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Sumario

Véase la Res 30 abril 2020, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19 («D.O.E.» 30 abril).LE0000666194_20200430

I

El pasado 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró que la situación en relación al coronavirus COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional, desde entonces se han ido adoptando diferentes medidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Además, también se han arbitrado medidas de carácter económico y administrativo para paliar los efectos adicionales de esta crisis.

Como consecuencia de la situación extraordinaria existente en nuestro país y por la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, la Junta de Extremadura ha aprobado un considerable repertorio de medidas, adicionalmente a lo dictado por el Gobierno de España y otras Administraciones, entre las que se encuentran el Decretoley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el Decretoley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.

La gravedad de la crisis sanitaria actual ha conducido a una ampliación del estado de alarma, aprobada mediante una nueva norma, el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Igualmente, con el fin de redoblar esfuerzos en la lucha contra la pandemia, el Gobierno de España recientemente ha introducido de manera drástica nuevas limitaciones de la actividad económica y social, en todos los sectores excepto en los definidos como esenciales.

II

Ante la rapidez de la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, y en este escenario excepcional en el que nos encontramos, la Junta de Extremadura debe seguir adoptando medidas, de carácter extraordinario, que palíen las situaciones complejas que está generando esta crisis, cuyas consecuencias afectan especialmente a los ámbitos administrativo, laboral y empresarial, además, del sanitario.

Este decreto-ley tiene por objeto la adopción de nuevas medidas para responder al impacto económico negativo en el ámbito de la contratación pública. Desde el inicio de la crisis hasta ahora, han sido varias las normas aprobadas que han contemplado medidas en materia de contratación pública, en este sentido, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 y el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, han definido procedimientos especiales y extraordinarios para responder a esta situación. También lo ha hecho la Junta de Extremadura, mediante el Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito administrativo para combatir el impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19, entre otras disposiciones.

En este sentido, la situación creada por la crisis sanitaria junto con el reciente escenario planteado por las nuevas disposiciones aprobadas, comportan sustanciales inconvenientes para la Administración Pública, particularmente para los servicios de contratación, cuyas dificultades para elaborar y completar los expedientes de contratación se han agravado considerablemente, en tanto que los recursos técnicos están muy limitados. Las consecuencias de estas dificultades afectan al entorno empresarial y también a los propios servicios públicos y perdurarán durante un periodo de tiempo que va más allá del estado de alarma, por la acumulación de procedimientos y trámites en los próximos meses.

Por ello, en base al apartado primero del artículo 34, párrafo quinto, del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como en las competencias que atribuye el Estatuto de Autonomía de Extremadura, mediante este decreto-ley se establece la posibilidad de prórroga forzosa para los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva cuando a su vencimiento no se hubiera formalizado un nuevo contrato. De este modo, como se expresaba en el párrafo anterior, se garantiza la continuidad de los servicios que son ordinarios e imprescindibles para el funcionamiento de la Administración, evitando así consecuencias negativas para el servicio público, pero también para las empresas contratistas y sus trabajadores.

De igual manera resulta urgente paliar las necesidades de financiación de los proveedores de la administración que han visto suspendida su actividad por causa de las mediadas de confinamiento social decretadas, para hacer frente a la pandemia. Se pretende por ser necesario y urgente en estos momentos de suspensión de la actividad económica arbitrar un sistema general de pagos parciales a cuenta, que se correspondan recíprocamente con prestaciones parciales puestas efectivamente a disposición de la Administración.

Asimismo, es urgente arbitrar todos los cauces de colaboración entre órganos de contratación autonómicos para atender las necesidades perentorias y puntuales de los sistemas sanitarios y socio sanitarios regionales, de tal suerte que se ponga a disposición, material y presupuestariamente, de los responsables de tales necesidades todos los recursos operativos existentes en la Administración.

III

La Constitución española, en su artículo 149.1.18, atribuye al Estado competencia exclusiva para promulgar la legislación básica sobre contratación administrativa, de aplicación general a todas las Administraciones públicas. Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura la competencia exclusiva en materia de creación, organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones, la organización de su propia Administración y la de los entes instrumentales que de ella dependan, así como, en el marco de la legislación básica del Estado, la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de régimen jurídico de las Administraciones públicas y contratación del sector público y universidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9.1.1 y 10.1.1 y 5 del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

El artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura faculta a la Junta de Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decreto-ley. Atendiendo a la especial gravedad de la situación en la que nos encontramos, nadie duda de la extraordinaria necesidad de recurrir a la adopción de medidas de todo tipo que vengan a paliar y a contener la situación en la que nos encontramos, y en esta especial gravedad, además, es necesaria una rápida actuación. En el ámbito legislativo, el instrumento constitucionalmente lícito que permite una actuación de urgencia es el decreto-Ley, figura a la que se recurre, en cuanto las circunstancias en las que se adoptan enunciadas anteriormente justifica la extraordinaria y urgente necesidad de que las medidas aquí previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible, sin que pudieran esperar a una tramitación parlamentaria puesto que los efectos sobre la ciudadanía serían demasiado gravosos y perdería su esperada eficacia en el fin último de las mismas.

Por tanto, en el presente supuesto, el carácter extraordinario y excepcional de la situación deriva de la declaración del estado de alarma provocada por la situación sanitaria, que requiere la adopción con urgencia de medidas que palíen, en la medida de lo posible, la situación creada y que no pueda aplazarse, incluso mediante la utilización de medios legislativos de urgencia, a un momento posterior. Cumpliendo así la presente norma los requerimientos fijados tanto por el citado artículo 33 como por la numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia (por todas, STC 61/2018, de 7 de junio de 2018, FJ 4, en lo que se refiere a la extraordinaria y urgente necesidad, y las SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6 , y 100/2012, de 8 de mayo, en lo relativo a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes»).

Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El decreto- Ley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica.

En virtud de lo expuesto, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Extremadura y, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 1 de abril de 2020,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES