Sumario

Véase Res. [COMUNIDAD VALENCIANA] 299/IX de 27 Jul. 2016, del Pleno de Les Corts, sobre la convalidación del D. Ley 5/2016, de 22 de julio, de agilización de la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía ante la situación de emergencia social, aprobada por el Pleno de Les Corts en la sesión de 27 de julio de 2016 («D.O.C.V.» 2 agosto).

PREÁMBULO

La Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunidad Valenciana tiene por objeto regular, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la renta garantizada de ciudadanía, definida en el artículo 2 de esta ley, sus requisitos, condiciones, los derechos y obligaciones de las personas destinatarias, así como los instrumentos de carácter social que faciliten su inserción.

El espíritu de esta ley es procurar la equidad social. La renta garantizada de ciudadanía es un derecho subjetivo a una prestación económica que la red pública de servicios sociales debe prestar a fin de que las personas en situación de empobrecimiento puedan mantener un adecuado bienestar personal y familiar, atendiendo a los principios de igualdad, equidad, solidaridad e inclusión.

En el contexto de los años de la aplicación de esta ley, la precarización del mercado laboral, tanto en su cantidad como en su calidad, ha supuesto nuevos tipos de empobrecimiento, que desplazan mayor población hacia la exclusión social o situación de riesgo. Así pues, la renta garantizada es un elemento de sustento fundamental para las personas que padecen la actual dificultad del acceso al mercado laboral, la precarización de la contratación, temporalizada y parcial y el empobrecimiento en general. Todos estos factores convierten la renta en la única opción de muchas familias que se han visto abocadas a ser demandantes de este derecho, que se ha visto sistemáticamente vulnerado por parte de la Administración.

Desde el nacimiento de la ley hasta la fecha, la Comunitat Valenciana ha sufrido un empobrecimiento cuyas cifras oscilan entre el 34 y el 36%, según la Tasa Europea AROPE, con un 40% de pobreza infantil y un 62% de empobrecimiento en las familias monoparentales. Esta situación, arrastrada durante casi una década nos ha situado frente a un problema también administrativo, donde el incumplimiento de plazos y servicios ha sido sistemático, contribuyendo a hacer más perentoria la situación actual de las personas con derecho a recibir la renta garantizada de ciudadanía.

Así pues, transcurridos más de nueve años desde la implantación de la Ley 9/2007, y a pesar de las diversas modificaciones de la Renta Garantizada de Ciudadanía (2008, 2011 y 2012), se ha observado un alto grado de incumplimiento de la misma, tanto en los aspectos de la propia gestión de las ayudas, como de los mecanismos que establecía y de la escasez de presupuesto a ellas destinado. Ello ha generado un insostenible número de solicitudes no atendidas en los plazos determinados, es decir, la vulneración de los derechos de las personas, así como la incongruencia entre el cumplimiento de la norma y una adecuada gestión; en definitiva, ha contribuido a incrementar la vulnerabilidad de las personas en situación de exclusión o de riesgo.

Por otro lado, la sentencia de 6 de febrero de 2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, declaró la nulidad de la base quinta del anexo I de la Orden 7/2012, de 20 de febrero, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, que establecía que los efectos económicos de la Renta Garantizada de Ciudadanía se producirían el primer día del mes siguiente a la fecha de resolución que reconozca el derecho a su percepción. De esta manera, repone el Tribunal lo establecido por la Orden de 31 de julio de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por lo que los efectos económicos de la Renta Garantizada de Ciudadanía serán desde el primer día del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud en el registro correspondiente.

Asimismo, la experiencia acumulada desde la aplicación de la firmeza de la mencionada sentencia ha demostrado la necesidad de acometer con decisión las disfunciones y efectos no deseados de la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía, con el objetivo de paliar la grave situación de emergencia social que afecta a colectivos muy vulnerables. Situación acuciante agravada por el incumplimiento de la obligación de la Administración en la ejecución de los plazos legales de resolución de los expedientes de Renta Garantizada consecuencia del alto número de expedientes acumulados de años anteriores.

La tardanza en la gestión de la renta pone de manifiesto la incongruencia entre la situación real y la norma, elaborada desde la asociación de las ayudas con la inserción laboral; evidenciando la ineficacia e inoperatividad de confeccionar planes familiares de inserción con carácter retroactivo y no coetáneos al estado de necesidad de las personas destinatarias de la renta garantizada en el momento de la presentación de la solicitud. Esta circunstancia hace necesario que en los supuestos en que la Administración no elabore el referido plan por causas imputables a la misma, ello no suponga perjuicio para la ciudadanía.

Nos encontramos pues ante una situación límite que precisa de una respuesta ágil e inmediata del gobierno. Este decreto ley tiene como única finalidad resolver esta situación de emergencia social, como es el incumplimiento sistemático por parte de la Administración del abono en plazo de las rentas adeudadas y el acceso al sistema de renta garantizada de ciudadanía. Así pues, el objetivo es agilizar el pago de las ayudas, que si bien de forma retrasada, permitirá poner al día administrativamente, todos aquellos expedientes que por falta de presupuesto y de los medios suficientes para su tramitación han caracterizado la gestión de las ayudas relacionadas con la Renta Garantizada de Ciudadanía. Estas ayudas dirigidas a personas con graves carencias, si bien alejadas del momento en que las solicitaron, vendrán a reparar un incumplimiento administrativo manifiesto y un apoyo a la solución de las dificultades que motivaron su solicitud.

La adopción de las presentes medidas da una respuesta inmediata a la expuesta situación de urgente necesidad y, a tal fin, constituye el fundamento para acudir al procedimiento del decreto ley, todo ello al amparo de lo previsto en los artículos 44 y 49 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, y artículo 58 de la Ley 5/1983, de la Generalitat, del Consell. Se estima necesario acudir a este procedimiento extraordinario por urgente necesidad ya que el propio carácter extraordinario del procedimiento y su perentoriedad impiden acudir al procedimiento legislativo ordinario.

En consecuencia, a propuesta de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 22 de julio de 2016,

DECRETO

DISPOSICIÓN ADICIONAL

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL