Sumario

El presidente de la Generalidad de Cataluña

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Gobierno ha aprobado y yo, en nombre del rey, y de acuerdo con lo que establece el artículo 67.6 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo el siguiente

DECRETO LEY

Preámbulo

Con fecha de 21 de abril de 2017 la Conferencia sectorial de comercio interior convocada por el Ministerio de Economía y Competitividad ha acordado la apertura del proceso electoral para elegir a los miembros de los órganos de gobierno de las cámaras, a realizar entre los días 2 de octubre de 2017 y 30 de septiembre de 2018.

El artículo 10 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, básica de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación (BOE núm. 80, de 2.4.2014), establece que el Pleno de estas corporaciones debe estar compuesto por un número no inferior a 10 ni superior a 60 vocales, de los cuales, como mínimo, dos tercios deben ser los representantes elegidos por sufragio de todas las empresas en atención a la representatividad de los diferentes sectores económicos determinada conforme a los criterios que establezca la administración tutelante.

El otro tercio de los representantes debe estar formado, en la forma que determine la Administración tutelante, no solo por representantes de las empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica dentro de la circunscripción de cada cámara, propuestos por las organizaciones empresariales más representativas, sino también por representantes de las empresas de mayor aportación voluntaria en cada demarcación.

El número de vocales que prevé artículo 22 de la Ley 14/2002, de 27 de junio, de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Cataluña y del Consejo General de las Cámaras (DOGC núm. 3671, de 5.7.2002), supera el número máximo de la norma básica, que establece el número de representados de todas las empresas elegidos por sufragio entre 10 y 60, los cuales deben elegir al resto de representantes, en número entre el 10 y el 15% de los anteriores, entre las personas de reconocido prestigio en la vida económica del ámbito territorial de la cámara propuestas por las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito territorial de la correspondiente cámara.

Por lo tanto, es necesario modificar antes del inicio del proceso electoral la mencionada Ley 14/2002, de 27 de junio, con el fin de adaptarla a la nueva regulación del Pleno que establece el artículo 10 de la Ley 4/2014, de 1 de abril.

El Decreto 397/1996, de 12 de diciembre, sobre los censos electorales de las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña (DOGC núm. 2294, de 18.12.1996), aprueba la Instrucción que establece los criterios de clasificación del censo electoral de las cámaras y la asignación de vocales representantes en los respectivos plenos, y contempla -como una de las variables de la distribución de los vocales en categorías- su aportación a los recursos camerales permanentes. Este es un indicador obsoleto desde la eliminación del recurso cameral permanente por el Real decreto ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo (BOE núm. 293, de 3.12.2010); por otra parte, el Decreto se articula en base a la Clasificación catalana de actividades económicas (CCAE) de 1993, que ha quedado superada por la vigente CCAE de 2009.

Por todo lo expuesto es necesario establecer las correspondientes adaptaciones para poder aplicar la Instrucción que se aprueba en el Decreto 397/1996, de 12 de diciembre, antes mencionado, a los censos electorales de las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña.

La urgencia de la modificación de la Ley 14/2002, de 27 de junio, para la adaptación de la Instrucción de los censos electorales de las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña, se fundamenta en la secuencia de actos jurídicos necesarios que deben preceder a la apertura del proceso electoral, el 2 octubre de 2017, fecha a partir de la cual las cámaras están obligadas a exponer públicamente los censos, hecho que requiere, previamente, que las cámaras hayan podido adecuar sus reglamentos de régimen interior.

Una vez hechas las adaptaciones al ordenamiento jurídico general, cada cámara debe modificar en consecuencia su reglamento de régimen interior y solicitar su aprobación al órgano tutelar. Las modificaciones en el reglamento de régimen interior son, en resumen, las siguientes: determinar el número total de vocales del Pleno y el número de vocales que corresponde al grupo de sufragio, al grupo de empresas aportadoras y al grupo de vocales de reconocido prestigio; determinar el sistema de elección de los vocales de cada uno de los mencionados grupos; en particular, y con respecto a los vocal de sufragio, determinar la clasificación de los censos electorales y la asignación de vocales de sufragio sectorial a cada sector, a partir de los criterios de importancia económica vigentes; regular la constitución del Pleno con los tres grupos de vocales, y regular la cobertura de las vacantes.

Corresponde al órgano tutelar, como se ha dicho, la aprobación, en un plazo de tres meses, de los reglamentos de régimen interior de las cámaras y sus modificaciones ( artículo 48 de la mencionada Ley 14/2002, de 27 de junio). Esta aprobación se debe hacer efectiva antes del inicio del periodo electoral (2 de octubre de 2017). Es por ello que se concluye que el plazo para adecuar el marco normativo mencionado y permitir así que las cámaras efectúen las modificaciones necesarias en sus reglamentos de régimen interior se sitúa a primeros del mes de julio de 2017.

La organización, planificación y ejecución del proceso electoral se regula en el Decreto 19/2006, de 14 de febrero, sobre el régimen electoral de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Cataluña y la constitución de los órganos de gobierno del Consejo General de las Cámaras (DOGC núm. 7599, de 16.2.2006). Este Decreto no contempla la posibilidad del voto electrónico ni de los medios electrónicos en general como canal de comunicación entre cada cámara y sus candidatos y electores, todos ellos empresas. Tampoco incluye la incorporación de los vocales del artículo 10.2.c) de la citada Ley 4/2014, de 1 de abril, en la constitución del Pleno de cada cámara, ni el sistema de provisión de las vacantes. Igualmente, el Decreto 19/2016, de 14 de febrero, prevé un sistema de elección de vocales de reconocido prestigio en la vida económica del ámbito de la cámara, a propuesta de las organizaciones empresariales, que difiere del sistema de la Ley 4/2014, de 1 de abril.

Por lo tanto, es necesario establecer con carácter urgente, y en todo caso con una anticipación suficiente a la convocatoria propiamente dicha de las elecciones, una normativa actualizada a los criterios que marca la legislación básica.

La necesidad de una intervención legislativa inmediata que garantice la realización del proceso electoral en las fechas previstas justifica que el Gobierno haga uso de la facultad legislativa excepcional del decreto ley reconocida en el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, ya que se da el supuesto de hecho que lo habilita, es decir, la necesidad extraordinaria y urgente.

Visto que el decreto ley es un recurso extraordinario y que, por lo tanto, se debe hacer un uso limitado a las situaciones que realmente merecen la consideración de urgentes y convenientes, y que la presente disposición abarca aquellos aspectos estrictamente necesarios para poder emprender el proceso electoral;

Visto que la aprobación del presente Decreto ley no excluye en ningún caso la necesidad de hacer una regulación completa de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Cataluña que desarrolle todos los aspectos normativos implicados en esas corporaciones, más allá del proceso electoral y de la constitución de sus órganos de gobierno;

En virtud de lo que prevé el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno (DOGC núm. 5256, de 12.11.2008);

Por todo lo expuesto, en uso de la autorización concedida por el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, a propuesta del consejero de Empresa y Conocimiento y de acuerdo con el Gobierno,

Decreto:

DISPOSICIONES ADICIONALES

Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea aplicable este Decreto ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los que corresponda lo hagan cumplir.