Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, cient韋ica, econ髆ica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19

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Sumario

V閍se la Res. de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, cient韋ica, econ髆ica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (獴.O.E.� 12 junio).LE0000667745_20200612

I. Antecedentes, motivaci髇 y medidas

La situaci髇 epidemiol骻ica que ha generado una crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19 en Espa馻 ha obligado a adoptar medidas de salud p鷅lica que han alterado la normalidad en el desarrollo de las relaciones sociales, econ髆icas y productivas. En particular, puede destacarse c髆o la suspensi髇 de todas las actividades no esenciales y las limitaciones al desempe駉 de otras muchas han generado un importante aumento del desempleo coyuntural y una reducci髇 de actividad de pymes y aut髇omos.

Por ese motivo, se han ido aprobando una serie de medidas para paliar sus efectos, que ahora se vienen a completar por medio de este real decreto-ley en los 醡bitos agrario, cient韋ico, econ髆ico, laboral y de la Seguridad Social y tributario.

A. Medidas en el 醡bito agrario

En el sector agrario se ha producido una acusada falta de mano de obra, por el descenso de trabajadores que habitualmente se ocupan de las labores agrarias como temporeros en el campo espa駉l, bien por limitaciones sanitarias a los viajes desde sus pa韘es de origen, bien por las precauciones que muchos de esos trabajadores est醤 adoptando a la vista de la evoluci髇 de la pandemia, lo que puede acabar por afectar severamente a la capacidad y condiciones de producci髇 de una parte importante de las explotaciones agrarias espa駉las. Esta reducci髇 de mano de obra, a su vez, podr韆 poner en peligro el actual abastecimiento alimentario a los ciudadanos, que hasta la fecha se ha desarrollado en condiciones de extraordinaria variedad, cantidad y calidad.

Con el fin de dar una adecuada respuesta a esta situaci髇, el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, tuvo por objeto favorecer la contrataci髇 temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilizaci髇 del empleo, de car醕ter social y laboral, necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siendo de aplicaci髇 temporal hasta el 30 de junio de 2020.

A pesar de que la evoluci髇 de los efectos de la epidemia ha permitido ir modificando desde entonces diversas condiciones limitativas de la actividad, se han mantenido diversos elementos f醕ticos que concurr韆n en el momento de aprobaci髇 de la norma y que afectan directamente a las condiciones productivas que justificaron su aprobaci髇, tales como el cierre de diversas fronteras en pa韘es de procedencia de buena parte de esa mano de obra, el riesgo cierto de contagios que tiene efectos en los desplazamientos voluntarios de trabajadores o la necesidad de mano de obra temporera para las campa馻s veraniegas, como ocurr韆 con las primaverales. Procede, por consiguiente, ahora extender por tres meses m醩 el contenido de la misma, de modo que se asegure la suficiencia de mano de obra adecuada para atender las labores agr韈olas estivales, como parte esencial de la cadena alimentaria.

Cabe se馻lar, asimismo, que las medidas adoptadas en el citado real decreto-ley han permitido un mantenimiento de la actividad de muchas explotaciones, coadyuvando a paliar la falta de personal detectada sobre todo en el sector frut韈ola en diversos lugares de Espa馻, por lo que se hace necesario de igual manera ampliar el marco temporal de aplicaci髇 de la norma, en orden a no eliminar un factor que puede colaborar a paliar este d閒icit de trabajadores.

As�, en atenci髇 al mantenimiento de la conveniencia de la aplicaci髇 de estas medidas, se dispone en el presente real decreto-ley la pr髍roga hasta el 30 de septiembre del citado Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril.

Asimismo, se procede a realizar un cambio puntual en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Mar韙ima del Estado. En aras del principio de proporcionalidad, se tipifica como leve la primera venta de moluscos de talla o peso inferior a la reglamentaria cuando sea menor al diez por ciento del volumen total vendido de dicha especie, al considerarse una infracci髇 de escasa entidad que se ver韆 desproporcionadamente sancionada –entre otras cosas, al llevar aparejada la p閞dida de ayudas europeas–.

B. Medidas en el 醡bito cient韋ico

La Uni髇 Europea est� desarrollando un ambicioso programa para desarrollar la Fusi髇 como fuente de energ韆, en una colaboraci髇 internacional sin precedentes que incluye a China, Corea, Estados Unidos de Am閞ica, India, Jap髇 y Rusia como socios fundamentales a trav閟 de ITER.

El itinerario europeo para conseguir el objetivo de construir una Planta Demostradora de Producci髇 El閏trica de Fusi髇 (DEMO) contempla dos elementos fundamentales: la construcci髇 y explotaci髇 cient韋ica tecnol骻ica del Tokamak ITER en el sur de Francia, y la construcci髇 de una fuente de neutrones, IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo Oriented NEutron Source) para el desarrollo, cualificaci髇 y licenciamiento de materiales capaces de soportar las condiciones extremas a las que estar醤 expuestos los componentes de la primera pared del futuro reactor de fusi髇 DEMO. Presente.

El IFMIF-DONES consiste en un acelerador de part韈ulas de alta potencia, que incide sobre un blanco de litio l韖uido que, como consecuencia, genera neutrones de caracter韘ticas similares a los presentes en un reactor de fusi髇. La construcci髇 de IFMIF-DONES resulta indispensable para el objetivo de la Uni髇 de demostrar la viabilidad de la Fusi髇 Nuclear como fuente de energ韆.

Para afianzar el car醕ter europeo de IFMIF-DONES, el Reino de Espa馻 present� en agosto de 2017 la candidatura, con el aval de Croacia y el Programa de Fusi髇 Europeo, para que el Proyecto fuera desarrollado en la ciudad de Granada. Para impulsar esta candidatura se ha establecido un grupo de trabajo interadministrativo entre el Ministerio de Ciencia e Innovaci髇 y la Junta de Andaluc韆, en el seno del cual se ha propuesto la constituci髇 de un consorcio que permita desarrollar las actividades propias del proceso de candidatura en curso, que se extender� previsiblemente hasta 2021. En caso de 閤ito de la misma, dicho consorcio prolongar韆 su existencia y se encargar韆 de prestar el apoyo que corresponder韆 a Espa馻, como pa韘 anfitri髇, al organismo internacional que se constituir韆 para la construcci髇 de IFIMIF-DONES. Mediante este real decreto-ley se procede, por tanto, a autorizar la constituci髇 del referido consorcio.

Asimismo, se actualiza una regulaci髇 excepcional ya acordada en materia de organismos modificados gen閠icamente. Ha de tenerse en cuenta que la investigaci髇 es fundamental en la b鷖queda de herramientas para prevenir, combatir o contener agentes infecciosos, procesos y situaciones que pueden tener repercusiones para la salud p鷅lica, como lo que ha ocurrido en la reciente epidemia por Coronavirus. Considerando adem醩 la importancia de contar con dichas herramientas en el menor tiempo posible y con las m醲imas garant韆s de seguridad, procede ampliar, durante un per韔do de doce meses, el alcance de las medidas contempladas en el apartado 3 de la disposici髇 adicional s閜tima del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19, ampliando su contenido a toda actividad de especial inter閟 para la salud, de modo que se asegure la maximizaci髇 de sus posibilidades en favor de la investigaci髇 y la salud. De este modo, para las investigaciones en el marco de las necesidades existentes, reduciendo a cinco d韆s el plazo de informaci髇 p鷅lica y simplificando tr醡ites para mejorar la eficiencia y la reducci髇 de cargas administrativas.

C. Medidas en el 醡bito econ髆ico

Adicionalmente, se incorporan a este real decreto-ley una serie de medidas econ髆icas que no admiten demora.

En primer lugar, las medidas de recuperaci髇 econ髆ica tambi閚 deben alcanzar al sector de las telecomunicaciones, con el objetivo de que este sector, que se ha demostrado tan crucial en los momentos de confinamiento domiciliario y de movilidad reducida y que ha posibilitado, entre otras muchas, la realizaci髇 de actuaciones de atenci髇 sanitaria a distancia, la prestaci髇 de servicios sociales, el teletrabajo, la educaci髇 a distancia, el comercio electr髇ico, la Administraci髇 electr髇ica, as� como garantizar el derecho a la informaci髇 y el acceso a actividades de ocio de la poblaci髇 en Espa馻, pueda recuperar toda su fuerza competitiva y dinamismo comercial.

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19, adopt� una bater韆 de importantes y necesarias medidas urgentes de car醕ter extraordinario para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19, incluidas medidas en materia de telecomunicaciones. Entre ellas, figura la establecida en su art韈ulo 20, en virtud del cual se suspendi� excepcional y temporalmente la facilidad del abonado de cambiar de operador conservando su n鷐ero telef髇ico en aras de reducir la interacci髇 personal entre agentes del operador y abonados y preservar la salud.

Esta medida ha coadyuvado a contener la crisis sanitaria manteniendo la prestaci髇 de los servicios de comunicaciones electr髇icas y garantizando la conectividad, pero en estos momentos de paulatina reactivaci髇 econ髆ica, resulta procedente que el mercado de las telecomunicaciones recupere la plena operatividad y se permita nuevamente la conservaci髇 del n鷐ero de abonado en caso de cambio operador o portabilidad del n鷐ero, que es un instrumento de primer orden para que los operadores puedan competir entre s� de manera libre y, a su vez, los ciudadanos puedan ver reforzada su capacidad de elecci髇 en busca de servicios m醩 baratos, innovadores, m醩 completos, de mayor calidad o adaptados a sus necesidades.

La supresi髇 de esta suspensi髇 de la portabilidad, volviendo a la situaci髇 plenamente competitiva anterior, debe ir acompa馻da de la adopci髇 de oportunas medidas que faciliten a los abonados poder satisfacer las facturas que no hayan podido pagar por la recepci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas durante el estado de alarma a trav閟 de t閏nicas de flexibilizaci髇 como las de fraccionamiento y aplazamiento de deudas en los servicios de comunicaciones electr髇icas.

Por estos motivos, se establece a los operadores de comunicaciones electr髇icas la obligaci髇 de ofrecer un fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en la que hayan podido incurrir sus abonados correspondiente a las facturas pasadas al cobro desde la fecha de entrada en vigor del estado de alarma hasta el 30 de junio de 2020. El fraccionamiento y aplazamiento de la deuda ha de ser lineal a lo largo de los meses aplazados, el plazo para realizar los pagos fraccionados ser� de seis meses, salvo que el abonado haya acordado libremente con el operador un plazo diferente, ya sea superior o inferior, y no se podr醤 devengar intereses de demora ni se exigir醤 garant韆s para el fraccionamiento y aplazamiento.

En segundo lugar, la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, se aprob� en el marco del Memorando de Entendimiento sobre condiciones de Pol韙ica Sectorial Financiera, hecho en Bruselas y Madrid el 23 de julio de 2012, y Acuerdo Marco de Asistencia Financiera, hecho en Madrid y Luxemburgo el 24 de julio de 2012. En su punto 23, este Memorando establec韆 que: 獿as autoridades espa駉las preparar醤 para finales de noviembre de 2012 normas que aclaren la funci髇 de las cajas de ahorro en su calidad de accionistas de entidades de cr閐ito, para, en 鷏timo t閞mino, reducir su participaci髇 en las mismas hasta un nivel no mayoritario�.

Siguiendo esta directriz, se aprob� la mencionada Ley 26/2013, de 27 de diciembre, que establece un mecanismo seg鷑 el cual las antiguas cajas, transformadas ahora en fundaciones bancarias, que tuvieran una participaci髇 de control en una entidad de cr閐ito deb韆n dotar un fondo de reserva para hacer frente a imprevistos, salvo que optasen por reducir su participaci髇 a niveles por debajo a los de control mediante un plan de desinversi髇.

El Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, regula el fondo de reserva que determinadas fundaciones bancarias est醤 obligadas a constituir. En dicha norma se establece el importe, forma, plazo y ritmo de constituci髇 del fondo de reserva.

El art韈ulo 6 prev� un plazo de constituci髇 del fondo de reserva de ocho a駉s, ampliable por el Banco de Espa馻 en un a駉 adicional si la fundaci髇 bancaria encontrara dificultades en cumplir con el plazo como consecuencia de la evoluci髇 de la situaci髇 econ髆ico-financiera de la entidad de cr閐ito participada o del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados. Por otro lado, el apartado tercero de ese art韈ulo prev�, como norma general, un ritmo de dotaci髇 del fondo lineal en el tiempo.

Mediante la Recomendaci髇 del Banco Central Europeo de 27 de marzo de 2020 sobre el reparto de dividendos durante la pandemia del COVID-19 y por la que se deroga la Recomendaci髇 BCE/2020/1, el supervisor bancario europeo recomienda que, al menos hasta el 1 de octubre de 2020, las entidades de cr閐ito se abstengan de repartir dividendos o de contraer compromisos irrevocables de repartirlos respecto de los ejercicios de 2019 y 2020.

Ante esta circunstancia, y siendo los dividendos que perciben las fundaciones bancarias la principal fuente de ingreso de las mismas, es oportuno suspender en este a駉 2020 la obligaci髇 de dotar el fondo de reserva y suspender el c髆puto del plazo de constituci髇 del mismo, quedando por tanto las dotaciones pendientes aplazadas al periodo 2021-2024.

Esta medida se articula mediante la aprobaci髇 de una disposici髇 final a trav閟 de la cual se introduce una disposici髇 adicional al Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, recogiendo dicha suspensi髇, a la que se a馻de otra disposici髇 final para salvaguardar el rango reglamentario de la disposici髇, adecu醤dose as� a los principios de buena regulaci髇.

En tercer lugar, la pandemia de la COVID-19 est� suponiendo una emergencia sanitaria con importantes consecuencias econ髆icas, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de los ciudadanos. La misma se est� transmitiendo a las econom韆s de los pa韘es de la Uni髇 Europea a una velocidad inusitada. Se ha producido una interrupci髇 temporal de la actividad productiva, se han visto afectadas las cadenas de suministro y se ha producido un acusado descenso del consumo y de la confianza de los agentes econ髆icos europeos. La recuperaci髇 de las econom韆s de la Uni髇 Europea no ser� inmediata ni autom醫ica. La Uni髇 Europea se enfrenta a un shock sim閠rico que afecta a la econom韆 real y al tejido productivo en todas las econom韆s europeas, por lo que es necesario que se proporcione una respuesta coordinada y contundente que complemente las medidas nacionales que est醤 adoptando los distintos pa韘es.

Para hacer frente a esta situaci髇 desde el 醡bito de la Uni髇 Europea se est醤 adoptando una serie de medidas y programas de apoyo al tejido empresarial y a la financiaci髇 de los Estados miembros. As�, el Eurogrupo, en su reuni髇 de 9 de abril de 2020, dio su apoyo a la propuesta de la Comisi髇 Europea para el establecimiento del Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (o Instrumento SURE) por un importe m醲imo de 100.000 millones de euros, de los cuales 25.000 millones de euros contar韆n con el aval de los Estados miembros.

Posteriormente, en el Consejo Europeo del 23 de abril de 2020 los Jefes de Estado y de Gobierno refrendaron la creaci髇 del Instrumento, e instaron a que estuviera operativo para el 1 de junio de 2020.

El Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo, de 19 de mayo de 2020, relativo a la creaci髇 de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a ra韟 del brote de COVID-19, es el que regula su creaci髇 y caracter韘ticas, con el mencionado objetivo de otorgar asistencia financiera a los Estados miembros que est閚 sufriendo dificultades econ髆icas severas a causa del COVID-19, de cara a proteger a los trabajadores por cuenta ajena y a los aut髇omos y reducir el impacto del desempleo y de las p閞didas de ingresos. La ayuda financiera adoptar� la forma de pr閟tamos otorgados a los Estados miembros que lo soliciten para financiar esquemas de protecci髇 de empleo, como ser韆 el caso de los expedientes de regulaci髇 temporal de empleo en el caso de Espa馻. As�, el Estado se podr� beneficiar de financiaci髇 otorgada por la Comisi髇 Europea a tipos de inter閟 reducidos, permitiendo un menor recurso a los mercados de capitales y una mejora en las condiciones de financiaci髇 del Estado, que se espera reporte un ahorro en la carga de intereses. Por su parte, los Estados miembros contribuyen al instrumento garantizando parte del riesgo asumido por el presupuesto comunitario con este instrumento mediante el otorgamiento de avales, de acuerdo con los t閞minos acordados entre la Comisi髇 Europea y los Estados miembros.

Por tanto, los Estados miembros deben formalizar la aprobaci髇, de acuerdo con sus respectivos marcos normativos, de los avales que en cada caso les correspondan seg鷑 su peso en la Renta Nacional Bruta de la Uni髇 Europea, de forma que el instrumento, con los avales otorgados por todos los pa韘es, pueda estar operativo en el mes de junio.

La contribuci髇 del Reino de Espa馻 en esta iniciativa supone otorgar un aval irrevocable, incondicional y a primera demanda.

En este contexto, el presente real decreto-ley recoge las disposiciones relativas a la autorizaci髇 de los avales a otorgar, supone la participaci髇 de Espa馻 en dicha actuaci髇 en el 醡bito europeo para dar respuesta a la crisis del COVID-19 y habilita a la Ministra de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital para la firma de los correspondientes acuerdos con la Comisi髇 Europea, complementando las medidas nacionales adoptadas por el Gobierno.

Debido a la importancia de la iniciativa en la situaci髇 actual y la necesidad de su inmediata puesta en funcionamiento se adopta este real decreto-ley.

Por otro lado, se completa lo dispuesto en el art韈ulo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19 dando cobertura presupuestaria al programa nacional de avales del Estado de 100.000 millones de euros para la financiaci髇 de empresas y aut髇omos aprobado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Dado el tama駉 significativo del programa es crucial tener los mecanismos presupuestarios habilitados de manera que se garantice la solvencia del programa desde un punto de vista tanto financiero como operativo.

En cuarto lugar, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19, habilitaba en sus art韈ulos 7 a 17 un r間imen de moratoria legal para los deudores de pr閟tamos con garant韆 hipotecaria para la adquisici髇 de su vivienda habitual. Pocos d韆s despu閟, este r間imen de moratoria se extend韆 m醩 all� de las deudas garantizadas con el inmueble destinado a vivienda habitual, cubriendo tambi閚 aquellos pr閟tamos o cr閐itos garantizados con inmuebles destinados a la actividad econ髆ica que desarrollen los empresarios y profesionales, as� como a aquellos otros cuyo objeto sea la adquisici髇 de viviendas destinadas al alquiler.

Junto a la moratoria de cr閐itos hipotecarios, el Gobierno aprob� tambi閚 una moratoria para cualquier tipo de financiaci髇 sin garant韆 hipotecaria que tuviese concertada cualquier persona f韘ica, tanto en su faceta de consumidor, como en el ejercicio de su actividad profesional, en virtud de lo previsto en los art韈ulos 21 a27 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19.

Desde una perspectiva objetiva, el denominador com鷑 de estos dos tipos de moratorias (hipotecaria y no hipotecaria) es, b醩icamente, la suspensi髇 temporal de las obligaciones de pago y el no devengo de intereses durante el tiempo de duraci髇 de la moratoria (tres meses desde que se solicita). Desde una perspectiva subjetiva, el elemento com鷑 es que estas dos moratorias establecidas por ley se limitan a aquellas personas f韘icas en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica. Fueron concebidas no como medidas de acceso general destinado a paliar los efectos de la posible mora de cualquier persona, sino como mecanismo de respuesta inmediata para las personas en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica. La moratoria legal se limita a quienes se hallen en las circunstancias de vulnerabilidad espec韋icamente se馻ladas en el art韈ulo 16 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Con el objetivo de favorecer la aplicaci髇 de medidas y acuerdos de aplazamiento de los pagos de cr閐itos y pr閟tamos con un alcance m醩 a鷑 m醩 amplio que el inicialmente previsto en las moratorias legales y con car醕ter complementario a estas, este real decreto-ley incorpora un r間imen especial para los acuerdos de moratoria alcanzados entre las entidades prestamistas y sus clientes. Cuanto mayor sea el alcance subjetivo de estos acuerdos de aplazamiento de la deuda, cuanto m醩 numeroso sea el colectivo de personas a las que beneficia, m醩 reducido ser� el impacto econ髆ico generado de forma inmediata por la pandemia.

En el 醡bito de la Uni髇 Europea, la Autoridad Bancaria Europea ha venido promoviendo la adopci髇 de medidas dirigidas a limitar el impacto econ髆ico causado por la pandemia y, en particular, la extensi髇 de aplazamientos y moratorias a partir de acuerdos promovidos por asociaciones de entidades en cada Estado miembro, aplicando, en particular, un tratamiento contable y prudencial favorable a las operaciones acogidas a tales acuerdos (Gu韆 EBA GL 2020/02). Esta Gu韆 ha sido adoptada en el 醡bito nacional mediante acuerdo de la Comisi髇 Ejecutiva del Banco de Espa馻 de 19 de mayo de 2020.

El r間imen especial de moratoria previsto en este real decreto-ley no solo ampl韆 el colectivo de personas beneficiarias de un aplazamiento de sus deudas, m醩 all� de los econ髆icamente vulnerables, sino que tambi閚 permite a estos 鷏timos prolongar el aplazamiento una vez finalizado el per韔do de duraci髇 de la moratoria legal.

A partir de este r間imen, nos encontrar韆mos con tres tipos posibles de moratorias. La primera es la que se produce por ministerio de la ley, operando en el contrato de pr閟tamo los efectos de las previsiones de los art韈ulos 13.3, 14 y 15 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (moratoria hipotecaria), y en los art韈ulos 24.2 y 25 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (moratoria no hipotecaria). Estamos en este caso en lo que denominamos 玬oratoria legal�.

El segundo tipo de moratoria ser韆 la pactada entre las partes y acogida a lo previsto en los Acuerdos sectoriales suscritos entre las entidades prestamistas, a trav閟 de sus asociaciones representativas. A estas moratorias el presente real decreto-ley les asocia unas consecuencias sobre la base de la necesidad de agilizar los tr醡ites para su concesi髇 y procurar una extensi髇 r醦ida de sus efectos entre los prestatarios. Estas moratorias convencionales amparadas en un acuerdo sectorial se regulan en los art韈ulos 6 a 8 y la disposici髇 transitoria primera.

El tercer tipo de moratorias ser韆n aquellas que, amparadas en el principio de libertad de pactos del 1.255 del C骴igo Civil son acordadas por las partes, no si閚doles de aplicaci髇 lo dispuesto en los art韈ulos 6 a 8 y la disposici髇 transitoria primera. Ello no obstante, las que se formalicen con los deudores que se encuentren en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica definida en el art韈ulo 16 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19, aplicar醤 las condiciones de duraci髇, efecto inmediato y no devengo de intereses previstas legalmente y se beneficiar醤 de la correspondiente bonificaci髇 de honorarios registrales y notariales y de la exenci髇 de la cuota gradual de actos jur韉icos documentados.

En este real decreto-ley se establece el r間imen especial del segundo tipo de moratoria, la convencional acogida a un acuerdo marco sectorial. Este tipo de moratorias, para poder acogerse a las especiales medidas incorporadas en el presente real decreto-ley han de moverse necesariamente dentro de los l韒ites y condicionantes impuestos en el mismo, con un marco de derechos y obligaciones espec韋icas y distintas que no resulta de aplicaci髇 para el resto de las moratorias convencionales. El r間imen se articula en torno a tres art韈ulos, una disposici髇 transitoria, una final y una derogatoria.

El art韈ulo 6 establece el marco sectorial en el que han de desenvolverse los acuerdos de moratoria a los que se aplique el r間imen de este real decreto-ley. En particular, las entidades deben manifestar su adhesi髇 al acuerdo marco y comunicarlo al Banco de Espa馻.

Se establece tambi閚 el deber de comunicaci髇 de datos espec韋icos sobre las moratorias concedidas por parte de las entidades que apliquen este r間imen especial, al tiempo que se establece el car醕ter de norma de ordenaci髇 y disciplina de los preceptos sobre esta moratoria aqu� regulada, lo que permitir� activar el control de su cumplimiento por parte del Banco de Espa馻.

El art韈ulo siguiente por su parte, establece el r間imen que habr醤 de seguir las moratorias acogidas al Acuerdo marco sectorial se馻lado en el art韈ulo anterior, as� como las limitaciones que dichas moratorias habr醤 de tener. Una de ellas es la forma de articularse el ajuste del contrato de pr閟tamo, tras el aplazamiento, que podr� consistir en la redistribuci髇 de las cuotas, manteniendo el plazo pactado en el contrato de pr閟tamo, o bien en la ampliaci髇 del plazo de vencimiento.

Otra de las limitaciones es la prohibici髇 de usar el acuerdo de moratoria para establecer nuevas condiciones que no figurasen en el contrato de pr閟tamo objeto de moratoria, tales como la comercializaci髇 de nuevos productos o el requerimiento de nuevas garant韆s.

Se hace necesario, no obstante, el acuerdo entre las partes para determinar el modo en que deban mantenerse determinados contratos de seguros asociados al cumplimiento de la obligaci髇 de pago, cuyo mantenimiento favorece tanto al prestamista como al prestatario, en la medida que mantiene la calidad del cr閐ito y, al mismo tiempo, permite al deudor cubrir contingencias que pueden impedir el adecuado cumplimiento del contrato. As� se establece en el apartado 2 del art韈ulo 7. El eventual aumento de los costes, por esta raz髇, constituye una excepci髇 a la prohibici髇 general de incrementar los gastos en el sentido que recoge el apartado 3 del mismo art韈ulo, as� como la posibilidad de cobrar comisiones que se otorga a los operaciones de pr閟tamos sin inter閟 para compensar exclusivamente la p閞dida de rentabilidad que produce la moratoria en estos casos, para poder situarlas en pie de igualdad con el resto de operaciones y no desincentivar la concesi髇 de moratorias que afecten a las mismas, generalmente relacionadas con pr閟tamos al consumo a corto plazo.

Un aspecto importante de este precepto es la coordinaci髇 operativa entre la moratoria legal y la convencional suscrita al amparo de un acuerdo marco sectorial cuando concurran sobre el mismo pr閟tamo, situaci髇 esta en la que se establece que los efectos de la moratoria convencional se producir醤 una vez finalice la legal, garantizando de este modo la prevalencia y los efectos de esta en todo momento. Dicho de otro modo, en el caso de que el deudor beneficiario de una moratoria convencional suscrita al amparo de un Acuerdo marco sectorial lo fuere tambi閚 de la legal por encontrase en la situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica prevista en el art韈ulo 16 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, las condiciones de una y otra moratoria se aplicar醤 de forma sucesiva en modo tal que durante el plazo de tres meses previsto en el art韈ulo 14 de dicho texto legal no se devengar醤 ni intereses ordinarios ni moratorios.

Las limitaciones de los desplazamientos es una de las caracter韘ticas del contexto temporal sobre el que se proyectan los efectos de este real decreto-ley, tal como se reflejan en las normas que declaran el estado de alarma. Estas limitaciones aconsejan (i) potenciar el uso de canales telem醫icos como complemento a los hasta ahora prevalentes, de un lado, y (ii) aligerar los tr醡ites a realizar en el proceso de elaboraci髇 y adopci髇 del acuerdo de moratoria, de otro.

Respecto de la primera cuesti髇, los apartados 6 y 7 favorecen la remisi髇 y recepci髇 de la informaci髇, as� como de la obtenci髇 del consentimiento, a trav閟 de canales adicionales al presencial, tal como se establece en este precepto. Respecto de la reducci髇 de tr醡ites, el apartado 9 excepciona la aplicaci髇 de determinados art韈ulos de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de cr閐ito inmobiliario (en adelante, LCCI), y de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de cr閐ito al consumo (en adelante, LCC), sobre la base de la necesidad de establecer un r間imen viable y compatible en unas circunstancias excepcionales, con una suscripci髇 masiva de moratorias en un contexto f韘ico con movilidad limitada.

No obstante, la entrega de informaci髇 al deudor que asegure la comprensi髇 del acuerdo es uno de los requerimientos del r間imen especial que se establece en los apartados 5 y 6. Para ello, la entidad prestamista debe trasladar al deudor informaci髇 suficiente sobre las consecuencias jur韉icas y econ髆icas del aplazamiento, con o sin ampliaci髇 del plazo del pr閟tamo afectado. Esta informaci髇, siendo ciertamente m醩 reducida que la establecida con car醕ter general en el 醡bito de la contrataci髇 de cr閐ito inmobiliario (la denominada FEIN), constituye una pieza clave que asegura la compresi髇 del alcance y efectos de la moratoria por parte del deudor, como mecanismo necesario para una adecuada prestaci髇 del consentimiento y aceptaci髇 de la moratoria. Junto a ella, la norma prev� el suministro de informaci髇 sobre la extensi髇 de los seguros, en su caso, durante el tiempo de duraci髇 de la moratoria convencional.

Este r間imen trata de reforzar la seguridad jur韉ica en este nuevo contexto y cumplir los est醤dares de protecci髇 al consumidor de la Directiva 2014/17/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de cr閐ito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento UE n 1923/2020, as� como la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de cr閐ito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo. En este sentido, se establece un sistema de informaci髇 precontractual simplificado, que, no obstante, asegura que el deudor recibe en la fase precontractual –como se ha indicado– la informaci髇 oportuna sobre las principales caracter韘ticas, riesgos y costes de la operaci髇 y se establece que el notario que autorice la escritura deber� realizar, adem醩 del control de legalidad ordinario, la comprobaci髇 de que la operaci髇 cumple con las condiciones establecidas en esta disposici髇 y en el acuerdo sectorial correspondiente.

Por su parte, el art韈ulo 8 viene a establecer un r間imen excepcional de otorgamiento de los instrumentos notariales en los que se formalicen, cuando resulte necesario, las moratorias convencionales acordadas al amparo de uno de los Acuerdos Sectoriales promovidos por las asociaciones de entidades financieras al objeto de complementar la moratoria legal y agilizar la tramitaci髇 de los correspondientes acuerdos, de manera que se logre cuanto antes su plena efectividad.

Para facilitar la formalizaci髇 de estas moratorias y evitar el riesgo de colapso del normal funcionamiento de los bancos y de las Notar韆s y Registros, se prev� una flexibilizaci髇 del r間imen ordinario de otorgamiento, que permita atender con celeridad y eficiencia las solicitudes presentadas durante el estado de alarma, muchas de las cuales todav韆 no han podido ser formalizadas por expresa disposici髇 de la Ley (art韈ulo 16 ter), pero manteniendo a la vez un nivel de garant韆 y protecci髇 adecuado de los derechos de los deudores hipotecarios.

Este r間imen excepcional, resultar� de aplicaci髇 siempre que entre la entidad financiera y el deudor beneficiario de la moratoria se pacte que el importe del principal aplazado se abone ampliando el plazo de vencimiento en un n鷐ero de meses equivalente a la duraci髇 de la moratoria, y se cumplan el resto de condiciones relativas al devengo de intereses, prohibici髇 de comisiones y gastos e interdicci髇 de cualquier otro producto combinado o vinculado.

La disposici髇 transitoria primera establece la aplicaci髇 de las previsiones de este real decreto-ley a las moratorias en tramitaci髇 antes de su entrada en vigor, de manera que se ajusta la tramitaci髇 para hacer posible esta aplicaci髇 sin merma de su agilidad, ni de las garant韆s para los deudores, que recibir醤 en todo momento la documentaci髇 explicativa de los efectos de la moratoria antes del momento de la elevaci髇 a p鷅lico del contrato. Cuando la documentaci髇 no haya podido ser entregada antes de la firma de la moratoria, el deudor tendr� derecho de desistimiento de la moratoria durante un plazo de 10 d韆s, todo ello antes de la elevaci髇 a p鷅lico del acuerdo.

Por su parte, se establece mediante disposici髇 final el r間imen de exenci髇 de las escrituras de formalizaci髇 de las moratorias, tanto de las legales, como de las convencionales suscritas al amparo de un acuerdo marco sectorial, a la cuota gradual de documentos notariales, como medida destinada a facilitar e incentivar la adopci髇 de estas medidas de aplazamiento de las deudas por parte de las entidades. Finalmente, la disposici髇 derogatoria 鷑ica elimina a este respecto la prohibici髇 de formalizar escrituras p鷅licas durante la vigencia del estado de alarma hasta que no se restablezca la libertad deambulatoria, prevista en el apartado segundo del art韈ulo 16 ter del Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, puesto que el r間imen ahora establecido permite agilizar la elevaci髇 a p鷅lico del acuerdo de moratoria.

Habiendo sido adoptadas medidas de choque para asegurar la moratoria del colectivo econ髆icamente m醩 vulnerable, se plantea ahora la necesidad de ampliar el colectivo de personas afectadas, de forma urgente y para evitar el impacto econ髆ico de la declaraci髇 de mora en el pago y, si se prolonga, el vencimiento anticipado del cr閐ito y las correspondientes medidas de ejecuci髇. El riesgo es mayor a medida que aumenta el tiempo de duraci髇 de la situaci髇 actual. Frenar esta situaci髇 en el colectivo de deudores afectados no constituye una necesidad que se mantenga de forma habitual, sino que nace de la situaci髇 extraordinaria en la que nos hallamos como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia y algunas de las consecuencias que lleva asociadas, en particular, la imposibilidad de desplazamientos y el freno inevitable en muchos casos de la actividad laboral o profesional. Estamos, por ello, ante una necesidad urgente y extraordinaria.

En quinto lugar, respecto de la denominada moratoria no hipotecaria que introdujo el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos no queden excluidos del sistema financiero al no poder hacer frente temporalmente a sus obligaciones financieras como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, complementando as� a la preexistente moratoria hipotecaria, el 醡bito de aplicaci髇 de aplicaci髇 subjetivo de estas dos moratorias es compartido: las personas f韘icas que se encuentren en una situaci髇 de vulnerabilidad financiera como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Ahora bien, dentro del conjunto de las personas f韘icas se encuentran tanto los consumidores como los trabajadores aut髇omos, cuya idiosincrasia y rol dentro del sistema econ髆ico difiere sensiblemente. Estas diferencias tienen especial relevancia a la hora de definir el 醡bito de aplicaci髇 objetivo de las moratorias de forma que puedan efectivamente coadyuvar al alivio del impacto econ髆ico sobre las personas f韘icas de la crisis sanitaria.

En la determinaci髇 del 醡bito de aplicaci髇 objetivo de la moratoria hipotecaria las diferencias entre consumidores y trabajadores aut髇omos no ha tenido una especial relevancia, en tanto la financiaci髇 con garant韆 hipotecaria contratada no difiere especialmente y, adem醩, goza de un elevado grado de estandarizaci髇.

Sin embargo, la determinaci髇 del 醡bito de aplicaci髇 objetivo de la moratoria no hipotecaria requiere un esfuerzo adicional en tanto gran parte de la estructura de financiaci髇 est� compuesta por negocios jur韉icos encaminados a la compra de activos cuya principal caracter韘tica es que, generalmente, toman la forma de contratos at韕icos, es decir, regulados por sus espec韋icas estipulaciones sobre la base del principio de libertad de pactos y que, por lo tanto, no se ci馿n a las especificidades de los contratos t韕icos previstos en nuestro ordenamiento jur韉ico.

Dentro de estos contratos at韕icos, revisten especial importancia para el colectivo de los trabajadores aut髇omos los denominados contratos de arrendamiento financiero, a menudo conocidos por su denominaci髇 en ingl閟 como contratos de 玪easing� o 玪easing financiero�. Esta clase concreta de contrato at韕ico constituye un negocio mixto en el que se funden la cesi髇 de uso y la opci髇 de compra, y que puede ser considerado como una suerte de pr閟tamo para la financiaci髇 de la compra de un determinado activo. Su categorizaci髇 como pr閟tamo no es un hecho fehaciente y est� sujeto a diferencias de opiniones en el plano te髍ico, pero se trata un tipo de negocio jur韉ico con elevada importancia en lo relativo a la financiaci髇 de la actividad econ髆ica de los trabajadores aut髇omos. Por tanto, se considera conveniente modificar el art韈ulo 21 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para incluir, expl韈itamente, los contratos de arrendamiento financiero dentro del 醡bito de aplicaci髇 objetivo de la moratoria no hipotecaria, tal que esta pueda servir de forma efectiva al objetivo por el que se estableci�.

En sexto lugar, la vigente redacci髇 del art韈ulo 55 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperaci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito y empresas de servicios de inversi髇 impide la renovaci髇 del Presidente del FROB tras concluir el mandato para el que fue nombrado y determina su cese en ese mismo momento. Teniendo en cuenta que el Presidente es el 鷑ico cargo ejecutivo de la Comisi髇 Rectora del FROB y en aras de asegurar la continuidad operativa de la instituci髇 y evitar el riesgo de un periodo vacante entre dos presidentes, resulta conveniente prever que el final del citado plazo no impedir� la continuidad del Presidente hasta el nombramiento del que le suceder�.

D. Medidas en el 醡bito de empleo y Seguridad Social

Se llevan a cabo mediante este real decreto ajustes t閏nicos a las medidas urgentes adoptadas en materia de Seguridad Social para mitigar el impacto del COVID-19, a la luz de los problemas de interpretaci髇 que se est醤 identificando en su aplicaci髇. Estos ajustes son necesarios y urgentes, teniendo en cuenta la inseguridad jur韉ica que la redacci髇 actual est� generando en los interesados.

As�, se ajustan algunas imprecisiones de los art韈ulos 17 y 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19, con la finalidad de, aclarar, por un lado, aspectos presupuestarios de la prestaci髇 extraordinaria por cese de actividad y, por otro lado, el r間imen aplicable a las exoneraciones, precisando que no es posible aplicar exoneraciones en las cotizaciones de empresas sometidas a ERTEs vinculados al COVID-19 sin cumplir el requisito de suministrar por medios electr髇icos los datos relativos a inscripci髇 de empresas, afiliaci髇, altas, bajas y variaciones de datos, as� como los referidos a la cotizaci髇 y recaudaci髇.

Se procede a modificar el art韈ulo 48.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19 al objeto de precisar que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se someten al mismo r間imen que las entidades de derecho p鷅lico pertenecientes al sector p鷅lico estatal en lo relativo al r間imen aplicable a la formulaci髇 y rendici髇 de cuentas anuales del ejercicio 2019.

Tambi閚 se modifica el art韈ulo 3 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario con el fin de realizar una precisi髇 terminol骻ica, y el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, al objeto de incorporar las necesarias referencias al Instituto Social de la Marina. La falta de referencia en varios art韈ulos al Instituto Social de la Marina est� generando inseguridad jur韉ica en los interesados. Para salvar la inseguridad jur韉ica creada y corregir el error, dado que la competencia para la gesti髇 de las prestaciones de desempleo en relaci髇 con los trabajadores y empresas incluidos en el R間imen Especial del Mar es del Instituto Social de la Marina, se procede a a馻dir en el texto dos referencias al Instituto Social de la Marina para reflejar sus competencias.

Adem醩, se incluye una regulaci髇 espec韋ica sobre el silencio administrativo en los procedimientos de garant韆 salarial previstos en el art韈ulo 33 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, de modo que, se馻l醤dose que el plazo de tramitaci髇 sea de tres meses, se dispone el silencio administrativo estimativo para el caso de que no se hubiera resuelto en plazo, bien que constre駃do al reconocimiento de las obligaciones en favor de personas que puedan ser legalmente beneficiarias de esa prestaci髇 y por la cuant韆 que resulte por aplicaci髇 de los l韒ites previstos en dicho art韈ulo. Y ello para evitar que personas que en ning鷑 caso puedan ser beneficiarias obtengan este tipo de prestaciones y tambi閚 evitar que los solicitantes puedan percibir cantidades por encima de los l韒ites m醲imos previstos en la ley.

Se asegura, asimismo, la coherencia temporal de la suspensi髇 de los procedimientos en materia de inspecci髇 laboral con el nuevo escenario normativo y se dispone el reconocimiento como accidente de trabajo de las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios y que, en el ejercicio de su profesi髇, hayan contra韉o COVID-19 durante cualquiera de las fases de la pandemia, por haber estado expuesto a ese riesgo espec韋ico durante la prestaci髇 de servicios sanitarios y socio-sanitarios.

Del mismo modo, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, recuperando la expresa menci髇 a que en el caso de las explotaciones con m醩 de un titular se pueda contratar proporcionalmente a m醩 trabajadores a efectos de poder quedar incluido en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Con esta medida se trata de favorecer que las explotaciones familiares puedan dimensionarse adecuadamente. Al compartir varios titulares la misma explotaci髇, se permite que el n鷐ero de trabajadores se ajuste, de forma que adem醩 de los dos trabajadores pueda incrementarse en un trabajador m醩 por cada nuevo titular (en la modalidad de bases diarias, 273 horas equivalentes) y evitar que con ello tengan que salir del sistema especial de cotizaci髇, pues todos ellos son peque駉s agricultores.

Por otro lado, el citado Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, ha reconocido de forma autom醫ica el derecho a trabajar a aquellos j髒enes extranjeros cuyo estatuto regular en el pa韘 no lleva aparejado este. Estos j髒enes est醤 contribuyendo, con su trabajo, al sostenimiento de un sector esencial durante la crisis del COVID-19. Adem醩, con base en este real decreto-ley, muchos de ellos est醤 teniendo una primera oportunidad laboral que contribuye, de forma clave, en la inclusi髇 de estos j髒enes, especialmente, de aquellos respecto a los que un servicio de protecci髇 de menores hubiese ostentado su tutela legal, custodia, protecci髇 provisional o guarda durante su minor韆 de edad.

Por eso, es necesario arbitrar una v韆 que permita a estos j髒enes mantener su derecho al trabajo, tras la finalizaci髇 de la vigencia del real decreto-ley del sector agrario. A tal fin, la disposici髇 adicional segunda de este real decreto-ley introduce una v韆 espec韋ica que les permitir�, cuando hayan sido contratados en el sector agrario con base en el art韈ulo 2.1.d) del meritado Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, y tras la finalizaci髇 de su vigencia, acceder a una autorizaci髇 de residencia y trabajo, v醠ida en todo el territorio nacional y sin l韒ites sectoriales o de actividad y sin aplicaci髇 de la situaci髇 nacional de empleo. Esta autorizaci髇 tendr� una vigencia de dos a駉s, renovable por otros dos. Todo ello sin perjuicio de que, para el acceso a la residencia de larga duraci髇, se tendr醤 en cuenta todos los periodos de residencia, legal y continuada, con esta u otras autorizaciones de las que haya sido titular.

En la disposici髇 adicional primera se establece como excepci髇 a la limitaci髇 del gasto en la Administraci髇 del Estado el abono de la cantidad asignada al ejercicio 2020 en el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Polic韆 Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de 12 de marzo de 2018.

Por su parte, se contemplan en el contexto actual varias aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.

Finalmente, se ajusta la prestaci髇 por desempleo de los artistas en espect醕ulos p鷅licos prevista en el art韈ulo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de car醕ter tributario para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-2019. Y ello con la finalidad de aclarar que es el propio acceso extraordinario a la prestaci髇 el que responde a la crisis sanitaria del COVID-19, sin que corresponda a los artistas acreditar que su situaci髇 concreta de falta de actividad deriva de la misma. Igualmente, se elimina el requisito de encontrarse en el periodo de inactividad voluntaria, suprimiendo el coste que ello supondr韆 para el trabajador y simplificando la tramitaci髇 y reconocimiento de la prestaci髇. Tambi閚 se explicita, en aras de la seguridad jur韉ica, que es posible suspender el cobro de la prestaci髇, para realizar trabajos por cuenta propia o ajena, y reanudarlo despu閟.

E. Medidas en el 醡bito tributario

En materia tributaria, se ampl韆 a cuatro meses el plazo de no devengo de intereses de demora para los aplazamientos de los art韈ulos 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto econ髆ico del COVID-19, y 52 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19.

El art韈ulo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19, estableci� una regulaci髇 extraordinaria de plazos de formulaci髇, verificaci髇 y aprobaci髇 de las cuentas anuales de las personas jur韉icas de derecho privado no comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 del art韈ulo 41 de dicho texto legal, relativo a las sociedades an髇imas cotizadas. Dicha situaci髇 afecta a la obligaci髇 de presentaci髇 de la declaraci髇 del Impuesto sobre Sociedades, por cuanto la determinaci髇 de su base imponible en el m閠odo de estimaci髇 directa se efect鷄 sobre la base de su resultado contable. En este sentido, para paliar los efectos producidos por las medidas extraordinarias citadas, se faculta a los contribuyentes del Impuesto que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales con anterioridad a la finalizaci髇 del plazo de declaraci髇 del Impuesto para que presenten la declaraci髇 con las cuentas anuales disponibles a ese momento en los t閞minos prescritos por la norma.

Posteriormente, cuando las cuentas sean aprobadas conforme a derecho y se conozca de forma definitiva el resultado contable se presentar� una segunda declaraci髇. Si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la derivada de la primera declaraci髇, la segunda autoliquidaci髇 tendr� la consideraci髇 de complementaria. En el resto de los casos, esta segunda autoliquidaci髇 tendr� el car醕ter de rectificaci髇 de la primera, produciendo efectos por su mera presentaci髇, sin necesidad de resoluci髇 de la Administraci髇 tributaria sobre la procedencia de la misma. En ning鷑 caso, la segunda autoliquidaci髇 tendr� efectos preclusivos y el Impuesto sobre Sociedades podr� ser objeto de comprobaci髇 plena.

Al hilo de lo anterior, con el fin de ir avanzando en la reactivaci髇 de la actividad econ髆ica, social, administrativa y judicial, y dotar de seguridad jur韉ica al sistema, se modifica el art韈ulo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, estableciendo que el plazo de tres para formular las cuentas anuales y dem醩 documentos legalmente obligatorios comenzar� a contarse desde el 1 de junio y no desde la finalizaci髇 del estado de alarma. Con esto, se aporta seguridad jur韉ica, pues se sustituye un plazo din醡ico y no uniforme, pues variar� seg鷑 el grado de desescalada en que se encuentre la Comunidad Aut髇oma, en cuyo territorio tenga su domicilio la sociedad, por una fecha cierta, el 1 de junio y se reactiva el tr醘ico jur韉ico social. Adicionalmente, se reduce de tres a dos meses el plazo para aprobar las cuentas anuales desde la formulaci髇, con lo que las empresas dispondr醤 antes de unas cuentas aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil y se armoniza dicho plazo para todas las sociedades, sean o no cotizadas, en modo tal que todas deber醤 tener las cuentas aprobadas dentro de los diez primeros meses del ejercicio.

II. Cumplimiento de los requisitos constitucionales del real decreto-ley

En relaci髇 con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la pr髍roga de estas medidas, se deben tener en cuenta dos aspectos referidos a las materias vedadas a este instrumento normativo y a la concurrencia de los presupuestos habilitantes que justifican la utilizaci髇 de esta clase de norma. En relaci髇 con los primeros, como se馻la el art韈ulo 86.1 de nuestra Constituci髇, los reales decretos-leyes 玭o podr醤 afectar al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas ni al Derecho electoral general�. En el caso del presente real decreto-ley no se afecta a ninguna de estas materias como ocurr韆 con la norma que ahora se prorroga.

En efecto, las regulaciones que se incorporan a la norma no suponen una afecci髇 del n鷆leo esencial de ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula ninguna instituci髇 b醩ica del Estado, no se afecta a la naturaleza de los derechos y deberes de los ciudadanos, no se incorporan afecciones al r間imen de las comunidades aut髇omas puesto que no es objeto de ninguna de estas medidas, y tampoco tiene relaci髇 alguna con el r間imen electoral, de modo que nada hay en su contenido que obste a su aprobaci髇 en este punto.

Por lo que respecta a la concurrencia de los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, sintetizada en el Fundamento Jur韉ico 4 de la Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. Conforme a la misma, se requieren, por un lado, 玪a presentaci髇 expl韈ita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobaci髇�, es decir, lo que ha venido a denominarse la situaci髇 de urgencia; y, por otro, 玪a existencia de una necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella�. Como se馻la el Tribunal Constitucional, generalmente 玸e ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como ‘‘coyunturas econ髆icas problem醫icas’’, para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro que subvenir a ‘‘situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones dif韈iles de prever requieran una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes’’ (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Finalmente, tambi閚 se debe advertir que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por s� sola, la utilizaci髇 de la figura del decreto-ley, pues el posible car醕ter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobaci髇 de un decreto-ley, lo que deber� ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3)�.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 de julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7) y concurre en el presente caso, el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia sea subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones imposibles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno. El devenir de la crisis sanitaria hace imprescindible prorrogar unas medidas que en condiciones normales no hubieran sido necesarias y que solo pueden ser adoptadas eficazmente mediante un real decreto-ley. Lo mismo ocurre con la medida excepcional relativa al permiso de empleo de los j髒enes extranjeros prevista en esta norma, en atenci髇 a la propia vigencia de esta normativa y de su 韓tima conexi髇 con este real decreto-ley.

Asimismo, la ampliaci髇 de las condiciones singulares acordadas en materia de investigaci髇 con organismos modificados gen閠icamente y las medidas en materia de empleo quedan justificadas en iguales t閞minos, m醲ime teniendo en cuenta que su redacci髇 vino acordada por otro real decreto-ley, de modo que la justificaci髇 se remite en estos puntos a la de aquellos instrumentos.

Del mismo modo, siendo imprescindible la autorizaci髇 de su creaci髇 por medio de norma con rango de ley conforme al art韈ulo 123 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, el empleo de esta figura para autorizar el consorcio referido se justifica plenamente en atenci髇 a su capital importancia para el sistema cient韋ico espa駉l y la garant韆 del m醩 exacto cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Reino de Espa馻, quedando motivado su empleo por la imposibilidad de una tramitaci髇 por medio de ley ordinaria, en atenci髇 a los plazos de la misma, aun por el procedimiento de urgencia, siendo que la habilitaci髇 para la constituci髇 del consorcio requiere de su m醩 pronta implantaci髇.

As�, concurren en la creaci髇 de este consorcio las notas de extraordinaria y urgente necesidad que precisa su inclusi髇 en el real decreto-ley, a tenor de lo establecido en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la. En primer lugar, el compromiso adquirido por el Reino de Espa馻 al conseguir la inclusi髇 de IFMIF-DONES en la hoja de ruta de ESFRI (European Strategic Forum on Research Infrastructures) y la financiaci髇 europea asociada, de 4 millones de euros, exige, entre otras muchas medidas, la puesta en marcha inmediata de una estructura de proyecto, dotada con los recursos adecuados que permita culminar con 閤ito la fase preparatoria contemplada en ESFRI. Actualmente, se est� procediendo a la negociaci髇 internacional para definir la participaci髇 de los otros socios en el proyecto as� como la definici髇 de la estructura legal y de gobernanza del proyecto. Dado el papel relevante que este Consorcio debe tener en el proyecto y con objeto de demostrar a los socios internacionales que las propuestas que se realizan son viables, resulta del todo punto fundamental y urgente disponer de una estructura b醩ica para ponerlo en marcha. Para mantener la viabilidad del proyecto, el consorcio debe entrar en funcionamiento antes de que se aprueben los presupuestos de investigaci髇 de la Uni髇 Europea 2021-2027. En segundo lugar, cabe se馻lar que una fracci髇 significativa de los fondos previstos para ser invertidos en estas actividades en los pr髕imos a駉s est醤 asociados a Horizonte 2020, por lo que es necesario ejecutar y justificar el gasto antes de 2023. El Consorcio es la mejor herramienta que permite una gesti髇 eficiente de estos fondos en el plazo de tiempo disponible, por lo que su creaci髇 deviene urgente en estos momentos. En tercer lugar, la creaci髇 de este consorcio reportar� un retorno econ髆ico a Espa馻 estimado en m醩 de 1.000 millones de euros derivados de su puesta en marcha y funcionamiento, por lo que supone un espaldarazo a la actividad econ髆ica en un momento complejo como el actual, derivado de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

La adopci髇 de medidas de car醕ter econ髆ico mediante real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivaci髇 expl韈ita y razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura econ髆ica exige una r醦ida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilaci髇 en el tiempo de la adopci髇 de la medida de que se trate mediante una tramitaci髇 por el cauce normativo ordinario podr韆 generar alg鷑 perjuicio–. Ninguna duda ofrece que la situaci髇 que afronta nuestro pa韘 genera la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar diversas medidas. En el actual escenario de contenci髇 y prevenci髇 del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagaci髇 para proteger la salud p鷅lica, as� como tambi閚 adoptar medidas de contenido econ髆ico para afrontar sus consecuencias.

En consecuencia, se puede asegurar que existe una conexi髇 directa entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella: la pr髍roga de las medidas acordadas y la modificaci髇 de las restantes no podr韆 esperar a una tramitaci髇 parlamentaria puesto que los efectos sobre la producci髇 agroalimentaria y el correspondiente abastecimiento a la poblaci髇 ser韆n demasiado gravosos en caso de retraso. La inmediatez de la entrada en vigor de este real decreto-ley resulta tambi閚 oportuna, puesto que otra alternativa requerir韆 de un plazo muy superior en el tiempo (SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).

III. Adecuaci髇 a los principios de buena regulaci髇

El presente real decreto-ley se configura de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jur韉ica recogidos en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. En este sentido, esta modificaci髇 es necesaria y eficaz por cuanto es preciso introducir en este momento los cambios m醩 acuciantes para subvenir a estas necesidades y no existe otro mecanismo m醩 que el de una norma con rango de ley. En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su tramitaci髇 se encuentra exenta de consulta p鷅lica previa y de los tr醡ites de audiencia e informaci髇 p鷅licas. Asimismo, resulta proporcional y transparente porque esta modificaci髇 introduce solo los elementos necesarios para la salvaguarda del inter閟 p鷅lico en este momento, a trav閟 de su pr髍roga, e igualmente se garantiza el principio de seguridad jur韉ica al asegurar un correcto encaje del conjunto de medidas. Finalmente, el principio de eficiencia se considera cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas que no sean imprescindibles frente a la regulaci髇 actual.

La presente disposici髇 se dicta, con car醕ter general, al amparo del art韈ulo 149.1.13.� CE, en cuanto atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica. Los art韈ulos 1 y 9 y las disposiciones transitorias tercera y cuarta se amparan, adem醩, en el art韈ulo 149.1, reglas 7.� y 17.�, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre legislaci髇 laboral, sin perjuicio de su ejecuci髇 por los 髍ganos de las comunidades aut髇omas, y sobre legislaci髇 b醩ica y r間imen econ髆ico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecuci髇 de sus servicios por las comunidades aut髇omas. Los art韈ulos 4, 5, 10, 11 y 12, las disposiciones adicionales primera y tercera y la disposici髇 transitoria segunda se amparan, adem醩, en el art韈ulo 149.1.14.� CE, en cuanto atribuye al Estado la competencia sobre Hacienda General y Deuda del Estado. Los art韈ulos 6, 7 y 8 y la disposici髇 transitoria primera se dictan, adem醩, de acuerdo con las competencias que las reglas 6.�, 8.� y 11.� atribuyen al Estado sobre legislaci髇 mercantil, legislaci髇 civil, sin perjuicio de la conservaci髇, modificaci髇 y desarrollo por las comunidades aut髇omas de los derechos civiles, forales o especiales, all� donde existan, y bases de la ordenaci髇 del cr閐ito, banca y seguros y, en todo caso, las reglas relativas a la ordenaci髇 de los registros e instrumentos p鷅licos, y las bases de las obligaciones contractuales. El art韈ulo 2 se ampara en lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.15.� CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre fomento y coordinaci髇 general de la investigaci髇 cient韋ica y t閏nica. El art韈ulo 3 se dicta de conformidad con el art韈ulo 149.1.21.�, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones. La disposici髇 adicional segunda se ampara en la regla 2.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 Espa駉la, por la que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigraci髇, emigraci髇, extranjer韆 y derecho de asilo.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇, de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, del Ministro de Justicia, de la Ministra de Hacienda, de la Ministra de Trabajo y Econom韆 Social, del Ministro de Cultura y Deporte, del Ministro de Ciencia e Innovaci髇, del Ministro de Consumo y del Ministro de Inclusi髇, Seguridad Social y Migraciones y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 26 de mayo de 2020,

DISPONGO:

Art韈ulo 2 Autorizaci髇 para la creaci髇 del Consorcio para el impulso de la construcci髇 en Espa馻 de la infraestructura cient韋ico-t閏nica 獻nternational Fusion Materials Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source�

1. Se autoriza la creaci髇 de un consorcio de apoyo a la candidatura y eventual construcci髇 en Espa馻 de la International Fusion Materials Irradiation Facility - Demo Oriented Neutron Source (IFMIF-DONES).

2. El Consorcio contar� con la participaci髇 de la Administraci髇 General del Estado (a trav閟 del Ministerio de Ciencia e Innovaci髇) y de la Junta de Andaluc韆, que aportar醤 recursos para su sostenimiento. La denominaci髇 definitiva del consorcio se establecer� en el convenio regulador del mismo y en sus estatutos.

3. La vigencia del consorcio se mantendr� mientras dure la candidatura para albergar la infraestructura IFMIF-DONES, y podr� continuar posteriormente en caso de 閤ito de la misma para atender las obligaciones que corresponda al Reino de Espa馻 como pa韘 anfitri髇 de la infraestructura internacional y para prestar apoyo en su construcci髇.

V閍se la Res. 18爅unio 2021, de la Secretar韆 General de Investigaci髇, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, para la constituci髇 del consorcio para el impulso de la construcci髇 en Espa馻 de la infraestructura cient韋ico-t閏nica "International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source" (獴.O.E.� 22 junio).LE0000701057_20221010

Art韈ulo 5 Cobertura presupuestaria de las ejecuciones de los avales concedidos por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19

1. Los importes correspondientes a la ejecuci髇 de los avales otorgados por el Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital a la financiaci髇 concedida a empresas y aut髇omos en virtud de lo establecido en el art韈ulo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se atender醤 desde la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital 27.04.923O.351 獵obertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores�. Este cr閐ito tiene el car醕ter de ampliable, seg鷑 el Anexo II 獵r閐itos ampliables� de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y le ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en el art韈ulo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en lo relativo a los avales otorgados en virtud del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

2. Se autoriza a la Direcci髇 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera a realizar los pagos correspondientes a las ejecuciones del aval mediante operaciones de tesorer韆 con cargo a los conceptos espec韋icos que se creen a tal fin.

Con posterioridad a la realizaci髇 de los pagos, la Direcci髇 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera proceder� a la aplicaci髇 al presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio. Los pagos efectuados en el mes de diciembre de cada a駉 se aplicar醤 al presupuesto de gastos en el trimestre inmediatamente siguiente.

3. Se autoriza a la Direcci髇 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera a dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean necesarias a los entes u 髍ganos mandatados o encargados de la gesti髇 de los avales sobre estos extremos.

LE0000723404_20230102 N鷐ero 5 del art韈ulo 5 introducido por la disposici髇 final vig閟ima octava del R.D.-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias econ髆icas y sociales de la guerra en Ucrania (獴.O.E.� 30 marzo).Vigencia: 31 marzo 2022

Art韈ulo 9 Consideraci髇 como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma

1. Las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que en el ejercicio de su profesi髇, hayan contra韉o el virus SARS-CoV2 durante cualquiera de las fases de la epidemia, por haber estado expuesto a ese riesgo espec韋ico durante la prestaci髇 de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando as� se acredite por los servicios de Prevenci髇 de Riesgos laborales y Salud Laboral, se considerar醤 derivadas de accidente de trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el art韈ulo 156.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

2. Esta previsi髇 se aplicar� a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos hasta el mes posterior a la finalizaci髇 del estado de alarma, acreditando este extremo mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deber� haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia.

3. En los casos de fallecimiento, se considerar� que la causa es accidente de trabajo siempre que el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco a駉s siguientes al contagio de la enfermedad y derivado de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 217.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

La asistencia sanitaria prestada a los trabajadores protegidos durante la declaraci髇 del estado de alarma que, hasta la fecha de entrada en vigor de esta norma, se ha venido considerando como derivada de contingencia com鷑, mantendr� dicha calificaci髇. No obstante, una vez reconocida la contingencia profesional de la prestaci髇 en los t閞minos del presente art韈ulo la asistencia sanitaria, derivada de la reca韉a como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma, tendr� la naturaleza de contingencia profesional, conforme establece la disposici髇 transitoria tercera.LE0000666202_20220331

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

1. Quedan derogados el apartado segundo del art韈ulo 16 ter y el art韈ulo 20 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19.

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2. Con efectos 1 de junio de 2020, queda derogada la disposici髇 adicional segunda del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la econom韆 y el empleo.

LE0000663969_20210509

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre

Se a馻de un nuevo n鷐ero 29) en el apartado B) del art韈ulo 45.I del texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que tendr� la siguiente redacci髇:

�29. Las escrituras de formalizaci髇 de las moratorias previstas en art韈ulo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19, as� como en el art韈ulo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19, y de las moratorias convencionales concedidas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 previstas en el art韈ulo 7 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo.�

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Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Mar韙ima del Estado

El art韈ulo 103.c) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Mar韙ima del Estado, queda redactado como sigue:

• 玞) La tenencia, la consignaci髇, el transporte, el tr醤sito, el almacenamiento, la transformaci髇, la exposici髇 y la venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de talla o peso inferiores a los reglamentarios. En los supuestos en que estas conductas afecten a las diferentes especies de moluscos y se realicen en lonja o en cualquiera de los establecimientos autorizados para la primera venta, el volumen total vendido de talla o peso inferior al m韓imo en un d韆 deber� ser superior al 10 % del total comercializado para esa especie. En el caso de que este porcentaje sea inferior o igual al 10 %, y su captura se considere no intencionada se considerar� infracci髇 leve, no pudiendo ser objeto de comercializaci髇.�

LE0000102707_20200528

Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperaci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito y empresas de servicios de inversi髇

Se modifica la letra a) del apartado 3 del art韈ulo 55 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperaci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito y empresas de servicios de inversi髇, que queda redactada como sigue:

• 玜) Por finalizar el per韔do para el que fue nombrado, en cuyo caso continuar� en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de quien hubiera de sucederle.�

LE0000555094_20220120

Disposici髇 final cuarta Modificaci髇 del Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, por el que se regula el fondo de reserva que deben constituir determinadas fundaciones bancarias; se modifica el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditor韆 de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio; y se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversi髇 Colectiva

Se a馻de una disposici髇 adicional en los siguientes t閞minos:

獶isposici髇 adicional primera Suspensi髇 de la obligaci髇 de aportar al fondo de reserva

Debido a los efectos econ髆icos derivados de la pandemia COVID-19, las fundaciones bancarias a las que se refiere el art韈ulo 2 no estar醤 obligadas a realizar dotaciones al fondo de reserva durante el a駉 2020. El plazo de constituci髇 del fondo de reserva, previsto en el art韈ulo 6 se suspender� durante el a駉 natural 2020. La suspensi髇 de la aportaci髇 durante el a駉 2020 no ser� compensada en la aportaci髇 del a駉 siguiente. As�, las aportaciones restantes hasta alcanzar el importe objetivo establecido en virtud del art韈ulo 4, se distribuir醤 de forma lineal en el tiempo, de conformidad con el apartado 3 del art韈ulo 6.�

LE0000560049_20200528

Disposici髇 final quinta Modificaci髇 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

Se a馻de un nuevo apartado 11 al art韈ulo 33 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con la siguiente redacci髇:

�11. El Fondo proceder� a la instrucci髇 de un expediente para la comprobaci髇 de la procedencia de los salarios e indemnizaciones reclamados, respetando en todo caso los l韒ites previstos en los apartados anteriores.

Concluida la instrucci髇 del expediente, el 髍gano competente dictar� resoluci髇 en el plazo m醲imo de tres meses contados desde la presentaci髇 en forma de la solicitud. La notificaci髇 al interesado deber� ser cursada dentro del plazo de 10 d韆s a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Transcurrido dicho plazo sin que haya reca韉o resoluci髇 expresa, el solicitante podr� entender estimada por silencio administrativo la solicitud de reconocimiento de las obligaciones con cargo al Fondo, sin que en ning鷑 caso pueda obtenerse por silencio el reconocimiento de obligaciones en favor de personas que no puedan ser legalmente beneficiarias o por cuant韆 superior a la que resulte por aplicaci髇 de los l韒ites previstos en los apartados anteriores. La resoluci髇 expresa posterior al vencimiento del plazo solo podr� dictarse de ser confirmatoria del reconocimiento de la obligaci髇, en favor de personas que puedan ser legalmente beneficiarias y dentro de los l韒ites previstos en los apartados anteriores. En todo caso, a efectos probatorios, se podr� solicitar un certificado acreditativo del silencio producido, en el que se incluir醤 las obligaciones con cargo al Fondo que, dentro de los l韒ites previstos en los apartados anteriores, deben entenderse reconocidas.

Contra dicha resoluci髇 podr� interponerse demanda ante el 髍gano jurisdiccional del orden social competente en el plazo de dos meses contados desde el d韆 siguiente al de la notificaci髇 si el acto fuera expreso; si no lo fuera, dicho plazo se contar� a partir del d韆 siguiente a aquel en que deba entenderse estimada la solicitud conforme a lo establecido en el apartado anterior por silencio.�

LE0000561075_20230302

Disposici髇 final sexta Modificaci髇 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

El segundo p醨rafo del apartado 1 del art韈ulo 324 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, queda redactado como sigue:

獿as limitaciones en la contrataci髇 de trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el p醨rafo anterior se entienden aplicables por cada explotaci髇 agraria. En el caso de que en la explotaci髇 agraria existan dos o m醩 titulares, en alta todos ellos en el Sistema Especial para trabajadores por cuenta propia agrarios del R間imen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut髇omos, se a馻dir� al n鷐ero de trabajadores o jornales previstos en el p醨rafo anterior un trabajador m醩 con cotizaci髇 por bases mensuales, o doscientos setenta y tres jornales al a駉, en caso de trabajadores con cotizaci髇 por jornadas reales, por cada titular de la explotaci髇 agraria, excluido el primero.�

LE0000561511_20230302

Disposici髇 final s閜tima Modificaci髇 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto econ髆ico del COVID-19

El apartado 4 del art韈ulo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto econ髆ico del COVID-19, queda redactado del siguiente modo:

�4. Las condiciones del aplazamiento ser醤 las siguientes:

• a) El plazo ser� de seis meses.
• b) No se devengar醤 intereses de demora durante los primeros cuatro meses del aplazamiento.�

LE0000661679_20210509

Disposici髇 final novena Modificaci髇 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19

Uno. El art韈ulo 21.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19, queda redactado como sigue:

�1. Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensi髇 temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo pr閟tamo o cr閐ito sin garant韆 hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando est� contratado por una persona f韘ica que se encuentre en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica, en la forma definida en el art韈ulo 16, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

En todo caso, los contratos de arrendamiento financiero se entender醤 incluidos dentro del 醡bito de aplicaci髇 objetivo de la suspensi髇 temporal a que se refiere el p醨rafo anterior.�

LE0000662952_20230112

Dos. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 48, que queda redactado como sigue:

�1. Las entidades de derecho p鷅lico pertenecientes al sector p鷅lico estatal y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social procurar醤 formular y rendir las cuentas anuales de 2019 de acuerdo con los plazos previstos en la normativa. No obstante, cuando con motivo de la declaraci髇 de estado de alarma ello no fuera posible y as� fuera acordado y comunicado por el cuentadante a la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado, quedar醤 suspendidos los plazos previstos en la normativa que resultara de aplicaci髇, desde la declaraci髇 de dicho estado, reanud醤dose su c髆puto cuando desaparezca dicha circunstancia o ampli醤dose el plazo previsto en un periodo equivalente al de la duraci髇 efectiva del estado de alarma.�

LE0000662952_20230112

Tres. El apartado 6 del art韈ulo 52 queda redactado del siguiente modo:

�6. Las condiciones del aplazamiento ser醤 las siguientes:

• a) El plazo ser� de seis meses desde la finalizaci髇 del plazo de ingreso que corresponda conforme a lo previsto en el art韈ulo 108 del Reglamento (UE) n.^o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el c骴igo aduanero de la Uni髇.
• b) No se devengar醤 intereses de demora durante los primeros cuatro meses del aplazamiento.�

LE0000662952_20230112

Disposici髇 final d閏ima Modificaci髇 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario

Se modifica el p醨rafo tercero del apartado e) del art韈ulo 3, que queda redactado como sigue:

玈er� incompatible con la prestaci髇 por nacimiento y cuidado de menor de la Seguridad Social, si bien, salvo por lo que respecta al periodo obligatorio de la madre biol骻ica a continuaci髇 del parto, el periodo obligatorio, o la parte que restara del mismo, se podr� disfrutar desde el d韆 siguiente a la finalizaci髇 de las retribuciones previstas en el presente real decreto-ley.�

LE0000663347_20200528

Disposici髇 final und閏ima Modificaci髇 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la econom韆 y el empleo

Se a馻de en la disposici髇 adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la econom韆 y el empleo, un nuevo apartado 5, con el siguiente texto.

�5. El notario facilitar� gratuitamente al deudor una copia simple del instrumento notarial en el que se eleve unilateralmente a p鷅lico el acuerdo de moratoria legal conforme a la presente disposici髇.�

LE0000663969_20210509

Disposici髇 final decimotercera Modificaci髇 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo

Uno. Se modifica el p醨rafo segundo del apartado 3 del art韈ulo 1, que queda redactado como sigue:

玈in perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades a los expedientes de regulaci髇 temporal de empleo o, en su caso, la suspensi髇 o regularizaci髇 del pago de las prestaciones que deriven de su modificaci髇, se efectuar� previa comunicaci髇 de estas al Servicio P鷅lico de Empleo Estatal o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protecci髇 por desempleo.�

LE0000665193_20200528

Dos. Se modifica el primer p醨rafo del apartado 4 del art韈ulo 4, que queda redactado como sigue:

獳 los efectos del control de estas exoneraciones de cuotas, ser� suficiente la verificaci髇 de que el Servicio P鷅lico de Empleo Estatal, o en su caso, el Instituto Social de la Marina, proceda al reconocimiento de la correspondiente prestaci髇 por desempleo por el periodo de que se trate.�

LE0000665193_20200528

Tres. Se modifica el apartado 5 del art韈ulo 4, que queda redactado como sigue:

�5. Las exenciones en la cotizaci髇 a que se refiere este art韈ulo no tendr醤 efectos para las personas trabajadoras, manteni閚dose la consideraci髇 del per韔do en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicaci髇 lo establecido en el apartado 1 del art韈ulo 20 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.�

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