Sumario

El Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015, establece, en sus artículos 2 y 3, varias líneas de subvenciones de naturaleza paliativa por daños personales y materiales, prestaciones personales y de bienes, y gastos de emergencia de las corporaciones locales. La tramitación de estas subvenciones está encomendada al Ministerio del Interior, con arreglo al procedimiento previsto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión.

A estas subvenciones de naturaleza paliativa, financiables con cargo a los créditos del Ministerio del Interior, hay que sumar las medidas o subvenciones que se puedan adoptar, en su caso, desde otras administraciones públicas con competencias en los territorios afectados, fundamentalmente Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales o Forales. Así, por un lado, se hace preciso asegurar una adecuada coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones públicas implicadas, con el fin de evitar duplicidades y solapamientos que dificultarían una asignación eficaz de los recursos públicos. Por otro lado, resulta aconsejable simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la asistencia a los ciudadanos, con el objeto de que los interesados puedan obtener las ayudas a las que tienen derecho a través de trámites sencillos, accesibles y cercanos.

En consecuencia, resulta oportuna y necesaria la implicación total de los órganos de la Administración periférica del Estado en la tramitación de las ayudas previstas en los artículos 2 y 3 del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, ya que su proximidad a los damnificados en cada uno de los territorios, así como su interlocución con las administraciones autonómicas, provinciales o forales, permitirían resolver los procedimientos para la concesión de subvenciones con mayor celeridad y eficacia, consiguiendo, además, que éstas lleguen en un breve plazo de tiempo a las personas que se encuentran en una situación de necesidad.

En este sentido, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, atribuye a los Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno el desempeño de las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con las corporaciones locales y las administraciones autonómicas. Por ello, siendo la Administración periférica del Estado la más próxima a los afectados y la más capacitada para establecer una comunicación permanente y continua con otras administraciones públicas territoriales, resulta necesario que aquellas Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno sobre cuyos territorios ha recaído en mayor medida el impacto de los últimos sucesos catastróficos, ejerzan estas competencias con capacidad plena.

En virtud de lo expuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, y en uso de la facultad conferida por el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispongo: