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• INTRODUCCION
• CAPÍTULO I.  Ámbito de aplicación
  • Artículo 1  Ámbito objetivo y subjetivo
  • Artículo 2  Requisitos generales
  • Artículo 3  Actividades excluidas
• CAPÍTULO II.  Reconocimiento de títulos concedidos por otro Estado miembro asimilables al respectivo título español
  • Artículo 4  Ámbito material de los diplomas regulados
  • Artículo 5  Examen comparativo de los diplomas
  • Artículo 6  Curso de adaptación o prueba de aptitud
• CAPÍTULO III.  Reconocimiento de cualificaciones profesionales en función de la experiencia profesional adquirida en otro Estado miembro
  • Artículo 7  Ámbito material de las actividades reguladas
  • Artículo 8  Certificados que acrediten conocimientos y aptitudes
  • Artículo 9  Formación complementada con experiencia profesional
  • Artículo 10  Actividad de directivo de empresa
  • Artículo 11  Prueba del cumplimiento de los requisitos
• CAPÍTULO IV.  Reconocimiento de otras cualificaciones profesionales adquiridas en otro Estado miembro
  • Artículo 12  Acreditación de buena conducta, solvencia y similares
• CAPÍTULO V.  Disposiciones comunes
  • Artículo 13  Procedimiento de examen de solicitudes de reconocimiento
  • Artículo 14  Acreditación de la experiencia profesional adquirida en España en actividades no reguladas
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional primera
  • Disposición adicional segunda
  • Disposición adicional tercera
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria única  Derogación normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera  Facultades de desarrollo
  • Disposición final segunda  Deber de informar sobre actividades reguladas en España
  • Disposición final tercera  Listado de autoridades autonómicas competentes
  • Disposición final cuarta  Entrada en vigor
• ANEXO . Listado de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/42/CEE (anexo A)
  • PRIMERA PARTE Actividades relacionadas con las categorías de experiencia profesional
  • SEGUNDA PARTE Actividades distintas de las contempladas en la primera parte

Artículo 1 Ámbito objetivo y subjetivo

1. Este real decreto regula el derecho de establecimiento y a la libre prestación de servicios cuyos titulares se propongan ejercer en España, sea por cuenta propia o ajena, alguna de las actividades enumeradas en el anexo A de la Directiva 1999/42/CE, que se reproduce en el anexo de este real decreto.

2. Son titulares del derecho de establecimiento y a la libre prestación de servicios en España de las actividades enumeradas en el anexo (en adelante, los beneficiarios) tanto las personas físicas que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Oporto, 2 de mayo de 1992, ratificado por España el 26 de noviembre de 1993), como las sociedades mencionadas en el título I de los programas generales para la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios, aprobados por el Consejo de la Comunidad Económica Europea el 18 de diciembre de 1961 («Diario Oficial» número 2, de 15 de enero de 1962).

3. Las normas establecidas en este real decreto se aplicarán a las actividades enumeradas en el anexo siempre que no entren dentro del campo de aplicación del Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, sobre Reconocimiento de títulos de enseñanza superior de nacionales de Estados miembros que exijan una formación superior mínima de tres años; ni del Real Decreto 1396/1995, de 4 de agosto, por el que se regula un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de los demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y complementa lo establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre.

Artículo 2 Requisitos generales

1. El ejercicio de aquellas actividades del anexo que estén reguladas en España quedará condicionado al cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 4 a 12 de este real decreto que les resulten de aplicación.

2. Los requisitos a que se refiere el apartado anterior respecto a las pruebas, cursos de adaptación o certificados exigibles para el ejercicio de actividades en España, únicamente serán de aplicación en el caso de que se trate del desarrollo de una actividad o profesión regulada para cuyo ejercicio se exijan unos requisitos específicos de formación.

3. En el supuesto de que para el ejercicio de tales actividades del anexo se exigiese otro tipo de requisitos, el derecho de establecimiento y a la libre prestación de servicios habrá de efectuarse cumpliendo los mismos requisitos y en iguales condiciones y con los mismos derechos que los españoles.

Artículo 3 Actividades excluidas

Las disposiciones de este real decreto no se aplicarán a los juegos de suerte, envite o azar, apuestas y combinaciones aleatorias, al no considerarse incluidos en el apartado 3 de la lista VI de la primera parte del anexo (grupo 843 CITI, Servicios recreativos no comprendidos en otro lugar), que se rigen por su legislación especial.

Artículo 4 Ámbito material de los diplomas regulados

Se reconocen en España, para el ejercicio de las profesiones reguladas que así lo requieran, los diplomas, certificados o títulos concedidos por un Estado miembro que faculten para ejercer en él la misma profesión de las enumeradas en la primera parte del anexo, siempre que no les sean de aplicación las disposiciones de los Reales Decretos 1665/1991, de 25 de octubre, o 1396/1995, de 4 de agosto, y con sujeción a lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 5 Examen comparativo de los diplomas

1. Las autoridades españolas competentes realizarán un examen comparativo entre los conocimientos y competencias acreditados por los diplomas, certificados y otros títulos obtenidos, con el fin de ejercer tales actividades en otro lugar de la Comunidad, y los que exigen las normas españolas.

2. Si dicho examen comparativo permite deducir que los conocimientos y competencias acreditados por un diploma, certificado u otro título expedido por otro Estado miembro se corresponden con los exigidos por las disposiciones españolas, se reconocerá el derecho de ejercer la actividad considerada.

3. Si, por el contrario, el examen comparativo pone de manifiesto una diferencia sustancial, las autoridades competentes deberán ofrecer al beneficiario la posibilidad de demostrar que ha adquirido los conocimientos y cualificaciones de que carecía. En este caso, dichas autoridades dejarán al solicitante la opción entre el curso de adaptación y la prueba de aptitud, en los términos regulados por los artículos 9, 10, 12, 19 y 20 del Real Decreto 1396/1995, de 4 de agosto.

Artículo 6 Curso de adaptación o prueba de aptitud

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades competentes podrán exigir un curso de adaptación o una prueba de aptitud cuando el beneficiario pretenda ejercer actividades profesionales por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, comprendidas en la primera parte del anexo, que exijan el conocimiento y la aplicación de disposiciones nacionales específicas vigentes, en la medida en que tales requisitos sean exigidos a los nacionales españoles para el acceso a tales actividades.

Artículo 7 Ámbito material de las actividades reguladas

Cuando el acceso a una de las actividades enumeradas en el anexo o su ejercicio estén supeditados a la posesión de conocimientos y de aptitudes generales, comerciales o profesionales, en los términos que requieran las normativas específicas de las actividades reguladas en España, las autoridades competentes admitirán como prueba suficiente de dichos conocimientos y aptitudes el ejercicio efectivo de la actividad considerada en otro Estado miembro.

Cuando se trate de una actividad cuyo equivalente esté incluido en la primera parte del anexo, dicho ejercicio deberá haberse efectuado:

• 1. Respecto de las actividades de la lista I:
  • a) Bien durante seis años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa.
  • b) Bien durante tres años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, cuando el beneficiario pruebe que ha recibido, para la actividad en cuestión, una formación previa de al menos tres años, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o declarado plenamente válido por un organismo profesional o comercial competente.
  • c) Bien durante tres años consecutivos por cuenta propia, cuando el beneficiario pruebe que ha ejercido esa actividad por cuenta ajena durante al menos cinco años.
  • d) Bien durante cinco años consecutivos en funciones de dirección, de los que al menos tres años se hayan dedicado a funciones de carácter técnico con responsabilidad sobre al menos un departamento de la empresa, cuando el beneficiario pruebe que ha recibido, para la actividad en cuestión, una formación previa de al menos tres años, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o declarado plenamente válido por un organismo profesional o comercial competente.

  En los supuestos a que se refieren los párrafos a) y c), no deberán haber transcurrido más de diez años entre la fecha de cese de la actividad y la fecha de presentación de la solicitud prevista en el artículo 11.

• 2. Respecto de las actividades de la lista II:
  • a) Bien durante seis años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa; o
  • b)
    • 1.º Bien durante tres años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, cuando el beneficiario pruebe que ha recibido, para la actividad en cuestión, una formación previa de al menos tres años, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o declarado plenamente válido por un organismo profesional o comercial competente; o
    • 2.º Bien durante cuatro años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, cuando el beneficiario pruebe que ha recibido, para la actividad en cuestión, una formación previa de al menos dos años, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o declarado plenamente válido por un organismo profesional o comercial competente.
  • c) Bien durante tres años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, cuando el beneficiario pruebe que ha ejercido esa actividad por cuenta ajena durante al menos cinco años.
  • d) Bien durante cinco años consecutivos por cuenta ajena, cuando el beneficiario pruebe que ha recibido, para la actividad en cuestión, una formación previa de al menos tres años, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o declarado plenamente válido por un organismo profesional o comercial competente; o bien durante seis años consecutivos por cuenta ajena, cuando el beneficiario pruebe que ha recibido, para la actividad en cuestión, una formación previa de al menos dos años, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o declarado plenamente válido por un organismo profesional competente.

  En los supuestos a que se refieren los párrafos a) y c), no deberán haber transcurrido más de diez años entre la fecha de cese de la actividad y la fecha de presentación de la solicitud prevista en el artículo 11.

• 3. Respecto de las actividades de la lista III:
  • a) Bien durante seis años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa.
  • b) Bien durante tres años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, cuando el beneficiario pruebe que ha recibido, para la actividad en cuestión, una formación previa de al menos tres años, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o declarado plenamente válido por un organismo profesional o comercial competente.
  • c) Bien durante tres años consecutivos por cuenta propia, cuando el beneficiario pruebe que ha ejercido esa actividad por cuenta ajena durante al menos cinco años.

  En los supuestos a que se refieren los párrafos a) y c), no deberán haber transcurrido más de diez años entre la fecha de cese de la actividad y la fecha de presentación de la solicitud prevista en el artículo 11.

• 4. Respecto de las actividades de la lista IV:
  • a) Bien durante cinco años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa.
  • b) Bien durante dos años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, cuando el beneficiario pruebe que ha recibido, para la actividad en cuestión, una formación previa de al menos tres años, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o declarado plenamente válido por un organismo profesional o comercial competente.
  • c) Bien durante tres años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, cuando el beneficiario pruebe que ha recibido, para la actividad en cuestión, una formación previa de al menos dos años, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o declarado plenamente válido por un organismo profesional o comercial competente.
  • d) Bien durante dos años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, cuando el beneficiario pruebe que ha ejercido esa actividad por cuenta ajena durante al menos tres años.
  • e) Bien durante tres años consecutivos por cuenta ajena, cuando el beneficiario pruebe que ha recibido, para la actividad en cuestión, una formación previa de al menos dos años, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o declarado plenamente válido por un organismo profesional competente.
• 5. Respecto de las actividades de la lista V, párrafos a) y b):
  • a) Bien durante tres años por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, siempre que no hayan transcurrido más de dos años entre la fecha de cese de la actividad y la fecha de presentación de la solicitud prevista en el artículo 11.
  • b) Bien durante tres años por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, siempre que no hayan transcurrido más de dos años entre la fecha de cese de la actividad y la fecha de presentación de la solicitud prevista en el artículo 11, a menos que las autoridades competentes españolas permitan un período mayor de interrupción de esas actividades profesionales.
• 6. Respecto de las actividades de la lista VI:
  • a) Bien durante tres años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa.
  • b) Bien durante dos años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, cuando el beneficiario pruebe que ha recibido, para la actividad en cuestión, una formación previa sancionada por un certificado reconocido por el Estado o declarado plenamente válido por un organismo profesional o comercial competente.
  • c) Bien durante dos años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa, cuando el beneficiario pruebe que ha ejercido esa actividad por cuenta ajena durante al menos tres años.
  • d) Bien durante tres años consecutivos por cuenta ajena, cuando el beneficiario pruebe que ha recibido, para la actividad en cuestión, una formación previa sancionada por un certificado reconocido por el Estado o declarado plenamente válido por un organismo profesional o comercial competente.

  En los supuestos a que se refieren los párrafos a) y c), no deberán haber transcurrido más de diez años entre la fecha de cese de la actividad y la fecha de presentación de la solicitud prevista en el artículo 11.

Artículo 8 Certificados que acrediten conocimientos y aptitudes

Cuando un beneficiario sea titular de un certificado, obtenido en un Estado miembro y reconocido en el ámbito nacional, que acredite unos conocimientos y aptitudes en la actividad en cuestión equivalentes al menos a dos o tres años, según proceda, de formación profesional, dicho certificado podrá ser considerado por las autoridades competentes españolas igual que un certificado que acredite una formación de la duración requerida por los párrafos b) y d) del apartado 1, los párrafos b) y d) del apartado 2, el párrafo b) del apartado 3, y los párrafos b), c) y e) del apartado 4 del artículo 7.

Artículo 9 Formación complementada con experiencia profesional

Cuando la duración de la formación del beneficiario sea igual o superior a dos años pero inferior a tres, se considerarán cumplidos los requisitos del artículo 7 si la duración de la experiencia profesional como trabajador por cuenta propia o como directivo, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos b) y d) del apartado 1, el párrafo b), 1.o, del apartado 2, el párrafo b) del apartado 3 y el párrafo b) del apartado 4 del artículo 7 o como trabajador por cuenta ajena con arreglo a lo dispuesto en el párrafo d) del apartado 2 del mismo artículo, se ampliase en la misma proporción para salvar la diferencia en la duración de la formación.

Artículo 10 Actividad de directivo de empresa

A efectos de lo dispuesto en el artículo 7, se considerará que ha ejercido una actividad de directivo de empresa toda persona que haya ejercido en una empresa del ramo profesional correspondiente:

• a) Bien la función de director de empresa o de director de sucursal.
• b) Bien la función de adjunto al empresario o al director de empresa, si dicha función implica una responsabilidad equivalente a la del empresario o director de empresa representado.
• c) Bien la función de directivo encargado de tareas comerciales y/o técnicas responsable de uno o más departamentos de la empresa.

Artículo 11 Prueba del cumplimiento de los requisitos

La prueba de que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 7 consistirá en una certificación sobre el tipo y la duración de la actividad, expedida por la autoridad o el organismo competente del Estado miembro de origen o de procedencia del beneficiario, que éste deberá presentar en apoyo de su solicitud de autorización para el ejercicio de la actividad o las actividades de que se trate ante las autoridades competentes españolas.

Artículo 12 Acreditación de buena conducta, solvencia y similares

1. Cuando la legislación española exija, para el acceso a alguna de las actividades enumeradas en el anexo, la acreditación de buena conducta y de no estar ni haber sido declarado en quiebra con anterioridad, o sólo una de estas dos acreditaciones, las autoridades competentes aceptarán como prueba suficiente, para los nacionales de los demás Estados miembros, la presentación de un certificado de antecedentes penales o, en su defecto, de un documento equivalente expedido por una autoridad judicial o administrativa competente del Estado miembro de origen o de procedencia, que acredite que el beneficiario cumple dichos requisitos.

2. Cuando la legislación española exija, para el acceso a alguna de las actividades enumeradas en el anexo, determinados requisitos de buena conducta y la acreditación de no estar ni haber sido declarado en quiebra con anterioridad o de no haber sido objeto anteriormente de sanciones disciplinarias de carácter profesional o administrativo (tales como la prohibición de ejercer determinadas funciones, la suspensión o la separación), y el documento a que se refiere el apartado 1 de este artículo no aporte prueba de ello, las autoridades competentes aceptarán como prueba suficiente, para los nacionales de los demás Estados miembros, un certificado expedido por una autoridad judicial o administrativa competente del Estado miembro de origen o de procedencia, que acredite que el beneficiario cumple dichos requisitos.

Dicho certificado se referirá a los hechos concretos que se tengan en cuenta en España.

3. Cuando el Estado miembro de origen o de procedencia del beneficiario no expida los documentos previstos en los apartados 1 y 2, éstos podrán sustituirse por una declaración jurada.

4. Cuando la legislación española exija una prueba de solvencia, las autoridades competentes deberán considerar las certificaciones expedidas por los bancos del Estado miembro de origen o de procedencia del beneficiario como equivalentes a las expedidas en España.

5. Cuando la legislación española exija, para el acceso o ejercicio de una de las actividades del anexo, la prueba de que están protegidos mediante un seguro frente a las consecuencias pecuniarias de su responsabilidad profesional, las autoridades competentes aceptarán las certificaciones expedidas por las entidades aseguradoras de los demás Estados miembros como equivalentes a las expedidas en España. Dichas certificaciones deberán precisar que el asegurador ha observado las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en España en lo relativo a las condiciones y alcance de la cobertura.

6. Los documentos a que se refieren los apartados 1, 2, 3 y 5 no surtirán efecto si se presentan cuando hayan transcurrido más de tres meses desde la fecha de su expedición.

Artículo 13 Procedimiento de examen de solicitudes de reconocimiento

1. El procedimiento de examen de solicitudes de reconocimiento a que aluden los artículos precedentes deberá finalizar en el plazo más breve posible y culminará con una decisión motivada de la autoridad competente, a más tardar en un plazo de cuatro meses a contar desde la presentación del expediente completo del interesado.

2. Cuando no haya recaído resolución en el plazo previsto en el apartado 1 de este artículo y, a tenor de lo establecido en el anexo 2 de la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (apartado «Procedimientos de expedición, renovación, revalidación, homologación, convalidación y reconocimiento de títulos, diplomas, asignaturas, licencias y certificados académicos o profesionales», según la redacción dada por el artículo 69.3 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social), podrá entenderse desestimada la solicitud a efectos de la interposición del recurso procedente.

Artículo 14 Acreditación de la experiencia profesional adquirida en España en actividades no reguladas

1. Cuando en otro Estado miembro de la Unión Europea el acceso a las actividades enumeradas en el anexo, o su ejercicio, esté subordinado a la posesión de conocimientos y aptitudes generales, comerciales o profesionales, el ejercicio efectivo, en su caso, de dichas actividades en España se acreditará de la siguiente forma:

• a) El ejercicio de la actividad a título independiente, mediante la justificación del correspondiente Impuesto de Actividades Económicas o título equivalente, que se acreditará mediante las oportunas cartas de pago o mediante certificación expedida al efecto por la entidad que ejerza la gestión tributaria de dicho impuesto.

  Esta circunstancia podrá acreditarse, igualmente, mediante la justificación de los períodos de alta, por razón del ejercicio de la correspondiente actividad, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, lo que se acreditará mediante certificación expedida por el organismo de la Administración de la Seguridad Social competente en materia de afiliación, altas y bajas de los trabajadores.

• b) El ejercicio de la actividad en calidad de directivo encargado de la gestión de la empresa, en funciones de dirección o a título dependiente, mediante la justificación de los períodos de alta, por razón del ejercicio de la correspondiente actividad, en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que se acreditará mediante certificación expedida por el organismo de la Administración de la Seguridad Social competente en materia de afiliación, altas y bajas de los trabajadores.
• c) La formación profesional previa, mediante el título de formación profesional que corresponda.

2. Excepcionalmente, el ejercicio efectivo de dichas actividades podrá acreditarse por cualquier otro medio admitido en derecho, que se considere suficiente a juicio de la autoridad competente designada por las respectivas comunidades autónomas.

Disposición adicional primera

Nueva redacción del artículo 1 del Real Decreto 1063/1986, de 9 de mayo, por el que se regula la expedición de documentos y certificados referentes al Sector de Actividades Comerciales establecidos por las Directivas del Consejo de la Comunidad Económica Europea en la materia, para facilitar el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios en los diferentes Estados miembros de la Comunidad Económica Europea («Boletín Oficial del Estado» número 132 de 3 de junio de 1986, página 19859):

• 1. El párrafo a) del artículo 1 quedará redactado como sigue:
  • «a) Los documentos a que se refiere el artículo 9 de la Directiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto de las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias, respecto de las actividades comerciales enumeradas en los siguientes apartados de su anexo A:
    • Anexo A, primera parte, lista V, párrafos a) y b).
    • Anexo A, primera parte, lista VI, apartados 1 y 4.
    • Anexo A, segunda parte, apartados 3 y 11.»
  -->
• 2. Se suprimen los párrafos b), c), d), e), f), g) y j).-->
• 3. Los párrafos originales h) e i) pasarán a ser los párrafos b) y c), respectivamente, con idéntica redacción.-->

Disposición adicional segunda

Modificación de los anexos del Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el sistema general de reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea que exigen una formación mínima de tres años de duración, según la redacción dada a aquellos por el Real Decreto 1754/1998, de 31 de julio, por el que se incorporan al Derecho español las Directivas 95/43/CE y 97/38/CE y se modifican los anexos de los Reales Decretos 1665/1991, de 25 de octubre, y 1396/1995, de 4 de agosto, relativos al sistema general de reconocimiento de títulos y formaciones profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo:

• 1. Se incluye la profesión de «Enólogo» en el epígrafe correspondiente del anexo I (epígrafe «Sector técnico y de ciencias experimentales»), anexo III [párrafo a) del apartado «Ministerio de Educación y Cultura»] y anexo IV (apartado «Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación»).
• 2. Se incluye la profesión de «Práctico de Puertos» en el epígrafe correspondiente del anexo I (epígrafe «Sector técnico y de ciencias experimentales»), anexo III (epígrafe «Ministerio de Fomento») y anexo IV (epígrafe «Ministerio de Fomento»).
• 3. Se suprime la mención de la profesión de «Agente de la Propiedad Inmobiliaria» en el epígrafe correspondiente del anexo I (epígrafe «Sector jurídico, contable y económico»), anexo III (epígrafe «Ministerio de Fomento») y anexo IV (epígrafe «Ministerio de Fomento»).
• 4. Dentro del anexo IV, la profesión de «Geólogo» deja de formar parte del epígrafe «Ministerio de Industria y Energía» y pasa a integrarse en el epígrafe «Ministerio de Medio Ambiente».

Disposición adicional tercera

Modificación de los anexos del Real Decreto 1396/1995, de 4 de agosto, por el que se regula un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de los demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y se complementa lo establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, según la redacción dada a los mismos por el Real Decreto 1754/1998, de 31 de julio, por el que se incorporan al Derecho español las Directivas 95/43/CE y 97/38/CE y se modifican los anexos de los Reales Decretos 1665/1991, de 25 de octubre, y 1396/1995, de 4 de agosto, relativos al sistema general de reconocimiento de títulos y formaciones profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo:

• 1. Se añade un nuevo epígrafe al anexo IV con la denominación «Sector de actividades generales», con el siguiente contenido: «Técnico Superior en prevención de riesgos profesionales».

  Dicha profesión se incluye, además, en el epígrafe «II. Órgano competente de las comunidades autónomas» del anexo V y en el epígrafe «I. Administración General del Estado» del anexo VI, en un nuevo epígrafe de éste denominado «Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales».

  
• 2. Se añade un nuevo epígrafe al anexo IV con la denominación «Sector agroalimentario», con el siguiente contenido: «Técnico Especialista en Vitivinicultura. Técnico en Elaboración de Vinos».

  Dichas profesiones se incluyen, además, en el epígrafe «II. Órgano competente de las comunidades autónomas» del anexo V y en el epígrafe «I. Administración General del Estado (...) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación» del anexo VI.

  
• 3. En el epígrafe «Sector Industrial» del anexo IV se incluye la profesión de «Instalador de sistemas fotovoltaicos a la red de baja tensión».

  Dicha profesión se incluye, además, en el epígrafe «II. Órgano competente de las comunidades autónomas» del anexo V y en el epígrafe «I. Administración General del Estado (...) Ministerio de Industria y Energía» del anexo VI.

  
• 4. En el epígrafe «Sector Sanitario» del anexo IV se incluyen las profesiones siguientes: «Técnico Superior en Ortoprotésica» y «Técnico Superior en Audioprótesis».

  Dichas profesiones se incluyen, además, en el epígrafe «II. Órgano competente de las comunidades autónomas» del anexo V y en el epígrafe «I. Administración General del Estado (...) Ministerio de Sanidad y Consumo» del anexo VI.

  
• 5. En el epígrafe «Sector Económico-Administrativo» del anexo IV se suprime la mención de la profesión de «Agente Comercial».

  Dicha mención se suprime, además, en el epígrafe «I. Departamento ministerial de la Administración General del Estado (...) Ministerio de Economía y Hacienda» del anexo V y en el epígrafe «I. Administración General del Estado (...) Ministerio de Economía y Hacienda» del anexo VI».

  
• 6. Se suprime la mención de la profesión de «Administrador de fincas» en el apartado correspondiente del anexo IV (epígrafe «Sector Inmobiliario»), anexo V (epígrafe «I. Departamento ministerial (...) Ministerio de Fomento») y anexo VI (epígrafe «I. Administración General del Estado (...) Ministerio de Fomento»).

Disposición derogatoria única Derogación normativa

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo establecido en este real decreto y, en particular, las siguientes normas:

• a) Real Decreto 1464/1988, de 2 de diciembre, por el que se desarrolla la Directiva 67/43/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 12 de enero de 1967, relativa a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios para las actividades no asalariadas incluidas en el sector de los negocios inmobiliarios.-->
• b) Real Decreto 390/1992, de 15 de abril, sobre libertad de establecimiento y libre prestación de servicios en actividades artesanas.-->
• c) Real Decreto 438/1992, de 30 de abril, por el que se desarrolla la Directiva 67/43/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 12 de enero de 1967, relativa a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios para las actividades no asalariadas en lo que afecta al sector de determinados «Servicios prestados a las empresas no clasificados en otro lugar» (grupo 839 CITI).-->
• d) Real Decreto 439/1992, de 30 de abril, por el que se desarrolla la Directiva 75/368/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 16 de junio de 1975, relativa a las medidas destinadas a favorecer el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para diversas actividades (ex clase 01 a clase 85 CITI) y por la que se adoptan, en particular, medidas transitorias para dichas actividades (75/368/CEE).-->
• e) Real Decreto 1696/1995, de 20 de octubre, por el que se dictan normas en relación con la acreditación del ejercicio en España de las actividades referentes a las industrias alimentarias y de fabricación de bebidas, a efectos de lo dispuesto en los artículos 4 y 8 de la Directiva 68/366/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968 (clases 20 y 21 de la CITI).-->

Disposición final primera Facultades de desarrollo

Los Ministros coproponentes de este real decreto y las Comunidades Autónomas dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para su desarrollo y aplicación.

Disposición final segunda Deber de informar sobre actividades reguladas en España

Las autoridades españolas competentes para regular alguna de las actividades enumeradas en el anexo velarán para que todo beneficiario que lo solicite sea informado, antes de establecerse o de comenzar la prestación de servicios, de la normativa por la que se rija la profesión que proyecte ejercer, cuando el acceso a tales actividades no puedan ejercitarse si no se cumplen determinadas condiciones de cualificación.

Disposición final tercera Listado de autoridades autonómicas competentes

Las Comunidades Autónomas comunicarán a los ministerios competentes por razón de la materia el nombre de las autoridades autonómicas a las que competan las tareas de certificar el ejercicio de las actividades reguladas en España y de autorizar el ejercicio de dichas actividades en España a los nacionales de los demás países miembros, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Directiva 1999/42/CE.

Disposición final cuarta Entrada en vigor

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».