e integra en el texto de la Ley el contenido de la Ley de Cantabria 4/1999, de 24 de marzo, reguladora de los Organismos p鷅licos de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, para, de este modo, condensar en un 鷑ico cuerpo normativo tanto a la Administraci髇 General, como a las entidades instrumentales dependientes o vinculadas a la misma. Algunas de estas entidades, que cuentan con alguna especialidad que las singulariza del r間imen que la Ley prev� para los organismos p鷅licos, esto es, los Organismos aut髇omos y las Entidades p鷅licas empresariales, cuentan en las disposiciones adicionales de la Ley con las oportunas salvedades y precisiones.

IV

En el T韙ulo III se regula la actividad de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, por tanto, desde una perspectiva bien distinta a la de los dos T韙ulos anteriores. Pretende ofrecer una visi髇 global de la actuaci髇 de la Administraci髇 auton髆ica pasando de lo general a lo particular, de los principios a los concretos supuestos de la actividad administrativa.

En este sentido, comienza el Cap韙ulo I haciendo referencia a los principios generales de la actuaci髇 de la Administraci髇, poniendo especial 閚fasis en este punto en el principio de servicio a los ciudadanos o en la simplificaci髇 de procedimientos. Asimismo, se contienen en este Cap韙ulo las referencias al plazo m醲imo para resolver los procedimientos y al silencio administrativo negativo, complet醤dose su regulaci髇 con dos anexos que, dando cumplimiento a las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pretenden clarificar estas materias mediante una labor de refundici髇.

En el Cap韙ulo II se regula el r間imen de las disposiciones y resoluciones administrativas, precisando las distintas clases de normas reglamentarias que puede aprobar esta Administraci髇, decretos y 髍denes, y distingui閚dolas de las resoluciones administrativas, que, en ocasiones, tienen la misma denominaci髇, pero que carecen de la naturaleza normativa de las primeras.

El Cap韙ulo III, relativo a la anulaci髇, revisi髇 y revocaci髇 de actos y disposiciones incorpora al texto de la Ley las reformas que sobre este particular se han producido en materia de recursos administrativo. Por un lado, la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la que se reforma el R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, ha introducido profundos cambios en las clases de recursos, recuperando los dos tipos tradicionales de recursos ordinarios, el de alzada y el de reposici髇 que ahora tiene un expreso car醕ter potestativo. Y por otro lado, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-Administrativa, ha desterrado con car醕ter general el recurso administrativo en los litigios entre Administraciones p鷅licas y lo ha sustituido por el requerimiento previo, tambi閚 dise馻do con un car醕ter potestativo. Todas estas modificaciones han sido introducidas en la Ley c醤tabra que pretende abordar la regulaci髇 de esta materia de forma clara y sistem醫ica.

En relaci髇 con los actos que ponen fin a la v韆 administrativa, la Ley no altera el principio conforme al cual en el esquema organizativo de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria 鷑icamente producen el agotamiento directo de la v韆 administrativa los actos del Presidente y del Gobierno, a los efectos de mantener la utilizaci髇 generalizada del recurso de alzada como medio de impugnaci髇 que ofrece las mayores garant韆s a los ciudadanos.

Los dos 鷏timos Cap韙ulos de este T韙ulo se refieren a concretas manifestaciones de la actividad de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, en unas materias en las que el legislador auton髆ico se limita a desarrollar una legislaci髇 estatal, a veces dictada con el car醕ter de b醩ica, como ocurre en materia de contrataci髇, y otras veces aprobada en virtud de la competencia plena o exclusiva del Estado, como es el caso de la responsabilidad patrimonial. En cualquier caso, en todos estos supuestos, la Comunidad Aut髇oma es competente para establecer las especialidades derivadas de su organizaci髇 propia, y esto es lo que la presente Ley pretende, sin perjuicio de incluir en materia de contrataci髇 administrativa una serie de reglas, b醩icamente de naturaleza organizativa y de precisi髇 de cuestiones de naturaleza competencial, que encuentran su complemento necesario en la legislaci髇 b醩ica del Estado y en la normativa auton髆ica de desarrollo de la misma.

V

En suma, la Ley pretende actualizar, racionalizar y sistematizar las normas de R間imen Jur韉ico de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, sin introducir cambios radicales respecto de las leyes que pretende sustituir y a las que deroga expresamente, esto es, la Ley 2/1997, de 28 de abril, de R間imen Jur韉ico del Gobierno y de la Administraci髇 de la Diputaci髇 Regional de Cantabria, y la Ley de Cantabria 4/1999, de 24 de marzo, reguladora de los Organismos P鷅licos de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria. Ambas leyes van a quedar ahora refundidas, con las actualizaciones oportunas, en un texto 鷑ico, que adem醩 incorpora determinadas regulaciones que, en relaci髇 con la Administraci髇 auton髆ica, recoge el propio Estatuto de Autonom韆 para Cantabria. De este modo se pretende cumplir la funci髇 ya apuntada de convertirse en un C骴igo de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria.

La reforma del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria de 1998 supuso un paso decisivo para profundizar en su condici髇 de comunidad hist髍ica y para reforzar sus instituciones de autogobierno. Esta Ley pretende trasladar este impulso dinamizador operado por el Estatuto de Autonom韆 al Gobierno y a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria.