Decreto Ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilizaci髇 de las viviendas provenientes de procesos de ejecuci髇 hipotecaria

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Sumario

V閍se la Res. [CATALU袮] 1027/X, del Parlamento de Catalu馻, de convalidaci髇 del D. ley 1/2015, 24 marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilizaci髇 de las viviendas provenientes de procesos de ejecuci髇 hipotecaria (獶.O.G.C.� 8 mayo).LE0000552402_20150528

El presidente de la Generalidad de Catalu馻

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Gobierno ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 67.6.a) del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻, promulgo el siguiente

DECRETO LEY

Pre醡bulo

La crisis econ髆ica iniciada en el a駉 2007, combinada con lo que se ha venido denominando el estallido de la burbuja inmobiliaria, ha provocado un impacto enorme en todo el 醡bito del sector de la vivienda de nuestro pa韘. En pocos meses esta crisis hizo cambiar las prioridades de las pol韙icas de vivienda que se desarrollaban desde la Administraci髇 p鷅lica. As�, los programas sociales para que las familias pudieran mantener su vivienda pasaron delante de aquellos que ten韆n como 鷑ico objetivo facilitar el acceso a una vivienda. El impacto, sin embargo, ha ido adoptando formas diversas y ha afectado con diferentes intensidades a diversos colectivos a lo largo de todos a estos a駉s.

En un primer momento quedaron afectadas las viviendas de los promotores, al no poder comercializarse edificios en construcci髇 o ya finalizados que, en muchos casos, se han acabado adjudicando a las entidades financieras que ten韆n la garant韆 hipotecaria. Muchas de las viviendas de estos bloques, situados en 醡bitos territoriales de escasa densidad y demanda residencial, y alejados de lo que podr韆mos considerar conurbaciones metropolitanas, todav韆 contin鷄n vac韔s, y probablemente continuar醤 as� por muchos a駉s, y en una situaci髇 que har� dif韈il de que cumplan la funci髇 social para la que fueron construidos.

La existencia de viviendas en municipios que no presentan ning鷑 tipo de demanda residencial y que adem醩 se encuentran en una situaci髇 de regresi髇 demogr醘ica, hace que no debamos considerar como indispensable su movilizaci髇 inmediata para las pol韙icas de vivienda, porque su ubicaci髇, y la disponibilidad de vivienda existente y prevista lo hacen innecesario.

Sin embargo, tambi閚 se ha evidenciado la existencia de viviendas de nueva construcci髇 vac韆s situadas en municipios con demanda residencial fuerte y acreditada, donde los principales obst醕ulos para la ocupaci髇 efectiva de las viviendas es el r間imen de acceso previsto y su precio. Durante los primeros a駉s de la crisis, estas viviendas, promovidas exclusivamente en r間imen de compraventa, segu韆n manteniendo unos precios establecidos en plena fase expansiva, y la mayor韆 de las veces no se ajustaban a las condiciones de las personas demandantes que ve韆n c髆o las condiciones para acceder a una financiaci髇 para la adquisici髇 de una vivienda hab韆n cambiado radicalmente y que, adem醩, con el nuevo contexto econ髆ico, y sobre la base de lo que se acaba de exponer, dispon韆n de una menor renta que no les permit韆 acceder a una vivienda si no era en r間imen de alquiler.

Medidas legislativas como el impuesto sobre las viviendas vac韆s, actualmente en tramitaci髇 parlamentaria, intentan responder a esta problem醫ica propiciando que estas viviendas puedan ocuparse b醩icamente en alquiler y adoptando medidas que incentiven al m醲imo su destino como alquiler social y/o asequible.

Paralelamente al desarrollo de la crisis, se ha ido evidenciando, sin embargo, otra problem醫ica derivada de los procesos de ejecuciones hipotecarias, que han afectado b醩icamente a las familias sobreendeudadas como consecuencia de la crisis. Diversos datos, aunque no suficientemente segregados tanto con respecto al objeto como al sujeto del proceso afectado, han ido confirmando la dimensi髇 de este problema. As�, los datos del Consejo General del Poder Judicial nos indican que en el periodo 2007-2013 se han iniciado en Catalu馻 102.578 ejecuciones hipotecarias sobre todo tipo de bienes inmuebles. Por otra parte, la reciente estad韘tica del INE sobre esta materia, indica que en 2014, el n鷐ero de ejecuciones correspondientes a vivienda iniciadas en Catalu馻 ha sido de 14.230, incluyendo tanto las realizadas contra personas f韘icas como jur韉icas. Tambi閚 lo confirman los propios datos de Ofideute, servicio que ha atendido, desde su origen y a partir de 2011, a un total de m醩 de 10.000 familias con problemas de pago de la hipoteca de su vivienda.

La constancia y regularidad del n鷐ero de ejecuciones hipotecarias desde 2008 ha conllevado de forma progresiva que las entidades financieras hayan ido adquiriendo miles de productos inmobiliarios, en una parte considerable viviendas de personas jur韉icas y f韘icas, por la v韆 de la adjudicaci髇 judicial, pero tambi閚 a trav閟 de mecanismos convencionales como la daci髇 en pago de la deuda. A diferencia del parque de nueva construcci髇 vac韔, al que nos hemos referido antes, estos miles de viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias se encuentran dispersas en el territorio, pero muchas veces concentradas en barrios con dificultades de cohesi髇 social donde la crisis, por otra parte, ha tenido mayor impacto y donde precisamente la existencia de estas viviendas agrava estas problem醫icas.

Igualmente, a diferencia de las viviendas de nueva construcci髇, estas viviendas, propiedad de las entidades financieras y tambi閚 de la Sareb, se encuentran en una multiplicidad de situaciones que hacen m醩 dif韈il abordar la problem醫ica que generan. Algunos todav韆 est醤 ocupadas por los antiguos propietarios que no han sido objeto de lanzamiento como consecuencia del proceso de ejecuci髇 hipotecaria, pero que no disponen de ning鷑 t韙ulo jur韉ico que ampare mantener su ocupaci髇; otros han sido objeto de alg鷑 tipo de ocupaci髇 irregular; otros ya han sido alquilados por las entidades financieras; y otros sencillamente est醤 vac韔s.

Tambi閚 hay muchas de estas viviendas, propiedad de entidades financieras, que est醤 vac韆s, pero no pueden ocuparse ya que en muchos casos son necesarias obras de rehabilitaci髇 y de adecuaci髇 a los requerimientos m韓imos que establece el Decreto 141/2012, de 30 de octubre, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la c閐ula de habitabilidad, que ha aprobado el Gobierno. Tambi閚 los mismos colegios oficiales de administradores de fincas han manifestado, con su queja, el incumplimiento de las obligaciones de la propiedad de las viviendas adquiridas en procesos de ejecuci髇 hipotecaria respecto de las comunidades de propietarios.

Estas viviendas, las derivadas de los procesos de ejecuci髇 hipotecaria y en la multiplicidad de situaciones en que se hallan, seg鷑 se ha explicado, son, principalmente, las viviendas que constituyen el objeto del presente Decreto ley, que pretende coadyuvar en la movilizaci髇 del parque de viviendas desocupadas a causa de la falta de condiciones de habitabilidad y favorecer su ocupaci髇.

Existen, sin embargo, dos circunstancias que hacen imprescindible adoptar medidas extraordinarias y urgentes respecto de estas viviendas con el fin de poder hacer frente a los objetivos de gobernabilidad en materia de vivienda. Por una parte, el hecho de que algunas entidades financieras y sociedades vinculadas han empezado a vender parte de su cartera hipotecaria, o incluso estas viviendas, a fondos de inversi髇 internacionales, que en su mayor韆 persiguen la materializaci髇 de beneficios a corto plazo mediante diferentes mecanismos que incluyen la posible nueva venta de las viviendas a otros inversores. Cabe decir que muchas de estas viviendas o carteras hipotecarias vendidas en paquetes se est醤 transmitiendo con unos descuentos sobre los precios muy importantes. Se trata de operaciones que pueden acabar suponiendo miles de viviendas en manos de estos fondos de inversi髇, que pueden suponer una grave afectaci髇 del mercado si no se toman medidas que favorezcan la movilizaci髇 de estas viviendas prioritariamente en alquiler e impidan tambi閚 una nueva din醡ica especulativa en torno a las mismas.

El otro elemento que obliga a tomar medidas inmediatas es la constataci髇 del n鷐ero de viviendas propiedad de entidades financieras o la Sareb que, en estos momentos, no pueden movilizarse por requerir obras de adecuaci髇 de los mismos a la habitabilidad vigente. La Generalidad ha podido inspeccionar un total de 1.258 viviendas propiedad de las entidades financieras, y de las inspecciones efectuadas en estas viviendas resulta que en un 65% de los casos de las viviendas que se constata que est醤 efectivamente vac韆s, es necesario llevar a cabo obras de adecuaci髇 a las condiciones y a los requisitos de habitabilidad. La no ejecuci髇 de estas obras supone un obst醕ulo muy importante para la movilizaci髇 de estas viviendas y en estos momentos la posici髇 de los grandes tenedores de viviendas es la de no ejecutar estas obras, lo que genera un incremento exponencial del problema por cuanto estos tenedores van adquiriendo m醩 y m醩 viviendas.

Por lo tanto, ante esta situaci髇, el presente Decreto ley adopta una serie de medidas que pretenden, en el marco de las competencias de la Generalidad de Catalu馻, movilizar directamente los parques de viviendas sometidos a procesos de ejecuci髇 hipotecaria, sin perjuicio de que estas medidas favorezcan adem醩 el inter閟 y la funci髇 social de estas viviendas y tiendan a posibilitar que las familias residentes en estas viviendas puedan permanecer en las mismas en r間imen de alquiler. As�, ante la eventualidad de que puedan producirse ventas masivas de estas viviendas por las entidades financieras, se establece un derecho de tanteo y retracto a favor de la Administraci髇, del cual tambi閚 podr醤 ser beneficiarios los municipios y otras entidades, y que garantiza que la Administraci髇 p鷅lica pueda beneficiarse de los bajos precios de estas transacciones para incrementar su parque de vivienda social.

Finalmente, y no menos importante, ante esta problem醫ica la Generalidad tiene que disponer de datos sobre estas viviendas para poder hacer el seguimiento y, eventualmente, adem醩, atender a las familias que residen en estas cuando sea necesario.

Las principales medidas adoptadas mediante el presente Decreto ley son, pues, las siguientes:

Someter al derecho de tanteo y retracto a favor de la Administraci髇 de la Generalidad las transmisiones de viviendas adquiridas en un proceso de ejecuci髇 hipotecaria o mediante compensaci髇 o pago de deuda con garant韆 hipotecaria, en el conjunto de todos y cada uno de los municipios considerados como de demanda residencial fuerte y acreditada por el PTSH o, en su defecto por el Plan para el derecho a la vivienda.

Tipificar una nueva infracci髇 grave en materia de calidad del parque inmobiliario, consistente en la no ejecuci髇 de las obras necesarias para el cumplimiento de los requisitos de habitabilidad exigidos a las viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias o mediante compensaci髇 o pago de deuda con garant韆 hipotecaria. Esta medida ser� efectiva a partir de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del Decreto ley, tiempo suficiente a fin de que los propietarios puedan realizar estas obras.

Se establece tambi閚 un nuevo instrumento a favor de la Administraci髇 con el fin de poder forzar la ejecuci髇 de las obras de rehabilitaci髇 necesarias en estas viviendas para que cumplan las condiciones y requisitos de habitabilidad y no queden fuera de opci髇 de ser ocupadas, cuando se encuentren en un municipio considerado de demanda residencial fuerte y acreditada. Se trata de la expropiaci髇 temporal del usufructo en el marco de una ejecuci髇 forzosa subsidiaria por parte de la Administraci髇 y a cargo del titular de la vivienda, por un plazo m醲imo de 10 a駉s, para aquellos supuestos de negativa en el cumplimento de la obligaci髇 por parte del titular. La disposici髇 del usufructo por parte de la Administraci髇 le permite por una parte el resarcimiento del coste de las obras, sin perjuicio de que le permite tambi閚 un uso social de la vivienda con car醕ter temporal. En estos casos, se prev� que la Administraci髇 deduzca de la indemnizaci髇 a abonar al propietario el importe de las obras que se han previsto ejecutar para dotar a la vivienda de condiciones de habitabilidad.

Finalmente, tambi閚 se incluye en el Decreto ley el deber de comunicaci髇 a la Generalidad de las viviendas adquiridas en un proceso de ejecuci髇 hipotecaria, tanto si la vivienda est� vac韆 como si la vivienda est� ocupada sin t韙ulo habilitante. Los datos sobre estas viviendas se integran en el Registro de viviendas vac韆s y de viviendas sin t韙ulo habilitante, que se crea mediante el Decreto ley, dando as� tambi閚 cumplimento a lo que prev� la Moci髇 93/X del Parlamento de Catalu馻, aprobada en la sesi髇 de 27 de marzo de 2014, sin perjuicio de la ampliaci髇 de las viviendas objeto de inscripci髇 y de su desarrollo en sede reglamentaria.

En virtud de lo que prev� el art韈ulo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno.

Por todo ello, en uso de la autorizaci髇 concedida en el art韈ulo 64 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻, a propuesta del consejero de Territorio y Sostenibilidad y de acuerdo con el Gobierno,

Decreto:

Art韈ulo 1 Modificaci髇 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda

Uno. Se a馻de un segundo p醨rafo al apartado 2 del art韈ulo 15, con la siguiente redacci髇:

�2. A los efectos de la transmisi髇 de las viviendas adquiridas en un proceso de ejecuci髇 hipotecaria o mediante compensaci髇 o pago de deuda con garant韆 hipotecaria, las 醨eas de tanteo y retracto pueden coincidir con las 醨eas de demanda residencial fuerte y acreditada delimitadas en los planes locales de vivienda, en el Plan territorial sectorial de vivienda o, mientras estas no est閚 delimitadas, con las que prev� el anexo del Plan para el derecho a la vivienda.�

LE0000253994_20230318

Dos. Se modifica la letra f) del art韈ulo 124.1, que queda con el siguiente redactado:

• 玣) Negarse a suministrar datos a la Administraci髇, obstruir o no facilitar las funciones de informaci髇, control o inspecci髇, incumplir las obligaciones de comunicaci髇 veraz de los datos que han de ser objeto de inscripci髇 en el Registro de viviendas vac韆s y de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante.�

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Tres. Se a馻de una nueva disposici髇 adicional 24, con el siguiente redactado:

獶isposici髇 adicional vigesimocuarta El Registro de viviendas vac韆s y de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante

1. Se crea el Registro de viviendas vac韆s y de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante, con car醕ter administrativo, que depende de la Agencia de la Vivienda de Catalu馻, en el cual han de ser objeto de inscripci髇 las viviendas que se indiquen por reglamento y en todo caso las viviendas siguientes:

Las viviendas adquiridas en un proceso de ejecuci髇 hipotecaria o mediante compensaci髇 o pago de deuda con garant韆 hipotecaria que no dispongan de un contrato que habilite para su ocupaci髇.

La inscripci髇 se llevar� a cabo en la forma y plazos que determine el reglamento que regule el funcionamiento del Registro.

2. Las personas titulares de viviendas vac韆s o de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante objeto de inscripci髇 deben comunicar a la Agencia de la Vivienda de Catalu馻 el n鷐ero y la relaci髇 de viviendas de que sean titulares en Catalu馻, donde deben hacer constar los datos relativos a la situaci髇 de las viviendas desocupadas u ocupadas sin t韙ulo habilitante, la titularidad, la ubicaci髇, la superficie, si disponen de c閐ula de habitabilidad y otros datos que permitan determinar las condiciones de conservaci髇 y mantenimiento del inmueble, en los t閞minos y en la forma que se determinen por reglamento.

As� mismo, las personas titulares de las viviendas descritas en el apartado primero tambi閚 deber醤 comunicar a la Agencia de la Vivienda de Catalu馻, sin que sea preciso el consentimiento de las personas afectadas a efectos de inscripci髇 en el Registro, la adjudicaci髇 a su favor o de un tercero de la vivienda, especificando, aparte de los datos previstos en el p醨rafo anterior, la identificaci髇 del anterior titular, el importe con el que se ha adjudicado, y la fecha, en su caso, del lanzamiento o desocupaci髇.

Los titulares de las viviendas inscritas deber醤 comunicar igualmente las circunstancias y condiciones en que cese la condici髇 de desocupaci髇, la ejecuci髇 de obras de rehabilitaci髇 o reforma que justifiquen la desocupaci髇 temporal, as� como los datos relativos a la transmisi髇, por cualquier t韙ulo, de las viviendas objeto de inscripci髇.

La Administraci髇 competente en materia de vivienda puede, en cualquier momento, requerir a los obligados a la inscripci髇 la acreditaci髇 de datos.�

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Art韈ulo 2 Derecho de tanteo y retracto

1. La transmisi髇 de las viviendas adquiridas en un proceso de ejecuci髇 hipotecaria o mediante compensaci髇 o pago de deuda con garant韆 hipotecaria que hayan sido adquiridos despu閟 de la entrada en vigor de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, est� sujeta al derecho de tanteo y retracto de la Administraci髇 de la Generalidad. Este derecho de adquisici髇 preferente afecta a la primera y posteriores transmisiones de las viviendas durante la vigencia de este Decreto ley.

LE0000656733_20230318N鷐ero 1 del art韈ulo 2 redactado por el apartado 3.1 del art韈ulo 3 del D Ley [CATALU袮] 17/2019, 23 diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda (獶.O.G.C.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2019

2. El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se llevar� a cabo de conformidad con los procedimientos y en los t閞minos que establecen los art韈ulos 87 al 91 y los art韈ulos 134 al 136 de la citada Ley, para el ejercicio de los derechos de adquisici髇 a favor de la Administraci髇 sobre la transmisi髇 de las viviendas con protecci髇 oficial con las siguientes particularidades:

• a) Los derechos de tanteo y retracto los puede ejercer la Administraci髇 de la Generalidad, directamente o a trav閟 de entidades de derecho p鷅lico con personalidad jur韉ica propia competentes en materia de vivienda, en beneficio propio, del municipio, de otras entidades vinculadas que dependen de estas, de sociedades mercantiles de capital 韓tegramente p鷅lico, o en beneficio de entidades sin 醤imo de lucro que formen parte de la Red de viviendas de inserci髇 o que tengan la consideraci髇 de promotores sociales de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 51.2.b) de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda. En el caso de las entidades sin 醤imo de lucro, ser� preciso que manifiesten expresamente la voluntad de adquirir las viviendas provenientes de estos procesos.
• b) La decisi髇 de transmitir la vivienda se debe comunicar por parte del titular transmisor a la Agencia de la Vivienda de Catalu馻. La notificaci髇 debe incluir la informaci髇 que establece el art韈ulo 89.2 y 89.3.a) y b), de dicha Ley, el precio de venta previsto, una declaraci髇 expresa del estado de ocupaci髇 de la vivienda, as� como la valoraci髇 justificada sobre su estado de conservaci髇.
• c) Una vez notificada la decisi髇 de transmitir, el titular est� obligado a mostrar la vivienda a la Administraci髇 cuando esta se lo solicite. El incumplimiento de este deber en la fecha se馻lada suspende el plazo de ejercicio del derecho de tanteo hasta la fecha de su cumplimento efectivo, sin perjuicio de la aplicaci髇 del r間imen sancionador que corresponda.
• d) Transcurrido el plazo de ejercicio del derecho de tanteo sin que la Administraci髇 haya notificado su voluntad de ejercerlo, se entender� que renuncia a ejercer el derecho en relaci髇 con esta transmisi髇.
• e) El derecho de retracto se puede ejercer de acuerdo con lo que prev� el art韈ulo 91 de dicha Ley, pero por el mismo precio y en las mismas condiciones de adquisici髇 en que efectivamente se haya producido la transmisi髇.
• f) Se priorizar� el ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas en buen estado de conservaci髇, situadas en barrios sujetos a una especial degradaci髇 social y que tengan un precio inferior al del mercado.
• g) El plazo para formalizar la adquisici髇 de las viviendas es de tres meses a contar desde la notificaci髇 al titular transmisor de la resoluci髇 de ejercicio del derecho de tanteo o del retracto.
  LE0000656733_20230318Letra g) del n鷐ero 2 del art韈ulo 2 introducida por el apartado 3.2 del art韈ulo 3 del D Ley [CATALU袮] 17/2019, 23 diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda (獶.O.G.C.� 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2019

Tambi閚 ser� prioritario el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en el caso de viviendas adquiridas de personas f韘icas en los procesos de ejecuci髇 hipotecaria o mediante compensaci髇 o pago de deuda con garant韆 hipotecaria.

T閚gase en cuenta que los n鷐eros 2 y 3 del presente art韈ulo 2 fueron a馻dido y modificado, respectivamente, por el art韈ulo 12 del D Ley 6/2024, 24 abril, de medidas urgentes en materia de vivienda (獶.O.G.C.� 25 abril) el 26 de abril de 2024, introduciendo la siguiente redacci髇 (vigente hasta el 27 de mayo de 2024, fecha de publicaci髇 del Acuerdo de derogaci髇 del Decreto ley 6/2024, 24 abril):� 2. Tambi閚 est� sujeta al derecho de tanteo y retracto de la Administraci髇 de la Generalidad la transmisi髇 de cualquier vivienda situada en una zona declarada de mercado residencial tensado que sea propiedad de un gran tenedor persona jur韉ica que est� inscrito en el registro de grandes tenedores de vivienda, de acuerdo con lo que establece la disposici髇 adicional vig閟ima s閜tima de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, o de acuerdo con lo que prev� el art韈ulo 3.k) de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Este derecho de adquisici髇 preferente afecta a la primera y posteriores transmisiones de las viviendas durante la vigencia de este Decreto ley.3. El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se llevar� a cabo de conformidad con los procedimientos y en los t閞minos que establecen los art韈ulos 87 al 91 y los art韈ulos 134 al 136 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, para el ejercicio de los derechos de adquisici髇 a favor de la Administraci髇 sobre la transmisi髇 de las viviendas de protecci髇 oficial con las siguientes particularidades:a) Los derechos de tanteo y retracto los puede ejercer la Administraci髇 de la Generalidad, directamente o a trav閟 de entidades de derecho p鷅lico con personalidad jur韉ica propia competentes en materia de vivienda, en beneficio propio, del municipio, de otras entidades vinculadas que dependen, de sociedades mercantiles de capital 韓tegramente p鷅lico, o en beneficio de entidades sin 醤imo de lucro que formen parte de la Red de viviendas de inserci髇 o que tengan la consideraci髇 de promotores sociales de acuerdo con lo establecido en art韈ulo 51.2.b) de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda. En el caso de las entidades sin 醤imo de lucro, ser� necesario que manifiesten expresamente la voluntad de adquirir las viviendas provenientes de estos procesos.b) La decisi髇 de transmitir la vivienda debe comunicarse por parte del titular transmisor a la Agencia de la Vivienda de Catalu馻. La notificaci髇 debe incluir la informaci髇 que establece el art韈ulo 89.2 y 89.3.a) y b), de dicha Ley, el precio de venta previsto, una declaraci髇 expresa del estado de ocupaci髇 de la vivienda, as� como la valoraci髇 justificada sobre su estado de conservaci髇.c) Una vez notificada la decisi髇 de transmitir, el titular est� obligado a mostrar la vivienda a la Administraci髇 cuando 閟ta se lo solicite. El incumplimiento de este deber en la fecha se馻lada suspende el plazo de ejercicio del derecho de tanteo hasta la fecha de su efectivo cumplimiento, sin perjuicio de la aplicaci髇 del r間imen sancionador que corresponda.d) Transcurrido el plazo de ejercicio del derecho de tanteo sin que la Administraci髇 haya notificado su voluntad de ejercerlo, se entender� que renuncia a ejercitar el derecho en relaci髇 con esta transmisi髇.e) El derecho de retracto podr� ejercerse de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 91 de dicha ley, pero por el mismo precio y en las mismas condiciones de adquisici髇 en las que efectivamente se haya producido la transmisi髇.f) Se priorizar� el ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas en buen estado de conservaci髇, situadas en barrios sujetos a especial degradaci髇 social y que tengan un precio inferior al del mercado.g) El plazo para formalizar la adquisici髇 de las viviendas es de tres meses a contar desde la notificaci髇 al titular transmisor de la resoluci髇 de ejercicio del derecho de tanteo o del retracto.Tambi閚 ser� prioritario el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en el caso de viviendas adquiridas de personas f韘icas en los procesos de ejecuci髇 hipotecaria o mediante compensaci髇 o pago de deuda con garant韆 hipotecaria.�LE0000843510_20240426DL 6/2024 de 24 Abr. CA Catalu馻 (medidas urgentes en materia de vivienda) LE0000921236_20240527Acuerdo Diputaci髇 Permanente Parlament de Catalunya 23 May. 2024 CA Catalu馻 (derogaci髇 del Decreto ley 6/2024, de 24 de abril, de medidas urgentes en materia de vivienda)

V閍se el art韈ulo 90 de la Ley 5/2020, 29 abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector p鷅lico y de creaci髇 del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente (獶.O.G.C.� 30 abril) respecto a las bonificaciones, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur韉icos documentados, en las transmisiones de viviendas.LE0000664459_20240315

Art韈ulo 3 Infracci髇 grave en materia de calidad de parque inmobiliario

En el caso de viviendas adquiridas en un proceso de ejecuci髇 hipotecaria o mediante compensaci髇 o pago de deuda con garant韆 hipotecaria, se considera una infracci髇 grave en materia de calidad del parque inmobiliario, sancionable con una cuant韆 m韓ima de 3.000 euros y m醲ima de 90.000 euros, no realizar las obras necesarias para el cumplimiento de los requisitos de habitabilidad exigidos en las viviendas.

T閚gase en cuenta la disposici髇 final segunda del D. Ley [CATALU袮] 1/2015, 24 marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilizaci髇 de las viviendas provenientes de procesos de ejecuci髇 hipotecaria (獶.O.G.C.� 26 marzo), que establece que: "Este Decreto ley entra en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, salvo el art韈ulo 3, que entrar� en vigor a los seis meses de su publicaci髇."LE0000549346_20191231

Disposiciones adicionales

Disposiciones finales

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicaci髇 este Decreto ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los que corresponda lo hagan cumplir.