Sumario

R.D. 180/2003, 14 febrero rectificado por Corrección de erratas y error («B.O.E.» 19 marzo). Téngase en cuenta que el R.D. 1636/1990, 20 diciembre, modificado por la presente disposición ha sido derogado por la letra a) de la disposición derogatoria única del R.D. 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el R.D. Legislativo 1/2011, de 1 de julio («B.O.E.» 4 noviembre), el 5 de noviembre de 2011.

La disposición adicional primera de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, en su apartado 1.e), determina que, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones, deberán someterse en todo caso a la auditoría de cuentas prevista en su artículo 1, apartado 2, las empresas y entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, presten servicios o suministren bienes al Estado y a los organismos públicos, dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por Real Decreto.

Asimismo, en el apartado 2 de la citada disposición adicional primera, se dispone que, además, quedarán sometidas a la auditoría de cuentas establecida en el artículo 1, apartado 2, de la Ley de Auditoría de Cuentas las empresas, incluidas las sociedades cooperativas, y demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por Real Decreto. Dichos límites se referirán, al menos, a la cifra de negocios, al importe total del activo según balance y al número anual medio de empleados, y se aplicarán, todos o cada uno de ellos, según lo permita la respectiva naturaleza jurídica de cada empresa o entidad.

Hasta la fecha, y en relación con las dos disposiciones mencionadas con anterioridad, únicamente ha sido objeto de desarrollo reglamentario el apartado 2 de la citada disposición adicional primera, a través de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, aunque sólo con referencia exclusiva a las sociedades cooperativas. Se encuentra, por tanto, pendiente de regulación la obligación de someter a auditoría las cuentas anuales de las empresas y entidades en las que concurren las circunstancias a que se refiere el resto de dicho apartado 2 y el apartado 1.e).

En este sentido, a fin de conseguir una mayor transparencia en la información económica de las empresas y entidades que bien por su relación con las Administraciones públicas, ya sea por recibir subvenciones o por realizar diversos tipos de contratación, o bien en razón de su tamaño, se ha considerado oportuno en este momento extender a dichas empresas y entidades la obligación de que sometan a auditoría sus cuentas anuales, colmándose así el vacío legal existente a este respecto.

No obstante, conviene precisar con claridad a qué empresas y entidades se extiende la obligación de auditar sus cuentas anuales. A este respecto, debe tenerse en cuenta que, aunque la disposición adicional primera de la Ley de Auditoría, en lo relativo al objeto de este desarrollo reglamentario, se refiere, en principio, a todo tipo de empresas y entidades que por el hecho de cumplir las circunstancias anteriormente citadas (recibir subvenciones o ayudas, contratar con las Administraciones públicas o por rebasar determinados límites cuantitativos) deben someter sus cuentas anuales a auditoría; sin embargo, hay que advertir que la citada disposición adicional establece que «deberán someterse a la auditoría de cuentas prevista en el artículo 1, apartado 2, de esta ley», y que dicho apartado de la ley se refiere a «la auditoría de cuentas anuales... de acuerdo con el Código de Comercio y demás legislación que le sea aplicable...». Por tanto, poniendo en relación ambos apartados de la Ley de Auditoría, habrá que entender que las empresas y entidades a que se refieren las citadas disposiciones y a las que se extiende la obligación de someter sus cuentas a auditoría son, exclusivamente, las que se encuentren sujetas, en cuanto a la llevanza de la contabilidad y formulación de cuentas anuales, al Código de Comercio y demás normativa de desarrollo a estos efectos, dado que la obligación previa de formular cuentas anuales conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio es un requisito imprescindible para que posteriormente éstas puedan someterse a la auditoría a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la Ley de Auditoría. En consecuencia, el presente desarrollo reglamentario afecta exclusivamente a las entidades que tengan la consideración de empresa, o que, sin tener tal consideración, estén sujetas al Código de Comercio en cuanto a la llevanza de su contabilidad y presentación de sus cuentas; es decir, a las que formulen cuentas anuales, conforme a lo establecido en el Código de Comercio.

En este mismo sentido, conviene precisar que la referencia a las empresas y entidades que realicen obras, prestaciones, servicios o suministros al Estado y a los organismos públicos, contenida en la disposición adicional primera, apartado 1.e), debe entenderse referida a las empresas y entidades que realicen contratos de obras, de gestión de servicios públicos, de suministros y de consultoría y asistencia y de los servicios, con el fin de su adaptación a la vigente tipología de contratos con las Administraciones públicas, prevista en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Por otra parte, la disposición final primera de la Ley de Auditoría establece, en su primer párrafo, que «cuando por disposiciones con rango de ley se atribuyan a órganos o instituciones públicas competencias de control o inspección sobre empresas o entidades que se sometan a auditoría de cuentas, el Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá los sistemas, normas y procedimientos que hagan posible su adecuada coordinación, pudiendo recabar de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría cuanta información resulte necesaria para el ejercicio de las mencionadas competencias», sin que hasta este momento se hayan desarrollado los sistemas, normas o procedimientos de coordinación entre los auditores y los órganos o instituciones públicas a que se refiere la citada disposición final primera. En este sentido, el desarrollo reglamentario va dirigido a cumplir la citada previsión legal, estableciendo, como uno de los procedimientos de coordinación entre los órganos o instituciones públicas (entendiendo como tales los distintos órganos, organismos y entes públicos con competencias de control e inspección sobre determinadas empresas y entidades obligadas a auditar sus cuentas anuales) y los auditores de cuentas de dichas empresas y entidades, la posibilidad de que dichas instituciones recaben de los auditores la elaboración de un informe complementario al de auditoría de cuentas anuales.

Al mismo tiempo, en relación con la obligación de los auditores de cuentas, a que se refiere el párrafo segundo de la disposición final primera de la Ley de Auditoría de Cuentas, de comunicar al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, rápidamente y por escrito, determinados hechos o decisiones relevantes en el funcionamiento de la entidad auditada, de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, se ha estimado conveniente establecer un plazo de 10 días, desde el momento en que se tenga conocimiento de que se han producido, para su cumplimiento efectivo.

Igualmente, en cuanto a la obligación de los auditores de cuentas, a que se refiere el párrafo tercero de la disposición final primera de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, de enviar copia del informe de auditoría de las cuentas anuales a las autoridades supervisoras mencionadas en el apartado anterior, en el caso de haber transcurrido el plazo de una semana desde la fecha de entrega de dicho informe de auditoría a la entidad auditada por parte del auditor, sin que ésta haya hecho la correspondiente remisión a las citadas autoridades, se ha estimado conveniente que dicha obligación deba cumplirse en los 10 días siguientes a la finalización de dicha semana.

Todo ello, a fin de obtener por los citados órganos e instituciones públicas una mayor y mejor información sobre la situación y funcionamiento de las entidades sometidas a su supervisión, aumentando de esta manera la eficacia en el desarrollo de sus funciones de inspección y control.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de febrero de 2003,

DISPONGO:

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