Orden Foral 177/2022, de 24 de marzo, por la que se aprueba el Plan de Inspección en materia de servicios sociales para el año 2022

ANEXO
Plan de inspección y autorización de los servicios sociales de Gipuzkoa para el año 2022.

Primero. La Unidad responsable de la inspección de centros, la Sección de Inspección del Servicio de Inspección, Inversiones e Iniciativa Social del Departamento de Políticas Sociales es el órgano administrativo responsable de la ejecución del Plan, el cual será desarrollado con arreglo al marco normativo vigente, según lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Foral 7/2020, de 16 de noviembre, de determinación de los departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y de sus áreas de actuación y funciones (Boletín Oficial de Gipuzkoa de 17 de noviembre).

Segundo. Los objetivos de la inspección de los centros son:

• 1. Velar para que las personas destinatarias de los servicios sociales reciban una atención adecuada a sus necesidades.
• 2. Vigilancia del respeto a los derechos de las personas destinatarias de los servicios sociales, derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente, en especial de los derechos específicos de los personas usuarias de centros residenciales.
• 3. Adecuación de los centros y servicios a la normativa vigente en materia de requisitos materiales y funcionales, de forma que se consolide una red de servicios sociales capaz de prestar una atención de calidad.
• 4. Asesorar a los profesionales de los centros asistenciales en aspectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas atendidas, protegiendo su dignidad, libertad y autonomía.

Tercero. Las actuaciones inspectoras del Departamento de Políticas Sociales para el año 2022 se recogen en este Plan, además de las que resulten como consecuencia de la presentación de denuncias, quejas y reclamaciones y accidentes o sucesos inusuales que así lo requieran.

Con carácter extraordinario se podrán realizar todas las actuaciones que se ordenen desde las direcciones generales del departamento, por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, o por petición razonada de otros órganos.

Cuarto. Serán de aplicación en la labor inspectora todas aquellas normas reguladoras de la materia de servicios sociales:

• - Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
• - Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• - Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad, o la normativa que lo sustituya.
• - Decreto 126/2019 de 30 de julio, de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• - Decreto Foral 38/2007 de 22 de mayo, por el que se determinan las condiciones necesarias para la concertación de servicios residenciales para personas mayores dependientes.
• - Decreto Foral 8/2021, de 29 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral 38/2007, de 22 de mayo, por el que se determinan las condiciones necesarias para la concertación de servicios residenciales para personas mayores dependientes.
• - Decreto 202/2000, de 17 de octubre, sobre los centros de día para personas mayores dependientes o la normativa que lo sustituya.
• - Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.
• - Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.
• - Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social.
• - Decreto 68/2000, de 11 de abril por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.
• - Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
• - Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico.
• - Decreto 13/2016, de 2 de febrero, de intervención integral en Atención Temprana en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Quinto. Líneas básicas de actuación. estarán orientadas a la consecución de los siguientes fines:

• - Garantía del respeto a los derechos de las personas destinatarias de los servicios sociales, particularmente de las destinatarias de servicios sociales de carácter residencial.
• - Supervisión y control de los centros y servicios.

Sexto. La metodología de la actuación inspectora en el ejercicio de sus competencias legalmente reconocidas, se acomodará a las siguientes directrices básicas:

• 1. La Inspección podrá acceder a todas las instalaciones y locales de los centros y servicios. De igual forma, deberá proporcionársele el acceso a todos aquellos, documentos, datos, o información que resulte necesaria y/o relevante en relación con el objeto de la inspección y con el ejercicio correcto de las facultades de inspección. La obstrucción a la labor inspectora está tipificada como infracción grave en el artículo 90 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
• 2. La Sección de Inspección comunicará previamente, a través de la dirección de correo electrónico de la entidad, el día y hora de las visitas de inspección ordinarias, que se iniciarán con la apertura del expediente de la visita en la aplicación «Autorización e Inspección de centros», a fin de que cada centro pueda realizar su auto-declaración. En la comunicación se identificará al personal acreditado de inspección y a los profesionales del centro que deben de estar presentes en la misma.
• 3. Además de las inspecciones ordinarias, se podrán realizar otras visitas de inspección, sea cual sea el motivo que las cause, y podrán llevarse a cabo en días laborables y festivos, tanto en horario diurno como en nocturno, sin previo aviso.
• 4. La actuación inspectora se ajustará a la normativa aplicable relativa a la protección de datos de carácter personal.
• 5. Los órganos y organismos del departamento están obligados a colaborar con la mayor eficacia y celeridad con la Inspección, siempre que sean requeridos para ello.
• 6. Previamente a la ejecución del Plan, se aprobarán los protocolos de inspección de cada línea básica.

Séptimo. La actuación inspectora en materia de Servicios Sociales durante el año 2022 está orientada a garantizar los derechos de las personas destinatarias de servicios sociales de carácter residencial:

• a) Derecho a acceder a los servicios sociales en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad.
• b) Derecho a la confidencialidad, entendiéndose por tal el derecho a que los datos de carácter personal que obren en su expediente o en cualquier documento que les concierna sean tratados con pleno respeto, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incluyendo la debida reserva por parte de las profesionales y los profesionales con respecto a la información de la que hayan tenido conocimiento sobre las personas usuarias de los servicios sociales.
• c) Derecho a la autonomía, entendiéndose por tal la posibilidad de actuar y pensar de forma independiente en relación con la vida privada, incluida la disposición a asumir en la misma ciertos niveles de riesgo calculado, siempre que dispongan de capacidad jurídica y de obrar para ello, en los términos previstos en la normativa vigente.
• d) Derecho a dar o a denegar su consentimiento libre y específico en relación con una determinada intervención, debiendo ser otorgado el consentimiento, en todo caso, por escrito cuando la intervención implique ingreso en un servicio de alojamiento o en un centro residencial. A efectos de lo anterior, el consentimiento de las personas sujetas a medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica o de las personas menores de edad se otorgará conforme al procedimiento legalmente establecido.
• e) Derecho a dar instrucciones previas para situaciones futuras de sujeción de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica respecto a asistencia o cuidados que se le puedan procurar y derecho a la autotutela, entendiéndose por tal la posibilidad de nombrar anticipadamente a la persona que le representará y ejercerá las medidas de apoyo sobre su persona y bienes en caso de pérdida de su capacidad de autogobierno, en los términos previstos en el Código Civil.
• f) Derecho a renunciar a las prestaciones y servicios concedidos, salvo lo dispuesto en la legislación vigente en relación con el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico y en relación con la tutela de personas menores de edad.
• g) Derecho a disponer de información suficiente, veraz y fácilmente comprensible, sobre las intervenciones propuestas, sobre los servicios sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para acceder a los mismos, así como a acceder a su expediente individual en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
• h) Derecho a tener asignado una profesional o un profesional de referencia, que procure la coherencia, integralidad y continuidad del proceso de intervención.
• i) Derecho a que se realice, en plazos razonables de tiempo, una evaluación o diagnóstico de sus necesidades, a disponer de dicha evaluación por escrito, en un lenguaje claro y comprensible, y a disponer, en plazos razonables de tiempo, de un plan de atención personalizada, y a participar en su elaboración cuando, para responder a las necesidades detectadas, se estime necesaria una intervención.
• j) Derecho a participar, individual o colectivamente, en las decisiones que les afecten y en el funcionamiento de los servicios, y a acceder a los cauces de información, sugerencia y queja que permitan el ejercicio efectivo y la defensa de sus derechos.
• k) Derecho a escoger libremente el tipo y modalidad de servicio más adecuado a su caso en función de su disponibilidad, atendiendo a la orientación y a la prescripción técnica de la persona profesional de referencia asignada.
• l) Derecho a ser atendidas, en función de su propia preferencia, en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• m) Derecho a la calidad de las prestaciones y servicios, de acuerdo con los requisitos materiales, funcionales y de personal que se determinen reglamentariamente para cada uno de ellos.
• n) Otros derechos que se reconozcan en la ley.

  La comprobación del respeto a los derechos de las personas destinatarias en las visitas ordinarias de inspección se podrá efectuar por cualquiera de estos medios:

  • - Observación directa de los/las Inspectores/as.
  • - A través de información suministrada por los/las responsables del centro.
  • - Mediante información dada por las personas usuarias del centro.

La comprobación de los derechos mediante observación directa se llevará a cabo teniendo en cuenta unos criterios homogéneos fijados previamente para todo el personal inspector.

Octavo. El objetivo general es realizar al menos una visita anual al 100 % a los centros residenciales y centros de día del área de atención a personas mayores, a los centros de atención a la salud mental, la discapacidad física, la protección a las víctimas de violencia machista, la inserción social, y a los centros de atención temprana, y dos visitas anuales a los centros de protección de personas menores de edad.

La actuación de la inspección se centrará en la comprobación de los requisitos generales exigidos para el funcionamiento de centros y servicios, así como los específicos de cada tipología de recurso. Se incidirá especialmente en:

• a) Control de infraestructuras, especialmente en verificar el cumplimiento de la normativa sectorial de seguridad de los centros.
• b) Recursos humanos: dotación y organización del personal así como de la acreditación de su formación, con especial incidencia en el personal auxiliar de los centros de personas mayores y de los profesionales que mantienen habitualmente contacto con personas menores de edad.
• c) Programas exigidos por la normativa de aplicación.

Noveno. Es competencia de la Sección de Inspección emitir las siguientes autorizaciones:

• 1. Autorización previa con el fin de comprobar que el proyecto presentado del servicio o centro, se adecua a los requisitos materiales y funcionales que le corresponde cumplir en función de su tipología.
• 2. Autorización de funcionamiento de todos los centros y servicios, tanto aquellos que inician una nueva actividad, como aquellos que deben regularizar su situación administrativa porque aún estando en funcionamiento, no tienen las pertinentes autorizaciones.
• 3. Concesión de nuevas autorizaciones, previas y de funcionamiento, cuando se producen modificaciones de la situación administrativa: cambio de titularidad, modificación sustancial de instalaciones, modificación de funciones y objetivos y cese de actividad.