Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales

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Sumario

V閍se el D [PA蚐 VASCO] 155/2012, de 24 de julio, de Registros de Servicios Sociales (獴.O.P.V.� 2 agosto).LE0000486908

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente ley:

Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

La competencia auton髆ica en materia de servicios sociales se enmarca, con car醕ter general, en la obligaci髇 que el art韈ulo 9.2 del Estatuto de Autonom韆 atribuye a los poderes p鷅licos vascos de adoptar medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obst醕ulos para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean efectivas y reales, y, con car醕ter espec韋ico, en los art韈ulos 9.2, 10.12, 10.14 y 10.39 del Estatuto de Autonom韆, que, al amparo del art韈ulo 148.1.20 de la Constituci髇 de 1978, atribuyen a la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco competencia exclusiva en materia de asistencia social, de organizaci髇, r間imen y funcionamiento de las instituciones de protecci髇 y tutela de menores, y de desarrollo comunitario, igualdad, pol韙ica infantil y juvenil y de personas mayores.

La distribuci髇 competencial entre las administraciones p鷅licas vascas, por su parte, viene dada por la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Aut髇oma y los 觬ganos Forales de sus Territorios Hist髍icos, que atribuye a estos 鷏timos la ejecuci髇 dentro de su territorio de la normativa de las instituciones comunes, sin perjuicio de la acci髇 directa de las instituciones comunes del Pa韘 Vasco, incluyendo en esas competencias ejecutivas las potestades reglamentaria para la organizaci髇 de sus propios servicios, administrativa -incluida la inspecci髇- y revisora en la v韆 administrativa.

La primera Ley sobre Servicios Sociales de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, aprobada el 20 de mayo de 1982, dot� a este 醡bito de actuaci髇 de una coherencia organizativa de la que carec韆, y tuvo la inestimable virtud de imprimir a la gesti髇 pol韙ica y administrativa de estos servicios una concepci髇 decididamente moderna. Con visi髇 de futuro, supo introducir adem醩 principios fundamentales de actuaci髇 que todav韆 hoy constituyen las l韓eas b醩icas del cuerpo normativo en esta materia.

El marco legal que estableci� se vio parcialmente afectado por la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Aut髇oma y los 觬ganos Forales de sus Territorios Hist髍icos, y tambi閚 por la aprobaci髇 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R間imen Local. Estas importantes modificaciones normativas, que afectaban al sistema de responsabilidad p鷅lica tanto en la vertiente competencial como en la financiera, determinaron, junto con la aparici髇 de notables cambios sociales, la necesidad de reformar aquella primera Ley sobre Servicios Sociales.

El crecimiento del desempleo, fruto de una crisis industrial sin precedentes y de los procesos de reconversi髇 derivados de la misma, constituy� uno de los aspectos m醩 caracter韘ticos de aquella etapa, hasta el punto de que en su exposici髇 de motivos la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, consider� necesario atribuir al sistema de servicios sociales la funci髇 de contribuir a favorecer el desarrollo de la econom韆 y del empleo en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, especialmente de los colectivos con mayores dificultades de inclusi髇 en el mercado de trabajo. Otros cambios sociales, en particular la tasa de crecimiento vegetativo nulo de la poblaci髇 y la creciente y positiva incorporaci髇 de las mujeres al mercado de trabajo, fueron tambi閚 importantes motores de la reforma.

La ley de 1996 hizo importantes aportaciones, contribuyendo, tal y como anunciaba en su objeto, a 玴romover y garantizar, mediante la ordenaci髇 y estructuraci髇 de un sistema integrado de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica, el derecho de toda la ciudadan韆 a dichos servicios con el triple fin de prevenir y eliminar las causas de marginaci髇 social y de desigualdad, promover la integraci髇 social de las personas y colectivos, y favorecer su pleno y libre desarrollo�. Permiti� avanzar tanto en la ordenaci髇 y estructuraci髇 del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad p鷅lica, como en la progresiva extensi髇 de la red y el desarrollo de las prestaciones y servicios que le son propios, configurando un marco diferenciado y complementario de otros sistemas y pol韙icas p鷅licas orientadas tambi閚 al bienestar social.

Desde el punto de vista de la organizaci髇 del sistema, adem醩 de introducir una mayor clarificaci髇 en materia competencial, su aportaci髇 m醩 significativa fue, sin duda, la formalizaci髇 de los servicios sociales de base como unidad b醩ica del sistema y como punto de acceso al mismo, la atribuci髇 a estos servicios de funciones esenciales para articular la atenci髇 comunitaria, y la consecuente obligaci髇 para todos los ayuntamientos de prestar, por s� o asociados, un servicio de esta naturaleza.

En esta l韓ea, otras aportaciones destacables del texto de la ley de 1996 fueron:

• - la incorporaci髇 expresa de los principios de universalidad y de atenci髇 personalizada;
• - la introducci髇 de las bases de un sistema de relaci髇 con la iniciativa privada, mediante la regulaci髇 de la autorizaci髇 administrativa, la inspecci髇 y las f髍mulas de colaboraci髇 con las entidades privadas, en cuyo marco se otorgaba prioridad a las entidades sin 醤imo de lucro cuando existieran an醠ogas condiciones de eficacia, calidad y costes;
• - una regulaci髇 m醩 detallada de la participaci髇 de las personas usuarias en la financiaci髇 de los servicios, estipulando que ninguna persona usuaria quedar韆 excluida de la prestaci髇 del servicio por carecer de recursos econ髆icos y que la calidad del servicio prestado no podr韆 ser determinada, en ning鷑 caso, en funci髇 de la participaci髇 de las personas usuarias en el coste del mismo;
• - la primera regulaci髇 de un sistema de infracciones y sanciones en el 醡bito de los servicios sociales.

Por otra parte, el marco normativo que se ha ido configurando a lo largo de las dos 鷏timas d閏adas, en desarrollo de la ley de 1996, ha permitido alcanzar notables avances en el 醡bito de los servicios sociales, y dan fe de ello la aprobaci髇 de normas b醩icas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos y la calidad de los servicios sociales, como son el Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la Carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco y el r間imen de sugerencias y quejas, y el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorizaci髇, registro, homologaci髇 e inspecci髇 de los servicios sociales de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco. Tambi閚 son muestra de los avances realizados las numerosas normas desarrolladas en los diversos sectores de atenci髇.

Con todo, y a pesar de estos avances, se observan elementos y factores que aconsejan una nueva reforma del marco normativo.

En efecto, el contexto social ha cambiado significativamente a lo largo de la 鷏tima d閏ada:

• - Superada la crisis industrial ya referida -que determin� que las elevadas tasas de desempleo fueran consideradas el principal factor de desprotecci髇 en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco-, se ha constatado en los 鷏timos a駉s una coyuntura econ髆ica favorable, con incrementos sostenidos del PIB por encima de la media europea y con tasas medias de desempleo cercanas a una situaci髇 de pleno empleo t閏nico, que, si bien se ver醤 afectados por la incipiente crisis econ髆ica, deber韆n tratar de constituirse en objetivos referenciales para la pr髕ima d閏ada.
• - Por otra parte, el incremento del n鷐ero de personas con limitaciones en su autonom韆 no s髄o ha proseguido, sino que se ha transformado cualitativamente: se observa un aumento de las necesidades y demandas de prevenci髇 y atenci髇 de la dependencia y un aumento de las necesidades de apoyo a las familias, asociado a un debilitamiento del apoyo social informal, derivado, a la vez, de la creciente incorporaci髇 de las mujeres al mercado laboral y de la falta de asunci髇 de roles de cuidado informal por parte de muchos hombres, incidiendo tambi閚 en el fen髆eno los cambios en la geograf韆 urbana, en cuyo marco se observa una creciente tendencia a la diferenciaci髇 de los lugares de residencia, trabajo, ocio y formaci髇. Esta evoluci髇 es la que ha motivado la promulgaci髇, a nivel estatal, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las Personas en Situaci髇 de Dependencia, que constituye un hito en el 醡bito de los servicios sociales, en la medida en que formaliza un derecho garantizado.
• - Por otro lado, en la 鷏tima d閏ada los servicios sociales est醤 afrontando tambi閚, en relaci髇 con las necesidades de protecci髇 e integraci髇 social, un escenario de crecimiento de las necesidades y demandas de atenci髇 asociadas a situaciones de vulnerabilidad y de cronificaci髇 de las situaciones de exclusi髇, marginaci髇 y pobreza. Esta realidad afecta en particular a los colectivos m醩 vulnerables, como consecuencia, principalmente, de las dificultades de acceso a la vivienda y de la precariedad laboral que afecta fundamentalmente a j髒enes, mujeres e inmigrantes, de la insuficiente protecci髇 social y las situaciones de aislamiento y soledad que afectan especialmente a las personas mayores, o del incremento de las situaciones de conflicto en la adolescencia y de las situaciones de desprotecci髇 que afectan a personas menores de edad, como consecuencia de m鷏tiples factores socioecon髆icos y familiares.
• - Finalmente, los servicios sociales deben adecuar su actuaci髇 a los cambios sociales asociados a un progresivo avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres, impulsando actuaciones y servicios que acompa馿n a las mujeres en su inclusi髇 social, en particular que aborden la situaci髇 de exclusi髇, desprotecci髇, maltrato y violencia que afrontan, pero tambi閚 medidas y servicios tendentes a aliviar y reforzar la red sociofamiliar de apoyo, y muy en especial a las mujeres que se integran en ella y que todav韆 en la actualidad asumen la mayor carga de la atenci髇 a las personas dependientes.

Esta evoluci髇 de la realidad social determina que en el momento actual, transcurrida m醩 de una d閏ada desde la promulgaci髇 de la ley de 1996, se haga necesario afianzar y consolidar un sistema que, si bien aquella norma pudo anticipar fundamentos b醩icos, no articul� los instrumentos de gesti髇 y coordinaci髇 necesarios para dar completo cumplimiento a la pretensi髇 manifestada en ella de promover y garantizar el derecho a los servicios sociales. Ese objetivo, sin duda, exige una reforma del marco normativo vigente y la aprobaci髇 de una nueva Ley de Servicios Sociales.

El elemento central de este nuevo marco es la declaraci髇 del derecho subjetivo a los servicios sociales, constituido en un derecho de ciudadan韆. Garantizar el ejercicio efectivo de este derecho subjetivo implica, necesariamente, la construcci髇 de un sistema vasco de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica, moderno, avanzado y garantista, comparable en su desarrollo a otros sistemas p鷅licos orientados al bienestar, dotado de un conjunto de instrumentos de gesti髇 y coordinaci髇 capaces de garantizar la vertebraci髇 entre los tres niveles administrativos competentes, y en cuyo marco pueda estructurarse toda una arquitectura capaz de sostener la implantaci髇, la ordenaci髇, el desarrollo y la consolidaci髇 de una red articulada de prestaciones y servicios, orientada a responder de forma coherente, eficaz y eficiente a los desaf韔s presentes y futuros asociados a los cambios sociales, demogr醘icos y econ髆icos.

De este modo, el Sistema Vasco de Servicios Sociales se constituir韆 en un aut閚tico pilar del Estado del Bienestar, configur醤dose como un sistema de responsabilidad p鷅lica y de cobertura universal, dirigido a toda la poblaci髇.

Dada la naturaleza cada vez m醩 compleja y plural de las situaciones a afrontar, se constata la necesidad de reforzar la colaboraci髇 con el tercer sector, el soporte de las redes informales de apoyo, la promoci髇 de la participaci髇 organizada de las propias personas afectadas, la configuraci髇 de espacios de cooperaci髇 y coordinaci髇 entre sistemas (sociosanitario, sociolaboral, sociohabitacional, socioeducativo, sociojudicial, sociocultural u otros) y el desarrollo de una pol韙ica social que posibilite el acceso de toda la poblaci髇 a la plena ciudadan韆, la promoci髇 de la justicia social y el abordaje de las causas estructurales de la exclusi髇.

Es importante tener presente, en la construcci髇 y articulaci髇 del sistema, que los derechos de la ciudadan韆 pasan, hoy, no s髄o por el reconocimiento del derecho de todas las personas a una serie de prestaciones y servicios, sino tambi閚 por el del derecho a la diferencia, consider醤dose elementos nucleares del modelo los principios de igualdad y equidad, que garantizan el acceso al sistema sin discriminaci髇 alguna, pero tambi閚 sin perjuicio de la integraci髇 de perspectivas m鷏tiples -perspectiva de g閚ero, de diversidad sexual, intercultural, intergeneracional, accesibilidad universal y dise駉 para todos y todas- y de la aplicaci髇 de medidas de acci髇 positiva y de igualdad de oportunidades y de trato.

Por otra parte, y por lo que respecta a la evoluci髇 y el desarrollo del propio sistema de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica, a pesar de que en la 鷏tima d閏ada se ha realizado un importante esfuerzo de impulso y estructuraci髇 de estos servicios, persisten algunas diferencias interterritoriales en las condiciones de acceso y de participaci髇 econ髆ica que, si bien en algunos casos son atribuibles a especificidades organizativas y no inciden en el ejercicio de su derecho por las personas usuarias, en otros s� pueden afectar a este 鷏timo y generar desigualdades. Persiste asimismo un diferencial global, como Comunidad Aut髇oma, en relaci髇 con los pa韘es m醩 avanzados del contexto europeo.

Para disminuir progresivamente estas diferencias, es imprescindible realizar las oportunas previsiones respecto a la evoluci髇 de las necesidades sociales y habilitar las herramientas que hagan posible el desarrollo planificado del sistema en el conjunto del territorio auton髆ico.

La ley prev�, con esta finalidad, los diferentes elementos fundamentales. En primer lugar, define el Cat醠ogo de Prestaciones y Servicios que se integran en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, especificando as� el alcance del derecho subjetivo y garantizando, por su car醕ter universal, que el desarrollo e implantaci髇 de dicho cat醠ogo deber� producirse en toda la Comunidad Aut髇oma. Prev� tambi閚 la posterior regulaci髇 del cat醠ogo en una Cartera de Prestaciones y Servicios que definir� sus principales caracter韘ticas y los requisitos b醩icos de acceso, el dise駉 y puesta en funcionamiento de un sistema integral de informaci髇 para la gesti髇 del Sistema Vasco de Servicios Sociales, y la elaboraci髇 y aprobaci髇 de un Plan Estrat間ico de Servicios Sociales que incluir� el Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco. Refuerza, asimismo, los dispositivos de coordinaci髇 interinstitucional necesarios tanto para garantizar un desarrollo coherente y equilibrado del Sistema Vasco de Servicios Sociales como para garantizar la mejor articulaci髇 de este sistema y de las prestaciones y servicios que se integran en 閘 con otros sistemas y pol韙icas p鷅licas, afines o complementarias, tambi閚 orientadas a la promoci髇 y consecuci髇 del bienestar social.

La nueva ley consolida el modelo de atenci髇 que ya se hab韆 perfilado en los principios recogidos en el marco jur韉ico anterior, optando por un enfoque comunitario, capaz de otorgar prioridad al mantenimiento de las personas en su entorno de vida habitual.

De este modo, a las funciones propias del trabajo social de los trabajadores y trabajadoras sociales deben incorporarse las derivadas de los servicios y prestaciones de car醕ter socioeducativo ejercidas por los educadores y educadoras sociales que ya se vienen desarrollando desde hace tiempo, que, junto con los y las anteriores, conformar韆n el cuerpo profesional b醩ico del Sistema de Servicios Sociales.

La intervenci髇 socioeducativa debe entenderse, en esencia, como elemento clave de la intervenci髇 social desde el enfoque comunitario propuesto, dado su car醕ter procesual, que, por definici髇, supera la tarea asistencial y de derivaci髇, estableciendo marcos de trabajo educativos relacionales, con la intenci髇 de conseguir la mayor autonom韆 en el sujeto, la mejora de las condiciones de vida del mismo, la adaptaci髇 a los diferentes contextos de su desarrollo y la superaci髇 de sus dificultades.

La consolidaci髇 de un sistema vasco de servicios sociales y el logro de sus finalidades requiere, adem醩 de garantizar el acceso a las mismas prestaciones y servicios en el conjunto de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, reforzar y consolidar una red de servicios y centros de titularidad p鷅lica y privada concertada, estableciendo a tal efecto un r間imen espec韋ico de concierto para la prestaci髇 de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica, sin perjuicio de la coexistencia de esta f髍mula con otras alternativas de colaboraci髇 entre las administraciones p鷅licas vascas y las entidades privadas, en particular con la iniciativa social sin 醤imo de lucro.

En su t韙ulo I, la ley contiene las disposiciones generales que definen los elementos esenciales y constitutivos del nuevo marco. As�, define el objeto de la ley, que consiste en declarar el derecho subjetivo a los servicios sociales, garantizando el car醕ter universal de las prestaciones y los servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco y su provisi髇 por parte de las administraciones p鷅licas vascas en el marco del Cat醠ogo de Prestaciones y Servicios de dicho sistema, y en ordenarlo y estructurarlo con el fin de hacer efectivo el ejercicio del derecho a los servicios sociales.

El derecho a los servicios sociales se reconoce a las personas empadronadas y con residencia legal y efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco. Tambi閚 se extiende a las personas empadronadas y con residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco de forma continuada durante los 12 meses inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso, y ello sin perjuicio de que para su acceso a las prestaciones y servicios enmarcadas en el Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia se est� a lo previsto en el art韈ulo 5.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las Personas en Situaci髇 de Dependencia. Se establece, adem醩, que todas las personas que se encuentren en la Comunidad Aut髇oma podr醤 acceder, sin exigencia de plazos previos de empadronamiento, al servicio de informaci髇, valoraci髇, diagn髎tico y orientaci髇, as� como al acompa馻miento social, a aquellos servicios y prestaciones que sean definidos como de urgencia social, y a los servicios que recaen en el 醡bito de la protecci髇 de ni駉s, ni馻s y adolescentes. Sin perjuicio de lo anterior, se prev� para las administraciones p鷅licas vascas la posibilidad de establecer periodos m醩 amplios de empadronamiento previo y otros requisitos adicionales para el acceso a determinadas prestaciones y servicios en la Cartera de Prestaciones y Servicios y en sus disposiciones reguladoras espec韋icas. El texto prev�, por 鷏timo, que el Gobierno Vasco podr� establecer medidas de protecci髇 a favor de los miembros de las colectividades vascas en el exterior.

La ley concibe el Sistema Vasco de Servicios Sociales como una red articulada de atenci髇 de responsabilidad p鷅lica, e integrada por prestaciones, servicios y equipamientos de titularidad p鷅lica y de titularidad privada concertada, cuya finalidad es favorecer la integraci髇 social y la autonom韆 de todas las personas, familias y grupos, desarrollando una funci髇 promotora, preventiva, protectora y asistencial, a trav閟 de prestaciones y servicios de naturaleza fundamentalmente personal y relacional. De conformidad con las formulaciones m醩 avanzadas en la materia, se ha optado por establecer un sistema de respuesta a las necesidades en funci髇 de la naturaleza y caracter韘ticas de estas 鷏timas, en lugar de estructurarlo atendiendo a los diferentes colectivos, lo que en ning鷑 caso significa que los mencionados colectivos queden sin cobertura, ni que no se tengan presentes, en el marco del sistema, las especificidades que pueden afectarles.

En sus principios de actuaci髇 se preservan y desarrollan los principios establecidos en la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, y se explicita el enfoque de atenci髇, de car醕ter comunitario, que configuran, persiguiendo el afianzamiento de la responsabilidad p鷅lica, la universalidad, la proximidad de los servicios a la ciudadan韆 y su descentralizaci髇; la igualdad y la equidad en el acceso y en la utilizaci髇 de las prestaciones y servicios; la prevenci髇, la integraci髇 y la normalizaci髇; la atenci髇 personalizada, integral y continua; el car醕ter interdisciplinar de las intervenciones y la calidad de la atenci髇; la cooperaci髇 de los diversos agentes que intervienen en el 醡bito de los servicios sociales y, particularmente, en el Sistema Vasco de Servicios Sociales; la coordinaci髇 del conjunto de las actuaciones p鷅licas y privadas, formales e informales, y la promoci髇 de la participaci髇 ciudadana y de la iniciativa social en el marco del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

El t韙ulo I afianza, as� mismo, el enfoque comunitario como modelo b醩ico de referencia en la actuaci髇 de los servicios sociales, fundamentado en la necesidad de garantizar la atenci髇 de las personas usuarias en su entorno habitual, y, finalmente, regula los derechos y deberes de las personas usuarias y de las profesionales y los profesionales de los servicios sociales.

En su t韙ulo II, la ley dedica un primer cap韙ulo a la definici髇 y a la clasificaci髇 de prestaciones -t閏nicas, econ髆icas y tecnol骻icas- y servicios propios del Sistema Vasco de Servicios Sociales; articula el procedimiento b醩ico de intervenci髇, centrado en la coordinaci髇 de caso por parte de la persona profesional de referencia y en la elaboraci髇, cuando corresponda, de un plan de atenci髇 personalizada, y pasa a definir el Cat醠ogo y la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y a regular sus caracter韘ticas, su contenido y su actualizaci髇, as� como los requisitos generales de acceso a las prestaciones y servicios.

El siguiente cap韙ulo establece la estructura general del Sistema Vasco de Servicios Sociales, distinguiendo entre los servicios sociales de atenci髇 primaria y los de atenci髇 secundaria, que se diferencian, entre otros criterios o variables, por la mayor o menor intensidad del apoyo prestado y que en ambos casos puede ser especializado, y entra a regular los tres principales niveles de actuaci髇: la intervenci髇 de los servicios sociales en el 醡bito local, a trav閟 de los servicios sociales municipales, con especial atenci髇 a la definici髇 del servicio social de base como elemento b醩ico de la estructura y como primer punto de acceso al sistema, afianzando la obligaci髇, ya recogida en la Ley de Servicios Sociales de 1996, para todos los ayuntamientos de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco de disponer, por s� mismos o asociados, de un servicio social de base; la intervenci髇 en el 醡bito territorial, desde las diputaciones forales, y la intervenci髇 en el 醡bito auton髆ico, desde el Gobierno Vasco.

En su cap韙ulo III, este segundo t韙ulo regula la planificaci髇 del Sistema Vasco de Servicios Sociales, especificando los principios que han de regirla: determinaci髇 de las metas, estrategias, pol韙icas y directrices a seguir en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, despliegue de los recursos necesarios para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a los servicios sociales declarado en esta ley; proximidad, equilibrio y homogeneidad territorial; organizaci髇 y aprovechamiento integral, racional y eficiente de los recursos, y coordinaci髇 y trabajo en red de todos los elementos que intervienen en el marco del Sistema Vasco de Servicios Sociales. La planificaci髇 adopta como principal instrumento el Plan Estrat間ico de Servicios Sociales de la Comunidad Aut髇oma, que, a su vez, deber� integrar el Mapa de Servicios Sociales, cuya funci髇 ser� establecer el despliegue del Sistema Vasco de Servicios Sociales, definiendo al efecto los criterios poblacionales m醩 id髇eos para la implantaci髇 de los diferentes servicios incluidos en el cat醠ogo, atendiendo a la naturaleza de los mismos, al n鷐ero de personas potencialmente demandantes y a la necesidad de garantizar, en todo lo posible, su mayor proximidad con vistas a facilitar la integraci髇 de las personas usuarias en el entorno social habitual.

La planificaci髇 orientar�, asimismo, sobre la participaci髇 de los sectores p鷅lico y privado en la prestaci髇 de los servicios, garantizando en todo caso la gesti髇 p鷅lica directa de las prestaciones de acceso y primera acogida de las demandas y de las directamente asociadas a la coordinaci髇 de caso como procedimiento b醩ico de intervenci髇 -en particular la valoraci髇, el diagn髎tico y la orientaci髇-. Complementariamente, al objeto de preservar un conocimiento espec韋ico de la realidad de los servicios y de las necesidades de las personas usuarias y profesionales, as� como de las dificultades asociadas a garantizar la calidad de la gesti髇 y de la atenci髇, y al objeto tambi閚 de ofrecer modelos de buenas pr醕ticas y de ensayar, con car醕ter experimental, soluciones innovadoras y alternativas que favorecer醤 y acelerar醤 el avance del sistema hacia los objetivos que se ha marcado, la planificaci髇 prever�, en este marco y con car醕ter general, la prevalencia de la gesti髇 p鷅lica y de la gesti髇 a trav閟 de la iniciativa social en la provisi髇 de los servicios y prestaciones previstos en el Cat醠ogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Como elemento central de esa distribuci髇 geogr醘ica, y a los efectos de garantizar la homogeneidad en las oportunidades de acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales y el ejercicio efectivo del derecho a los servicios sociales, la ley define la zona b醩ica de actuaci髇 del Sistema Vasco de Servicios Sociales, indicando que abarcar� un 醡bito poblacional de 5.000 habitantes o, en las zonas rurales y en las zonas particularmente desfavorecidas o degradadas, un 醡bito poblacional de 3.000 habitantes, y se馻lando que dicha zona b醩ica constituir� el 醡bito de implantaci髇 de los servicios sociales de base.

En su t韙ulo III, la ley establece el r間imen competencial, organizativo, consultivo y de participaci髇 en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, definiendo las competencias de las administraciones p鷅licas en materia de servicios sociales y los procedimientos y 髍ganos de cooperaci髇 y coordinaci髇 interadministrativa tanto dentro del Sistema Vasco de Servicios Sociales como en su relaci髇 con otros sistemas y pol韙icas p鷅licas, afines o complementarias, tambi閚 orientadas al bienestar social.

De especial relevancia resulta la creaci髇 del 觬gano Interinstitucional de Servicios Sociales, en la medida en que supone la introducci髇 en el sistema de un cauce formal de cooperaci髇 y coordinaci髇 entre las administraciones p鷅licas vascas, a los efectos de garantizar la unidad del Sistema Vasco de Servicios Sociales y, en consecuencia, un desarrollo coherente y arm髇ico del conjunto de prestaciones y servicios en todo el territorio auton髆ico. Adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales, contar� con una representaci髇 paritaria entre el Gobierno Vasco, por un lado, y las diputaciones forales y los ayuntamientos, a trav閟 de Eudel, por otro, y velar� por la existencia y la calidad del sistema, regul醤dose entre sus funciones algunas tan relevantes como el informe preceptivo favorable de la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco y de los cat醠ogos y/o carteras conjuntas que, en su caso, pudieran establecerse con otros sistemas o pol韙icas p鷅licas orientados a la consecuci髇 del bienestar social, el informe preceptivo del Plan Estrat間ico de Servicios Sociales, y la deliberaci髇 y el acuerdo de las principales estrategias de actuaci髇 y de los instrumentos comunes de aplicaci髇 por las administraciones p鷅licas vascas.

Respecto a la cooperaci髇 y coordinaci髇 con otros sistemas y pol韙icas p鷅licas orientadas al bienestar social, la ley prev�, en el marco del deber de cooperaci髇 y coordinaci髇 de las administraciones p鷅licas, el establecimiento de cauces formales de cooperaci髇 y de instrumentos y protocolos conjuntos de actuaci髇 susceptibles de garantizar la coherencia de las actuaciones y el m醩 racional y eficaz aprovechamiento de los recursos, de la informaci髇 y de los conocimientos. Se prev� incluso la posibilidad, cuando se estime oportuno, de articular cat醠ogos y carteras conjuntas de servicios y prestaciones.

En materia de cooperaci髇 y coordinaci髇, menci髇 especial merece el espacio sociosanitario. En este espacio se hallan personas cuya protecci髇 requiere un abordaje conjunto, coordinado y sostenido de los servicios sociales y de los sanitarios. En la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, dada la distribuci髇 de competencias entre instituciones y sus niveles, se ha optado por un modelo de coordinaci髇 entre todas ellas, con la finalidad de desarrollar este sector armonizando las respectivas pol韙icas, recogiendo as� el esp韗itu y los elementos b醩icos de los avances realizados en estos 鷏timos a駉s en el marco del convenio de colaboraci髇 suscrito el 30 de enero de 2003 entre el Gobierno Vasco, las diputaciones forales de 羖ava, Bizkaia y Gipuzkoa y la Asociaci髇 de Municipios Vascos Eudel, para el desarrollo de la atenci髇 sociosanitaria en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, y del Plan Estrat間ico para el Desarrollo de la Atenci髇 Sociosanitaria en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco. La atenci髇 sociosanitaria ser� objeto de especial atenci髇 desde el 觬gano Interinstitucional de Servicios Sociales, mediante el ejercicio de su funci髇 de deliberaci髇 y acuerdo de las principales estrategias y propuestas que, desde el Sistema Vasco de Servicios Sociales, podr醤 presentarse en los foros de coordinaci髇 con otros sistemas y pol韙icas p鷅licas.

En el caso de la atenci髇 prestada en el 醡bito sociosanitario, la financiaci髇 de los dispositivos exclusivamente sociosanitarios, de las unidades espec韋icamente sociosanitarias y de la atenci髇 sociosanitaria general podr� realizarse conjuntamente entre las administraciones p鷅licas concernidas mediante los convenios que acuerden a tal fin, acogi閚dose, en cambio, a las f髍mulas de compensaci髇 econ髆ica que procedan desde el sistema sanitario hacia el de servicios sociales, o a la inversa, en caso de que los servicios que sean competencia de uno de ellos se presten por motivos diversos en dispositivos adscritos al otro.

En el 醡bito consultivo y de participaci髇, se crea, asimismo, el Consejo Vasco de Servicios Sociales, con caracter韘ticas y funciones similares a las ejercidas hasta el presente por el Consejo Vasco de Bienestar Social, y se contempla la existencia de consejos de la misma naturaleza en los 醡bitos foral y local, previ閚dose, complementariamente, la creaci髇, a nivel auton髆ico, de consejos sectoriales. La ley completa este modelo participativo mediante el establecimiento de otros mecanismos de participaci髇, tanto en el 醡bito de los servicios y centros de servicios sociales como en el 醡bito general, mediante la promoci髇 de procesos participativos abiertos al conjunto de la poblaci髇.

El 鷏timo cap韙ulo del t韙ulo III se dedica a la definici髇 de los diferentes tipos de registros de servicios sociales, estableciendo su naturaleza y funciones y determinando los efectos de la inscripci髇 registral.

El t韙ulo IV regula la financiaci髇 del Sistema Vasco de Servicios Sociales, definiendo las fuentes de financiaci髇 y las f髍mulas de colaboraci髇 financiera entre las administraciones, en cuyo marco se diferencia entre la financiaci髇 de las prestaciones propias de los servicios sociales, que recaer� en los 髍ganos de las administraciones p鷅licas competentes en esta materia, y la financiaci髇 de prestaciones propias de otros sistemas, que deber醤 ser financiadas por los 髍ganos de las administraciones p鷅licas competentes en esas otras materias, sin perjuicio de que dichas prestaciones se ofrezcan en servicios integrados en el Sistema Vasco de Servicios Sociales; a tales efectos, las administraciones competentes deber醤 avanzar en la clarificaci髇 progresiva de sus responsabilidades de financiaci髇 de las prestaciones de las que son competentes.

Se establecen, asimismo, los elementos b醩icos para la determinaci髇 de la participaci髇 econ髆ica de las personas usuarias en la financiaci髇 de los servicios que no tengan car醕ter gratuito, optando por un sistema basado en el establecimiento de precios p鷅licos y regulando los criterios b醩icos que deber醤 respetarse de cara a la determinaci髇 de los precios p鷅licos y de la cuant韆 a aportar por la persona usuaria. En la ponderaci髇 de dicha cuant韆 se tendr� en cuenta el nivel de recursos econ髆icos de la persona usuaria, en los t閞minos que se determinen reglamentariamente, obedeciendo su valoraci髇 a criterios de progresividad, quedando en todo caso excluida de la valoraci髇 la vivienda o alojamiento que constituya su residencia habitual, salvo en el caso de una vivienda de valor excepcional. Para los casos en los que los recursos econ髆icos no sean suficientes para abonar el precio p鷅lico o la tasa correspondiente, se prev� la aplicaci髇 de exenciones y bonificaciones. En el caso de los servicios residenciales para personas mayores, si los ingresos fueran insuficientes pero existiera patrimonio, se prev� la posibilidad de acordar, entre la administraci髇 p鷅lica competente y la persona usuaria, f髍mulas alternativas de financiaci髇 que, en todo caso, garanticen la integridad, el buen uso y la correcta valoraci髇 de su patrimonio, pudiendo, asimismo, articularse procedimientos de reconocimiento de deuda.

En su t韙ulo V, la ley regula la intervenci髇 de la iniciativa privada en el 醡bito de los servicios sociales, tanto definiendo el marco para su participaci髇 en la prestaci髇 de servicios sociales integrados en el Cat醠ogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, como definiendo las f髍mulas de colaboraci髇 en la prestaci髇 de servicios o en la realizaci髇 de actividades no incluidas en el Cat醠ogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Destaca, en relaci髇 con lo primero, la regulaci髇 de un r間imen de concierto para la prestaci髇 de servicios sociales, que pretende hacer efectivo en los servicios y centros de titularidad privada el derecho a las prestaciones y servicios, de provisi髇 obligatoria, incluidos en el Cat醠ogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Asimismo, se regula el apoyo p鷅lico a la iniciativa social sin 醤imo de lucro.

En su t韙ulo VI, dedicado a la mejora y el desarrollo del Sistema Vasco de Servicios Sociales, el texto promueve la mejora de la calidad en las prestaciones, servicios, programas y actividades que lo integran mediante tres instrumentos fundamentales: creaci髇 del Observatorio Vasco de Servicios Sociales para promover y coordinar la aplicaci髇 de sistemas de evaluaci髇 y de mejora continua de la calidad, que contribuyan a determinar las disfunciones o los d閒icit que se producen en la satisfacci髇 de las necesidades y en el funcionamiento de los servicios, pudiendo, en su caso, establecer f髍mulas y cauces orientados al reconocimiento p鷅lico de los resultados alcanzados en esta materia; fomento y promoci髇 de la investigaci髇 en servicios sociales, as� como de las iniciativas de investigaci髇 y desarrollo y de gesti髇 del conocimiento; y mejora continua de la formaci髇 de las profesionales y los profesionales de servicios sociales, con sensibilizaci髇 de las personas profesionales de los servicios sociales, y en particular las profesionales y los profesionales que desarrollan su actividad en los servicios y centros, respecto a la dimensi髇 閠ica y bio閠ica presente en su pr醕tica profesional.

En un segundo cap韙ulo se recoge el dise駉, la puesta en marcha y el mantenimiento del Sistema Vasco de Informaci髇 sobre Servicios Sociales, al objeto de garantizar un conocimiento actualizado de las principales magnitudes del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del conjunto de los servicios sociales de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco y de facilitar el seguimiento de los niveles de servicio y prestaci髇 integrados en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, atendiendo a lo previsto en la Cartera de Prestaciones y Servicios, as� como de la adecuaci髇 de los mismos a los requisitos establecidos por la ordenaci髇 general del Sistema Vasco de Servicios Sociales en relaci髇 con la planificaci髇 y programaci髇 de los servicios sociales.

El s閜timo y 鷏timo t韙ulo de la ley regula la inspecci髇 en los servicios sociales y el r間imen de infracciones y sanciones aplicable. Por lo que respecta a este 鷏timo, con el objeto de respetar el necesario principio de legalidad de toda actuaci髇 sancionadora, se establece el cuadro de infracciones y sanciones que pueda hacer realmente eficaz la labor inspectora de las administraciones p鷅licas vascas, manteniendo al mismo tiempo la seguridad jur韉ica.

Finalmente, la ley establece algunas previsiones transitorias y adicionales. De entre ellas destacan las siguientes, de particular relevancia. Por un lado, se regula un plazo de ocho a駉s, a contar desde la entrada en vigor de la ley, para la completa universalizaci髇 de las prestaciones y servicios contenidos en el cat醠ogo del Sistema Vasco de Servicios Sociales, y se prev� un plazo de un a駉 para la aprobaci髇 del Plan Estrat間ico de Servicios Sociales que marcar� la trayectoria de despliegue del Sistema hacia la mencionada universalizaci髇. Por otro, se impone el reajuste financiero derivado fundamentalmente de la nueva distribuci髇 competencial, indicando que dicha redistribuci髇 competencial y dicho reajuste financiero en ning鷑 caso podr醤 suponer una disminuci髇 en los niveles de intensidad y cobertura de las prestaciones y servicios existentes en la fecha de su entrada en vigor. Una tercera disposici髇 transitoria garantiza a las personas que ya sean usuarias del Sistema Vasco de Servicios Sociales a la entrada en vigor de la ley la conservaci髇 de los derechos que hayan adquirido, sin que la nueva regulaci髇 pueda suponer para ellas perjuicio alguno.