ANEXO

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE, EN APLICACI覰 DE LO DISPUESTO EN EL ART虲ULO 155 DE LA CONSTITUCI覰, SE TIENE POR NO ATENDIDO EL REQUERIMIENTO PLANTEADO AL M. H. SR. PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALU袮, PARA QUE LA GENERALITAT DE CATALU袮 PROCEDA AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y A LA CESACI覰 DE SUS ACTUACIONES GRAVEMENTE CONTRARIAS AL INTER蒘 GENERAL Y SE PROPONEN AL SENADO PARA SU APROBACI覰 LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y PARA LA PROTECCI覰 DEL MENCIONADO INTER蒘 GENERAL

A. El art韈ulo 155 C.E., como garant韆 del cumplimiento de las obligaciones constitucionales por los entes territoriales en un Estado compuesto

El art韈ulo 155 se integra dentro de los mecanismos constitucionales que tienen por objeto garantizar el orden constitucional en el caso de incumplimiento de las obligaciones constitucionales por una Comunidad Aut髇oma o que atente gravemente contra el inter閟 general.

Dicho art韈ulo ha sido delimitado por el Tribunal Constitucional a lo largo de su jurisprudencia. As�, la STC 215/2014 ha afirmado que el art韈ulo 155 玱pera como medida de 鷏timo recurso del Estado ante una situaci髇 de incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente, de una determinada Comunidad Aut髇oma, que no ha adoptado, primero, por propia iniciativa, y luego, a instancia del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviaci髇 en la que ha incurrido�. A su vez, la STC 4/1981 califica al art韈ulo 155 como uno de los preceptos constitucionales 玞onsecuencia del principio de unidad y de supremac韆 del Inter閟 de la Naci髇�.

La STC 25/1981 considera al art韈ulo 155 como un precepto revelador de que la defensa espec韋ica del 玦nter閟 general del Estado� corresponde al Gobierno de la Naci髇 y m醩 a鷑 act鷄 como garant韆 de 玪os derechos fundamentales por cuanto fundan un status jur韉ico-constitucional unitario para todos los espa駉les y son decisivos en igual medida para la configuraci髇 del orden democr醫ico en el Estado central y en las Comunidades Aut髇omas, son elemento unificador, tanto m醩 cuanto el cometido de asegurar esta unificaci髇, seg鷑 el art韈ulo 155 de la Constituci髇, compete al Estado.�

Asimismo, la STC 49/1988 lo califica como medio extraordinario de coerci髇 no aplicable a supuestos normales y la STC 27/1987 lo sit鷄 como medio de 玞ontrol excepcional de las Comunidades Aut髇omas por el Estado�.

En el 醡bito del Derecho comparado, es com鷑 la existencia de mecanismos constitucionales que aseguren en Estados compuestos la unidad del Estado y el respeto por parte de sus miembros del orden constitucional.

El art韈ulo 155 de nuestra Constituci髇 de 1978, in閐ito hasta entonces en nuestra historia constitucional –la Constituci髇 de la II Rep鷅lica carec韆 de tal instrumento–, tiene su reflejo en distintos mecanismos de coerci髇, intervenci髇 o ejecuci髇 en diferentes sistemas constitucionales de nuestro entorno.

Es reconocido que la redacci髇 del art韈ulo 155 tiene su origen en el art韈ulo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. Asimismo, podemos mencionar los mecanismos previstos, entre otros, en el art韈ulo 52 de la Constituci髇 helv閠ica, en el art韈ulo 100 de la Constituci髇 Austriaca, el art韈ulo 126 de la Constituci髇 Italiana, el art韈ulo 238 de la Constituci髇 Portuguesa o el art韈ulo 4.4 de la Constituci髇 de los Estados Unidos de Am閞ica.

En este marco, el art韈ulo 155 como norma de excepci髇 permite al Estado adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir, en su caso, un grave da駉 al inter閟 general, respetando, en todo momento, la existencia de la Comunidad Aut髇oma, sus instituciones y su Estatuto.

Conviene recordar que en nuestra historia constitucional fue activado el mecanismo del art韈ulo 155 frente a una Comunidad Aut髇oma en el a駉 1989 por el incumplimiento de sus obligaciones en el 醡bito fiscal y bast� el requerimiento para que dicha Administraci髇 cesara en su comportamiento sin necesidad, en consecuencia, de acudir al Senado para la adopci髇 de medidas ulteriores.

Si se consider� una situaci髇 extraordinaria el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de una Comunidad Aut髇oma, en la situaci髇 actual es palmario el incumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte de la Comunidad Aut髇oma que, a su vez, pone en grave riesgo el inter閟 general de la Naci髇.

B. Cumplimiento de los presupuestos habilitantes para la aplicaci髇 del art韈ulo 155 de la Constituci髇

El art韈ulo 155 configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicaci髇: el que la Comunidad Aut髇oma no cumpliere las obligaciones que la Constituci髇 u otras leyes le impongan, y que actuase de forma que atente gravemente al inter閟 general de Espa馻. Ambos concurren en el presente caso.

El incumplimiento de los preceptos constitucionales o de la correspondiente ley que imponga obligaciones a la Comunidad Aut髇oma, y la afectaci髇 al inter閟 general, debe ser efectivamente grave y as� apreciarse por el Gobierno, a la vista de las circunstancias, a fin de invocar adecuadamente el art韈ulo 155.

En efecto, el ejercicio por el Gobierno de la Naci髇 en nombre del Estado de las facultades previstas en dicho precepto tiene su origen en el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻, por sus m醲imas instituciones gubernamentales y parlamentarias, de sus obligaciones constitucionales, a trav閟 de la puesta en marcha de un proceso de secesi髇 de dicha Comunidad Aut髇oma del Estado espa駉l, con desobediencia rebelde, sistem醫ica y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, afectando de manera grave al inter閟 general de Espa馻.

Dicho incumplimiento por parte de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 contraviene, como ha afirmado reiteradamente el Tribunal Constitucional, de manera palmaria la Constituci髇 espa駉la, que en su art韈ulo 1.2 consagra la soberan韆 nacional del pueblo espa駉l, y en su art韈ulo 2 garantiza la indisoluble unidad de la Naci髇 espa駉la, impidiendo cualquier modificaci髇 de dichos preceptos fuera del procedimiento previsto en su art韈ulo 168.

El Tribunal Constitucional desde el a駉 2014 ha venido anulando, a trav閟 de un gran n鷐ero de sentencias y autos, el llamado proceso secesionista, y requiriendo de forma continuada a las instituciones catalanas para que actuaran en el respeto al marco constitucional y estatutario.

En dicha jurisprudencia reiterada, el Tribunal Constitucional ha constatado la voluntad de ruptura del marco constitucional en la distribuci髇 territorial del poder pol韙ico, al pretender situarse a la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 como un ente soberano y, por tanto, no sometido en su toma de decisiones a la Constituci髇 espa駉la de 1978 y a su Estatuto de Autonom韆. Una manifiesta negaci髇 de todo el orden constitucional en su conjunto por cuanto intenta ni m醩 ni menos que quebrar los principios constitucionales de unidad y respeto a la ley, romper el modelo auton髆ico espa駉l, as� como menoscabar la soberan韆 nacional que reside en el conjunto del pueblo espa駉l.

Todo ello ha producido una grave afecci髇 al modelo de convivencia constitucional, a los derechos del conjunto de los espa駉les, titulares de la soberan韆 nacional, y ha generado da駉s ya constatables por la inestabilidad pol韙ica generada que menoscaban el bienestar econ髆ico y social del conjunto de los catalanes.

Pese a todos estos pronunciamientos, las Instituciones de la Generalitat de Catalu馻 han continuado en su deriva secesionista. Tanto el Parlamento de Catalu馻 como el Gobierno de la Generalitat, haciendo caso omiso a las resoluciones del Tribunal Constitucional, han adoptado resoluciones, normas y Leyes, especialmente las Leyes 19/2017, de 6 de septiembre, del refer閚dum de autodeterminaci髇, y 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jur韉ica y fundacional de la Rep鷅lica, abiertamente contrarias a la Constituci髇, suspendidas inmediatamente por el Tribunal Constitucional y anulada ya la primera de ellas por Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 2017. Fueron adem醩 aprobadas en sesiones del Parlamento de Catalu馻, las de los d韆s 6 y 7 de septiembre, en la que se omitieron todas las garant韆s democr醫icas, con pleno conocimiento de la vulneraci髇 del Reglamento del Parlamento de Catalu馻, contra el criterio del Letrado Mayor y el Secretario General de la C醡ara, y contra el criterio del Consejo de Garant韆s Estatutarias. En aquellos debates se desvel�, as�, finalmente en todos sus detalles la hoja de ruta del proceso secesionista, consistente en tratar de imponer (玶efer閚dum s� o s砘) la convocatoria ilegal de un supuesto refer閚dum de autodeterminaci髇 a sabiendas de la imposibilidad del Estado de aceptar tal planteamiento inconstitucional, de modo que se adoptara posteriormente la declaraci髇 unilateral de independencia.

Finalmente, como se expondr� a continuaci髇, el Presidente de la Generalitat, en contestaci髇 al requerimiento formulado por el Gobierno de la Naci髇, ha reiterado la declaraci髇 efectuada en su comparecencia el 10 de octubre de 2017 en el Parlamento de Catalu馻, afirmando que 玡l pueblo de Catalu馻, el d韆 1 de octubre, decidi� la independencia en un refer閚dum con el aval de un elevado porcentaje de los electores�.

Por ello, se ha producido no solo un incumplimiento de obligaciones constitucionales concretas sino que su actuaci髇 ha afectado gravemente al inter閟 general de Espa馻, vulnerando principios fundamentales de la Constituci髇 espa駉la y el Estatuto de Autonom韆 de Catalu馻 situ醤dose, como afirma la sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 2017, al margen por completo del r間imen constitucional y estatutario. En los t閞minos que se expondr醤 m醩 adelante, la contestaci髇 del requerimiento formulado por el Gobierno de la Naci髇 pone de manifiesto la deliberada voluntad de persistir en la secesi髇 de Espa馻 y atentar de modo flagrante contra la soberan韆 nacional del pueblo espa駉l, y la integridad territorial del Estado, que son pilares b醩icos de la Constituci髇 espa駉la.

Junto con ello, las pretensiones secesionistas est醤 motivando ya un serio deterioro del bienestar social y econ髆ico en la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻. Se ha provocado una progresiva fractura de la convivencia y se han puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento econ髆ico. Cabe destacar que, en las 鷏timas semanas, cientos de empresas han trasladado sus domicilios sociales fuera de Catalu馻. Entre ellas, seis de las siete del Ibex35 y un gran n鷐ero de empresas relevantes por su tama駉, tradici髇 y arraigo social en Catalu馻. Tambi閚 se est� viendo afectada la actividad tur韘tica, donde se est� registrando una dr醩tica ca韉a de las reservas. En el 醡bito industrial, se est� produciendo una disminuci髇 en el n鷐ero de pedidos de autom髒iles, y en el 醡bito del comercio interior, se est� observando una bajada de las ventas en grandes superficies. Tambi閚 es destacable que dos de las principales agencias de calificaci髇 crediticia alertaran sobre la posible bajada de la calificaci髇 de la Generalitat unos d韆s despu閟 del 1 de octubre y advirtieran de los riesgos de una posible desaceleraci髇 econ髆ica, e incluso recesi髇, en la Comunidad Aut髇oma.

Estos hechos est醤 afectando a la evoluci髇 econ髆ica en Catalu馻 y contrastan con el dinamismo econ髆ico que ven韆 mostrando hasta ahora.

C. Requerimiento previo

Ante tal situaci髇 el Gobierno de la Naci髇 procedi� a activar el art韈ulo 155 de la Constituci髇 espa駉la, al efectuar el requerimiento previo que tal norma recoge.

Tal requerimiento se formul� por Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2017, en los siguientes t閞minos:

• 獳. Requerir al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Catalu馻, en su condici髇 de m醩 alto representante de la Generalitat y de representante ordinario del Estado en Catalu馻, al amparo del art韈ulo 155 de la Constituci髇 espa駉la, a fin de que:
  • 1. El Presidente de Generalitat confirme si alguna autoridad de la Generalitat de Catalu馻 ha declarado la independencia de Catalu馻 y/o si en su declaraci髇 del 10 de octubre de 2017 ante el pleno del Parlamento implica la declaraci髇 de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor.
  • 2. Comunique de forma fehaciente al Gobierno de la Naci髇 su respuesta afirmativa o negativa antes de las 10:00 horas del pr髕imo 16 de octubre.
• B. En el caso que la respuesta sea afirmativa y a estos efectos la ausencia de contestaci髇 y/o cualquier contestaci髇 distinta a una simple respuesta afirmativa o negativa se considerar� confirmaci髇, se le requiere, de acuerdo con el art韈ulo 155 de la Constituci髇, a fin de que:
  • 1. Por el Presidente y el Gobierno de Generalitat de Catalu馻 se revoque y ordene la revocaci髇 de dicha declaraci髇 de independencia a fin de restaurar el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuaci髇 dirigida a la promoci髇, avance o culminaci髇 del denominado proceso constituyente, tendente a la declaraci髇 y configuraci髇 de Catalu馻 como Estado independiente del resto de Espa馻, con cumplimiento 韓tegro de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.
  • 2. Comunique el presente requerimiento a la Sra. Presidenta y a la Mesa del Parlamento de Catalu馻, requiri閚doles igualmente la restauraci髇 del orden constitucional y estatutario, en los mismos t閞minos realizados al presidente y al gobierno de Catalu馻.
  • 3. Comunique de forma fehaciente al Gobierno de la Naci髇, el cumplimiento 韓tegro de este requerimiento tanto del Gobierno de la Generalitat como del Parlamento de Catalu馻 antes de las 10:00 horas del pr髕imo 19 de octubre.
• C. Poner en conocimiento del Sr. Presidente de la Generalitat de Catalu馻, en su condici髇 de m醩 alto representante de la Generalitat y de representante ordinario del Estado en Catalu馻, que, en caso de no atenderse el presente requerimiento, el Gobierno de la Naci髇, en cumplimiento de sus funciones atribuidas por la Constituci髇, propondr� al Senado la adopci髇 de las medidas necesarias para el cumplimiento por parte de la Comunidad Aut髇oma de sus obligaciones constitucionales y para la protecci髇 del inter閟 general, al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 155 de la Constituci髇 espa駉la para restaurar el orden constitucional y estatutario vulnerado.�

En las cartas dirigidas por el Presidente de la Generalitat de Catalu馻 con fechas 16 y 19 de octubre obviando la contestaci髇 al requerimiento formulado por el Presidente del Gobierno de la Naci髇 con fecha 11 de octubre, no se da una respuesta afirmativa o negativa en relaci髇 con la pregunta formulada en 閟te, siendo as� que en el propio requerimiento se advert韆 que cualquier contestaci髇 distinta a la afirmaci髇 o a la negaci髇 se considerar韆 confirmaci髇 de la pregunta; es decir, a la pregunta formulada sobre 玸i su declaraci髇 del 10 de octubre ante el Parlamento de Catalu馻 implica una declaraci髇 de independencia de Catalu馻, al margen de que 閟ta se encuentre o no en vigor� el Presidente de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 no ha contestado afirmativa ni negativamente, lo cual ya de por s�, es motivo suficiente para entender desatendido el requerimiento.

A lo expuesto debe a馻dirse que el pasado 17 de octubre –con posterioridad por tanto al requerimiento formulado, y siendo ya un hecho notorio para el Presidente de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 cuando 閟te responde a dicho requerimiento el 19 octubre–, el Tribunal Constitucional dict� sentencia anulando la Ley 19/2017, del refer閚dum de autodeterminaci髇 de Catalu馻, por 玞ontrariar los principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: la soberan韆 nacional, residenciada en el pueblo espa駉l, la unidad misma de la Naci髇 constituida en Estado social y democr醫ico de Derecho, y la propia supremac韆 de la Constituci髇�, afirmando que 玭ing鷑 poder constituido puede pretender situarse por encima de la norma fundamental� y que 玼n poder que niega expresamente el derecho se niega a s� mismo como autoridad merecedora de acatamiento�. De igual modo considera que 玪a supremac韆 que la Ley 19/2017 pretende para s� proviene de la consideraci髇 que la misma hace del pueblo de Catalu馻 como 玸ujeto pol韙ico soberano�, afirmaci髇 que est� en abierta contradicci髇 con el art韈ulo 1.2 CE. 玁i el pueblo de Catalu馻 es 玹itular de un poder soberano, exclusivo de la Naci髇 espa駉la constituida en Estado� ni puede, por lo mismo, ser identificado como un 玸ujeto jur韉ico� que entre en competencia con el titular de la soberan韆 nacional�.

Pese a ello, el Presidente de la Generalitat de Catalu馻 declara desde el mismo comienzo de su carta que 獷l pueblo de Catalu馻, el d韆 1 de octubre, decidi� la independencia en un refer閚dum con el aval de un elevado porcentaje de los electores�, dando as� plena validez y car醕ter vinculante al resultado de un supuesto refer閚dum previamente suspendido y posteriormente anulado por el Tribunal Constitucional, activando de esta forma el procedimiento previsto en el art韈ulo 4 de la precitada Ley 19/2017 ya anulada. En este sentido, no puede desconocerse que el mismo d韆 en que se produjo la declaraci髇 del Presidente de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 que motiv� el requerimiento, se produjo una declaraci髇 extra-parlamentaria de independencia de Catalu馻 suscrita por los mismos parlamentarios que sustentan la mayor韆 que nombr� al Presidente requerido, el cual tambi閚 suscribi� dicha declaraci髇, erigi閚dose todos ellos en 玪os leg韙imos representantes del pueblo de Catalu馻�.

De esta forma, y dando carta de naturaleza a un pretendido refer閚dum declarado inconstitucional, la m醲ima autoridad de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 ha ignorado de plano con su respuesta la conclusi髇 del m醲imo garante de la Constituci髇 cuando en su sentencia de 17 de octubre se馻la que 玪o que a todos afecta, es decir, la permanencia o no de ese Estado com鷑 en que Espa馻 qued� constituida, no podr韆, llegado el caso, sino ser reconsiderado y decidido tambi閚 por todos; lo contrario entra馻r韆, con la ruptura de la unidad de la ciudadan韆, la quiebra, en t閞minos jur韉ico-constitucionales, de la Naci髇 de todos�. De igual modo, confirma la ruptura frontal con el orden constitucional y estatutario de dicha Comunidad Aut髇oma, sin voluntad alguna de proceder a su restauraci髇, siendo as� que en el requerimiento se le intimaba, en caso de contestar afirmativamente a la pregunta, o de dar una respuesta distinta a la afirmativa o negativa, a que ordenase 玡l cese de cualquier actuaci髇 dirigida a la promoci髇, avance o culminaci髇 del denominado proceso constituyente, tendente a la declaraci髇 y configuraci髇 de Catalu馻 como Estado independiente, con cumplimiento 韓tegro de las resoluciones dictadas por el tribunal Constitucional�.

Resulta patente que la m醲ima autoridad de la Comunidad Aut髇oma no ha procedido a cumplir con lo ordenado, sin que conste, de igual forma, que se haya comunicado el requerimiento a la Presidenta y a la Mesa del Parlamento de Catalu馻 a fin de que restauren tambi閚 el orden constitucional y estatutario, poniendo con ello de manifiesto su absoluto desprecio a la separaci髇 entre los poderes ejecutivo y legislativo, y evidenciando que ambas instituciones –Gobierno de la Generalitat y Parlamento de Catalu馻– act鷄n como si de un solo poder y una sola voluntad se trataran.

Por todo lo expuesto, se constata que no ha sido atendido el requerimiento formulado el pasado 11 de octubre, reiterando el incumplimiento frontal de las obligaciones constitucionales y estatutarias por la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻, con grave riesgo al inter閟 general.

D. Objetivo y necesidad de las medidas del art韈ulo 155

Los precedentes hasta ahora detallados ponen de manifiesto las reiteradas desatenciones al orden constitucional y la contumacia mostrada por los impulsores del denominado 玴roceso soberanista�, desde las distintas instituciones en las que tienen alg鷑 tipo de poder o influencia, ignorando e incluso contraviniendo abiertamente el marco legislativo y las reglas democr醫icas sobre los que se sustenta nuestro Estado de Derecho.

Dicha actitud, adem醩 de intolerable, no resulta ni mucho menos inocua. La deriva independentista y su expresi髇 en planteamientos ilegales, est醤 afectando gravemente a la vida pol韙ica, econ髆ica y social en Catalu馻. As�, en los 鷏timos tiempos, se est� evidenciando un profundo deterioro de las bases de la convivencia, del bienestar social y del crecimiento econ髆ico en la Comunidad Aut髇oma, y se est醤 poniendo en serio riesgo los fundamentos del progreso del conjunto de la sociedad catalana, generando un creciente desconcierto y una aquilatada desconfianza, entre los ciudadanos y hacia las instituciones.

Se constata, as�, que los gobernantes de Catalu馻 no han respetado, ni la legalidad sobre la que se asistenta nuestra democracia, ni el inter閟 general al que nuestras leyes responden.

Una situaci髇 improrrogable, por las causas que la motivan y las consecuencias que provoca, que es preciso atajar mediante la activaci髇 de las facultades que el art韈ulo 155 de la Constituci髇 otorga al Gobierno de la Naci髇, en cuanto precepto que persigue y preserva –precisamente– estos fines.

Por este motivo, las medidas propuestas en el marco de este procedimiento se plantean de forma garantista, persiguiendo en todo caso asegurar derechos y no restringir libertades, y respondiendo en todo caso a cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento econ髆ico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.

En primer lugar, es objetivo de las medidas propuestas restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻. Es 閟te un cometido irrenunciable desde la constataci髇 de que las autoridades auton髆icas han ignorado la legalidad vigente, tanto cuando han contravenido abiertamente sus disposiciones, como cuando han intentado alterar sus principios y literalidad, de forma improcedente, fuera de los mecanismos previstos para ello.

No solo se han obviado las bases legales de nuestro Estado Social y Democr醫ico de Derecho, para plantear un proceso soberanista al margen de la legalidad y en contra de la soberan韆 nacional, sino que se ha tratado de suplantar el marco constitucional y estatutario del autogobierno de Catalu馻, en apenas unas horas, sin apenas debate parlamentario, sin tiempo para enmendar, sin atender a informes jur韉icos, sin mayor韆s cualificadas y sin ning鷑 tipo de pudor democr醫ico. Han actuado sin reconocer el sometimiento a Ley alguna y, con ello, han invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno.

Por este motivo, resulta imprescindible asegurar el respeto a la Ley y al ordenamiento constitucional, desde los derechos que ampara y hasta las obligaciones que establece, comenzando por su propio cumplimiento. Cumplir la Ley es y ha de ser una obligaci髇 que vincula especialmente a los responsables y representantes p鷅licos, porque es condici髇 indispensable para el ejercicio de sus funciones, para la integridad de las instituciones que representan y para la confianza de los ciudadanos a los que sirven.

Es preciso, as�, garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constituci髇 espa駉la y en el Estatuto de Catalu馻, como elementos fundacionales de la propia autonom韆 catalana. Preservar ese autogobierno, es proteger la autonom韆.

En segundo lugar, es objetivo de estas medidas asegurar la neutralidad institucional, de forma que el inter閟 general de los catalanes sea, en todo caso, el principio rector de sus responsables p鷅licos por encima de los intereses pol韙icos. Ese inter閟 general, en el que confluyen los grandes acuerdos sociales sobre el bien com鷑, debe ser el elemento inspirador de las pol韙icas p鷅licas, m醩 all� de los diferentes posicionamientos pol韙icos.

Sin embargo, el Gobierno de la Generalitat ha obviado el inter閟 general de los catalanes en favor del ideario independentista de una parte de ellos. Estos anhelos soberanistas, sin entrar a cuestionar su legitimidad en un sistema democr醫ico que ampara el pluralismo pol韙ico, no pueden ser presentados como una demanda un醤ime del conjunto de los ciudadanos catalanes, no pueden traducirse en un discurso 鷑ico de imposici髇 de la independencia y no puede, por encima de todo, traducirse en una declaraci髇 unilateral en este sentido.

La Generalitat de Catalu馻, y el conjunto de instituciones que componen el autogobierno, deben responder –siempre y en todo caso– al bienestar de los ciudadanos y actuar –siempre y en todo caso– en favor de todos ellos y no en respuesta a solo una parte. Las instituciones, como reflejo de la sociedad, deben respetar la diversidad que tanto la enriquece. Y los ciudadanos catalanes tienen, como el conjunto de los espa駉les, el derecho a confiar en sus instituciones.

Es preciso, por tanto, asegurar que las instituciones de autogobierno, act鷄n con normalidad y neutralidad, atendiendo al conjunto de los catalanes, a quienes se deben. Sin intentar colocar las ideas de unos por encima de los derechos de todos y al margen del ordenamiento constitucional.

En tercer lugar, responder de forma debida al inter閟 general de todos los catalanes implica que sea objetivo irrenunciable de estas medidas garantizar el mantenimiento de los servicios p鷅licos esenciales y de la recuperaci髇 econ髆ica.

Es un objetivo indispensable y un requisito imprescindible teniendo en cuenta que los planteamientos del denominado 玴roceso soberanista� han relegado a un papel marginal las necesidades m醩 b醩icas de los ciudadanos catalanes, convirtiendo en la prioridad de la agenda pol韙ica los requisitos del proceso y no las necesidades de los servicios p鷅licos.

Junto con ello, las incertidumbres generadas por las aspiraciones soberanistas, han generado una amplia desconfianza, no solo en la propia sociedad, sino tambi閚 en los agentes econ髆icos, provocando el traslado de sedes sociales y fiscales de las empresas, desincentivando inversiones y desmotivando el turismo, uno de los principales factores de crecimiento en Catalu馻.

Ello, sin entrar en que la pretendida independencia, generar韆 una serie de efectos econ髆icos de impacto y magnitudes grav韘imas, para los intereses de Catalu馻 y para el inter閟 general de Espa馻.

Desde el punto de vista comercial, las pretensiones independentistas obvian que supondr韆n de iure el abandono de la Uni髇 Europea y la salida de la Organizaci髇 Mundial del Comercio, pasando a ser un pa韘 tercero a efectos de las relaciones comerciales al que se le aplicar韆n los derechos aut髇omos del Arancel Exterior Com鷑, adem醩 de controles aduaneros en frontera. Todo ello supondr韆 una gran p閞dida en t閞minos de competitividad, crecimiento y empleo para una econom韆 en la que el comercio exterior supone el 70% del PIB.

Desde el punto de vista financiero, se obvia asimismo que la salida inmediata de Catalu馻 de la Uni髇 Econ髆ica y Monetaria, implicar韆 la ausencia de representaci髇 en los 髍ganos de gobierno de todas sus instituciones, de su amparo y sus beneficios, y en concreto de las facilidades del Banco Central Europeo. Este hecho llevar韆 a que, como ya est� sucediendo en la actualidad, las entidades de cr閐ito se reubicasen fuera de Catalu馻. La salida de capitales junto al empeoramiento del saldo de la balanza comercial en Catalu馻, resultar韆 en un flujo de salida de euros hacia el resto de Espa馻 y del mundo que impedir韆 la utilizaci髇 de facto del euro como moneda en Catalu馻. Incluso la creaci髇 de una moneda y un Banco central propios resultar韆 inviable, por el elevado nivel de d閒icit p鷅lico. Se har韆n irremediables la expansi髇 monetaria, la inflaci髇 desproporcionada y la contracci髇 del cr閐ito, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversi髇.

Desde el punto de vista de la financiaci髇 p鷅lica, las tensiones presupuestarias ser韆n evidentes. Por el lado de los ingresos, la capacidad recaudatoria ser韆 muy limitada, en lo funcional y en lo efectivo, por la erosi髇 de las bases imponibles en un contexto de contracci髇 econ髆ica, el previsible desplazamiento de personas y domicilios sociales, y la falta de transferencias de Espa馻 y de la Uni髇 Europea. Sin embargo los gastos se ver韆n incrementados, al tener que asumir los hasta ahora sufragados por el Estado espa駉l, lo que obligar韆 a emitir deuda p鷅lica en los mercados, hecho que ser韆 cada vez m醩 gravoso en un contexto de recesi髇 en el que, adem醩 del sector p鷅lico, el sector financiero estar韆 simult醤eamente demandando financiaci髇.

Por todo ello, la pretendida independencia de Catalu馻 implicar韆 aislar una econom韆 que hoy est� plenamente integrada en Espa馻, en la UE y en el mundo. Supondr韆 su aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales. Esto llevar韆 a un empobrecimiento de la econom韆 de Catalu馻 de entre el 25% y el 30%, resultando una coyuntura econ髆ica insostenible. Esta situaci髇 no es en absoluto deseada respecto a un territorio y una sociedad que forman parte de Espa馻 y que el Estado tiene el deber de proteger.

En cuarto lugar, el 鷏timo de los objetivos que justifica y fundamenta las medidas propuestas en el marco de este procedimiento, es preservar los derechos de todos los catalanes. Los derechos que las leyes les otorgan y que las instituciones deben hacer efectivos.

Porque, cuando las instituciones incumplen y justifican el incumplimiento de la Ley, vienen a arrogarse la capacidad de actuar fuera de cualquier norma y de ejercer, por ende, un poder sin control y sin l韒ite. Una situaci髇 en la que los derechos y libertades de los ciudadanos quedan desprovistos de cualquier garant韆 y sometidos a la voluntad y, m醩 a鷑, la arbitrariedad de sus gobernantes. Un planteamiento absolutamente incompatible con las bases del sistema democr醫ico que ampara la voluntad del conjunto de los ciudadanos espa駉les y catalanes desde hace cuarenta a駉s.

Es por ello que resulta esencial garantizar 韓tegramente esos derechos y proteger, especialmente, la libertad, la seguridad y la pluralidad que son consustanciales a un Estado de Derecho y a una democracia avanzada, y a los principios y fundamentos que la Constituci髇 recoge y que, con este procedimiento, se quieren preservar.

Entrando ya en el an醠isis de las medidas propuestas en aplicaci髇 del art韈ulo 155, todas ellas son congruentes con la gravedad de las actuaciones de las instituciones de la Generalitat de Catalu馻, conducentes a poner en marcha un proceso de secesi髇, a pesar de las sentencias y autos contrarios del Tribunal Constitucional en un marco de pol韙ica general de desobediencia a la resoluci髇 de los Tribunales. Un proceso en el que la Generalitat niega expresamente el derecho, se coloca por encima de las leyes estatales y desconoce las resoluciones de los tribunales.

La magnitud del incumplimiento determina que, en este caso, no baste con la impartici髇 de instrucciones a las autoridades auton髆icas (las mismas que han quebrado el orden constitucional), ni tan siquiera con la asunci髇 puntual de competencias en algunos de los actos que ordinariamente debe realizar o en algunas de sus funciones.

Se hace imprescindible la sustituci髇 en el ejercicio de las funciones de esos 髍ganos por el tiempo necesario y preciso para reponer la legalidad constitucional y estatutaria vulnerada.

Las medidas que recoge este acuerdo son las absolutamente necesarias y proporcionadas al fin para el que se adoptan y tendr醤 la duraci髇 temporal que se entiende necesaria para reponer el marco constitucional y estatutario vulnerado, asegurando la neutralidad de la administraci髇 auton髆ica en garant韆 del pluralismo pol韙ico, puesto que de ning鷑 modo tienen por objetivo suspender la autonom韆 de Catalu馻, sino precisamente salvaguardar y restaurar la aplicaci髇 de su Estatuto de Autonom韆 como parte del orden constitucional; sin perjuicio de la eventual adaptaci髇 de dichas medidas, en caso necesario, a las nuevas circunstancias que se aprecien a lo largo del 醡bito temporal de su aplicaci髇.

Las medidas cuya autorizaci髇 se solicita tienen como destinatarios tanto el Gobierno y la Administraci髇 de la Generalitat, como el Parlamento de Catalu馻. Han sido ambas Instituciones las que a lo largo de este tiempo han incumplido el orden constitucional de manera reiterada y progresiva, haciendo caso omiso a los distintos pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional. En todo caso, suponen la asunci髇 de las competencias previstas en el Estatuto de Autonom韆 por el Gobierno de la Naci髇, sin suspensi髇 en ning鷑 caso de la autonom韆 y siempre con car醕ter provisional.

Respecto del Gobierno y la Administraci髇 de la Generalitat de Catalu馻, las medidas cuya autorizaci髇 se solicita son las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento del orden constitucional y su aplicaci髇 se realizar� en forma proporcionada a las circunstancias. Se justifica su extensi髇 a todas las 醨eas de actuaci髇 administrativa, en la medida en que la denominada Ley 20/2017, de transitoriedad jur韉ica y fundacional de la rep鷅lica aprobada por el Parlamento de Catalu馻, afecta en su redacci髇 a todas las 醨eas competenciales del Estado, con la ileg韙ima pretensi髇 de asumir la totalidad de las competencias estatales y promover la creaci髇 de estructuras de Estado.

Promovi閚dose el cese del Presidente de la Generalitat de Catalu馻, se prev� que la facultad de convocatoria de unas nuevas elecciones auton髆icas corresponda al Presidente del Gobierno de la Naci髇, a quien se limita el plazo temporal para el ejercicio de esta facultad al plazo previsto en el presente Acuerdo. Se persigue de este modo, que trascurrido el plazo que permita la recuperaci髇 del marco constitucional y estatutario y preservando el autogobierno auton髆ico, vuelva a ser el mismo ejercido por quienes sean elegidos por los ciudadanos de Catalu馻, sus leg韙imos representantes auton髆icos, tras unas elecciones de este car醕ter.

Las medidas respecto del Parlamento de Catalu馻 conllevan la necesidad del sometimiento a autorizaci髇 de determinadas actuaciones que le son propias hasta que se haya logrado el leg韙imo fin de restaurar el orden constitucional vulnerado por aqu閘, en abierto desaf韔 a la Constituci髇 y al propio Estatuto de Autonom韆 a los que debe respeto y obediencia. Dichas medidas se hacen absolutamente necesarias para impedir que esta instituci髇 auton髆ica prosiga las actuaciones parlamentarias necesarias para iniciar un proceso constituyente que desemboque finalmente, tal y como indica la Ley 20/2017 aprobada por dicho Parlamento de Catalu馻 y suspendida por el Tribunal Constitucional, en la adopci髇 de una Constituci髇 catalana.

Adem醩, las medidas se aplicar醤 de forma gradual, atendiendo de forma proporcionada y progresiva a las necesidades que en cada momento requiera el restablecimiento del orden constitucional.

Es por ello que las medidas cuya autorizaci髇 se solicita se antojan imprescindibles, no s髄o para mantener la cohesi髇 interna del Estado Espa駉l, sino para preservar de igual modo la posici髇 de Espa馻 en el exterior, tanto en la Uni髇 Europea, el Consejo de Europa y la Naciones Unidas. Resulta a todas luces evidente que las decisiones adoptadas por las m醲imas instituciones de Catalu馻 perjudican a todo el Estado Espa駉l, tanto en su vertiente jur韉ico-constitucional como en su prestigio como Estado que act鷄 en el 醡bito internacional, am閚 de por su condici髇 de socio de la Uni髇 Europea y miembro del Consejo de Europa, al afectar al desarrollo econ髆ico y social del bienestar de todos los espa駉les, incluidos los ciudadanos de Catalu馻, as� como a la solvencia financiera y econ髆ica de Espa馻 en el exterior. Por tanto, de no adoptar las medidas necesarias para impedir que el Parlamento de Catalu馻 materialice su hoja de ruta secesionista, apoyado por el Gobierno de la Generalitat, se podr韆 causar un perjuicio grav韘imo a la superaci髇 de la crisis econ髆ica padecida por Espa馻 y, como consecuencia, agravar el enorme problema social del desempleo, afectando en 鷏tima instancia a la seguridad jur韉ica que precisan tanto las inversiones nacionales como, se馻ladamente, las inversiones extranjeras.

Por 鷏timo las medidas permiten su adaptaci髇 a las circunstancias cambiantes por cuanto se prev� la posibilidad de que el Senado pueda conocer de modificaciones y actualizaciones caso de ser precisas nuevas medidas para garantizar el orden constitucional o sensu contrario de dejarlas sin efecto antes de su finalizaci髇 si dejan de ser imprescindible para los fines perseguidos.

Por todo lo expuesto, el objeto del presente Acuerdo es doble:

• a) Tener por no atendido el requerimiento deducido en aplicaci髇 del art韈ulo 155 de la Constituci髇 al Sr. Presidente de la Generalitat.
• b) Tener por cumplidos los requisitos que justifican la puesta en marcha del mecanismo previsto en el art韈ulo 155 de la Constituci髇 espa駉la, y en consecuencia solicitar al Senado la autorizaci髇 al Gobierno de la Naci髇 para la adopci髇 de las medidas necesarias para garantizar que se proceda por las Instituciones de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 al cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales y para la protecci髇 del inter閟 general, incorporando al efecto una propuesta de medidas a adoptar a tal efecto.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros, en su reuni髇 del d韆 21 de octubre de 2017.

ACUERDA

1. Tener por no atendido el requerimiento dirigido por el Gobierno de la Naci髇 al M. H. Sr. Presidente de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻.

2. Solicitar del Senado, al amparo de la facultad prevista en el art韈ulo 155 de la Constituci髇 espa駉la, y de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 189 del Reglamento del Senado, y con el fin de proteger el inter閟 general de la Naci髇 espa駉la, la autorizaci髇 al Gobierno de la Naci髇 para la adopci髇 de las siguientes medidas:

A. Medidas dirigidas al Presidente de la Generalitat de Catalu馻, al Vicepresidente y al Consejo de Gobierno

Se autoriza al Gobierno de la Naci髇 a proceder al cese del Presidente de la Generalitat de Catalu馻, del Vicepresidente y de los Consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Catalu馻.

El cese implicar� la sustituci髇 en el ejercicio de todas las funciones que estatutaria, legal y normativamente les son propias como Presidente, Vicepresidente y miembros del Consejo de Gobierno y como titulares de sus respectivos Departamentos o Consejer韆s.

El ejercicio de dichas funciones corresponder� al Gobierno de la Naci髇 o a los 髍ganos o las autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Naci髇 P醨rafo tercero燿el apartado A爎edactado por la letra a) del燼partado II. de la Res. de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Senado, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del art韈ulo 155 de la Constituci髇 (獴.O.E.� 27 octubre). Vigencia: 27 octubre 2017 Redacci髇 originaria:

Sin perjuicio de lo anterior, y singularmente, la competencia del Presidente de la Generalitat de Catalu馻 para decretar la disoluci髇 anticipada del Parlamento de Catalu馻 o el fin de la legislatura y para la convocatoria de elecciones auton髆icas, prevista en el art韈ulo 10.c) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, corresponder� al Presidente del Gobierno de la Naci髇. V閍se el R.D. 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Catalu馻 y de su disoluci髇 (獴.O.E.� 28 octubre).

En todo caso, esta 鷏tima competencia deber� ejercitarse en el plazo m醲imo de 6 meses desde la aprobaci髇 por el Senado de las presentes medidas.

B. Medidas dirigidas a la Administraci髇 de la Generalitat

La Administraci髇 de la Generalitat de Catalu馻, de acuerdo con el art韈ulo 71 del Estatuto de Autonom韆 de Catalu馻, contin鷄 funcionando como la organizaci髇 administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estatuto y su normativa reguladora atribuyen a la Generalitat de Catalu馻.

A todos los efectos y medidas previstos en este Acuerdo se entiende tambi閚 por Administraci髇 de la Generalitat de Catalu馻 cualesquiera organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma, as� como el sector p鷅lico empresarial a que se refiere el art韈ulo 216 del Estatuto de Autonom韆 de Catalu馻.

Acordado el cese del Presidente, del Vicepresidente y de los Consejeros de Gobierno, la Administraci髇 de la Generalitat de Catalu馻 actuar� bajo las directrices de los 髍ganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Naci髇 en sustituci髇 de aqu閘los.

A tal efecto, y atendiendo proporcionada y progresivamente a las necesidades que requiera el normal funcionamiento de las distintas 醨eas de actividad de la Administraci髇 de la Generalitat de Catalu馻, dichos 髍ganos o autoridades podr醤:

• – Dictar y adoptar las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u 髍denes de servicio que sean necesarias para el ejercicio de las competencias y funciones asumidas. Todos ellos ser醤 de obligado cumplimiento para el personal de la Administraci髇 de la Generalitat de Catalu馻, sean funcionarios p鷅licos o empleados sujetos al r間imen laboral, dependientes de la misma o de su sector p鷅lico.
• – Someter a un r間imen de comunicaci髇 o autorizaci髇 previa de las actuaciones de la Administraci髇 de la Generalitat, siendo nulos los actos, actuaciones y resoluciones que se adopten sin este requisito. Cuando dichos actos, actuaciones y resoluciones se sometan a un r間imen de comunicaci髇 previa, los 髍ganos o autoridades designados por el Gobierno de la Naci髇 podr醤 oponerse, con car醕ter vinculante, a su resoluci髇.
• – Acordar el nombramiento, el cese, o la sustituci髇 temporal con asunci髇 de las funciones correspondientes, de cualesquiera autoridades, cargos p鷅licos y personal de la Administraci髇 de la Generalitat de Catalu馻 –conforme al r間imen jur韉ico que le sea aplicable-, as� como los de cualesquiera organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma, y de su sector p鷅lico empresarial.
• – En el caso de que el incumplimiento de las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u 髍denes de servicio dictadas por los 髍ganos o autoridades designadas por el Gobierno de la Naci髇, pudiera ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria, se podr� proceder a su exigencia, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal y auton髆ica que resulte de aplicaci髇, sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales, o de otro orden a que pudieran dar lugar.

Se habilita al Gobierno de la Naci髇, por s� mismo o a trav閟 de sus propios 髍ganos colegiados delegados con competencias en materia econ髆ica, financiera, tributaria y presupuestaria, o a aquellos otros 髍ganos o autoridades creados o designados al efecto, a ejercer las facultades contenidas en este apartado.

C. Medidas singulares sobre determinados 醡bitos de actividad administrativa

Adem醩 de las medidas generales anteriormente se馻ladas, que son de aplicaci髇 a todas las 醨eas de actividad de la Administraci髇 de la Generalitat de Catalu馻, se autoriza a los 髍ganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Naci髇 a adoptar adicionalmente medidas singulares sobre las siguientes 醨eas:

C.1 Seguridad y orden p鷅licos.

Acordado el cese del Presidente de la Generalitat de Catalu馻 y del Consejero titular del Departamento de Interior en el ejercicio de las funciones previstas en el art韈ulo 164 del Estatuto de Autonom韆 de Catalu馻, y en su caso, de las autoridades dependientes, el ejercicio de dichas funciones corresponder� a los 髍ganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Naci髇, que podr醤 dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Polic韆 de la Generalitat de Catalu馻-Mossos d’Esquadra.

Los 髍ganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Naci髇 podr醤 acordar el despliegue de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Catalu馻, coordinando la actuaci髇 de la Polic韆 de la Generalitat de Catalu馻-Mossos d’Esquadra.

En el caso de que sea necesario, los miembros del Cuerpo de Polic韆 de la Generalitat de Catalu馻-Mossos d’Esquadra ser醤 sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el caso de que el incumplimiento de las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u 髍denes de servicio dictadas por los 髍ganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Naci髇, pudiera ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria, se podr� proceder a su exigencia, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal y auton髆ica especial que resulte de aplicaci髇, sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales, o de otro orden a que pudieran dar lugar.

C.2 羠ea de gesti髇 econ髆ica, financiera, tributaria y presupuestaria.

Se habilita al Gobierno de la Naci髇, por s� mismo o a trav閟 de los 髍ganos previstos en el apartado 玀edidas dirigidas a la Administraci髇 de la Generalitat� a ejercer las competencias necesarias en materia econ髆ica, financiera, tributaria y presupuestaria, para que en beneficio del inter閟 general, se garantice la prestaci髇 de los servicios p鷅licos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Se destaca que, en especial, se adoptar醤 las medidas necesarias que permitan:

• 1. Garantizar que la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del Estado a la Comunidad Aut髇oma, a sus organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector p鷅lico empresarial, no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista que motiva el presente Acuerdo o que contravengan las medidas contenidas en el mismo.
• 2. Garantizar que los ingresos que corresponde recaudar o recibir por cualquier t韙ulo a la Comunidad Aut髇oma, a sus organismos entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y a su sector p鷅lico empresarial, no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista que motiva el presente Acuerdo o que contravengan las medidas contenidas en el mismo.

C.3 羠ea de telecomunicaciones y comunicaciones electr髇icas y audiovisuales.

Corresponder� a los 髍ganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Naci髇:

• – El ejercicio de las funciones de la Generalitat de Catalu馻 relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales.
• – El ejercicio de las funciones de la Generalitat de Catalu馻 relativas a las tecnolog韆s de la informaci髇, y en particular, las funciones de gobierno y administraci髇 del Centro de Telecomunicaciones y Tecnolog韆s de la Informaci髇 y del Centro de la Seguridad de la Informaci髇 de Catalu馻.

Asimismo, en el 醡bito del servicio p鷅lico auton髆ico de comunicaci髇 audiovisual, el ejercicio conforme a este Acuerdo de las facultades de la Generalitat garantizar� la transmisi髇 de una informaci髇 veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo pol韙ico, social y cultural, y tambi閚 con el equilibrio territorial; as� como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constituci髇 espa駉la y el Estatuto de Autonom韆 de Catalu馻, tal y como establece el art韈ulo 26 de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicaci髇 audiovisual de Catalu馻.

D. Medidas dirigidas al Parlamento de Catalu馻

El Parlamento de Catalu馻 ejercer� la funci髇 representativa que tiene encomendada y, para garantizar que lo haga con pleno respeto a la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆, se proponen las medidas que a continuaci髇 se detallan.

D.1 Mientras se mantenga la vigencia de las presentes medidas y hasta la constituci髇 del nuevo Parlamento de Catalu馻 surgido de las elecciones que se celebren de acuerdo con lo establecido en el apartado 玀edidas dirigidas al presidente de la Generalitat de Catalu馻, al Vicepresidente y al Consejo de Gobierno�, el presidente del Parlamento de Catalu馻 no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni el Parlamento celebrar debate y votaci髇 de investidura.

D.2 No ser醤 de aplicaci髇 las funciones de control y las figuras reguladas en los art韈ulos 66 y 67, en los apartados segundo y tercero de la secci髇 primera, en la secci髇 cuarta, en la secci髇 quinta y en la secci髇 s閜tima del Cap韙ulo III del T韙ulo IV del Reglamento del Parlamento de Catalu馻, respecto de las autoridades designadas para el desarrollo y ejecuci髇 de las medidas aprobadas por el Senado. Las facultades de seguimiento y control sobre las mismas corresponder醤 exclusivamente al 髍gano que designe a tal efecto el Senado.

D.3 Las propuestas de resoluci髇 del Parlamento para impulsar la acci髇 pol韙ica y de gobierno y declaraciones institucionales, presentadas al amparo de lo dispuesto en la secci髇 sexta del Cap韙ulo III del T韙ulo IV del Reglamento de la C醡ara, no podr醤 dirigirse a las autoridades designadas para el desarrollo y ejecuci髇 de las presentes medidas y deber醤, en cualquier caso, ser conformes con la Constituci髇, el Estatuto de Autonom韆 y las resoluciones del Tribunal Constitucional, as� como al presupuesto, objeto y finalidad de las presentes medidas, careciendo de cualquier validez y efecto en otro caso.

D.4 El Parlamento de Catalu馻 seguir� ejerciendo su potestad legislativa y de organizaci髇 propia, si bien no podr� tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas, ni a su presupuesto, objeto y finalidad.

...

...

E. Medidas de car醕ter transversal

Con el fin de garantizar la eficacia y eficiencia de las medidas generales y singulares previstas en el presente Acuerdo, se aprueban adicionalmente las siguientes medidas complementarias de car醕ter transversal:

E.1 Normativa estatal y auton髆ica de aplicaci髇.

El ejercicio de las competencias, facultades y funciones que, en virtud de lo autorizado en este Acuerdo, se atribuya a los 髍ganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Naci髇, se ajustar� a la normativa vigente, estatal o auton髆ica, que en cada caso resulte de aplicaci髇.

La revisi髇 jurisdiccional de los actos y disposiciones dictados por sustituci髇 en las funciones o competencias de los 髍ganos de la Administraci髇 de la Generalitat de Catalu馻 se sujetar� a las previsiones de la legislaci髇 procesal. La revisi髇 jurisdiccional de los actos y disposiciones dictados en aplicaci髇 de las medidas previstas en este Acuerdo corresponder� a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, en atenci髇 al rango de los 髍ganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Naci髇.

E.2 Declaraci髇 de invalidez e ineficacia de disposiciones, actos y resoluciones auton髆icas dictadas en contravenci髇 con las medidas aprobadas en el Acuerdo.

Queda prohibida la emisi髇, aprobaci髇 o dictado de cualesquiera actos, actuaciones, resoluciones, disposiciones, contratos, convenios, acuerdos o encomiendas a favor de entidades p鷅licas o privadas, o cualesquiera otro acto y/o actuaci髇 an醠oga a los anteriores dictado o realizado por parte de las autoridades, cargos p鷅licos y personal tanto del Parlamento de Catalu馻 como de cualquier 髍gano u organismo de la Administraci髇 de la Generalitat de Catalu馻, que contravengan las medidas contenidas en el presente Acuerdo o se lleven a efecto sin cumplir los requisitos que en desarrollo de las mismas establezcan los 髍ganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Naci髇.

Los mismos son nulos de pleno derecho y carecer醤 de efecto alguno.

E.3 Publicaciones en boletines oficiales.

A fin de garantizar, con arreglo a la normativa estatal o auton髆ica de aplicaci髇, la adecuada publicaci髇 de resoluciones, actos, acuerdos o disposiciones normativas, cualesquiera que fuese su rango, de naturaleza administrativa o parlamentaria, en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalu馻 o en el Bolet韓 Oficial del Parlamento de Catalu馻, los 髍ganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Naci髇 dispondr醤 de las facultades previstas en el apartado 玀edidas dirigidas a la Administraci髇 de la Generalitat� de este Acuerdo.

La publicaci髇 en dicho Diario o Bolet韓, sin la autorizaci髇 o en contra de lo acordado por los 髍ganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Naci髇 en el ejercicio de dichas facultades determinar� la falta de vigencia de la disposici髇 normativa correspondiente, as� como de la falta de validez y efectos de la resoluci髇, acto o acuerdo objeto de publicaci髇. P醨rafo segundo del apartado E.3 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) 89/2019 de 2 de julio (獴.O.E� 12 agosto).

E.4 Modificaci髇 de los Departamentos, de las estructuras org醤icas y de los organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la Generalitat de Catalu馻.

Acordado el cese del Presidente, del Vicepresidente y de los Consejeros de Gobierno, el ejercicio de sus respectivas funciones en orden a la organizaci髇 de los Departamentos de la Generalitat de Catalu馻, prevista en el art韈ulo 23 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre , de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, corresponder� igualmente al Gobierno de la Naci髇 o a los 髍ganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Naci髇 en sustituci髇 de aqu閘los. Apartado E.4爎edactado por la letra e) del apartado II燿e la Res. de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Senado, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del art韈ulo 155 de la Constituci髇 (獴.O.E.� 27 octubre). Vigencia: 27 octubre 2017 Redacci髇 originaria:

En estas previsiones queda incluido en todo caso el ejercicio de la potestad de organizaci髇, creaci髇, modificaci髇 y extinci髇 de aquellos organismos y entidades p鷅licas creadas o autorizadas por Ley.

E.5 Creaci髇 de 髍ganos y designaci髇 de autoridades por el Gobierno de la Naci髇 para el cumplimiento de las medidas.

Se habilita al Gobierno de la Naci髇 para la creaci髇 de los 髍ganos y el nombramiento o designaci髇 de las autoridades que sean necesarios para el ejercicio de las funciones y para el cumplimiento de las medidas contenidas en este Acuerdo.

E.6 Disposiciones y protocolos de actuaci髇.

Se autoriza al Gobierno de la Naci髇, o en su caso, a los 髍ganos o autoridades creados o designados por 閟te a la adopci髇 de los actos, actuaciones, resoluciones y disposiciones necesarias con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas contenidas en este Acuerdo y de proporcionar la necesaria seguridad jur韉ica en defensa y respeto del orden constitucional.

Dicha autorizaci髇 comprende igualmente la habilitaci髇 para la elaboraci髇 de las directrices, instrucciones y protocolos de actuaci髇 necesarios para instruir las actuaciones de las autoridades y personal de la Administraci髇 General del Estado que deban ejecutar las medidas adoptadas, al objeto de proporcionar igualmente la necesaria seguridad jur韉ica a su actuaci髇, en defensa y respeto del orden constitucional.

E.7 Seguridad jur韉ica de los funcionarios p鷅licos o empleados sujetos al r間imen laboral de la Generalitat de Catalu馻.

La incoaci髇, tramitaci髇 y resoluci髇 de expedientes sancionadores, por parte de cualquier 髍gano de la Administraci髇 de la Generalitat de Catalu馻 o de organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector p鷅lico empresarial, al personal funcionario o laboral que en ella prestan servicios, por considerar infracci髇 el acatamiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que anulan actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista que motiva el presente Acuerdo o de las medidas contenidas en este Acuerdo, son nulos de pleno derecho e ineficaces, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal o de otro orden a que hubiere lugar respecto a quien inicie, tramite o resuelva los expedientes sancionadores antedichos.

E.8 Potestad disciplinaria y traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal.

El incumplimiento de las medidas contenidas en el presente Acuerdo se entender� como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constituci髇 y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o auton髆ica de aplicaci髇, sin necesidad de recurrir a informes previos sobre los expedientes disciplinarios. Apartado燛.8爎edactado por la letra f) del燗partado II de la Res. de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Senado, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del art韈ulo 155 de la Constituci髇 (獴.O.E.� 27 octubre). Vigencia: 27 octubre 2017 Redacci髇 originaria:

El ejercicio de la potestad disciplinaria por el Gobierno de la Naci髇, o por los 髍ganos o autoridades que cree o designe a tal efecto, con respecto a las autoridades y el personal funcionario o laboral del Parlamento de Catalu馻 y de la Administraci髇 de la Generalitat o de su sector p鷅lico, se entender� sin perjuicio de la posibilidad de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos de la posible exigencia de responsabilidad penal.

E.9 Duraci髇 y revisi髇 de las medidas.

Las medidas contenidas en este Acuerdo se mantendr醤 vigentes y ser醤 de aplicaci髇 hasta la toma de posesi髇 del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebraci髇 de las correspondientes elecciones al Parlamento de Catalu馻.

Durante la vigencia de las presentes medidas, y en aquellos casos extraordinarios en que resulte imprescindible o inaplazable, el Gobierno de la Naci髇 podr� plantear ante el Senado modificaciones o actualizaciones de las medidas inicialmente autorizadas, cuya procedencia ser�, en su caso, acordada por la autoridad u 髍gano que se cree o designe a tal efecto.

El Gobierno de la Naci髇 podr� anticipar el cese de estas medidas si cesasen las causas que lo motivan, dando cuenta al Senado de esta decisi髇.

El Gobierno de la Naci髇 dar� cuenta al Senado del estado de aplicaci髇 y ejecuci髇 de las medidas contenidas en este Acuerdo con una periodicidad de dos meses.

E.10 Notificaci髇, entrada en vigor y publicaci髇.

Las medidas contenidas en el presente Acuerdo que resulten autorizadas por el Senado se notificar醤 personalmente al Presidente de la Generalitat de Catalu馻, a su Vicepresidente y a los Consejeros que integran el Consejo de Gobierno, as� como a la Presidenta y a la Mesa del Parlamento de Catalu馻.

Las medidas que resulten autorizadas por el Senado, entrar醤 en vigor desde el momento de la publicaci髇 del presente Acuerdo en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.