Ley 9/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Comunitat Valenciana

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Sumario

Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 9/2016, 28 octubre rectificado por Corrección de errores («D.O.C.V.» 21 noviembre). LE0000585599_20161108

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO

I

En el marco en que se configura el ordenamiento jurídico español, en lo que se refiere al derecho administrativo, y más concretamente al procedimiento administrativo, la norma básica en la materia no es otra que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Es significativa su exposición de motivos en lo que afecta a las bases del procedimiento administrativo y las competencias de las comunidades autónomas, que establece:

“El artículo 149.1.18 de la Constitución Española atribuye al Estado, entre otros aspectos, la competencia para regular el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas, así como el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas.

De acuerdo con el marco constitucional descrito, la presente ley regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa.

Por lo que se refiere al procedimiento administrativo, entendido como el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración, con esta nueva regulación no se agotan las competencias estatales y autonómicas para establecer especialidades ratione materiae o para concretar ciertos extremos, como el órgano competente para resolver, sino que su carácter de común resulta de su aplicación a todas las administraciones públicas y respecto a todas sus actuaciones. Así lo ha venido reconociendo el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, al considerar que la regulación del procedimiento administrativo común por el Estado no obsta a que las comunidades autónomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la aplicación de su derecho sustantivo, siempre que se respeten las reglas que, por ser competencia exclusiva del Estado, integran el concepto de procedimiento administrativo común con carácter básico.

Con respecto a la regulación que realiza la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas sobre la tramitación de los procedimientos administrativos, su artículo 33, referido a la tramitación de urgencia, dispone:

• 1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
• 2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.» La motivación en la aplicación de oficio del procedimiento de urgencia para la tramitación de los expedientes administrativos viene aconsejada por razones de interés público. Razones de interés público que pueden también ser determinadas a través de una norma que, de forma genérica, aplique la tramitación de urgencia de determinados procedimientos calificados por una ley de emergencia ciudadana.

En este sentido, puede traerse a colación el artículo 13 de la Constitución española de 1812, que abría el capítulo III dedicado al gobierno diciendo: “El objeto del gobierno es la felicidad de la nación. Puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen». Artículo que, lamentablemente, no fue incorporado a la Constitución vigente.

II

El artículo 49.1.1.ª del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana (EACV) establece que son competencias de la Generalitat “la organización de sus instituciones de autogobierno, en el marco del propio Estatuto». En el punto 3.º del primer apartado del mismo artículo se dispone que son competencias exclusivas de la Generalitat: “normas procesales y de procedimiento administrativo derivadas de las particularidades del derecho sustantivo valenciano o de las especialidades de la organización de la Generalitat».

Por su parte, el artículo 9 del Estatuto, en su apartado primero, establece que “sin perjuicio de lo que dispone la legislación básica del Estado, una ley de Les Corts regulará el derecho a una buena administración»; indicando su segundo apartado que “todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas de la Generalitat traten sus asuntos de forma equitativa e imparcial y en un término razonable y a disfrutar de servicios públicos de calidad». Finalmente, el artículo 50 del Estatuto establece que “en el marco de la legislación básica del Estado y, si es el caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la administración de la Generalitat».

La presente ley se dicta en base a la competencia en la Comunitat Valenciana en materia de procedimiento administrativo (artículo 49.1.3.ª del Estatuto), así como en los títulos competenciales establecidos en el artículo 49.1 del Estatuto referidos a las materias sustantivas cuyo procedimiento se ve afectado, como son, entre otras, las siguientes: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda (9.ª), servicios sociales (24.ª), juventud (25.ª), promoción de la mujer (26.ª), instituciones públicas de protección y ayuda de menores, jóvenes, emigrantes, tercera edad, personas con discapacidad y otros grupos o sectores necesitados de protección especial, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación (27.ª).

III

Por su parte, el artículo 10 del Estatuto establece que la Generalitat defenderá los derechos sociales de los valencianos y valencianas, puesto que constituyen un fundamento cívico del progreso económico, cultural y tecnológico de la comunidad. En su apartado tercero, dispone que la actuación de la Generalitat se centrará de forma prioritaria “en los siguientes ámbitos: defensa integral de la familia; los derechos de las situaciones de unión legalizadas; protección específica y tutela social del menor; la no discriminación y derechos de las personas con discapacidad y sus familias a la igualdad de oportunidades, a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o económica; la articulación de políticas que garanticen la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural; participación y protección de las personas mayores y de los dependientes; asistencia social a las personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social; igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos, en particular en materia de empleo y trabajo; protección social contra la violencia, especialmente de la violencia de género y actos terroristas; derechos y atención social de los inmigrantes con residencia en la Comunitat Valenciana».

Señalando el apartado cuarto del mismo artículo que la Generalitat, dentro de sus competencias y mediante su organización jurídica, “promoverá las condiciones necesarias para que los derechos sociales de los ciudadanos valencianos y de los grupos y colectivos en que se integren sean objeto de una aplicación real y efectiva.» Atendiendo a esta normativa autonómica y en virtud del artículo 50 LRJ-PAC, una ley autonómica puede declarar de interés público determinados procedimientos administrativos y, por tanto, ser posible aplicar de oficio el procedimiento de urgencia en su tramitación, mediante su declaración de procedimiento de emergencia ciudadana, a los efectos de la reducción de los plazos en la tramitación de los expedientes. La declaración de interés público en la tramitación de estos procedimientos estaría fundamentada en el reconocimiento de derechos y prestación de servicios públicos esenciales, mínimos y de carácter vital para las valencianas y valencianos a los que afectan. La declaración de estos procedimientos administrativos de emergencia social no solo implica su urgencia en la reducción de los plazos en su tramitación, sino que, en consecuencia, implica la adecuación en la dotación de recursos humanos y materiales a los departamentos administrativos encargados de su tramitación.

Por todo ello, la tramitación urgente de los procedimientos administrativos declarados de emergencia ciudadana por esta ley autonómica, se justifica tanto en lo previsto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, así como en la consideración de que la Comunitat Valenciana ostenta las competencias suficientes en materia de procedimiento administrativo para dictar una norma con rango de ley que establezca de oficio la tramitación de urgencia en los procedimientos administrativos de competencia autonómica. Siendo también de aplicación a las administraciones locales cuando actúen como entidad colaboradora con la Generalitat en la prestación de los servicios públicos.

IV

Una vez que se produzca el reconocimiento del procedimiento de emergencia ciudadana, por afectar a los servicios públicos esenciales para los ciudadanos y ciudadanas al referirse a prestaciones vitales para las personas, deberán estar sujetos en su tramitación a las siguientes especificidades: urgencia en el cómputo de plazos en el procedimiento administrativo; con prioridad en la autorización del gasto; dotación de recursos humanos y materiales en los departamentos encargados de su tramitación; y se prestará la máxima colaboración entre administraciones públicas implicadas en la tramitación de los citados procedimientos administrativos.

La finalidad de esta norma es establecer un conjunto de medidas de carácter urgente y extraordinario que se enumeran a continuación:

• a) Paliar los efectos de las políticas de austeridad y contención del gasto y dar cobertura a las necesidades crecientes de carácter social en segmentos de población especialmente vulnerables.
• b) Generar mecanismos eficaces y evaluables que permitan agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos que se definen de emergencia ciudadana en los términos de esta ley.
• c) Asegurar los recursos humanos suficientes para la gestión y tramitación de los procedimientos declarados de emergencia ciudadana.
• d) Atender con prontitud y celeridad las necesidades básicas de personas, familias y colectivos susceptibles de especial protección como es el caso de las personas menores, las personas mayores y las que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3 Tramitación de urgencia del procedimiento

1. Los procedimientos declarados de emergencia ciudadana por razones de interés público establecidos en esta ley se tramitarán con carácter de urgencia. A tal efecto se entienden reducidos a la mitad los plazos máximos establecidos para resolver y notificar el correspondiente procedimiento, salvo para la presentación de solicitudes y recursos.

1 bis. En el caso de procedimientos de adjudicación de contratos públicos sujetos a la legislación básica estatal en materia de contratación pública, en todo caso se estará a lo establecido en la misma.

LE0000824241_20240101 Número 1 bis del artículo 3 redactado por el artículo 45 de la Ley 7/2023, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat («D.O.C.V.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2024

2. En los procedimientos declarados de emergencia ciudadana de los establecidos en el anexo que reconozcan un derecho subjetivo para sus solicitantes, deberán entenderse estimadas las solicitudes una vez transcurrido el plazo máximo establecido en esta ley, sin perjuicio de la obligación de la administración de resolver expresamente.

3. Los titulares de los órganos titulares competentes por razón de la materia de los distintos procedimientos calificados de emergencia ciudadana, serán los responsables de velar por la aplicación de la tramitación de urgencia de los mismos, así como los titulares de los órganos en quien se delegue la tramitación de los mismos.

4. ...

LE0000824241_20240101 Número 4 del artículo 3 derogado por el artículo 45 de la Ley 7/2023, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat («D.O.C.V.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2024

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES

ANEXO
Procedimientos administrativos declarados de emergencia ciudadana Tendrán la consideración de procedimientos de emergencia ciudadana los siguientes:

Punto 1

a) Ayudas de emergencia social.

b) Prestaciones económicas por acogida de menores en las modalidades de acogida de urgencia, temporal, permanente; así como acogida en familia extensa y en familia acogedora.

c) Ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios de titularidad de la Generalitat y privados concertados, cuando se trate de solicitudes formuladas fuera de los plazos establecidos en las respectivas convocatorias y el motivo sea económico o de renta.

d) Ayudas para libros de texto, cuando las solicitudes se formulen fuera de los plazos señalados en las correspondientes convocatorias y los motivos sean económicos o de renta.

e) Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género.

f) Ayudas económicas e indemnizaciones por causa de muerte.

g) Ayudas individualizadas para el desarrollo personal, para personas con discapacidad

h) Procedimientos de obtención del certificado de discapacidad.

i) Programas ayudas para la tercera edad y programas ayudas para personas con Alzhéimer, Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas.

j) Asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género. En este caso, los plazos para presentar asesoramiento no podrán superar las 24 horas.

k) Ayudas a programas de servicios sociales especializados para personas con discapacidad, dirigidas a la integración en el ámbito sociolaboral.

l) Ayudas destinadas a la integración sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social

Punto 2

Renta garantizada de ciudadanía, respetando los plazos y en los términos de la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de renta garantizada de ciudadanía de la Comunitat Valenciana.

Punto 3

Ayudas económicas a la dependencia, respetando los plazos y en los términos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Punto 4.

Procedimientos que tengan como objeto la tramitación de licencias para la construcción de nuevas viviendas. Los plazos de urgencia se aplicarán únicamente a aquellos cuyos plazos de tramitación sean de seis meses o mayores, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que los regulan.

LE0001004467_20260703 Punto 4 del anexo redactado por Artículo 65 de Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado («D.O.C.V.» 2 julio)Vigencia: 3 julio 2026