Ley 10/2023, de 5 de abril, de bienestar para las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears

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• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
• TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
  • Artículo 1 Objeto
  • Artículo 2 Ámbito de aplicación
  • Artículo 3 Principios generales
• TÍTULO II. BIENESTAR DE LAS GENERACIONES FUTURAS
  • Artículo 4 Objetivos de bienestar
  • Artículo 5 Vinculación a los principios y a los objetivos
• TÍTULO III. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
  • Artículo 6 Evaluación de la actividad normativa
  • Artículo 7 Informe de evaluación de impacto sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras en los anteproyectos de ley de presupuestos
  • Artículo 8 Informe anual de evaluación de impacto sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras de las políticas públicas
• TÍTULO IV. COMISIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS DE LAS ILLES BALEARS
  • Artículo 9 Comisión para el bienestar de las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears
  • Artículo 10 Composición
  • Artículo 11 Régimen de incompatibilidades
  • Artículo 12 Causas de abstención y recusación
  • Artículo 13 Compensaciones económicas
  • Artículo 14 Cese de miembros de la Comisión
  • Artículo 15 Suspensión cautelar de los miembros de la Comisión
  • Artículo 16 Funcionamiento
  • Artículo 17 Funciones de la Comisión
  • Artículo 18 Financiación
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria primera Aprobación del reglamento interno de funcionamiento de la Comisión
  • Disposición transitoria segunda Información estadística
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria Normas que se derogan
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Modificación de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears
  • Disposición final segunda Vigencia y efectividad

Artículo 1 Objeto

El objeto de esta ley es velar para que las actuaciones de las instituciones públicas de las Illes Balears garanticen el bienestar ecológico, económico y social de las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

1. Esta ley es aplicable a las administraciones públicas de las Illes Balears.

2. En los términos que determina esta ley, se entienden por administraciones públicas de las Illes Balears:

• a) La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los entes que integran el sector público instrumental.
• b) Los consejos insulares y los entes públicos que dependen o están vinculados a ellos.
• c) Las administraciones locales de las Illes Balears y los entes públicos que dependen o que están vinculados a ellas.

Artículo 3 Principios generales

Son principios de esta ley los siguientes:

• 1. Principio de desarrollo sostenible, que supone:
  • a) El compromiso de que el logro de las necesidades a corto plazo no impida ni comprometa la obligación de salvaguardar las necesidades a largo plazo.
  • b) La necesidad de adoptar un enfoque integral, considerando que el impacto de una acción dirigida a potenciar uno de los objetivos de bienestar no tiene que suponer un perjuicio para la consecución de los otros.
  • c) La dotación de recursos públicos tendrá que orientarse a la consecución de los objetivos de bienestar, a efectos de prevenir problemas en su implementación y evitar medidas que supongan que estos objetivos se conviertan en deficientes o supongan una deuda pública inasumible.
• 2. Principio de participación ciudadana y transparencia: se favorecerá y se promoverá la involucración de actores diversos, tanto públicos como privados, en la consecución de los objetivos de bienestar, a efectos de asegurar una representación global de la sociedad de las Illes Balears.
• 3. Principio de precaución: pretende evitar daños graves o irreversibles de impacto ambiental, lo cual implica actuar con cautela en los casos en que no existe información suficiente sobre el impacto ambiental que puede suponer una actividad, disposición normativa o política concreta. Entre otras cosas, implica que la carencia de certeza científica o técnica no tiene que impedir tomar decisiones para prohibir o limitar actividades cuando se tienen sospechas fundamentadas de que aquellas pueden tener efectos graves o irreversibles para el medio ambiente o para la salud de las personas.
• 4. Principio de prevención: de acuerdo con el cual se adoptarán las medidas necesarias para evitar o reducir el daño ambiental. Se refiere a aquellos daños que son conocidos con certeza y que hay que evitar, puesto que los daños al medio ambiente se convierten en irreversibles y, en caso de poder repararse, las secuelas son intensas y duraderas.
• 5. Principio de dignidad de la vida: entendido como la prevalencia del derecho a una vida digna, que se fundamenta en la justicia ecosocial, la justicia climática y la justicia intergeneracional e intrageneracional, interterritorial, local y global.
• 6. Principios de ecodependencia e interdependencia: implican que se tiene que entender el territorio como una gran reserva de especies, hábitats y ecosistemas que cumplen una función esencial desde el punto de vista de sostenimiento vital y esencial de los sistemas económicos y sociales de las generaciones presentes y futuras.
• 7. Principio de diversificación: basado en la asunción de la necesidad de generar e impulsar nuevos nichos de formación, cultura, trabajo e investigación vinculados a una nueva economía plural y transformadora como base de la transición ecosocial que garantice el futuro, ante el reto de las emergencias económica, social y climática a las que tenemos que hacer frente como sociedad.
• 8. Principio del bien común: implica que la vocación del territorio tiene que ser el sostenimiento de la vida atendiendo a los potenciales y los límites que ello implica, y siempre haciendo prevalecer el bien común por encima de los intereses económicos y de mercado que atenten o vayan en detrimento del objetivo irrenunciable de garantizar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a una vivienda digna y el derecho a una renta, ahora y en el futuro.
• 9. Principio de no regresión: entendido como una obligación impuesta a las instituciones públicas para no reducir los estándares de protección ambiental.

Artículo 4 Objetivos de bienestar

De acuerdo con esta ley, los objetivos de bienestar a conseguir, ahora y para las futuras generaciones, son:

• 1. La prosperidad social colectiva, consecuencia de un sistema productivo y de consumo sostenible social y ambientalmente diversificado y bajo en carbono, que utiliza los recursos naturales de manera eficiente y sostenible. Este sistema refuerza la formación, la innovación y la cualificación profesional.
• 2. La resiliencia, entendida como el mantenimiento y la mejora del entorno natural, con una biodiversidad saludable y el mantenimiento de unos ecosistemas en funcionamiento que apoyan al equilibrio entre los aspectos económicos y ecológicos y la capacidad de adaptación al cambio.
• 3. La salud, entendida desde la concepción integral, multisectorial y amplia que se fundamenta en el bienestar físico, mental y espiritual de las personas y en las buenas condiciones ambientales.
• 4. La igualdad, como garantía de que ninguna circunstancia personal suponga una discriminación en el ejercicio de los derechos inherentes al desarrollo de los diferentes proyectos individuales y a la consecución de una vida digna.
• 5. La cohesión, entendida como cohesión interna y respeto mutuo dentro de una sociedad plural, diversa y equitativa.
• 6. La cultura, en el seno de una sociedad que promueve y protege el propio patrimonio natural y cultural y potencia el arraigo y el sentimiento de pertenencia al territorio.
• 7. La responsabilidad, entendida como la necesidad de atender y asumir la repercusión de las acciones propias en el resto del planeta, buscando una contribución positiva en el bienestar global.

Artículo 5 Vinculación a los principios y a los objetivos

Los principios y objetivos de esta ley vinculan la actividad de las entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación de esta ley. En especial, se encuentran vinculadas las actividades siguientes:

• 1. Los procedimientos de elaboración normativa.
• 2. Los planes territoriales y planes directores sectoriales.
• 3. Los contratos de obras del sector público por una cuantía igual o superior a 5.000.000 euros.
• 4. Los planes estratégicos de subvenciones a que se refiere el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, que contengan líneas cuyo presupuesto supere 1.000.000 euros.
• 5. Los proyectos que sean declarados de utilidad pública o de interés general y el proyecto industrial estratégico o de interés autonómico previsto a la normativa sectorial correspondiente.

Artículo 6 Evaluación de la actividad normativa

La perspectiva intergeneracional y la prevención de cualquier impacto negativo sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras tiene que orientar las políticas públicas. A tal efecto:

• 1. Con carácter previo a la elaboración de un anteproyecto de ley o de un proyecto de reglamento, la consulta previa a que hace referencia el artículo 55 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, sondeará el parecer de la sociedad civil sobre aquellas cuestiones de la norma o del reglamento que potencialmente pueden tener una afectación sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
• 2. Tanto en los procedimientos de elaboración normativa, a los que hace referencia el apartado 1 de este artículo, como de los planes territoriales y de los planes directores sectoriales, el órgano promotor o encargado de la tramitación incorporará un informe de evaluación de impacto sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras, que evalúe el impacto potencial y las repercusiones positivas o negativas sobre las generaciones futuras y la capacidad de estas para definir su modelo social, económico y ambiental, de acuerdo con los principios y objetivos definidos en esta ley.
• 3. La elaboración del informe se ajustará a las indicaciones detalladas a las guías elaboradas por la Comisión para el bienestar de las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears. En todo caso integrará indicadores de evaluación de la implementación de las previsiones, así como un calendario de seguimiento.

  Tanto el informe como los resultados del seguimiento serán públicos y accesibles a los ciudadanos, como mínimo, en la página web del órgano promotor y en el portal de transparencia respectivo.

• 4. En la fase de audiencia e información pública del procedimiento de elaboración normativa a que hace referencia el apartado 1 de este artículo, de los planes territoriales y de los planes directores sectoriales, el informe de evaluación de impacto se presentará a la Comisión para el bienestar de las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears para que emita su parecer motivadamente.
• 5. En caso de que la Comisión emita su parecer desfavorable, el órgano responsable de la tramitación valorará los aspectos considerados por la Comisión, susceptibles de incidir negativamente en el bienestar de las generaciones presentes y futuras, y los analizará y podrá presentar alternativas para enmendar y paliar esta circunstancia.

  En base al parecer de la Comisión y, si procede, al resultado de la consulta previa, las normas incorporarán medidas dirigidas a neutralizar su posible impacto negativo y a garantizar, en definitiva, que contribuye al bienestar presente y futuro y que no lo perjudica.

• 6. En caso de que la Comisión emita su parecer favorable a la iniciativa normativa, se incorporará al expediente de tramitación que corresponda, que continuará de acuerdo con el procedimiento habitual.

Artículo 7 Informe de evaluación de impacto sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras en los anteproyectos de ley de presupuestos

1. Las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma tienen que ser un elemento activo en la consecución de manera efectiva de los objetivos de bienestar de las generaciones presentes y futuras.

2. Las consejerías de la Administración de las Illes Balears y los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma incorporarán, en las memorias de los programas presupuestarios que se integran en los presupuestos, las actuaciones para adecuar el gasto a las necesidades específicas de las generaciones futuras con el fin de avanzar en la garantía de su bienestar. En este sentido, harán visible el impacto de los presupuestos sobre los objetivos definidos en el artículo 4 de esta ley.

Artículo 8 Informe anual de evaluación de impacto sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras de las políticas públicas

1. Las administraciones públicas de las Illes Balears remitirán a la Comisión para el bienestar de las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears, además de los informes a que hace referencia el artículo 6 de esta ley, relativo a la evaluación de la actividad normativa:

• a) Los contratos de obras del sector público por una cuantía igual o superior a 5.000.000 euros, que puedan tener efectos sobre el bienestar presente y futuro de las personas.
• b) Los planes estratégicos de subvenciones que contengan líneas cuyo presupuesto supere 1.000.000 euros, respecto a aquellos aspectos que incidan en el bienestar presente y futuro de las personas.
• c) Los proyectos que sean declarados de utilidad pública o de interés general, y los proyectos industriales estratégicos o de interés autonómico.

2. La Comisión para el bienestar de las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears, una vez analizada la información recibida, elaborará, anualmente, un informe que analice el grado de cumplimiento de los principios y objetivos de esta ley. Este informe se enviará al Parlamento de las Illes Balears.

Artículo 9 Comisión para el bienestar de las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears

1. Se crea la Comisión para el bienestar de las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears.

2. La Comisión es un órgano colegiado consultivo, independiente y de intervención necesaria en los procedimientos de elaboración normativa y de evaluación de la planificación y la actuación de las administraciones públicas de las Illes Balears, según lo que dispone esta ley.

3. La finalidad de la Comisión es velar por el bienestar de las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears. En concreto, contribuir a que los legisladores y las administraciones públicas respeten y avancen hacia los objetivos de bienestar intergeneracional en los términos definidos en esta ley.

Artículo 10 Composición

1. La Comisión estará integrada por un presidente o una presidenta, un secretario o una secretaria, y un número mínimo de 11 vocales y un máximo de 13.

2. El presidente o la presidenta de la Comisión y sus vocales serán propuestos y designados por el Parlamento de las Illes Balears, en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, y nombrados por la Presidencia de las Illes Balears.

3. El secretario o la secretaria de la Comisión será propuesto por su presidente o presidenta de entre personas que sean o hayan sido funcionarias de carrera del grupo A1 y licenciadas en derecho. Su nombramiento corresponderá también a la Presidencia de las Illes Balears.

4. Los vocales de la comisión tienen carácter técnico y multidisciplinario.

5. La propuesta de designación de los vocales obedecerá a criterios de competencia, respetará los criterios de paridad de género, de representatividad interterritorial e intergeneracional. Se acompañará de un informe justificativo de la propuesta de designación de cada uno de los expertos.

6. Los vocales serán personas expertas independientes en alguno de los siguientes ámbitos:

• a) Educación, investigación e innovación.
• b) Agroecología y soberanía alimentaria.
• c) Medio ambiente y biodiversidad.
• d) Mitigación y adaptación a la crisis climática.
• e) Justicia social.
• f) Modelo económico.
• g) Urbanismo, territorio y paisaje.
• h) Recursos hídricos y energéticos.
• i) Políticas de igualdad y género.
• j) Inmigración.
• k) Cultura.
• l) Infancia y juventud.
• m) Salud pública.

Entre las personas elegidas habrá como mínimo un representante del ámbito académico, uno de las entidades sociales y uno de las entidades en defensa del medio ambiente.

7. Los y las miembros de la Comisión serán nombrados por un periodo que coincidirá con cada legislatura parlamentaria y podrán ser elegidos o designados nuevamente para mandatos posteriores. La designación y el nombramiento de los nuevos y/o de las nuevas miembros de la Comisión determinarán el cese automático de todos los y las miembros que la integraban hasta aquel momento.

Artículo 11 Régimen de incompatibilidades

1. La condición de miembro de la Comisión es incompatible con la ocupación de los cargos siguientes:

• a) Las personas que ocupen cargos con mandato representativo.
• b) Los y las miembros del Gobierno de las Illes Balears, del Gobierno del Estado, de los órganos ejecutivos superiores de las comunidades autónomas, de los órganos de gobierno insulares y locales, de los órganos ejecutivos de las instituciones europeas y organismos internacionales, y también los altos cargos nombrados por estas o cualesquiera otras administraciones públicas.
• c) Los magistrados y las magistradas del Tribunal Constitucional.
• d) Los y las miembros del Consejo de Estado o de cualquier de los órganos consultivos de otras comunidades autónomas.
• e) Los y las miembros de la Sindicatura de Cuentas, del Tribunal de Cuentas o de cualesquiera otros órganos de fiscalización externa de las comunidades autónomas.
• f) El síndico o la síndica de Greuges, el defensor o la defensora del Pueblo, el director o la directora de la Oficina de lucha contra el fraude, o el o la titular de alguna institución equivalente de las otras comunidades autónomas.
• g) Los y las miembros en ejercicio de la carrera judicial y fiscal.
• h) Las personas que ejerzan funciones directivas en partidos políticos, centrales sindicales, organizaciones empresariales o colegios profesionales, como también las que tengan una relación laboral al servicio de estas organizaciones.
• i) Las personas que ejerzan cargos de gobierno en la Universidad.
• j) Las personas que ejerzan cargos directivos en empresas concesionarias, contratistas, arrendatarias o administradoras de obras o servicios públicos, sea cual sea su ámbito territorial.

2. Si alguno o alguna de los miembros elegidos o designados como miembro de la Comisión está incurso en una causa de incompatibilidad deberá cesar del cargo o de la actividad incompatible antes de la toma de posesión. Si este cese no se produce se entenderá que no acepta el cargo de miembro de la Comisión. En caso de incompatibilidad sobrevenida, la persona afectada deberá cesar en esta situación o presentar la renuncia al cargo de miembro de la Comisión.

Artículo 12 Causas de abstención y recusación

1. Los y las miembros de la Comisión ejercen su función con objetividad e imparcialidad, sin sujeción a ningún vínculo jerárquico ni a instrucciones de ninguna clase.

2. Los y las miembros de la Comisión se abstendrán de intervenir en la elaboración y la aprobación de los dictámenes cuando se produzca alguna de las causas de abstención previstas en la legislación vigente. También se abstendrán de intervenir en las consultas relativas a asuntos en cuya preparación o elaboración hayan participado directamente.

3. Cualquier miembro de la Comisión que esté enterado de la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior lo comunicará inmediatamente al pleno, a fin de que este, dadas las circunstancias concretas de cada caso y oído el miembro afectado, decida si se tiene que abstener del estudio y la votación del dictamen correspondiente. El pleno adoptará el acuerdo que corresponda en la misma sesión en que la cuestión se plantee, sin necesidad de ponencia previa. Los miembros afectados por posibles causas de abstención no podrán participar en el estudio, la deliberación ni la votación que lleve a cabo el pleno sobre su apreciación, y quedan vinculados por el acuerdo que este adopte.

4. Cualquier parte interesada puede promover la recusación de los y las miembros de la Comisión de conformidad con lo que prevé la legislación de procedimiento administrativo común.

Artículo 13 Compensaciones económicas

Los y las miembros de la Comisión tienen derecho a la percepción, si procede, de las indemnizaciones que establezca el reglamento interno.

Artículo 14 Cese de miembros de la Comisión

1. Los y las miembros de la Comisión cesan en su cargo por alguna de las causas siguientes:

• a) Renuncia presentada ante el presidente o la presidenta de las Illes Balears, que inmediatamente trasladará a la institución que hubiera propuesto su nombramiento.
• b) Expiración del plazo de su nombramiento.
• c) Incompatibilidad sobrevenida.
• d) Incumplimiento grave de sus funciones.
• e) Condena por delito en virtud de sentencia firme.
• f) Incapacidad declarada por decisión judicial firme.
• g) Inhabilitación para el ejercicio de cargo público y de los derechos políticos.
• h) Decisión del Parlamento, por mayoría absoluta.

2. El cese será acordado por el presidente o presidenta de las Illes Balears.

3. En los casos previstos en las letras c), d) y h) del apartado 1 anterior se requerirá preceptivamente la audiencia de la persona interesada.

4. El presidente o la presidenta de la Comisión o la persona que lo sustituya, comunicará inmediatamente el cese de los o de las miembros de la Comisión al Parlamento para que designe a sus sustitutos o substitutas.

5. En los casos de las letras a) y b) del apartado 1 de este precepto, los y las miembros de la Comisión continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se produzca una nueva designación y toma de posesión.

6. Quién ocupe la vacante de un o una miembro de la Comisión que haya cesado antes del plazo para el cual había sido elegido o designado, lo hará por el tiempo que quede para completar el mandato mencionado, sin perjuicio del derecho a ser reelegido.

Artículo 15 Suspensión cautelar de los miembros de la Comisión

1. El presidente o la presidenta de las Illes Balears, a propuesta del pleno de la Comisión mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta, y habiendo oído a la Mesa del Parlamento, puede suspender en el ejercicio del cargo cualquier miembro de la Comisión durante el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese.

2. Se producirá la suspensión cautelar automática en el caso de que se dicte una interlocutoria de procesamiento.

Artículo 16 Funcionamiento

1. El funcionamiento de la Comisión, hasta que apruebe su reglamento interno según lo previsto en la disposición transitoria primera de esta ley, se regirá por la normativa general sobre órganos colegiados.

2. Se reunirá como mínimo una vez cada trimestre.

3. La Comisión está adscrita a la consejería competente en materia de coordinación de políticas públicas. Esta consejería facilitará los recursos necesarios para su funcionamiento y no intervendrá en las decisiones de la Comisión.

Artículo 17 Funciones de la Comisión

1. Las funciones de la Comisión son:

• a) Emitir opinión sobre los informes de evaluación de impacto intergeneracional elaborados por las instituciones públicas en los procedimientos normativos, en el plazo de consultas de la Ley de buen gobierno. La opinión será favorable o desfavorable. La opinión desfavorable detallará los elementos que se considera que pueden incidir negativamente en el bienestar de las generaciones presentes y futuras y argumentará el porqué.
• b) Elaborar las guías que orientarán a las instituciones públicas en la evaluación de impacto sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras en el ejercicio de sus funciones.
• c) Elaborar el informe anual previsto en el apartado 2 del artículo 8 de esta ley, en el cual se haga balance del grado de cumplimiento de los objetivos de bienestar en el conjunto de las Illes Balears, a partir del contenido de los informes de impacto intergeneracional realizados por parte de los organismos públicos y sus particulares evaluaciones de seguimiento, así como sobre la actividad planificadora o administrativa que le sea remitida.
• d) Asesorar y formar a los organismos públicos que así lo soliciten sobre como evaluar el impacto a largo plazo de su actuación, siempre que su capacidad de trabajo se lo permita, una vez priorizada la emisión de resoluciones de valoración.
• e) En materias que no sean competencia propia de las administraciones públicas de las Illes Balears, de oficio o a petición de estas, podrá elaborar un informe valorativo en los mismos términos que para los casos previstos en el artículo 5 de esta ley, lo hará público y lo enviará a la institución competente.
• f) Cualquier otra que le sea encomendada legal o reglamentariamente.

2. Las guías a que se refiere la letra b) del apartado anterior se someterán a consulta de los consejos insulares y de la Federación de Municipios de las Illes Balears, y posteriormente a la aprobación del Consejo de Gobierno.

Artículo 18 Financiación

El Gobierno de las Illes Balears, a través de la consejería de adscripción de la Comisión, habilitará los medios humanos, materiales y económicos necesarios para el cumplimiento de lo que dispone esta ley.

A tal efecto, se realizarán las correspondientes previsiones en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Disposición transitoria primera Aprobación del reglamento interno de funcionamiento de la Comisión

La Comisión para el bienestar de las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears redactará, en el plazo de un año desde su constitución, su propio reglamento, que detallará su funcionamiento, de forma complementaria a lo que establece el artículo 16 de esta ley.

Disposición transitoria segunda Información estadística

En el primer año desde su constitución, la Comisión elaborará una propuesta de indicadores que permitan valorar las tendencias relativas a la consecución de los propósitos de esta ley y el progreso en relación al logro de los objetivos de bienestar de las generaciones presentes y futuras, y se elevará a propuesta para que el organismo autonómico encargado de la elaboración y la gestión de datos estadísticos los incorpore a su información estadística.

Disposición derogatoria Normas que se derogan

Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a las previsiones de esta ley.

Disposición final primera Modificación de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears

Se modifica el apartado 1 del artículo 59 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, referido a los informes y dictámenes preceptivos, que pasa tener el contenido siguiente:

LE0000637130_20230414

Disposición final segunda Vigencia y efectividad

Esta ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. No obstante, la regulación que se contiene en los títulos II y III produce efectos a partir del momento en que se constituya la Comisión para el bienestar de las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears, se fijen sus criterios de funcionamiento y se hayan aprobado las guías que orientarán las instituciones públicas en la evaluación de impacto sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras en el ejercicio de sus funciones que se establecen en el artículo 17 de esta ley.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.