Sumario

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia establece en su artículo 7 que la protección de la situación de dependencia se prestará de acuerdo con los siguientes niveles de protección: un nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado, un nivel de protección acordado entre la Administración General del Estado y cada una de las comunidades autónomas y un nivel adicional que pueden establecer, por su parte, las comunidades autónomas con cargo a sus presupuestos.

El artículo 9 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dispone que el Gobierno, oído el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada una de las personas beneficiarias del Sistema, según el grado y nivel de su dependencia, como condición básica de garantía del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. En su apartado 2 establece que la financiación pública de este nivel de protección correrá a cuenta de la Administración General del Estado.

En desarrollo de lo anterior, se aprobó el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado, modificado por el Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero.

El artículo 3 del Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, establece que el nivel mínimo de protección para cada persona beneficiaria del Sistema será el equivalente a la cantidad fijada para cada grado y nivel de dependencia que se determinará anualmente según el calendario de aplicación progresiva regulado en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Dichas cuantías serán objeto de actualización anual mediante real decreto, teniendo en cuenta la actualización aplicada al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

Para el ejercicio 2010, se aprobó el Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, sobre determinación del nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Este real decreto tiene por objeto establecer la cuantía para el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para las personas beneficiarias valoradas en grado I, dependencia moderada, nivel 2, de acuerdo a lo previsto en el articulo 9 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para el ejercicio 2011, quinto año de su vigencia. Asimismo se actualizan, para dicho ejercicio, las cuantías correspondientes al grado III, gran dependencia, niveles 1 y 2 y grado II, dependencia severa, niveles 1 y 2, establecidas en el anexo del Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo.

El mayor gasto derivado del importe adicional que supone la incorporación al Sistema del grado I, nivel 2, resulta absorbido y compensado en el presente ejercicio por el ahorro que conlleva la aplicación de las medidas relativas a la disminución del gasto en materia de dependencia, establecidas en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; por ello, en 2011, las modificaciones presupuestarias que pudieran resultar necesarias para financiar el importe del coste adicional que supone la incorporación al Sistema del grado I, nivel 2, serán atendidas mediante los créditos inicialmente consignados al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Este real decreto se ha sometido a consulta del Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del Consejo Estatal de Personas Mayores, del Consejo Nacional de la Discapacidad y del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, y se ha recibido informe del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Esta norma se establece al amparo de la facultad conferida al Gobierno en la disposición final séptima de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y el artículo 3 apartados 3 y 4 del Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de abril de 2011,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES