Sumario

Exposici髇 de Motivos

I

La Constituci髇 Espa駉la establece, en su art韈ulo 9.2, que los poderes p鷅licos promover醤 las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover醤 los obst醕ulos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar醤 la participaci髇 de todos los ciudadanos en la vida pol韙ica, econ髆ica, cultural y social. Estos principios son reiterados por el art韈ulo 12.1 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆.

Asimismo, el art韈ulo 49 de la Ley Fundamental determina que los poderes p鷅licos realizar醤 una pol韙ica de previsi髇, tratamiento, rehabilitaci髇 e integraci髇 de las personas con deficiencias f韘icas, sensoriales y ps韖uicas, a los que prestar醤 la atenci髇 especializada que requieran y los amparar醤 especialmente para el disfrute de los derechos que en su T韙ulo primero otorga a todos los ciudadanos.

Con el fin de alcanzar los objetivos de nuestra Constituci髇 se promulg� la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integraci髇 Social de los Minusv醠idos, que signific� un avance importante en la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad de nuestro pa韘. No obstante, la coincidencia en su fecha de promulgaci髇 con la del inicio del desarrollo de los Estatutos de Autonom韆 supuso algunas dificultades en su cumplimiento por la nueva distribuci髇 de competencias administrativas en las materias que esta ley regulaba.

Por otro lado, una de las 醨eas de actuaci髇 espec韋ica de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andaluc韆, se dirige a la atenci髇 y promoci髇 del bienestar de las personas con deficiencias f韘icas, ps韖uicas y sensoriales.

El Plan Andaluz de Salud, el Plan de Servicios Sociales de Andaluc韆, el Plan de Ordenaci髇 de la Red de Centros de Atenci髇 a Personas con Discapacidad Ps韖uica, el Plan Andaluz de Formaci髇 Profesional, el Programa de Integraci髇 Escolar para el Alumnado con Discapacidad y otras actuaciones dirigidas a este colectivo han supuesto avances cualitativos y cuantitativos en la atenci髇 demandada.

Ahora bien, el panorama actual del desarrollo de todas las normas existentes en aras a la especial protecci髇 de las personas con discapacidad en Andaluc韆 hace necesario establecer en nuestra Comunidad Aut髇oma el marco adecuado que, desde una perspectiva integradora, asegure una respuesta uniforme y coordinada de todos los sistemas p鷅licos de protecci髇 social a la problem醫ica de las personas con discapacidad en base a las competencias que el Estatuto de Autonom韆 de Andaluc韆 confiere a nuestra Comunidad Aut髇oma: Sanidad, educaci髇, asistencia y servicios sociales, desarrollo comunitario, r間imen local, ordenaci髇 del territorio, urbanismo y vivienda, deporte y ocio, cultura, seguridad social, as� como autoorganizaci髇. Ha sido reivindicaci髇 del mismo movimiento asociativo, representante de este colectivo, disponer de una Ley andaluza que d� respuestas a sus necesidades.

Por 鷏timo, conviene referir que se han considerado las recomendaciones recogidas en los 鷏timos informes del Consejo Econ髆ico y Social, del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz, referentes a la situaci髇 del empleo, a la atenci髇 residencial de las personas con discapacidad, a la problem醫ica de la atenci髇 a los enfermos mentales y a las barreras arquitect髇icas, urban韘ticas, en el transporte y en la comunicaci髇 en Andaluc韆.

II

El grupo de personas con discapacidad est� integrado por una poblaci髇 heterog閚ea. Las personas con discapacidad ps韖uica, visual, auditiva o del habla, las que tienen movilidad reducida..., todas ellas se enfrentan a obst醕ulos distintos, de 韓dole diversa, que han de superarse, en cada caso, de manera diferente.

En la descripci髇, valoraci髇 y clasificaci髇 de este grupo de personas se emplean los t閞minos de deficiencia, discapacidad y minusval韆, siendo diferente el alcance de cada uno de estos t閞minos, tal como ha establecido la Organizaci髇 Mundial de la Salud.

As�, internacionalmente se viene optando por utilizar el t閞mino de 玴ersonas con discapacidad� de forma general. Por una parte, para evitar la sustantivaci髇 de los adjetivos que entra馻n las palabras 玠iscapacitado� o 玠eficiente� o 玬inusv醠ido�. Por otra parte, porque no todas las personas con deficiencia tienen discapacidad, y porque no todas las personas con discapacidad tienen minusval韆, siendo 玠iscapacidad� el t閞mino que menos connotaciones negativas alberga.

As� pues, en el texto legal se utiliza generalmente 玴ersona con discapacidad� y s髄o se habla de 玬inusval韆� cuando sea obligado por las derivaciones legales que conlleva.

III

En materia de salud se hace hincapi� en la Ley en aquellos aspectos de la prevenci髇, asistencia sanitaria y rehabilitaci髇 m閐ico-funcional que, referidos a las personas con discapacidad, son susceptibles de mayor desarrollo, tales como la atenci髇 infantil temprana.

En materia de educaci髇 se recogen las l韓eas generales de atenci髇 a los alumnos con necesidades educativas especiales. Se contempla el uso de sistemas de comunicaci髇 alternativos y medios t閏nicos que faciliten los procesos de ense馻nza, aprendizaje y evaluaci髇, al igual que las necesarias adaptaciones del puesto escolar.

En el 醨ea de integraci髇 laboral se subraya la necesidad de adecuar la Formaci髇 Profesional Ocupacional a las necesidades de estas personas, as� como de incentivar las medidas de fomento de empleo en el mercado ordinario de trabajo, sobre todo las que significan una primera inserci髇 laboral.

En lo que se refiere al acceso a la Funci髇 P鷅lica, se reserva un cupo no inferior al 3 por 100 del conjunto de las plazas vacantes de las ofertas de empleo p鷅lico para las personas con discapacidad, con objeto de que progresivamente se alcance el 2 por 100 de los efectivos reales de la Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 y de las entidades locales.

El T韙ulo V, referido a los servicios sociales, contiene los diferentes niveles de atenci髇 que este sistema presta a las personas con discapacidad, los servicios sociales comunitarios y los servicios sociales especializados, integrando en 閟tos la red de centros extendida por toda Andaluc韆 y regulando expresamente los derechos y deberes de sus usuarios.

La Administraci髇 de la Junta de Andaluc韆 queda comprometida a impulsar la creaci髇 de entidades tutelares que garanticen la atenci髇 a las personas legalmente incapacitadas, as� como a promover programas sociales sustitutivos del cumplimiento de penas de privaci髇 de libertad en centros penitenciarios a personas con minusval韆 ps韖uica.

En materia de protecci髇 econ髆ica se da un gran avance al configurar como prestaciones de derecho las prestaciones no peri骴icas de car醕ter individual que cubren necesidades espec韋icas a las personas con discapacidad, de forma que desaparece el car醕ter de graciabilidad que hasta ahora ven韆n ostentando.

Asimismo, se complementan las prestaciones existentes con una nueva, la ayuda de habilitaci髇 profesional, que viene a cubrir las necesidades de un sector de la poblaci髇 que, no obteniendo el grado de minusval韆 suficiente para obtener otro tipo de prestaciones econ髆icas, s� necesita una ayuda que, condicionada a la realizaci髇 de un programa de habilitaci髇 profesional, les capacite para su posible inserci髇 laboral.

En materia de ocio, cultura y deporte se hace la distinci髇 entre la necesaria integraci髇 del colectivo de personas con discapacidad en las actuaciones destinadas a toda la poblaci髇 y, en su caso, la atenci髇 a las caracter韘ticas individuales de estas personas.

El T韙ulo VII, referido a la accesibilidad urban韘tica, arquitect髇ica, en el transporte y la comunicaci髇, contempla por primera vez en el panorama legislativo andaluz las normas para hacer accesible la comunicaci髇 a las personas con discapacidad visual, auditiva, mot髍ica o de otra 韓dole.

El T韙ulo VIII establece los necesarios mecanismos de coordinaci髇 para garantizar la adecuada ejecuci髇 de las diferentes prestaciones establecidas en la ley y crea el Consejo Andaluz de Atenci髇 a las Personas con Discapacidad como instrumento asesor de las administraciones p鷅licas en esta materia.

Asimismo, prev� la constituci髇 de un fondo destinado a financiar las actuaciones dirigidas a la supresi髇 de barreras.

Finalmente, el T韙ulo IX regula el r間imen sancionador, en el que se hace especial referencia a aquellos aspectos derivados del incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y eliminaci髇 de barreras arquitect髇icas, urban韘ticas y en el transporte, cuesti髇 閟ta muy reivindicada por el movimiento asociativo.