Sumario

Ante la situación gravísima y excepcional, que incluso ha costado vidas humanas, que provocó la gran cantidad de lluvia caída el día 9 de octubre de 2018, en pocas horas, en la comarca de Levante de la isla de Mallorca, el Gobierno de las Illes Balears aprobó el Decreto ley 2/2018, de 18 de octubre, por el que se establecen ayudas y otras medidas urgentes reparar las pérdidas y los daños producidos por las lluvias intensas y las inundaciones del día 9 de octubre de 2018 en la comarca de Levante de Mallorca, con el fin de contribuir a recuperar la normalidad de las zonas afectadas de los municipios de Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera, modificado por el Decreto ley 4/2018, de 23 de noviembre, de concesión de créditos suplementarios atender gastos inaplazables derivados de sentencias judiciales pendientes de pago en el ámbito de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2018, y de modificación del Decreto ley 2/2018, de 18 de octubre, por el que se establecen ayudas y otras medidas urgentes reparar las pérdidas y los daños producidos por las lluvias intensas y las inundaciones del día 9 de octubre de 2018 en la comarca de Levante de Mallorca.

En desarrollo del mencionado Decreto ley 2/2018, se aprobó el Decreto 33/2018, de 19 de octubre, y una vez entrado en vigor este, dada la naturaleza urgente y sectorial de las ayudas, como también la casuística en su gestión, se modificó mediante los decretos 35/2018, de 2 de noviembre, y 39/2018, de 16 de noviembre, y mediante el Decreto ley 4/2018 antes mencionado.

Con todo ello, a estas alturas se ha hecho patente la necesidad de concretar el alcance de las ayudas destinadas a los daños producidos en otras edificaciones que no constituyen vivienda, con el fin de incluir los supuestos en que la actividad comercial, profesional, industrial o análoga se lleva a cabo a cargo de un tercero, en virtud de un contrato de arrendamiento de local de negocio; y, con respecto a las ayudas por daños en la vivienda que no constituye el domicilio habitual, a los efectos de determinar la renta anual máxima, prever los supuestos en que la unidad familiar está formada por más de cuatro personas.

Por otra parte, la existencia de beneficiarios de ayudas por defunción que residen en el extranjero, como también la posibilidad de que existan beneficiarios de las ayudas en materia de vivienda y otras edificaciones distintos de los solicitantes que, a estas alturas, no han presentado su solicitud de ayuda, a pesar de ser copropietarios de los inmuebles en cuestión, hacen recomendable ampliar el plazo de presentación de solicitudes de ayudas previsto en el artículo 6.3 del Decreto 33/2018, de 19 de octubre.

Por ello, a propuesta conjunta de las consejeras de Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas, y del consejero de Territorio, Energía y Movilidad, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 25 de enero de 2019,

DECRETO