Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protecci髇 del territorio de las Illes Balears

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Sumario

V閍se Res del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el D. ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protecci髇 del territorio de las Illes Balears�(獴.O.I.B.� 25 junio 2020).LE0000669019_20200625

I

El pre醡bulo del Estatuto de autonom韆 de las Illes Balears dice expresamente que para avanzar hacia una sociedad moderna es imprescindible profundizar y continuar apostando en los valores de cohesi髇 social, paz y justicia, desarrollo sostenible, protecci髇 del territorio y la igualdad de derechos, especialmente la igualdad entre hombres y mujeres.

En cuanto al desarrollo sostenible y la protecci髇 del territorio, el Estatuto de autonom韆 recoge, en su articulado, el derecho de las personas a disfrutar de una vida y un medio ambiente seguro y sano, por lo que contiene varias obligaciones de protecci髇 territoriales y medioambientales. En este sentido, el art韈ulo 23 del Estatuto de autonom韆 contiene un mandato expreso a las administraciones p鷅licas de las Illes Balears que, en el 醡bito de sus competencias, protejan el medio ambiente e impulsen un modelo de desarrollo equitativo, territorialmente equilibrado y sostenible.

El mencionado art韈ulo 23 a馻de, en el apartado 2, que los poderes p鷅licos de la Comunidad Aut髇oma deben velar por la defensa y la protecci髇 de la naturaleza, del territorio, del medio ambiente y del paisaje. Deben establecer pol韙icas de gesti髇, ordenaci髇 y mejora de su calidad armoniz醤dolas con las transformaciones que se producen por la evoluci髇 social, econ髆ica y ambiental. Asimismo, la Comunidad Aut髇oma ha de cooperar con las instancias estatales e internacionales en la evaluaci髇 y en las iniciativas relacionadas con el medio ambiente y el clima. Y finalmente, el apartado 3 de este mismo art韈ulo, encomienda a las administraciones p鷅licas de las Illes Balears la promoci髇 de pol韙icas de equilibrio territorial entre las zonas costeras y las del interior.

Por su parte, el apartado 1 del art韈ulo 24 del Estatuto, que reconoce la actividad tur韘tica como elemento econ髆ico estrat間ico de las Illes Balears, nos recuerda que el fomento y la ordenaci髇 de la actividad tur韘tica se deben llevar a cabo con el objetivo de hacerla compatible con el respeto al medio ambiente, al patrimonio cultural y al territorio. Y tambi閚 desde el reconocimiento social y cultural del sector primario de las Illes Balears y de su importante labor en la actividad productiva, en el mantenimiento del paisaje, del territorio, del medio ambiente, de la cultura, de las tradiciones y las costumbres m醩 definitorias de la identidad balear, a lo que se refiere el apartado 2 del mismo art韈ulo 24, encomienda a las administraciones p鷅licas de las Illes Balears a adoptar las medidas pol韙icas, jur韉icas y legislativas que garanticen los derechos de este sector y de sus agricultores y ganaderos en su desarrollo y protecci髇.

Actualmente, la lucha contra los efectos de la crisis sanitaria pone de relieve una intensa actividad de los poderes p鷅licos para contener y mitigar sus efectos, y las medidas adoptadas han hecho a鷑 m醩 patentes los efectos de la actividad humana sobre el medio ambiente, de manera que se ha evidenciado la necesidad de adoptar tambi閚 medidas de contenci髇, de protecci髇 territorial y de lucha contra el cambio clim醫ico. Es por ello que, en paralelo a las medidas relativas a la protecci髇 de la salud p鷅lica, que son prioritarias, y en las medidas de reactivaci髇 de impulso a la actividad econ髆ica, de simplificaci髇 administrativa y de protecci髇 social adoptadas por el Gobierno de las Illes Balears, resulta imprescindible tambi閚 adoptar medidas que profundicen en la protecci髇 del territorio y en la defensa del medio ambiente, con el fin de avanzar hacia un modelo socioecon髆ico sostenible y respetuoso con nuestro entorno.

Por todo ello, este decreto ley tiene por objeto establecer determinadas medidas de rango legal, en cumplimiento de los mandatos contenidos en el Estatuto de autonom韆 y que pretenden incrementar la protecci髇 del suelo r鷖tico de las Illes Balears, contener el desarrollo urban韘tico del suelo no adaptado a las limitaciones establecidas en los instrumentos de ordenaci髇 territoriales vigentes, introducir medidas de integraci髇 paisaj韘tica y ambiental relativas a la recuperaci髇 y conservaci髇 de las fincas r鷖ticas, as� como establecer medidas de ahorro de agua.

Estas medidas deben acometerse sin dilaciones, por lo que se debe hacer uso de la figura del decreto ley.

II

Los conflictos urbanos y ambientales, agudizados en las 鷏timas d閏adas, se manifiestan tanto a escala global, regional como local y, al mismo tiempo, las tres escalas interact鷄n y se influyen entre s�. La resoluci髇 de tales conflictos, por lo tanto, se debe implementar desde todas las escalas teniendo en cuenta que, sin embargo, las pol韙icas urban韘ticas y ambientales que se activan desde cada uno de los niveles de decisi髇 influyen directa o indirectamente en los otros.

A escala global, ya hace tiempo que se han hecho hueco en la agenda de los organismos internacionales una serie de temas que s髄o hace unas d閏adas eran desconocidos o, cuando menos, muy minoritarios. Una gran cantidad de convenciones, tratados, convenios, protocolos y acuerdos de alcance interestatal han proliferado los 鷏timos decenios demostrando la consolidaci髇 de la llamada conciencia global. Una conciencia global que en los 鷏timos a駉s ha puesto en primera l韓ea la emergencia clim醫ica -declarada oficialmente por el Consejo de Gobierno el 08/11/2019 y por el Consejo de Ministros del Estado el 21/01/2020- y la sostenibilidad, como demuestra la adopci髇, el a駉 2015, de la Agenda 2030 por parte de la Asamblea General de la ONU.

La Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears, desde su constituci髇 en 1983, ha adoptado diversas iniciativas proteccionistas pioneras en el Estado en muchos de estos campos y ha sido objeto de declaraciones internacionales expresas de reconocimiento y protecci髇 por parte de la UNESCO: la de Menorca como Reserva de la Biosfera (1993); el conjunto formado por la de Dalt Vila, las praderas de posidonia oce醤ica de las Pitiusas y la necr髉olis fenicio-p鷑ica del Puig des Molins y el asentamiento de sa Caleta como Patrimonio de la Humanidad (1999); y la de la sierra de Tramuntana de Mallorca como Patrimonio de la Humanidad en su versi髇 de paisaje cultural (2011).

Y, sin embargo, las Illes Balears se han visto profundamente transformadas por la urbanizaci髇 y la edificaci髇 de sus costas e interior, incrementando la presi髇 sobre unos territorios y recursos limitados. A causa de los excesos producidos, el crecimiento cuantitativo de la nueva urbanizaci髇 se ha cuestionado y se ha generado un cierto consenso en la idea de que hay que enfocar la actividad urban韘tica y territorial hacia la conservaci髇, recuperaci髇 y rehabilitaci髇 de todo el patrimonio ambiental y urbano de la comunidad, un patrimonio que va m醩 all� de las 醨eas naturales y los centros hist髍icos de las poblaciones y que abarca todo el mundo rural, los ensanches, las urbanizaciones residenciales y las zonas tur韘ticas.

Con el objetivo de consolidar esta pol韙ica de fondo este decreto ley quiere contener el crecimiento expansivo de la nueva urbanizaci髇 y asegurar la protecci髇 del suelo r鷖tico, evitando la consolidaci髇 de situaciones que puedan ir en la l韓ea contraria a la que dise馿n la revisi髇 de las Directrices de Ordenaci髇 Territorial y los Planes Territoriales Insulares.

Conforme con el objetivo general que se acaba de exponer, el decreto ley establece un conjunto de determinaciones espec韋icas que afectan a las diversas clases de suelo, esto es, tanto a aquellas que est醤 asociadas a la idea de desarrollo urbano como a aquella otra que, contrariamente, responde al prop髎ito de preservar el suelo de los procesos de transformaci髇 urban韘tica.

As�, a la vista de que ha transcurrido el plazo previsto en el apartado 4 de la disposici髇 transitoria und閏ima de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, sin que todos los municipios afectados hayan iniciado la adaptaci髇 a dicha disposici髇, se considera urgente y necesario establecer una serie de medidas dirigidas a garantizar esta adaptaci髇 respecto de los suelos urbanos sin urbanizaci髇 consolidada, destinados a uso residencial, tur韘tico o mixto, en los que concurran determinadas circunstancias, como son que el planeamiento general municipal donde se han previsto no est� adaptado 韓tegramente al correspondiente plan territorial insular, que no dispongan de todos los servicios urban韘ticos b醩icos y que requieran de una actuaci髇 de transformaci髇 urban韘tica, a estos efectos, habiendo sido incluidos en la delimitaci髇 del correspondiente 醡bito o unidad de actuaci髇, entre otros requisitos.

En este sentido, se prev� una doble subrogaci髇, primero de los consejos insulares y despu閟 del Gobierno de las Illes Balears, respecto de las potestades de alteraci髇 del planeamiento previstas en dicha disposici髇 transitoria. En coherencia con esta necesidad de adaptaci髇 de los desarrollos previstos en estos terrenos al ordenamiento territorial vigente, se suspenden las tramitaciones y aprobaciones de planes de desarrollo y de instrumentos de gesti髇, as� como el otorgamiento de toda clase de autorizaciones y licencias urban韘ticas en estas 醨eas, hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta la aprobaci髇 definitiva de las adaptaciones a que se refiere este art韈ulo, si es anterior.

En segundo lugar, el decreto ley act鷄 sobre el suelo urbanizable con la intenci髇 de disponer su reclasificaci髇 como suelo r鷖tico. La raz髇 que explica esta operaci髇 se puede entender a la vista de los criterios que determinan la identificaci髇 de los terrenos afectados por dicha reclasificaci髇. Se trata siempre de terrenos que se encuentran en situaci髇 b醩ica de suelo rural porque ni siquiera han iniciado el proceso de transformaci髇 urban韘tica. Y todo ello con la circunstancia a馻dida de haberse ya agotado los plazos previstos, o razonablemente previsibles, para ejecutar la correspondiente actuaci髇 urban韘tica. En este sentido, pues, se puede decir que se trata de suelos cuya clasificaci髇, otorgada por el planeamiento urban韘tico en un momento pret閞ito, hoy ya no es expresi髇 cierta de las necesidades actuales de ordenaci髇 del espacio urbano. Y tampoco est� en conexi髇, puede decirse igualmente, con el dise駉 que hacen los planes territoriales insulares en cuanto a las condiciones estrat間icas de organizaci髇 de dicho espacio urbano.

Sin embargo, la reclasificaci髇 que establece el decreto ley no es obst醕ulo para que las administraciones competentes puedan ejercer con total plenitud su potestad de planeamiento, redefiniendo la ordenaci髇 de los terrenos afectados conforme a la clasificaci髇 y calificaci髇 que, en su caso, resulte adecuada y oportuna. Y haciendo posible as�, con esta eventual nueva operaci髇, conseguir una ordenaci髇 del espacio urbano que satisfaga las necesidades locales a la vez que se adecue al marco supralocal.

En cuanto a la necesidad y la urgencia de este decreto ley, respecto a la reclasificaci髇 de suelo urbanizable del art韈ulo 3, se trata de terrenos que hace a駉s que est醤 clasificados como urbanizables y que no se han desarrollado a pesar de haber transcurrido los plazos para hacerlo. Pues bien, conviene en la actualidad dar a estos terrenos la clasificaci髇 que corresponde a su estado f醕tico real, lo que requiere cuanto antes una norma de r醦ida aprobaci髇, promulgaci髇 y entrada en vigor como es el caso de un decreto ley, a fin de ahorrar posibles intentos de transformar los terrenos si se tramitara una ley por el Parlamento mediante el procedimiento legislativo ordinario, dando lugar con ello a situaciones f醕ticas irreversibles.

Por otra parte, el decreto ley, en el art韈ulo 4, ampl韆n las prohibiciones de edificar viviendas unifamiliares en las zonas de suelo r鷖tico en el que parece claramente justificada la prohibici髇, como son las 羠eas de Prevenci髇 de Riesgos (SRP-APR), porque estas 醨eas presentan por definici髇 un manifiesto riesgo de inundaci髇, de incendio, de erosi髇 o de desprendimiento, seg鷑 dice el art韈ulo 19.1 de las Directrices de Ordenaci髇 Territorial. No ser韆 l骻ico admitir la posibilidad de edificar viviendas unifamiliares en terrenos que tienen un gran peligro de ser inundados, de ser objeto de incendios, sufrir deslizamientos, etc.: la seguridad de las personas y bienes propugna esta regla prohibitiva. En cuanto a los terrenos afectados parcialmente por estas 醨eas, se prev� un r間imen espec韋ico.

Al margen de lo anterior, el decreto ley, art韈ulo 5, revisa los par醡etros urban韘ticos aplicables a las edificaciones destinadas al uso de vivienda unifamiliar en el suelo r鷖tico, ajust醤dolos respecto de los que se aplicaban anteriormente. La enorme presi髇 edificatoria que existe sobre el suelo r鷖tico de las Illes Balears, motivada en gran parte por la expansi髇 en los 鷏timos a駉s del llamado alquiler tur韘tico sobre este tipo de suelo, est� conduciendo al reiterado intento de construir viviendas unifamiliares de dimensiones claramente desproporcionadas para las necesidades de una familia, por lo que resulta conveniente reducir los par醡etros aplicables. Esta es la raz髇 por la que el decreto ley revisa a la baja y ajusta los par醡etros urban韘ticos aplicables al caso, fij醤dolos en unas cifras que parecen proporcionadas y razonables.

Finalmente, los art韈ulos 6 y 7 del decreto ley introducen medidas de integraci髇 paisaj韘tica y de sostenibilidad ambiental. Estas medidas derivan en parte del deber de conservaci髇 de los bienes inmuebles que establece en general la legislaci髇 urban韘tica, como es el caso de la obligaci髇 de recuperar y mantener en buen estado la totalidad de los terrenos y los elementos de valor etnogr醘ico o cultural. Otras medidas derivan del deber de respetar al m醲imo el perfil y las caracter韘ticas del paisaje rural en cuanto a cierres, muros, sistemas y elementos constructivos, impacto de la edificaci髇 en el paisaje, etc. Y en el art韈ulo 7 se establecen algunas medidas de ahorro de agua, en defensa de la sostenibilidad ambiental, dada la falta de agua que hay tradicionalmente en la mayor parte de la superficie de nuestras Islas.

En el caso de las determinaciones relativas al suelo r鷖tico de los art韈ulos 4 a 7, la necesidad y urgencia de la nueva regulaci髇 proviene de que, como ya se ha dicho antes, es necesario poner l韒ites lo antes posible a la gran presi髇 edificatoria que existe sobre el suelo r鷖tico de las Islas, motivada en gran parte por la expansi髇 en los 鷏timos a駉s del llamado alquiler tur韘tico sobre este tipo de suelo, lo que ha provocado reiterados intentos de construir viviendas unifamiliares de dimensiones claramente desproporcionadas para las necesidades de una familia, invirtiendo de esta manera el sentido original y excepcional que tiene la posibilidad de edificar viviendas unifamiliares en suelo r鷖tico. Una pol韙ica que sea respetuosa con el desarrollo sostenible y arm髇ico del suelo r鷖tico exige introducir algunas limitaciones a esta posibilidad mencionada, de tal manera que la construcci髇 de viviendas unifamiliares en r鷖tico se mantenga como tal, es decir, como una posibilidad excepcional. Pues bien, esto requiere cuanto antes una norma de r醦ida aprobaci髇, promulgaci髇 y entrada en vigor como es el caso de un decreto ley, a fin de ahorrar posibles intentos de transformar los terrenos si se tramitara una ley por el Parlamento mediante el procedimiento legislativo ordinario, dando lugar posiblemente a situaciones f醕ticas irreversibles.

El decreto ley contiene una disposici髇 adicional que establece que no ser醤 de aplicaci髇 las previsiones de los art韈ulos 4 a 7 en el caso de que los consejos insulares, en ejercicio de sus competencias, hayan aprobado definitivamente por el Pleno una modificaci髇 o revisi髇 del Plan Territorial Insular, en los 鷏timos dos a駉s. En este caso se aplicar� lo que hayan establecido en las determinaciones de su Plan Territorial Insular.

La regulaci髇 de este decreto ley contiene tambi閚 dos disposiciones transitorias que determinan en s韓tesis que el decreto ley no se aplica a los suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanizaci髇 as� clasificados por instrumentos de planeamiento general que en el momento de la entrada en vigor de este decreto ley est閚 tramitando su adaptaci髇 al Plan Territorial Insular y en las limitaciones de crecimiento establecidas por las Directrices de Ordenaci髇 Territorial, como tampoco a las solicitudes de licencia urban韘tica de edificaci髇 en suelo r鷖tico que cuenten con la documentaci髇 completa que debe contener legalmente la solicitud y que hayan sido presentadas al Ayuntamiento respectivo antes de la entrada en vigor del decreto ley.

Finalmente, el decreto incluye tres disposiciones finales, las dos primeras para modificar puntualmente dos normas de rango legal y la tercera para determinar su vigencia.

III

Ante una crisis sanitaria, econ髆ica y social sin precedentes en las 鷏timas d閏adas, se necesitan actuaciones r醦idas y eficaces de los poderes p鷅licos por medio de los instrumentos que el ordenamiento jur韉ico pone a su alcance.

El art韈ulo 49 del Estatuto de autonom韆 permite al Gobierno de las Illes Balears dictar medidas legislativas en forma de decreto ley, en casos de necesidad extraordinaria y urgente, siempre que no afecten a los derechos establecidos en el Estatuto de autonom韆, las materias objeto de leyes de desarrollo b醩ico de este, los presupuestos generales de la Comunidad Aut髇oma, la reforma del Estatuto, el r間imen electoral ni al ordenamiento de las instituciones b醩icas de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears. Se trata de una figura inspirada en la prevista en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 espa駉la, el uso de la cual ha producido una jurisprudencia extensa del Tribunal Constitucional. El alto tribunal ha insistido en que la definici髇, por parte de los 髍ganos pol韙icos, de una situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad debe ser expl韈ita y razonada, y que debe haber una 玞onexi髇 de sentido�, o relaci髇 de adecuaci髇, entre la situaci髇 excepcional y las medidas que se pretendan adoptar, que deben ser id髇eas, concretas y de eficacia inmediata. Es exponente de esta doctrina constitucional la reciente Sentencia 12/2015, de 5 de febrero, en la que se recogen los pronunciamientos reiterados del alto tribunal sobre la utilizaci髇 de este instrumento normativo.

Desde la Sentencia 137/2011, de 14 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la valoraci髇 de la necesidad extraordinaria y urgente puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, puede tener origen en la inactividad previa de la Administraci髇 competente, siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situaci髇. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en la misma l韓ea que la anterior Sentencia 29/1986, de 20 de febrero, en la Sentencia 237/2012, de 13 de diciembre, razona que no se debe confundir la eficacia inmediata de la norma con su ejecuci髇 instant醤ea y, por tanto, se debe permitir que las medidas adoptadas con car醕ter de urgencia incluyan un posterior desarrollo normativo y de actuaciones administrativas de ejecuci髇 de aquellas.

Por lo tanto, la necesidad y la importancia de alcanzar los objetivos explicitados en este pre醡bulo determina la urgencia de las medidas que se deben adoptar, que exigen un plazo m醩 breve que el que requiere la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, tanto por el procedimiento ordinario como por el de urgencia, y, en consecuencia, justifica la utilizaci髇 del instrumento del decreto ley que prev� el art韈ulo 49 del Estatuto de autonom韆 de las Illes Balears.

Se trata de evitar comportamientos que impidan o dificulten alcanzar los objetivos de las normas de protecci髇 y de defensa de los valores naturales, dado que 閟tas requieren una exigencia de inmediatez para evitar que su conocimiento por parte de los sujetos previsiblemente afectados pueda conducir a que, durante el tiempo de la tramitaci髇 del procedimiento legislativo, se realicen actuaciones o comportamientos con el fin de impedir o dificultar la aplicaci髇 protectora, o se creen situaciones edificatorias de reparaci髇 dif韈il.

De este modo, el decreto ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que la finalidad que justifica la legislaci髇 de urgencia sea atender una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes.

En el actual escenario es urgente y necesario adoptar medidas para proteger la salud p鷅lica, pero tambi閚 es adecuada la v韆 de legislaci髇 de excepci髇 para la adopci髇 de medidas de protecci髇 territorial y medio ambiental que deben contribuir a encarar mejor el futuro de las Illes Balears una vez finalizada la situaci髇 cr韙ica.

Los motivos de oportunidad que se han expuesto, as� como las medidas que se adoptan en este decreto ley, justifican ampliamente y razonadamente la adopci髇 de esta norma de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).

As� las cosas, la utilizaci髇 de esta figura normativa como instrumento para la introducci髇 de las medidas que contiene, cumple con los dos presupuestos de validez, como son, la situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad y la no afectaci髇 a las materias que le son vedadas.

Este decreto ley se ajusta a los principios de buena regulaci髇, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, dado que la iniciativa se fundamenta en el inter閟 general que supone la protecci髇 del territorio y del medio ambiente, en atenci髇 a las circunstancias sociales y econ髆icas excepcionales derivadas de la crisis actual, que han puesto de manifiesto la necesidad de acometer la actividad protectora que contiene este decreto ley, siendo este el momento de adoptar medidas adicionales para atender estas necesidades, y siendo tambi閚 el decreto ley el instrumento m醩 adecuado para garantizar su consecuci髇.

La norma se adecua tambi閚 al principio de proporcionalidad porque contiene la regulaci髇 imprescindible para alcanzar el objetivo de proteger el territorio, el paisaje y el medio ambiente. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur韉ica, estableciendo normas claras que aseguran la mejor protecci髇 de los derechos de los ciudadanos, proporcionando certeza y agilidad.

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 49 del Estatuto de autonom韆 de las Illes Balears, as� como el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, como presupuestos que habilitan la aprobaci髇 de este decreto ley, por lo que, en el contexto de alarma que est醤 afrontando todas las comunidades aut髇omas, el Gobierno de las Illes Balears considera plenamente adecuado el uso de este instrumento para dar cobertura a las disposiciones que se han descrito, dado que responde a la exigencia de que haya una conexi髇 de sentido o relaci髇 de adecuaci髇 entre la situaci髇 excepcional y las medidas que se pretenden adoptar, que son id髇eas, concretas y de eficacia inmediata.

IV

Este decreto ley se estructura en siete art韈ulos, distribuidos en tres cap韙ulos, una disposici髇 adicional 鷑ica, dos disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y tres disposiciones finales.

El cap韙ulo I define el objeto y finalidad del decreto ley.

En el cap韙ulo II, los art韈ulos 2 y 3 incluyen las determinaciones aplicables a los suelos de desarrollo urbano. Por un lado, regula las determinaciones sobre suelo urbano con urbanizaci髇 no consolidada y, por otro lado, determina el suelo urbanizable que queda reclasificado mediante el decreto ley.

En el cap韙ulo III, los art韈ulos 4, 5, 6 y 7 regulan las condiciones de ordenaci髇 del suelo r鷖tico y contienen determinaciones relativas a la implantaci髇 de nuevas edificaciones y usos en determinados terrenos de suelo r鷖tico, establecen las condiciones de edificaci髇 relativas a el uso de vivienda unifamiliar en suelo r鷖tico, as� como las medidas de integraci髇 paisaj韘tica y ambiental relativas a la recuperaci髇 y conservaci髇 de la finca y las medidas de ahorro de agua que se deben adoptar.

La disposici髇 adicional 鷑ica, como ya se ha explicado, prev� excepciones a la aplicaci髇 del cap韙ulo III para aquellas islas que cuenten con planes territoriales revisados o modificados en los 鷏timos a駉s.

Las dos disposiciones transitorias establecen el r間imen transitorio aplicable a los suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanizaci髇 y el relativo a las solicitudes de licencia en suelo r鷖tico.

La disposici髇 final primera modifica la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservaci髇 de los espacios de relevancia ambiental (LECO) para aclarar que las modificaciones puntuales del art韈ulo 9.4 de la citada ley tambi閚 se podr醤 aplicar a los PRUG y los Planes de Gesti髇 de Red Natura 2000.

La disposici髇 final segunda modifica el art韈ulo 6 del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad econ髆ica y la simplificaci髇 administrativa en el 醡bito de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la Covid-19, para corregir el hecho de que este art韈ulo ha introducido, entre los usos permitidos a los sistemas generales de infraestructuras y servicios el de las instalaciones destinadas a la construcci髇, reparaci髇, almacenamiento y mantenimiento de embarcaciones, cuando la intenci髇 del Gobierno es la de permitir y facilitar los usos de recogida municipal de residuos (puntos verdes).

Por 鷏timo, la disposici髇 final tercera determina la vigencia inmediata de este decreto ley.

Este decreto ley se dicta al amparo de los t韙ulos competenciales establecidos en los puntos 3, 8, 9, 10 y 46 del art韈ulo 30 y en el punto 6 del art韈ulo 31 del Estatuto de autonom韆 de las Illes Balears.

Por todo esto, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Territorio, y previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno en la sesi髇 extraordinaria del d韆 25 de mayo de 2020, se aprueba el siguiente

Decreto ley

Cap韙ulo I
Objeto y finalidad

Cap韙ulo II
Determinaciones aplicables a los suelos de desarrollo urbano

Art韈ulo 3 Reclasificaci髇 de suelo urbanizable

1. Quedan autom醫icamente clasificados como suelo r鷖tico, con la categor韆 de suelo r鷖tico com鷑, en virtud de este decreto ley, los terrenos siguientes:

• a) Los clasificados por el planeamiento general como suelo urbanizable no programado, con vigencia superior a ocho a駉s, que no hubieran aprobado inicialmente el Programa de Actuaci髇 Urban韘tica con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
• b) Los clasificados por el planeamiento general como suelo urbanizable o apto para la urbanizaci髇, destinados a uso residencial, tur韘tico o mixto, que en el momento de entrada en vigor de este decreto ley cumplan con los siguientes requisitos:
  • i. Que el planeamiento general municipal donde se han previsto no est� adaptado a las determinaciones relativas al suelo urbanizable establecidas por el correspondiente Plan Territorial Insular.
  • ii. Que no se haya iniciado la actuaci髇 material de nueva urbanizaci髇 al amparo de los instrumentos de planeamiento y de ejecuci髇 previstos en la legislaci髇 urban韘tica.
  • iii. Que ya hayan vencido cualquiera de los plazos que, a efectos de legitimar o hacer efectiva la ejecuci髇 de dicha actuaci髇, est閚 previstos en los instrumentos de planeamiento, general o de detalle, o en el proyecto de urbanizaci髇, por causas no imputables a la Administraci髇.

2. En el caso de que no se hayan previsto los plazos a que se refiere la letra b), ep韌rafe iii anterior, se entender� que estos han vencido si en el momento de entrada en vigor de este decreto ley se dan las siguientes condiciones:

• a) En el suelo urbanizable que no cuente con ordenaci髇 detallada, transcurridos ocho a駉s de vigencia del instrumento de planeamiento general y no haber reca韉o acto de aprobaci髇 definitiva del plan parcial.
• b) En el suelo urbanizable que cuente con ordenaci髇 detallada, haber transcurrido cuatro a駉s de vigencia del instrumento exigido como presupuesto de la ejecuci髇 y no haber reca韉o acto de aprobaci髇 definitiva del proyecto de urbanizaci髇.
• c) En el suelo urbanizable que cuente con ordenaci髇 detallada y proyecto de urbanizaci髇, haber transcurrido dos a駉s desde la aprobaci髇 definitiva del proyecto de urbanizaci髇 y no haberse iniciado la ejecuci髇 material de la actuaci髇 de nueva urbanizaci髇.

3. A pesar de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores, no se ver醤 afectados por esta norma aquellos suelos en los que concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

• a) Que est閚 incluidos en convenios urban韘ticos firmados, al amparo de los cuales se haya obtenido suelo para la construcci髇 de equipamientos e infraestructuras ya construidas o que tengan por objeto destinar sus usos lucrativos a vivienda de protecci髇 oficial u otros reg韒enes de protecci髇 p鷅lica.
• b) Que est閚 incluidos en el 醡bito de un plan parcial o proyecto de urbanizaci髇 en tramitaci髇. A los efectos de este precepto, se entender� que un plan parcial o proyecto de urbanizaci髇 est� en tramitaci髇 si se ha aprobado inicialmente con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto ley y no han pasado ocho a駉s de vigencia del instrumento de planeamiento general, en el caso de la tramitaci髇 del plan parcial, o cuatro a駉s de vigencia del instrumento exigido como presupuesto de la ejecuci髇, en el caso de la tramitaci髇 del proyecto de urbanizaci髇.
• c) Que no hayan iniciado la ejecuci髇 material de la actuaci髇 de transformaci髇 urban韘tica por causas imputables a la Administraci髇.

4. Las reclasificaciones de suelos urbanizables conforme a lo previsto en este art韈ulo no dan lugar a indemnizaci髇, de acuerdo con lo establecido en la legislaci髇 estatal.

V閍se el n鷐ero I del anexo de la Res. 3燿iciembre�2020, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears, en relaci髇 con el D.-Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protecci髇 del territorio de las Illes Balears (獴.O.E.� 22 diciembre).LE0000684096_20201223

Cap韙ulo III
Condiciones de ordenaci髇 del suelo r鷖tico

LE0000921448_20240529Art韈ulo 4 derogado por la letra c) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del D Ley 3/2024, 24 mayo, de medidas urgentes de simplificaci髇 y racionalizaci髇 administrativas de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears (獴.O.I.B.� 28 mayo).Vigencia: 29 mayo 2024

LE0000921448_20240529Art韈ulo 5 derogado por la letra c) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del D Ley 3/2024, 24 mayo, de medidas urgentes de simplificaci髇 y racionalizaci髇 administrativas de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears (獴.O.I.B.� 28 mayo).Vigencia: 29 mayo 2024

LE0000744821_20240529Art韈ulo 7 derogado por la disposici髇 derogatoria 鷑ica del D. Ley 10/2022, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia urban韘tica (獴.O.I.B.� 29 diciembre).Vigencia: 29 diciembre 2022

Disposici髇 adicional 鷑ica Excepciones

Las previsiones del cap韙ulo III no son de aplicaci髇 cuando el Pleno del Consejo Insular correspondiente haya aprobado definitivamente una revisi髇 o modificaci髇 del Plan Territorial Insular en los dos a駉s anteriores a la vigencia de este decreto ley.

Conforme establece la disposici髇 adicional 鷑ica de la presente norma, las previsiones del cap韙ulo III no son de aplicaci髇 cuando el Pleno del Consejo Insular correspondiente haya aprobado definitivamente una revisi髇 o modificaci髇 del Plan Territorial Insular en los dos a駉s anteriores a la vigencia de este decreto ley.LE0000666105_20240529

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Normas que se derogan

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a este decreto ley, lo contradigan o sean incompatibles con lo dispuesto y, en concreto, el apartado tercero de la disposici髇 transitoria primera del Reglamento general de la Ley 2 / 2014, de 25 de marzo, de ordenaci髇 y uso del suelo, para la isla de Mallorca.

LE0000551919_20200525

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservaci髇 de los espacios de relevancia ambiental (LECO)

Se a馻de un 鷏timo p醨rafo al apartado 4 del art韈ulo 9, sobre procedimiento de elaboraci髇, con la siguiente redacci髇:

Este procedimiento simplificado tambi閚 se podr� aplicar en el caso de las modificaciones puntuales de los planes rectores de uso y gesti髇 de los espacios naturales protegidos y de los planes de gesti髇 Natura 2000.

LE0000214807_20240529

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 del art韈ulo 6 del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad econ髆ica y la simplificaci髇 administrativa en el 醡bito de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la Covid-19

Se modifica el contenido del art韈ulo 6 del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad econ髆ica y la simplificaci髇 administrativa en el 醡bito de las administraciones p鷅licas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la Covid-19, que pasa a tener la siguiente redacci髇:

Art韈ulo 6 Procedimiento urban韘tico extraordinario para la ordenaci髇 de sistemas generales de infraestructuras y equipamientos para la implantaci髇 de actividades de recogida municipal de residuos (puntos verdes)

1. Con car醕ter extraordinario y para impulsar y revitalizar la actividad econ髆ica tras la crisis provocada por la pandemia del SARS COV 2, y con el fin de atender la necesidad de 醨eas urbanizadas aptas para actividades que requieren de espacios adecuados con un nivel bajo de edificaci髇, como los vinculados a la recogida municipal de residuos (puntos verdes), se establece un procedimiento urban韘tico extraordinario para la ordenaci髇 de sistemas generales de infraestructuras y equipamientos.

2. Los sistemas generales de infraestructuras y equipamientos a que se refiere el apartado 1 de este art韈ulo se pueden delimitar preferentemente en suelo urbano, aunque tambi閚 se podr醤 delimitar en cualquier clase de suelo, siempre que est� debidamente justificado y no existan otras alternativas ya ordenadas en el planeamiento. En caso de que se delimiten en suelo r鷖tico deben ubicarse en categor韆s de suelo r鷖tico com鷑.

En el caso de municipios con m醩 de un 90 por ciento de suelo r鷖tico protegido tambi閚 se pueden ubicar en 醨eas rurales de inter閟 paisaj韘tico (ARIP) que no sean de naturaleza boscosa; en este caso dentro del mismo procedimiento se han de a馻dir medidas compensatorias equivalentes para incrementar las superficies de suelo r鷖tico protegido y, si no es posible, de incrementar el nivel de protecci髇 de este.

3. La edificabilidad global m醲ima no puede superar 0,1 m² de techo por cada m² de suelo. El uso global principal debe ser el de infraestructuras y de equipamientos. El uso residencial y tur韘tico es incompatible.

4. La administraci髇 promotora debe realizar una propuesta de delimitaci髇 y de ordenaci髇 del 醡bito que debe ser sometida a la tramitaci髇 ambiental correspondiente. Junto con la documentaci髇 t閏nica para la ordenaci髇 ha de elaborar un estudio de movilidad generada que incluya las medidas necesarias para garantizar una conectividad adecuada al sistema viario. Asimismo, se elaborar� un estudio de impacto paisaj韘tico que incorpore las medidas correctoras necesarias para garantizar la integraci髇 adecuada en el entorno.

5. Posteriormente la propuesta debe ser aprobada inicialmente con los efectos de suspensi髇 de licencias previsto en la legislaci髇 urban韘tica, y expuesta al p鷅lico por un per韔do com鷑 de 24 d韆s h醔iles, tanto en cuanto a la documentaci髇 sustantiva como la ambiental y se solicitar醤 los informes preceptivos que deben ser emitidos en un plazo m醲imo de 20 d韆s h醔iles.

6. Una vez concluido el tr醡ite de exposici髇 p鷅lica, consulta y audiencia, se formular� la propuesta final para completar el tr醡ite de declaraci髇 ambiental estrat間ica y, posteriormente, con los ajustes que sean necesarios, para proceder a la aprobaci髇 definitiva por parte del 髍gano competente de la administraci髇 promotora previo informe de la comisi髇 insular competente en ordenaci髇 del territorio y urbanismo, que debe ser emitido en un plazo m醲imo de 20 d韆s h醔iles.

7. La aprobaci髇 definitiva de la propuesta se publicar� en el Bolet韓 Oficial de las Illes Balears (BOIB) y una vez publicada se puede proceder a la ejecuci髇 prevista en la ordenaci髇 del sector delimitado y debe considerarse integrada en el planeamiento urban韘tico municipal. La aprobaci髇 definitiva de esta ordenaci髇 tiene los efectos previstos para los planes en la legislaci髇 urban韘tica (publicidad, ejecutividad, obligatoriedad y declaraci髇 de utilidad p鷅lica).

8. Dado el car醕ter extraordinario de este procedimiento se limita su aplicaci髇 temporal de tal manera que s髄o se podr� iniciar durante un periodo de dos a駉s desde la entrada en vigor de este decreto ley.

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