En Madrid, a quince de diciembre de de dos mil cuatro, Jes鷖 Cruz Villal髇, Catedr醫ico de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, actuando como 醨bitro designado por el Pleno de la Comisi髇 Consultiva Nacional de Convenios Colectivos celebrado el 2 de junio de 2004, ha dictado el siguiente

LAUDO ARBITRAL

I. Antecedentes

Primero.- Una vez aprobada, con motivo de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1994, la actual redacci髇 de su disposici髇 transitoria sexta, relativa al proceso de sustituci髇 de las ya antiqu韘imas Ordenanzas Laborales, y una vez que los interlocutores sociales procedieron a aprobar el Acuerdo Interconfederal en materia de Ordenanzas y Reglamentaciones Laborales de 7 de octubre de 1994, la Comisi髇 Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) comenz� a abordar las funciones que en la misma le ven韆n encomendadas. Ya en la reuni髇 celebrada el 20 de noviembre de 1995 por el Pleno de la CCNCC, con asistencia de las representaciones sindicales y empresarial del sector, se toma en consideraci髇 el posible vac韔 de cobertura derivado de la derogaci髇 de la Ordenanza Laboral de la Marina Mercante, asumiendo las partes analizar la situaci髇 existente en el sector.

La CCNCC acuerda incluir, en su sesi髇 de 15 de enero de 1996, a la Ordenanza Laboral de Marina Mercante entre aquellas cuyo proceso de sustituci髇 negociada no est� cerrado. Posteriormente, se suceden diversas reuniones relativas al proceso sustitutorio de esta Ordenanza en el seno de la CCNCC. En el Pleno de 17 de abril de 1996 se acuerda someter a arbitraje la soluci髇 de vac韔s que en este sector pueda plantear la p閞dida de vigencia de la Ordenanza; a ello se opuso la Asociaci髇 de Navieros Espa駉les a trav閟 de escrito de 13 de mayo de ese a駉, presentando recurso contencioso-administrativo 1582/96. De otra parte, notificado el nombramiento al 醨bitro, este renuncia a tal designaci髇. M醩 adelante, el 15 de enero de 1997, las representaciones sindicales y empresariales acuerdan prorrogar el per韔do de negociaciones abierto, d醤dose de plazo hasta el 30 de marzo de 1997, plazo que concluy� sin que se alcanzase acuerdo. A tenor de ello se procedi� a la designaci髇 de un segundo 醨bitro en el Pleno de la CCNCC de 16 de julio de 1997, quien acepta la propuesta el 9 de septiembre de 1997. El 29 de octubre de 1997, en comparencia ante el 醨bitro designado, las partes le manifiestan su voluntad de nuevo de negociar la sustituci髇 de la Ordenanza de Marina Mercante, d醤dose de plazo para concluir el acuerdo hasta el 30 de noviembre de 1997; a tal efecto consideran que aun es prematura la decisi髇 de actuaci髇 arbitral, en cuanto puede continuar el proceso negociador. En su virtud el 醨bitro decide suspender el procedimiento arbitral. El 25 de febrero de 1999 la CCNCC requiere a las partes para que le informen acerca de la situaci髇 de las negociaciones del proceso de sustituci髇 de la Ordenanza, convoc醤doseles el 10 de marzo para una reuni髇 a celebrar el 25 de marzo del mismo a駉. La citada reuni髇 se celebra el 24 de marzo de 1999, momento en el que las partes vuelven a asumir un compromiso de negociaci髇 en un corto plazo, comprometi閚dose a concluir las negociaciones el 11 de julio, anunciando el Sr. Presidente que se acudir韆 al 醨bitro ya designado si fracasara definitivamente este nuevo intento negociador. Posteriormente se suceden otra serie de reuniones sin resultado de acuerdo. A la altura de marzo de 2002 el proceso de negociaci髇 se encontraba muy avanzado, salvo en lo que refiere al 醡bito de aplicaci髇 del acuerdo de sustituci髇. A la vista de ello, el Pleno de la CCNCC en su sesi髇 de 11 de diciembre de 2002 acuerda dejar en suspenso el tratamiento del sector, a expensas del resultado de la negociaci髇 colectiva que pueda producirse en este 醡bito, dentro de un plazo razonable. En la reuni髇 de la subcomisi髇 de la CCNCC de 7 de marzo de 2003 se detecta que hay un estancamiento en el proceso de negociaci髇, por lo que se emplaza a las organizaciones representativas del sector para que intenten llegar a un acuerdo antes del d韆 1 de junio, de lo que se da cuenta al Pleno en su reuni髇 de 8 de mayo, recordatorio que se reitera en el pleno de 28 de mayo. En esa misma fecha, las organizaciones representativas solicitan que el anterior plazo se prorrogue hasta el 31 de julio de 2003, de lo que se da cuenta en el pleno de 4 de julio. El 30 de septiembre de 2003 se le vuelve a requerir a las partes para que informen sobre la situaci髇 del proceso sustitutorio de la Ordenanza. En el Pleno de 6 de octubre de 2003 el Presidente informa que ha recibido escrito de las partes de los que se deriva que tras un largo per韔do de negociaci髇 no se ha llegado a ning鷑 acuerdo, ni resulta factible que se pueda alcanzar el mismo, motivo por el que anuncia que en el pr髕imo Pleno se incorporar� el asunto a su orden del d韆, a los efectos de poder decidir sobre el particular.

Segundo.- En el Pleno de la CCNCC de 26 de noviembre de 2003 se acord� por mayor韆, con la abstenci髇 de CEOE-CEPYME lo siguiente: 1.� Someter al Sector de Marina Mercante al proceso de arbitraje, previsto en la disposici髇 transitoria sexta del Estatuto de los Trabajadores, tras constatar que han fracasado las negociaciones abiertas en su d韆; 2.� Comunicar el anterior acuerdo a las partes afectadas, d醤dose a las mismas un plazo de 30 d韆s h醔iles para que, en su caso, puedan consignar de mutuo acuerdo un 醨bitro para actuar en el mencionado proceso, y de no ser ello posible, para que cada parte designe una terna de 醨bitros; 3.� Comunicar igualmente a las partes afectadas por dicho proceso, que el arbitraje s髄o podr韆 recaer sobre las siguientes materias: 1.�) estructura profesional; 2.�) estructura salarial; 3.�) promoci髇 profesional y econ髆ica; y 4.�) poder disciplinario, pero que, en cualquier caso, existe la posibilidad de que las materias objeto de arbitraje pudieran reducirse o aumentarse, siempre que las partes estuviesen de acuerdo en tal extremo, lo que habr韆 de ponerse igualmente en conocimiento de esta Comisi髇, para su puesta en conocimiento al 醨bitro que se designe.

En el Pleno de la CCNCC de 1 de marzo de 2004 se procedi� a analizar por los asistentes las diferentes propuestas de 醨bitros y sistemas de arbitraje realizadas por las organizaciones representativas del sector, lleg醤dose al acuerdo de proceder a solicitar de las referidas organizaciones que propongan de forma consensuada un 醨bitro para actuar en dicho proceso.

En el Pleno de la CCNCC de 2 de junio de 2004 se acord�, con la abstenci髇 de CEOE-CEPYME, la designaci髇 de este 醨bitro en el proceso de sustituci髇 de la Ordenanza Laboral de Marina Mercante, en consonancia con el acuerdo adoptado por el Pleno el 26 de noviembre de 2003, antes referido. Con fecha 11 de junio el abajo firmante acepta su designaci髇 para actuar como 醨bitro.

Tercero.- A trav閟 de la CCNCC se solicit� tanto a la Direcci髇 General de Trabajo como a la Subdirecci髇 General de Estad韘ticas Sociales y Laborales la informaci髇 que pudiera ser 鷗il a los efectos de resolver el citado arbitraje, documentaci髇 que consta en el expediente administrativo correspondiente.

En este procedimiento arbitral se han tenido hasta un total de tres comparecencias con las organizaciones representativas del sector: Asociaci髇 de Navieros Espa駉les (ANAVE), habiendo concurrido a las mismas en su nombre y representaci髇 D. Manuel Carlier y D. Jes鷖 Barbadillo; Federaci髇 Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT (FETCM-UGT), habiendo concurrido a las mismas en su nombre y representaci髇 D. Roberto Fern醤dez L髉ez; Federaci髇 de Comunicaci髇 y Transporte de CC. OO., habiendo concurrido a las mismas en su nombre y representaci髇 D. Jos� M.� Odriozola Zallo y D. Carmelo Aylas Mart韓.

La primera de las comparecencias tuvo lugar el 13 de julio de 2004, en la que se verific� un primer intercambio de opiniones, aportando la representaci髇 sindical el texto escrito de un preacuerdo alcanzado en su d韆 entre las partes, si bien no fue posible su firma definitiva por desacuerdo en lo que refiere a su 醡bito de aplicaci髇 personal; la representaci髇 sindical expres� el mantenimiento de su posici髇 favorable al citado preacuerdo, de modo que consideraba que el 醨bitro s髄o deb韆 resolver acerca de la discrepancia relativa al 醡bito de aplicaci髇 del acuerdo. En esa misma comparecencia la representaci髇 empresarial inform� que estaba pendiente de celebrar su asamblea general a principios de octubre, motivo por el cual no pod韆 expresar en ese momento cu醠 era su posici髇 al respecto. En esa misma comparecencia, las partes aportaron al 醨bitro todo un conjunto de documentaci髇 complementaria, particularmente relativa a los convenios colectivos de empresa vigentes en el sector. A propuesta del 醨bitro, se acept� celebrar una nueva comparecencia, una vez celebrada la asamblea general de ANAVE, al tiempo que se acept� un compromiso de que el procedimiento deber韆 estar concluido a finales de 2004.

La segunda de las comparecencias tuvo lugar el 21 de octubre de 2004, en la que la representaci髇 empresarial present� por escrito su propuesta. La representaci髇 sindical, de una parte manifest� su disconformidad con el texto presentado por la representaci髇 empresarial, por entender que se separaba notablemente de los borradores que hab韆 manejado en el pasado en los procesos de negociaci髇 que hab韆n desarrollado, insistiendo en que se deber韆 tomar como documento de referencia el preacuerdo que aportaron en la reuni髇 precedente; de otra parte, manifest� su imposibilidad de entrar en el an醠isis pormenorizado del texto presentado por la representaci髇 empresarial, en la medida en que se entregaba en ese acto y no les hab韆 dado tiempo de estudiarlo a fondo; en particular, la representaci髇 de UGT expres� su total disconformidad, que no era oportuno que ellos entraran en el detalle de la propuesta empresarial, debiendo corresponderle al 醨bitro resolver de forma definitiva la sustituci髇 de la Ordenanza Laboral. De su parte, la representaci髇 empresarial adujo que en ese momento se encontraban en un tr醡ite cualitativamente diverso, de modo que lo que podr韆n haber aceptado en el marco de la celebraci髇 de un convenio colectivo si la otra parte aceptaba sus requerimientos, en particular los relativos al 醡bito de aplicaci髇 del acuerdo, no estaban dispuestos a aceptarlos cuando se trataba de un arbitraje en el seno de la CCNCC, cuyo alcance y contenido deb韆 de ser mucho m醩 reducido, a los meros efectos de sustituci髇 de la Ordenanza y particularmente en las cuatro materias indicadas por el Pleno de la CCNCC. En estos t閞minos, se procedi� por el 醨bitro a formular algunas preguntas aclaratorias del contenido de los respectivos documentos, as� como a ofrecerle a la representaci髇 sindical la posibilidad de estudiar m醩 a fondo la propuesta empresarial y, en su caso, presentar una contrapropuesta de su parte. As� se acord�, al mismo tiempo que se acept� la propuesta del 醨bitro de celebrar en tal caso una 鷏tima reuni髇.

Posteriormente, este 醨bitro recibi� diversa documentaci髇 de las partes; en particular recibi� el martes 30 de noviembre el texto de la propuesta sindical anunciado, que fue enviado en esa misma fecha a la representaci髇 empresarial por v韆 de correo electr髇ico.

La tercera y 鷏tima de las comparecencias tuvo lugar el 2 de diciembre de 2004, donde se tuvo la oportunidad de analizar con cierto detalle el contenido de los textos presentados por ambas partes. Se constataron las diferencias entre ambas y los elementos de disconformidad y de acuerdo de cada una de las representaciones. En particular, se analizaron los desacuerdos de los textos presentados por la contraparte desde una triple vertiente: discrepancias por considerar ciertos aspectos de la propuesta como ilegales; oposici髇 a que el 醨bitro resolviera sobre ciertos aspectos por entender que desbordaba el mandato arbitral efectuado por la CCNCC; desavenencias por entender que la propuesta era insuficiente y no atend韆 a la necesidad de cobertura de vac韔s dejados por la derogaci髇 de la Ordenanza Laboral. El 醨bitro tambi閚 aprovech� para formular algunas preguntas relativas a dudas que les suscitaban el texto y la posici髇 de las partes al respecto. Concluidas las intervenciones de las partes, se entendi� que el debate estaba agotado, las partes consideraron que no deber韆n aportarse textos adicionales y que correspond韆 ya que el 醨bitro dictase el laudo en el plazo previsto.

II. Fundamentos y motivaci髇

Primero.- Este arbitraje se sustancia en el marco previsto por la disposici髇 transitoria 6.� del Estatuto de los Trabajadores, en los t閞minos establecidos en su apartado cuarto: 玈i la comisi髇 informase negativamente sobre la cobertura, y existiesen partes legitimadas para la negociaci髇 colectiva en el 醡bito de la Ordenanza, la comisi髇 podr� convocarlas para negociar un convenio colectivo o acuerdo sobre materias concretas que elimine los defectos de cobertura. En caso de falta de acuerdo en dicha negociaci髇, la comisi髇 podr� acordar someter la soluci髇 de la controversia a un arbitraje�. En estos t閞minos se trata de dictar un laudo arbitral por medio del cual se proceda a dar cobertura normativa a los posibles vac韔s provocados por la derogaci髇 de la Ordenanza Laboral de Marina Mercante, aprobada en su d韆 por la Orden Ministerial de 20 de mayo de 1969 (BOE 1 de julio).

Por ello, ha de partirse de que procedemos a efectuar un arbitraje que resuelve un conflicto de inter閟, en el que b醩icamente la resoluci髇 lo es en equidad. Ahora bien, al mismo tiempo debe precisarse que, aunque no se trate de un arbitraje en Derecho, concurren importantes condicionamientos jur韉icos, que deben ser muy tenidos en cuenta en estos instantes, de modo que el marco jur韉ico en el que se inserta el laudo delimita importantes fronteras que se valoran como inexcusables y que es conveniente describir a los efectos de justificar el contenido en puntos centrales de esta resoluci髇.

Segundo.- En efecto, en primer lugar, el acuerdo de la CCNCC de sometimiento de la cuesti髇 a arbitraje, unida a la designaci髇 de este 醨bitro, es taxativa en el sentido de que cuatro son los contenidos institucionales que debe abordar este arbitraje: 1.�) estructura profesional; 2.�) estructura salarial; 3.�) promoci髇 profesional y econ髆ica; y 4.�) poder disciplinario. Necesariamente han de regularse estos cuatro contenidos y exclusivamente estos cuatro contenidos. Para verificarse cualquier tipo de ampliaci髇 o disminuci髇 en los citados contenidos deber韆 haberse producido alg鷑 tipo de acuerdo entre las organizaciones representativas del sector. Comoquiera que ning鷑 acuerdo se ha producido sobre el particular, no cabe alteraci髇 al respecto por parte de este 醨bitro.

De ello deriva, que este 醨bitro no puede en modo alguno incorporar las propuestas de las partes que refieran a contenidos institucionales diversos a los cuatro ya mencionados. As�, a t韙ulo de ejemplo, en algunos pasajes de la propuesta sindical se atiende al r間imen jur韉ico del tiempo de trabajo, que no pueden tomarse en consideraci髇 en el momento de dictar el laudo arbitral. A mayor abundamiento, existen normas estatales espec韋icas sobre la materia que permiten interpretar que no se verifica vac韔 de cobertura en esta materia relativa al tiempo de trabajo: RD 1561/1995, de 21 de septiembre, modificado por RD 285/2002, de 22 de marzo, as� como el RD 525/2002, de 14 de junio. Diverso es que sea necesario abordar alg鷑 contenido de esta materia en la medida en que ello tenga efecto reflejo sobre alguna de las cuatro materias encomendadas, particularmente la relativa a la estructura salarial.

De otra parte, el mandato de regulaci髇 de esas cuatro materias no puede ser ficticio o vacuo, en el sentido de que se trate de una regulaci髇 sin contenido real, al extremo que la redacci髇 no comporte fijaci髇 del correspondiente r間imen jur韉ico. Tal sucede, a t韙ulo de ejemplo, con la propuesta empresarial en lo que refiere a la estructura salarial, que no pasa en la pr醕tica de ir m醩 all� de lo estipulado por el Estatuto de los Trabajadores, sin establecer especialidad alguna en lo que afecta al sector de la marina mercante.

Tercero.- De otra parte, se trata de un laudo que, por su propia naturaleza, ha de proceder a establecer el r間imen jur韉ico de los vac韔s normativos surgidos a partir de la derogaci髇 de la Ordenanza Laboral de referencia, sin que pueda abordar contenidos ya cubiertos por otras normas aplicables al sector de referencia.

As�, por ejemplo, ambas partes coinciden en considerar vigente, en situaci髇 de ultraactividad, el IV Convenio General de la Marina Mercante, aprobado por Resoluci髇 de la Direcci髇 General de Trabajo de 7 de mayo de 1982 y publicado en el Bolet韓 Oficial del Estado de 24 de junio de 1982. En estos t閞minos, ha de considerarse que los contenidos normativos de dicho Convenio Colectivo siguen vigentes en estos momentos, de modo que no es necesario proceder a alterar o sustituir lo pactado en dicho Convenio. Ahora bien, ha de indicarse inmediatamente a continuaci髇 que precisamente en dicho Convenio General se aprecia que justamente el mismo en l韓eas generales no viene a regular las cuatro materias apuntadas por la CCNCC, al tiempo que la propia Comisi髇 al individualizar 閟tas es la que interpreta que es ah� donde se aprecia un evidente vac韔 de cobertura, que es el que requiere de la intervenci髇 por v韆 arbitral. Asimismo, ha de advertirse que tal vac韔 no queda cubierto por la disposici髇 final del Convenio Colectivo, a tenor del cual se verifica una remisi髇 a la Ordenanza Laboral de la Marina Mercante para lo no previsto en el mismo Convenio; de lo contrario se estar韆 burlando el designio de la disposici髇 transitoria 6.� de proceder a la definitiva derogaci髇 de la citada Ordenanza y simult醤eamente cubrir los vac韔s normativos dejados por la misma.

Aun cuando existe un considerable n鷐ero de Convenios Colectivos de empresa, la CCNCC ha interpretado que ello resulta insuficiente, de modo que teniendo presente lo pactado en dichos convenios empresariales perviven los vac韔s de cobertura. De un lado perviven, desde el instante en que dichos Convenios tienden a no regular algunas de las cuatro materias objeto aqu� de cobertura. De otro lado, por cuanto que pueden existir o surgir en el futuro empresas en el sector sin negociaci髇 propia, que requieran de la correspondiente cobertura.

Eso s�, ha de advertirse que la regulaci髇 contenida en este laudo arbitral no tiene car醕ter vinculante respecto a lo que pudiera estipularse en cualquier otra norma estatal o convenio colectivo, aunque no sea dispositiva respecto de lo pactado en contrato de trabajo. Ello obliga a establecerlo expresamente en el presente laudo, al mismo tiempo que carece de todo valor o significado que la regulaci髇 del laudo se remita a los convenios colectivos para que procedan a regular cualquier concreta instituci髇; esto 鷏timo no supondr韆 sino dejaci髇 por parte del laudo de la obligaci髇 de establecer el r間imen jur韉ico de las materias de referencia.

Cuarto.- Una de las cuestiones m醩 discutidas entre las partes es la relativa al 醡bito personal de aplicaci髇 de este laudo. Defiende la representaci髇 de los trabajadores que no debe efectuarse diferenciaci髇 alguna sobre el particular, en tanto que la representaci髇 empresarial pretende que ello sea de exclusiva aplicaci髇 a los trabajadores nacionales y comunitarios, con impl韈ita exclusi髇 de los extracomunitarios. Por su parte, la representaci髇 empresarial entiende que el laudo deber韆 ser aplicable 鷑icamente a nacionales espa駉les y de otros Estados miembros de la Uni髇 Europea.

A juicio de este 醨bitro no concurre raz髇 suficiente para excluir del 醡bito de aplicaci髇 del presente laudo a los trabajadores extracomunitarios.

Para tal conclusi髇, se ha tomado en consideraci髇 el criterio establecido por nuestro Tribunal Constitucional, que entiende que la igualdad o desigualdad de trato en la titularidad y ejercicio de los derechos y libertades depender醤 de la libre voluntad del Tratado o la Ley. Que no hay Tratado ni Ley que establezcan la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros para el acceso a un puesto de trabajo, pero s� lo hay para la titularidad y ejercicio de los derechos laborales una vez producida la contrataci髇, con excepciones (STC 107/1984, de 23 de noviembre; 130/1995, de 11 de septiembre; 95/2000, de 10 de abril; 34/2004, de 8 de marzo). En este laudo no se est� resolviendo sobre materias relativas al acceso a un puesto de trabajo, sino a los derechos laborales una vez producida la contrataci髇. Quiere ello decir que este laudo no puede introducir diferencias de tratamiento m醩 all� de las habilitadas o de las impuesta por los Tratados y la Ley.

Entre esas excepciones se encuentra la recogida en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en cuya disposici髇 adicional 15.� se procede a crear el registro especial de buques y empresas navieras situado en el territorio de la Comunidad Aut髇oma Canaria. En concreto, su apartado siete dispone que las condiciones laborales y de Seguridad Social de los trabajadores no nacionales espa駉les se regular醤 por la legislaci髇 a la que libremente se sometan las partes. Ahora bien, ello no compromete la conclusi髇 precedente respecto de la inclusi髇 del 醡bito de aplicaci髇 personal de este laudo de los trabajadores extracomunitarios, por las siguientes razones. En primer lugar, este laudo se ha de aplicar a todos los buques de abanderamiento espa駉l, se encuentren o no inscritos en el registro especial, por lo que no cabe atender a la propuesta de la representaci髇 empresarial de excluir en todo caso a los extracomunitarios. En segundo lugar, la disposici髇 adicional objeto de comentario ha sido corregida o cuando menos matizada a partir de la Ley de acompa馻miento de 1999, en el sentido de que la posibilidad de exclusi髇 de la legislaci髇 laboral com鷑 y espec韋ica nacional de la marina mercante de los trabajadores extracomunitarios enrolados en los buques inscritos en el registro especial de Canarias s髄o es viable respecto de los que realicen tr醘ico internacional; pues en el caso de que lo hagan en buques que realicen exclusivamente navegaciones de cabotaje insular se exige, para que el enrolamiento venga unido al permiso de trabajo, que acrediten que la jornada de trabajo, descanso, tiempo de embarque, condiciones salariales y seguridad social son las legalmente exigibles para la contrataci髇 de trabajadores espa駉les; en otros t閞minos, para el tr醘ico de cabotaje insular se establece la regla de la igualdad de trato de los extracomunitarios (art韈ulo 20 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, BOE 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social; as� como del art韈ulo 79.1.d del RD 864/2001, de 20 de julio, BOE 21 de julio, Reglamento de ejecuci髇 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻). En tercer lugar, la disposici髇 adicional 15.� de la Ley de Puertos y Marina Mercante ni impone ni autoriza a que por v韆 de laudo se procedan a establecer diferencias de condiciones de trabajo para los no nacionales; se limita a presuponer que la regulaci髇 es uniforme para todos y, a la luz de ello, autoriza a que las partes por v韆 de pacto individual se puedan separar de la misma cuando se trata de nacionales extracomunitarios. En cuarto lugar, lo que s� viene a autorizar esta disposici髇 adicional es que, con independencia de lo que se diga aqu� respecto del 醡bito de aplicaci髇 personal del laudo, por v韆 de pacto los trabajadores extracomunitarios enrolados en buques que realicen transportes internacionales se regulen por otra legislaci髇, de modo que podr韆n excluirse de lo dispuesto en el presente laudo. En quinto lugar, los contenidos recogidos en el presente laudo, por raz髇 de las materias a las que abarca y por el alcance de su regulaci髇, a juicio de este 醨bitro no justifican para establecer una diferencia de tratamiento entre nacionales y extranjeros extracomunitarios.

Igualmente, es correcta la alegaci髇 formulada por la representaci髇 sindical de que el cometido de este 醨bitro es el de proceder a establecer una regulaci髇 sustitutoria de la Ordenanza Laboral, al efecto de evitar vac韔s de cobertura; por ello, en la medida en que el 醡bito personal de aplicaci髇 de la Ordenanza lo era para todos los trabajadores sin distinci髇 por raz髇 de nacionalidad, este 醨bitro no se encuentra facultado para alterar ese 醡bito personal de aplicaci髇, pues de lo contrario dejar韆 sin cobertura de regulaci髇 el r間imen de condiciones de trabajo en las cuatro materias encomendadas en lo que afecta a los trabajadores extracomunitarios. Diferente es que, insistimos, con posterioridad a lo dispuesto en este laudo, las empresas inscritas en el registro especial hagan uso de las posibilidades que les abre el apartado 7 de la disposici髇 adicional 15.� de la Ley de Puertos.

Alega igualmente la representaci髇 empresarial la existencia de este tipo de diferenciaciones en las condiciones de trabajo en lo que afecta a la Marina Mercante en las legislaciones nacionales de otros pa韘es de la Uni髇 Europea, habi閚dose considerado por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que tales diferenciaciones no atentan al Derecho Comunitario y, en particular, no inciden sobre la prohibici髇 de ayudas p鷅licas que provoquen distorsiones en la competencia, ni se opone a la pol韙ica social comunitaria atendida por el antiguo art. 117 del Tratado, actualmente arts. 136 ss: 玌n r間imen de un Estado miembro, como el aplicable al ISR, que permite someter los contratos de trabajo celebrados con marineros nacionales de terceros pa韘es, sin domicilio habitual o residencia en dicho Estado, a condiciones de trabajo y de retribuci髇 a las que no se aplica el Derecho de este Estado miembro y son claramente menos favorables que las de los marineros nacionales de este mismo Estados miembro, no constituye una ayuda de Estado en el sentido del apartado 1 del art韈ulo 92 del Tratado y que el art韈ulo 117 del Tratado no se opone a la aplicaci髇 de dicho r間imen� (STJCE de 17 de marzo de 1993, asuntos acumulados C-72/91 y C-73/91, Slogan Neptum Schiffahrts). Ahora bien, de esa sentencia lo que se deducir韆 es que el registro especial de Canarias contemplado en nuestra vigente Ley de Puertos es compatible con el Derecho Comunitario, pero nada m醩. El que tal registro especial sea conforme con el Derecho Comunitario, no implica que desde la normativa comunitaria se est� obligando al establecimiento de tales diferencias de tratamiento, ni tampoco que la imposici髇 de la igualdad de trato desde el Derecho nacional pueda considerarse contraria al propio Derecho Comunitario.

Distinto es que el asunto se analice desde la perspectiva de oportunidad, en el sentido de que al existir tales diferencias en otros pa韘es europeos, la legislaci髇 espa駉la de no permitirlas provoque costes laborales m醩 elevados en los buques de abanderamiento espa駉l y, con ello, situaciones de necesidad de competir mercantilmente en desventaja con esos otros Estados. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que tal valoraci髇 ha de efectuarse en relaci髇 con los concretos contenidos de este laudo y, desde esa perspectiva, no puede concluirse que el r間imen jur韉ico contenido en el mismo desemboque en una diferencia de costes de las aludidas. De un lado, ha de tenerse en cuenta una vez m醩 el objetivo de cobertura de vac韔s encomendado a este laudo, que no establece costes directos a las empresas, ni en lo que refiere a la cuant韆 del salario ni a la extensi髇 del tiempo de trabajo, ni siquiera son relevantes los costes indirectos derivados del presente laudo. De otro lado, este laudo por su car醕ter supletorio no se impone sobre lo que se pueda pactar en otras normas, particularmente en los convenios colectivos, que ser韆n los instrumentos m醩 relevantes, junto con la Ley, en lo que afecta a esas posibles situaciones de competencia desleal. Por 鷏timo, reiteramos que este laudo no puede, ni de hecho lo hace, derogar ni limitar el alcance de lo permitido por la disposici髇 adicional 15.� de la Ley de Puertos.

Por todo lo anterior, entendemos que el 醡bito personal de aplicaci髇 del presente laudo no debe fijar exclusiones de ning鷑 tipo, particularmente por lo que refiere a los trabajadores extracomunitarios.

Quinto.- Lo resuelto en este arbitraje, como no podr韆 ser de otro modo, ha de atenerse al principio de jerarqu韆 normativa, lo que implica que no puede establecer condiciones de trabajo contrarias a las estipuladas en la legislaci髇 laboral com鷑. Debe establecer, pues, las especialidades que se consideren oportunas para el sector, partiendo de las normas imperativas establecidas legalmente. En particular, en algunos momentos de la redacci髇 de las propuestas formuladas por las partes afectadas se contienen remisiones expresas a la regulaci髇 de esa materia contenida en la legislaci髇 estatal. A nuestro juicio, esas remisiones no comportan innovaci髇 alguna, pues este laudo no es instrumento h醔il para declarar que sea de aplicaci髇 lo regulado legalmente; m醩 a鷑, ese tipo de remisiones en ciertos momentos puede inducir a error, por lo que se estima que deben evitarse, salvo que sea imprescindible para sucesivamente completar lo establecido legalmente.

Sexto.- Un 鷏timo elemento que limita el car醕ter de arbitraje en equidad del presente laudo, es que el mismo ha de respetar el principio de congruencia. Quiere ello decir que, m醩 all� de lo que pueda estimar oportuno este 醨bitro, el mismo se ve imposibilitado de establecer un r間imen jur韉ico que implique m醩 de lo solicitado por una de las partes y menos de lo concedido por la otra parte.

S閜timo.- A partir de los condicionantes legales previamente apuntados, que fijan los l韒ites del contenido del laudo, este 醨bitro ha de resolver en equidad. Eso s�, con vistas a que su criterio no sea exclusivamente personal, debe indicarse que al efecto de buscar la soluci髇 m醩 razonable para el sector, se han tomado en consideraci髇 una serie de textos que, sin ser vinculantes para el mismo, se entiende que pod韆n constituir un elemento referencial 鷗il para poder decidir al respecto. Entre ellos, destacamos los siguientes: los contenidos de otros laudos dictados previamente en el presente proceso sustitutorio de las Ordenanzas Laborales, los textos de los Convenios Colectivos de Empresa vigentes en el sector, el contenido de la Ordenanza misma a la que se sustituye en la medida en que se considere que el paso del tiempo no ha provocado una p閞dida de adaptaci髇 a los importantes cambios producidos en nuestro sistema de relaciones laborales y en la modernizaci髇 de nuestras empresas a un r間imen de mayor competitividad y productividad.

Del mismo modo, aun cuando se ha tenido en cuenta el texto del preacuerdo entre las partes en procesos negociales precedentes, el mismo no puede constituir un referente obligado para este 醨bitro. No puede constituirlo tomando en consideraci髇 la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la ausencia de vinculabilidad de los acuerdos parciales alcanzados en el curso de la negociaci髇 colectiva, teniendo presente que lo admitido en el curso de esa negociaci髇 estaba siempre condicionado a la firma final del texto y, sobre todo, a que la naturaleza de este procedimiento arbitral es cualitativamente diversa de la verificada en un proceso negocial, concurriendo una soluci髇 de continuidad entre su fracaso y la resoluci髇 por v韆 arbitral.

ANEXO

Laudo arbitral para el sector de Marina Mercante

CAP蚑ULO I

Normas de Configuraci髇

CAP蚑ULO II

Estructura salarial

CAP蚑ULO III

Clasificaci髇 profesional

CAP蚑ULO IV

Promoci髇 profesional y econ髆ica

CAP蚑ULO V

R間imen disciplinario