Sumario

La Administración de la Comunidad de Castilla y León viene funcionando desde el año 1983. Durante este prolongado espacio temporal, el instrumento a través del que se ha materializado la ordenación de sus recursos humanos han sido las relaciones de puestos de trabajo, puestas en marcha en momentos muy diferentes, en respuesta a las necesidades del momento en que se aprobaban, así como llevando a cabo las modificaciones pertinentes.

Ante tal circunstancia, el Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de los empleados públicos y se fijan prioridades en materia de función pública para la legislatura 2015-2019, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León de 29 de octubre de 2015, establece como una de estas prioridades la de mejorar y modernizar la función pública de Castilla y León, avanzando hacia un sistema de ordenación de puestos de trabajo que permita adaptar con agilidad la estructura de la Administración a las exigencias de la organización.

A la vista de las necesidades del servicio público, así como de los medios disponibles para su prestación, se consideró que la mejor forma de dotar a la Administración de nuestra Comunidad de un sistema de ordenación de puestos de trabajo que garantizase su eficacia, eficiencia y la calidad en la gestión pública, y al mismo tiempo tuviera en cuenta los derechos y expectativas profesionales de los funcionarios, era la elaboración de un catálogo de puestos tipo, al que deberían acomodarse los distintos puestos de trabajo existentes. Partiendo de esta premisa se establece el compromiso de negociar los puestos tipo, garantizando que las relaciones de puestos de trabajo se acomoden a ellos.

En el escenario descrito, la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas, modifica los instrumentos de organización de los recursos humanos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y da una nueva redacción a los artículos 21 a 24 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. El artículo 21 establece que la Administración de esta Comunidad se estructura a través de tres instrumentos organizativos: La plantilla, el catálogo de puestos tipo del personal funcionario y las relaciones de puestos de trabajo. En concreto el artículo 23 define el catálogo de puestos tipo como el «instrumento de clasificación y ordenación de los puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León» y establece que este «comprenderá la relación de puestos tipo a que habrán de acomodarse los puestos de trabajo del personal funcionario así como los criterios seguidos para su clasificación».

En el mismo sentido se había pronunciado el artículo 5 del Decreto 33/2016, de 22 de septiembre, en materia de elaboración y aprobación de estructuras orgánicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de elaboración de las relaciones de puestos de trabajo.

Dentro de este marco normativo la Junta de Castilla y León dicta el Acuerdo 42/2017, de 31 de agosto, por el que aprueba el catálogo de puestos tipo de personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos. Este resulta del ejercicio de su potestad autoorganizatoria, que legitima a la Administración a estructurar sus propios medios y servicios del modo que resulte más conveniente para el ejercicio de sus competencias y para la adecuada satisfacción de sus fines, sin trascender de su esfera jurídica interna. Y todo ello, dentro de las limitaciones presupuestarias destinadas a controlar el gasto público. Los dos objetivos fundamentales del Acuerdo eran: Por un lado, ordenar la diversidad de puestos existentes en aquel momento sobre la base de unos criterios generales que permitan su objetivación y, por otro lado, facilitar la elaboración y la negociación de las relaciones de puestos de trabajo futuras, ya que éstas se limitarán a determinar qué puestos de los recogidos en el catálogo resultan adecuados para hacer frente a las necesidades de la organización en cada momento, dentro de un marco de gasto controlado.

El 27 de septiembre de 2018 se dictan los Acuerdos de la Junta de Castilla y León por los que se modifican las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario de las distintas Consejerías y organismos autónomos de la Administración de esta Comunidad. Dichas modificaciones responden a varios objetivos: Por un lado, adaptar los puestos de trabajo a las estructuras orgánicas vigentes; por otro lado, crear nuevos puestos de trabajo y amortizar los no necesarios y por último, acomodar los puestos de trabajo preexistentes al catálogo de puestos tipo aprobado por el Acuerdo 42/2017.

No obstante, varios pronunciamientos judiciales –valga por todos ellos la cita del que ha servido como referencia al resto, es decir, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, derivada del Procedimiento Ordinario 812/2017, de 20 de diciembre de 2018–, han declarado la nulidad del Acuerdo 42/2017. Fundamentan ésta en dos aspectos: El primero, en que las decisiones que llevaron a la creación de los distintos puestos tipo debieron justificarse documentalmente mediante estudios preparatorios e informes, y, el segundo, en que el procedimiento a seguir para la aprobación del catálogo debió ser el de una disposición de carácter general.

Considerando que el catálogo de puestos tipo resulta exigible de acuerdo con lo establecido en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, así como en el artículo 5 del Decreto 33/2016, de 22 de septiembre, en materia de elaboración y aprobación de estructuras orgánicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de elaboración de las relaciones de puestos de trabajo; que no han variado las circunstancias que dieron lugar a la aprobación del Acuerdo 42/2017; y que los pronunciamientos judiciales citados concluyen que su aprobación ha de llevarse a cabo por una disposición administrativa de carácter general, se realizan las actuaciones necesarias para aprobar un nuevo catálogo de puestos tipo.

A tal efecto, se realiza un estudio previo pormenorizado de los puestos de trabajo. Dicho estudio parte de la heterogeneidad de los puestos de trabajo de personal funcionario tradicionalmente existentes en nuestra Administración y valora la situación actual. En concreto, se constata que una vez clasificados por denominación, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico, se obtienen 697 tipos de puestos, muchos de ellos compuestos por un número de puestos de trabajo muy reducidos. Tomando como punto de partida los datos obtenidos, se procede a ordenar los puestos de trabajo observados en el estudio sobre la base de los siguientes factores: En primer lugar, se discriminan todos aquellos que tienen funciones directivas –bien por atribuírselas la posición que ostentan en las estructuras orgánicas, bien por ser consustanciales a la definición del puesto–. En relación con el resto, la ordenación se realiza de acuerdo con el nivel, el complemento específico, el procedimiento de provisión, el tipo de Administración General o Especial, así como el Cuerpo, Escala o Especialidad de adscripción. Una vez ordenados los puestos de trabajo, se agrupan los que comparten todos o la mayoría de los factores enunciados para determinar cuáles resultan similares. La delimitación de los puestos tipo resulta de aplicar a las agrupaciones de puestos obtenidas los criterios de clasificación establecidos en el presente Decreto. Por último, en cuanto a los puestos tipo que se creen para atender a nuevas necesidades organizativas, se contempla la exigencia de que éstos se ajusten a los criterios establecidos con carácter general para la delimitación de los puestos tipo.

El catálogo deberá revisarse periódicamente, ya que ha de ser un instrumento flexible que garantice la evolución del modelo organizativo para acomodarlo a las necesidades derivadas de la prestación del servicio público. A tal efecto, se recoge en la disposición final segunda la obligación de realizar una primera revisión en el plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de entrada en vigor del presente decreto.

El presente decreto se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia exigidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tanto el principio de necesidad como el de eficacia exigen que la norma sirva al interés general, que consiste en dar cumplimiento al mandato normativo referido al catálogo de puestos tipo. Así el Decreto es necesario en cuanto que aprueba un instrumento organizativo de la Administración, y su eficacia queda garantizada al permitir dar de alta nuevos puestos de trabajo con mucha mayor agilidad.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la regulación que esta norma contiene es la imprescindible para atender a las exigencias que el interés general requiere. La norma se ha ceñido exclusivamente a lo que prevé el artículo 23 de la Ley de la Función Pública de Castilla y León, donde se regula que el catálogo de puestos tipo comprende la relación de puestos tipo, los criterios seguidos para su clasificación y los puestos de trabajo que quedan excluidos del catálogo.

Para garantizar el principio de seguridad jurídica, el decreto se integra en un marco normativo estable y coherente, resultando su contenido acorde con lo previsto en la Ley de la Función Pública de Castilla y León y el Decreto 33/2016, de 13 de septiembre, por el que se modifican determinadas normas en materia de función pública, en relación con la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

La norma respeta también el principio de eficiencia. Su aprobación permite disponer de un catálogo de puestos tipo que facilita rapidez y seguridad a la hora de elaborar las relaciones de puestos de trabajo en el futuro.

Los principios de transparencia y participación han sido respetados en la tramitación de la norma. En su elaboración se ha contado con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de Empleados Públicos y los ciudadanos han contado con un plazo de diez días para formular sugerencias al publicarse el borrador de la norma en el Espacio de Participación de la Junta de Castilla y León. Así mismo, se ha sometido al trámite de audiencia e información pública y se ha remitido a las Juntas de Personal aunque ambos trámites no son de obligado cumplimiento en la tramitación de esta norma. Además las distintas Consejerías y Organismos Autónomos han informado su contenido en relación con aquellos aspectos que afectan a sus competencias.

El Decreto se dicta en el ejercicio de la potestad de autoorganización de la Junta de Castilla y León y en aplicación de los artículos 23.5, 6.1, 6.2.b y 6.2.h de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, previa negociación con la representación sindical en los términos previstos en el artículo 104 de dicha Ley.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 7 de marzo de 2019

DISPONE

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