Sumario

La economía aragonesa está creciendo por encima de la media nacional y es preciso consolidar y proteger dicha tendencia optimizando el funcionamiento de la administración. Además, el impacto de la normativa ambiental europea sobre la actividad de generación de energía a partir del carbón puede afectar con especial intensidad a las comarcas mineras de Aragón que, de este modo, se verían negativamente afectadas y abocadas a una situación que, desde la responsabilidad que impone la lucha contra la despoblación y la promoción de unas condiciones de vida lo más homogéneas posibles en todo el territorio aragonés, todos los poderes públicos, y especialmente los aragoneses, deben combatir con todos los medios a su alcance. Para ello, resulta necesario, en aquellos procedimientos donde la administración autonómica tiene mayor protagonismo, una acción normativa inmediata en forma de Decreto-Ley que, en línea con otras medidas, contribuya decisivamente a simplificar la tramitación de cualesquiera inversiones especialmente relevantes desde la perspectiva de los intereses generales de Aragón. La urgencia en la actuación y la experiencia adquirida de inversiones en curso exige un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia.

La excepcional y urgente necesidad resultan evidentes cuando de canalizar inversiones productivas en el actual contexto global se trata y, muy especialmente, en lo que afecta a las comarcas mineras, donde un decidido impulso a actividades económicas alternativas a la minería resulta hoy absolutamente imprescindible. Se justifica así el presupuesto habilitante del presente Decreto-Ley dictado en virtud de la facultad legislativa excepcional que el Gobierno de Aragón tiene atribuida por el artículo 44 del nuevo Estatuto de Autonomía, que dispone que "en caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-Ley", salvo en las materias que prevé el citado precepto.

Precisamente ese especial entorno de competencia global, que determina que el mantenimiento de regímenes jurídicos ineficientes de autorización comporte la pérdida de inversiones, exige y justifica conforme a la jurisprudencia constitucional la utilización de este instrumento normativo, que puede utilizarse, como ha precisado el Tribunal Constitucional, para simplificar y agilizar procedimientos administrativos relacionados con actividades empresariales. Este Decreto-Ley, por todo ello, resulta respetuoso con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Las medidas en él establecidas se justifican en la imprescindible garantía de unas condiciones regulatorias adecuadas para que Aragón pueda competir en condiciones de igualdad con otros territorios impulsando la actividad económica pública y privada con objeto de consolidar el crecimiento de la economía aragonesa y de evitar el negativo impacto que el declive de la minería del carbón produce en el territorio aragonés.

La agilización, simplificación y certidumbre de los trámites administrativos precisos para la implantación de actividades económicas constituye hoy día uno de los factores de competitividad que los territorios y las administraciones que los gestionan pueden esgrimir como factor decisivo para lograr atraer inversiones. En ese contexto, mecanismos como la declaración de interés autonómico, regulada en su día por el Decreto-Ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón, o los planes y proyectos de interés general de Aragón, anteriormente denominados proyectos supramunicipales, han permitido a las administraciones aragonesas actuar con agilidad.

Sin embargo, en el actual entorno económico, cada vez más globalizado, todavía pueden mejorarse los mecanismos apuntados para hacer a Aragón más atractivo. Así, haciendo compatibles las exigencias establecidas por normas sustantivas y ambientales con tramitaciones sencillas, optimizadas y simultáneas con la fijación plazos de maduración y tramitación lo más seguros posibles a las inversiones, podrá lograrse atraerlas más fácilmente sin merma alguna de las exigencias sustanciales a las que, de conformidad con las normas que les resulten de aplicación, han de ejecutarse. No se trata, por tanto, de reducir el rigor exigible en Aragón en general y en las cuencas mineras en particular, sino de exigirlo de forma más eficaz y eficiente, más sencilla, más clara, sin redundancias innecesarias y evitando en la mayor medida posible trámites sucesivos.

En el actual contexto económico, social y político son cada vez más los inversores que se interesan por nuestra tierra para radicar sus iniciativas empresariales. Y cada vez resulta más evidente que la agilidad administrativa, la concreción de los procedimientos y la capacidad para aquilatar plazos de tramitación y Resolución administrativa constituyen variables decisivas para elegir el lugar en que las inversiones se desarrollan. Si una inversión es viable y tiene un esquema de financiación cierto, el tiempo de tramitación constituye un elemento esencial que todas las administraciones públicas tienen la responsabilidad de concretar en la práctica, y no sólo en las normas, del modo más riguroso posible.

En Aragón los planes y proyectos de interés general han servido y están sirviendo, como antes los proyectos supramunicipales, para canalizar grandes inversiones. Habitualmente, esas inversiones han sido declaradas por el Gobierno de Aragón, previamente, como inversiones de interés autonómico a través del procedimiento regulado en el Decreto-Ley 1/2008, de 30 de octubre. Sin embargo, la vigente Ley de ordenación del territorio, refundida mediante Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, que regula los planes y programas de interés general de Aragón, impone una fase previa a la posible aprobación inicial de los mismos para la declaración del interés general que, habitualmente, está presente y ha sido ya analizado al declarar el interés autonómico.

La declaración como inversión de interés autonómico y la declaración de interés general resultan redundantes conforme a la actual regulación. Mediante la presente norma, para evitarlo, se introducen cambios en la normativa que regula la declaración de inversiones de interés autonómico y la declaración de interés general, de modo que, previa solicitud de informe del Departamento competente en materia de ordenación del territorio, la declaración de interés autonómico de una inversión pueda implicar la declaración de interés general conforme a la normativa de ordenación del territorio. Se elimina así una ponderación redundante de unos intereses sustancialmente idénticos garantizando, además, que el máximo órgano ejecutivo de Aragón se pronuncie sobre los mismos.

Para la elaboración de este Decreto-Ley se ha dado cumplimiento a los trámites previstos en los artículos 37 y 40 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón y han sido tenidos en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, tal como se exige en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, ejerciendo las competencias establecidas en las cláusulas 7.ª, 8.ª, 9a y 32a del artículo 71, y 11a y 12a del artículo 75, ambos del Estatuto de Autonomía, a propuesta de la Consejera de Economía, Industria y Empleo, y del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 30 de enero de 2019,

DISPONGO:

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES