Sumario

El artículo 64 de la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León dispone que tendrá la consideración de deportista como sujeto de la actividad deportiva, toda persona que practique alguna actividad deportiva en cualquiera de sus modalidades aun cuando no participe en competiciones o no forme parte de una asociación deportiva. Por su parte, el artículo 66 establece como obligación de la Administración de la Comunidad velar por la asistencia y protección de los deportistas procurando, en el ámbito de sus competencias, que gocen de una adecuada atención sanitaria en el ejercicio de la actividad deportiva.

Por otro lado, en la misma disposición legal se define de una parte, la actividad deportiva y, de otra, se establece las diferentes tipologías de la actividad deportiva y clasifica las competiciones y actividades deportivas.

Tomando en consideración y como punto de partida la finalidad de protección del deportista que preside e imprime el carácter de la Ley 2/2003, de 28 de marzo, se establece para los deportistas que participen en competiciones deportivas de carácter oficial, estar en posesión de la licencia federativa, la cual llevará aparejado un seguro que garantice, como mínimo la cobertura de una serie de riesgos expresamente establecidos en dicha disposición legal.

No estando en la actualidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma establecidas las prestaciones mínimas de cobertura de los riesgos de pérdidas anatómicas o funcionales o de fallecimiento y de la asistencia médica consecuencia del accidente deportivo, transitoriamente se dispone que sea de aplicación la regulación estatal sobre prestaciones mínimas a cubrir por el seguro obligatorio para deportistas federados.

No obstante, la realidad actual pone de manifiesto que los deportistas que disponen de licencia federativa cuentan con unos riesgos cubiertos siempre que participen en competiciones deportivas oficiales, pero que ni éstos ni los deportistas que carecen de licencia federativa cuentan con esa misma cobertura en las competiciones deportivas de carácter no oficial. De ahí, surge la necesidad de establecer para las competiciones deportivas no oficiales las mismas garantías de cobertura de riesgos derivados de la práctica deportiva con las que cuentan los deportistas federados participantes en competiciones deportivas oficiales.

En definitiva, el objeto de la presente modificación no es otro que garantizar, respecto de cada competición deportiva, el cumplimiento de las medidas necesarias para la protección de los participantes, en particular, la asistencia sanitaria correspondiente a todos los deportistas y la responsabilidad civil frente a terceros como consecuencia de la participación en dicha competición deportiva. Ahora bien, previamente procede definir con claridad el concepto de competición deportiva, así como la distinción entre aquellas que tengan la consideración de carácter oficial de las que tengan la consideración de no oficiales, con el objeto de obtener un mayor grado de precisión en su identificación y posibilitar la correcta aplicación de los requisitos de aseguramiento exigidos.

Por último, la calificación de una competición como oficial viene a reconocer la trascendencia de la concreta competición deportiva en el ámbito de Castilla y León. A tales efectos, con la modificación que se pretende, se establecen mecanismos tendentes a evitar que se proyecte indebidamente la trascendencia de una competición deportiva a través del uso incorrecto de la denominación o de los elementos distintivos propios de las competiciones oficiales de aquél ámbito castellano y leonés y, se restringe el uso del término «oficial» a aquellas competiciones deportivas así calificadas.

El presente decreto se dicta en el marco de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, de promoción de la educación física, del deporte y del ocio, establecida en el artículo 70.1.33.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 148.1.19.ª de la Constitución Española.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Cultura y Turismo, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 2 de junio de 2016

DISPONE: