• Expandir / Contraer �ndice sistem�tico
• INTRODUCCION
• CAP�TULO PRIMERO.��MBITO DE APLICACI�N Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
  • Art�culo 1
  • Art�culo 2
• CAP�TULO II.�PROTECCI�N DE LA SALUD Y SEGURIDAD
  • Art�culo 3
  • Art�culo 4
  • Art�culo 5
  • Art�culo 6
  • Art�culo 6 bis
• CAP�TULO III.�PROTECCI�N DE LOS INTERESES ECON�MICOS Y SOCIALES
  • Art�culo 7
  • Art�culo 8
  • Art�culo 9
  • Art�culo 10
  • Art�culo 10 bis
  • Art�culo 10 ter
  • Art�culo 10 qu�ter
  • Art�culo 11
  • Art�culo 12
• CAP�TULO IV.�DERECHO A LA INFORMACI�N
  • Art�culo 13
  • Art�culo 14
  • Art�culo 15
  • Art�culo 16
  • Art�culo 17
• CAP�TULO V.�DERECHO A LA EDUCACI�N Y FORMACI�N EN MATERIA DE CONSUMO
  • Art�culo 18
  • Art�culo 19
• CAP�TULO VI.�DERECHO DE REPRESENTACI�N, CONSULTA Y PARTICIPACI�N
  • Art�culo 20
  • Art�culo 20 bis
  • Art�culo 21
  • Art�culo 21 bis
  • Art�culo 21 ter
  • Art�culo 22
  • Art�culo 22 bis
  • Art�culo 22 ter
• CAP�TULO VII.�SITUACIONES DE INFERIORIDAD, SUBORDINACI�N O INDEFENSI�N
  • Art�culo 23
  • Art�culo 24
• CAP�TULO VIII.�GARANT�AS Y RESPONSABILIDADES
  • Art�culo 25
  • Art�culo 26
  • Art�culo 27
  • Art�culo 28
  • Art�culo 29
  • Art�culo 30
  • Art�culo 31
• CAP�TULO IX.�INFRACCIONES Y SANCIONES
  • Art�culo 32
  • Art�culo 33
  • Art�culo 34
  • Art�culo 35
  • Art�culo 36
  • Art�culo 37
  • Art�culo 38
• CAP�TULO X.�COMPETENCIAS
  • Art�culo 39
  • Art�culo 40
  • Art�culo 41
  • Art�culo 42�La Conferencia Sectorial de Consumo
• Disposiciones adicionales
  • Primera�Cl�usulas abusivas
  • Segunda��mbito de aplicaci�n
  • Tercera�Acciones de cesaci�n
• Disposiciones finales
  • Primera
  • Segunda
  • Tercera
  • Cuarta
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici�n derogatoria

Art�culo 1

1. En desarrollo del art�culo 51.1 y 2 de la Constituci�n, esta Ley tiene por objeto la defensa de los consumidores y usuarios, lo que, de acuerdo con el art�culo 53.3 de la misma tiene el car�cter de principio general informador del ordenamiento jur�dico.

En todo caso la defensa de los consumidores y usuarios se har� en el marco del sistema econ�mico dise�ado en los art�culos 38 y 128 de la Constituci�n y con sujeci�n a lo establecido en el art�culo 139.

La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero) declara que el n�mero 1� del art�culo 1 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.LE0000063102

2. A los efectos de esta Ley, son consumidores o usuarios las personas f�sicas o jur�dicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza p�blica o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden.

3. No tendr�n la consideraci�n de consumidores o usuarios quienes sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producci�n, transformaci�n, comercializaci�n o prestaci�n a terceros.

Art�culo 2

1. Son derechos b�sicos de los consumidores y usuarios:

• a) La protecci�n contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.
• b) La protecci�n de sus leg�timos intereses econ�micos y sociales; en particular, frente a la inclusi�n de cl�usulas abusivas en los contratos.Letra b) del n�mero 1 del art�culo 2 redactada por Ley 7/1998, 13 abril, sobre condiciones generales de la contrataci�n (�B.O.E.� 14 abril).LE0000011118_20190616
• c) La indemnizaci�n o reparaci�n de los da�os y perjuicios sufridos.
• d) La informaci�n correcta sobre los diferentes productos o servicios y la educaci�n y divulgaci�n, para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.
• e) La audiencia en consulta, la participaci�n en el procedimiento de elaboraci�n de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representaci�n de sus intereses, todo ello a trav�s de las asociaciones, agrupaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.
• f) La protecci�n jur�dica, administrativa y t�cnica en las situaciones de inferioridad, subordinaci�n o indefensi�n.

2. Los derechos de los consumidores y usuarios ser�n protegidos prioritariamente cuando guarden relaci�n directa con productos o servicios de uso o consumo com�n, ordinario y generalizado.

3. La renuncia previa de los derechos que esta Ley reconoce a los consumidores y usuarios en la adquisici�n y utilizaci�n de bienes y servicios es nula.

Asimismo son nulos los actos realizados en fraude de esta Ley, de conformidad con el art�culo 6.� del C�digo Civil.

Art�culo 3

1. Los productos, actividades y servicios puestos en el mercado a disposici�n de los consumidores o usuarios no implicar�n riesgos para su salud o seguridad, salvo los usual o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilizaci�n.

2. Con car�cter general, los riesgos susceptibles de provenir de una utilizaci�n previsible de los bienes y servicios, habida cuenta de su naturaleza y de las personas a las que van destinados, deben ser puestos en conocimiento previo de los consumidores o usuarios por medios apropiados, conforme a lo indicado en el art�culo 13. f).

Art�culo 4

1. Los reglamentos reguladores de los diferentes productos, actividades o servicios determinar�n al menos:

• a) Los conceptos, definiciones, naturaleza, caracter�sticas y clasificaciones.
• b) Las condiciones y requisitos de las instalaciones y del personal cualificado que deba atenderlas.
• c) Los procedimientos o tratamientos usuales de fabricaci�n, distribuci�n y comercializaci�n, permitidos, sujetos a autorizaci�n previa o prohibidos.
• d) Las listas positivas de aditivos autorizadas y revisadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
• e) El etiquetado, presentaci�n y publicidad.
• f) Las condiciones y requisitos t�cnicos de distribuci�n, almacenamiento, comercializaci�n, suministro, importaci�n y exportaci�n, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislaci�n arancelaria y en la reguladora del comercio exterior.
• g) Los m�todos oficiales de an�lisis, toma de muestras, control de calidad e inspecci�n.
• h) Las garant�as, responsabilidades, infracciones y sanciones.
• i) El r�gimen de autorizaci�n, registro y revisi�n.

2. Los fertilizantes, plaguicidas y todos los art�culos que en su composici�n lleven sustancias t�xicas, c�usticas, corrosivas o abrasivas deber�n ir envasados con las debidas garant�as y llevar de forma visible las oportunas indicaciones que adviertan el riesgo de su manipulaci�n.

3. Los extremos citados podr�n ser objeto de codificaci�n mediante normas comunes o generales, especialmente en materia de aditivos, productos t�xicos, material envasado, etiquetado, almacenaje, transporte y suministro, tomas de muestras, m�todos de an�lisis, registro, inspecci�n, responsabilidad y r�gimen sancionador.

Art�culo 5

1. Para la protecci�n de la salud y seguridad f�sica de los consumidores y usuarios se regular� la importaci�n, producci�n, transformaci�n, almacenamiento, transporte, distribuci�n y uso de los bienes y servicios, as� como su control, vigilancia e inspecci�n, en especial para los bienes de primera necesidad.

2. En todo caso, y como garant�a de la salud y seguridad de las personas, se observar�:

• a) La prohibici�n de utilizar cualquier aditivo que no figure expresamente citado en las listas positivas autorizadas y publicadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y siempre teniendo en cuenta la forma, l�mites y condiciones que all� se establezcan. Dichas listas ser�n permanentemente revisables por razones de salud p�blica o inter�s sanitario, sin que, por tanto, generen ning�n tipo de derecho adquirido.
• b) La prohibici�n de tener o almacenar productos reglamentariamente no permitidos o prohibidos, en los locales o instalaciones de producci�n, transformaci�n, almacenamiento o transporte de alimentos o bebidas.
• c) Las exigencias de control de los productos t�xicos o venenosos incluidos los resultantes de mezclas y otras manipulaciones industriales, de forma que pueda comprobarse con rapidez y eficacia su origen, distribuci�n, destino y utilizaci�n.
• d) La prohibici�n de venta a domicilio de bebidas y alimentos, sin perjuicio del reparto, distribuci�n o suministro de los adquiridos o encargados por los consumidores en establecimientos comerciales autorizados para venta al p�blico. Reglamentariamente, se regular� el r�gimen de autorizaci�n de ventas directas a domicilio que vengan siendo tradicionalmente practicadas en determinadas zonas del territorio nacional.
• e) El cumplimiento de la normativa que establezcan las Corporaciones Locales o, en su caso, las Comunidades Aut�nomas sobre los casos, modalidades y condiciones en que podr� efectuarse la venta ambulante de bebidas y alimentos.
• f) La prohibici�n de venta o suministro de alimentos envasados, cuando no conste en los envases, etiquetas, r�tulos, cierres o precintos, el n�mero del Registro General Sanitario de Alimentos, en la forma reglamentariamente establecida.
• g) La obligaci�n de retirar o suspender, mediante procedimientos eficaces, cualquier producto o servicio que no se ajuste a las condiciones y requisitos exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas.
• h) La prohibici�n de importar art�culos que no cumplan lo establecido en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen.
• i) Las exigencias de control de los productos manufacturados susceptibles de afectar a la seguridad f�sica de las personas, prestando a este respecto la debida atenci�n a los servicios de reparaci�n y mantenimiento.
• j) La prohibici�n de utilizar en la construcci�n de viviendas y locales de uso p�blico materiales y dem�s elementos susceptibles de generar riesgos para la salud y seguridad de las personas.
• k) La obligaci�n de que las especialidades farmac�uticas se presenten envasadas y cerradas con sistemas apropiados, aportando en sus envases o prospectos informaci�n sobre composici�n, indicaciones y efectos adversos, modo de empleo y caducidad, de suerte que los profesionales sanitarios sean convenientemente informados y se garantice la seguridad, especialmente de la infancia, y se promueva la salud de los ciudadanos.

Art�culo 6

Los poderes p�blicos, directamente o en colaboraci�n con las organizaciones de consumidores o usuarios, organizar�n, en el �mbito de sus competencias, campa�as o actuaciones programadas de control de calidad, especialmente en relaci�n con los siguientes productos y servicios:

• a) Los de uso o consumo com�n, ordinario y generalizado.
• b) Los que reflejen una mayor incidencia en los estudios estad�sticos o epidemiol�gicos.
• c) Los que sean objeto de reclamaciones o quejas, de las que razonablemente se deduzcan las situaciones de inferioridad, subordinaci�n o indefensi�n a que se refiere el art�culo 23,e).
• d) Los que sean objeto de programas espec�ficos de investigaci�n.
• e) Aquellos otros que, en raz�n de su r�gimen o proceso de producci�n y comercializaci�n puedan ser m�s f�cilmente objeto de fraude o adulteraci�n.

La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero) declara que el art�culo 6 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.LE0000063102

Art�culo 6 bis

1. Ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, las administraciones p�blicas competentes podr�n adoptar las medidas que resulten necesarias y proporcionadas para la desaparici�n del riesgo, incluida la intervenci�n directa sobre las cosas y la compulsi�n directa sobre las personas. En estos supuestos, todos los gastos que se generen ser�n a cargo de quien con su conducta los hubiera originado, con independencia de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse. La exacci�n de tales gastos y sanciones podr� llevarse a cabo por el procedimiento administrativo de apremio.

2. Los responsables de la coordinaci�n de los sistemas estatales de intercambio de informaci�n integrados en los sistemas europeos de alertas, trasladar�n las comunicaciones que reciban a las autoridades aduaneras cuando, conforme a la informaci�n facilitada en las comunicaciones, los bienes o servicios alertados procedan de terceros pa�ses.

LE0000238682_20061231 Art�culo 6 bis introducido por el n�mero uno del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 7

Los leg�timos intereses econ�micos y sociales de los consumidores y usuarios deber�n ser respetados en los t�rminos establecidos en esta Ley, aplic�ndose adem�s, lo previsto en las normas civiles y mercantiles y en las que regulan el comercio exterior e interior y el r�gimen de autorizaci�n de cada producto o servicio.

La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero) declara que el art�culo 7 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.LE0000063102

Art�culo 8

1. La oferta, promoci�n y publicidad de los productos, actividades o servicios, se ajustar�n a su naturaleza, caracter�sticas, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sobre publicidad y de acuerdo con el principio de conformidad con el contrato regulado en su legislaci�n espec�fica. Su contenido, las prestaciones propias de cada producto o servicio y las condiciones y garant�as ofrecidas, ser�n exigibles por los consumidores y usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido.

LE0000190809_20030911 N�mero 1 del art�culo 8 redactado por la disposici�n final primera de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garant�as en la Venta de Bienes de Consumo (�B.O.E.� 11 julio).Vigencia: 11 septiembre 2003

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el contrato celebrado contuviese cl�usulas m�s beneficiosas, �stas prevalecer�n sobre el contenido de la oferta, promoci�n o publicidad.

3. La oferta, promoci�n y publicidad falsa o enga�osa de productos, actividades y servicios ser� perseguida y sancionada como fraude. Las asociaciones de consumidores estar�n legitimadas para iniciar e intervenir en los procedimientos legalmente habilitados para hacerlas cesar.

LE0000238682_20061231 N�mero 3 del art�culo 8 redactado por el n�mero dos del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 9

La utilizaci�n de concursos, sorteos, regalos, vales premio o similares, como m�todos vinculados a la oferta, promoci�n o venta de determinados bienes, productos o servicios, ser� objeto de regulaci�n espec�fica, fijando los casos, forma, garant�as y efectos correspondientes.

Art�culo 10

1. Las cl�usulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promoci�n de productos o servicios, y las cl�usulas no negociadas individualmente relativas a tales productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones p�blicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, deber�n cumplir los siguientes requisitos:

• a) Concreci�n, claridad y sencillez en la redacci�n, con posibilidad de comprensi�n directa, sin reenv�os a textos o documentos que no se faciliten previa o simult�neamente a la conclusi�n del contrato, y a los que, en todo caso, deber�n hacerse referencia expresa en el documento contractual.
• b) Entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de recibo justificante, copia o documento acreditativo de la operaci�n, o en su caso, de presupuesto debidamente explicado.
• c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilizaci�n de cl�usulas abusivas.

2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cl�usula prevalecer� la interpretaci�n m�s favorable al consumidor.

LE0000238682_20061231 N�mero 2 del art�culo 10 redactado por el n�mero tres del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

3. Si las cl�usulas tienen el car�cter de condiciones generales, conforme a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contrataci�n, quedar�n tambi�n sometidas a las prescripciones de �sta.

4. ...

LE0000238682_20061231 N�mero 4 del art�culo 10 suprimido por el n�mero tres del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

5. Las cl�usulas, condiciones o estipulaciones que utilicen las empresas p�blicas o concesionarias de servicios p�blicos, estar�n sometidas a la aprobaci�n y control de las Administraciones p�blicas competentes, cuando as� se disponga como requisito de validez y con independencia de la consulta prevista en el art�culo 22 de esta Ley. Todo ello sin perjuicio de su sometimiento a las disposiciones generales de esta Ley.

6. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones p�blicas, no autorizar�n ni inscribir�n aquellos contratos o negocios jur�dicos en los que se pretenda la inclusi�n de cl�usulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales.

Los Notarios, los Corredores de Comercio y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones p�blicas, informar�n a los consumidores en los asuntos propios de su especialidad y competencia.

Art�culo 10 redactado por Ley 7/1998, 13 abril, sobre condiciones generales de la contrataci�n (�B.O.E.� 14 abril).LE0000011118_20190616

Art�culo 10 bis

1. Se considerar�n cl�usulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqu�llas pr�cticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso, se considerar�n cl�usulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposici�n adicional primera de esta Ley.LE0000238682_20061231 P�rrafo primero del n�mero 1 del art�culo 10 bis redactado por el n�mero cuatro del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

El hecho de que ciertos elementos de una cl�usula o que una cl�usula aislada se hayan negociado individualmente no excluir� la aplicaci�n de este art�culo al resto del contrato.

El profesional que afirme que una determinada cl�usula ha sido negociada individualmente, asumir� la carga de la prueba.

El car�cter abusivo de una cl�usula se apreciar� teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebraci�n, as� como todas las dem�s cl�usulas del contrato o de otro del que �ste dependa.

2. Ser�n nulas de pleno derecho y se tendr�n por no puestas las cl�usulas abusivas. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrar� con arreglo a lo dispuesto por el art�culo 1.258 del C�digo Civil y al principio de buena fe objetiva. A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cl�usulas integrar� el contrato y dispondr� de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor o usuario. S�lo cuando las cl�usulas subsistentes determinen una situaci�n no equitativa en la posici�n de las partes que no pueda ser subsanada podr� declarar la ineficacia del contrato.

LE0000238682_20061231 N�mero 2 del art�culo 10 bis redactado por el n�mero cuatro del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

3. Las normas de protecci�n de los consumidores frente a las cl�usulas abusivas ser�n aplicables cualquiera que sea la ley que las partes hayan elegido para regir el contrato, cuando el mismo mantenga una estrecha relaci�n con el territorio de un Estado miembro del Espacio Econ�mico Europeo.

Se entender�, en particular, que existe un v�nculo estrecho cuando el profesional ejerciere sus actividades en uno o varios Estados miembros del Espacio Econ�mico Europeo, o por cualquier medio de publicidad o comunicaci�n dirigiere tales actividades a uno o varios Estados miembros y el contrato estuviere comprendido en el marco de esas actividades. En los contratos relativos a inmuebles se entender�, asimismo, que existe un v�nculo estrecho cuando se encuentren situados en el territorio de un Estado miembro.

LE0000238682_20061231 N�mero 3 del art�culo 10 bis redactado por el n�mero cuatro del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 10 bis introducido por Ley 7/1998, 13 abril, sobre condiciones generales de la contrataci�n (�B.O.E.� 14 abril).LE0000011118_20190616

Art�culo 10 ter

1. Contra la utilizaci�n o la recomendaci�n de utilizaci�n de cl�usulas abusivas que lesionen intereses colectivos e intereses difusos de los consumidores y usuarios podr� ejercitarse la acci�n de cesaci�n.

2. La acci�n de cesaci�n se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la utilizaci�n o en la recomendaci�n de utilizaci�n de dichas cl�usulas y a prohibir la reiteraci�n futura de dichas conductas. Asimismo, la acci�n podr� ejercerse para prohibir la realizaci�n de una conducta cuando �sta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acci�n, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteraci�n de modo inmediato.

3. Estar�n legitimados para ejercitar la acci�n de cesaci�n:

• a) El Instituto Nacional del Consumo y los �rganos o entidades correspondientes de las Comunidades Aut�nomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores.
• b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que re�nan los requisitos establecidos en esta Ley o, en su caso, en la legislaci�n auton�mica en materia de defensa de los consumidores.
• c) El Ministerio Fiscal.
• d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protecci�n de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores que est�n habilitadas mediante su inclusi�n en la lista publicada a tal fin en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas".

Los Jueces y Tribunales aceptar�n dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acci�n.

Todas las entidades citadas en este art�culo podr�n personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan.

LE0000179695_20021118 Art�culo 10 ter introducido por el art�culo 3.1.� de la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposici�n al ordenamiento jur�dico espa�ol de diversas directivas comunitarias en materia de protecci�n de los intereses de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 29 octubre).Vigencia: 18 noviembre 2002

Art�culo 10 qu�ter

1. El Instituto Nacional del Consumo y los �rganos o entidades correspondientes de las Comunidades Aut�nomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores podr�n ejercitar acciones de cesaci�n en otro Estado miembro de la Comunidad Europea, cuando est�n incluidos en la lista publicada en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas".

El Ministerio de Justicia notificar� a la Comisi�n Europea cada una de dichas entidades, con su denominaci�n y finalidad, previa solicitud de dichos �rganos o entidades, y dar� traslado de esa notificaci�n al Instituto Nacional del Consumo.

2. Las asociaciones de consumidores y usuarios presentes en el Consejo de Consumidores y Usuarios podr�n ejercitar acciones de cesaci�n en otro Estado miembro de la Comunidad Europea cuando est�n incluidas en la lista publicada en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas", debiendo solicitar del Instituto Nacional del Consumo la incorporaci�n a dicha lista.

El Ministerio de Justicia notificar� a la Comisi�n Europea cada una de dichas entidades, con su denominaci�n y finalidad, a instancia del Instituto Nacional del Consumo.

LE0000179695_20021118 Art�culo 10 qu�ter introducido por el art�culo 3.2.� de la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposici�n al ordenamiento jur�dico espa�ol de diversas directivas comunitarias en materia de protecci�n de los intereses de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 29 octubre).Vigencia: 18 noviembre 2002

Art�culo 11

1. El r�gimen de comprobaci�n, reclamaci�n, garant�a y posibilidad de renuncia o de evoluci�n que se establezca en los contratos, deber� permitir que el consumidor o usuario se asegure de la naturaleza, caracter�sticas, condiciones y utilidad o finalidad del producto o servicio; pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro; pueda hacer efectivas las garant�as de calidad y nivel de prestaci�n y obtener la devoluci�n equitativa del precio de mercado del producto o servicio, total o parcialmente, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato.

La devoluci�n del precio del producto habr� de ser total en el caso de que se encuentre dentro del plazo de garant�a legal, en los t�rminos previstos en la Ley de Garant�as en la Venta de de Bienes de Consumo.

LE0000238682_20061231 N�mero 1 del art�culo 11 redactado por el n�mero cinco del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

2. En relaci�n con los bienes de naturaleza duradera, el productor o suministrador deber� entregar una garant�a que, formalizada por escrito, expresar� necesariamente:

• a) El objeto sobre el que recaiga la garant�a.
• b) El garante.
• c) El titular de la garant�a.
• d) Los derechos del titular de la garant�a.
• e) El plazo de duraci�n de la garant�a.

3. Durante el per�odo de vigencia de la garant�a, el titular de la misma tendr� derecho como m�nimo a:

• a) La reparaci�n totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios y de los da�os y perjuicios por ellos ocasionados.
• b) En los supuestos en que la reparaci�n efectuada no fuera satisfactoria y el objeto no revistiese las condiciones �ptimas para cumplir el uso a que estuviese destinado, el titular de la garant�a tendr� derecho a la sustituci�n del objeto adquirido por otro de id�nticas caracter�sticas o a la devoluci�n del precio pagado.

4. Queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las reparaciones y cargar por mano de obra, traslado o visita cantidades superiores a los costes medios estimados en cada sector, debiendo diferenciarse en la factura los distintos conceptos. La lista de precios de los repuestos deber� estar a disposici�n del p�blico.

5. En los bienes de naturaleza duradera, el consumidor o usuario tendr� derecho a un adecuado servicio t�cnico, y a la existencia de repuestos durante un plazo determinado.

Art�culo 12

1. En la contrataci�n con consumidores debe constar de forma inequ�voca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato.

2. Se proh�ben, en los contratos con consumidores, las cl�usulas que impongan obst�culos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato.

3. En particular, en los contratos de prestaci�n de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado se proh�ben las cl�usulas que establezcan plazos de duraci�n excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.

El consumidor podr� ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebr�, sin ning�n tipo de sanci�n o de cargas onerosas o desproporcionadas, tales como la p�rdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la ejecuci�n unilateral de las cl�usulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijaci�n de indemnizaciones que no se correspondan con los da�os efectivamente causados.

4. Los contratos de prestaci�n de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado deber�n contemplar expresamente el procedimiento a trav�s del cual el consumidor puede ejercer su derecho a poner fin al contrato.

5. Salvo lo previsto legalmente en relaci�n con los contratos que, por prescripci�n legal, deban formalizarse en escritura p�blica, la formalizaci�n del contrato ser� gratuita para el consumidor, cuando legal o reglamentariamente deba documentarse �ste por escrito o en cualquier otro soporte de naturaleza duradera.

6. Los contratos con los consumidores se integrar�n, en beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, tambi�n en los supuestos de omisi�n de informaci�n precontractual relevante.

7. No se podr� hacer obligatoria la comparecencia personal del consumidor o usuario para realizar cobros, pagos o tr�mites similares.

LE0000238682_20061231 Art�culo 12 redactado por el n�mero seis del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 13

1. Los bienes, productos y, en su caso, los servicios puestos a disposici�n de los consumidores y usuarios deber�n incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y objetiva una informaci�n veraz, eficaz y suficiente sobre sus caracter�sticas esenciales y, al menos sobre las siguientes:

• a) Origen, naturaleza, composici�n y finalidad.
• b) Aditivos autorizados que, en su caso, lleven incorporados.
• c) Calidad, cantidad, categor�a o denominaci�n usual o comercial si la tienen.
• d) Las condiciones esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jur�dicas y econ�micas y la informaci�n sobre el precio completo, incluidos los impuestos, o presupuesto, en su caso. En toda informaci�n al consumidor sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se informar� del precio final completo, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicaci�n, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiaci�n u otras condiciones de pago similares.LE0000238682_20061231 Letra d) del n�mero 1 del art�culo 13 redactada por el apartado siete del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006
• e) Fecha de producci�n o suministro, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad.
• f) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles.
• g) Procedimiento de que dispone el consumidor para poner fin al contrato.LE0000238682_20061231 Letra g) del n�mero 1 del art�culo 13 introducida por el apartado siete del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

2. Las exigencias concretas en esta materia se determinar�n en los Reglamentos de etiquetado, presentaci�n y publicidad de los productos o servicios, en las reglamentaciones o normativas especiales aplicables en cada caso, para garantizar siempre el derecho de los consumidores y usuarios a una informaci�n cierta, eficaz, veraz y objetiva. En el caso de viviendas cuya primera transmisi�n se efect�e despu�s de la entrada en vigor de esta Ley, se facilitar� adem�s al comprador una documentaci�n completa suscrita por el vendedor, en la que se defina, en planta a escala, la vivienda y el trazado de todas sus instalaciones, as� como los materiales empleados en su construcci�n en especial aqu�llos a los que el usuario no tenga acceso directo.

La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero) ha declarado que el inciso final del n�mero 2� del art�culo 13 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.LE0000063102

3. La informaci�n precontractual debe facilitarse al consumidor de forma gratuita.

LE0000238682_20061231 N�mero 3 del art�culo 13 introducido por el n�mero siete del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

4. Las oficinas y servicios de informaci�n y atenci�n al cliente que las empresas pongan a disposici�n del consumidor deber�n asegurar que �ste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones. Si tales servicios utilizan la atenci�n telef�nica o electr�nica para llevar a cabo sus funciones deber�n garantizar una atenci�n personal directa, m�s all� de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios t�cnicos a su alcance.

LE0000238682_20061231 N�mero 4 del art�culo 13 introducido por el n�mero siete del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 14

1. Las oficinas y servicios de informaci�n al consumidor o usuario tendr�n las siguientes funciones:

• a) La informaci�n, ayuda y orientaci�n a los consumidores y usuarios para el adecuado ejercicio de sus derechos.
• b) La indicaci�n de las direcciones y principales funciones de otros centros, p�blicos o privados, de inter�s para el consumidor o usuario.
• c) La recepci�n, registro y acuse de recibo de quejas y reclamaciones de los consumidores o usuarios y su remisi�n a las Entidades u Organismos correspondientes.
• d) En general, la atenci�n, defensa y protecci�n de los consumidores y usuarios, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

2. Las oficinas de informaci�n de titularidad p�blica, sin perjuicio de las que verifiquen las organizaciones de consumidores y usuarios podr�n realizar tareas de educaci�n y formaci�n en materia de consumo y apoyar y servir de sede al sistema arbitral previsto en el art�culo 31.

3. Queda prohibida toda forma de publicidad expresa o encubierta en las oficinas de informaci�n.

La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero) declara que el art�culo 14 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.LE0000063102

Art�culo 15

De acuerdo con su �mbito y su car�cter general o especializado, las oficinas de informaci�n al consumidor o usuario de titularidad p�blica podr�n recabar informaci�n directamente de los Organismos p�blicos.

Tendr�n obligaci�n de facilitar a los consumidores y usuarios, como m�nimo, los siguientes datos:

• 1. Referencia sobre la autorizaci�n y registro de productos o servicios.
• 2. Productos o servicios que se encuentran suspendidos, retirados o prohibidos expresamente por su riesgo o peligrosidad para la salud o seguridad de las personas.
• 3. Sanciones firmes, impuestas por infracciones relacionadas con los derechos de los consumidores y usuarios. Esta informaci�n se facilitar� en los casos, forma y plazos que reglamentariamente se establezca.
• 4. Regulaci�n de precios y condiciones de los productos y servicios de uso o consumo com�n, ordinario y generalizado.

La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero) declara que el art�culo 15 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.LE0000063102

Art�culo 16

1. Las oficinas de informaci�n al consumidor o usuario de titularidad p�blica podr�n facilitar los resultados de los estudios, ensayos, an�lisis o controles de calidad realizados, conforme a las normas que reglamentariamente se determinen, en Centros p�blicos o privados oficialmente reconocidos, y dichos resultados podr�n ser reproducidos en los medios de comunicaci�n en los siguientes casos:

• a) Cuando, previa iniciativa de la Administraci�n, exista conformidad expresa de la persona, Empresa o Entidad que suministra los correspondientes productos o servicios.
• b) Cuando dichos resultados hayan servido de base a los supuestos 2 y 3 del art�culo 15.
• c) Cuando reflejen defectos o excesos que superen los �ndices o m�rgenes de tolerancia reglamentariamente establecidos y se haya facilitado su comprobaci�n como garant�a para los interesados o �stos hayan renunciado a la misma.
• d) Cuando reflejen datos sobre composici�n, calidad, presentaci�n, etc., dentro de los �ndices o m�rgenes de tolerancia reglamentariamente establecidos.
• e) Cuando se trate de campa�as o actuaciones programadas de control de calidad y se hagan constar sus condiciones de amplitud, extensi�n, precisi�n, comprobaci�n y objetividad.

2. En los supuestos a que se refieren las letras a), c) y d) del apartado anterior, la Administraci�n titular de la oficina de informaci�n al consumidor oir�, antes de autorizar la publicaci�n de los resultados de los estudios, ensayos, an�lisis o controles de calidad, y por plazo de diez d�as, a los fabricantes o productores implicados.

La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero) declara que el art�culo 16 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.LE0000063102

Art�culo 17

Los medios de comunicaci�n social de titularidad p�blica dedicar�n espacios y programas, no publicitarios, a la informaci�n y educaci�n de los consumidores o usuarios. En tales espacios y programas, de acuerdo con su contenido y finalidad, se facilitar� el acceso o participaci�n de las asociaciones de consumidores y usuarios y dem�s grupos o sectores interesados, en la forma que reglamentariamente se determine por los poderes p�blicos competentes en la materia.

La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero) declara que el art�culo 17 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.LE0000063102

Art�culo 18

1. La educaci�n y formaci�n de los consumidores y usuarios tendr� como objetivos:

• a) Promover la mayor libertad y racionalidad en el consumo de bienes y la utilizaci�n de servicios.
• b) Facilitar la comprensi�n y utilizaci�n de la informaci�n a que se refiere el cap�tulo IV.
• c) Difundir el conocimiento de los derechos y deberes del consumidor o usuario y las formas m�s adecuadas para ejercerlos.
• d) Fomentar la prevenci�n de riesgos que puedan derivarse del consumo de productos o de la utilizaci�n de servicios.
• e) Adecuar las pautas de consumo a una utilizaci�n racional de los recursos naturales.
• f) Iniciar y potenciar la formaci�n de los educadores en este campo.

2. Para la consecuci�n de los objetivos previstos en el n�mero anterior, el sistema educativo incorporar� los contenidos en materia de consumo adecuados a la formaci�n de los alumnos.

La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero) declara que el art�culo 18 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.LE0000063102

Art�culo 19

Se fomentar� la formaci�n continuada del personal de los Organismos, Corporaciones y Entidades, p�blicos y privados, relacionados con la aplicaci�n de esta Ley, especialmente de quienes desarrollen funciones de ordenaci�n, inspecci�n, control de calidad e informaci�n.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero), declara que el art�culo 19 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.JU0000829484

Art�culo 20

El presente cap�tulo tiene por objeto adoptar, conforme a lo previsto en el art�culo 1.3 de la Ley Org�nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociaci�n, el r�gimen b�sico de las asociaciones de consumidores y la regulaci�n espec�fica a la que quedan sometidas las asociaciones de consumidores y usuarios de �mbito supraauton�mico.

LE0000238682_20061231 Cap�tulo VI redactado por el n�mero ocho del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 20 bis

1. Son asociaciones de consumidores y usuarios las organizaciones sin �nimo lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la legislaci�n sobre asociaciones, y reuniendo los requisitos espec�ficos exigidos en esta Ley y sus normas de desarrollo y, en su caso, en la legislaci�n auton�mica que les resulte de aplicaci�n, tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses leg�timos de los consumidores, incluyendo su informaci�n, formaci�n y educaci�n, bien sea con car�cter general, bien en relaci�n con productos o servicios determinados.

Tambi�n son asociaciones de consumidores y usuarios las entidades constituidas por consumidores con arreglo a la legislaci�n de cooperativas, que respeten los requisitos b�sicos exigidos en esta Ley y entre cuyos fines figure, necesariamente, la educaci�n y formaci�n de sus socios, y est�n obligadas a constituir un fondo con tal objeto, seg�n su legislaci�n espec�fica.

2. Las asociaciones de consumidores y usuarios podr�n integrarse en uniones, federaciones o confederaciones que tengan id�nticos fines y cumplan los requisitos espec�ficos exigidos por esta Ley.

3. Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas conforme a lo previsto en este cap�tulo son las �nicas legitimadas para actuar en nombre y representaci�n de los consumidores y usuarios.

Las asociaciones o cooperativas que no re�nan los requisitos exigidos en esta Ley o en la normativa auton�mica que les resulte de aplicaci�n, s�lo podr�n representar los intereses de sus asociados o de la asociaci�n, pero no los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores.

4. Se proh�be utilizar los t�rminos consumidor o usuario, la denominaci�n de asociaci�n de consumidores y usuarios o cualquier otra expresi�n similar que induzca a error o confusi�n sobre su naturaleza o su legitimidad para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, a aquellas organizaciones que no re�nan los requisitos exigidos en esta Ley o en la normativa auton�mica que les resulte de aplicaci�n.

LE0000238682_20061231 Cap�tulo VI redactado por el n�mero ocho del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 21

1. Las asociaciones de consumidores y usuarios deben actuar para el cumplimiento de sus fines con independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes p�blicos, sin que la obtenci�n de subvenciones u otros recursos p�blicos concedidos en base a criterios de objetividad puedan mermar tal independencia.

2. En particular, las asociaciones de consumidores no podr�n:

• a) Incluir como asociados a personas jur�dicas con �nimo de lucro.
• b) Percibir ayudas econ�micas o financieras de las empresas o grupo de empresas que suministran bienes o servicios a los consumidores o usuarios.

  No tendr�n la consideraci�n de ayudas econ�micas las aportaciones que se realicen en las condiciones de transparencia establecidas en esta Ley y normas reglamentarias, no mermen la independencia de la asociaci�n y tengan su origen en los convenios o acuerdos de colaboraci�n a que se refiere el art�culo siguiente.

• c) Realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios.

  A estos efectos se entiende por comunicaci�n comercial todo acto, conducta o manifestaci�n, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promoci�n o venta de bienes y servicios.

• d) Autorizar el uso de su denominaci�n, imagen o cualquier otro signo representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado, o no realizar las actuaciones tendentes a impedir dicha utilizaci�n, a partir del momento en que se tenga conocimiento de esta conducta.

  A estos efectos no se considerar�n operadores de mercado las sociedades mercantiles en las que participen las asociaciones de consumidores en los t�rminos contemplados en el apartado 3.

• e) Dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de los consumidores o usuarios, salvo lo previsto en el art�culo 20 bis 1, p�rrafo segundo.
• f) Incumplir las obligaciones de transparencia previstas en el art�culo 21 bis.
• g) Actuar la organizaci�n o sus representantes legales con manifiesta temeridad, judicialmente apreciada.
• h) Incumplir cualquier otra obligaci�n impuesta a las asociaciones de consumidores y usuarios, legal o reglamentariamente.

3. Las asociaciones de consumidores podr�n participar en sociedades mercantiles siempre que re�nan los siguientes requisitos:

• a) Tengan como objeto social exclusivo el desarrollo de actividades instrumentales concretamente delimitadas que sirvan a los fines de informaci�n, formaci�n y defensa de los consumidores y usuarios.
• b) Su capital social corresponda �ntegramente a asociaciones de consumidores que re�nan los requisitos exigidos por la legislaci�n que les resulte de aplicaci�n y cuyos beneficios s�lo se repartan entre las asociaciones de consumidores que participen en el capital social.

Estas sociedades mercantiles est�n sometidas a las prohibiciones previstas en el apartado anterior y a la obligaci�n de depositar sus cuentas, que en todo caso deber�n ajustarse a la normativa que les resulte de aplicaci�n seg�n su naturaleza, en el Instituto Nacional del Consumo de conformidad con lo dispuesto en el art�culo vig�simo primero bis, 3.

Del cumplimiento por estas sociedades mercantiles de lo dispuesto en esta Ley ser�n responsables las asociaciones de consumidores que participen en su capital social en los t�rminos previstos en ella, pudiendo derivar, en su caso, en la p�rdida de la condici�n de asociaci�n de consumidores.

4. Las organizaciones que incurran en alguna de las prohibiciones previstas por la legislaci�n que les resulte de aplicaci�n perder�n, en todo caso y por un per�odo no inferior a los cinco a�os siguientes desde que dejaron de concurrir tales circunstancias, su condici�n de asociaci�n de consumidores y usuarios.

LE0000238682_20061231 Cap�tulo VI redactado por el n�mero ocho del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 21 bis

1. Estatutariamente, o por acuerdo adoptado en asamblea general, las asociaciones de consumidores y usuarios definir�n, con pleno respeto a lo establecido en esta Ley, cu�l es el marco leg�timo de su colaboraci�n con los operadores del mercado de cualquier sector de actividad, en defensa de los derechos de los consumidores y la leal competencia, as� como los supuestos en que podr�n celebrarse convenios o acuerdos de colaboraci�n con �stos, su alcance y modo de instrumentarlos.

Los estatutos o acuerdos de asamblea general en los que se establezca este marco de colaboraci�n con los operadores del mercado de las asociaciones de �mbito supraauton�mico, se depositar�n en el Instituto Nacional del Consumo y en la Secretar�a del Consejo de Consumidores y Usuarios.

2. Los convenios o acuerdos de colaboraci�n, de duraci�n temporal o indefinida, de las asociaciones de consumidores y usuarios con empresas, agrupaciones o asociaciones de empresas, fundaciones o cualquier organizaci�n sin �nimo de lucro deber�n cumplir los siguientes requisitos:

• a) Tener como finalidad exclusiva el desarrollo de proyectos espec�ficos de informaci�n, formaci�n y defensa de los consumidores y usuarios, mejorando su posici�n en el mercado.
• b) Respetar los principios de independencia y transparencia.
• c) Consistir en la realizaci�n de actuaciones, trabajos, estudios o publicaciones de inter�s general para los consumidores y usuarios.
• d) Ser depositados, as� como sus modificaciones, pr�rrogas o denuncias, en el Instituto Nacional del Consumo y en la Secretar�a del Consejo de Consumidores y Usuarios.

3. Las cuentas anuales de la entidad se depositar�n en el Instituto Nacional del Consumo en el plazo de un mes desde el d�a siguiente a la fecha de su aprobaci�n por los �rganos estatutarios correspondientes.

Tales cuentas anuales, integradas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria, deber�n formalizarse cumpliendo las exigencias del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptaci�n del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de informaci�n presupuestaria de estas entidades.

4. La informaci�n a que se refieren los apartados precedentes ser� p�blica.

5. Reglamentariamente podr�n establecerse los plazos, condiciones y requisitos adicionales de las obligaciones de dep�sito y acceso reguladas en este art�culo.

LE0000238682_20061231 Cap�tulo VI redactado por el n�mero ocho del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

V�ase respecto al r�gimen transitorio en materia de asociaciones de consumidores y usuarios, la disposici�n transitoria tercera de la citada Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).LE0000238682_20061231

Art�culo 21 ter

1. Las asociaciones de consumidores y usuarios de �mbito estatal y todas aqu�llas que no desarrollen principalmente sus funciones en el �mbito de una comunidad aut�noma, deber�n figurar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores que se gestiona en el Instituto Nacional del Consumo.

Tras su denominaci�n, estas asociaciones de consumidores y usuarios indicar�n su n�mero de inscripci�n registral.

2. El cumplimiento de los requisitos exigidos en este cap�tulo ser� condici�n indispensable para acceder a la inscripci�n en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores.

No obstante lo previsto en el p�rrafo anterior, reglamentariamente se establecer�n los requisitos m�nimos de implantaci�n territorial, n�mero de asociados y programas de actividades a desarrollar que deber�n acreditar las asociaciones de consumidores y usuarios para su inscripci�n en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores.

3. A los exclusivos efectos de publicidad, en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores podr� figurar informaci�n sobre las asociaciones de consumidores inscritas en los registros que, con tal finalidad, pudieran crearse en las comunidades aut�nomas.

4. El Instituto Nacional del Consumo cooperar� con las comunidades aut�nomas para que la informaci�n a que se refiere el apartado anterior figure en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y les facilitar� informaci�n de las asociaciones de consumidores de �mbito nacional o que no desarrollen principalmente sus funciones en el �mbito de una comunidad aut�noma inscritas en �l.

5. El Instituto Nacional del Consumo podr� pedir a las asociaciones de consumidores y usuarios que soliciten su inscripci�n en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores o a las ya inscritas en �l, cuanta documentaci�n e informaci�n sea precisa para verificar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos exigidos en este cap�tulo.

Asimismo podr�n realizar, por s� o mediante la contrataci�n con entidades externas e independientes, auditor�as de cuentas con id�ntica finalidad.

6. La realizaci�n por las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores de alguna de las actuaciones prohibidas por el art�culo 21 dar� lugar a su exclusi�n de dicho registro, previa tramitaci�n del procedimiento administrativo previsto reglamentariamente.

La resoluci�n de exclusi�n del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores determinar� la p�rdida de esta condici�n, en todo caso, y por un per�odo no inferior a cinco a�os desde la fecha de la exclusi�n, sin perjuicio del mantenimiento de su personalidad jur�dica con arreglo a la legislaci�n general de asociaciones o cooperativas.

LE0000238682_20061231 Cap�tulo VI redactado por el n�mero ocho del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 22

1. Las asociaciones de consumidores y usuarios de �mbito supraauton�mico, legalmente constituidas e inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores regulado en el art�culo 21 ter, tendr�n derecho, en los t�rminos que legal o reglamentariamente se determinen, a:

• a) Ser declaradas de utilidad p�blica.
• b) Percibir ayudas y subvenciones p�blicas.
• c) Representar, como asociaci�n de consumidores y usuarios, a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociaci�n o de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios.
• d) Disfrutar del derecho de asistencia jur�dica gratuita en la forma prevista en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jur�dica Gratuita.
• e) Integrarse, en los t�rminos que reglamentariamente se determine, en el Consejo de Consumidores y Usuarios.

2. A efectos de lo previsto en el art�culo 11.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tendr�n la consideraci�n legal de asociaciones de consumidores y usuarios representativas las que formen parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, salvo que el �mbito territorial del conflicto afecte fundamentalmente a una comunidad aut�noma, en cuyo caso se estar� a su legislaci�n espec�fica.

LE0000238682_20061231 Cap�tulo VI redactado por el n�mero ocho del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 22 bis

1. Como �rgano nacional de consulta y representaci�n institucional de los consumidores y usuarios a trav�s de sus organizaciones, el Consejo de Consumidores y Usuarios integrar� las asociaciones de consumidores y usuarios de �mbito supraauton�mico que, atendiendo a su implantaci�n territorial, n�mero de socios, trayectoria en el �mbito de la protecci�n de los consumidores y usuarios y programas de actividades a desarrollar, sean m�s representativas.

Reglamentariamente se determinar� la composici�n y funciones del Consejo de Consumidores y Usuarios.

2. La Administraci�n fomentar� la colaboraci�n entre el Consejo de Consumidores y Usuarios y las asociaciones de consumidores que lo integran con las organizaciones de empresarios.

3. El Consejo de Consumidores y Usuarios articular� mecanismos de cooperaci�n con los �rganos de consulta y representaci�n de los consumidores constituidos por las Comunidades Aut�nomas. A trav�s de los mecanismos habilitados por el Consejo de Consumidores y Usuarios, �ste y los respectivos �rganos consultivos podr�n colaborar en la elaboraci�n de los dict�menes que les sean solicitados en tr�mite de audiencia.

LE0000238682_20061231 Cap�tulo VI redactado por el n�mero ocho del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

V�ase R.D. 894/2005, 22 julio, por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios (�B.O.E.� 26 agosto).LE0000217619_20090409

Art�culo 22 ter

1. El Consejo de Consumidores y Usuarios ser� o�do en consulta, en el procedimiento de elaboraci�n de disposiciones de car�cter general de �mbito estatal relativas a materias que afecten directamente a los consumidores y usuarios.

2. Ser� preceptiva su audiencia en los siguientes casos:

• a) Reglamentos de aplicaci�n de esta Ley.
• b) Reglamentaciones sobre bienes o servicios de uso y consumo.
• c) Ordenaci�n del mercado interior y disciplina del mercado.
• d) Precios y tarifas de servicios, en cuanto afecten directamente a los consumidores o usuarios, y se encuentren legalmente sujetos a control de las administraciones p�blicas.
• e) Condiciones generales de los contratos o modelos de contratos regulados o autorizados por los poderes p�blicos en servicios de inter�s general o prestados a los consumidores por empresas p�blicas.
• f) En los dem�s casos en que una ley as� lo establezca.

3. Las asociaciones empresariales ser�n o�das en consulta en el procedimiento de elaboraci�n de las disposiciones de car�cter general relativas a materias que les afecten directamente.

Ser� preceptiva su audiencia en los supuestos contenidos en los apartados a), b), c) y f) del apartado anterior.

4. Se entender� cumplido dicho tr�mite preceptivo de audiencia cuando las asociaciones citadas se encuentren representadas en los �rganos colegiados que participen en la elaboraci�n de la disposici�n. En los dem�s casos, la notificaci�n o comunicaci�n se dirigir� a la federaci�n o agrupaci�n empresarial correspondiente.

LE0000238682_20061231 Cap�tulo VI redactado por el n�mero ocho del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 23

Los poderes p�blicos y, concretamente, los �rganos y servicios de las Administraciones p�blicas competentes en materia de consumo, adoptar�n o promover�n las medidas adecuadas para suplir o equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinaci�n o indefensi�n en que pueda encontrarse, individual o colectivamente, el consumidor o usuario. Sin perjuicio de las que en cada caso procedan, se promover�n las siguientes:

• a) Organizaci�n y funcionamiento de las oficinas y servicios de informaci�n a que se refiere el art�culo 14.
• b) Campa�as de orientaci�n del consumo, generales o selectivas, dirigidas a las zonas geogr�ficas o grupos sociales m�s afectados.
• c) Campa�as o actuaciones programadas de control de calidad, con menci�n expresa de las personas, Empresas o Entidades que, previa y voluntariamente, se hayan incorporado.
• d) An�lisis comparativo de los t�rminos, condiciones, garant�as, repuestos y servicios de mantenimiento o reparaci�n de los bienes o servicios de consumo duradero, todo ello de acuerdo con la regulaci�n correspondiente sobre pr�ctica de tales an�lisis que garantice los derechos de las partes afectadas.
• e) An�lisis de las reclamaciones o quejas y, en general, de todas aquellas actuaciones de personas o Entidades, p�blicas o privadas, que impliquen:
  • 1.� Obligaciones innecesarias o abusivas de cumplimentar impresos, verificar c�lculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente.
  • 2.� Tr�mites, documentos o mediaciones sin utilidad para el consumidor o usuario o a costes desproporcionados.
  • 3.� Esperas, permanencias excesivas o circunstancias lesivas para la dignidad de las personas.
  • 4.� Limitaciones abusivas de controles, garant�as, repuestos o reparaciones.
  • 5.� Dudas razonables sobre la calidad o idoneidad del producto o servicio.
  • 6.� Otros supuestos similares.

  Los resultados de estos estudios o an�lisis podr�n ser hechos p�blicos, conforme a lo establecido en el cap�tulo IV.

• f) Otorgamiento de premios, menciones o recompensas a las personas, Empresas o Entidades que se distingan en el respeto, defensa y ayuda al consumidor, faciliten los controles de calidad y eviten obligaciones, tr�mites y costes innecesarios.

Los poderes p�blicos asimismo velar�n por la exactitud en el peso y medida de los bienes y productos, la transparencia de los precios y las condiciones de los servicios postventa de los bienes duraderos.

Ultimo p�rrafo del art�culo 23 introducido por Ley 7/1998, 13 abril, sobre condiciones generales de la contrataci�n (�B.O.E.� 14 abril).LE0000011118_20190616

La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero) declara que el art�culo 23 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.LE0000063102

Art�culo 24

En los supuestos m�s graves de ignorancia, negligencia o fraude que determinen una agresi�n indiscriminada a los consumidores o usuarios, el Gobierno podr� constituir un �rgano excepcional que, con participaci�n de representantes de las Comunidades Aut�nomas afectadas, asumir�, con car�cter temporal, los poderes administrativos que se le encomienden para garantizar la salud y seguridad de las personas, sus intereses econ�micos, sociales y humanos, la reparaci�n de los da�os sufridos, la exigencia de responsabilidades y la publicaci�n de los resultados.

Art�culo 24 declarado constitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero), si se interpreta en los t�rminos que se contienen en su Fundamento de Derecho 8�, letra b).LE0000063102

Art�culo 25

El consumidor y el usuario tienen derecho a ser indemnizados por los da�os y perjuicios demostrados que el consumo de bienes o la utilizaci�n de productos o servicios les irroguen salvo que aquellos da�os y perjuicios est�n causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder civilmente.

T�ngase en cuenta la Disposici�n Final 1.� de la Ley 22/1994, 6 julio, de responsabilidad civil por los da�os causados por productos defectuosos (�B.O.E.� 7 julio), que establece lo siguiente:�Los art�culos 25 a 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no ser�n de aplicaci�n a la responsabilidad civil por da�os causados por productos defectuosos incluidos en el art�culo 2 de la presente Ley�. LE0000013414_20010101

Art�culo 26

Las acciones u omisiones de quienes producen, importan, suministran o facilitan productos o servicios a los consumidores o usuarios, determinantes de da�os o perjuicios a los mismos, dar�n lugar a la responsabilidad de aqu�llos, a menos que conste o se acredite que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los dem�s cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad.

T�ngase en cuenta la Disposici�n Final 1.� de la Ley 22/1994, 6 julio, de responsabilidad civil por los da�os causados por productos defectuosos (�B.O.E.� 7 julio), que establece lo siguiente:�Los art�culos 25 a 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no ser�n de aplicaci�n a la responsabilidad civil por da�os causados por productos defectuosos incluidos en el art�culo 2 de la presente Ley�. LE0000013414_20010101

Art�culo 27

1. Con car�cter general, y sin perjuicio de lo que resulte m�s favorable al consumidor o usuario, en virtud de otras disposiciones o acuerdos convencionales, regir�n los siguientes criterios en materia de responsabilidad:

• a) El fabricante, importador, vendedor o suministrador de productos o servicios a los consumidores o usuarios, responde del origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.
• b) En el caso de productos a granel responde el tenedor de los mismos, sin perjuicio de que se pueda identificar y probar la responsabilidad del anterior tenedor o proveedor.
• c) En el supuesto de productos envasados, etiquetados y cerrados con cierre �ntegro, responde la firma o raz�n social que figure en su etiqueta, presentaci�n o publicidad. Podr� eximirse de esa responsabilidad probando su falsificaci�n o incorrecta manipulaci�n por terceros, que ser�n los responsables.

2. Si a la producci�n de da�os concurrieren varias personas, responder�n solidariamente ante los perjudicados. El que pagare al perjudicado tendr� derecho a repetir de los otros responsables, seg�n su participaci�n en la causaci�n de los da�os.

T�ngase en cuenta la Disposici�n Final 1.� de la Ley 22/1994, 6 julio, de responsabilidad civil por los da�os causados por productos defectuosos (�B.O.E.� 7 julio), que establece lo siguiente:�Los art�culos 25 a 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no ser�n de aplicaci�n a la responsabilidad civil por da�os causados por productos defectuosos incluidos en el art�culo 2 de la presente Ley�. LE0000013414_20010101

Art�culo 28

1. No obstante lo dispuesto en los art�culos anteriores, se responder� de los da�os originados en el correcto uso y consumo de bienes y servicios, cuando por su propia naturaleza o estar as� reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garant�a de niveles determinados de pureza, eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinaci�n y supongan controles t�cnicos, profesionales o sistem�ticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor o usuario.

2. En todo caso, se consideran sometidos a este r�gimen de responsabilidad los productos alimenticios, los de higiene y limpieza, cosm�ticos, especialidades y productos farmac�uticos, servicios sanitarios, de gas y electricidad, electrodom�sticos y ascensores, medios de transporte, veh�culos a motor y juguetes y productos dirigidos a los ni�os.

3. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las responsabilidades derivadas de este art�culo tendr�n como l�mite la cuant�a de 500 millones de pesetas. Esta cantidad deber� ser revisada y actualizada peri�dicamente por el Gobierno, teniendo en cuenta la variaci�n de los �ndices de precios al consumo.

T�ngase en cuenta la Disposici�n Final 1.� de la Ley 22/1994, 6 julio, de responsabilidad civil por los da�os causados por productos defectuosos (�B.O.E.� 7 julio), que establece lo siguiente:�Los art�culos 25 a 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no ser�n de aplicaci�n a la responsabilidad civil por da�os causados por productos defectuosos incluidos en el art�culo 2 de la presente Ley�. LE0000013414_20010101

Art�culo 29

1. El consumidor o usuario tiene derecho a una compensaci�n, sobre la cuant�a de la indemnizaci�n, por los da�os contractuales y extracontractuales durante el tiempo que transcurra desde la declaraci�n judicial de responsabilidad hasta su pago efectivo.

2. Dicha compensaci�n se determinar� seg�n lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Art�culo 30

El Gobierno, previa audiencia de los interesados y de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, podr� establecer un sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de los da�os causados por productos o servicios defectuosos y un fondo de garant�a que cubra, total o parcialmente, los da�os consistentes en muerte, intoxicaci�n y lesiones personales.

Art�culo 30 redactado por Ley 22/1994, 6 julio, de responsabilidad civil por los da�os causados por productos defectuosos (�B.O.E.� 7 julio),.LE0000013414_20010101

Art�culo 31

1. Previa audiencia de los sectores interesados y de las Asociaciones de consumidores y usuarios, el Gobierno establecer� un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atienda y resuelva con car�cter vinculante y ejecutivo para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios, siempre que no concurra intoxicaci�n, lesi�n o muerte, ni existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protecci�n administrativa y de la judicial, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 24 de la Constituci�n.

2. El sometimiento de las partes al sistema arbitral ser� voluntario y deber� constar expresamente por escrito.

3. Los �rganos de arbitraje estar�n integrados por representantes de los sectores interesados, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las Administraciones p�blicas dentro del �mbito de sus competencias.

4. Quedar�n sin efecto los convenios arbitrales y las ofertas p�blicas de sometimiento al arbitraje de consumo formalizados por quienes sean declarados en concurso de acreedores. A tal fin, el auto de declaraci�n de concurso ser� notificado al �rgano a trav�s del cual se hubiere formalizado el convenio y a la Junta Arbitral Nacional, quedando desde ese momento el deudor concursado excluido a todos los efectos del sistema arbitral de consumo.

LE0000190774_20160101 N�mero 4 del art�culo 31 introducido por la disposici�n final trig�sima primera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (�B.O.E.� 10 julio).Vigencia: 1 septiembre 2004

4 (sic). Los convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de consumo previsto en este art�culo, s�lo podr�n pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes del contrato, salvo que se trate de la sumisi�n a �rganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto espec�fico.

Los convenios arbitrales pactados contraviniendo lo dispuesto en el p�rrafo precedente ser�n nulos.

LE0000238682_20061231 Apartado del art�culo 31 introducido por el n�mero nueve del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 32

1. Las infracciones en materia de consumo ser�n objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucci�n del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

2. La instrucci�n de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspender� la tramitaci�n del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismos hechos, y, en su caso, la eficacia de los actos administrativos de imposici�n de sanci�n. Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendr�n en tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas.

3. Las Administraciones espa�olas que en cada caso resulten competentes sancionar�n las infracciones de consumo cometidas en territorio espa�ol cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio o el lugar en que radiquen los establecimientos del responsable.

LE0000238682_20061231 N�mero 3 del art�culo 32 introducido por el n�mero diez del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

4. Las infracciones se entender�n cometidas en cualquiera de los lugares en que se desarrollen las acciones u omisiones constitutivas de las mismas y, adem�s, salvo en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los establecimientos e instalaciones o del personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesi�n o riesgo para los intereses de los consumidores y usuarios protegidos por la norma sancionadora.

LE0000238682_20061231 N�mero 4 del art�culo 32 introducido por el n�mero diez del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

5. Las autoridades competentes en materia de consumo sancionar�n, asimismo, las infracciones tipificadas como infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios de los empresarios y profesionales de los sectores que cuenten con regulaci�n espec�fica.

LE0000238682_20061231 N�mero 5 del art�culo 32 introducido por el n�mero diez del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 33

En ning�n caso se producir� una doble sanci�n por los mismos hechos y en funci�n de los mismos intereses p�blicos protegidos, si bien deber�n exigirse las dem�s responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

Art�culo 34

Se consideran infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios:

• 1. El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de naturaleza sanitaria.
• 2. Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o da�os efectivos para la salud de los consumidores o usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalaci�n de que se trate.
• 3. El incumplimiento o transgresi�n de los requerimientos previos que concretamente formulen las autoridades sanitarias para situaciones espec�ficas, al objeto de evitar contaminaciones o circunstancias nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud p�blica.
• 4. La alteraci�n, adulteraci�n o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adici�n o sustracci�n de cualquier sustancia o elemento; alteraci�n de su composici�n o calidad, incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza o la garant�a, arreglo o reparaci�n de bienes duraderos y en general cualquier situaci�n que induzca a enga�o o confusi�n o que impida reconocer la verdadera naturaleza del producto o servicio.
• 5. El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposici�n injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades m�nimas o cualquier otro tipo de intervenci�n o actuaci�n il�cita que suponga un incremento de los precios o m�rgenes comerciales.
• 6. El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalizaci�n o tipificaci�n, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios.
• 7. El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para el usuario o consumidor.
• 8. La obstrucci�n o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de informaci�n, vigilancia o inspecci�n.
• 9. La introducci�n de cl�usulas abusivas en los contratos.Apartado 9.� del art�culo 34 redactado por Ley 7/1998, 13 abril, sobre condiciones generales de la contrataci�n (�B.O.E.� 14 abril).LE0000011118_20190616
• 10. Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestaci�n de los servicios, y en especial las previstas como tales en la Ley Org�nica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.LE0000242473_20190308 Apartado 10 del art�culo 34 introducido en su actual redacci�n por la disposici�n adicional vig�sima quinta de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (�B.O.E.� 23 marzo).Vigencia: 24 marzo 2007
• 11. Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestaci�n de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, la obstaculizaci�n al ejercicio de tal derecho del consumidor a trav�s del procedimiento pactado, la falta de previsi�n de �ste o la falta de comunicaci�n al usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio.LE0000242473_20190308 Apartado 11 del art�culo 34 renumerado por la disposici�n adicional vig�sima quinta de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (�B.O.E.� 23 marzo), su contenido literal se corresponde con el del anterior n�mero 10 del mismo art�culo. T�ngase en cuenta que estos apartados han sido previamente renumerados por el n�mero once del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 24 marzo 2007
• 12. En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.LE0000242473_20190308 T�ngase en cuenta que el presente apartado, introducido por Ley 7/1998, 13 abril, sobre condiciones generales de la contrataci�n (�B.O.E.� 14 abril), ha de entenderse renumerado como 12, conforme la disposici�n adicional vig�sima quinta de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (�B.O.E.� 23 marzo).Vigencia: 24 marzo 2007

Art�culo 35

Las infracciones se calificar�n como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, posici�n en el mercado del infractor, cuant�a de beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteraci�n social producida, generalizaci�n de la infracci�n y la reincidencia.

Art�culo 36

1. Las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios ser�n sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduaci�n:

• Infracciones leves, hasta 3.005,06 euros.
• Infracciones graves, hasta 15.025,30 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el qu�ntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracci�n.
• Infracciones muy graves, hasta 601.012,10 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el qu�ntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracci�n.

LE0000163802_20020101 Las sanciones previstas en el n�mero 1 del art�culo 36 quedan expresadas en euros conforme establece el apartado segundo de la Res. 19 de noviembre de 2001, de la Subsecretar�a, por la que se convierten a euros las cuant�as pecuniarias de determinadas sanciones (�B.O.E.� 13 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002

2. En los supuestos de infracciones muy graves, el Consejo de Ministros podr� acordar el cierre temporal del establecimiento, instalaci�n o servicio por un plazo m�ximo de cinco a�os. En tal caso, ser� de aplicaci�n lo prevenido en el art�culo 57.4 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores.

En la actualidad v�anse los art�culos 13 y 40.2 del R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (�B.O.E.� 8 agosto).LE0000055513_20190313

La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero) declara que el n�mero 2 del art�culo 36 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.LE0000063102

3. Las cuant�as se�aladas anteriormente deber�n ser revisadas y actualizadas peri�dicamente por el Gobierno, teniendo en cuenta la variaci�n de los �ndices de precios al consumo.

4. Conforme a lo previsto en el art�culo 130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, en el procedimiento sancionador podr� exigirse al infractor la reposici�n de la situaci�n alterada por la infracci�n a su estado original y, en su caso, la indemnizaci�n de da�os y perjuicios probados causados al consumidor que ser�n determinados por el �rgano competente para imponer la sanci�n, debiendo notificarse al infractor para que en el plazo de un mes proceda a su satisfacci�n, quedando, de no hacerse as�, expedita la v�a judicial.

LE0000238682_20061231 N�mero 4 del art�culo 36 introducido por el n�mero doce del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Art�culo 37

No tendr�n car�cter de sanci�n la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensi�n de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad, ni la retirada del mercado precautoria o definitiva de productos o servicios por las mismas razones.

Art�culo 38

La autoridad a que corresponda resolver el expediente podr� acordar, como sanci�n accesoria, el decomiso de la mercanc�a adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entra�ar riesgo para el consumidor.

Los gastos de transporte, distribuci�n, destrucci�n, etc., de la mercanc�a se�alada en el p�rrafo anterior, ser�n por cuenta del infractor.

Art�culo 39

Corresponder� a la Administraci�n del Estado promover y desarrollar la protecci�n y defensa de los consumidores y usuarios, especialmente en los siguientes aspectos:

• 1. Elaborar y aprobar el Reglamento General de esta Ley, las Reglamentaciones T�cnico-Sanitarias, los Reglamentos sobre etiquetado, presentaci�n y publicidad, la ordenaci�n sobre aditivos y las dem�s disposiciones de general aplicaci�n en todo el territorio espa�ol. Asimismo, la aprobaci�n o propuesta, en su caso, de las disposiciones que regulen los productos a que se refiere el art�culo 5.�1.

  El Reglamento General de la Ley determinar�, en todo caso, los productos o servicios a que se refieren los art�culos 2.�2 y 5.�1 de esta Ley, los casos, plazos y formas de publicidad de las sanciones, el r�gimen sancionador, los supuestos de concurrencia de dos o m�s Administraciones p�blicas y la colaboraci�n y coordinaci�n entre las mismas.

  Lo dispuesto en este n�mero se entiende sin perjuicio de las potestades normativas que corresponden a las Comunidades Aut�nomas de acuerdo con sus respectivos Estatutos.

• 2. Apoyar y, en su caso, subvencionar las asociaciones de consumidores y usuarios.
• 3. Apoyar la actuaci�n de las autoridades y corporaciones locales y de las Comunidades Aut�nomas, especialmente en los casos a que se refieren los apartados 3 y 5 del art�culo 41.
• 4. Promover la actuaci�n de las dem�s Administraciones p�blicas y, en caso de necesidad o urgencia, adoptar cuantas medidas sean convenientes para proteger y defender los derechos de los consumidores y usuarios, especialmente en lo que hace referencia a su salud y seguridad.
• 5. Ejercer la potestad sancionadora con el alcance que se determine en sus normas reguladoras.La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero) declara que el n�mero 5� del art�culo 39 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.LE0000063102
• 6. En general, adoptar en el �mbito de sus competencias cuantas medidas sean necesarias para el debido cumplimiento de lo establecido en esta Ley.

Art�culo 40

Corresponder� a las Comunidades Aut�nomas promover y desarrollar la protecci�n y defensa de los consumidores o usuarios, de acuerdo con lo establecido en sus respectivos Estatutos y, en su caso, en las correspondientes Leyes Org�nicas complementarias de transferencia de competencias.

Art�culo 40 declarado inconstitucional por Sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero).LE0000063102

Art�culo 41

Corresponder� a las Autoridades y Corporaciones Locales promover y desarrollar la protecci�n y defensa de los consumidores y usuarios en el �mbito de sus competencias y de acuerdo con la legislaci�n estatal y, en su caso, de las Comunidades Aut�nomas y, especialmente en los siguientes aspectos:

• 1. La informaci�n y educaci�n de los consumidores y usuarios, estableciendo las oficinas y servicios correspondientes, de acuerdo con las necesidades de cada localidad.
• 2. La inspecci�n de los productos y servicios a que se refiere el art�culo 28.2, para comprobar su origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de precios, etiquetado, presentaci�n y publicidad y los dem�s requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene, sanidad y seguridad.
• 3. La realizaci�n directa de la inspecci�n t�cnica o t�cnico-sanitaria y de los correspondientes controles y an�lisis, en la medida en que cuenten con medios para su realizaci�n, o promoviendo, colaborando o facilitando su realizaci�n por otras Entidades y Organismos.
• 4. Apoyar y fomentar las asociaciones de consumidores y usuarios.
• 5. Adoptar las medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en los supuestos de crisis o emergencias que afecten a la salud o seguridad de los consumidores o usuarios.
• 6. Ejercer la potestad sancionadora con el alcance que se determine en sus normas reguladoras.

La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, 26 enero (�B.O.E.� 20 febrero) declara que el art�culo 41 no es de aplicaci�n directa en las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonom�a, hayan asumido competencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.LE0000063102

Art�culo 42 La Conferencia Sectorial de Consumo

1. La Conferencia Sectorial de Consumo, presidida por el Ministro de Sanidad y Consumo e integrada por �ste y los Consejeros competentes en esta materia por las Comunidades Aut�nomas, es el m�ximo �rgano de cooperaci�n institucional del Estado con las Comunidades Aut�nomas.

2. Son funciones de la Conferencia Sectorial de Consumo:

• a) Servir de cauce de colaboraci�n, comunicaci�n e informaci�n entre las Comunidades Aut�nomas y la Administraci�n del Estado en materia de consumo.
• b) Aprobar los criterios comunes de actuaci�n y coordinaci�n, as� como las propuestas en relaci�n con la pol�tica del sector.
• c) Aprobar los planes, proyectos y programas conjuntos.
• d) Hacer efectiva la participaci�n de las Comunidades Aut�nomas en los asuntos comunitarios europeos en la materia.
• e) Facilitar la informaci�n rec�proca en materia de consumo, dise�ar estad�sticas comunes y poner a disposici�n de los ciudadanos los datos de las estad�sticas estatales obtenidas por ella.
• f) Cooperar e impulsar las Campa�as Nacionales de Inspecci�n y Control.
• g) Promover la promulgaci�n de la normativa oportuna en materia de consumo o su reforma e informar, en su caso, las disposiciones reglamentarias sobre la materia.
• h) Establecer criterios de actuaci�n cuando resulten competentes varias Comunidades Aut�nomas.
• i) Programar el empleo racional de medios materiales de posible utilizaci�n com�n.
• j) Articular un sistema de formaci�n y perfeccionamiento del personal con tareas espec�ficas en el �mbito de consumo.
• k) Cuantas otras funciones le atribuya la legislaci�n vigente.

LE0000238682_20061231 Art�culo 42 introducido por el n�mero trece del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

Primera Cl�usulas abusivas

A los efectos previstos en el art�culo 10 bis, tendr�n el car�cter de abusivas al menos las cl�usulas o estipulaciones siguientes:

• I. Vinculaci�n del contrato a la voluntad del profesional.
  • 1.� Las cl�usulas que reserven al profesional que contrata con el consumidor un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar una oferta contractual o satisfacer la prestaci�n debida, as� como las que prevean la pr�rroga autom�tica de un contrato de duraci�n determinada si el consumidor no se manifiesta en contra, fijando una fecha l�mite que no permita de manera efectiva al consumidor manifestar su voluntad de no prorrogarlo.
  • 2.� La reserva a favor del profesional de facultades de interpretaci�n o modificaci�n unilateral del contrato sin motivos v�lidos especificados en el mismo, as� como la de resolver anticipadamente un contrato con plazo determinado si al consumidor no se le reconoce la misma facultad o la de resolver en un plazo desproporcionadamente breve o sin previa notificaci�n con antelaci�n razonable un contrato por tiempo indefinido, salvo por incumplimiento del contrato o por motivos graves que alteren las circunstancias que motivaron la celebraci�n del mismo.

    En los contratos referidos a servicios financieros lo establecido en el p�rrafo anterior se entender� sin perjuicio de las cl�usulas por las que el prestador de servicios se reserve la facultad de modificar sin previo aviso el tipo de inter�s adeudado por el consumidor o al consumidor, as� como el importe de otros gastos relacionados con los servicios financieros, cuando aqu�llos se encuentren adaptados a un �ndice, siempre que se trate de �ndices legales y se describa el modo de variaci�n del tipo, o en otros casos de raz�n v�lida, a condici�n de que el profesional est� obligado a informar de ello en el m�s breve plazo a los otros contratantes y �stos puedan resolver inmediatamente el contrato. Igualmente podr�n modificarse unilateralmente las condiciones de un contrato de duraci�n indeterminada, siempre que el prestador de servicios financieros est� obligado a informar al consumidor con antelaci�n razonable y �ste tenga la facultad de resolver el contrato, o, en su caso, rescindir unilateralmente, sin previo aviso en el supuesto de raz�n v�lida, a condici�n de que el profesional informe de ello inmediatamente a los dem�s contratantes.

  • 3.� La vinculaci�n incondicionada del consumidor al contrato aun cuando el profesional no hubiera cumplido con sus obligaciones, o la imposici�n de una indemnizaci�n desproporcionadamente alta, al consumidor que no cumpla sus obligaciones.
  • 4.� La supeditaci�n a una condici�n cuya realizaci�n dependa �nicamente de la voluntad del profesional para el cumplimiento de las prestaciones, cuando al consumidor se le haya exigido un compromiso firme.
  • 5.� La consignaci�n de fechas de entrega meramente indicativas condicionadas a la voluntad del profesional.
  • 6.� La exclusi�n o limitaci�n de la obligaci�n del profesional de respetar los acuerdos o compromisos adquiridos por sus mandatarios o representantes o supeditar sus compromisos al cumplimiento de determinadas formalidades.
  • 7.� La estipulaci�n del precio en el momento de la entrega del bien o servicio, o la facultad del profesional para aumentar el precio final sobre el convenido, sin que en ambos casos existan razones objetivas o sin reconocer al consumidor el derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare muy superior al inicialmente estipulado.

    Lo establecido en el p�rrafo anterior se entender� sin perjuicio de la adaptaci�n de precios a un �ndice, siempre que sean legales y que en ellos se describa expl�citamente el modo de variaci�n del precio.

  • 7.� bis Las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los productos o servicios o cualquier otra estipulaci�n que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva.

    En aquellos sectores en los que el inicio del servicio conlleve indisolublemente unido un coste para las empresas o los profesionales no repercutido en el precio, no se considerar� abusiva la facturaci�n por separado de tales costes, cuando se adecuen al servicio efectivamente prestado.

    LE0000238682_20061231 Cl�usula 7.� bis de la disposici�n adicional primera introducida por el apartado catorce del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios(�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006
  • 8.� La concesi�n al profesional del derecho a determinar si el bien o servicio se ajusta a lo estipulado en el contrato.
• II. Privaci�n de derechos b�sicos del consumidor.
  • 9.� La exclusi�n o limitaci�n de forma inadecuada de los derechos legales del consumidor por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del profesional.

    En particular las cl�usulas que modifiquen, en perjuicio del consumidor, las normas legales sobre vicios ocultos, salvo que se limiten a reemplazar la obligaci�n de saneamiento por la de reparaci�n o sustituci�n de la cosa objeto del contrato, siempre que no conlleve dicha reparaci�n o sustituci�n gasto alguno para el consumidor y no excluyan o limiten los derechos de �ste a la indemnizaci�n de los da�os y perjuicios ocasionados por los vicios y al saneamiento conforme a las normas legales en el caso de que la reparaci�n o sustituci�n no fueran posibles o resultasen insatisfactorias.

  • 10.� La exclusi�n o limitaci�n de responsabilidad del profesional en el cumplimiento del contrato, por los da�os o por la muerte o lesiones causados al consumidor debidos a una acci�n u omisi�n por parte de aqu�l, o la liberaci�n de responsabilidad por cesi�n del contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si puede engendrar merma de las garant�as de �ste.
  • 11.� La privaci�n o restricci�n al consumidor de las facultades de compensaci�n de cr�ditos, as� como de la de retenci�n o consignaci�n.
  • 12.� La limitaci�n o exclusi�n de forma inadecuada de la facultad del consumidor de resolver el contrato por incumplimiento del profesional.
  • 13.� La imposici�n de renuncias a la entrega de documento acreditativo de la operaci�n.
  • 14.� La imposici�n de renuncias o limitaci�n de los derechos del consumidor.
• III. Falta de reciprocidad.
  • 15.� La imposici�n de obligaciones al consumidor para el cumplimiento de todos sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el profesional no hubiere cumplido los suyos.
  • 16.� La retenci�n de cantidades abonadas por el consumidor por renuncia, sin contemplar la indemnizaci�n por una cantidad equivalente si renuncia el profesional.
  • 17.� La autorizaci�n al profesional para rescindir el contrato discrecionalmente, si al consumidor no se le reconoce la misma facultad, o la posibilidad de que aqu�l se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones a�n no efectuadas cuando sea �l mismo quien rescinda el contrato.
  • 17.� bis Las estipulaciones que impongan obst�culos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato, en particular en los contratos de prestaci�n de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, la imposici�n de plazos de duraci�n excesiva, la renuncia o el establecimiento de limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin a estos contratos, as� como la obstaculizaci�n al ejercicio de este derecho a trav�s del procedimiento pactado, cual es el caso de las que prevean la imposici�n de formalidades distintas de las previstas para contratar o la p�rdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la atribuci�n al profesional de la facultad de ejecuci�n unilateral de las cl�usulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijaci�n de indemnizaciones que no se correspondan con los da�os efectivamente causados.LE0000238682_20061231 Cl�usula 17.� bis de la disposici�n adicional primera introducida por el apartado catorce del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006
• IV. Sobre garant�as.
  • 18.� La imposici�n de garant�as desproporcionadas al riesgo asumido. Se presumir� que no existe desproporci�n en los contratos de financiaci�n o de garant�as pactadas por entidades financieras que se ajusten a su normativa espec�fica.
  • 19.� La imposici�n de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor en los casos en que deber�a corresponder a la otra parte contratante.
  • 19.� bisLa imposici�n al consumidor de la carga de la prueba sobre el incumplimiento, total o parcial, del proveedor a distancia de servicios financieros de las obligaciones impuestas por la norma que los regula.LE0000247671_20181125 Cl�usula 19 bis de la disposici�n adicional primera introducida por la disposici�n adicional primera de la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercializaci�n a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores (�B.O.E.� 12 julio).Vigencia: 12 octubre 2007
• V. Otras.
  • 20.� Las declaraciones de recepci�n o conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesi�n del consumidor a cl�usulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebraci�n del contrato.
  • 21.� La transmisi�n al consumidor de las consecuencias econ�micas de errores administrativos o de gesti�n que no le sean imputables.
  • 22.� La imposici�n al consumidor de los gastos de documentaci�n y tramitaci�n que por ley corresponda al profesional. En particular, en la compraventa de viviendas:
    • a) La estipulaci�n de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparaci�n de la titulaci�n que por su naturaleza correspondan al profesional (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcci�n o su divisi�n y cancelaci�n).
    • b) La estipulaci�n que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del profesional de la vivienda o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogaci�n.
    • c) La estipulaci�n que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el profesional.
    • d) La estipulaci�n que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando �sta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad.
    LE0000238682_20061231 Cl�usula 22.� de la disposici�n adicional primera redactada por el apartado catorce del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006
  • 23.� La imposici�n al consumidor de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados.
  • 24.� Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiaci�n, aplazamientos, recargos, indemnizaci�n o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separaci�n.
  • 25.� La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del productor o suministrador, con reenv�o autom�tico a procedimientos administrativos o judiciales de reclamaci�n.
  • 26.� La sumisi�n a arbitrajes distintos del de consumo, salvo que se trate de �rganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un supuesto espec�fico.
  • 27.� La previsi�n de pactos de sumisi�n expresa a Juez o Tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor, al lugar del cumplimiento de la obligaci�n o aqu�l en que se encuentre el bien si fuera inmueble, as� como los de renuncia o transacci�n respecto al derecho del consumidor a la elecci�n de fedatario competente seg�n la Ley para autorizar el documento p�blico en que inicial o ulteriormente haya de formalizarse el contrato.
  • 28.� La sumisi�n del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde el consumidor emita su declaraci�n negocial o donde el profesional desarrolle la actividad dirigida a la promoci�n de contratos de igual o similar naturaleza.
  • 29.� La imposici�n de condiciones de cr�dito que para los descubiertos en cuenta corriente superen los l�mites que se contienen en el art�culo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Cr�dito al Consumo.

    Las cl�usulas abusivas referidas a la modificaci�n unilateral de los contratos y resoluci�n anticipada de los de duraci�n indefinida, y al incremento del precio de bienes y servicios, no se aplicar�n a los contratos relativos a valores, con independencia de su forma de representaci�n, instrumentos financieros y otros productos y servicios cuyo precio est� vinculado a una cotizaci�n, �ndice burs�til, o un tipo del mercado financiero que el profesional no controle, ni a los contratos de compraventa de divisas, cheques de viaje, o giros postales internacionales en divisas.

    Se entender� por profesional, a los efectos de esta disposici�n adicional, la persona f�sica o jur�dica que act�a dentro de su actividad profesional, ya sea p�blica o privada.

Disposici�n Adicional 1.� introducida por Ley 7/1998, 13 abril, sobre condiciones generales de la contrataci�n (�B.O.E.� 14 abril).LE0000011118_20190616

Segunda �mbito de aplicaci�n

Lo dispuesto en la presente Ley ser� de aplicaci�n a todo tipo de contratos en los que intervengan consumidores, con las condiciones y requisitos en ella establecidos, a falta de normativa sectorial espec�fica, que en cualquier caso respetar� el nivel de protecci�n del consumidor previsto en aqu�lla.

Disposici�n Adicional 2.� introducida por Ley 7/1998, 13 abril, sobre condiciones generales de la contrataci�n (�B.O.E.� 14 abril).LE0000011118_20190616

Tercera Acciones de cesaci�n

1. A falta de normativa sectorial espec�fica, frente a las conductas de empresarios o profesionales contrarias a la presente Ley que lesionen intereses colectivos o intereses difusos de los consumidores y usuarios podr� ejercitarse la acci�n de cesaci�n.

2. La acci�n de cesaci�n se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteraci�n futura. Asimismo, la acci�n podr� ejercerse para prohibir la realizaci�n de una conducta cuando �sta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acci�n, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteraci�n de modo inmediato.

3. La legitimaci�n para el ejercicio de esta acci�n se regir� por lo dispuesto en el art�culo 11, apartados 2 y 3, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Asimismo estar�n legitimados para el ejercicio de esta acci�n:

• a) El Instituto Nacional del Consumo y los �rganos o entidades correspondientes de las comunidades aut�nomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores.
• b) El Ministerio Fiscal.

LE0000238682_20061231 N�mero 3 de la disposici�n adicional tercera redactado por el n�mero quince del art�culo 1 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecci�n de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2006

LE0000179695_20021118 Disposici�n adicional tercera introducida por el art�culo 3.3.� de la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposici�n al ordenamiento jur�dico espa�ol de diversas directivas comunitarias en materia de protecci�n de los intereses de los consumidores y usuarios (�B.O.E.� 29 octubre).Vigencia: 18 noviembre 2002

Primera

Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Sanidad y Consumo promover�, en colaboraci�n con las Comunidades Aut�nomas, un plan para el tratamiento inform�tico del Registro General Sanitario de Alimentos y de los dem�s registros sanitarios y datos de inter�s general para la defensa del consumidor o usuario.

Segunda

A efectos de lo establecido en el cap�tulo IX, ser� de aplicaci�n el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, sin perjuicio de sus ulteriores modificaciones o adaptaciones por el Gobierno.

Tercera

Dentro del a�o siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adaptar� la estructura organizativa y las competencias del Instituto Nacional del Consumo y de los restantes �rganos de la Administraci�n del Estado con competencia en la materia, al contenido de la misma.

Cuarta

El Gobierno, en el plazo de un a�o a partir de la entrada en vigor de esta Ley, aprobar� el Reglamento o Reglamentos necesarios para su aplicaci�n y desarrollo.

Disposici�n derogatoria

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.