Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias

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Sumario

La Res. de 6 de julio de 2023, dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se constata la finalizaci髇 de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias, salvo su disposici髇 final primera (獴.O.I.C.� 7 julio).LE0000767174_20230707

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 47.1 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La COVID-19 ha desencadenado una grave emergencia de salud p鷅lica para la ciudadan韆, sociedades y econom韆s a escala mundial, elevada a pandemia internacional por la Organizaci髇 Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, planteando desde entonces importantes retos para las administraciones p鷅licas a todos los niveles. Su evoluci髇 ha resultado vertiginosa, requiriendo respuestas urgentes y de m醲ima eficacia y coordinaci髇 desde la perspectiva de la acci髇 p鷅lica de todos los niveles institucionales que operan en la Comunidad Aut髇oma de Canarias, enfrent醤donos a un contexto extremadamente complejo por las mutaciones del virus y la aparici髇 de nuevas variantes, pese a los altos 韓dices de vacunaci髇 alcanzados.

Canarias ha alcanzado el 82% de vacunaci髇 de toda su poblaci髇 en el plazo previsto, cifra establecida como id髇ea para alcanzar la llamada inmunidad de grupo que pueda frenar la propagaci髇 del virus y propiciar el regreso definitivo a la llamada nueva normalidad. Factor esencial para lograr este hito ha sido la colaboraci髇 masiva de la poblaci髇 en acogerse a esta pr醕tica preventiva, que contin鷄 a un ritmo que hace prever cotas m醩 altas de inmunizaci髇 en el corto plazo. Estos hechos, de gran relevancia, permiten afrontar la gesti髇 de la pandemia con perspectivas alentadoras que faciliten conciliar la lucha contra las dos crisis que ha provocado este virus, crisis sanitaria y crisis econ髆ica, que deben ser combatidas con medidas que, en un delicado equilibrio, permitan la recuperaci髇 y superaci髇 de los devastadores efectos de ambas.

No obstante, la virulencia y comportamiento de este pat骻eno no permite bajar la guardia, fundamentalmente por la falta de conocimiento cient韋ico derivado de la carencia de precedentes. La transmisibilidad de las cepas emergentes es cada vez m醩 r醦ida y de mayor magnitud, derivando en definitiva en un incremento del n鷐ero de casos diagnosticados y de las tasas de incidencia y posteriormente en la asistencia sanitaria. No cabe olvidar la mayor transmisibilidad de la variante 髆icron, o eventualmente de las posteriores, variante que contin鷄 en ascenso y se ha hecho dominante en casi todas las comunidades aut髇omas, incluida Canarias, como recog韆n para la variante delta, los documentos del Ministerio de Sanidad: 玍ariantes de SARS-CoV-2 de preocupaci髇 (VOC) e inter閟 (VOI) para la salud p鷅lica en Espa馻� (5� actualizaci髇, 6 de agosto de 2021) y 獳ctualizaci髇 de la situaci髇 epidemiol骻ica de las variantes de SARS-CoV-2 de preocupaci髇 (VOC) e inter閟 (VOI) en salud p鷅lica en Espa馻� (actualizaci髇 a 30 de agosto de 2021), lo que recomienda aumentar los porcentajes de cobertura vacunal, resaltando la importancia de que el mayor n鷐ero posible de personas reciba la pauta completa en el menor tiempo posible. Ejemplo, este, de lo indicado inicialmente en cuanto a la complejidad de esta crisis sanitaria mundial e in閐ita.

Tras los dos estados de alarma declarados por Reales Decretos 463/2020, de 14 de marzo, y 926/2020, de 25 de octubre, y sus respectivas pr髍rogas, la gesti髇 de la crisis ha correspondido a las comunidades aut髇omas en base a sus competencias estatutarias, haciendo uso de los instrumentos jur韉icos que el ordenamiento vigente pone a su disposici髇.

De tal modo que, finalizados los estados de alarma, la autoridad sanitaria canaria ha venido actuando amparada en las legislaciones estatal y auton髆ica de sanidad y salud p鷅lica vigentes. As�, la Ley Org醤ica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P鷅lica, que habilita de manera general e inequ韛oca a las autoridades sanitarias competentes para adoptar las medidas preventivas y de protecci髇 de la salud que se consideren necesarias en caso de riesgo producido por enfermedades de car醕ter transmisible, resultando indiscutible que la pandemia de COVID-19 ha sido provocada por un virus altamente transmisible; la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y particularmente su art韈ulo 26, que ampara la actuaci髇 de las autoridades sanitarias auton髆icas al autorizarlas para que, en caso de que exista un riesgo inminente y extraordinario para la salud, puedan adoptar las medidas preventivas que estimen necesarias, tales como la suspensi髇 del ejercicio de actividades y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas, se馻lando dicho precepto que la duraci髇 de tales medidas se fijar� para cada caso, sin perjuicio de las pr髍rogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, sin que excedan de lo que exija la situaci髇 de riesgo inminente y extraordinario que las justific�; la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud P鷅lica, cuyo art韈ulo 54 establece que compete a las administraciones p鷅licas adoptar aquellas medidas especiales y cautelares, cuando concurran motivos de especial gravedad o urgencia, en el 醡bito de sus respectivas competencias en materia de salud p鷅lica. Ninguna de estas normas, de forma absolutamente coherente con los riesgos que tratan de prevenir y combatir, limita las medidas adoptables en funci髇 de su car醕ter individualizable por referencia a una persona o grupos de personas determinables. En t閞minos similares se pronuncia el cap韙ulo II del t韙ulo II de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenaci髇 Sanitaria de Canarias.

Asimismo, no podemos olvidar la reciente Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevenci髇, contenci髇 y coordinaci髇 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dictada al amparo del art韈ulo 149.1.16� de la Constituci髇 espa駉la, que atribuye al Estado la competencia en materia de sanidad exterior, bases y coordinaci髇 general de la sanidad y legislaci髇 sobre productos farmac閡ticos, cuyas medidas ser醤 de aplicaci髇 hasta que el Gobierno del Estado declare la finalizaci髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (art韈ulo 2.3).

La sentencia del Tribunal Supremo n^o 719/2021, de 24 de mayo, fundamento jur韉ico cuarto, se plantea si el derecho a la vida y el derecho a la protecci髇 de la salud, que si bien no es un derecho fundamental puede converger con aquel en circunstancias l韒ite, y las leyes estatales que lo han desarrollado, las antes mencionadas, que no previeron circunstancias como las que estamos atravesando, permiten o no restringir el uso de otros derechos fundamentales, para concluir que la legislaci髇 sanitaria s� autoriza la limitaci髇 de determinados derechos fundamentales siempre que se den las condiciones por ella previstas.

Se馻la que el art韈ulo tercero de la Ley Org醤ica 3/1986, al hablar de las medidas 玵ue se consideren necesarias en caso de riesgo de car醕ter transmisible�, est� circunscribiendo claramente su habilitaci髇 a supuestos de enfermedades que entra馻n tal peligro. No cabe, pues, hacer uso de ella en cualquier circunstancia sino en una de la gravedad y necesidad que se desprende de su propio enunciado. Hay, pues, una precisi髇 objetiva -la existencia de una enfermedad transmisible- que constituye el contexto en el que ha de situarse el 玞ontrol de los enfermos�, el de las 玴ersonas que est閚 o hayan estado en contacto con los mismos� y el 玠el medio ambiente inmediato�. Seg鷑 se cuenten los enfermos y quienes han tenido contacto con ellos en unidades, decenas, centenas o millares y el lugar o lugares en que se encuentren, el 醡bito subjetivo y espacial de aplicaci髇 del precepto se ir� extendiendo correlativamente, pero sin que pueda llegar m醩 all� del mismo y convertirse en general.

Ahora bien, este art韈ulo, dotado de clara indeterminaci髇 final, no puede entenderse separadamente del art韈ulo 26 de la Ley 14/1986 y del art韈ulo 54 de la Ley 33/2011, ya que abordan situaciones semejantes y persiguen la misma finalidad de proteger la salud de todos en situaciones en que est� en peligro.

Nuevamente, nos encontramos con la identificaci髇 de un supuesto excepcional -el riesgo inminente extraordinario para la salud- y con una habilitaci髇 a las autoridades sanitarias, con indicaci髇 de actuaciones concretas y, adem醩, con 玪as que se consideren sanitariamente justificadas�. Por tanto, adem醩 del contexto de emergencia para la salud, exige la justificaci髇 desde el punto de vista sanitario de esas medidas. No es, como no lo es el art韈ulo tercero de la Ley Org醤ica 3/1986, una cl醬sula en blanco que apodera a la autoridad sanitaria para cualquier cosa en cualquier momento.

Y lo mismo sucede con el art韈ulo 54 de la Ley 33/2011, que 玽uelve a circunscribir el supuesto de hecho, siempre de extraordinaria gravedad y urgencia, exige motivaci髇 a la Administraci髇, contempla medidas y deja abierta la puerta a otras que, no solo han de ser id髇eas para hacer frente a esa emergencia sanitaria, sino que exige que sean temporales y proporcionadas.

Por tanto, este conjunto de preceptos ofrece suficientes precisiones, objetivas, subjetivas, espaciales, temporales y cualitativas para satisfacer la exigencia de certeza que han de tener los preceptos que fundamentan restricciones o limitaciones puntuales de derechos fundamentales y, en concreto de la libertad de circulaci髇, las cuales, de otro lado, no pueden predeterminarse siempre -ya que no han de excluirse situaciones nunca imaginadas ni, en consecuencia, previstas- y no se alejan los t閞minos reci閚 examinados del par醡etro admitido por el Tribunal Constitucional para la tipificaci髇 de sanciones, por ejemplo en su sentencia n^o 14/2021�.

En definitiva, la legislaci髇 sanitaria s� autoriza la limitaci髇 de determinados derechos fundamentales siempre que se den las condiciones previstas en la misma y que se concretan en la identificaci髇 con suficiente claridad del peligro grave para la salud p鷅lica derivado de una enfermedad transmisible que es preciso conjurar para preservar el derecho a la salud y a la vida; el establecimiento de la extensi髇 de ese riesgo desde el punto de vista subjetivo, espacial y temporal; y la justificaci髇 de la idoneidad y proporcionalidad de los medios que se establezcan. Aunque considera el Tribunal Supremo que 玥ubiera sido deseable que, en vez de a conceptos indeterminados y cl醬sulas generales, pudi閞amos acudir a una regulaci髇 espec韋ica para afrontar la pandemia que detallase cuantos extremos fueran susceptibles de precisi髇 para ofrecer la m醲ima seguridad jur韉ica�. Fundamentaci髇 jur韉ica que hace expresamente suya el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en sendos Autos n^o 252/2021, de 30 de julio (fundamento jur韉ico cuarto), y 256/2021, de 2 de septiembre (fundamento jur韉ico tercero), dictados en procedimientos de protecci髇 de derechos fundamentales n^o 234/2021 y 245/2021, respectivamente.

A tal necesidad de contar con una regulaci髇 espec韋ica obedece tambi閚 la presente ley, que persigue dotar al ordenamiento jur韉ico auton髆ico de una norma que defina espec韋icamente el r間imen jur韉ico necesario para la gesti髇 de esta pandemia in閐ita, detallando cuantos extremos sean susceptibles de precisi髇 para ofrecer la m醲ima seguridad jur韉ica, a la luz de los conocimientos y evidencias cient韋icas que se han generado en los dos a駉s que viene durando su incidencia.

II

El Gobierno de Canarias, al igual que las restantes comunidades aut髇omas, ha venido actuando sobre la base de sus competencias estatutarias en materia sanitaria -amparado en la habilitaci髇 legal contenida en la legislaci髇 estatal y auton髆ica anteriormente citada-, en protecci髇 civil, en asistencia social y en otras muchas materias implicadas en la lucha contra la pandemia.

Sin embargo, la regulaci髇 y amparo que ofrece dicha normativa representa tan solo una parte, aunque importante, del elenco de soluciones jur韉icas y de toda 韓dole, particulares o colectivas, que requiere la atenci髇 a la pandemia. Y es que tanto la problem醫ica que plantea la pandemia como la necesidad de intervenci髇 de los poderes p鷅licos auton髆icos, desde una perspectiva temporal y material, hacen necesaria y conveniente una regulaci髇 legal acorde a dichas necesidades. La indefinici髇 y los conceptos jur韉icos indeterminados puestos de manifiesto en la sentencia del Tribunal Supremo citada anteriormente, as� como la novedosa y cambiante situaci髇 sanitaria, sin precedentes hist髍icos ni cient韋icos, requieren una seguridad jur韉ica que solo puede aportar una norma con rango de ley, tarea que ya han acometido otras comunidades aut髇omas.

La ley constituye, sin duda, la herramienta m醩 eficaz, en el estricto plano jur韉ico, para ordenar el comportamiento de instituciones, agentes p鷅licos y privados y ciudadan韆, al imprimir de la mayor seguridad jur韉ica a sus relaciones. Desde esta perspectiva, la disponibilidad de una ley que establezca el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas necesarias para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias y que permita hacer frente a esta crisis sanitaria constituye un instrumento pr醕tico y de m醲ima influencia y utilidad en diferentes aspectos.

Resulta esencial la concreci髇 de la procedencia y efectividad de las medidas para garantizar que se aplican con la inmediatez indispensable que requieren las acciones de salud p鷅lica. La constataci髇 de la evoluci髇 de los indicadores epidemiol骻icos y de salud p鷅lica constituye una actuaci髇 material de la Administraci髇 p鷅lica, de averiguaci髇 y sistematizaci髇 de hechos, no susceptible de controversia jur韉ica sin comprobaciones o constataciones contradictorias, y que, cuando est� documentada en la forma y por las personas establecidas en la legislaci髇 b醩ica estatal y sectorial de sanidad y salud p鷅lica, goza de presunci髇 iuris tantum de veracidad. Sobre tales constataciones se proponen y adoptan, en su caso, las medidas legales, reglamentarias o plasmadas en actos administrativos de intervenci髇 sanitaria contra la pandemia. De poco o nada sirve una medida que, tras ser propuesta por resultar indispensable atendidos los criterios sanitarios, epidemiol骻icos o de salud p鷅lica, se demora en su aplicaci髇 en funci髇 de criterios ajenos a los que motivaron su adopci髇.

Por ello, el Derecho debe dotar de la m醲ima certeza y previsibilidad a las decisiones de la autoridad sanitaria, evitando generar inquietudes y transmitir inseguridad a la poblaci髇. En la actual situaci髇 de crisis sanitaria, la inseguridad jur韉ica cuesta vidas.

Las instituciones de la Comunidad Aut髇oma de Canarias tienen la responsabilidad, ante la situaci髇 de crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, teniendo en cuenta su prolongaci髇 en el tiempo y en uso de sus competencias estatutarias y legales, de dotar al ordenamiento jur韉ico canario de un r間imen jur韉ico claro, operativo y seguro que permita a la autoridad sanitaria actuar de manera eficaz, con la inmediatez que la adopci髇 de las medidas de contenci髇 requiere y que est� impregnado de la m醲ima certeza, previsibilidad y seguridad, optando por aquellas interpretaciones del actual marco constitucional y legal que vienen sosteniendo la pr醕tica totalidad de autoridades sanitarias y 髍ganos judiciales, que faciliten en mayor medida respuestas eficaces, seguras e inmediatas al devenir de esta crisis sanitaria.

Mientras dure la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, con mejores o peores datos epidemiol骻icos, como demuestra la evoluci髇 de la pandemia, Canarias no estar� en una situaci髇 de normalidad sino en situaci髇 de alerta sanitaria, la que corresponda en cada momento en funci髇 de la evoluci髇 epidemiol骻ica, por lo que su ordenamiento jur韉ico ha de estar preparado para afrontar esta grave situaci髇.

III

La limitaci髇 de derechos fundamentales por el legislador no necesariamente ha de hacerse por ley org醤ica, as� lo se馻la la sentencia del Tribunal Supremo n^o 719/2021, de 24 de mayo, antes mencionada. Recuerda que si bien el desarrollo de los derechos fundamentales est� reservado a esa fuente (art韈ulo 81.1 de la Constituci髇) y que el Tribunal Constitucional ha equiparado al desarrollo el establecimiento de limitaciones a los derechos fundamentales de tal intensidad que les afectan esencialmente, con car醕ter general la reserva de ley ordinaria es suficiente para regular el ejercicio de los derechos, aunque al hacerlo habr� de respetar su contenido esencial (art韈ulo 53.1 de la Constituci髇). Y establecer limitaciones puntuales de derechos, incluso fundamentales, no equivale a desarrollarlos siempre que, por las caracter韘ticas de las restricciones, no lleguen a desnaturalizarlos. Dentro de la regulaci髇 que puede hacer la ley ordinaria cabe, pues, la imposici髇 de limitaciones puntuales a los derechos fundamentales y esa reserva de ley ordinaria puede ser satisfecha tanto por la ley del Estado cuanto por las leyes que, dentro de su competencia, dicten las comunidades aut髇omas. En definitiva, no se corresponde con la Constituci髇 la afirmaci髇 de que toda limitaci髇 de un derecho fundamental ha de hacerse 鷑ica y exclusivamente por ley org醤ica (SSTC n^o 49/1999, 86/2017 y 76/2019).

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha venido aceptando que por ley org醤ica u ordinaria se permita la adopci髇 de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales sin necesidad de acudir a la excepcionalidad constitucional que implica la declaraci髇 de un estado de alarma, siempre que esta limitaci髇 est� suficientemente acotada en la correspondiente disposici髇 legal de habilitaci髇 en cuanto al supuesto y fines que persigue y que dicha limitaci髇 est� justificada en la protecci髇 de otros bienes o derechos constitucionales (STC 76/2019, de 22 de mayo).

En efecto, el art韈ulo 53.1 de la Constituci髇 establece, a prop髎ito de los derechos y libertades reconocidas en el cap韙ulo segundo del t韙ulo I, que solo por ley podr� regularse el ejercicio de tales derechos y libertades y esta en todo caso deber� respetar su contenido esencial.

Reconoce, por tanto, que dentro de cada derecho fundamental existe un contenido esencial y, por consiguiente, existir醤 tambi閚 elementos que no lo sean. Verificar el respeto a ese contenido esencial tiene, por tanto, gran relevancia. De hecho, contenido esencial y principio de proporcionalidad son dos 玪韒ites de los l韒ites� que cuentan con sustantividad propia y operan de manera cumulativa en nuestro sistema de derechos fundamentales (STC 236/2007).

La STS 719/2021, ya citada, se馻la que para comprender qu� debemos considerar contenido esencial resulta ineludible la cita de la STC 11/1981, de 8 de abril, resolviendo un recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos del Real Decreto ley 17/1977, de 4 de marzo de dicho a駉, regulador del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo, para concluir que 玡ntendemos por 玞ontenido esencial� aquella parte del contenido de un derecho sin la cual este pierde su peculiaridad, o, dicho de otro modo, lo que hace que sea recognoscible como derecho perteneciente a un determinado tipo. Es tambi閚 aquella parte del contenido que es ineludiblemente necesaria para que el derecho permita a su titular la satisfacci髇 de aquellos intereses para cuya consecuci髇 el derecho se otorga�.

L韓ea en la que se sit鷄 tambi閚 el Tribunal General de la Uni髇 Europea, que ha definido el contenido esencial de un derecho o libertad como 玪a sustancia del derecho o de la libertad de que se trate� (獵aso DenizBank A.Ş. contra consejo�, sentencia de 13 septiembre 2018) y el Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea al se馻lar que el contenido esencial de un derecho fundamental es aquella parte del mismo que no puede ser vulnerada en modo alguno, expresi髇 que toma del art韈ulo 19.2 de la Ley Fundamental de Bonn. Y una regulaci髇 no vulnera el contenido esencial cuando 玸olamente afecte a las modalidades de ejercicio de un (…) derecho, sin poner en peligro su existencia misma� (sentencia del caso 玈MW Winzersekt v. Rheinland-Pfalz�, asunto C-306/93), de manera que la garant韆 absoluta de inmunidad se ci馿 al n鷆leo esencial del derecho.

Finalmente, el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia 148/2021, de 14 de julio, a prop髎ito del examen del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaraci髇 de estado de alarma para la gesti髇 de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, ha considerado que 玭o hay que olvidar que, ante coyunturas de 玤rave riesgo, cat醩trofe o calamidad p鷅lica� (en palabras del art韈ulo 30.4 CE), la libertad de circulaci髇, como otras, podr韆 llegar a redefinirse y contraerse -incluso sin dar lugar a un estado de alarma- con arreglo a lo que el tribunal llam� tempranamente los 玪韒ites necesarios que resultan de su propia naturaleza, con independencia de los que se producen por su articulaci髇 con otros derechos�, tal y como estableci� la STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 7 (FJ 5 de la sentencia)�.

IV

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, constituye la primera norma ordinaria integral que habilita a las comunidades aut髇omas para legislar en esta materia, al dejar en el nivel estatal la coordinaci髇 y la dimensi髇 b醩ica del llamado com鷑 denominador, y permitir al legislador auton髆ico que, en ejercicio del desarrollo legislativo y ejecuci髇, plasmara la pol韙ica p鷅lica sanitaria correspondiente para poder, entre otras muchas cuestiones, atender a las situaciones en las que se produjera un riesgo grave o inminente para la salud de las personas.

Conforme a ello y, muy especialmente, con objeto de concretar la gen閞ica habilitaci髇 de la Ley Org醤ica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P鷅lica, para adoptar las medidas que se consideren necesarias para luchar contra los riesgos de transmisibilidad que hoy vivimos, al legislador canario le corresponde, conforme a la distribuci髇 constitucional de competencias, concretar el alcance de las medidas que pueden considerarse necesarias para reducir los riesgos para la salud p鷅lica, limitando de este modo el margen de discrecionalidad de la autoridad sanitaria canaria, dado que en el marco de la legislaci髇 estatal, y de acuerdo con lo establecido en los art韈ulos 141 y 19 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, corresponde a la Comunidad Aut髇oma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecuci髇 de la legislaci髇 estatal en materia de sanidad interior, que incluye, en todo caso la ordenaci髇 y la ejecuci髇 de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud p鷅lica en todos los 醡bitos, incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efecto sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia epidemiol骻ica, con la finalidad de garantizar el derecho a la protecci髇 de la salud que se reconoce a todas las personas que se encuentren en Canarias.

El r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias que se establece mediante esta ley, llamados a decaer cuando se supere la actual situaci髇 de crisis sanitaria, no constituye desarrollo frontal ni comporta restricciones que supongan limitaci髇 esencial de derecho fundamental alguno, materias constitucionalmente reservadas a ley org醤ica, sino que comporta 鷑icamente la previsi髇 de la posibilidad de modulaciones provisionales y limitadas a la forma en que ciertas personas disfrutan y hacen uso, en circunstancias muy determinadas y no generalizables, del derecho fundamental. Por tanto, es admisible constitucionalmente conforme a los criterios resultantes de la sentencia del Tribunal Constitucional 53/2002 y se dicta en ejercicio de las competencias de la Comunidad Aut髇oma de Canarias establecidas en el art韈ulo 141 del Estatuto de Autonom韆, constituyendo un desarrollo legislativo de lo establecido en la Ley Org醤ica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P鷅lica, b醩ica y susceptible, por ello, en los t閞minos y con los l韒ites que se acaban de precisar, de desarrollo por el legislador auton髆ico.

Mediante esta ley se establecen modulaciones admisibles en circunstancias determinadas y no generalizables, atendida la actual situaci髇 de crisis sanitaria, que est醤 plenamente justificadas 玡n la protecci髇 de otros derechos o bienes constitucionales�, como resulta de la habilitaci髇 contenida en la citada Ley Org醤ica 3/1986, y tal como considera necesario el Tribunal Constitucional al afirmar en la sentencia 76/2019, de 22 de mayo, que 玹oda injerencia estatal en el 醡bito de los derechos fundamentales y las libertades p鷅licas debe responder a un fin constitucionalmente leg韙imo o encaminarse a la protecci髇 o la salvaguarda de un bien constitucionalmente relevante, pues 玸i bien este Tribunal ha declarado que la Constituci髇 no impide al Estado proteger derechos o bienes jur韉icos a costa del sacrificio de otros igualmente reconocidos y, por tanto, que el legislador pueda imponer limitaciones al contenido de los derechos fundamentales o a su ejercicio, tambi閚 hemos precisado que, en tales supuestos, esas limitaciones han de estar justificadas en la protecci髇 de otros derechos o bienes constitucionales (SSTC 104/2000, de 13 de abril, FJ 8 y las all� citadas) y, adem醩, han de ser proporcionales al fin perseguido con ellas (SSTC 11/1981, FJ 5, y 196/1987, FJ 6)� (STC 292/2000, FJ 15)�.

Sentada la competencia de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, que lo que se establece no constituye desarrollo frontal ni limitaci髇 esencial de derechos fundamentales, sino 鷑icamente modulaciones provisionales y limitadas a la forma en que ciertas personas disfrutan y hacen uso, en circunstancias muy determinadas y no generalizables, del derecho fundamental y la presencia evidente de derechos y bienes constitucionales, como el derecho a la vida que impone la obligaci髇 de todas las administraciones p鷅licas para proteger la salud de la ciudadan韆, que justifican tales modulaciones, resulta necesario, y de ah� la conveniencia del desarrollo legislativo auton髆ico, dotar a la regulaci髇 del r間imen de alerta sanitaria de un r間imen que garantice que, de adoptarse, la modulaci髇 resulta id髇ea o adecuada, necesaria y proporcionada (sentencia del Tribunal Constitucional 60/2010, de 7 de octubre). Para ello, adem醩 del seguimiento e informaci髇 proporcionados por las autoridades sanitarias, esta norma concreta los indicadores o par醡etros que acreditan tales exigencias constitucionales, mediante su remisi髇 a los documentos t閏nicos que se adopten en el marco del Sistema Nacional de Salud, referencia t閏nica, objetiva y ampliamente consensuada en el 醡bito nacional, e impone, por ministerio de la ley, la adopci髇 de las medidas que pudieran proceder una vez constatada la concurrencia de los citados indicadores. De este modo, tras identificar el bien o inter閟 de relevancia constitucional, el derecho a la vida y a la protecci髇 de la salud, al cual sirve la limitaci髇 de otros bienes constitucionales, que se modula en las condiciones se馻ladas, las libertades de circulaci髇, de reuni髇 u otros derechos o libertades, quedan claramente establecidas las condiciones en que un inter閟 constitucional prevalece sobre otro, como explica la sentencia del Tribunal Constitucional 53/2002, de 27 de febrero.

Son las disposiciones con rango de ley, adem醩, las que han de prever el r間imen de las potenciales modulaciones de derechos fundamentales, habilit醤dolas, por determinadas y no generalizables que sean las circunstancias en que puedan proceder. Como ha se馻lado el Tribunal Constitucional, 玴or mandato expreso de la Constituci髇, toda injerencia estatal en el 醡bito de los derechos fundamentales y libertades p鷅licas, ora incida directamente en su desarrollo (art韈ulo 81.1 CE), o limite o condicione su ejercicio (art韈ulo 53.1 CE), precisa una habilitaci髇 legal. Esa reserva de ley a que, con car醕ter general, somete la Constituci髇 espa駉la la regulaci髇 de los derechos fundamentales y libertades p鷅licas reconocidos en su t韙ulo I, desempe馻 una doble funci髇, a saber: de una parte, asegura que los derechos que la Constituci髇 atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes; y, de otra, en un ordenamiento jur韉ico como el nuestro, en el que los jueces y magistrados se hallan sometidos nicamente al imperio de la ley� y no existe, en puridad, la vinculaci髇 al precedente (SSTC 8/1981, 34/1995, 47/1995 y 96/1996), constituye, en definitiva, el 鷑ico modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jur韉ica en el 醡bito de los derechos fundamentales y las libertades p鷅licas. Por eso, en lo que a nuestro ordenamiento se refiere, hemos caracterizado la seguridad jur韉ica como una suma de legalidad y certeza del Derecho (STC 27/1981, FJ 10)� (STC 169/2001, de 16 de julio).

La ley aprobada que ahora se dicta logra la exigencia de certeza en la potencial modulaci髇 de derechos fundamentales, en el marco de la legislaci髇 b醩ica estatal, m醩 detallada que la contenida en la legislaci髇 auton髆ica en materia de sanidad y de salud p鷅lica, que establecen una regulaci髇 gen閞ica no concebida para una crisis sanitaria como la que nos afecta hoy d韆. En t閞minos de la sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 22 de mayo, que cita la anterior sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, 玪as limitaciones del derecho fundamental establecidas por una ley 玴ueden vulnerar la Constituci髇 si adolecen de falta de certeza y previsibilidad en los propios l韒ites que imponen y su modo de aplicaci髇�, pues 玪a falta de precisi髇 de la ley en los presupuestos materiales de la limitaci髇 de un derecho fundamental es susceptible de generar una indeterminaci髇 sobre los casos a los que se aplica tal restricci髇�; 玜l producirse este resultado, m醩 all� de toda interpretaci髇 razonable, la ley ya no cumple su funci髇 de garant韆 del propio derecho fundamental que restringe, pues deja que en su lugar opere simplemente la voluntad de quien ha de aplicarla�. Y a馻de que 玡l tipo de vulneraci髇 que acarrea la falta de certeza y previsibilidad en los propios l韒ites: 玭o solo lesionar韆 el principio de seguridad jur韉ica (art韈ulo 9.3 CE), concebida como certeza sobre el ordenamiento aplicable y expectativa razonablemente fundada de la persona sobre cu醠 ha de ser la actuaci髇 del poder aplicando el Derecho (STC 104/2000, FJ 7, por todas), sino que al mismo tiempo dicha ley estar韆 lesionando el contenido esencial del derecho fundamental as� restringido, dado que la forma en que se han fijado sus l韒ites lo hacen irreconocible e imposibilitan, en la pr醕tica, su ejercicio (SSTC 11/1981, FJ 15; 142/1993, de 22 de abril, FJ 4, y 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 7)�. Es precisamente la b鷖queda de seguridad jur韉ica, certeza y previsibilidad lo que justifica esta ley.

En la actual situaci髇 de crisis sanitaria y mientras se mantenga, resulta conveniente y necesario que el legislador canario, competente ex art韈ulo 141 del Estatuto de Autonom韆, desarrolle el alcance de las limitaciones que la Ley Org醤ica 3/1986 autoriza, dotando de certeza y previsibilidad al ordenamiento jur韉ico canario, previendo los supuestos en que por directa determinaci髇 legal procede la implantaci髇 de medidas concretas, determinadas y conocidas con anterioridad a su implementaci髇 para la contenci髇 de la pandemia de COVID-19, de tal modo que la afecci髇 al derecho fundamental, expresamente amparada por lo establecido en la Ley Org醤ica 3/1986, deriva directamente, sin mediar acto constitutivo alguno de la autoridad sanitaria, del desarrollo que el legislador territorial haga de la legislaci髇 org醤ica estatal.

Ello, sin perjuicio, del potencial ejercicio por la autoridad sanitaria de su competencia, en el marco de dicha ley org醤ica, la legislaci髇 estatal y auton髆ica de sanidad y salud p鷅lica, y contando para ello con la oportuna autorizaci髇 o ratificaci髇 judicial, en los t閞minos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-Administrativa.

V

La presente ley se estructura en tres t韙ulos, con veintisiete art韈ulos, una disposici髇 adicional, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y tres finales. Asimismo, contiene tres anexos.

El t韙ulo I, dedicado a las disposiciones generales, regula en seis art韈ulos el objeto, los 醡bitos temporal y territorial, el principio general de precauci髇 y los deberes generales de colaboraci髇, cautela y precauci髇.

El t韙ulo II regula las medidas generales de prevenci髇, a trav閟 de los art韈ulos 7 a 19, contemplando tanto las que incumben a la poblaci髇 en general como las que se ponen a disposici髇 de la administraci髇 p鷅lica para la prevenci髇 de la expansi髇 del virus. El art韈ulo 7 establece el r間imen general de estas medidas, el art韈ulo 8 relaciona las principales medidas de prevenci髇 e higiene. Los art韈ulos 9, 10 y 11 desarrollan tres de estas medidas que, por su extensi髇, requieren un tratamiento espec韋ico, se trata del uso de mascarillas, la distancia interpersonal de seguridad y el r間imen de aforos. Los art韈ulos 12, 13, 14, 15 y 16 regulan las medidas puestas a disposici髇 de la administraci髇, tal es el caso del r間imen de aislamiento y cuarentena, los eventos multitudinarios, la realizaci髇 de pruebas diagn髎ticas, la realizaci髇 de cribados y la realizaci髇 del rastreo de contagios y contactos. Finaliza este t韙ulo con los art韈ulos 17, 18 y 19, dedicados respectivamente al tratamiento de datos personales, el r間imen aplicable a la inspecci髇, control y r間imen sancionador y la autorizaci髇 o ratificaci髇 judicial. El t韙ulo III se estructura en dos cap韙ulos. El primero regula el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria que se describe en los art韈ulos 20, 21 y 22, dedicados a la definici髇 de los niveles de alerta, su establecimiento y el r間imen jur韉ico de las medidas aplicables a los distintos niveles de alerta. El cap韙ulo II establece las medidas concretas aplicables en cada uno de los niveles de alerta, el art韈ulo 23 establece unas cuestiones generales aplicables a todas las medidas y niveles de alerta, el art韈ulo 24 contempla las medidas correspondientes al nivel 1, el art韈ulo 25 las relativas al nivel 2, mientras que los art韈ulos 26 y 27 contienen las aplicables a los niveles 3 y 4.

La disposici髇 adicional 鷑ica habilita a la persona titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda para acordar las modificaciones presupuestarias que agilicen la gesti髇 de los fondos destinados a paliar los efectos de la pandemia. La disposici髇 transitoria primera establece la continuidad temporal de las medidas actualmente aplicables a los centros sanitarios, educativos y sociales, as� como al transporte, hasta tanto sean modificadas o dejadas sin efecto conforme a las previsiones de esta ley. Y ello con la finalidad de disponer de un periodo de adaptaci髇 a la nueva sistem醫ica que se implanta en la gesti髇 de la crisis sanitaria. Por su parte, la disposici髇 transitoria segunda contempla la permanencia del nivel de alerta sanitaria declarado en cada isla en el momento de entrada en vigor de la ley, hasta su revisi髇 por el procedimiento previsto en el cap韙ulo I del t韙ulo III, por haber sido establecidos conforme al mismo sistema de evaluaci髇 e indicadores previsto en el art韈ulo 21, y que se encuentra contemplado en el documento de 獳ctuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisi髇 de COVID-19�, versi髇 de 22 de junio de 2021, aprobado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, si bien se aplicar醤 de forma autom醫ica las medidas previstas en el cap韙ulo II de su t韙ulo III para cada nivel de alerta sanitaria. |La disposici髇 derogatoria 鷑ica abroga las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente ley. Asimismo deroga la disposici髇 adicional segunda de la Ley 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el r間imen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevenci髇 y contenci髇 frente al COVID-19 en la Comunidad Aut髇oma de Canarias, sobre la que la Administraci髇 del Estado ha planteado una posible tacha de inconstitucionalidad, promoviendo el procedimiento previsto en el art韈ulo 33.2 de la Ley Org醤ica del Tribunal Constitucional a fin de buscar una soluci髇 a la controversia suscitada.

La disposici髇 final primera modifica el art韈ulo 28 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenaci髇 Sanitaria de Canarias, regulador de la autoridad sanitaria, que dada su antig黣dad hab韆 quedado desfasado respecto a la regulaci髇 m醩 detallada contenida en la normativa estatal posterior. Esta actualizaci髇 resulta esencial y urgente por raz髇 de seguridad jur韉ica y porque la autoridad sanitaria es uno de los ejes esenciales sobre los que pivota la gesti髇 de esta crisis sanitaria a la que se le encomiendan m鷏tiples tareas y competencias que resultan esenciales en la actual situaci髇 pand閙ica. Para corroborar esta afirmaci髇 basta con examinar las disposiciones generales que se est醤 dictando y de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se est醤 suscribiendo, que en su mayor韆 utilizan como f髍mula de atribuci髇 de tareas, funciones y competencias la referencia a la autoridad sanitaria de cada comunidad aut髇oma, por respeto a la potestad de autoorganizaci髇, por lo que resulta indispensable disponer de una estructura interna actualizada y en l韓ea con las de las restantes administraciones p鷅licas implicadas en esta tarea. Las disposiciones finales segunda y tercera contienen la habilitaci髇 al desarrollo reglamentario y la entrada en vigor.

Finalmente, la ley contiene tres anexos. El primero contiene las recomendaciones para la prevenci髇 de contagios por SARS-CoV-2, el segundo establece las medidas espec韋icas en materia de limpieza y desinfecci髇, de aforo y distancia de seguridad, aplicables a todo tipo de espacios establecimientos y actividades, mientras que el tercero contempla las medidas preventivas para establecimientos, actividades y espacios espec韋icos, aplicables a todos los niveles de alerta sanitaria. El art韈ulo 7 de la ley prev� que estos anexos puedan ser modificados por las autoridades sanitarias, imponi閚doles el deber de mantenerlos permanentemente actualizados y publicados. Se trata de una medida de agilizaci髇 para la incorporaci髇 permanente e inmediata de las recomendaciones t閏nicas y cient韋icas que se vienen produciendo habitualmente, como consecuencia de los avances que se producen en el conocimiento de esta pandemia sin precedentes.

T蚑ULO I
DISPOSICIONES GENERALES

LE0000767174_20230707 La Res. de 6 de julio de 2023, dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se constata la finalizaci髇 de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias, salvo su disposici髇 final primera (獴.O.I.C.� 7 julio).Vigencia: 8 julio 2023

T蚑ULO II
MEDIDAS GENERALES DE PREVENCI覰

LE0000767174_20230707 La Res. de 6 de julio de 2023, dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se constata la finalizaci髇 de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias, salvo su disposici髇 final primera (獴.O.I.C.� 7 julio).Vigencia: 8 julio 2023

T蚑ULO III
R蒅IMEN JUR虳ICO DE LA ALERTA SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

CAP蚑ULO I
SISTEMA DE NIVELES DE ALERTA

CAP蚑ULO II
MEDIDAS APLICABLES EN LOS DISTINTOS NIVELES DE ALERTA PARA LA PROTECCI覰 DE LA SALUD

LE0000767174_20230707 La Res. de 6 de julio de 2023, dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se constata la finalizaci髇 de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias, salvo su disposici髇 final primera (獴.O.I.C.� 7 julio).Vigencia: 8 julio 2023

DISPOSICI覰 ADICIONAL

LE0000767174_20230707 La Res. de 6 de julio de 2023, dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se constata la finalizaci髇 de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias, salvo su disposici髇 final primera (獴.O.I.C.� 7 julio).Vigencia: 8 julio 2023

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

LE0000767174_20230707 La Res. de 6 de julio de 2023, dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se constata la finalizaci髇 de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias, salvo su disposici髇 final primera (獴.O.I.C.� 7 julio).Vigencia: 8 julio 2023

DISPOSICI覰 DEROGATORIA

LE0000767174_20230707 La Res. de 6 de julio de 2023, dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se constata la finalizaci髇 de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias, salvo su disposici髇 final primera (獴.O.I.C.� 7 julio).Vigencia: 8 julio 2023

DISPOSICIONES FINALES

Primera Modificaci髇 puntual de la Ley de Ordenaci髇 Sanitaria de Canarias

Se modifica el art韈ulo 28 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenaci髇 Sanitaria de Canarias, quedando redactado en los siguientes t閞minos:

獳rt韈ulo 28 Autoridad sanitaria y agentes de la autoridad sanitaria

1. En el 醡bito de sus respectivas competencias, tienen el car醕ter de autoridad sanitaria, a todos los efectos, el Gobierno de Canarias, el consejero o consejera competente en materia de sanidad, la persona titular de la Direcci髇 del Servicio Canario de la Salud, la persona titular del centro directivo competente en materia de salud p鷅lica y las personas que ostenten las presidencias de los cabildos y las alcald韆s.

2. El personal al servicio de la autoridad sanitaria, de cualesquiera de las administraciones p鷅licas, cuando ejerza funciones de inspecci髇 sanitaria, tendr� la condici髇 de agente de la autoridad sanitaria y est� facultado, acreditando su identidad, para:

• a) Personarse y, en su caso, entrar, sin previa notificaci髇 y en cualquier momento, en todo centro o establecimiento sujeto a esta ley.
• b) Efectuar u ordenar la realizaci髇 de las pruebas, investigaciones o ex醡enes necesarios para comprobar el cumplimiento de esta ley y cuantas normas sean aplicables.
• c) Tomar y sacar muestras con objeto de comprobar el cumplimiento de la legislaci髇 aplicable.
• d) Realizar cuantas actividades sean precisas para el adecuado cumplimiento de las funciones de inspecci髇 que desarrollen, en especial, adoptar en caso de urgencia inaplazable, medidas de protecci髇 y 髍denes de ejecuci髇.

3. Como consecuencia de la inspecci髇, las autoridades sanitarias competentes podr醤 ordenar la suspensi髇 provisional, prohibici髇 de las actividades y clausura definitiva de los centros y establecimientos, por requerirlo la protecci髇 de la salud colectiva o por incumplimiento de los requisitos exigidos para su instalaci髇 y funcionamiento.

4. Las personas f韘icas o jur韉icas, asociaciones, entidades, empresas o centros p鷅licos o privados, estar醤 obligadas a consentir la realizaci髇 de visitas de inspecci髇, permitir las actuaciones descritas en el apartado 2, y en general, a dar toda clase de facilidades para ello.

5. Los hechos constatados por los agentes de la autoridad sanitaria en las actas de inspecci髇 extendidas y firmadas de acuerdo con las formalidades exigidas, as� como en los informes complementarios que realicen respecto de los hechos que hayan constatado, gozar醤 de presunci髇 de veracidad salvo prueba en contrario.

6. La autoridad sanitaria y sus agentes, en el ejercicio de sus funciones, podr醤 solicitar el apoyo, auxilio y colaboraci髇 de otros 髍ganos administrativos, funcionarios p鷅licos u otras instituciones, pudiendo incluso requerir, en caso de estricta y urgente necesidad y para el mejor cumplimiento de la legislaci髇 vigente, el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado u otros agentes de la autoridad que tengan encomendadas funciones de seguridad�.

LE0000002004_20220609

LE0000767174_20230707 La Res. de 6 de julio de 2023, dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se constata la finalizaci髇 de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias, salvo su disposici髇 final primera (獴.O.I.C.� 7 julio).Vigencia: 8 julio 2023

LE0000767174_20230707 La Res. de 6 de julio de 2023, dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se constata la finalizaci髇 de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias, salvo su disposici髇 final primera (獴.O.I.C.� 7 julio).Vigencia: 8 julio 2023

LE0000767174_20230707 La Res. de 6 de julio de 2023, dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se constata la finalizaci髇 de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias, salvo su disposici髇 final primera (獴.O.I.C.� 7 julio).Vigencia: 8 julio 2023

LE0000767174_20230707 La Res. de 6 de julio de 2023, dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se constata la finalizaci髇 de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias, salvo su disposici髇 final primera (獴.O.I.C.� 7 julio).Vigencia: 8 julio 2023

LE0000767174_20230707 La Res. de 6 de julio de 2023, dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se constata la finalizaci髇 de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias, salvo su disposici髇 final primera (獴.O.I.C.� 7 julio).Vigencia: 8 julio 2023