DECRETO 400/2021, de 14 de diciembre, de la Comisión Interdepartamental de Gobierno Abierto

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Sumario

El Estatuto de autonomía de Cataluña establece en su preámbulo que todos los poderes públicos están al servicio del interés general y de los derechos de la ciudadanía y dispone, en el artículo 71.4, que la Administración de la Generalitat, de acuerdo con el principio de transparencia, tiene que hacer pública la información necesaria para que la ciudadanía pueda evaluar su gestión.

Asimismo, el Estatuto de autonomía de Cataluña establece, en el artículo 43, que los poderes públicos tienen que promover la participación social en la elaboración, la prestación y la evaluación de las políticas públicas, y también la participación individual y asociativa en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, con pleno respeto a los principios de pluralismo, libre iniciativa y autonomía.

La Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece el régimen legal que en Cataluña impone deberes de transparencia, prevé mecanismos de participación en los asuntos públicos y, al mismo tiempo, regula los grupos de interés y varios aspectos del gobierno abierto, con la finalidad última de avanzar en el funcionamiento de las administraciones públicas según estándares de calidad democrática y de acuerdo con el principio de responsabilidad, que obliga a dar cuenta a la ciudadanía de la actividad llevada a cabo y de la gestión de los recursos públicos.

Con respecto a la transparencia, la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, ha sido desarrollada por el Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, disposición que ha supuesto un destacado avance en la determinación y concreción normativas de muchos de los conceptos legales en esta materia.

La coordinación departamental en la aplicación de las políticas de transparencia hizo necesaria la creación, mediante el Decreto 169/2014, de 23 de diciembre, de la Comisión Interdepartamental de Transparencia y Acceso a la Información Pública como órgano colegiado transversal en materia de transparencia. Este Decreto fue modificado, a su vez, por el Decreto 20/2015, de 24 de febrero, y por el Decreto 239/2015, de 10 de noviembre.

Mediante el Decreto 233/2016, de 22 de marzo, se creó la Comisión Interdepartamental de Transparencia y Gobierno Abierto (DOGC núm. 7086, de 24.3.2016) como el órgano de coordinación interdepartamental de las políticas de transparencia y gobierno abierto, que sustituyó a la anterior Comisión. El Decreto 233/2016, de 22 de marzo, fue modificado por el Decreto 217/2018, de 9 de octubre, con la finalidad de incluir a tres nuevos miembros mediante la modificación del apartado 1 del artículo 4 del Decreto 233/2016, de 22 de marzo, relativo a la composición de la Comisión, así como de modificar su disposición adicional con el fin de uniformar el término «unidades de información» tanto en la Administración de la Generalitat como en las entidades de su sector público.

Más recientemente, el Decreto 8/2021, de 9 de febrero, por una parte ha derogado finalmente la disposición adicional del Decreto 233/2016, de 22 de marzo, dado que las unidades de información en la Administración de la Generalitat y su sector público pasan a ser reguladas por primera vez, de forma completa e integrada, en los artículos 78 y 79 del mencionado Decreto 8/2021, de 9 de febrero; por otra parte, ha modificado el artículo 3 del Decreto 233/2016, de 22 de marzo, en el sentido de sustituir la relación de funciones de la Comisión que contenía por una remisión a las funciones que establece el artículo 76 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 36 del Decreto 83/2019, de 24 de abril, de reestructuración del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, que hay que entender modificado por el Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya, y por el Decreto 250/2021, de 22 de junio, de reestructuración del Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto, la Secretaría de Gobierno Abierto, con rango de secretaría general en los términos previstos en el artículo 11.2 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, tiene encomendada, entre otras, la función de impulsar y promover el gobierno abierto; es decir, de dirigir las políticas de transparencia dentro de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental y el proceso de apertura de datos públicos, de establecer los criterios de calidad democrática que tienen que cumplir los canales, de definir los procesos y espacios de participación ciudadana de la Generalitat y, de forma coordinada y sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Secretaría de Administración y Función Pública, de impulsar las políticas de integridad en la Administración pública y el sector público, así como de su evaluación.

Las funciones atribuidas a la Secretaría de Gobierno Abierto responden, pues, a la concepción actual, amplia e integradora que desde el consenso comparado hay que tener del gobierno abierto. En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico propugna que las estrategias e iniciativas de gobierno abierto se basan en los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas, y emite recomendaciones y apoya a los gobiernos en el diseño y la implementación de políticas con la finalidad de procurar la integración de estos principios básicos en las reformas del sector público.

La declaración de la asociación Open Government Partnership, que tiene como finalidad promover el gobierno abierto como sistema de gobernanza transparente, participativa, inclusiva y responsable, y de la que Cataluña forma parte como país desde el mes de octubre de 2021, incorpora entre sus mandatos la responsabilidad para sus miembros de fortalecer los compromisos de promover la transparencia, combatir la corrupción, empoderar a la ciudadanía y aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para hacer que el gobierno sea más efectivo y responsable.

Es por eso que las políticas y los deberes de transparencia constituyen de forma ineludible una parte esencial de lo que hoy entendemos por «gobierno abierto», que al mismo tiempo convive con el resto de ámbitos que el gobierno abierto persigue para contribuir a la consecución de una buena gobernanza en la Administración de la Generalitat y su sector público.

En definitiva, el presente Decreto persigue, entre otras finalidades, incorporar la globalidad funcional inherente al gobierno abierto en la coordinación departamental en la Administración de la Generalitat y su sector público con respecto a los ámbitos que integran las políticas de gobierno abierto y, por lo tanto, evitar cualquier referencia parcial o incompleta del ordenamiento a las políticas de transparencia, y, en cambio, aludir al concepto integrador de «gobierno abierto» en la medida en que comprende tanto la transparencia como los datos abiertos, la colaboración y participación ciudadanas y la actividad de influencia.

Tal como se dispone en el artículo 14 del Decreto 250/2021, de 22 de junio, dependen de la Secretaría de Gobierno Abierto la Dirección General de Datos Abiertos, Transparencia y Colaboración, y la Dirección General de Participación, Procesos Electorales y Calidad Democrática.

De acuerdo con el artículo 15 del Decreto 250/2021, de 22 de junio, corresponden a la Dirección General de Datos Abiertos, Transparencia y Colaboración las funciones previstas en el artículo 37 del Decreto 83/2019, de 24 de abril, por lo que tendrá que coordinar las medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa de transparencia y acceso a la información pública en la Administración de la Generalitat y su sector público, coordinar el proceso de apertura de datos públicos, dar apoyo a la ciudadanía, a la sociedad civil y al mundo empresarial en el acceso a la información pública y los datos abiertos y a su difusión y reutilización, y colaborar en el apoyo al mundo local en el despliegue y la aplicación de políticas de transparencia y datos abiertos. Esta Dirección General asumirá, asimismo, la función de dirigir y supervisar las actuaciones de registro, control y fiscalización de los grupos de interés en el marco de la legislación vigente en materia de transparencia.

A la Dirección General de Participación, Procesos Electorales y Calidad Democrática le corresponden, de acuerdo con el artículo 16 del Decreto 250/2021, de 22 de junio, y con el artículo 41 del Decreto 83/2019, de 24 de abril, las funciones de dirección de la implementación, evaluación y difusión de canales e instrumentos para fomentar la participación ciudadana, dar apoyo al mundo local en el impulso de las políticas de participación ciudadana, promover la colaboración público-social e implicar a la ciudadanía en la gestión de los servicios públicos y equipamientos, así como dirigir las actividades administrativas necesarias para llevar a cabo los procesos electorales y las consultas populares.

El presente Decreto asegura el cumplimiento de los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: la necesidad, la eficacia, la proporcionalidad, la seguridad jurídica, la transparencia y la eficiencia.

En relación con el principio de necesidad, esta normativa se adecua a un objetivo de interés general, que se basa en garantizar una implementación más homogénea, efectiva y exhaustiva de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre.

Respecto al principio de eficacia, este Decreto es el instrumento más adecuado para alcanzar los objetivos descritos, en la medida en que es necesario un foro de debate y acuerdo interno y colegiado en la estructura de la Administración de la Generalitat, con representación de todos los departamentos, con el fin de consensuar la ejecución de políticas en materia de gobierno abierto en el marco del ordenamiento jurídico vigente.

El Decreto es coherente con el principio de proporcionalidad, dado que regula un órgano activo colegiado imprescindible para asegurar la correcta aplicación de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, a la Administración de la Generalitat y su sector público.

Esta regulación garantiza y persigue mayor seguridad jurídica a la hora de aplicar y cumplir el régimen normativo vigente en materia de gobierno abierto, en la medida en que prevé y facilita el consenso y el diálogo internos para ejecutar las políticas públicas de gobierno abierto en la Administración de la Generalitat.

Se garantiza la aplicación del principio de transparencia con la clara definición de los objetivos de la iniciativa normativa y su justificación, así como la posibilidad de que las personas destinatarias tengan una participación activa en su elaboración. Asimismo, esta iniciativa normativa, en cumplimiento del principio de eficiencia, no genera nuevas cargas administrativas innecesarias o accesorias, sino que intenta racionalizar y optimizar la gestión de los recursos públicos.

Por otra parte, este Decreto garantiza igualmente el cumplimiento de los principios generales que, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, deben tenerse en cuenta a la hora de ejercer una iniciativa normativa, en el sentido de que procura el conocimiento y la comprensión posibles y fáciles de sus previsiones por parte de sus destinatarios; responde a una causa de interés general y homogénea, como son las medidas de gobierno abierto a implementar y ejecutar; persigue la claridad y la coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, y establece con prioridad medidas de decisión conjuntas con el objeto de procurar el mayor consenso y homogeneidad ejecutiva posibles.

De acuerdo con los antecedentes mencionados, y con el fin de facilitar el impulso transversal del gobierno abierto en la Administración de la Generalitat y su sector público y, al mismo tiempo, garantizar la coordinación necesaria de sus órganos y unidades en la aplicación de los criterios corporativos sobre la publicidad activa, el acceso a la información pública, la apertura de datos, la participación ciudadana y la actividad de influencia, se crea la Comisión Interdepartamental de Gobierno Abierto como órgano colegiado de coordinación en las materias propias del gobierno abierto en todos los departamentos de la Administración de la Generalitat y su sector público.

Por todo eso, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya;

A propuesta de la consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, y de acuerdo con el Gobierno,

Decreto:

Disposición derogatoria única

Se deroga el Decreto 233/2016, de 22 de marzo, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Transparencia y Gobierno Abierto.

LE0000571476_20210303

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera

Modificación del artículo 76 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

Se modifica el artículo 76 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, que pasará a tener la siguiente redacción:

«Artículo 76 Comisión Interdepartamental de Gobierno Abierto

1. La Comisión Interdepartamental de Gobierno Abierto es el órgano colegiado que, con duración indefinida y adscrita al departamento competente en materia de gobierno abierto, tiene por objeto la coordinación interdepartamental de las políticas de gobierno abierto en la Administración de la Generalitat y su sector público, a impulso de la unidad directiva de la Administración de la Generalitat competente en materia de gobierno abierto.

2. La Comisión tiene la composición, las funciones y el régimen jurídico previstos en su normativa específica de creación.»

LE0000688677_20211217