• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• Art韈ulo 鷑ico 燤odificaci髇 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera 燫間imen presupuestario
  • Disposici髇 adicional segunda 燫間imen espec韋ico para el personal de la F醔rica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera 燤odificaci髇 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre t閏nicas de reproducci髇 humana asistida
  • Disposici髇 final segunda 燤odificaci髇 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci髇 y sostenibilidad de la Administraci髇 Local
  • Disposici髇 final tercera 燤odificaci髇 de la regulaci髇 del destino del efectivo y los saldos en cuentas y dep髎itos abandonados
  • Disposici髇 final cuarta 燭韙ulo competencial
  • Disposici髇 final quinta 營ncorporaci髇 del derecho de la Uni髇 Europea
  • Disposici髇 final sexta 燚esarrollo reglamentario
  • Disposici髇 final s閜tima 燛ntrada en vigor

Art韈ulo 鷑ico Modificaci髇 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico

La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico, queda modificada como sigue:

• Uno. Se modifica el art韈ulo 3, que queda redactado de la siguiente forma:

  獳rt韈ulo 3 羗bito objetivo de aplicaci髇

  1. Se entiende por reutilizaci髇 el uso de documentos que obran en poder de las Administraciones y organismos del sector p鷅lico, por personas f韘icas o jur韉icas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa p鷅lica. Queda excluido de este concepto el intercambio de documentos entre Administraciones y organismos del sector p鷅lico en el ejercicio de las funciones p鷅licas que tengan atribuidas.

  2. La presente Ley se aplicar� a los documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del sector p鷅lico, cuya reutilizaci髇 no est� expresamente limitada por 閟tos.

  3. La presente Ley no ser� aplicable a los siguientes documentos que obren en las Administraciones y organismos del sector p鷅lico previstos en el art韈ulo 2:

  • a) Los documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en el derecho de acceso en virtud de lo previsto en el art韈ulo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno y las dem醩 normas que regulan el derecho de acceso o la publicidad registral con car醕ter espec韋ico.
  • b) De conformidad con su legislaci髇 espec韋ica, los documentos que afecten a la defensa nacional, la seguridad del Estado, la protecci髇 de la seguridad p鷅lica, as� como los obtenidos por la Administraci髇 Tributaria y la Administraci髇 de la Seguridad Social en el desempe駉 de sus funciones, los sometidos al secreto estad韘tico, a la confidencialidad comercial, tales como secretos comerciales, profesionales o empresariales y, en general, los documentos relacionados con actuaciones sometidas por una norma al deber de reserva, secreto o confidencialidad.
  • c) Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o inter閟 leg韙imo.
  • d) Los documentos que obran en las Administraciones y organismos del sector p鷅lico para finalidades ajenas a las funciones de servicio p鷅lico, de acuerdo con la legislaci髇 aplicable y en particular, con la normativa de creaci髇 del servicio p鷅lico de que se trate.
  • e) Los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros.
    
    No obstante, la presente Ley no afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector p鷅lico ni a su posesi髇 por 閟tos, ni restringe el ejercicio de esos derechos fuera de los l韒ites establecidos por la presente Ley. El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector p鷅lico deber� realizarse de forma que se facilite su reutilizaci髇.
    
    Lo previsto en el p醨rafo anterior ser� de aplicaci髇, asimismo, a los documentos respecto de los que las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos sean titulares originarios de los derechos de propiedad intelectual como creadores de la misma conforme a lo establecido en la legislaci髇 de propiedad intelectual, as� como cuando sean titulares porque se les haya transmitido la titularidad de los derechos sobre dicha obra seg鷑 lo dispuesto en la citada legislaci髇, debiendo en este caso respetar lo establecido en los t閞minos de la cesi髇.
  • f) Los documentos conservados por las entidades que gestionen los servicios esenciales de radiodifusi髇 sonora y televisiva y sus filiales.
  • g) Los documentos producidos o conservados por instituciones educativas y de investigaci髇 (incluidas las organizaciones para la transferencia de los resultados de la investigaci髇, centros escolares y universidades, exceptuando las bibliotecas universitarias) as� como los museos y archivos estatales como agentes de ejecuci髇 del Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇 siempre que sean resultado de una investigaci髇.
  • h) Los documentos producidos o conservados por instituciones culturales que no sean bibliotecas, incluidas las universitarias, museos y archivos.
  • i) Las partes de documentos que solo incluyan logotipos, divisas e insignias.
  • j) Los documentos a los que no pueda accederse o cuyo acceso est� limitado en virtud de reg韒enes de acceso por motivos de protecci髇 de los datos personales, de conformidad con la normativa vigente y las partes de documentos accesibles en virtud de dichos reg韒enes que contengan datos personales cuya reutilizaci髇 se haya definido por ley como incompatible con la legislaci髇 relativa a la protecci髇 de las personas f韘icas con respecto al tratamiento de los datos personales.
  • k) Los documentos elaborados por entidades del sector p鷅lico empresarial y fundacional en el ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y los de car醕ter comercial, industrial o mercantil elaborado en ejecuci髇 del objeto social previsto en sus Estatutos.
  • l) Los estudios realizados por entidades del sector p鷅lico en colaboraci髇 con el sector privado, mediante convenios o cualquier otro tipo de instrumento, como f髍mula de financiaci髇 de los mismos.

  4. En ning鷑 caso, podr� ser objeto de reutilizaci髇, la informaci髇 en que la ponderaci髇 a la que se refieren los art韈ulos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno, arroje como resultado la prevalencia del derecho fundamental a la protecci髇 de datos de car醕ter personal, a menos que se produzca la disociaci髇 de los datos a la que se refiere el art韈ulo 15.4 de la citada Ley.�

  
• Dos. Se modifica el art韈ulo 4 que queda redactado del siguiente modo:

  獳rt韈ulo 4 R間imen administrativo de la reutilizaci髇

  1. Los documentos de las Administraciones y organismos del sector p鷅lico ser醤 reutilizables en los t閞minos previstos en esta Ley.

  2. Las Administraciones P鷅licas y organismos del sector p鷅lico velar醤 porque los documentos a los que se aplica esta normativa puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con alguna o algunas de las siguientes modalidades:

  • a) Reutilizaci髇 de documentos puestos a disposici髇 del p鷅lico sin sujeci髇 a condiciones.
  • b) Reutilizaci髇 de documentos puestos a disposici髇 del p鷅lico con sujeci髇 a condiciones establecidas en licencias-tipo.
  • c) Reutilizaci髇 de documentos previa solicitud, conforme al procedimiento previsto en el art韈ulo 10 o, en su caso, en la normativa auton髆ica, pudiendo incorporar en estos supuestos condiciones establecidas en una licencia.
  • d) Acuerdos exclusivos conforme el procedimiento previsto en el art韈ulo 6.

  3. Las condiciones incorporadas en las licencias habr醤 de respetar los siguientes criterios:

  • a) Deber醤 ser claras, justas y transparentes.
  • b) No deber醤 restringir las posibilidades de reutilizaci髇 ni limitar la competencia.
  • c) No deber醤 ser discriminatorias para categor韆s comparables de reutilizaci髇.

  4. Las Administraciones y organismos del sector p鷅lico podr醤 facilitar licencias-tipo para la reutilizaci髇 de documentos, las cuales deber醤 estar disponibles en formato digital y ser procesables electr髇icamente.

  5. Las Administraciones y organismos del sector p鷅lico crear醤 sistemas de gesti髇 documental que permitan a los ciudadanos la adecuada recuperaci髇 de la informaci髇, disponibles en l韓ea y que enlacen con los sistemas de gesti髇 puestos a disposici髇 de los ciudadanos por otras Administraciones. Asimismo, facilitar醤 herramientas inform醫icas que permitan la b鷖queda de los documentos disponibles para su reutilizaci髇, con los metadatos pertinentes de conformidad con lo establecido en las normas t閏nicas de interoperabilidad, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en l韓ea y en formato legible por m醧uina.

  En particular, la Administraci髇 General del Estado mantendr� un cat醠ogo de informaci髇 p鷅lica reutilizable, correspondiente al menos al 醡bito de la Administraci髇 General del Estado y a sus organismos p鷅licos vinculados o dependientes.

  En la medida de lo posible, se facilitar� la b鷖queda multiling黣 de los documentos.

  6. La reutilizaci髇 de documentos que contengan datos de car醕ter personal se regir� por lo dispuesto en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

  7. La utilizaci髇 de los conjuntos de datos se realizar� por parte de los usuarios o agentes de la reutilizaci髇 bajo su responsabilidad y riesgo, correspondi閚doles en exclusiva a ellos responder frente a terceros por da駉s que pudieran derivarse de ella.

  Las Administraciones y organismos p鷅licos no ser醤 responsables del uso que de su informaci髇 hagan los agentes reutilizadores ni tampoco de los da駉s sufridos o p閞didas econ髆icas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios econ髆icos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de la informaci髇 reutilizada.

  8. La puesta a disposici髇 de un documento por un organismo del sector p鷅lico para su reutilizaci髇 no supone renuncia al derecho a su explotaci髇, ni es impedimento para la modificaci髇 de los datos que en el mismo consten como consecuencia del ejercicio de funciones o competencias de dicho organismo.

  9. Igualmente, no se podr� indicar, de ning鷑 modo, que los 髍ganos administrativos, organismos y entidades del sector p鷅lico estatal titulares de la informaci髇 reutilizada participan, patrocinan o apoyan la reutilizaci髇 que se lleve a cabo de ella.�

  
• Tres. Se modifica el art韈ulo 5, con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 5 Formatos disponibles para la reutilizaci髇

  1. Las Administraciones y organismos del sector p鷅lico promover醤 que la puesta a disposici髇 de los documentos para su reutilizaci髇 as� como la tramitaci髇 de solicitudes de reutilizaci髇 se realice por medios electr髇icos y mediante plataforma multicanal cuando ello sea compatible con los medios t閏nicos de que disponen.

  2. Las Administraciones y organismos del sector p鷅lico facilitar醤 sus documentos en cualquier formato o lengua preexistente, pero tambi閚 procurar醤, siempre que ello sea posible y apropiado, proporcionarlos en formato abierto y legible por m醧uina conforme a lo previsto en el apartado anterior y conjuntamente con sus metadatos, con los niveles m醩 elevados de precisi髇 y desagregaci髇. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir est醤dares y normas formales abiertas. Esto no implicar� que las Administraciones y organismos del sector p鷅lico est閚 obligados a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo m醩 que una simple manipulaci髇.

  3. Con arreglo a la presente Ley, no podr� exigirse a las Administraciones y organismos del sector p鷅lico que mantengan la producci髇 y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilizaci髇.

  4. Sin perjuicio de las definiciones establecidas en el Anexo, la puesta a disposici髇 de los documentos para su reutilizaci髇 por medios electr髇icos por parte de las Administraciones y organismos del sector p鷅lico debe realizarse en los t閞minos establecidos por las normas reguladoras de la Administraci髇 electr髇ica, la interoperabilidad y los datos abiertos.

  5. Con arreglo a lo establecido en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi髇 social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, los medios electr髇icos de puesta a disposici髇 de los documentos a que se refiere el apartado 1 de este art韈ulo ser醤 accesibles a las personas con discapacidad, de acuerdo con las normas t閏nicas existentes en la materia.

  Asimismo, las Administraciones y organismos del sector p鷅lico adoptar醤, en lo posible, las medidas adecuadas para facilitar que aquellos documentos destinados a personas con discapacidad est閚 disponibles en formatos que tengan en cuenta las posibilidades de reutilizaci髇 por parte de dichas personas.

  No regir� esta obligaci髇 en los supuestos en los que dicha adecuaci髇 no constituya un ajuste razonable, entendi閚dose por tal lo dispuesto en el art韈ulo 7 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi髇 social.�

  
• Cuatro. Se modifica el art韈ulo 6 que queda redactado del siguiente modo:

  獳rt韈ulo 6 Prohibici髇 de derechos exclusivos

  1. La reutilizaci髇 de documentos estar� abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o m醩 de los agentes exploten ya productos con valor a馻dido basados en estos documentos.

  Los contratos o acuerdos de otro tipo entre los organismos del sector p鷅lico que conserven los documentos y los terceros no otorgar醤 derechos exclusivos.

  2. Solo ser� admisible la suscripci髇 de acuerdos exclusivos que corresponda a los organismos del sector p鷅lico a favor de terceros cuando tales derechos exclusivos sean necesarios para la prestaci髇 de un servicio de inter閟 p鷅lico. En tal caso, la Administraci髇 o el organismo del sector p鷅lico correspondiente quedar醤 obligados a la realizaci髇 de una revisi髇 peri骴ica, y en todo caso, cada tres a駉s, con el fin de determinar si permanece la causa que justific� la concesi髇 del mencionado derecho exclusivo. Estos acuerdos exclusivos deber醤 ser transparentes y p鷅licos.

  3. Excepcionalmente, cuando exista un acuerdo exclusivo relacionado con la digitalizaci髇 de los recursos culturales, el per韔do de exclusividad no ser� superior, por regla general, a diez a駉s. En el caso de que lo sea, su duraci髇 se revisar� durante el und閏imo a駉 y, si procede, cada siete a駉s a partir de entonces. Tales acuerdos deben ser tambi閚 transparentes y se pondr醤 en conocimiento del p鷅lico.

  Cuando exista un acuerdo exclusivo en el sentido establecido en el p醨rafo anterior deber� facilitarse gratuitamente a la Administraci髇 u organismo del sector p鷅lico en cuesti髇, como parte de dichos acuerdos, una copia de los recursos culturales digitalizados de la misma calidad y caracter韘ticas t閏nicas del original, tales como formato, resoluci髇, gama de colores, etc., con sus metadatos y requisitos t閏nicos de digitalizaci髇 establecidos en la normas nacionales e internacionales pertinentes. Esa copia estar� disponible para su reutilizaci髇 una vez finalizado el per韔do de exclusividad.�

  
• Cinco. Se modifica el art韈ulo 7, con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 7 Tarifas

  1. Podr� aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su reutilizaci髇 en las condiciones previstas en la normativa estatal vigente o, en su caso, en la normativa que resulte de aplicaci髇 en el 醡bito auton髆ico o local, limit醤dose la misma a los costes marginales en que se incurra para su reproducci髇, puesta a disposici髇 y difusi髇. En el caso de las publicaciones oficiales electr髇icas con precio de venta al p鷅lico, se aplicar�, al menos, el mismo precio privado de la Administraci髇 establecido como precio de venta.

  2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicar� a:

  • a) Los organismos del sector p鷅lico a los que se exija generar ingresos para cubrir una parte sustancial de sus costes relativos a la realizaci髇 de sus misiones de servicio p鷅lico.
  • b) A t韙ulo de excepci髇, los documentos para los cuales se exija a los organismos del sector p鷅lico en cuesti髇 que generen ingresos suficientes para cubrir una parte sustancial de los costes de recogida, producci髇, reproducci髇 y difusi髇 de documentos. Estos requisitos se fijar醤 de antemano y se publicar醤 por medios electr髇icos siempre que sea posible y apropiado.
  • c) Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos.

  3. En los casos a los que se hace referencia en el apartado 2, letras a) y b), los organismos del sector p鷅lico en cuesti髇, calcular醤 el precio total conforme a criterios objetivos, transparentes y comprobables, que ser醤 fijados mediante la normativa que corresponda. Los ingresos totales de estos organismos obtenidos por suministrar documentos y autorizar su reutilizaci髇 durante el ejercicio contable apropiado no superar醤 el coste de recogida, producci髇, reproducci髇 y difusi髇, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversi髇. La tarifa se calcular� conforme a los principios contables aplicables a los organismos del sector p鷅lico correspondientes, y de acuerdo con la normativa aplicable.

  4. Cuando sean los organismos del sector p鷅lico mencionados en el apartado 2, letra c), los que apliquen tarifas, los ingresos totales obtenidos por suministrar y autorizar la reutilizaci髇 de documentos durante el ejercicio contable apropiado no superar醤 el coste de recogida, producci髇, reproducci髇, difusi髇, conservaci髇 y compensaci髇 de derechos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversi髇. A los efectos de calcular dicho margen, estos organismos podr醤 tener en cuenta los precios aplicados por el sector privado por la reutilizaci髇 de documentos id閚ticos o similares. Las tarifas se calcular醤 conforme a los principios contables aplicables a los organismos del sector p鷅lico correspondientes y de acuerdo con la normativa aplicable.

  5. Se podr醤 aplicar tarifas diferenciadas seg鷑 se trate de reutilizaci髇 con fines comerciales o no comerciales.

  6. Las Administraciones y organismos del sector p鷅lico publicar醤 por medios electr髇icos, siempre que sea posible y apropiado, las tarifas fijadas para la reutilizaci髇 de documentos que est閚 en poder de organismos del sector p鷅lico, as� como las condiciones aplicables y el importe real de los mismos, incluida la base de c醠culo utilizada.

  En el resto de los casos en que se aplique una tarifa, el organismo del sector p鷅lico de que se trate indicar� por adelantado qu� factores se tendr醤 en cuenta para el c醠culo de la misma. Cuando se solicite, dicho organismo tambi閚 indicar� c髆o se han calculado esa tarifa en relaci髇 con la solicitud de reutilizaci髇 concreta.

  No obstante, lo dispuesto en el p醨rafo anterior podr� no ser de aplicaci髇 en el caso de las bibliotecas (incluidas las universitarias) museos y archivos, a la hora de fijar sus tarifas.

  7. Cuando las tarifas a exigir tengan la naturaleza de tasa, su establecimiento y la regulaci髇 de sus elementos esenciales se ajustar醤 a lo previsto en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios P鷅licos, y dem醩 normativa tributaria.�

  
• Seis. El art韈ulo 8 queda redactado del siguiente modo:

  獳rt韈ulo 8 Condiciones de reutilizaci髇

  La reutilizaci髇 de la informaci髇 de las Administraciones y de los organismos del sector p鷅lico a los que se refiere el art韈ulo 2 de la presente Ley podr� estar sometida, entre otras, a las siguientes condiciones generales:

  • a) Que el contenido de la informaci髇, incluyendo sus metadatos, no sea alterado.
  • b) Que no se desnaturalice el sentido de la informaci髇.
  • c) Que se cite la fuente.
  • d) Que se mencione la fecha de la 鷏tima actualizaci髇.
  • e) Cuando la informaci髇 contenga datos de car醕ter personal, la finalidad o finalidades concretas para las que es posible la reutilizaci髇 futura de los datos.
  • f) Cuando la informaci髇, a鷑 siendo facilitada de forma disociada, contuviera elementos suficientes que pudieran permitir la identificaci髇 de los interesados en el proceso de reutilizaci髇, la prohibici髇 de revertir el procedimiento de disociaci髇 mediante la adici髇 de nuevos datos obtenidos de otras fuentes.�
  
• Siete. El art韈ulo 9 queda redactado del siguiente modo:

  獳rt韈ulo 9 Licencias

  1. Las Administraciones y organismos del sector p鷅lico incluidos dentro del 醡bito de aplicaci髇 de esta Ley, fomentar醤 el uso de licencias abiertas con las m韓imas restricciones posibles sobre la reutilizaci髇 de la informaci髇.

  2. En los casos en los que se otorgue una licencia, 閟ta deber� reflejar, al menos, la informaci髇 relativa a la finalidad concreta para la que se concede la reutilizaci髇, indicando igualmente si la misma podr� ser comercial o no comercial, para la que se concede la reutilizaci髇, la duraci髇 de la licencia, las obligaciones del beneficiario y del organismo concedente, las responsabilidades de uso y modalidades financieras, indic醤dose el car醕ter gratuito o, en su caso, la tarifa aplicable.�

  
• Ocho. Se modifica el art韈ulo 10, quedando redactado del siguiente modo:

  獳rt韈ulo 10 Procedimiento de tramitaci髇 de solicitudes de reutilizaci髇

  1. Las solicitudes de reutilizaci髇 de documentos administrativos deber醤 dirigirse al 髍gano competente, entendiendo por tal aquel en cuyo poder obren los documentos cuya reutilizaci髇 se solicita. Las solicitudes se presentar醤 por aquellas personas f韘icas o jur韉icas que pretendan reutilizar los documentos de conformidad con lo previsto en esta Ley.

  No obstante, cuando el 髍gano al que se ha dirigido la solicitud no posea la informaci髇 requerida pero tenga conocimiento de la Administraci髇 u organismo que la posee, le remitir� a la mayor brevedad posible la solicitud dando cuenta de ello al solicitante.

  Cuando ello no sea posible, informar� directamente al solicitante sobre la Administraci髇 u organismo del sector p鷅lico al que, seg鷑 su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha informaci髇.

  2. La solicitud deber� reflejar el contenido previsto en el art韈ulo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, identificando el documento o documentos susceptibles de reutilizaci髇 y especificando los fines, comerciales o no comerciales, de la reutilizaci髇. No obstante, cuando una solicitud est� formulada de manera imprecisa, el 髍gano competente pedir� al solicitante que la concrete y le indicar� expresamente que si as� no lo hiciera se le tendr� por desistido de su solicitud, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El solicitante deber� concretar su petici髇 en el plazo de diez d韆s a contar desde el d韆 siguiente al de la recepci髇 de dicho requerimiento. A estos efectos, el 髍gano competente asistir� al solicitante para delimitar el contenido de la informaci髇 solicitada.

  El c髆puto del plazo para resolver la solicitud de informaci髇 se entender� suspendido por el tiempo que medie entre la notificaci髇 del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido, inform醤dose al solicitante de la suspensi髇 del plazo para resolver.

  3. El 髍gano competente resolver� las solicitudes de reutilizaci髇 en el plazo m醲imo de veinte d韆s desde la recepci髇 de la solicitud en el registro del 髍gano competente para su tramitaci髇, con car醕ter general. Cuando por el volumen y la complejidad de la informaci髇 solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo se podr� ampliar el plazo de resoluci髇 en otros veinte d韆s. En este caso deber� informarse al solicitante, en el plazo m醲imo de diez d韆s, de toda ampliaci髇 del plazo, as� como de las razones que lo justifican.

  4. Las resoluciones que tengan car醕ter estimatorio podr醤 autorizar la reutilizaci髇 de los documentos sin condiciones o bien supondr醤 el otorgamiento de la oportuna licencia para su reutilizaci髇 en las condiciones pertinentes impuestas a trav閟 de la misma. En todo caso la resoluci髇 estimatoria supondr� la puesta a disposici髇 del documento en el mismo plazo previsto en el apartado anterior para resolver.

  5. Si la resoluci髇 denegara total o parcialmente la reutilizaci髇 solicitada, se notificar� al solicitante, comunic醤dole los motivos de dicha negativa en los plazos mencionados en el apartado 3, motivos que habr醤 de estar fundados en alguna de las disposiciones de esta Ley o en el ordenamiento jur韉ico vigente.

  6. En caso de que la resoluci髇 desestimatoria est� fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros, el 髍gano competente deber� incluir una referencia a la persona f韘ica o jur韉ica titular de los derechos cuando 閟ta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo haya obtenido los documentos. Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos no estar醤 obligadas a incluir tal referencia.

  7. En todo caso, las resoluciones adoptadas deber醤 contener una referencia a las v韆s de recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

  8. Si en el plazo m醲imo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resoluci髇 expresa, el solicitante podr� entender desestimada su solicitud.�

  
• Nueve. Se introduce una disposici髇 adicional tercera con la siguiente redacci髇:

  獶isposici髇 adicional tercera Obligaci髇 de Informaci髇 a la Comisi髇 Europea

  1. El Gobierno presentar� cada 3 a駉s a la Comisi髇 Europea un informe sobre la disponibilidad de la informaci髇 del sector p鷅lico para la reutilizaci髇, indicando en el mismo, las condiciones que rigen su disponibilidad y las pr醕ticas en materia de recurso. Dicho informe ser� p鷅lico e incluir� una revisi髇 de la aplicaci髇 del art韈ulo 7 relativo a las tarifas, en particular en lo que respecta al c醠culo de tarifas superiores a los costes marginales.

  2. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, ser醤 objeto de desarrollo reglamentario, los aspectos relativos a la coordinaci髇 entre la Administraci髇 General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Aut髇omas y las Entidades que integran la Administraci髇 Local y los organismos p鷅licos citados en el art韈ulo 2.�

  
• Diez. Se introduce una disposici髇 adicional cuarta con la siguiente redacci髇:

  獶isposici髇 adicional cuarta Transferencia para Reutilizaci髇 P鷅lica de Microdatos de Encuestas correspondientes a Investigaciones Sociol骻icas

  1. Los proyectos de investigaci髇, an醠isis, o diagn髎tico social que vayan a ser desarrollados por los sujetos relacionados en el art韈ulo 2.a), b), c) y d) siempre que impliquen la realizaci髇 de encuestas cuantitativas en el 醡bito de las ciencias sociales con toma de datos, deber醤 incorporar en su dise駉 un plan para la inclusi髇 de la documentaci髇 y microdatos anonimizados de dicha encuesta en un Banco de Datos espec韋ico, creado en el Centro de Investigaciones Sociol骻icas. Este Plan se depositar� en el mencionado Banco de Datos en los 12 meses posteriores a la aprobaci髇 del proyecto, y los microdatos anonimizados que integren el estudio deber醤 transferirse en un periodo no superior a cuatro a駉s desde la aprobaci髇 del proyecto. Este plazo podr� ser ampliado excepcionalmente por causas derivadas del desarrollo y conclusi髇 del proyecto.

  2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidas de tal obligaci髇:

  • a) Las encuestas realizadas por Agencias Estatales, las entidades p鷅licas empresariales, las sociedades mercantiles estatales, las fundaciones p鷅licas y las entidades de Derecho P鷅lico con independencia funcional o con una especial autonom韆 reconocida por la Ley cuando act鷈n en r間imen de derecho privado.
  • b) Las realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, o cualquiera de las empresas o fundaciones de su Grupo, el Instituto Nacional de Estad韘tica (INE) y los organismos similares de las Comunidades Aut髇omas.
  • c) Las encuestas que conformen las estad韘ticas de car醕ter oficial incluidas en los correspondientes Planes Estad韘ticos Nacionales y sujetas a la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci髇 Estad韘tica P鷅lica, as� como las estad韘ticas europeas sujetas a su normativa espec韋ica. No obstante, en este caso, el INE impulsar�, como coordinador del Sistema Estad韘tico de la Administraci髇 del Estado, que se d� la publicidad debida a los microdatos de estas encuestas con finalidad estad韘tica elaboradas por estos organismos.

  3. No ser醤 objeto de transferencia los microdatos obtenidos de registros administrativos de datos, as� como los utilizados para las encuestas que sean determinantes o indispensables para la pol韙ica estrat間ica interna de las entidades que las lleven a cabo en los t閞minos que se determine reglamentariamente.

  4. Las empresas, equipos de investigaci髇 particulares y personas f韘icas o jur韉icas que realicen asimismo este tipo de proyectos a trav閟 encuestas cuantitativas en el 醡bito de las ciencias sociales con toma de datos, y que reciban ayudas o subvenciones p鷅licas, siempre que las mismas supongan m醩 del 50% de los fondos con que se financien sus proyectos de investigaci髇, estar醤 igualmente sometidas a la presentaci髇 del plan y a la obligaci髇 de transferir los datos para la obtenci髇 de la misma. En la normativa reguladora del r間imen subvencional de ayudas p鷅licas para este tipo de proyectos y en sus sucesivas convocatorias, especialmente aquellas derivadas del Plan Nacional de I+D+i y el Plan Nacional de la Ciencia, se har醤 constar estas obligaciones. No obstante, respecto de estos sujetos ser� aplicable la misma posibilidad de exclusi髇 cuando la publicaci髇 de los microdatos pudiera causar un perjuicio competitivo irreparable en su posicionamiento empresarial en el mercado.

  5. El incumplimiento de esta obligaci髇 por parte de los equipos investigadores responsables, especialmente en el marco de los Planes Nacionales de Investigaci髇 Cient韋ica, Desarrollo e Innovaci髇 Tecnol骻ica, supondr� causa de exclusi髇 a la hora de solicitar nuevas ayudas de financiaci髇 p鷅lica, de acuerdo con los procedimientos sancionadores previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.�

  
• Once. Se introduce una disposici髇 adicional quinta con la siguiente redacci髇:

  獶isposici髇 adicional quinta Reutilizaci髇 de documentos, archivos y colecciones de origen privado

  En cuanto a los documentos, archivos y colecciones de origen privado, conservadas en los archivos, bibliotecas (incluidas las universitarias) y museos, su puesta a disposici髇 con fines de reutilizaci髇, ha de respetar las condiciones establecidas en el instrumento jur韉ico correspondiente que haya dado lugar a la conservaci髇 y custodia de estos fondos en instituciones culturales p鷅licas.�

  
• Doce. Se modifica la disposici髇 transitoria 鷑ica, que queda redactada del siguiente modo:

  獶isposici髇 transitoria 鷑ica R間imen transitorio aplicable a los acuerdos exclusivos

  Los acuerdos exclusivos existentes a 1 de julio de 2005 a los que no se aplique la excepci髇 contemplada en el art韈ulo 6.2 concluir醤 cuando expire el contrato o, en cualquier caso, no m醩 tarde del 31 de diciembre de 2008.

  Sin perjuicio del p醨rafo anterior, los acuerdos exclusivos existentes a 17 de julio de 2013 a los que no se apliquen las excepciones contempladas en los art韈ulos 6.2 y 6.3 concluir醤 cuando expire el contrato o, en cualquier caso, a m醩 tardar el 18 de julio de 2043.�

  
• Trece. Se incluye un anexo con la siguiente redacci髇:

  獶efiniciones

  A efectos de la presente Ley, se entiende por:

  • 1. Datos abiertos: Son aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el 鷑ico l韒ite, en su caso, del requisito de atribuci髇 de su fuente o reconocimiento de su autor韆.
  • 2. Documento: Toda informaci髇 o parte de ella, cualquiera que sea su soporte o forma de expresi髇, sea esta textual, gr醘ica, sonora visual o audiovisual, incluyendo los metadatos asociados y los datos contenidos con los niveles m醩 elevados de precisi髇 y desagregaci髇. A estos efectos no se considerar醤 documentos los programas inform醫icos que est閚 protegidos por la legislaci髇 espec韋ica aplicable a los mismos.
  • 3. Formato legible por m醧uina: Un formato de archivo estructurado que permita a las aplicaciones inform醫icas identificar, reconocer y extraer con facilidad datos espec韋icos, incluidas las declaraciones f醕ticas y su estructura interna.
  • 4. Formato abierto: Un formato de archivo independiente de plataformas y puesto a disposici髇 del p鷅lico sin restricciones que impidan la reutilizaci髇 de los documentos.
  • 5. Norma formal abierta: Una norma establecida por escrito que especifica los criterios de interoperabilidad de la aplicaci髇 inform醫ica.
  • 6. Universidad: Todo organismo del sector p鷅lico que imparta ense馻nza superior post-secundaria conducente a la obtenci髇 de t韙ulos acad閙icos.�
  

Disposici髇 adicional primera R間imen presupuestario

Las medidas incluidas en esta norma no podr醤 suponer incremento de dotaciones, ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.

Disposici髇 adicional segunda R間imen espec韋ico para el personal de la F醔rica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

1. Quienes sean trabajadores de la F醔rica Nacional de Moneda y Timbre en el momento de la constituci髇 de la sociedad mercantil de capital p鷅lico prevista en la disposici髇 adicional octava de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom韆 del Banco de Espa馻, y sean adscritos a dicha sociedad, tendr醤 en el supuesto de un proceso de despido colectivo fundado en causas econ髆icas, t閏nicas, organizativas o de producci髇, derecho a optar por la indemnizaci髇 que proceda o por su incorporaci髇 en la F醔rica Nacional de Moneda y Timbre, conservando en este caso la antig黣dad y dem醩 derechos laborales que tuvieren consolidados en atenci髇 a su clasificaci髇 profesional.

2. Cuando la F醔rica Nacional de Moneda y Timbre acredite, en el supuesto de un proceso de despido colectivo fundado en causas econ髆icas, que estas tienen su origen directo en el traspaso de la actividad de producci髇 de billetes euro, el resto de los trabajadores de la F醔rica Nacional de Moneda y Timbre que lo fueran en el momento de la constituci髇 de la citada sociedad y que no se hubieran adscrito a la misma, tendr醤 derecho a optar, bien por la indemnizaci髇 que proceda o por su incorporaci髇 en un puesto vacante adecuado a su cualificaci髇 profesional, en la Administraci髇 General del Estado o en una Entidad del sector p鷅lico estatal conservando en este caso la antig黣dad y dem醩 derechos laborales que tuvieren consolidados.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicar� tambi閚 a los trabajadores a los que se refiere el apartado 1 de esta disposici髇 que opten por incorporarse a la F醔rica Nacional de Moneda y Timbre provenientes de la citada sociedad.

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre t閏nicas de reproducci髇 humana asistida

Se a馻de una disposici髇 adicional sexta a la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre t閏nicas de reproducci髇 humana asistida, en los siguientes t閞minos:

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci髇 y sostenibilidad de la Administraci髇 Local

Se modifica la disposici髇 transitoria s閜tima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci髇 y sostenibilidad de la Administraci髇 Local, que queda redactada en los siguientes t閞minos:

Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la regulaci髇 del destino del efectivo y los saldos en cuentas y dep髎itos abandonados

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, queda modificada en el siguiente sentido:

• Uno. El art韈ulo 18 pasar� a tener la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 18 Saldos y dep髎itos abandonados

  1. Corresponden a la Administraci髇 General del Estado los valores, dinero y dem醩 bienes muebles depositados en la Caja General de Dep髎itos y en entidades de cr閐ito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, as� como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gesti髇 alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte a駉s.

  2. El efectivo y los saldos de las cuentas y libretas a que se refiere el apartado anterior se destinar醤 a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad en la forma prevista en la disposici髇 adicional vig閟ima cuarta.

  3. La gesti髇, administraci髇 y explotaci髇 de los restantes bienes que se encuentren en la situaci髇 prevenida en el apartado 1 de este art韈ulo corresponder� a la Direcci髇 General del Patrimonio del Estado, la cual podr� enajenarlos por el procedimiento que, en funci髇 de la naturaleza del bien o derecho, estime m醩 adecuado, previa justificaci髇 razonada en el respectivo expediente.

  4. Las entidades depositarias estar醤 obligadas a comunicar al Ministerio de Hacienda la existencia de tales dep髎itos y saldos en la forma que se determine por orden del Ministro titular de este Departamento.

  5. En los informes de auditor韆 que se emitan en relaci髇 con las cuentas de estas entidades se har� constar, en su caso, la existencia de saldos y dep髎itos incursos en abandono conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este art韈ulo.�

  
• Dos. Se a馻de una disposici髇 adicional con la siguiente redacci髇:

  獶isposici髇 adicional vig閟ima sexta Programa para la Mejora de las Condiciones Educativas de las Personas con Discapacidad

  La Administraci髇 General del Estado desarrollar� a trav閟 del Real Patronato sobre Discapacidad un programa dirigido a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad, con especial atenci髇 a los aspectos relacionados con su desarrollo profesional y a la innovaci髇 y la investigaci髇 aplicadas a estas pol韙icas, a trav閟 de ayudas directas a los beneficiarios.

  En la concesi髇 de estas ayudas, sometidas a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminaci髇, se tendr醤 en cuenta especialmente las necesidades de los solicitantes, as� como su idoneidad para obtener el mayor aprovechamiento posible en t閞minos de vida aut髇oma, participaci髇 social e inclusi髇 en la comunidad.

  El efectivo y los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro y otros dep髎itos en efectivo a que hace referencia el apartado 2 del art韈ulo 18 de esta Ley se aplicar醤 a un concepto espec韋ico del Presupuesto de Ingresos del Estado, pudi閚dose generar cr閐ito, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con destino al Real Patronato sobre Discapacidad para financiar el desarrollo del Programa para la Mejora de Condiciones Educativas de las Personas con Discapacidad.�

  

Disposici髇 final cuarta T韙ulo competencial

La presente Ley tiene car醕ter de legislaci髇 b醩ica al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.18.� de la Constituci髇 Espa駉la que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas, a excepci髇 de la disposici髇 adicional primera.

Disposici髇 final quinta Incorporaci髇 del derecho de la Uni髇 Europea

Mediante esta Ley se incorpora al Derecho espa駉l la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico.

Disposici髇 final sexta Desarrollo reglamentario

El Gobierno, en el 醡bito de sus competencias, dictar� cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecuci髇 y desarrollo de lo establecido en esta Ley, teniendo en cuenta las directrices que pudiera formular la Comisi髇 Europea, especialmente en lo que respecta a las licencias tipo recomendadas, los conjuntos de datos y el cobro por la reutilizaci髇 de documentos.

Se establece un plazo de un a駉 desde la entrada en vigor de esta norma para adecuar a la misma las normas previas de desarrollo de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico.

Disposici髇 final s閜tima Entrada en vigor

La presente Ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.