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Sumario

LE0000679315_20201104D.-Ley 6/2020, 17 abril, derogado por el n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria狕nica de la燣ey 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de car醕ter social dirigidas a las personas en situaci髇 de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de modificaci髇 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. (獴.O.I.C.� 4 noviembre) el 4 de noviembre de 2020.

V閍se la Res. de 21 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del D. ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de car醕ter social dirigidas a las personas en situaci髇 de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (10L/DL-0007), as� como su tramitaci髇 como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (獴.O.I.C.� 3 junio).LE0000666857_20200603

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 47.1 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, promulgo y ordeno la publicaci髇 del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de car醕ter social dirigidas a las personas en situaci髇 de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ordenando a la ciudadan韆 y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El Gobierno de la Naci髇 aprob� el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En el mismo se contemplan una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de la ciudadan韆, contener la progresi髇 de la enfermedad y reforzar el sistema de salud p鷅lica. Asimismo, ratifica en virtud de su disposici髇 final primera todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las comunidades aut髇omas y de las entidades locales con ocasi髇 del coronavirus COVID-19, que continuar醤 vigentes y producir醤 los efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con ese Real Decreto.

Adem醩, la crisis sanitaria se est� transmitiendo a la econom韆 y a la sociedad a una velocidad inusitada, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de los ciudadanos y sus familias. Para atajar las consecuencias econ髆icas en las familias, el Gobierno estatal aprob� el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19, estableciendo, entre otras, medidas de apoyo a las personas trabajadoras, familias y colectivos vulnerables.

Por este Real Decreto-ley se autoriza la aplicaci髇 de un Fondo de Contingencia y la concesi髇 de un suplemento de cr閐ito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por importe de 300.000.000 de euros.

Este Fondo podr� destinarse a la financiaci髇 de proyectos y las contrataciones laborales necesarias para el desarrollo, entre otras prestaciones:

• - Ampliar la dotaci髇 de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades b醩icas, ya sean estas de urgencia o de inserci髇.
• - Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas cuidadoras y las medidas de conciliaci髇 para aquellas familias (especialmente monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes.
• - Otras medidas que las Comunidades Aut髇omas, en colaboraci髇 con los Servicios Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente justificadas.

Adem醩, de acuerdo con lo se馻lado por la Comisi髇 Europea en su Comunicaci髇 del 13 de marzo, la respuesta a este desaf韔 conjunto debe ser coordinada, con el apoyo de las instituciones y del presupuesto comunitario a las medidas nacionales. La pandemia del COVID-19 tiene una dimensi髇 paneuropea.

El impacto final que la crisis sanitaria tenga para la econom韆 y la sociedad europea depender� de la coordinaci髇 de las autoridades nacionales y comunitarias. Estas 鷏timas pueden y deben apoyar los esfuerzos individuales mediante la flexibilizaci髇 de su normativa fiscal, la mutualizaci髇 de los costes transitorios y la movilizaci髇 de recursos comunitarios.

Teniendo en cuenta el impacto que esta situaci髇 de emergencia produce en la econom韆, unido al alcance de las medidas decretadas a nivel nacional, ha resultado necesario adoptar con car醕ter urgente otras medidas que permitieran paliar dicho impacto, aprob醤dose por el Gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Canarias el Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de car醕ter econ髆ico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.

De otra parte, se ha prorrogado el estado de alarma mediante Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. La actual pr髍roga determina que el estado de alarma se extender� hasta las 00:00 del d韆 26 de abril de 2020, y se someter� a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Es por ello que, en consonancia con lo anterior y dada la evoluci髇 de la situaci髇 de emergencia sanitaria, se exige la adopci髇 de nuevas medidas concretas dirigidas a paliar su impacto social en la ciudadan韆. En este sentido, se establecen medidas dirigidas a atender situaciones de extrema vulnerabilidad social, entre las que se incluyen las relativas al establecimiento con car醕ter excepcional de un ingreso canario de emergencia en la Comunidad Aut髇oma de Canarias.

Las restricciones impuestas en la libre circulaci髇 de las personas para evitar la propagaci髇 del virus y contener la enfermedad se traducen inexorablemente en una perturbaci髇 evidente para la econom韆 espa駉la, que por ende est� afectando de manera muy significativa a las familias m醩 vulnerables. En este contexto, la prioridad absoluta en materia social radica en proteger y dar soporte al conjunto de la ciudadan韆, pero especialmente a quienes son m醩 vulnerables.

Ante esta situaci髇 de extrema gravedad, generada por la evoluci髇 del coronavirus COVID-19, resulta necesaria la adopci髇 de medidas de car醕ter extraordinario y urgente de diversa 韓dole, dando prioridad a aquellas que persigan minimizar el impacto econ髆ico y social en la ciudadan韆 con menos recursos.

II

Las situaciones de vulnerabilidad en la poblaci髇 canaria se han visto agravadas de inmediato tras la declaraci髇 del estado de alarma para la gesti髇 de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La p閞dida de puestos de empleo pone en peligro la subsistencia de muchas familias, cuando muchas de ellas a鷑 no hab韆n superado las consecuencias sociales de la anterior crisis, como lo pone de manifiesto la Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estad韘tica, seg鷑 la cual Canarias es una de las comunidades aut髇omas con mayor riesgo de pobreza y exclusi髇 social. En 2018 Canarias ten韆 un porcentaje de la poblaci髇 en riesgo de pobreza y exclusi髇 social (AROPE) del 36,4%, llegando la tasa de riesgo de pobreza seg鷑 la misma fuente al 32.1%. Otros indicadores sociales que nos proporciona dicha encuesta son los ingresos medios de la poblaci髇, de los m醩 bajos del territorio espa駉l, con 8.964 euros.

Por ello, se hace necesario dar respuesta a las necesidades sociales de las personas m醩 fr醙iles econ髆icamente y con mayores necesidades de cuidados, que tienen que hacer frente a gastos elementales de subsistencia como los derivados de la alimentaci髇, el alojamiento, la higiene, o el cuidado de personas mayores, de personas con discapacidad o de menores de edad en un mismo espacio habitacional.

Hasta el momento, la carencia o insuficiencia de ingresos a las personas en las islas ha sido cubierta por la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 (PCI), que act鷄 como 鷏tima red de protecci髇 social cuando se han agotado otros tipos de prestaciones, sean estas contributivas o no contributivas. No obstante, ante la situaci髇 de emergencia ocasionada por el COVID-19, la baja cobertura de la PCI se muestra insuficiente para proteger a las personas m醩 afectadas por esta crisis siendo muchas las personas y colectivos que se quedan desprotegidas.

Es por ello que, en este contexto de emergencia ocasionada por el COVID-19, se estima necesario y oportuno garantizar y ampliar la cobertura de la PCI, pero a su vez, cubrir las necesidades b醩icas mediante un ingreso canario de emergencia a todas aquellas personas que actualmente no est醤 protegidas por ninguna prestaci髇 p鷅lica ni disponen de otro tipo de rentas derivadas del trabajo u otra actividad econ髆ica.

Para nuestro 醡bito de decisi髇, la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 (PCI) es una prestaci髇 econ髆ica que pretende incidir a nivel material sobre la falta de recursos de las familias en estado de vulnerabilidad, adoptando la perspectiva de la exclusi髇 social, que va m醩 all� de la carencia de recursos econ髆icos, y que tiene que ver con un debilitamiento de los lazos sociales y de la participaci髇 de las familias en el acceso al empleo, a la salud, la educaci髇, la participaci髇 en la comunidad, etc.

Tal como establece la propia Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 (en adelante, la Ley de la PCI), esta ayuda tiene car醕ter subsidiario, pues "su otorgamiento quedar� condicionado a que el peticionario que tenga derecho a alguna de las pensiones mencionadas en el apartado anterior acredite fehacientemente haberlas solicitado ante el organismo correspondiente."

Por lo tanto, se trata de la 鷏tima red de protecci髇 que disponen las personas en Canarias.

En el contexto actual, el presente Decreto ley ampl韆 pues, las prestaciones de la PCI, con el objetivo de contribuir a evitar un impacto econ髆ico prolongado m醩 all� de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protecci髇 de las familias m醩 directamente afectadas, reforzando la protecci髇 de las personas trabajadoras, las familias y los colectivos vulnerables.

Por ello, y de manera excepcional, y por causas objetivamente justificadas en el expediente por los servicios sociales de atenci髇 primaria mediante el correspondiente informe social, podr醤 ser beneficiarias de la ayuda PCI aquellas personas que constituyan unidades de convivencia en las que, aun no cumpliendo todos los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2 del art韈ulo 7 de la Ley de la PCI, concurran circunstancias que las coloquen en situaci髇 de extrema necesidad como consecuencia de la situaci髇 de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por carecer de recursos econ髆icos suficientes para subsistir.

A estos efectos, la situaci髇 de extrema necesidad necesaria para acogerse a esta medida derivar� de los efectos de la declaraci髇 del estado de alarma y sus pr髍rogas, y que, como consecuencia de 閟te, conlleve para las familias y dem醩 unidades de convivencia la p閞dida del empleo o dificultades a la obtenci髇 de rentas alternativas, o por destinar mayor tiempo a los cuidados de menores a su cargo o de personas mayores en el mismo espacio habitacional.

Por otra parte, el impacto que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 est� teniendo en la econom韆 y en la sociedad, tanto en los sectores productivos como en los colectivos m醩 desfavorecidos, exigen adoptar medidas frente a una crisis econ髆ica de proporciones desconocidas que ya se est� empezando a desarrollar. Esta situaci髇 hace que, tanto el Estado como las Comunidades Aut髇omas est閚 adoptando medidas de car醕ter econ髆ico, de forma simult醤ea a las sanitarias, cuyo objetivo esencial es proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una recuperaci髇 de la actividad. En este marco se encuadran las medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica, establecidas por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19. En el mismo sentido debe proceder la Comunidad Aut髇oma de Canarias, que act鷄 como entidad arrendadora de los colectivos con menor capacidad econ髆ica y de acceso al trabajo, cuales son las personas adjudicatarias de viviendas protegidas. A ellos se dirige el T韙ulo III del presente Decreto ley.

Adem醩, nuestro marco legal permite la adopci髇 de medidas extraordinarias en materia social, en el art韈ulo 29 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias que define en el punto 3 que, "En situaciones de urgencia y emergencia social acreditadas, cuando se requiera de un servicio o prestaci髇, de forma extraordinaria se podr醤 establecer excepciones a todos o alguno de los requisitos establecidos en la legislaci髇 vigente".

En consecuencia, a la vista de las circunstancias descritas, la extraordinaria y urgente necesidad de este Decreto ley resulta plenamente justificada y resulta proporcionada para atender las circunstancias sociales y econ髆icas derivadas del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, as� como del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19.

III

Debe mencionarse la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que establece en su art韈ulo 4 los principios generales de actuaci髇 de los poderes p鷅licos de Canarias, entre ellos, el de transversalidad, principio que comporta aplicar la perspectiva de g閚ero en las fases de planificaci髇, ejecuci髇 y evaluaci髇 de todas las pol韙icas con la finalidad de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Desde esa perspectiva, el presente Decreto ley, aunque se trata de una norma de medidas urgentes para paliar situaciones de vulnerabilidad social, ha tenido en cuenta la perspectiva de g閚ero en su an醠isis previo y haciendo un uso no sexista del lenguaje utilizado en las expresiones utilizadas.

Por otra parte, el Decreto ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia sea subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Debe quedar, por tanto, acreditada 玪a existencia de una necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4)�.

Adem醩, este Decreto ley no afecta a los supuestos excluidos en el art韈ulo 45.1 en relaci髇 con el 46 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, ni a la regulaci髇 esencial de los derechos establecidos en dicho Estatuto.

En definitiva, de todo lo anterior resulta que, en este caso, el Decreto ley representa un instrumento constitucional y estatutariamente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro, tal como reiteradamente, ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, que subvenir a un situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las Leyes.

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la y el art韈ulo 46 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias como presupuestos habilitantes para la aprobaci髇 de un Decreto ley.

Adem醩, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, el presente Decreto ley se ajusta a los principios de buena regulaci髇.

As�, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa se fundamenta en el inter閟 general que supone atender a las circunstancias sociales y econ髆icas excepcionales derivadas de la crisis de salud p鷅lica provocada por el COVID-19, tanto en los sectores productivos como en los colectivos m醩 desfavorecidos, siendo este el momento de adoptar medidas adicionales para subvenir a estas necesidades y constituyendo este Decreto ley el instrumento m醩 adecuado para garantizar su consecuci髇.

IV

Adem醩, este Decreto ley tiene en cuenta que el escenario actual de limitaci髇 a la circulaci髇 impuesta por el estado de alarma exige la adopci髇 de medidas extraordinarias en lo que se refiere al procedimiento de presentaci髇 de solicitudes de ayudas regulados en este Decreto ley. En este contexto, la protecci髇 de la salud de las personas desaconseja la presentaci髇 presencial de solicitudes.

Por ello, en primer lugar, se pone a disposici髇 de la ciudadan韆 la presentaci髇 a trav閟 de la sede electr髇ica. Pero, adem醩, la posible brecha digital de las personas destinatarias del ingreso canario de emergencia hace necesario habilitar otros canales excepcionales para garantizar que los interesados puedan hacer efectivo el derecho a la prestaci髇 aqu� regulado. En ese sentido, este Decreto ley establece la v韆 telef髇ica como forma subsidiaria de presentaci髇 de solicitudes, a trav閟 del n鷐ero de atenci髇 a la ciudadan韆 del Gobierno de Canarias.

En ese sentido, el art韈ulo 12 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas exige que las administraciones p鷅licas pongan a disposici髇 de los interesados los canales de acceso que sean necesarios. Adem醩, dicha disposici髇 permite la identificaci髇 de los administrados en el procedimiento a trav閟 de funcionario p鷅lico habilitado, siempre que se preste consentimiento expreso y quede constancia al respecto. Si bien la disposici髇 final s閜tima de la mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre, se馻la que la entrada en vigor de la obligaci髇 de registro de funcionarios habilitados tendr� lugar el d韆 2 de octubre de 2020, ello se circunscribe al 醡bito del registro y no a la posibilidad de ejercer la habilitaci髇 establecida en el art韈ulo 12. Adem醩, nada obsta a que las Comunidades Aut髇omas puedan desarrollar tales registros anticipando su aplicaci髇. En ese sentido, los art韈ulos 9 a 12 deben considerarse plenamente vigentes desde la entrada en vigor de la Ley, el 2 de octubre de 2016. Como ha se馻lado el Ministerio de Hacienda y Funci髇 P鷅lica "El reconocimiento de esta obligaci髇 de las Administraciones P鷅licas no se hace depender de la existencia de un registro, u otro sistema equivalente d髇de consten los funcionarios habilitados para la identificaci髇 o firma regulada en el citado art韈ulo. En definitiva, el hecho de que, de acuerdo con la disposici髇 final s閜tima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el registro de empleados p鷅licos habilitados pueda no estar plenamente operativo en el momento actual, no impide que los empleados p鷅licos deban prestar la debida asistencia en el uso de medios electr髇icos a la que se refiere el art韈ulo 12". Es por ello por lo que el art韈ulo 8 de este Decreto ley crea un registro de funcionarios habilitados que puedan actuar por cuenta de los interesados que carezcan de medios electr髇icos, as� lo manifiesten y presten su conformidad a la representaci髇 mediante llamada telef髇ica que ser� grabada y registrada.

Adem醩, para garantizar la identidad de las personas solicitantes, las disposiciones de este Decreto ley prev閚 la comprobaci髇 de la identidad con posterioridad mediante la verificaci髇 de los datos suministrados por estas, as� como la posibilidad de verificaci髇 biom閠rica del registro vocal. Ello se dispone al amparo del art韈ulo 12.2 de la mencionada Ley 39/2015 que, si bien requiere la identificaci髇 con el funcionario habilitado, no expresa que esta deba ser presencial o realizarse con car醕ter previo, como s� determina expresamente el art韈ulo 11.1 de la misma.

Por otra parte, el presente Decreto ley habilita dos mecanismos para que los interesados aporten documentos a la solicitud. Por un lado, el art韈ulo 9 establece la verificaci髇 de datos a trav閟 de la intermediaci髇 electr髇ica de los datos obrantes en otras administraciones p鷅licas, dando cumplimiento al deber de las administraciones que consta en el art韈ulo 28 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, que impide solicitar a los administrados documentos que ya obren en poder de estas. Al mismo tiempo, se posibilita la declaraci髇 responsable de los interesados, que ser� grabada y registrada, y por tanto constando en documento tal y como requiere el art韈ulo 69.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. En ese sentido, la grabaci髇 debe ser entendida como documento electr髇ico tal y como define el art韈ulo 2 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el 醡bito de la Administraci髇 Electr髇ica, en tanto informaci髇 grabada en forma electr髇ica, y archivada de forma que sea susceptible de identificaci髇 y tratamiento diferenciado.

V

En definitiva, la norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulaci髇 imprescindible para lograr el objetivo de garantizar el bienestar de los ciudadanos y minimizar el impacto en la vida de las personas y las familias ante la situaci髇 excepcional actual.

Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur韉ica, siendo coherente con el derecho de la Uni髇 Europea y con el resto del ordenamiento jur韉ico, estableciendo una prestaci髇 econ髆ica extraordinaria y actualizando para el presente a駉 los importes de las prestaciones de la Ley de la PCI y estableciendo otras medidas adicionales y coyunturales para paliar los efectos sociales de la citada pandemia.

En cuanto al principio de transparencia, se except鷄n los tr醡ites de consulta p鷅lica y de audiencia e informaci髇 p鷅licas, conforme el art韈ulo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Por 鷏timo, en relaci髇 con el principio de eficiencia, este Decreto ley no impone carga administrativa que no se encuentre justificada y resulte la m韓ima y, en todo caso, proporcionada, en atenci髇 a la situaci髇 existente y la necesidad de garantizar el principio de eficacia en la aplicaci髇 de las medidas adoptadas.

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la y art韈ulo 46 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias como presupuestos habilitantes para la aprobaci髇 de un Decreto ley.

Este Decreto ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 142.1, letra a) del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, que atribuye a la Comunidad Aut髇oma la competencia exclusiva sobre la regulaci髇 de los servicios sociales, y en particular la ordenaci髇 de las prestaciones econ髆icas con finalidad asistencial o complementaria de otros sistemas de previsi髇 p鷅lica, as� como para establecer programas espec韋icos dirigidos a personas y colectivos en situaci髇 de pobreza o de necesidad social. En lo que se refiere al procedimiento de tramitaci髇 de las ayudas, este se dicta en virtud del art韈ulo 106.2 letra a) del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, que atribuye a la Comunidad Aut髇oma la competencia en materia de procedimiento administrativo com鷑 dentro de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.18 de la Constituci髇.

El presente Decreto ley se estructura en 3 T韙ulos, distribuidos en 16 art韈ulos, y, adem醩, dos disposiciones adicionales y una disposici髇 final.

El T韙ulo I destinado al ingreso canario de emergencia, dividido en dos Cap韙ulos, el Cap韙ulo I que contiene la definici髇 y las personas beneficiarias, y el Cap韙ulo II sobre r間imen econ髆ico y tramitaci髇 de los expedientes.

El T韙ulo II dedicado a medidas de flexibilizaci髇 en la tramitaci髇 de la PCI durante el estado de alarma, que consta de dos Cap韙ulos, el Cap韙ulo I sobre procedimiento extraordinario de tramitaci髇 de solicitudes de la PCI, el Cap韙ulo II relativo a la actualizaci髇 de las cuant韆s y el Cap韙ulo III referente a la cobertura presupuestaria.

El T韙ulo III, por 鷏timo, que regula la exoneraci髇 del pago de la renta de viviendas protegidas, como medida excepcional para las personas adjudicatarias de viviendas en r間imen de alquiler, titularidad del Instituto Canario de la Vivienda.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 46 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, a propuesta conjunta de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y del Consejero de Obras P鷅licas, Transportes y Vivienda, y previa deliberaci髇 del Gobierno en su reuni髇 extraordinaria celebrada el d韆 17 de abril de 2020,

DISPONGO:

T蚑ULO I
INGRESO CANARIO DE EMERGENCIA

CAP蚑ULO I
DEFINICI覰 Y PERSONAS BENEFICIARIAS

Art韈ulo 2 Incompatibilidad

1. El ICE ser� incompatible con cualquier prestaci髇, pensi髇 o ayuda p鷅lica o privada a la que tuviera derecho cualquiera de los integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante a la fecha de la entrada en vigor de este Decreto ley.

V閍se el apartado primero de la Orden de 21 de mayo de 2020, por la que se aprueba una instrucci髇 interpretativa sobre diversos art韈ulos del D. ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de car醕ter social dirigidas a las personas en situaci髇 de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (獴.O.I.C.� 29 mayo).LE0000666495_20200521

2. No obstante lo anterior, podr醤 percibir el ICE aquellas personas que constituyan unidad de convivencia que tengan derecho y cuya solicitud de pensiones no contributivas no haya sido resuelta a la fecha de la solicitud.

CAP蚑ULO II
R蒅IMEN ECON覯ICO Y TRAMITACI覰 DE LOS EXPEDIENTES

Art韈ulo 6 Importe del Ingreso Canario de Emergencia (ICE)

El importe de esta prestaci髇 ser� el 75% de las cuant韆s previstas en el art韈ulo 14 de este Decreto ley y se tendr醤 en cuenta las cuant韆s asignadas por n鷐ero de miembros de la unidad de convivencia para una mensualidad.

LE0000664876_20200508 Art韈ulo 6 redactado por el apartado uno del art韈ulo 鷑ico del D. ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificaci髇 del D. ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de car醕ter social dirigidas a las personas en situaci髇 de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (獴.O.I.C.� 8 mayo).Vigencia: 8 mayo 2020

T蚑ULO II
MEDIDAS DE FLEXIBILIZACI覰 EN LA TRAMITACI覰 DE LA PRESTACI覰 CANARIA DE INSERCI覰 DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

CAP蚑ULO I
PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE TRAMITACI覰 DE SOLICITUDES DE LA PRESTACI覰 CANARIA DE INSERCI覰

Art韈ulo 11 Tramitaci髇 de solicitudes de la Prestaci髇 Canaria de Inserci髇 (PCI) durante el estado de alarma

1. Las solicitudes de la PCI que se hallen sin resolver, ser醤 resueltas favorablemente siempre que cumplan con los requisitos siguientes:

• a) Hayan sido registradas por los ayuntamientos en la aplicaci髇 inform醫ica de gesti髇 de la PCI de la Direcci髇 General de Derechos Sociales e Inmigraci髇 a la fecha de entrada en vigor de este Decreto ley.
• b) Est閚 pendientes de resoluci髇.
• c) Cuenten con informe favorable emitido por los servicios sociales municipales y registrado en la aplicaci髇 correspondiente.
• d) Para la determinaci髇 de los requisitos y carencia de recursos econ髆icos se estar� a lo dispuesto en el art韈ulo 7.1.2� y art韈ulo 8 de la Ley de la PCI.

LE0000664876_20200508 N鷐ero 1 del art韈ulo 11 redactado por el apartado dos del art韈ulo 鷑ico del D. ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificaci髇 del D. ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de car醕ter social dirigidas a las personas en situaci髇 de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (獴.O.I.C.� 8 mayo).Vigencia: 8 mayo 2020

2. La Consejer韆 de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud comprobar� la suficiencia econ髆ica de dichas solicitudes de acuerdo con lo dispuesto en los art韈ulos 9 y 10 del Reglamento de la PCI.

LE0000664876_20200508 N鷐ero 2 del art韈ulo 11 redactado por el apartado dos del art韈ulo 鷑ico del D. ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificaci髇 del D. ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de car醕ter social dirigidas a las personas en situaci髇 de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (獴.O.I.C.� 8 mayo).Vigencia: 8 mayo 2020

3. El incumplimiento de los requisitos establecidos en este precepto dar� lugar al reintegro de acuerdo con lo previsto en la Ley de la PCI.

4. Mediante resoluci髇 de la persona titular de la Direcci髇 General de Derechos Sociales e Inmigraci髇 se motivar醤 las circunstancias descritas en este apartado y si se acreditara el cumplimiento de los requisitos resolver� la concesi髇 de la prestaci髇.

5. En la tramitaci髇 de los expedientes referidos en este art韈ulo, se dejar� constancia de que la resoluci髇 se realiza de conformidad con las medidas extraordinarias dictadas en el presente T韙ulo.

6. La PCI ser� incompatible con el derecho a la obtenci髇 del ICE regulado en el T韙ulo I de este Decreto ley.

CAP蚑ULO II
ACTUALIZACI覰 DE LAS CUANT虯S DE LA AYUDA ECON覯ICA B罶ICA DE LA PRESTACI覰 CANARIA DE INSERCI覰 (PCI)

CAP蚑ULO III
DE LA COBERTURA PRESUPUESTARIA

T蚑ULO III
EXONERACI覰 DEL PAGO DE LA RENTA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

DISPOSICIONES ADICIONALES