Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía

Artículo 48 Naturaleza y funciones de la inspección

1. A los efectos de asegurar el efectivo derecho a la vivienda que se establece en la presente ley y, en particular, evitar la situación de viviendas deshabitadas, la Consejería con competencia en materia de vivienda desarrollará las funciones inspectoras correspondientes.

2. Las funciones inspectoras están atribuidas al Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, que ejercerá sus funciones en los términos establecidos en el Decreto 225/2006, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía, o norma que lo sustituya.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 49 Planificación y programación

La Inspección planificará y programará su actuación según objetivos generales o particulares, en atención a su ámbito competencial material y territorial. Anualmente elaborará una memoria de actividad de la que dará cuenta al Parlamento de Andalucía y que deberá estar publicada en la página web de la Consejería competente en materia de vivienda, sin perjuicio de otros medios de publicidad para su consulta por parte de la ciudadanía andaluza

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

LE0000620488_20180509Artículo 49 redactado por el apartado cuatro del artículo primero de la L [ANDALUCÍA] 1/2018, 26 abril, por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, mediante la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y se modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo («B.O.J.A.» 8 mayo).Vigencia: 9 mayo 2018

Artículo 50 Criterios generales de planificación

Serán criterios generales, tanto para la elaboración del Plan de Inspección como para su ejecución y desarrollo, los que, sin constituir prelación y sin tener carácter limitativo, se enumeran a continuación:

• a) La repercusión de las infracciones en la demanda habitacional.
• b) La potencial incidencia de las prácticas o mecanismos inmobiliarios en el acceso a la vivienda por suponer restricción en las existencias de viviendas.
• c) El grado de incidencia de las prácticas de retención de viviendas que potencialmente restrinjan el acceso a las viviendas deshabitadas a consecuencia de la no incorporación de las mismas al mercado inmobiliario de venta o arrendamiento.
• d) El grado de lesión a la función social de la propiedad como consecuencia de una posible posición de dominio, en todo o en parte, del mercado inmobiliario.
• e) La trascendencia o repercusión jurídica, social y económica de los asuntos objeto de la actuación.
• f) El efecto de prevención general y especial que se pretenda obtener con la actuación inspectora.
• g) La consideración territorial de las actuaciones a desarrollar en atención al déficit y demanda habitacional.
• h) Beneficio económico obtenido o perseguido por las infracciones en materia de vivienda.
• i) Criterios de índole temporal que prioricen la actuación en el tiempo en evitación de la prescripción de infracciones o caducidad de procedimientos.
• j) Las determinaciones de carácter subjetivo por su especial incidencia en las prácticas que impidan el uso del stock de viviendas deshabitadas mediante su acumulación.
• k) Factores locativos que aconsejen la intervención de la Administración con objeto de atender a las necesidades de acceso a la vivienda en consideración con las previsiones existentes en materia de vivienda protegida.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 51 Plan de Inspección en materia de vivienda

1. Las actuaciones inspectoras se adecuarán al Plan de Inspección, que será aprobado mediante orden de la persona titular de la Consejería con competencia en materia de vivienda y elaborado a partir de las propuestas que a tal efecto realicen los órganos directivos, centrales y periféricos y entidades instrumentales con incidencia en este ámbito competencial.

2. El Plan tendrá carácter reservado, sin perjuicio de la publicidad de los criterios en los que se inspire y de las líneas genéricas de la actuación inspectora.

3. El Plan contendrá los criterios sectoriales, territoriales, cuantitativos o de cualquier otro tipo, así como orden de prioridades que vayan a servir para seleccionar los ámbitos, objetivos, inmuebles y viviendas objeto de las actuaciones inspectoras, así como la determinación, aproximada o concreta, del tipo y número de estas que deban realizarse.

4. El Plan tendrá una vigencia máxima de dos años, prorrogable por una anualidad.

5. El Plan se compondrá, al menos, de:

• a) Una memoria justificativa de las necesidades de intervención a través de la técnica de planificación y expresiva del diagnóstico de necesidades habitacionales en el ámbito de su vigencia temporal.
• b) Las directrices generales y estratégicas, mediante la determinación de las áreas de atención prioritaria y criterios básicos de desarrollo.
• c) Los criterios que prioricen la actuación de la Administración en atención a las anteriores directrices generales.
• d) La delimitación de los ámbitos geográficos y materiales de actuación.
• e) La determinación de los objetivos en el periodo de vigencia.
• f) La descripción de los programas que instrumentarán la planificación durante su vigencia.
• g) La afección de los medios materiales y económicos para la consecución de los objetivos previstos en el Plan.
• h) Los puntos de control y seguimiento, así como los indicadores de cumplimiento.
• i) La especificación de su periodo de vigencia.
• j) La indicación de las posibles actuaciones preparatorias o previas que contribuyan a determinar los objetivos y prioridades de la actividad inspectora.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 52 Infracciones

Son infracciones en materia de vivienda todas las acciones u omisiones tipificadas como tales por la presente ley, sin perjuicio de las especificaciones que puedan efectuarse por reglamento, dentro de los límites establecidos por la legislación vigente en materia sancionadora.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 53 Clasificación de las infracciones

1. Son infracciones muy graves:

• a) No dar efectiva habitación a la vivienda en los términos establecidos en el artículo 25, siempre que el titular de la misma sea una persona jurídica, bien en régimen de pleno dominio, bien como titular de una participación mayoritaria en un condominio sobre la misma. Igual determinación rige para las sociedades irregulares.
  El Pleno del TC, por Providencia de 14 de enero 2014, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 7357-2013, contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 y se introducen los artículos 25 y 53.1.a) en la presente Ley 1/2010, de 8 de marzo, y disposición adicional primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso —18 de diciembre de 2013—, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros («B.O.E.» 17 enero 2014). Téngase en cuenta que el Pleno del TC por Auto de 8 de abril de 2014 ha acordado mantener la suspensión del citado artículo 1 («B.O.E.» 23 abril 2014).LE0000520916_20140117Recurso de inconstitucionalidad núm. 7357-2013 (contra el art. 1 y Disposición Adicional Primera de la L 4/2013 de 1 Oct. CA Andalucía, medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda) LE0000528040_20140423Recurso de inconstitucionalidad n.º 7357-2013 (contra art. 1 de nueva redacción de art. 1.3 e introducción de arts. 25 y 53.1.a) en Ley 1/2010 de 8 Mar. y disposición adicional primera de Ley 4/2013 de 1 Oct. de Andalucía)
• b) Arrendar, transmitir o ceder el uso de inmuebles para su destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad, según lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley y demás normativa aplicable.
• c) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación previsto en el artículo 17.2 de esta ley si supone un riesgo para la seguridad de las personas o un incumplimiento de un programa previo de rehabilitación forzosa, de acuerdo con lo señalado en los artículos 18 y 19.
• d) La inexactitud en los documentos o certificaciones que sean necesarios para obtener una resolución administrativa con reconocimiento de derechos económicos, de protección o de habitabilidad, con el fin de obtener un acto favorable a los infractores o a terceros, de eludir una orden de ejecución u otro acto no favorable a las personas interesadas, o bien para la obtención de medidas de fomento en los términos de los artículos 9, 17, 18, 19 y 42 y siguientes.
• e) Incumplir los agentes o agencias inmobiliarias las obligaciones y los requisitos para el ejercicio de su actividad, establecidos en esta Ley y sus normas de desarrollo, en su actividad mediadora relacionada con la vivienda
  LE0000620488_20180509Letra e) del número 1 del artículo 53 introducida por el apartado cinco del artículo primero de la L [ANDALUCÍA] 1/2018, 26 abril, por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, mediante la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y se modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo («B.O.J.A.» 8 mayo).Vigencia: 9 mayo 2018

2. Son infracciones graves:

• a) Arrendar, transmitir o ceder el uso de inmuebles para su destino a vivienda incumpliendo condiciones de habitabilidad, según lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley y demás normativa aplicable.
• b) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación previsto en el artículo 17.2 de esta ley si supone una afectación grave de las condiciones de habitabilidad de los edificios.
• c) La reiteración, una vez advertida la infracción, ante la negativa a suministrar datos a la Administración o ante la obstrucción a las funciones de información, control o inspección, conforme se dispone en los artículos 27, 28, 29 y 30. A estos efectos, se entiende igualmente por obstrucción la remisión de información o la aportación de datos o documentos de forma inexacta si ello incide en el ejercicio de las potestades de inspección o en la constatación, calificación o graduación de la infracción.
• d) Hacer publicidad u ofertas de vivienda sin haber suscrito la correspondiente nota de encargo
  LE0000620488_20180509Letra d) del número 2 del artículo 53 redactada por el apartado seis del artículo primero de la L [ANDALUCÍA] 1/2018, 26 abril, por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, mediante la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y se modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo («B.O.J.A.» 8 mayo).Vigencia: 9 mayo 2018
• e) No comunicar a la Administración competente la concurrencia de hechos sobrevenidos que supongan una modificación de la situación económica o circunstancias de otra índole que hayan sido tenidas en cuenta para ser beneficiaria de las medidas de fomento reguladas en los artículos 9 y 42 y siguientes.

3. Son infracciones leves:

• a) Incumplir el deber de conservación y rehabilitación si supone una afectación leve de las condiciones de habitabilidad de los edificios, según se previene en el artículo 3.
• b) Negarse a suministrar datos a la Administración u obstruir o no facilitar las funciones de información, control o inspección, conforme a lo dispuesto en los artículos 27, 28, 29 y 30 de esta ley. A estos efectos, se entiende por obstrucción, igualmente, la remisión de información o la aportación de datos o documentos de forma inexacta, o con incumplimiento de plazos, si ello incide en el ejercicio de las potestades de inspección o en la constatación, calificación o graduación de la infracción.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 54 Sujetos responsables

1. Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción en materia de vivienda, cuando resulten responsables de los mismos, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado.

2. No obstante, no habrá lugar a responsabilidad por infracción en materia de vivienda en los siguientes supuestos:

• a) Cuando concurra fuerza mayor.
• b) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma.
• c) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar, sin perjuicio de la obligación de restauración o indemnización que, en su caso, haya de exigirse a su representante legal, a resultas de la comisión de la infracción.

3. Si la infracción administrativa se imputa a una persona jurídica, pueden ser consideradas responsables las personas que ejerzan la administración de hecho o de derecho y las personas físicas que integran los correspondientes organismos rectores o de dirección, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente régimen jurídico. En todo caso, las personas jurídicas serán responsables de las infracciones administrativas cometidas en nombre o por cuenta de las mismas y, en su provecho, por sus representantes legales y las personas que ejerzan la administración de hecho o de derecho.

4. Las sanciones por infracciones cometidas por las sociedades y entidades disueltas se transmitirán a quienes sucedan a las mismas en los términos previstos en la legislación reguladora de aquellas.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 55 Responsables solidarios

1. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infracción determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración al pago de la sanción.

2. Si el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las disposiciones legales en materia de vivienda corresponde a varias personas físicas o jurídicas conjuntamente, todas ellas responden de forma solidaria de las infracciones que cometan y de las sanciones que se les impongan.

3. Si en la instrucción de un procedimiento sancionador no es posible delimitar las responsabilidades individuales, estas deben determinarse solidariamente.

4. Igualmente, responderán solidariamente del pago de las sanciones en materia de vivienda:

• a) Los partícipes o cotitulares de herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de proceder al reparto de la sanción, de conformidad con la individualización de la misma, en proporción a sus respectivas participaciones.
• b) Las entidades, personas físicas o jurídicas que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de las viviendas o en el ejercicio de explotaciones o actividades económicas, cuando la transmisión de la titularidad se produzca con el fin de eludir el cumplimiento de las obligaciones en esta materia establecidas en las leyes o de eludir la responsabilidad en el orden sancionador.
• c) Quienes sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos de los interesados con la finalidad de impedir la actuación de la Administración en el ejercicio de las potestades reguladas en esta ley.
• d) Quienes se encuentren en otros supuestos de solidaridad normativamente establecidos.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 56 Responsables subsidiarios

Serán responsables subsidiarios de las infracciones en materia de vivienda las siguientes personas o entidades:

• a) Quienes ejerzan la administración de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo estas cometido infracciones, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de vivienda, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.
• b) Quienes ejerzan la administración de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su cumplimiento o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del incumplimiento. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.
• c) Las entidades que, por sus participaciones en el capital o por cualquier otro medio, controlen o dirijan la actividad de la responsable principal, salvo que deban ser consideradas directamente autoras de la infracción. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.
• d) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con estas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones en materia de vivienda. La responsabilidad se extenderá a las sanciones de dichas personas jurídicas.
• e) Las demás personas o entidades que, conforme a supuestos normativamente establecidos, hayan de responder de esta forma.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 57 Muerte o extinción de las personas jurídicas o entidades responsables de las infracciones

1. La muerte de la persona física extingue su responsabilidad por las infracciones previstas en el artículo 53, sin perjuicio de que la Administración adopte las medidas no sancionadoras que procedan en los términos previstos en la legislación sectorial que corresponda.

2. Si la persona jurídica o entidad autora de una infracción prevista en esta ley se extinguiera antes de ser sancionada, se considerarán autores a las personas físicas que, en sus órganos de dirección o actuando a su servicio o por ellas mismas, determinaron con su conducta la comisión de la infracción.

3. En caso de extinción de la persona jurídica responsable, los socios o partícipes en el capital responderán solidariamente, y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado, del pago de la sanción.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 58 Medidas aplicables

1. Todas las conductas que presuntamente supongan una vulneración de las disposiciones de la presente ley sujetas a sanción deben dar lugar al inicio de diligencias dirigidas a averiguar la identidad de las personas jurídicas o entidades presuntamente responsables, los hechos y las circunstancias del caso concreto para determinar si son constitutivas de infracción administrativa. Una vez instruidas las diligencias, el órgano competente puede resolver el archivo, la incoación del procedimiento sancionador o, si procede, la adopción de medidas.

2. Son medidas de reconducción las multas coercitivas no sancionadoras. Son medidas sancionadoras la imposición de sanciones y la inhabilitación de los infractores para participar en promociones de vivienda de protección pública o en actuaciones de edificación o rehabilitación con financiación pública.

3. Si la infracción genera daños y perjuicios a la Administración, el procedimiento sancionador debe acompañarse de la evaluación de dichos daños y perjuicios, para obtener su resarcimiento a cargo de las personas responsables de la actuación sancionada.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 59 Otras medidas no sancionadoras

1. La Administración competente, con independencia de la acción sancionadora, puede imponer de forma reiterada y consecutiva multas coercitivas, hasta un máximo de tres, cuando transcurran los plazos señalados para llevar a cabo una acción u omisión u obligación de hacer o de no hacer previamente requerida, en lo que se refiere a las obligaciones de información y colaboración reguladas en esta ley.

2. La cuantía de cada una de las multas no debe superar, para la primera multa coercitiva, el 20% de la multa sancionadora establecida para el tipo de infracción cometida; el 30%, para la segunda multa coercitiva, y el 40%, para la tercera multa coercitiva, y en todas ellas por una cuantía mínima de mil euros. El importe de las multas coercitivas queda inicialmente afectado al pago de los gastos que genere la posible ejecución subsidiaria de la orden incumplida, sin perjuicio de la repercusión del coste total de la misma a quien lo incumpla.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 60 Criterios para la graduación de las sanciones

En la imposición de las sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley, debe guardarse la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.

Deben tenerse en cuenta, en particular, los siguientes criterios:

• a) Si hay intencionalidad.
• b) La naturaleza o trascendencia de los perjuicios causados tanto a la Administración como a las personas usuarias de las viviendas.
• c) La reincidencia por la comisión en el plazo de un año de más de una infracción, si así ha sido declarado por resolución firme en vía administrativa o judicial.
• d) Los beneficios económicos obtenidos como consecuencia de la infracción.
• e) La repercusión social de los hechos.
• f) La generalización de la infracción.
• g) El grado de participación en la comisión o en la omisión.
• h) A los efectos de lo dispuesto en el artículo 53.1.a), la titularidad de tres o más viviendas deshabitadas constituirá circunstancia agravante y determinará la imposición de la sanción en su cuantía máxima por cada una de aquellas viviendas.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 61 Cuantía de las sanciones

1. Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de hasta nueve mil euros. Las infracciones graves se sancionan con una multa de hasta seis mil euros. Las infracciones leves se sancionan con una multa de hasta tres mil euros. En ningún caso pueden imponerse multas inferiores a mil euros.

2. Cuando las infracciones afecten a varias viviendas, aunque pertenezcan a la misma promoción, podrán imponerse tantas sanciones como infracciones se hayan cometido respecto de cada vivienda cuando la conducta infractora sea individualizada en relación con viviendas concretas.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 62 Sanciones accesorias

1. A quienes incurran en las infracciones graves o muy graves previstas en la presente ley se podrán imponer, además, las siguientes sanciones accesorias:

• a) La inhabilitación de la persona jurídica o entidad infractora para promover o participar en promociones de viviendas protegidas o en actuaciones de edificación o rehabilitación con financiación pública durante el plazo máximo de tres años, en los supuestos de infracciones graves, o de seis años, en los supuestos de infracciones muy graves.
• b) Para las infracciones graves o muy graves, la pérdida de la condición de Agencia de Fomento del Alquiler o de entidad intermediaria homologada como agente colaborador a los efectos de esta ley, conforme a la norma de homologación que resulte de aplicación.

2. Podrá levantarse la inhabilitación en caso de que los infractores hayan reparado la infracción objeto de la resolución sancionadora.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 63 Reducción de la sanción

1. En los supuestos previstos en las letras a), b) y c) del artículo 53.1, las letras a) y b) del artículo 53.2 y la letra a) del artículo 53.3, si la o las personas jurídicas o entidades infractoras procedieran a la restitución del bien jurídico protegido por los tipos infractores relacionados en los artículos especificados, podrá practicarse una reducción de un 50% a un 80% de la sanción que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador, pudiendo procederse, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya se hubiera satisfecho.

2. En el supuesto de haberse practicado la reducción de la sanción a que se refiere el apartado anterior, la impugnación o reclamación de la resolución sancionadora supondrá la exigencia del importe de la reducción practicada sin más requisito que la notificación de tal circunstancia, computándose a partir de esta notificación los plazos para su ingreso en periodo voluntario.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 64 Destino de las multas impuestas

Las cantidades que se exijan como consecuencia de las multas impuestas con carácter sancionador se ingresarán en el patrimonio público de suelo de la Administración actuante para su destino, con carácter finalista, a la financiación de políticas públicas que fomenten la efectividad del derecho a la vivienda.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 65 Prescripción de las infracciones

1. Los plazos de prescripción de las infracciones administrativas tipificadas por la presente ley son de cuatro años para las muy graves, de tres años para las graves y de dos años para las leves. Dichos plazos empiezan a contar desde que la infracción se haya cometido. En el caso de que se trate de infracciones continuadas, el cómputo del plazo de prescripción se inicia cuando ha finalizado el último acto con el que se consuma la infracción.

2. Los plazos se interrumpen:

• a) Si se lleva a cabo cualquier actuación administrativa que conduzca a la iniciación, tramitación o resolución del procedimiento sancionador, realizada con conocimiento formal de la persona inculpada o encaminada a averiguar su identidad o domicilio, y que se practique con proyección externa a la dependencia en que se origine. No interrumpe la prescripción la notificación de las actuaciones administrativas con carácter exclusivamente recordatorio que no tenga por finalidad impulsar el procedimiento para imponer la sanción administrativa.
• b) Si las personas inculpadas interponen reclamaciones o recursos de cualquier clase.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 66 Prescripción de las sanciones

1. El plazo de prescripción de las sanciones administrativas impuestas de acuerdo con lo establecido por la presente ley es de cuatro años para las muy graves, de tres años para las graves y de dos años para las leves. Dichos plazos empiezan a contar desde que la sanción administrativa haya adquirido firmeza.

2. Los plazos a que se refiere el apartado 1 se interrumpen:

• a) Si se lleva a cabo una actuación administrativa dirigida a ejecutar la sanción administrativa, con el conocimiento formal de las personas sancionadas, o encaminada a averiguar su identidad o domicilio y practicada con proyección externa a la dependencia en que se origine. No interrumpe la prescripción la notificación de las actuaciones administrativas con carácter recordatorio que no tenga por finalidad impulsar el procedimiento para ejecutar la sanción administrativa.
• b) Si las personas sancionadas interponen reclamaciones o recursos de cualquier clase.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 67 Plazo de resolución y terminación del procedimiento sancionador

1. El procedimiento sancionador deberá concluir en el plazo máximo de un año contado desde la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento. Se entenderá que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique el acto administrativo de resolución del mismo. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución, sin perjuicio de que, si así procede, haya de practicarse el segundo intento de notificación en cumplimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.

2. El vencimiento del plazo establecido en el apartado 1, sin que se haya notificado resolución expresa, producirá la caducidad del procedimiento.

3. La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a instancia de la persona interesada y ordenará el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad no impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador si es que la infracción que ha dado lugar al mismo no ha sido objeto de prescripción.

Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de infracciones, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otros interesados.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013

Artículo 68 Administraciones competentes

1. Corresponden, en el ámbito de las respectivas competencias, a la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de vivienda, y a los entes locales las atribuciones para iniciar, tramitar e imponer, con carácter general, las sanciones administrativas establecidas por la presente ley.

2. En el caso de la Administración de la Junta de Andalucía, los órganos competentes para imponer sanciones son:

• a) La persona titular de la Secretaría General con competencia en materia de vivienda si la multa propuesta supera los seis mil euros.
• b) La persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda si la multa supera los tres mil euros y no supera los seis mil euros, así como para acordar las sanciones accesorias a que hace referencia el artículo 62.
• c) La persona titular de la Delegación Provincial o Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda si la multa no supera los tres mil euros.

3. En el ámbito de las entidades locales, se estará a lo que disponga su normativa específica.

LE0000514297_20131009 Título VII introducido, en su actual redacción, por el apartado 5.º del artículo 1 de la Ley [ANDALUCÍA] 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda («B.O.J.A.» 8 octubre).Vigencia: 9 octubre 2013