Atención norma derogada, ver regulación posterior

Reglamento (UE) nº 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» para el período de 2014 a 2020

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Sumario

LE0000696661_20210505Reglamento 1381/2013, 17 diciembre, derogado por el artículo 23 del Reglamento (UE) 2021/692 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se establece el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 390/2014 del Consejo («D.O.U.E.L.» 5 mayo) el 1 de enero de 2021.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 19, apartado 2, 21, apartado 2, 114, 168, 169, y 197,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1) ,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) La Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Las personas tienen derecho a disfrutar en la Unión de los derechos que les otorga el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el Tratado de la Unión Europea (TUE). Asimismo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa adquirió carácter jurídico vinculante en toda la Unión, refleja los derechos y libertades fundamentales que tienen los ciudadanos de la Unión. Esos derechos deben promoverse y respetarse. El pleno disfrute de esos derechos, así como de los derechos derivados de los convenios internacionales en los que es parte la Unión, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, debe estar garantizado y deben eliminarse todos los obstáculos. Por otra parte, el disfrute de tales derechos conlleva responsabilidades y deberes tanto respecto de otras personas como de la comunidad humana y de las generaciones futuras.
• (2) En el Programa de Estocolmo (4) , el Consejo Europeo reafirmó la prioridad de desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, y especificaba como prioridad política la consecución de una Europa de los derechos. Se consideró que la financiación constituía una de las herramientas fundamentales para el éxito de la ejecución de las prioridades políticas del Programa de Estocolmo. Los ambiciosos objetivos fijados por los Tratados y por el Programa de Estocolmo deben alcanzarse, entre otros medios, mediante el establecimiento, para el período de 2014 a 2020, de un programa sobre derechos, igualdad y ciudadanía (en lo sucesivo, «Programa») que sea flexible y eficaz, el cual debería facilitar la planificación y la ejecución. Los objetivos generales y específicos del Programa deben interpretarse conforme a las correspondientes orientaciones estratégicas definidas por el Consejo Europeo.
• (3) La Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, relativa a la Estrategia «Europa 2020» establece una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El apoyo y el fomento de los derechos de las personas en la Unión, la lucha contra la discriminación y las desigualdades, y la promoción de la ciudadanía contribuyen a la promoción de los objetivos específicos y las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020.
• (4) La no discriminación es un principio fundamental de la Unión. El artículo 19 del TFUE dispone que debe actuarse para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, de religión o convicciones, de discapacidad, edad u orientación sexual. La no discriminación se consagra también en el artículo 21 de la Carta, que debe aplicarse dentro de los límites del artículo 51 de la Carta y de conformidad con el mismo. Se han de considerar las características específicas de las diversas formas de discriminación y, en paralelo, se han de elaborar las medidas correspondientes para impedir la discriminación por uno o más motivos y luchar contra ella.
• (5) El Programa debe aplicarse de forma que se refuerce mutuamente con otras actividades de la Unión que tengan los mismos objetivos, en particular los referidos en la Comunicación de la Comisión, de 5 de abril de 2011, titulada «Un marco de la UE para las estrategias nacionales de integración de los gitanos hasta 2020» (5) , y en las Conclusiones del Consejo, de 19 de mayo de 2011, sobre el «Marco europeo para las estrategias nacionales de integración de la población gitana hasta 2020» que insta a los Estados miembros a hacer frente a la exclusión social y económica de los gitanos, incorporando un enfoque homogéneo en cuatro ámbitos principales (educación, empleo, salud y vivienda), así como garantizando que los gitanos no sean discriminados, sino que tengan el mismo reconocimiento de sus derechos fundamentales, y a tomar medidas para eliminar la segregación allá donde se dé, en particular en los ámbitos de la salud y de la vivienda.
• (6) El racismo, la xenofobia, la homofobia y demás formas de intolerancia son violaciones directas de los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como del Estado de Derecho, principios en los que se fundamenta la Unión y que son comunes a los Estados miembros. La lucha contra estos fenómenos es, por lo tanto, un objetivo permanente que requiere una acción coordinada, también mediante la dotación de recursos financieros. Entre dichos fenómenos se cuentan, entre otros, la incitación pública a la violencia o al odio dirigida contra un grupo de personas o un miembro de dicho grupo, así como otras infracciones cuando son cometidas con intenciones racistas, xenófobas u homófobas. En dicho contexto, debe prestarse también atención particular a impedir y combatir todas las formas de violencia y odio, de segregación y de estigmatización, así como a luchar contra el acoso, el hostigamiento y todo trato intolerante, por ejemplo en la función pública, la policía, la judicatura, la escuela y el lugar de trabajo.
• (7) La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores fundacionales de la Unión. El trato desigual entre mujer y hombre viola derechos fundamentales. Además, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres contribuye también a conseguir los objetivos de la Estrategia Europa 2020. El objetivo del fomento de la igualdad entre mujeres y hombres debe aplicarse de modo que se refuerce recíprocamente con otras actividades de la Unión o de los Estados miembros que tengan el mismo objetivo, en particular con los referidos en el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020).
• (8) La discriminación por razones de sexo incluye, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la discriminación derivada del cambio de sexo. En la ejecución del Programa, debe tenerse en cuenta también la evolución del Derecho de la Unión y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con respecto a otros aspectos relativos al género, como el de la identidad sexual.
• (9) El derecho a un trato digno en el lugar de trabajo y en la sociedad en general es expresión de esos valores fundacionales de la Unión; es necesaria una acción coordinada para permitir actividades selectivas en relación con el mercado laboral. Por ello, entre las acciones en el ámbito de la igualdad de género y de la lucha contra la discriminación debe figurar el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo y en el mercado laboral.
• (10) La violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres, así como contra otros grupos de riesgo, en todas sus formas constituye una violación de los derechos fundamentales y una verdadera lacra sanitaria. Dicha violencia está presente en todo el territorio de la Unión y repercute gravemente en la salud física y psíquica de las víctimas, así como en la sociedad en su conjunto. Son necesarias una voluntad política resuelta y una actuación coordinada, basadas en los métodos y resultados de los programas Daphne (6) , para hacerle frente y proteger a las víctimas. Tomar medidas para combatir la violencia contra las mujeres contribuye a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Dado que la financiación Daphne viene siendo un auténtico éxito desde su iniciación en 1997, tanto en términos de popularidad entre sus participantes [poderes públicos, instituciones académicas, y organizaciones no gubernamentales (ONG)], como por la eficacia de los proyectos financiados, es esencial que, en la aplicación del Programa, se mantenga la denominación «Daphne» en relación con el objetivo específico de impedir y combatir la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres, con objeto de mantener el perfil de los programas Daphne lo más alto posible.
• (11) El artículo 3, apartado 3, del TUE obliga a la Unión a fomentar la protección de los derechos del niño y combatir además la discriminación. Los menores son vulnerables, en particular, en situaciones de pobreza, exclusión social, discapacidad o en situaciones específicas en las que estén en riesgo, como el abandono, el secuestro y la desaparición. Deben adoptarse medidas para fomentar los derechos de la infancia y contribuir a la protección de los menores frente a los daños y la violencia ejercidos contra ellos y que puedan suponer un peligro para su salud física o mental, y constituir una violación de sus derechos al desarrollo, a la protección y a la dignidad.
• (12) Los datos personales deben protegerse eficazmente en un contexto en constante desarrollo tecnológico y en el marco de la globalización. El marco jurídico de la Unión en materia de protección de datos debe aplicarse de manera efectiva y coherente en la Unión. Para ello, la Unión debe respaldar los esfuerzos de los Estados miembros para aplicar dicho marco jurídico, insistiendo en particular en garantizar a las personas el ejercicio efectivo de sus derechos.
• (13) Los ciudadanos deberían conocer mejor los derechos que se derivan para ellos de la ciudadanía de la Unión, y en particular el derecho de libre circulación y residencia en la Unión, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales en el Estado miembro en que residan, el derecho de petición al Parlamento Europeo en cualquiera de las lenguas del Tratado, el derecho a presentar iniciativas ciudadanas y el derecho a elevar quejas al Defensor del Pueblo Europeo contra los casos de mala administración institucional; también deben poder ejercer dichos derechos. Animar a los ciudadanos a participar más activamente en la democracia en el plano de la Unión reforzará a la sociedad civil europea y favorecerá el desarrollo de una identidad europea. Los ciudadanos deben sentirse cómodos viviendo, viajando, estudiando, trabajando y desarrollando actividades de voluntariado en otro Estado miembro, y deben sentirse capaces de confiar en que disfrutarán de igualdad de acceso y en que sus derechos serán plenamente ejecutados y protegidos, sin discriminación alguna, con independencia del lugar de la Unión en que se encuentren.
• (14) Las personas, en su condición de consumidores o de emprendedores en el mercado interior, deben poder disfrutar de sus derechos derivados de la normativa de la Unión en un contexto transfronterizo.
• (15) Con arreglo a los artículos 8 y 10 del TFUE, el Programa debe apoyar la integración en todas sus actividades de los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres, y de lucha contra la discriminación. Deben llevarse a cabo un seguimiento y una evaluación periódicos para valorar de qué forma se abordan en las actividades del Programa la igualdad de género y la lucha contra la discriminación.
• (16) La experiencia a nivel de la Unión ha demostrado que la realización en la práctica de los objetivos del Programa requiere una combinación de instrumentos, incluidos actos jurídicos, iniciativas políticas y financiación. La financiación es una importante herramienta complementaria de las medidas legislativas.
• (17) Además de ser de auténtico valor para sus beneficiarios, las acciones financiadas con arreglo al Programa pueden ofrecer datos concretos en los que fundamentar decisiones políticas mejoradas en el ámbito nacional y en el de la Unión. Por ejemplo, los programas Daphne han permitido un traspaso real de enseñanzas y buenas prácticas entre todas las partes implicadas, incluidos los Estados miembros, en relación con la evitación y la lucha contra la violencia ejercida contra los niños, los jóvenes y las mujeres.
• (18) La Comunicación de la Comisión de 29 de junio de 2011, titulada «Un presupuesto para Europa 2020», subraya la necesidad de racionalización y simplificación de la financiación de la Unión. Puede lograrse una simplificación significativa y una gestión eficiente de la financiación mediante una reducción del número de programas y mediante la racionalización, simplificación y armonización de las normas y los procedimientos de financiación.
• (19) Respondiendo a la necesidad de simplificación, gestión eficiente de los fondos y facilitación del acceso a los mismos, el Programa debe dar continuidad y desarrollar las actividades anteriormente realizadas sobre la base de la sección 4 (No discriminación y diversidad) y la sección 5 (Igualdad de género) del programa «Progress», establecido por la Decisión nº 1672/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) , el Programa «Derechos fundamentales y ciudadanía» establecido por la Decisión 2007/252/CE del Consejo (8) , y el programa Daphne III. Las evaluaciones intermedias de esos programas incluyen recomendaciones con el fin de mejorar su ejecución. Las conclusiones de dichas evaluaciones intermedias, así como las conclusiones de las respectivas evaluaciones a posteriori, deben tenerse en cuenta en la ejecución del Programa.
• (20) Garantizar un aprovechamiento óptimo de los recursos financieros y mejorar la eficacia del gasto deberían ser principios rectores de la consecución de los objetivos del Programa. Debe asegurarse una financiación suficiente para apoyar los esfuerzos por crear una Europa de los derechos. Es importante velar por que el Programa se ejecute de la manera más efectiva y asequible posible, garantizando, al mismo tiempo, la seguridad jurídica y la accesibilidad al mismo para todos los participantes. Con el fin de facilitar el acceso a la financiación a todos los posibles beneficiarios, los trámites de solicitud y los requisitos de gestión financiera también deben simplificarse, y las cargas administrativas deben eliminarse.
• (21) La Comunicación de la Comisión de 19 de octubre de 2010 titulada «Revisión del presupuesto de la UE» y la Comunicación de la Comisión, de 29 de junio de 2011 titulada «Un presupuesto para Europa 2020» subrayan la importancia de concentrar la financiación en acciones con un claro valor añadido europeo, es decir, en las que la intervención de la Unión pueda aportar un valor añadido con respecto a la actuación de los Estados miembros por separado. Las acciones cubiertas por el presente Reglamento deben contribuir al desarrollo de la confianza mutua entre los Estados miembros, el aumento de la cooperación y la creación de redes transfronterizas, y la aplicación correcta, coherente y congruente del Derecho de la Unión. La financiación de actividades debe contribuir también a un conocimiento mayor y más efectivo de la legislación y las políticas de la Unión por todos los interesados, y debe ofrecer un fundamento analítico sólido para el apoyo y el desarrollo del Derecho y de las políticas de la Unión, para, de este modo, contribuir a su cumplimiento y correcta aplicación. La intervención de la Unión permite que las acciones se lleven a cabo de manera coherente en toda la Unión y aporta economías de escala. Además, la Unión está en mejor posición que los Estados miembros para abordar situaciones transfronterizas y proporcionar una plataforma europea para el aprendizaje mutuo.
• (22) Es conveniente que, al seleccionar las actividades que pueden recibir financiación a cargo del Programa, la Comisión haga una valoración de las propuestas a la luz de criterios predeterminados. Entre estos criterios debe figurar la evaluación del valor añadido europeo que aportan las actividades propuestas. Incluso los proyectos de ámbito nacional y los proyectos a pequeña escala pueden tener un valor añadido europeo.
• (23) Los organismos y entidades que persiguen un objetivo de interés general para Europa, en los ámbitos contemplados por el Programa, deben considerarse como actores primordiales, en la medida en que hayan demostrado o se considere que puedan demostrar que ejercen un efecto considerable en la consecución de ese objetivo y deben recibir financiación de acuerdo con los procedimientos y criterios previstos en los programas anuales de trabajo adoptados por la Comisión con arreglo al presente Reglamento.
• (24) Servicios armonizados de valor social debe interpretarse en el sentido del artículo 2 de la Decisión nº 116/2007/CE de la Comisión (9) .
• (25) Entre los organismos y entidades que tengan acceso al Programa deben figurar autoridades nacionales, regionales y locales.
• (26) El presente Reglamento establece una dotación financiera para todo el período de duración del Programa, que, con arreglo a la acepción del apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (10) , ha de constituir el importe de referencia fundamental para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.
• (27) A fin de garantizar que el Programa sea lo suficientemente flexible para responder a los cambios de las necesidades y a las correspondientes prioridades políticas, a lo largo de toda su duración, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modificación de los porcentajes determinados en el anexo del presente Reglamento para cada grupo de objetivos específicos que supere esos porcentajes en más de 5 puntos porcentuales. Para valorar la necesidad del acto delegado, los porcentajes mencionados deben calcularse sobre la base de la dotación financiera del Programa a lo largo de toda su duración, y no sobre la base de los créditos anuales. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.
• (28) El presente Reglamento debe aplicarse respetando plenamente el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) (Reglamento financiero). En particular, en relación con las condiciones de admisibilidad del impuesto sobre el valor añadido (IVA) abonado por los beneficiarios de subvenciones, la admisibilidad del IVA no debe depender del régimen jurídico de los beneficiarios para actividades que puedan realizar organismos y entidades privados y públicos en las mismas condiciones jurídicas. Teniendo en cuenta el carácter específico de los objetivos y actividades que contempla el presente Reglamento, se debe expresar claramente en las convocatorias de propuestas que, para aquellas actividades que puedan ser realizadas por organismos y entidades tanto públicos como privados, será considerado gasto elegible el IVA no deducible en que incurran los organismos y entidades públicos, siempre que sea abonado en relación con la ejecución de actividades que no puedan considerarse ejercicio de potestades públicas, como las de formación o las de concienciación. El presente Reglamento debe recurrir también a los instrumentos de simplificación creados por el Reglamento financiero. Además, los criterios para identificar las acciones a las que prestar apoyo deben tratar de asignar los recursos financieros disponibles a las que generen mayor impacto en relación con el objetivo político que se persiga.
• (29) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para la adopción de los programas anuales de trabajo. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) .
• (30) Los programas anuales de trabajo adoptados por la Comisión con arreglo al presente Reglamento deben asegurar que los fondos sean adecuadamente distribuidos entre subvenciones y contrataciones públicas. El Programa debe asignar los fondos primordialmente para las subvenciones, al tiempo que mantiene niveles de financiación suficientes para la contratación pública. Debe establecerse en los programas anuales de trabajo el porcentaje mínimo de gasto anual que haya de consignarse para subvenciones y que no debe ser inferior a un 65%. A fin de facilitar la planificación de proyectos y la cofinanciación por las partes interesadas, la Comisión debe establecer un calendario claro para las convocatorias de propuestas, la selección de proyectos y las decisiones relativas a las concesiones.
• (31) Con el fin de garantizar la eficiencia en la asignación de fondos con cargo al presupuesto general de la Unión, debe perseguirse la coherencia, la complementariedad y las sinergias entre los programas de financiación destinados a políticas con estrechos vínculos entre sí y, concretamente, entre el presente Programa y el Programa «Justicia» establecido por el Reglamento (UE) nº 1382/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) , el Programa «Europa para los Ciudadanos», el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social establecido por el Reglamento (UE) nº 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) , y otros programas en materias de empleo y asuntos sociales, asuntos de interior, salud y protección de los consumidores, educación, formación profesional, juventud y deporte, sociedad de la información, ampliación, en especial el Instrumento para la Ayuda de Preadhesión (IAP II), y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, cuyas disposiciones comunes se encuentran en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) .
• (32) La Comisión debe garantizar la coherencia general, la complementariedad y la sinergia con el trabajo de los órganos, oficinas y agencias de la Unión, como el Instituto Europeo de la Igualdad de Género y la Agencia de los Derechos Fundamentales, y debe hacer balance de los trabajos de otros agentes nacionales e internacionales, en los ámbitos que abarca el Programa.
• (33) Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, la detección y la investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas y financieras, de conformidad con el Reglamento financiero.
• (34) Con el fin de aplicar el principio de buena gestión financiera, el presente Reglamento debe disponer de las herramientas adecuadas para evaluar sus resultados. Para ello, debe definir objetivos generales y específicos. Para medir la realización de estos objetivos específicos, debe establecerse un conjunto de indicadores concretos y cuantificables con validez durante todo el período de vigencia del Programa. La Comisión debe presentar anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de seguimiento que debe basarse, entre otros elementos, en los indicadores enumerados en el presente Reglamento, y que debe proporcionar información sobre el uso de los fondos disponibles.
• (35) En la ejecución del Programa, la Comisión debe tener en cuenta el principio de la distribución geográfica equitativa de los fondos, y debe facilitar asistencia en aquellos Estados miembros donde el número de acciones financiadas sea relativamente pequeño. Al ejecutar el Programa, la Comisión debe tener asimismo en cuenta si -con arreglo a los índices y organismos de supervisión reconocidos en el ámbito internacional- es necesario tomar medidas en algunos Estados miembros con el fin de garantizar la consecución efectiva de los objetivos del Programa, y debe apoyar la acción de los Estados miembros o de la sociedad civil en esos ámbitos.
• (36) De conformidad con el artículo 180, apartado 1, letra l), del Reglamento Delegado (UE) nº 1268/2012 de la Comisión (16) («normas de desarrollo»), los convenios de subvención deben establecer disposiciones relativas a la visibilidad de la ayuda financiera de la Unión, salvo en casos debidamente justificados, cuando no sea posible o conveniente.
• (37) De acuerdo con el artículo 35, apartados 2 y 3, del Reglamento financiero, y con el artículo 21 de sus normas de desarrollo, la Comisión debe proporcionar, de manera adecuada y oportuna, información relativa a los beneficiarios y a la naturaleza y finalidad de las medidas financiadas con cargo al presupuesto general de la Unión. Dicha información debe proporcionarse teniendo debidamente en cuenta los requisitos de confidencialidad y seguridad, en particular la protección de datos personales.
• (38) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, contribuir al desarrollo continuo de un espacio en el que la igualdad y los derechos de las personas, consagrados en el TUE, en el TFUE, en la Carta y en los convenios internacionales de derechos humanos a los que se ha adherido la Unión, se fomenten, protejan y apliquen efectivamente, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
• (39) A fin de garantizar la continuidad de la financiación de las actividades anteriormente realizadas sobre la base de las secciones 4 y 5 de la Decisión nº 1672/2006/CE, de la Decisión 2007/252/CE y de la Decisión nº 779/2007/CE, el presente Reglamento ha de entrar en vigor al día siguiente de su publicación.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.