Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea y, en particular, su art韈ulo 114,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) , De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) Los documentos elaborados por los organismos del sector p鷅lico de los Estados miembros constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la econom韆 del conocimiento.
• (2) La Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico (3) , establece un conjunto de normas m韓imas que regulan la reutilizaci髇 y los medios pr醕ticos de facilitar la reutilizaci髇 de los documentos existentes en poder de los organismos del sector p鷅lico de los Estados miembros.
• (3) Las pol韙icas de apertura de la informaci髇, que propician la disponibilidad y la reutilizaci髇 generalizadas de la informaci髇 del sector p鷅lico con fines privados o comerciales, con restricciones m韓imas o nulas de car醕ter jur韉ico, t閏nico o econ髆ico, y que favorecen la circulaci髇 de la informaci髇 no solo para los agentes econ髆icos, sino tambi閚 para el p鷅lico, pueden desempe馻r una funci髇 importante a la hora de impulsar el desarrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas de combinar y utilizar esa informaci髇, estimular el crecimiento econ髆ico y promover el compromiso social. No obstante, para ello es preciso garantizar, en lo que respecta a la oportunidad de autorizar o no la reutilizaci髇 de documentos, una igualdad de condiciones en toda la Uni髇 que no se puede conseguir si depende exclusivamente de las normas y pr醕ticas diferentes de los Estados miembros o de los organismos del sector p鷅lico interesados.
• (4) Autorizar la reutilizaci髇 de los documentos en poder de un organismo del sector p鷅lico les confiere valor a馻dido para los reutilizadores, para los usuarios finales y para la sociedad en general y, en muchos casos, para el propio organismo p鷅lico, ya que el fomento de la transparencia y la responsabilidad y las aportaciones de reutilizadores y usuarios finales permiten al organismo del sector p鷅lico de que se trate mejorar la calidad de la informaci髇 recopilada.
• (5) Desde la adopci髇 en 2003 del primer conjunto de normas sobre reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico, el volumen de datos, incluidos los p鷅licos, ha aumentado exponencialmente en todo el mundo, al tiempo que se est醤 generando y recopilando nuevos tipos de datos. Paralelamente, estamos asistiendo a una evoluci髇 permanente de las tecnolog韆s para el an醠isis, explotaci髇 y tratamiento de datos. Esta r醦ida evoluci髇 tecnol骻ica permite la creaci髇 de nuevos servicios y aplicaciones basados en el uso, la agregaci髇 o la combinaci髇 de datos. Las normas de 2003 est醤 desfasadas con respecto a estos r醦idos cambios y, como consecuencia de ello, pueden perderse las oportunidades econ髆icas y sociales que ofrece la reutilizaci髇 de los datos p鷅licos.
• (6) Al mismo tiempo, los Estados miembros han establecido pol韙icas de reutilizaci髇 en el marco de la Directiva 2003/98/CE y algunos de ellos han adoptado ambiciosos planteamientos en materia de apertura de la informaci髇 que superan el nivel m韓imo fijado en dicha Directiva con el fin de facilitar la reutilizaci髇 de los datos accesibles del sector p鷅lico a ciudadanos y empresas. Para evitar que distintas normas en diversos Estados miembros supongan un obst醕ulo para la oferta transfronteriza de productos y servicios, y garantizar que conjuntos de datos p鷅licos comparables puedan reutilizarse en aplicaciones paneuropeas basadas en ellos, es preciso un nivel m韓imo de armonizaci髇 para determinar los tipos de datos p鷅licos que est醤 disponibles para su reutilizaci髇 en el mercado interior de la informaci髇, de acuerdo con el r間imen de acceso pertinente.
• (7) La Directiva 2003/98/CE no incluye obligaci髇 alguna respecto del acceso a los documentos ni obliga a autorizar la reutilizaci髇 de documentos. Corresponde a los Estados miembros o al organismo del sector p鷅lico interesado decidir si procede o no autorizar la reutilizaci髇. Al mismo tiempo, la Directiva 2003/98/CE se basa en las normas nacionales que regulan el acceso a los documentos, por lo que no requiere la autorizaci髇 de la reutilizaci髇 de documentos cuando el acceso est� restringido (por ejemplo, las normas nacionales restringen el acceso a aquellos ciudadanos o empresas que demuestren un inter閟 particular en obtener acceso a los documentos) o excluido (por ejemplo, las normas nacionales excluyen el acceso debido al car醕ter sensible de los documentos, entre otros, por motivos de seguridad nacional, defensa o seguridad p鷅lica). Algunos Estados miembros han vinculado expresamente el derecho de reutilizaci髇 a ese derecho de acceso, por lo que, en general, todos los documentos de libre disposici髇 son reutilizables. En otros Estados miembros, el v韓culo entre los dos conjuntos de normas es menos claro, lo cual es fuente de inseguridad jur韉ica.
• (8) Por consiguiente, la Directiva 2003/98/CE debe modificarse para establecer la obligaci髇 inequ韛oca para los Estados miembros de autorizar la reutilizaci髇 de todos los documentos, salvo si el acceso est� restringido o excluido en virtud de normas nacionales sobre acceso a los documentos y sometido a las dem醩 excepciones establecidas en la presente Directiva. Las modificaciones llevadas a cabo por la presente Directiva no tienen por objeto la definici髇 o modificaci髇 de los reg韒enes de acceso en los Estados miembros, que siguen siendo responsabilidad de los mismos.
• (9) Habida cuenta del Derecho de la Uni髇 y de las obligaciones internacionales de los Estados miembros y de la Uni髇, en particular el Convenio de Berna para la protecci髇 de las obras literarias y art韘ticas (Convenio de Berna) y el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de terceros deben quedar excluidos del 醡bito de aplicaci髇 de la Directiva 2003/98/CE. En caso de que un tercero fuese el titular inicial de los derechos de propiedad intelectual de un documento en poder de una biblioteca (incluidas las universitarias), museo o archivo, y el per韔do de protecci髇 est� a鷑 vigente, a los efectos de la presente Directiva debe considerarse que sobre dicho documento existen derechos de propiedad intelectual por parte de terceros.
• (10) La Directiva 2003/98/CE debe aplicarse a los documentos cuyo suministro sea una actividad que incida en el 醡bito de la misi髇 de servicio p鷅lico de los organismos del sector p鷅lico implicados, definida con arreglo a la legislaci髇 o a otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro. En ausencia de tales normas, la misi髇 de servicio p鷅lico debe definirse de conformidad con la pr醕tica administrativa com鷑 del Estado miembro, siempre y cuando el 醡bito de las misiones de servicio p鷅lico sea transparente y se someta a revisi髇. La misi髇 de servicio p鷅lico puede definirse con car醕ter general o caso por caso para los diferentes organismos del sector p鷅lico.
• (11) La presente Directiva debe incorporarse al Derecho interno y aplicarse de forma que se cumplan plenamente los principios relativos a la protecci髇 de los datos personales, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci髇 de estos datos (4) . En particular, conviene se馻lar que, con arreglo a dicha Directiva, los Estados miembros deben determinar las condiciones en las que sea legal el tratamiento de datos personales. Adem醩, uno de los principios de dicha Directiva consiste en que los datos personales no deben ser tratados posteriormente a una recogida de un modo que sea incompatible con los objetivos determinados, expl韈itos y leg韙imos para los que dichos datos fueron recogidos.
• (12) La Directiva 2003/98/CE debe entenderse sin perjuicio de los derechos, incluidos los derechos econ髆icos y morales, que puedan asistir a los empleados de los organismos del sector p鷅lico en virtud de la normativa nacional.
• (13) Adem醩, cuando un documento se ponga a disposici髇 del p鷅lico para su reutilizaci髇, el organismo del sector p鷅lico interesado ha de conservar el derecho a explotar el documento.
• (14) El 醡bito de aplicaci髇 de la Directiva 2003/98/CE debe ampliarse a las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos.
• (15) Uno de los principales objetivos del establecimiento del mercado interior es la creaci髇 de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de servicios que abarquen toda la Uni髇. Las bibliotecas, los museos y los archivos contienen una considerable cantidad de valiosos recursos de informaci髇 del sector p鷅lico, dado en particular que los proyectos de digitalizaci髇 han multiplicado la cantidad de material digital de dominio p鷅lico. Estos fondos de patrimonio cultural y metadatos conexos constituyen una base potencial para productos y servicios de contenidos digitales y tienen un enorme potencial de reutilizaci髇 innovadora en sectores tales como el aprendizaje y el turismo. Unas posibilidades m醩 amplias de reutilizaci髇 del material cultural p鷅lico deben, entre otras cosas, permitir a las empresas de la Uni髇 aprovechar su potencial y contribuir al crecimiento econ髆ico y a la creaci髇 de empleo.
• (16) Existen considerables diferencias de un Estado miembro a otro en relaci髇 con las normas y pr醕ticas de explotaci髇 de los recursos culturales p鷅licos, que constituyen obst醕ulos al despliegue del potencial econ髆ico de dichos recursos. En la medida en que las bibliotecas, los museos y los archivos siguen invirtiendo en la digitalizaci髇, muchos ponen ya a disposici髇 su contenido de dominio p鷅lico para su reutilizaci髇, y muchos buscan activamente oportunidades de reutilizaci髇 de su contenido. Sin embargo, dado que operan en entornos normativos y culturales muy distintos, las pr醕ticas de las instituciones culturales a la hora de explotar los contenidos se han desarrollado de formas dispares.
• (17) Puesto que las diferencias entre las normas y pr醕ticas nacionales o la ausencia de claridad obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la informaci髇 en la Uni髇, debe llevarse a cabo una armonizaci髇 m韓ima de las normas y pr醕ticas nacionales en materia de reutilizaci髇 del material cultural p鷅lico de bibliotecas, museos y archivos.
• (18) La ampliaci髇 del 醡bito de aplicaci髇 de la Directiva 2003/98/CE debe limitarse a tres tipos de instituciones culturales —bibliotecas, incluidas las universitarias, museos y archivos—, porque sus fondos son, y ser醤 cada vez m醩, una valiosa materia prima para su reutilizaci髇 en numerosos productos, como las aplicaciones m髒iles. Otros tipos de instituciones culturales (como orquestas, 髉eras, ballets y teatros), incluidos los archivos que forman parte de las mismas, deben permanecer excluidas del 醡bito de aplicaci髇 debido a su especificidad respecto de las 玜rtes esc閚icas�. Dado que la pr醕tica totalidad de su material est� cubierto por derechos de propiedad intelectual de terceros, por lo que permanecer韆 excluido del 醡bito de aplicaci髇 de dicha Directiva, su inclusi髇 en dicho 醡bito de aplicaci髇 tendr韆 escasos efectos.
• (19) La digitalizaci髇 es un medio importante para garantizar un mayor acceso y reutilizaci髇 del material cultural con fines educativos, de trabajo o de ocio. Tambi閚 ofrece considerables oportunidades econ髆icas, permitiendo una integraci髇 m醩 f醕il del material cultural en los servicios y productos digitales, apoyando as� la creaci髇 de empleo y el crecimiento. Estos aspectos se subrayaron, entre otros, en la Resoluci髇 del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre 獷uropeana — los pr髕imos pasos� (5) , la Recomendaci髇 2011/711/UE de la Comisi髇, de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalizaci髇 y accesibilidad en l韓ea del material cultural y la conservaci髇 digital (6) y las correspondientes Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de 2012, sobre la digitalizaci髇 y acceso en l韓ea del material cultural y la conservaci髇 digital (7) . Estos documentos definen el camino que ha de seguirse para abordar los aspectos legales, econ髆icos y organizativos de la digitalizaci髇 del patrimonio cultural de Europa y su puesta en l韓ea.
• (20) Para facilitar la reutilizaci髇, los organismos del sector p鷅lico deben poner, siempre que sea posible y apropiado, los documentos a disposici髇 del p鷅lico mediante formatos abiertos y legibles por m醧uina junto con sus metadatos, con los niveles m醩 elevados de precisi髇 y granularidad, en un formato que garantice su interoperabilidad; por ejemplo, proces醤dolos de forma coherente con los principios que rigen los requisitos de facilidad de utilizaci髇 y compatibilidad de la informaci髇 espacial en virtud de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de informaci髇 espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (8) .
• (21) Debe considerarse que un documento se presenta en formato legible por m醧uina si tiene un formato de archivo estructurado de tal forma que permite a las aplicaciones inform醫icas identificar, reconocer y extraer con facilidad los datos espec韋icos que contiene. Los datos codificados en archivos estructurados en un formato legible por m醧uina son datos legibles por m醧uina. Los formatos legibles por m醧uina pueden ser abiertos o propietarios; pueden ser normas formales o no serlo. Los documentos codificados en un formato de archivo que limita este procesamiento autom醫ico, por el hecho de que los datos no pueden extraerse o no pueden extraerse f醕ilmente de ellos, no deben considerarse documentos en un formato legible por m醧uina. Cuando proceda, los Estados miembros deben fomentar el uso de formatos abiertos y legibles por m醧uina.
• (22) Cuando los organismos del sector p鷅lico apliquen una tarifa por la reutilizaci髇 de documentos, dicha tarifa debe limitarse en principio a los costes marginales. No obstante, debe tomarse en consideraci髇 muy especialmente la necesidad de no entorpecer el funcionamiento normal de los organismos del sector p鷅lico a los que se exige generar ingresos para cubrir una parte considerable de sus gastos derivados de la realizaci髇 de sus misiones de servicio p鷅lico o de los gastos relativos a la recogida, producci髇, reproducci髇, y difusi髇 de determinados documentos puestos a disposici髇 para su reutilizaci髇. En tales casos, los organismos del sector p鷅lico deben poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales. Dichas tarifas superiores a los costes marginales deben establecerse de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilizaci髇 de documentos no deben superar el coste de recogida, producci髇, reproducci髇 y difusi髇, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversi髇. El requisito de generar ingresos para cubrir una parte considerable de los gastos de los organismos del sector p鷅lico derivados de la realizaci髇 de sus misiones de servicio p鷅lico o de los gastos relativos a la recogida, producci髇, reproducci髇, y difusi髇 de determinados documentos no ha de estar incluido en la legislaci髇 y puede derivarse, por ejemplo, de las pr醕ticas administrativas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben revisar peri骴icamente dicho requisito.
• (23) Las bibliotecas, los museos y los archivos tambi閚 deben poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales con objeto de no entorpecer su funcionamiento normal. En el caso de esos organismos del sector p鷅lico, los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilizaci髇 de documentos durante el ejercicio contable apropiado no han de superar el coste de recogida, producci髇, reproducci髇, difusi髇, conservaci髇 y compensaci髇 de derechos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversi髇. Por lo que respecta a las bibliotecas, los museos y los archivos, y atendiendo a sus particularidades, los precios aplicados por el sector privado para la reutilizaci髇 de documentos id閚ticos o similares pueden tenerse en cuenta al calcular el beneficio razonable de la inversi髇.
• (24) Los l韒ites superiores para las tarifas establecidos en la presente Directiva se entienden sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de aplicar tarifas inferiores o no aplicarlas en absoluto.
• (25) Los Estados miembros deben establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. A este respecto, los Estados miembros pueden, por ejemplo, establecer tales criterios en normas nacionales o designar al organismo u organismos apropiados, distintos del propio organismo del sector p鷅lico de que se trate, con competencia para establecer dichos criterios. La organizaci髇 de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jur韉icos de los Estados miembros. Puede tratarse de un organismo existente con competencias de ejecuci髇 presupuestaria y bajo una responsabilidad pol韙ica.
• (26) En relaci髇 con cualquier tipo de reutilizaci髇 de un documento, es conveniente que los organismos del sector p鷅lico puedan, en su caso mediante licencia, imponer condiciones como el reconocimiento de la fuente y el reconocimiento de si el documento ha sido modificado de alguna manera por el reutilizador. En cualquier caso, las licencias para la reutilizaci髇 de informaci髇 del sector p鷅lico deben plantear las m韓imas restricciones posibles sobre la reutilizaci髇, limit醤dolas, por ejemplo, a una indicaci髇 de la fuente. Las licencias abiertas en l韓ea, que otorgan derechos de reutilizaci髇 m醩 amplios sin limitaciones tecnol骻icas, econ髆icas o geogr醘icas y se basan en formatos de datos abiertos, deben desempe馻r tambi閚 una importante funci髇 en este aspecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben fomentar el uso de licencias abiertas, que, en su momento, debe pasar a ser pr醕tica com鷑 en toda la Uni髇.
• (27) La Comisi髇 ha respaldado el desarrollo de un cuadro de indicadores para la informaci髇 del sector p鷅lico en l韓ea con indicadores de resultados pertinentes para la reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico en todos los Estados miembros. La actualizaci髇 peri骴ica de dicho cuadro de indicadores contribuir� al intercambio de informaci髇 entre Estados miembros y a la disponibilidad de informaci髇 sobre pol韙icas y pr醕ticas en toda la Uni髇.
• (28) Las v韆s de recurso deben incluir la posibilidad de revisi髇 por un 髍gano de revisi髇 imparcial. Dicho 髍gano puede ser una autoridad nacional ya existente, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional. La organizaci髇 de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jur韉icos de los Estados miembros y dicho organismo no debe prejuzgar ninguna v韆 de recurso disponible de otra forma para los solicitantes de reutilizaci髇. Sin embargo, debe ser distinto del mecanismo del Estado miembro encargado de establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. Las v韆s de recurso deben incluir la posibilidad de revisi髇 de las decisiones negativas, pero tambi閚 de aquellas decisiones que, aunque permitan la reutilizaci髇, puedan tambi閚 afectar a los solicitantes por otros motivos, en particular por lo que se refiere a las normas de tarifaci髇 aplicadas. El proceso de revisi髇 debe ser r醦ido, de conformidad con las necesidades de un mercado en r醦ida evoluci髇.
• (29) Las normas de competencia deben respetarse al establecer los principios para la reutilizaci髇 de documentos, evitando en la medida de lo posible acuerdos exclusivos entre los organismos del sector p鷅lico y los socios privados. No obstante, con vistas a la prestaci髇 de un servicio de inter閟 p鷅lico, a veces puede resultar necesario conceder un derecho exclusivo a la reutilizaci髇 de determinados documentos del sector p鷅lico. Esto puede ocurrir, entre otros casos, si ning鷑 editor comercial est� dispuesto a publicar la informaci髇 de no conced閞sele derechos exclusivos. A fin de tener en cuenta esta cuesti髇, la Directiva 2003/98/CE autoriza, a condici髇 de que se proceda a una revisi髇 peri骴ica, los acuerdos exclusivos cuando sea necesario un derecho exclusivo en el marco de la prestaci髇 de un servicio de inter閟 p鷅lico.
• (30) A ra韟 de la ampliaci髇 del 醡bito de aplicaci髇 de la Directiva 2003/98/CE a bibliotecas, incluidas las universitarias, museos y archivos, conviene atender a las actuales divergencias de los Estados miembros en cuanto a la digitalizaci髇 de los recursos culturales, que no pueden tenerse en cuenta de forma efectiva con las normas actuales de dicha Directiva en materia de acuerdos exclusivos. Existen numerosos acuerdos de cooperaci髇 entre bibliotecas, incluidas las universitarias, museos, archivos y socios privados que implican la digitalizaci髇 de recursos culturales y por los que se otorgan derechos exclusivos a socios privados. La experiencia ha demostrado que tales asociaciones p鷅lico-privadas pueden facilitar una utilizaci髇 adecuada de los fondos culturales y aceleran al mismo tiempo el acceso de los ciudadanos al patrimonio cultural.
• (31) Cuando exista un derecho exclusivo relacionado con la digitalizaci髇 de los recursos culturales, es posible que se requiera un per韔do de exclusividad para dar al socio privado la posibilidad de amortizar su inversi髇. Dicho per韔do debe tener un l韒ite temporal lo m醩 corto posible con el fin de respetar el principio seg鷑 el cual el material de dominio p鷅lico debe permanecer en el dominio p鷅lico tras su digitalizaci髇. El per韔do de vigencia de un derecho exclusivo para la digitalizaci髇 de recursos culturales no debe ser superior, por regla general, a diez a駉s. Los per韔dos de vigencia del derecho exclusivo superior a diez a駉s, deben estar sometidos a revisi髇, teniendo en cuenta los cambios tecnol骻icos, econ髆icos y administrativos que se produzcan en el entorno desde la celebraci髇 del acuerdo. Adem醩, toda asociaci髇 p鷅lico-privada para la digitalizaci髇 de recursos culturales debe otorgar a la instituci髇 cultural socia plenos derechos respecto de la utilizaci髇 de recursos culturales digitalizados posterior a la terminaci髇 del acuerdo.
• (32) A fin de tener debidamente en cuenta los contratos y dem醩 acuerdos que otorguen derechos exclusivos y hayan sido celebrados antes de la entrada en vigor de la presente Directiva, deben establecerse medidas transitorias adecuadas para proteger los intereses de las partes afectadas en caso de que no puedan aplicarse a sus derechos exclusivos las excepciones autorizadas con arreglo a la presente Directiva. Dichas medidas transitorias deben permitir que los derechos exclusivos de las partes sigan existiendo hasta la expiraci髇 del contrato o, en el caso de los contratos de duraci髇 indeterminada o de muy larga duraci髇, que sigan existiendo durante un per韔do lo suficientemente largo para que las partes puedan adoptar las medidas oportunas. Dichas medidas transitorias no deben aplicarse a los contratos u otros acuerdos celebrados tras la entrada en vigor de la presente Directiva pero antes de la aplicaci髇 de las medidas nacionales de transposici髇 de la presente Directiva, a fin de evitar situaciones en las que se celebren contratos u otros acuerdos de larga duraci髇 que no se ajusten a la presente Directiva para eludir las medidas nacionales de transposici髇 que deber醤 adoptarse en el futuro. Por lo tanto, los contratos y dem醩 acuerdos celebrados despu閟 de la entrada en vigor de la presente Directiva pero antes de la fecha de aplicaci髇 de las medidas nacionales de transposici髇, deben cumplir lo dispuesto en la presente Directiva a partir de la fecha de aplicaci髇 de las medidas nacionales de transposici髇 de la presente Directiva.
• (33) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, facilitar la creaci髇 de productos y servicios de informaci髇 basados en documentos del sector p鷅lico que cubran la totalidad de la Uni髇, garantizar la eficacia del uso transfronterizo de documentos del sector p鷅lico por las empresas privadas, de una parte, en particular por las peque馻s y medianas empresas, para que ofrezcan productos y servicios de informaci髇 de valor a馻dido y por los ciudadanos, de otra parte, para facilitar la libre circulaci髇 de la informaci髇 y la comunicaci髇, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensi髇 paneuropea de la acci髇 propuesta, pueden lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
• (34) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea, incluidos la protecci髇 de los datos de car醕ter personal (art韈ulo 8) y el derecho a la propiedad (art韈ulo 17). Nada de lo contenido en la presente Directiva debe interpretarse o aplicarse en un sentido que no sea acorde con el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
• (35) Es necesario velar por que los Estados miembros informen a la Comisi髇 acerca de la amplitud de la reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico, de las condiciones que rigen su disponibilidad y de las pr醕ticas en materia de recurso.
• (36) Es conveniente que la Comisi髇 ayude a los Estados miembros a aplicar la presente Directiva de forma coherente formulando directrices, especialmente en lo que respecta a las licencias normalizadas recomendadas, los conjuntos de datos y el cobro por la reutilizaci髇 de los documentos, previa consulta de las partes interesadas.
• (37) Procede por tanto modificar la Directiva 2003/98/CE en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: