Decreto ley 6/2024, de 31 de julio, de modificaci髇 urgente de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenaci髇 del Transporte por Carretera de Canarias

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Sumario

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 47.1 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, promulgo y ordeno la publicaci髇 del Decreto ley 6/2024, de 31 de julio, de modificaci髇 urgente de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenaci髇 del Transporte por Carretera de Canarias, ordenando a la ciudadan韆 y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I.

EL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOM覸ILES DE TURISMO: UNA REGULACI覰 CON POTENCIAL DE MEJORA

El Estatuto de Autonom韆 de Canarias atribuye a la Comunidad Aut髇oma de Canarias la competencia exclusiva sobre transportes terrestres de viajeros que transcurran 韓tegramente dentro del 醡bito del Archipi閘ago, incluyendo la regulaci髇, la planificaci髇, la gesti髇, la coordinaci髇 y la inspecci髇 de los servicios y las actividades, incluyendo el transporte urbano e interurbano y de los servicios de transporte discrecional de viajeros y mercanc韆s, el transporte tur韘tico, escolar o de menores, sanitario, funerario, de mercanc韆s peligrosas o perecederas y de otros que requieran un r間imen espec韋ico.

En uso de esta competencia se dict� la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenaci髇 del Transporte por Carretera de Canarias (LOTCC), posteriormente actualizada en diversas ocasiones. La Ley dedica su art韈ulo 4 a los principios y objetivos generales, incluyendo entre estos 鷏timos 獿a consecuci髇 de la m醲ima calidad y seguridad en la prestaci髇 de la actividad de transporte por carretera y la reducci髇 de los impactos y coste medioambiental�.

Con el paso de los a駉s la regulaci髇 de este sector no ha experimentado apenas modificaciones, aunque en el a駉 2014 se introdujeron las normas relativas al arrendamiento de veh韈ulos con conductor (VTC), condicionando las nuevas autorizaciones al n鷐ero existente de autorizaciones para el servicio de taxi y estableciendo un l韒ite al otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento con conductor ligado a una proporcionalidad fija entre estas y las autorizaciones para el servicio de taxi. No se ha acometido, sin embargo, una actualizaci髇 normativa que permitiera aproximarse mejor a la consecuci髇 de los objetivos ambientales y energ閠icos que se est醤 imponiendo como fundamentales en toda la acci髇 p鷅lica.

La aprobaci髇 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Clim醫ico y Transici髇 Energ閠ica, as� como la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de Cambio Clim醫ico y Transici髇 Energ閠ica de Canarias, impone a la actuaci髇 p鷅lica en la Comunidad Aut髇oma la observancia de una larga serie de objetivos entre los que se incluye el desarrollo sostenible, la descarbonizaci髇 de la econom韆, la protecci髇 del medio ambiente, la protecci髇 y promoci髇 de la salud p鷅lica y la accesibilidad universal. Parece llegado el momento de que estos objetivos se vayan incorporando de forma efectiva a la actividad p鷅lica en materia de transportes, y el transporte de viajeros en autom髒iles de turismo ofrece la oportunidad de intervenir normativamente para establecer una regulaci髇 que oriente la actividad particular en la direcci髇 que se considere adecuada.

II.

LA RESPUESTA: UNA REVISI覰 OBLIGADA Y URGENTE

Dentro del campo de los transportes de viajeros en autom髒iles de turismo no solo se precisa una revisi髇 de la normativa que favorezca la consecuci髇 de objetivos ambientales y energ閠icos, sino que tambi閚 concurre la necesidad de revisar los criterios para otorgar las correspondientes autorizaciones, necesidad que exige una atenci髇 urgente para dar soluci髇 a una situaci髇 no deseada.

El otorgamiento de las autorizaciones para el ejercicio de la actividad de arrendamiento de veh韈ulos con conductor se ha visto condicionada por la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea de 8 de junio de 2023 (C-50/21 - 玃restige and Limousine�) que vino a clarificar la controversia abierta por la modificaci髇 del art韈ulo 48.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci髇 de los Transportes Terrestres (LOTT), que reinstaur� la posibilidad de establecer una proporcionalidad entre el n鷐ero de licencias de taxi y el de autorizaciones para el arrendamiento de veh韈ulos con conductor (VTC).

Tambi閚 se pronunci� sobre la posibilidad de exigir una licencia o autorizaci髇 municipal, adem醩 de la autorizaci髇 auton髆ica, en el Reglamento de ordenaci髇 de la actividad de transporte urbano discrecional de viajeros con conductor en veh韈ulos de hasta nueve plazas que circula 韓tegramente en el 醡bito del 羠ea Metropolitana de Barcelona, del Consejo Metropolitano del 羠ea Metropolitana de Barcelona, de 26 de junio de 2018 que hab韆 sido impugnado.

La Sentencia se pronunci� claramente en contra de la posibilidad de establecer con car醕ter general una proporcionalidad fija 1/30 entre autorizaciones VTC y autorizaciones de taxi teniendo en cuenta unicamente criterios econ髆icos, y dej� abierta la posibilidad de que se exigieran licencias municipales con car醕ter adicional a las autorizaciones de otras administraciones para el arrendamiento de veh韈ulos con conductor.

La posici髇 del Tribunal, en cuanto a la proporcionalidad, se basa en la consideraci髇 de que no existe justificaci髇 alguna para la imposici髇 de la misma m醩 all� de la defensa de un sector contra la competencia de un servicio similar, por lo que se considera como una restricci髇 a la libertad de establecimiento vetada por el art韈ulo 49 del Tratado Fundacional de la Uni髇 Europea (TFUE). La Sentencia deja abierta, sin embargo, la posibilidad de que se establezcan restricciones 玴ara alcanzar los objetivos de buena gesti髇 del transporte, del tr醘ico y del espacio p鷅lico, as� como de protecci髇 del medio ambiente�.

Tras la publicaci髇 de la Sentencia, el Gobierno de Espa馻 aprob� el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias econ髆icas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucci髇 de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposici髇 de Directivas de la Uni髇 Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliaci髇 de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecuci髇 y cumplimiento del Derecho de la Uni髇 Europea.

El Real Decreto-ley modific� el contenido del art韈ulo 99 de la citada LOTT para introducir en los apartados 5, 6 y 7 la consideraci髇 de las variables ambientales y de gesti髇 de tr醘ico en el otorgamiento de autorizaciones VTC, sin que se modificara o suprimiera la proporcionalidad 1/30 indicada.

En la Comunidad Aut髇oma de Canarias esta materia se halla regulada en la antes citada Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenaci髇 del Transporte por Carretera de Canarias (LOTCC), que rige en todo lo relacionado con la prestaci髇 de servicios discrecionales de transporte de viajeros, entre los que se incluyen los servicios de arrendamiento de veh韈ulos con conductor y de taxi. Esta regulaci髇, en la redacci髇 dada a la misma mediante la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias, recog韆 la limitaci髇 en cuanto a la proporcionalidad del n鷐ero de autorizaciones de VTC con respecto a las autorizaciones de taxi, que fue contemplada en la legislaci髇 estatal.

La Sentencia del TJUE ha venido a cambiar radicalmente el panorama en esta materia y se hace necesario aplicar criterios que, tal como recoge la jurisprudencia europea, respondan a la consecuci髇 de 玱bjetivos de buena gesti髇 del transporte, del tr醘ico y del espacio p鷅lico, as� como de protecci髇 del medio ambiente�. Se trata de una modificaci髇 necesaria que se plantea con car醕ter excepcional y exige una atenci髇 urgente para dar soluci髇 a situaciones que se est醤 dilatando en el tiempo. Y el paso del tiempo transcurrido desde la citada sentencia, solo agrava la perentoriedad de adaptar la normativa canaria, sin que haya dejado de subsistir la necesidad de adaptar la normativa.

Adem醩 de dar cumplimiento al mandato del Tribunal Europeo, tambi閚 resulta obligado modificar la legislaci髇 vigente para dar mayor relevancia a la consecuci髇 de objetivos ambientales, energ閠icos y de utilizaci髇 de los recursos a la hora de tomar decisiones sobre los transportes discrecionales en veh韈ulos de turismo.

III.

FUNDAMENTACI覰 DEL DECRETO LEY

A la vista de los antecedentes expuestos, resulta necesario modificar el contenido de la LOTCC para establecer criterios objetivos basados en las consideraciones formuladas por el TJUE.

Al mismo tiempo, se promueve la adopci髇 pr醕tica por parte de las Administraciones P鷅licas de unos criterios basados en consideraciones ambientales, energ閠icas y de sostenibilidad que implica, adem醩, la adaptaci髇 del r間imen de funcionamiento de la actividad y la extensi髇 de requisitos equivalente a otras actividades de transporte discrecional de viajeros para convertirlos en par醡etros generales de actuaci髇 en esta materia y evitar situaciones de discriminaci髇.

Habida cuenta de la sentencia del Tribunal europeo, se ha llegado a una situaci髇 en que existe un n鷐ero muy elevado de solicitudes de autorizaciones de VTC pendientes de ultimar su tramitaci髇 administrativa o de culminar la v韆 de los recursos interpuestos, hasta el punto que su otorgamiento acumulado en un corto espacio de tiempo podr韆 suponer un importante descalabro para unos territorios insulares de alcance limitado que no est醤 necesariamente en condiciones de soportar el impacto que sobre el medio ambiente, la gesti髇 del transporte o la ocupaci髇 del espacio p鷅lico supondr韆 la entrada en funcionamiento de un n鷐ero considerable de veh韈ulos de arrendamiento con conductor. Raz髇 que justifica plenamente facultar a los cabildos insulares y ayuntamientos para que adopten criterios adicionales que tengan en cuenta sus circunstancias locales.

Se trata de una situaci髇 extraordinaria que exige actuar con urgencia para evitar que se puedan otorgar nuevas autorizaciones de VTC sin tener en cuenta los criterios que invoca la jurisprudencia europea y que ya figuran recogidos como objetivos de la acci髇 p鷅lica en el actual art韈ulo 4.2.j) de la LOTCC.

La urgencia y la necesidad de esta norma se derivan tambi閚 de la exigencia de resolver de forma extraordinaria una situaci髇 de incertidumbre jur韉ica que redunda en perjuicio no solo de los particulares que han iniciado procedimientos para acometer esta actividad, sino tambi閚 del inter閟 general que representa la existencia de un marco jur韉ico claro que permita realizar una planificaci髇 adecuada de los medios de transporte disponible en el limitado espacio territorial con que cuentan las islas del Archipi閘ago.

Por lo que se refiere al supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad, el contenido del Decreto ley se fundamenta en motivos objetivos y de oportunidad pol韙ica que requieren su aprobaci髇 inmediata. Como reiteradamente ha declarado el Tribunal Constitucional (as�, STC 61/2018, de 7 de junio, FJ 5), la adecuada fiscalizaci髇 del recurso al decreto ley requiere el an醠isis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentaci髇 expl韈ita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobaci髇 (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la existencia de una necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).

En cuanto a la definici髇 de la situaci髇 de urgencia, se ha precisado que no es necesario que tal definici髇 expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio Decreto ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. El examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la 玡xtraordinaria y urgente necesidad� siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoraci髇 conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposici髇 legal excepcional y que son, b醩icamente, los que quedan reflejados en la exposici髇 de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidaci髇, y en el propio expediente de elaboraci髇 de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).

En cuanto a la segunda dimensi髇 del presupuesto habilitante de la legislaci髇 de urgencia, concebida como conexi髇 de sentido entre la situaci髇 de necesidad definida y las medidas que en el Decreto ley se adoptan, generalmente, se ha venido admitiendo el uso del decreto ley en situaciones que se han calificado como 玞oyunturas econ髆icas problem醫icas�, para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro que subvenir a 玸ituaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones dif韈iles de prever requieran una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes� (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

Finalmente, el posible car醕ter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse, en un momento dado, en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobaci髇 de un decreto ley, lo que deber� ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3).

En consecuencia, resulta imprescindible superar la situaci髇 de incertidumbre jur韉ica y de paralizaci髇 en que se encuentra el subsector del arrendamiento de veh韈ulos con conductor en las Islas, adaptando el marco normativo al derecho europeo, e, igualmente, es necesario introducir criterios ambientales en la ordenaci髇 del transporte para atender los requerimientos impuestos por la normativa europea, estatal y auton髆ica, en particular en materia de lucha contra el cambio clim醫ico. Se trata de una necesidad extraordinaria, en cuanto resulta de la combinaci髇 de un conjunto de factores nuevos no considerados en la ordenaci髇 general del transporte por carretera, una necesidad que, adem醩, demanda una respuesta perentoria e inmediata, que el transcurso del tiempo hace cada vez m醩 acuciante, y que no puede ser atendida en condiciones razonables tramitando el cambio normativo por el procedimiento ordinario de iniciativa legislativa, ni siquiera utilizando el procedimiento de urgencia. La problem醫ica a la que debe hacerse frente constituye una necesidad que demanda una respuesta extraordinaria y urgente, lo que determina la utilizaci髇 del presente Decreto ley.

IV.

CONTENIDO DEL DECRETO LEY

Para alcanzar la finalidad expuesta se modula el n鷐ero de autorizaciones mediante la aplicaci髇 de criterios objetivos relacionados con la buena gesti髇 del transporte, del tr醘ico y del espacio p鷅lico, as� como la protecci髇 del medio ambiente.

Se a馻de un art韈ulo 79 sexies donde se fijan criterios objetivos relativos a la calidad del aire, la reducci髇 de emisiones de gases de efecto invernadero y la congesti髇 viaria. El Decreto ley incorpora tambi閚 un criterio nuevo, la 玞apacidad de carga�, que permita tener en cuenta el car醕ter insular de unos 醡bitos cuyos territorios y recursos tienen un car醕ter necesariamente finito y no pueden sostener una expansi髇 infinita de infraestructuras y servicios de transporte.

Mientras que algunos criterios relativos a la calidad del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero y la congesti髇 viaria ser醤 aplicables con car醕ter inmediato, sin precisar desarrollo normativo, se remite a una futura normativa reglamentaria para el establecimiento de criterios relativos a la capacidad de carga y la gesti髇 del transporte o del espacio p鷅lico, teniendo en cuenta, adem醩, que este tipo de criterios pueden fijarlos los cabildos insulares y ayuntamientos atendiendo a sus circunstancias locales.

El establecimiento de estos criterios objetivos no se ver� condicionado m醩 que por la finalidad que se persiga conseguir, pero su aplicaci髇 no permitir� en ning鷑 caso, que se pueda superar un da駉 ambiental superior a ciertos l韒ites. Con este fin se fijan unos l韒ites absolutos que no podr醤 superarse, por lo que se proh韇e que se otorguen nuevas autorizaciones cuando se hayan superado ciertos valores de contaminaci髇 ambiental o incumplido los objetivos de reducci髇 de gases de efecto invernadero. Estos l韒ites se basan en unos criterios objetivos aplicables con car醕ter inmediato al otorgamiento de autorizaciones.

En el texto del Decreto ley se ha optado por no introducir criterios num閞icos concretos por entender que en unos casos basta la referencia a 韓dices variables bien conocidos y en otros se trata de una materia m醩 adecuada para su tratamiento reglamentario, ya que no se considera adecuado plasmar en una norma de rango legal criterios que deben ser flexibles en el tiempo y variables seg鷑 la situaci髇 de los diversos territorios del Archipi閘ago. La rigidez de una norma con rango de ley casa mal con la posibilidad de evolucionar al comp醩 de los cambios que se produzcan en la movilidad y la evoluci髇 de la tecnolog韆.

Los l韒ites ambientales de contaminaci髇 y emisiones, as� como los relativos al uso de las v韆s p鷅licas ser醤 exigibles desde la entrada en vigor del Decreto ley, sin necesidad de esperar a la aprobaci髇 reglamentaria de otros criterios objetivos, ya que dependen solo de la aplicaci髇 de unos 韓dices ya existentes. En cuanto al resto de posibles criterios objetivos, para evitar que se produzca una situaci髇 de indefinici髇 demasiado prolongada, se establece mediante disposici髇 adicional la posibilidad de que el Gobierno de Canarias fije o desarrolle los criterios objetivos y los cabildos insulares o ayuntamientos aprueben sus criterios adicionales si lo consideran oportuno, dejando mientras tanto en suspenso, durante el plazo de un a駉, el otorgamiento de nuevas autorizaciones y la tramitaci髇 de las solicitudes de autorizaci髇 que ya hubieran sido solicitadas.

La aplicaci髇 de los nuevos criterios se exige para todas las solicitudes, independientemente de cuando hubieran sido formuladas, ya que la norma anterior, que resultar韆 aplicable en funci髇 de la fecha de solicitud, ha sido declarada como no ajustada a derecho por el Tribunal Europeo de Justicia, lo que obliga a aplicar necesariamente los nuevos criterios objetivos que se establezcan con arreglo a este Decreto ley.

Para permitir la aplicaci髇 de dicha normativa europea es precisamente para lo que se hace necesario aprobar este Decreto ley regulando los criterios objetivos relativos a la calidad del aire, la reducci髇 de emisiones de gases de efecto invernadero y la congesti髇 viaria. Se trata de fijar unas reglas claras all� donde la jurisprudencia europea ha declarado contrarias a Derecho las previamente existentes y obligado a acatar la primac韆 del derecho europeo.

La modificaci髇 de los criterios para el otorgamiento de autorizaciones de VTC obliga a plantearse algunas cuestiones conexas que llevan a modificar otros art韈ulos del texto legal en relaci髇 con los transportes discrecionales de viajeros.

En primer lugar, parece necesario admitir que el mismo esp韗itu que lleva al Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea a considerar no admisible el establecimiento de una proporcionalidad basada en criterios econ髆icos supone una restricci髇 a la competencia en favor de un tipo de servicio concreto, debe conducir tambi閚 a extender el mismo trato al resto de servicios de transporte de viajeros que puedan tener caracter韘ticas similares. Ello lleva a incorporar la consideraci髇 de las variables ambientales y de gesti髇 del transporte, tr醘ico y espacio p鷅lico al resto de servicios incluidos en el amplio marco de los transportes discrecionales de viajeros.

Con este fin se modifica el art韈ulo 81 de la LOTCC para a馻dir la consecuci髇 de los objetivos establecidos en las pol韙icas medioambientales o clim醫icas y de gesti髇 del transporte, del tr醘ico o del espacio p鷅lico a los criterios reglamentariamente establecidos para la determinaci髇 del n鷐ero de autorizaciones y licencias de taxi, que actualmente aparecen recogidos en el vigente Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi.

Adem醩 de los preceptos de car醕ter sustantivo a los que se ha hecho referencia, resulta necesario y conveniente modificar tambi閚 algunos art韈ulos de car醕ter m醩 procedimental como son los art韈ulos 7 y 8, referidos a las competencias de los cabildos insulares y de los ayuntamientos, respectivamente, con el fin de reconocerles expresamente competencias para el establecimiento de criterios objetivos que hayan de regir el otorgamiento de autorizaciones y dem醩 t韙ulos habilitantes. En el caso de los ayuntamientos, se a馻de en el art韈ulo 8 la menci髇 a la posibilidad de que establezcan criterios adicionales de car醕ter local dentro de los par醡etros establecidos en la Ley para la prestaci髇 de servicios puramente urbanos mediante veh韈ulos de arrendamiento con conductor.

Se modifica tambi閚 el art韈ulo 29 para dejar claro que el establecimiento de criterios objetivos que regulen la prestaci髇 de servicios de transporte por carretera por razones medioambientales, de gesti髇 del transporte, del tr醘ico o del espacio p鷅lico, no constituye una restricci髇 o condicionante de acceso al mercado.

En consonancia con lo que se ha expresado en relaci髇 con el servicio de taxi y la necesidad de que no se produzcan tratos discriminatorios, se considera necesario extender expresamente a todos los servicios discrecionales la posibilidad de limitar el n鷐ero de autorizaciones de acuerdo con la aplicaci髇 de los mismos criterios objetivos.

Esta posibilidad de aplicar limitaciones num閞icas y la necesidad de tener en cuenta las caracter韘ticas de los veh韈ulos a efectos ambientales, obliga a establecer una vinculaci髇 entre las autorizaciones y los veh韈ulos amparados por las mismas, de modo que, en todo momento, se conozca qu� veh韈ulos concretos se hallan destinados a los servicios discrecionales.

En aplicaci髇 del principio de no discriminaci髇 entre servicios, se aplica tambi閚 expresamente la exigencia de contrataci髇 previa de los servicios y de acreditaci髇 de la contrataci髇 por la capacidad global de los veh韈ulos.

Solo los taxis quedan fuera de estas exigencias en consideraci髇 a las obligaciones espec韋icas que se les imponen para la prestaci髇 de sus servicios, teniendo en cuenta su consideraci髇 como servicio de inter閟 p鷅lico.

El texto mantiene el r間imen de libertad de precios aplicable a los servicios de VTC pero introduce la posibilidad de establecer limitaciones a los incrementos de precios en situaciones excepcionales de alta demanda. Con ello se pretende proteger a las personas usuarias frente a posibles alzas de precios amparadas no solo en un aumento extraordinario de la demanda, sino tambi閚 en la posible situaci髇 cuasi-monopol韘tica que se genera por ausencia de oferta concurrente efectiva en determinados espacios y horarios.

Los criterios que se establezcan por razones medioambientales, de capacidad de carga, de gesti髇 del transporte, del tr醘ico o del espacio p鷅lico, por las propias caracter韘ticas de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, no ser醤 los mismos en todo el territorio auton髆ico, por lo que se establece que las autorizaciones de arrendamiento con conductor sean de 醡bito insular, si bien se permite el traslado temporal de toda o parte de la flota de veh韈ulos entre islas, as� como la prestaci髇 de servicios de forma puntual en una isla distinta a la que otorg� la autorizaci髇 cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley, por lo que no incide de forma negativa en la actividad empresarial ni se limita su actividad siempre que cumpla con los requisitos. Teniendo en cuenta que la empresa si desarrolla actividad en distintas islas podr� solicitar en esas islas la correspondiente autorizaci髇 de transportes.

Se ha recogido tambi閚 en esta modificaci髇 legal lo establecido en la Sentencia del TJUE, de 8 de febrero de 2018, que declar� contraria al derecho comunitario la exigencia de un n鷐ero m韓imo de veh韈ulos para obtener una autorizaci髇 de transporte p鷅lico. Para ello se ha eliminado esta exigencia del art韈ulo 60 de la LOTCC, y las referencias a esta exigencia en la enumeraci髇 de infracciones.

La disposici髇 transitoria primera del presente Decreto ley suspende el otorgamiento de nuevas autorizaciones de taxi y autorizaciones de arrendamiento de veh韈ulos con conductor hasta que los cabildos insulares aprueben los criterios adicionales y, en todo caso, durante el plazo m醲imo de un a駉 contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto ley. En relaci髇 a las autorizaciones de arrendamiento de veh韈ulos con conductor, esta suspensi髇 afecta tanto a las que se puedan solicitar a partir de la entrada en vigor de este Decreto ley, como a las que se han solicitado antes de su entrada en vigor, que est閚 en cualquier fase del procedimiento administrativo o pendientes de resoluci髇 de recurso administrativo, mientras que en el caso de las autorizaciones de taxi, esta suspensi髇 afecta a las que se puedan solicitar a partir de la entrada en vigor de este Decreto ley.

Esta regulaci髇 es especialmente necesaria en la Comunidad Aut髇oma de Canarias donde, dada la particularidad de cada isla, es necesario analizar distintos elementos en cada una de ellas. Y, por tanto, es necesaria la determinaci髇 de los criterios adicionales por parte de los cabildos ya que los territorios insulares cuentan con un gran n鷐ero de espacios naturales protegidos, parques nacionales y espacios declarados como reserva de la Biosfera existentes en Canarias; cobrando una especial importancia la determinaci髇 de los criterios medioambientales, de capacidad de carga, de gesti髇 del transporte, del tr醘ico o del espacio p鷅lico necesarios a tener en cuenta para la otorgamiento de esas nuevas autorizaciones. Teniendo en cuenta que las solicitudes de autorizaci髇 de arrendamiento con conductor no han quedado paralizadas, se han seguido recibiendo estas peticiones, de modo que se ha acumulado un n鷐ero considerable de expedientes. Solo en las islas de Gran Canaria y Tenerife se han presentado solicitudes de autorizaciones nuevas para un total de m醩 de 8.500 veh韈ulos VTC, frente a las 219 veh韈ulos que actualmente existen con autorizaci髇 entre esas dos islas y, por tanto, la admisi髇 de dichas autorizaciones en su totalidad puede afectar al medioambiente, a la capacidad de carga, a la gesti髇 del transporte, del tr醘ico o del espacio p鷅lico en dichas islas, si son concedidas sin atender a los nuevos criterios objetivos que se determinen, poniendo en peligro estos bienes de inter閟 p鷅lico.

La tramitaci髇 de esta reforma legislativa mediante decreto ley se considera de extraordinaria y urgente necesidad para dar soluci髇 a todas las solicitudes acumuladas, estableciendo unos criterios aplicables de forma directa, y recogiendo la posibilidad de desarrollo de criterios adicionales a los establecidos en el presente Decreto ley.

V.

COMPETENCIAS ESTATUTARIAS

El presente Decreto ley se dicta en ejercicio de las competencias de la Comunidad Aut髇oma de Canarias en materia de transportes. En concreto el Estatuto de Autonom韆 de Canarias, reconoce a la Comunidad Aut髇oma de Canarias competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y mercanc韆s por carretera, ferrocarril y cable y sobre el transporte mar韙imo que transcurra 韓tegramente dentro del 醡bito del Archipi閘ago. Esta competencia incluye, en todo caso, la regulaci髇, planificaci髇, gesti髇, coordinaci髇 e inspecci髇 de los servicios y las actividades, incluyendo el transporte urbano e interurbano y de los servicios de transporte discrecional de viajeros y mercanc韆s, el transporte tur韘tico, escolar o de menores, sanitario, funerario, de mercanc韆s peligrosas o perecederas y de otros que requieran un r間imen espec韋ico, respetando las competencias estatales sobre seguridad p鷅lica, conforme a lo dispuesto en el apartado 1.a) del art韈ulo 160 del citado Estatuto de Autonom韆.

Por otra parte, al amparo del apartado 1.c) del art韈ulo 106 del antedicho Estatuto de Autonom韆 de Canarias, corresponde a la Comunidad Aut髇oma de Canarias la competencia en materia de r間imen jur韉ico y procedimiento de las administraciones p鷅licas canarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.18.� de la Constituci髇. Esta competencia incluye, en todo caso, la aprobaci髇 de las normas de procedimiento administrativo que deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Canarias o de las especialidades de la organizaci髇 de la Administraci髇 P鷅lica canaria. Asimismo, conforme a lo indicado en el apartado 2.a) del indicado art韈ulo, corresponde a la Comunidad Aut髇oma de Canarias, con respeto a lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.18.� de la Constituci髇, el ejercicio de sus competencias en materia de procedimiento administrativo com鷑.

VI.

PRINCIPIOS DE BUENA REGULACI覰

El contenido del Decreto ley se limita a fijar las bases para el establecimiento de los criterios objetivos aplicables a las solicitudes de autorizaci髇 de arrendamiento de veh韈ulos con conductor, la modificaci髇 o aclaraci髇 de algunos aspectos relativos a esta materia y la extensi髇 de la exigibilidad de tales criterios otros servicios discrecionales, necesaria para evitar un trato discriminatorio. Existe, por consiguiente, una congruencia directa entre la situaci髇 que debe afrontarse y las medidas que se adoptan mediante la norma.

En la redacci髇 de este Decreto ley se han tenido en cuenta los principios de buena regulaci髇 establecidos en el art韈ulo 66 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias.

En concreto se han tenido en cuenta los principios de necesidad y de eficacia, dado el inter閟 general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el decreto ley el instrumento m醩 adecuado para garantizar su consecuci髇 a la mayor brevedad. La necesidad se deriva del hecho de que la modificaci髇 de la Ley 13/2007 resulte imprescindible para alcanzar la finalidad de adecuar la legislaci髇 canaria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia en la regulaci髇 de una materia de inter閟 general que no puede alterarse mediante normas de otro rango que no sea legal.

La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulaci髇 imprescindible para la consecuci髇 de los objetivos previamente mencionados, interviniendo en la actividad de los particulares o de otras Administraciones solo en la medida que resulta imprescindible para alcanzar los resultados propuestos. La regulaci髇 que se establece no va m醩 all� de lo necesario para incorporar al derecho canario los criterios a los que hace expresamente referencia la jurisprudencia del TJUE, sin imponer mayores obligaciones a los destinatarios que las necesarias para mantener la coherencia con el resto del ordenamiento jur韉ico y dotarlo de estabilidad y claridad.

Asimismo, se da cumplimiento al principio de seguridad jur韉ica en tanto la presente disposici髇 se inserta y contribuye a un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre. Se ha atendido al principio de transparencia, en la medida que el acceso al Decreto ley es factible no s髄o como norma general sino a trav閟 del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, recogiendo en esta exposici髇 los motivos y los objetivos de la norma y, finalmente, se da cumplimiento al principio de eficiencia por cuanto se evitan cargas administrativas innecesarias.

Por lo que respecta a la igualdad de g閚ero y a la expresi髇 de g閚ero, cabe resaltar que se ha dado cumplimiento, respectivamente, a la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a la Ley 2/2021, de 7 de junio, de Igualdad Social y no discriminaci髇 por raz髇 de identidad de g閚ero, expresi髇 de g閚ero y caracter韘ticas sexuales.

Este Decreto ley no contempla condiciones discriminatorias que supongan impacto negativo alguno en la igualdad de g閚ero, ni afecta negativamente a la igualdad y no discriminaci髇 por raz髇 de la identidad y expresi髇 de g閚ero o de las caracter韘ticas sexuales, por lo que dichos impactos en las personas destinatarias de la norma son totalmente positivos.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 46 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, reformado por la Ley Org醤ica 1/2018, de 5 de noviembre, en relaci髇 con lo previsto en el art韈ulo 74 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero de Obras P鷅licas, Vivienda y Movilidad, previa deliberaci髇 del Gobierno en su reuni髇 celebrada el d韆 31 de julio de 2024,

DISPONGO:

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS