DECRETO 118/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y subvenciones

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• PREÁMBULO
• CAPÍTULO I. Objeto y ámbito
  • Artículo 1 Objeto
  • Artículo 2 Ámbito de aplicación
• CAPÍTULO II. Contratación de los poderes adjudicadores valencianos
  • SECCIÓN PRIMERA. Cuestiones generales
    • Artículo 3 Definición del objeto del contrato
    • Artículo 4 Inserción de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública
    • Artículo 5 Pliegos de cláusulas administrativas particulares
    • Artículo 6 Prescripciones técnicas
  • SECCIÓN SEGUNDA. Fase de selección de las empresas o entidades contratistas
    • Artículo 7 Prohibiciones de contratar
    • Artículo 8 Solvencia
    • Artículo 9 Reserva de contratos
  • SECCIÓN TERCERA. Fases de adjudicación y de ejecución del contrato
    • Artículo 10 Incorporación de criterios de responsabilidad social en la fase de adjudicación
    • Artículo 11 Criterios de desempate de carácter social en la contratación
    • Artículo 12 Condiciones especiales de ejecución del contrato
  • SECCIÓN CUARTA. Cumplimiento de los compromisos y condiciones
    • Artículo 13 Incumplimiento de la empresa o entidad contratista
    • Artículo 14 Persona responsable del contrato
    • Artículo 15 Obligación de información en caso de subrogación
    • Artículo 16 Revocación de la calificación o sello de entidad valenciana socialmente responsable
    • Artículo 17 Fomento a empresas y entidades
    • Artículo 18 Informe anual
• CAPÍTULO III. Otorgamiento de subvenciones
  • Artículo 19 Incorporación de cláusulas de responsabilidad social en las subvenciones
  • Artículo 20 Criterios de desempate en la concesión de subvenciones
  • Artículo 21 Instrumentación de exigencias y compromisos de responsabilidad social
  • Artículo 22 Comprobación del cumplimiento
  • Artículo 23 Consecuencias del incumplimiento
  • Artículo 24 Inclusión de cláusulas de responsabilidad social por los entes locales a efectos de subvenciones y ayudas autonómicas
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera Guías e instrucciones
  • Segunda Contratación de las instituciones estatutarias
  • Tercera Habilitación a la conselleria competente en materia de responsabilidad social para dictar resoluciones e instrucciones y adaptación de anexos
  • Cuarta Otras ayudas públicas
  • Quinta Contratos reservados
  • Sexta Incidencia económica en la dotación de gastos
  • Séptima Remisiones a otra normativa
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Primera Expedientes de contratación iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto
  • Segunda Adaptación de las bases reguladoras de subvenciones
• DISPOSICIÓN DEROGATORIA
  • Única Derogación normativa
• DISPOSICIÓN FINAL
  • Única Entrada en vigor
• ANEXO I. Criterios de adjudicación del contrato
• ANEXO II. Condiciones especiales de ejecución del contrato
• ANEXO III. Bienes, obras y servicios prioritarios para inclusión de criterios de adjudicación y de condiciones especiales de ejecución de carácter ambiental

Artículo 1 Objeto

1. Es objeto del presente decreto la regulación de la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública, así como en el otorgamiento de subvenciones, en el marco de las competencias de la Generalitat, todo ello en desarrollo de lo previsto en el artículo 13.4 de la Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el Fomento de la Responsabilidad Social.

2. A efectos del presente decreto, se entiende por cláusulas o criterios de responsabilidad social aquellos que establecen la inclusión de aspectos éticos, de transparencia y de política social y ambiental, en los procedimientos de contratación pública y en el otorgamiento de subvenciones.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

1. En cuanto a la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación, el presente decreto será de aplicación a la Administración de la Generalitat y a su sector público instrumental, entendiendo este en los términos definidos en el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, a las entidades integrantes de la Administración local de la Comunitat Valenciana y sus organismos públicos, a las universidades públicas valencianas y a los consorcios cuya Administración de adscripción sea alguna de las anteriores.

2. Las disposiciones de este decreto serán de aplicación a los contratos regulados por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Quedan fuera del ámbito de su aplicación la contratación de emergencia y los contratos menores, a los que, no obstante, se incorporarán condiciones especiales de ejecución siempre que sea posible.

3. En materia de subvenciones, el presente decreto será de aplicación a la Administración de la Generalitat y a su sector público instrumental.

Artículo 3 Definición del objeto del contrato

En la definición del objeto del contrato los órganos de contratación deberán tener en cuenta la dimensión social, ética o ambiental de las obras, los servicios o los suministros que necesiten contratar, haciendo mención expresa de la misma. Para ello, identificarán el objeto del contrato mediante el código CPV e incorporarán a los correspondientes documentos contractuales la relación de cláusulas o criterios de responsabilidad social a cubrir con el mismo, que deberán justificarse en el expediente de contratación. Cuando resulte pertinente se incluirán también en su definición.

Los contratos que se consideran prioritarios a efectos de inclusión de cláusulas o criterios de responsabilidad social de carácter ambiental se relacionan en el anexo III.

Artículo 4 Inserción de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública

1. Los criterios o cláusulas de responsabilidad social que puedan ser incorporados en las diferentes fases de un mismo procedimiento serán compatibles entre sí. En todo caso, y en aplicación del artículo 13.1 de la 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el Fomento de la Responsabilidad Social:

• a) En los contratos celebrados por la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, deberá incluirse obligatoriamente como mínimo un criterio de adjudicación y una condición especial de ejecución de las previstas en los anexos I y II que guarden relación con el objeto del contrato.
• b) En los contratos de las entidades integrantes de la Administración local de la Comunitat Valenciana, las universidades públicas valencianas y los consorcios adscritos a las mismas, deberá incluirse obligatoriamente como mínimo una cláusula como condición especial de ejecución de las previstas en el anexo II. Puede además incluirse como criterio de adjudicación alguna de las cláusulas que se contienen en el anexo I de este decreto.

En ambos casos, el órgano de contratación seleccionará de entre dichos criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución, los que considere adecuados, adaptándolos en función del sector de la actividad, la finalidad, la naturaleza y el contenido del contrato.

Asimismo, el órgano de contratación podrá incluir otros criterios de adjudicación u otras condiciones especiales de ejecución que sean similares a los previstos en los anexos I y II, siempre y cuando estén vinculados al objeto del contrato, justificando las razones de esa inclusión en informe motivado que se incorporará al expediente.

2. El órgano de contratación deberá tener en cuenta las peculiaridades de las PYMES en la aplicación de este decreto. A tal efecto, y en particular cuando por las condiciones del mercado pueda preverse que las ofertas vayan a formularse mayoritaria o exclusivamente por pequeñas y medianas empresas, podrán modular la aplicación a las mismas de sus previsiones, en especial las relativas a las condiciones especiales de ejecución y a los criterios sociales de valoración de las ofertas, con la finalidad de permitir el acceso efectivo de las PYMES a la contratación pública. Para ello, deberá ponderarse el número de personas trabajadoras y el volumen de negocio de las empresas, de forma que se respeten los principios de igualdad, no discriminación y proporcionalidad.

En ningún caso lo previsto en el presente apartado podrá afectar al mandato de subrogación de las relaciones laborales previsto en el artículo 13.1 de la citada Ley 18/2018.

Artículo 5 Pliegos de cláusulas administrativas particulares

1. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán las cláusulas de responsabilidad social que, como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho europeo y se indiquen en el anuncio de licitación.

2. En los contratos celebrados por la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, las entidades integrantes de la Administración local y sus organismos públicos, las universidades públicas y los consorcios adscritos a las mismas, el órgano de contratación incorporará en todo caso en los pliegos de cláusulas administrativas particulares las condiciones, obligaciones y advertencias establecidas en los apartados a, b, c, d, e y g del artículo 13.1 de la Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social, así como la obligación prevista en el artículo 13.2 de esa norma, en cumplimiento del principio de transparencia, sobre la información a consumidores y destinatarios de los productos y servicios.

En los casos en que proceda, establecerá la exigencia de que las empresas o entidades licitadoras acrediten mediante declaración responsable las obligaciones resultantes de tales condiciones.

3. Conforme al artículo 13.1.e de la Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, el anuncio de licitación deberá incluir la información relativa a la obligación de la subrogación de las personas trabajadoras en sus relaciones laborales, bien por aplicación del régimen establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, bien por la aplicación del convenio colectivo y la negociación colectiva laboral aplicable, o por cualquier acuerdo con valor de convenio suscrito al amparo del art. 83.3 del mismo.

4. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares indicarán, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.1.e de la Ley 18/2018 y en el artículo 130.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la información sobre las condiciones de los contratos de las personas trabajadoras afectadas que permita una evaluación de los costes laborales, debiendo hacer constar que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en dichos artículos.

Artículo 6 Prescripciones técnicas

1. Para el cumplimiento de las condiciones y obligaciones previstas en el artículo anterior, en los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos en que así proceda, se definirá el medio de acreditación que demuestre que los bienes o servicios objeto del contrato son productos basados en el comercio justo, de acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo [2005/2455 (INI)], o la que la sustituya, y productos ecológicos o respetuosos con el medioambiente, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, o norma equivalente que en el futuro la sustituya.

2. En los contratos en los que la solvencia técnica exigida a la empresa se base en el cumplimiento de determinadas medidas de gestión ambiental, se concretarán los medios de acreditación de dicha solvencia atendiendo al tipo de contrato.

3. En todos los contratos en que las personas físicas sean las destinatarias o usuarias, ya sea el público en general o el personal de la Administración Pública contratante, las prescripciones técnicas se redactarán de manera que se tengan en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o norma equivalente que en el futuro la sustituya.

De conformidad con el artículo 126.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, de no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia.

Sin perjuicio de lo anterior, siempre que existan requisitos de accesibilidad obligatorios adoptados por un acto jurídico de la Unión Europea, las especificaciones técnicas deberán ser definidas por referencia a esas normas en lo que respecta a los criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad/personas con diversidad funcional o el diseño para todas las personas usuarias.

4. En todos los contratos, las prescripciones técnicas incluirán la perspectiva de género, con el fin de detectar y resolver la problemática o necesidades que afecten de manera particular a las mujeres, en su caso.

Artículo 7 Prohibiciones de contratar

No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 2 del presente decreto las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

Artículo 8 Solvencia

1. Los órganos de contratación podrán incorporar criterios de responsabilidad social en la determinación de la solvencia técnica de las empresas o entidades licitadoras, cuando la especificidad y el contenido del contrato requiera para su correcta ejecución que la que resulte adjudicataria tenga experiencia acreditada en materia social, ética o ambiental, aptitudes específicas, conocimientos técnicos concretos, o bien que el personal adscrito a la ejecución del contrato cuente con una experiencia determinada en materia social, ética o ambiental o características específicas, aptitudes específicas o conocimientos técnicos concretos. Esta capacidad técnica social o ambiental y su coherencia respecto al objeto del contrato deberán justificarse en el expediente.

2. La concreción de los requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional exigidos, así como los medios admitidos para su acreditación, se determinarán por el órgano de contratación, se indicarán en el anuncio de licitación y se detallarán en los pliegos. En todo caso, para el tipo de contrato correspondiente, serán de aplicación los establecidos en los artículos 88 a91 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

Artículo 9 Reserva de contratos

1. Mediante acuerdo del órgano competente de las diputaciones provinciales, municipios de gran población, universidades públicas y consorcios antes referidos, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido.

2. En la Administración de la Generalitat y en las entidades que integran su sector público instrumental, se fijará mediante acuerdo del Consell el porcentaje mínimo de reserva, así como las condiciones y áreas de actividad de la reserva.

3. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia expresa al acuerdo de reserva. Junto con las anteriores previsiones, deberán observarse los siguientes requisitos:

• a) En todo caso, para la aplicación de esta reserva se exige que las entidades cumplan con las exigencias requeridas por su normativa de referencia, así como el porcentaje establecido en la misma de personas trabajadoras con discapacidad/diversidad funcional o en situación de exclusión social.
• b) La participación en la licitación de estas empresas exigirá declaración responsable, sin perjuicio de que en caso de resultar adjudicataria se pueda exigir la acreditación de requisitos de solvencia económica y técnica detallados en los pliegos.
• c) La calificación como reservado deberá constar en el expediente administrativo, así como indicarse en la definición del objeto y en el título del contrato.
• d) Es susceptible de reserva cualquier objeto contractual y, preferentemente, las obras de conservación y los servicios de mantenimiento y conservación de bienes inmuebles, los servicios de mensajería, correspondencia y distribución, artes gráficas, limpieza y lavandería, restauración, recogida y transporte de residuos, hostelería, servicios sociales, logística, hospedaje y turismo rural, así como los servicios y los suministros auxiliares para el funcionamiento de la Administración.

4. También se podrán reservar a determinadas organizaciones el derecho a participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud en los términos establecidos en la disposición adicional cuadragésima octava de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

Artículo 10 Incorporación de criterios de responsabilidad social en la fase de adjudicación

1. En los términos del artículo 4 de este decreto, el órgano de contratación incluirá en los pliegos de cláusulas administrativas criterios de adjudicación de carácter social, de transparencia, éticos y ambientales para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta conforme a la mejor relación calidad-precio, que integren o se refieran a las prestaciones que deban realizarse con dicho contrato en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos:

• - en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso, las obras, los suministros o los servicios, o
• - en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, aunque no pertenezcan a su parte sustancial.

2. El órgano de contratación seleccionará los criterios de adjudicación más idóneos de entre los establecidos en el anexo I. En todo caso, deben estar referidos a las ofertas de las empresas o entidades licitadoras y deben suponer una mejora en las condiciones de prestación del servicio. Los criterios deberán ser objetivos y cuantificables, y no se tendrán en cuenta en la selección de la oferta los aspectos de un criterio de adjudicación valorados en otro criterio de adjudicación.

3. Los criterios de adjudicación irán acompañados de las especificaciones y las formas de acreditación que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por las empresas o entidades licitadoras con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los mismos. En caso de duda, deberá comprobarse la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por las empresas o entidades licitadoras.

Los pliegos podrán establecer que los criterios ambientales se justifiquen con certificados expedidos por organismos públicos y privados, nacionales o internacionales, que acrediten el cumplimiento de los correspondientes criterios o estándares, o mediante la posesión de la correspondiente ecoetiqueta ecológica, sin perjuicio de otros sistemas u otros documentos que puedan demostrar el cumplimiento de los criterios.

Del mismo modo, los pliegos podrán establecer que los criterios de tipo social se acrediten mediante la posesión de la correspondiente etiqueta social, de conformidad con las especificaciones del artículo 127 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, como medio de prueba de que las obras, los servicios o suministros cumplen las características exigidas.

Asimismo, los pliegos podrán establecer que los criterios éticos se justifiquen por medio de etiquetado de comercio justo o por medio de otro tipo de herramientas distintiva reconocida por la Organización Internacional de Comercio Justo (WFTO), sin perjuicio de otros sistemas o documentos que puedan demostrar fehacientemente que se cumplen los criterios recogidos en el artículo 2 de la resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo [2005/2455 (INI)], o la que la sustituya.

Para cualquier acreditación mediante etiqueta se estará a lo previsto en el artículo 127 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

4. Las empresas o entidades propuestas como adjudicatarias deberán concretar la plantilla de personas necesarias para la ejecución del contrato y la concreción de los contratos que se compromete a celebrar. Esas personas deberán tener la capacidad profesional y personal necesarias para realizar las tareas objeto del contrato.

5. Al conjunto de los criterios de adjudicación de carácter social, de transparencia, éticos y ambientales que se incluyan se le asignará una ponderación entre el 30 % y el 45 % sobre el total del baremo. Su ponderación y puntuación deberán adaptarse al objeto, al contenido y a la finalidad del contrato, y no resultar discriminatorias, facilitando la concurrencia de las PYMES.

Excepcionalmente, en aquellos supuestos en que se contemple un solo criterio de adjudicación de esta naturaleza, la ponderación podrá ser inferior al 30 % sobre el total del baremo, sin que en ningún caso pueda ser inferior al 20 % atendiendo a las características y contenido del contrato. En este caso, el órgano de contratación deberá justificar las razones de su decisión en informe motivado que se incorporará al expediente.

Cuando se trate de criterios de responsabilidad social sujetos a valoración automática se empleará la fórmula objetiva que se considere más adecuada por el órgano de contratación, siempre que no resulte arbitraria o discriminatoria, ni conlleve márgenes desproporcionados en la puntuación entre las ofertas.

Cuando la valoración esté sujeta también a criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, se otorgará en dichos criterios la mayor puntuación a la empresa o entidad licitadora que haya presentado la mejor oferta técnica de acuerdo con el baremo fijado en los pliegos para estos criterios, siempre que no resulte arbitrario o discriminatorio, ni conlleve márgenes desproporcionados en la puntuación entre las ofertas.

Artículo 11 Criterios de desempate de carácter social en la contratación

1. Para el supuesto de que tras la aplicación de los criterios de selección de las empresas o entidades contratistas se produjera un empate de las mejores proposiciones en la puntuación final obtenida por las licitadoras, se incluirán en el pliego al menos uno de los criterios de desempate siguientes, incluidos dentro de los previstos en el artículo 147 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, siempre que se encuentren vinculados al objeto del contrato:

• a) Tendrán preferencia en la adjudicación, cuando el empate se produzca entre proposiciones de empresas y entidades que no estén legalmente obligadas a disponer de un plan de igualdad, las de aquellas empresas y entidades que, al vencimiento de la presentación de ofertas, hayan negociado con la representación legal de las personas trabajadoras si la hubiese, y hayan aprobado y tramitado la inscripción de los planes de igualdad en el registro de la Comunitat Valenciana de convenios y acuerdos colectivos de trabajo o equivalente de otras administraciones, aún no estando obligadas legalmente. Adicionalmente, se valorará que los planes de igualdad dispongan de un certificado o distintivo de carácter oficial o empresarial.
• b) Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones de las empresas que tengan la calificación de entidad valenciana socialmente responsable, obtenida en la forma establecida reglamentariamente en desarrollo del título III de la Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social.
• c) Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las proposiciones de las cooperativas que tengan la condición legal de cooperativas sin ánimo de lucro y figuren inscritas como tales en el Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana o en los Registros de Sociedades Cooperativas de otras Administraciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 del Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana, o norma equivalente que en el futuro la sustituya, o en la normativa equivalente de otras Administraciones.

2. En el establecimiento de los criterios de preferencia en la contratación de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, se deberá tener en cuenta lo dispuesto por el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad, o norma equivalente que en el futuro la sustituya.

3. La documentación acreditativa de los anteriores criterios de desempate será aportada por las empresas o entidades licitadoras en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

Artículo 12 Condiciones especiales de ejecución del contrato

1. En los términos del artículo 4 de este decreto, se seleccionarán entre las establecidas en el anexo II las condiciones especiales de ejecución del contrato que sean adecuadas a la naturaleza de la prestación a contratar, siempre atendiendo a criterios de proporcionalidad debidamente justificados, y estableciendo el modo en que deberá acreditarse su debido cumplimiento.

2. En caso de haber subcontratación de la actividad contractual, la empresa o entidad contratista deberá exigir el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución impuestas a todas las empresas con las que subcontrate, así como la acreditación de dicho cumplimiento ante el órgano de contratación, en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

3. La empresa contratista garantizará que en la ejecución del contrato todos los productos que se utilicen provengan de empresas que cumplan con las Convenciones Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

4. Con la factura final la empresa adjudicataria deberá aportar una declaración responsable de haber cumplido con todos los compromisos y condiciones especiales de ejecución que le fueran exigibles de acuerdo con la ley o con el contrato.

Artículo 13 Incumplimiento de la empresa o entidad contratista

1. El incumplimiento de la normativa social, incluyendo el convenio colectivo que sea de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato y los planes de igualdad, de los compromisos sociales y ambientales previstos en la oferta seleccionada y de aquellas prescripciones de carácter social y ambiental establecidas tanto en el pliego de condiciones administrativas particulares como en el pliego de prescripciones técnicas, podrá recogerse en los pliegos como obligación esencial y conllevará la resolución del contrato por incumplimiento de la empresa o entidad contratista, en los términos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, o alternativamente, para estos casos, la imposición de penalidades en los términos previstos en la citada ley, siempre que además se establezca como infracción grave a efectos de su artículo 71.2.c y en los términos previstos en el mismo.

2. En el caso de que se resuelva el contrato o se impongan penalidades por los motivos indicados en el apartado anterior se publicará la correspondiente resolución en el perfil del contratante una vez esta sea firme.

3. Las previsiones de los dos apartados anteriores se aplicarán cuando el incumplimiento de los compromisos resulte imputable a la actuación de la empresa o entidad subcontratista, si bien en este caso las consecuencias para la empresa o entidad contratista podrán modularse cuando hubiera comunicado con carácter previo la identidad de la empresa o entidad subcontratista al órgano de contratación y este no hubiera opuesto reparos. En estos casos el contratista podrá exonerarse si acredita que le ha resultado imposible evitar la conducta de la empresa o entidad subcontratista.

Artículo 14 Persona responsable del contrato

1. Los pliegos establecerán en todo caso que la persona responsable del contrato, o la persona designada al efecto por el órgano de contratación, deberá efectuar el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas de responsabilidad social, así como de las prescripciones de los pliegos y los compromisos asumidos en estos ámbitos, por parte de la empresa o entidad contratista y las subcontratistas. A tal efecto, la empresa o entidad contratista estará obligada a presentar, cada seis meses, un informe relativo al cumplimiento de dichas condiciones tanto por parte de ella como por parte de las entidades con las que subcontrate prestaciones del contrato, acompañado de una declaración responsable de veracidad.

2. La empresa o entidad contratista deberá además comprometerse por escrito en el momento de formalizar el contrato a permitir, a la persona responsable del contrato, el desarrollo de la actuación de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa o entidad adjudicataria, tanto respecto a las prestaciones ejecutadas directamente por la contratista como aquellas llevadas a cabo por sus subcontratistas, de conformidad con lo dispuesto en el contrato.

3. Los pliegos deberán recoger que, en caso de no presentar el informe a que alude este precepto, o en caso de falta de veracidad de este, o de obstrucción, resistencia, negativa o excusa al seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa o entidad adjudicataria de conformidad con lo dispuesto en el contrato, se podrán imponer a esta las penalidades previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para los casos de cumplimiento defectuoso del contrato.

Artículo 15 Obligación de información en caso de subrogación

El suministro completo y correcto de la información necesaria a efectos de la subrogación en los contratos de trabajo, exigida en el artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se establecerá en los pliegos de cláusulas administrativas particulares como obligación esencial del contratista a efectos de la resolución del contrato por causa imputable al mismo, sin perjuicio de que dichos pliegos establezcan, necesariamente, la imposición de penalidades en los términos de dicho precepto y sin perjuicio de las demás consecuencias establecidas en la normativa básica estatal.

Artículo 16 Revocación de la calificación o sello de entidad valenciana socialmente responsable

Cuando una empresa o entidad contratista o subcontratista que dispusiera de la calificación o sello de entidad valenciana socialmente responsable regulado en la Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social, haya incurrido en las infracciones indicadas en los artículos anteriores, de forma que con carácter firme se hayan impuesto penalidades o resuelto el contrato, se iniciará el procedimiento para la revocación del indicado reconocimiento por incumplimiento sobrevenido de los requisitos para su otorgamiento.

Artículo 17 Fomento a empresas y entidades

El Consell fomentará que las empresas o entidades contratistas y subcontratistas de la Administración, incluyan en los restantes contratos que celebren cláusulas de responsabilidad social, más allá de lo que establece este decreto.

Artículo 18 Informe anual

En relación con cada ejercicio presupuestario, las consellerias y los entes que integran el sector público instrumental de la Generalitat, remitirán a la conselleria competente en materia de responsabilidad social, antes del día 1 de marzo del año siguiente, un informe relativo a la aplicación de cláusulas o criterios sociales y medioambientales en las diferentes fases de los procedimientos de contratación y en el otorgamiento de ayudas y subvenciones.

Artículo 19 Incorporación de cláusulas de responsabilidad social en las subvenciones

1. Cuando el objeto de las subvenciones a conceder sea relevante en relación con aspectos de carácter social, de transparencia, éticos o medioambientales, deberá recogerse en la concreción de los objetivos y efectos de los planes estratégicos correspondientes.

2. Asimismo, en las bases reguladoras y en las respectivas convocatorias de subvenciones se incluirá para la ponderación y puntuación de las solicitudes, previa su adaptación, el apartado 2 del punto I del anexo I, que tendrá carácter obligatorio, y alguno o algunos de los criterios establecidos en el resto del anexo

Excepcionalmente y previa justificación en el expediente, las bases reguladoras y las respectivas convocatorias podrán no incluir estos criterios cuando de la naturaleza o del objeto de la subvención no resulte efectiva la aplicación de los mismos.

Artículo 20 Criterios de desempate en la concesión de subvenciones

1. Para el supuesto de empate de las mejores proposiciones en la puntuación final obtenida por las solicitantes, en las bases reguladoras y en las convocatorias de subvenciones destinadas a empresas o entidades se establecerán, adaptándolos, uno o varios de los criterios de desempate a que se refiere el artículo 11 del presente decreto.

2. En el establecimiento de los criterios de preferencia se deberá tener en cuenta lo dispuesto por el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad, o norma equivalente que en el futuro la sustituya.

Artículo 21 Instrumentación de exigencias y compromisos de responsabilidad social

1. En los términos previstos en este decreto, las bases reguladoras, las convocatorias y, en su caso, los convenios y resoluciones por los que se instrumente la concesión directa de las subvenciones deberán establecer compromisos específicos de carácter medioambiental, de transparencia, sociales y éticos, en la medida en que ello resulte adecuado a la naturaleza de la actividad subvencionada. En particular, cuando el gasto subvencionable se proyecte sobre adquisiciones de bienes muebles o productos, podrá exigirse que los mismos cumplan con los criterios de comercio justo y con requisitos vinculados a la sostenibilidad energética y ambiental.

2. Cuando la persona beneficiaria, en los términos del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, subcontrate con terceros la realización de parte de la actividad subvencionada, deberá exigir a dichos terceros que se comprometan por escrito a respetar la normativa ambiental y social, así como a cumplir con los compromisos sociales, de transparencia, éticos y ambientales asumidos por la persona beneficiaria.

3. Las mismas prescripciones deberán contenerse, en los mismos términos, en relación con la actuación de las entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones, lo que se instrumentará en los correspondientes convenios. En relación con dichas entidades colaboradoras, las bases reguladoras de las subvenciones podrán establecer criterios de solvencia de carácter social o medioambiental, siempre que ello resulte proporcionado y adecuado a las características de la actividad de colaboración.

En los casos en que la colaboración se hubiera instrumentado mediante un contrato, conforme al artículo 16.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se aplicarán a la entidad contratista-colaboradora las prescripciones de este decreto relativas a la contratación pública.

4. La prestación de las garantías a favor de la entidad concedente a que se refiere tanto el artículo 161.2.a) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, como los artículos 16.3.d, 17.3.j y k y 21 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, deberá cubrir asimismo el cumplimiento de dichos compromisos sociales, de transparencia, éticos y ambientales.

Artículo 22 Comprobación del cumplimiento

1. Los planes de control de las distintas líneas subvencionales regulados en el artículo 169 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, deberán comprender expresamente, dentro de las actuaciones de comprobación material y como parte del control de calidad, la verificación del cumplimiento de la normativa social y ambiental, de los compromisos de transparencia, éticos, sociales y ambientales que se hubieran establecido y de los compromisos asumidos por la persona beneficiaria.

2. A efectos de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la actividad de comprobación de las entidades colaboradoras deberá extenderse al cumplimiento de la normativa social y ambiental, de los compromisos de transparencia, éticos, sociales y ambientales establecidos y de los asumidos por la persona beneficiaria. A tal fin, el correspondiente convenio de colaboración deberá reflejar expresamente esta previsión.

La actividad de comprobación de la labor desarrollada por las entidades colaboradoras se extenderá al cumplimiento de lo indicado en este apartado.

3. Lo previsto en el artículo 16 de este decreto, relativo a la revocación de la calificación o sello de entidad valenciana socialmente responsable, será de aplicación a las personas beneficiarias y entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones a quienes por resolución firme se hubiera exigido el reintegro de la subvención, a causa del incumplimiento de la normativa ambiental o social que fuera de aplicación, de los compromisos sociales, de transparencia, éticos o ambientales establecidos o de los asumidos por la persona beneficiaria.

Artículo 23 Consecuencias del incumplimiento

1. Las bases reguladoras de las subvenciones, así como las respectivas convocatorias, deberán establecer expresamente que el incumplimiento de la normativa ambiental y social, de los compromisos asumidos por la persona beneficiaria y de los compromisos establecidos, referidos en los apartados primero y segundo del artículo 21 de este decreto, constituirá causa de reintegro de la subvención, de conformidad con el artículo 37.1.f de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

2. Esta misma previsión se aplicará en los casos en que la persona beneficiaria hubiera incumplido, en relación con todo ello, con la obligación de justificación recogida en los artículos 14.1.b y 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y cuando, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental y social, de los compromisos ambientales, de transparencia, sociales y éticos que se hubieran establecido y de los asumidos por la persona beneficiaria, se hubiera incurrido en resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de comprobación e inspección.

3. Dichos incumplimientos constituirán asimismo causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro de la subvención, en los términos del artículo 34.3, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

4. Lo previsto en este artículo será asimismo de aplicación, de conformidad con el artículo 29.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, cuando los incumplimientos se hubieran debido a la actuación de los terceros subcontratados por la persona beneficiaria.

Artículo 24 Inclusión de cláusulas de responsabilidad social por los entes locales a efectos de subvenciones y ayudas autonómicas

En los planes estratégicos de subvenciones y en las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas de la Generalitat a los entes locales, se deberá establecer como criterio de puntuación, o como requisito de participación en las convocatorias de dichas ayudas, que el ente local acredite la inclusión en los pliegos de contratación aprobados dentro del último año natural a la publicación de dichas bases reguladoras, de las cláusulas de responsabilidad social en la forma prevista en este decreto.

El establecimiento de este criterio o requisito podrá modularse para que los municipios de poca población no resulten perjudicados.

Primera Guías e instrucciones

1. La conselleria competente en materia de responsabilidad social podrá establecer las guías e instrucciones que sean precisas para la aplicación de lo dispuesto en el presente decreto.

2. Las administraciones públicas valencianas podrán continuar utilizando las guías, directrices e instrucciones existentes en el momento de la publicación del presente decreto, sin perjuicio de su adaptación al mismo cuando proceda

Segunda Contratación de las instituciones estatutarias

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3 de la Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el Fomento de la Responsabilidad Social, les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu y cualquier otra institución estatutaria de análoga naturaleza que se pueda crear en el futuro, adaptarán su contratación a lo previsto en este decreto.

Tercera Habilitación a la conselleria competente en materia de responsabilidad social para dictar resoluciones e instrucciones y adaptación de anexos

Se faculta a la conselleria competente en materia de responsabilidad social para dictar cuantas resoluciones e instrucciones procedan para el desarrollo, interpretación y aplicación de lo dispuesto en el presente decreto. Asimismo, se le faculta para modificar, por resolución, los anexos del presente decreto.

Cuarta Otras ayudas públicas

Las previsiones establecidas en este decreto en relación con las subvenciones resultarán asimismo de aplicación a otras ayudas públicas, con las necesarias adaptaciones, en la medida en que ello resulte adecuado y proporcionado al objeto y finalidad de dichas ayudas.

Quinta Contratos reservados

El Acuerdo del Consell al que se refiere el artículo 9.2 para fijar el porcentaje mínimo de reserva, así como las condiciones y áreas de actividad de la reserva, deberá adoptarse en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de este decreto. Si transcurrido este plazo el Acuerdo del Consell no se hubiera adoptado, los órganos de contratación de la Generalitat y de su sector público instrumental deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva del 7 por ciento. Este porcentaje se aplicará en la forma y en los términos previstos en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

Sexta Incidencia económica en la dotación de gastos

La aplicación y desarrollo de lo dispuesto en este decreto no tendrá incidencia alguna en la dotación de los capítulos de gasto asignados a la Generalitat y, en todo caso, deberá ser atendido con los medios personales y materiales de esta.

Séptima Remisiones a otra normativa

Las referencias o remisiones concretas y específicas que en este decreto se realizan a otras leyes o decretos, o a artículos de esas normas, se entenderán referidas a cualquier otra norma equivalente que en el futuro las sustituya.

Primera Expedientes de contratación iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto

El presente decreto se aplicará a los contratos cuyo expediente de contratación se inicie con posterioridad a su entrada en vigor, entendiéndose que han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato, y, en el caso de procedimientos negociados sin publicidad, desde la fecha de aprobación de los pliegos.

Segunda Adaptación de las bases reguladoras de subvenciones

1. Las bases reguladoras de las subvenciones se adaptarán a las previsiones de este decreto, en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

2. Las convocatorias de subvenciones estarán supeditadas a la adaptación de las respectivas bases reguladoras, para la aplicación de los criterios de responsabilidad social previstos en este decreto.

3. Lo previsto en esta disposición transitoria para las bases reguladoras y las convocatorias de subvenciones, lo será siempre con arreglo a la regulación en la materia contenida en la legislación básica estatal y en la propia de la Comunitat Valenciana.

Única Derogación normativa

Queda sin efecto el Acuerdo de 27 de marzo de 2015, del Consell, por el que se establecen directrices para la aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de la Generalitat y su sector público, así como en materia de subvenciones de la Administración de la Generalitat.

Asimismo, queda derogada cualquier norma de igual o inferior rango que contradiga lo dispuesto en el presente decreto.

LE0000549956_20150422

Única Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor a los nueve meses de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Téngase en cuenta que el artículo único del D. Ley 15/2022, de 11 de noviembre, del Consell, de modificación del D. 118/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y subvenciones («D.O.C.V.» 14 noviembre), modifica la disposición final única en los términos que figuran en el anexo, pero no figura su publicación.LE0000741438_20221115