Sumario

--> Ley [ANDALUC虯] 2/1999, 31 marzo, derogada por la Disposici髇 Derogatoria 趎ica de la Ley [ANDALUC虯] 14/2011, 23 diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (獴.O.J.A.� 31 diciembre) el 20 de enero de 2012, sin perjuicio de lo establecido en la Disposici髇 Transitoria 2.�. V閍se D [ANDALUC虯] 267/2001, 11 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas en materia registral y de autorizaciones administrativas (獴.O.J.A.� 26 febrero 2002).--> V閍se D [ANDALUC虯] 258/2001, 27 noviembre, por el que se regulan la inspecci髇 y el procedimiento sancionador en materia cooperativa (獴.O.J.A.� 26 enero 2002).-->

Exposici髇 de Motivos

La Constituci髇 Espa駉la establece, en su art韈ulo 129.2, que los poderes p鷅licos promover醤 eficazmente las diversas formas de participaci髇 en las empresas y fomentar醤, mediante una legislaci髇 adecuada, las sociedades cooperativas. Por su parte, el Estatuto de Autonom韆 de Andaluc韆, en su art韈ulo 13.20, determina la competencia exclusiva de la Comunidad Aut髇oma en materia de cooperativas, posibilitando el art韈ulo 69 de dicho texto el uso de las correspondientes facultades normativas para fomentar, mediante una legislaci髇 adecuada, a estas sociedades.

Con base en los preceptos aludidos, se promulg� la Ley 2/1985, de 2 de mayo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que vino a responder adecuadamente a las necesidades presentes en ese momento en el 醡bito cooperativo, que requer韆n una soluci髇 urgente: La adaptaci髇 de una legislaci髇 nacida de presupuestos pol韙icos socioecon髆icos caracter韘ticos del r間imen anterior, a los propios del Estado democr醫ico que inaugura la Constituci髇 Espa駉la de 1978. La recuperaci髇 escrupulosa de los principios proclamados por la alianza cooperativa internacional. Y la armonizaci髇 de los elementos de solidaridad, democracia y participaci髇, definidores de estas entidades con una incipiente exigencia de eficacia en la gesti髇 y criterios empresariales de funcionamiento.

Buena parte del esp韗itu de esta norma, as� como la regulaci髇 concreta de algunas de las instituciones que contiene, contin鷄n siendo v醠idas hoy, por lo que se trasladan con alguna mejora t閏nica al texto de la actual Ley. Es el caso del profundo respeto de ambos textos por la autonom韆 de la voluntad canalizada estatutariamente, sin merma de aquellas regulaciones de car醕ter imperativo que, en todo caso, ha de reservarse el poder p鷅lico como indelegable reducto de responsabilidad en defensa del inter閟, tambi閚 p鷅lico. Es el supuesto del ejemplar criterio clasificatorio introducido por aquella Ley que permite una excelente sistematizaci髇 del complejo tejido cooperativo. O es el caso de categor韆s m醩 concretas ideadas por la norma que ahora viene a sustituirse y que han demostrado pr醕ticamente su solvencia, como las relativas al socio colaborador, el Secretario no socio del Consejo Rector o el tratamiento particularizado del derecho de informaci髇 para las cooperativas de segundo grado.

Pero, aun cuando no han transcurrido muchos a駉s desde que se promulgara la anterior Ley, s� han acontecido en ese per韔do circunstancias de notable importancia que reclaman una reconsideraci髇 a fondo de su contenido. En primer lugar, se ha culminado pr醕ticamente todo un proceso renovador de la legislaci髇 cooperativa en el Estado espa駉l, lo que ha supuesto un innegable perfeccionamiento t閏nico. Por otro lado, se ha producido una profunda reforma del Derecho Mercantil, en general, y del Societario, en particular, a fin de adaptarlo a las directivas de la Uni髇 Europea, que resulta una referencia obligada para una regulaci髇 actualizada y de altura t閏nica de las sociedades cooperativas. Por 鷏timo, la realidad del cooperativismo andaluz se ha enriquecido intensamente en busca de una respuesta, tanto a su problem醫ica interna como a las exigencias que demanda la aparici髇 de un mercado cada vez m醩 competitivo, exigente y unitario.

Extremo este 鷏timo de notable trascendencia que, para su m醩 acabada captaci髇 por el legislador, ha motivado que en el proceso de gestaci髇 de la nueva norma hayan participado de forma continua e intensa las organizaciones representativas del movimiento cooperativo, garantizando de esta suerte, mediante el consenso, un aut閚tico enraizamiento de la misma en la realidad llamada a regular. En suma, se trata de circunstancias, todas las enumeradas, que han de tener conveniente reflejo y cabida en una norma que pretende regular el fen髆eno cooperativo en el umbral del siglo XXI.

En lo referente al fomento de estas sociedades, ha merecido especial atenci髇, en tanto que objetivo que se persigue prioritariamente desde el Gobierno andaluz m醩 all� de las pol韙icas sectoriales de cada departamento, la idea de creaci髇 de empleo que, por tanto, se sit鷄 en el norte de la pol韙ica de promoci髇 de estas entidades. Asimismo, no puede soslayarse que la plena incorporaci髇 a la Uni髇 Europea demanda la integraci髇 en las pol韙icas comunitarias y su articulaci髇 con la instancia estatal. Es por ello que, en este 醡bito, la Ley prev� la necesaria coordinaci髇 de la Junta de Andaluc韆 con la Administraci髇 del Estado, de una parte, y con la Uni髇 Europea, de otra, de manera que los programas de fomento cooperativo se incardinen dentro de las pol韙icas de sectores de actividad econ髆ica, de la peque馻 y mediana empresa, y del empleo, que desarrolle la Uni髇 Europea. La Junta de Andaluc韆 asume el compromiso de realizar una pol韙ica de fomento del movimiento cooperativo y de las cooperativas que lo integren dentro del m醩 riguroso respeto al principio de autonom韆 que informa estas entidades de car醕ter asociativo voluntario. De acuerdo con sus programas de actuaci髇, la Junta adoptar� las medidas necesarias para promover la constituci髇 y el desarrollo de cooperativas, de forma que puedan cumplir sus objetivos econ髆icos y sociales, de conformidad con los principios cooperativos.

Formalmente se trata de una Ley extensa como determina la riqueza y variedad de la parcela de realidad que regula. Empero, dispone un amplio margen de autonom韆 estatutaria, pues, una cosa es el convencimiento de que ciertos aspectos relacionados con estas sociedades deben quedar fijados como medio que garantice luego la mayor fluidez de su funcionamiento, y otra, la certeza de que buena parte de esos aspectos convenga determinarlos desde la realidad particularizada de cada entidad. Esto, que puede suponer un mayor esfuerzo en el momento del arranque de la cooperativa, constituir� a buen seguro un instrumento id髇eo para despejar un buen n鷐ero de incertidumbres en el funcionamiento diario de la sociedad que le permita concentrar todas sus energ韆s en la creaci髇 y distribuci髇 de riqueza y empleo.

La presente Ley se estructura en cuatro t韙ulos, y consta de 176 art韈ulos, tres disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cinco finales:

• I. El t韙ulo I, dedicado a la regulaci髇 de la sociedad cooperativa, se abre con un cap韙ulo de disposiciones generales que contiene una definici髇 de la sociedad cooperativa de car醕ter sint閠ico, congruente con la exposici髇 exhaustiva, a continuaci髇, de los caracteres propios de estas entidades, que, a su vez, se constituyen en gu韆 privilegiada para la interpretaci髇 de los preceptos de esta Ley. Destaca en este cap韙ulo, de una parte, la regulaci髇 matizada de denominaci髇 de estas sociedades que impida su constituci髇 con nombres en los que concurra grado de semejanza fon閠ica tal que provoque confusi髇 e inseguridad jur韉ica y, de otra, regulaci髇 detallada de las secciones de las cooperativas, en respuesta a la favorable acogida y profusi髇 de esta instituci髇, ya contemplada en la Ley de 1985, especialmente, en el 醡bito agrario.
• II. Destaca de manera muy especial, en el cap韙ulo relativo a la constituci髇 de la cooperativa, la reducci髇 del n鷐ero de socios necesario para su creaci髇, que se sit鷄 en tres. Estamos ante una medida de fomento de estas sociedades y consecuentemente de fomento del empleo, constatada la realidad de que numerosos proyectos que pueden afrontarse adecuadamente bajo esta forma societaria y que requieren para su viabilidad un n鷐ero muy limitado de personas, en la actualidad, quedan en las lindes de este modelo. Cada vez son m醩 las tareas de orden empresarial que requieren para su realizaci髇 un grupo humano muy reducido y altamente cualificado, dentro de lo que viene denomin醤dose por la moderna doctrina econ髆ica como microemprendimiento y no parece razonable dejar al cooperativismo al margen de esta corriente en toda su extensi髇 cuando, precisamente, algunas de sus caracter韘ticas se adecuan perfectamente a la misma.

  En cuanto al procedimiento de constituci髇, responde, esencialmente, a dos objetivos: Fortalecer las garant韆s de los socios, de los terceros e incluso de la Administraci髇 P鷅lica, y clarificar la condici髇 de quienes intervienen en dicho proceso seg鷑 el momento y cualidades que revistan. Al respecto de este segundo extremo se distingue en la Ley entre quienes inician el proceso de constituci髇, promotores, quienes son, en su caso, designados para realizar las gestiones precisas para la constituci髇, gestores, y quienes, formalmente, constituyen la cooperativa, fundadores.

• III. Se confiere un car醕ter integral al Registro de Cooperativas Andaluzas, atribuy閚dole, junto a las funciones ya previstas en la Ley que se deroga, calificaci髇, inscripci髇 y certificaci髇 de los actos registrales, las funciones de diligenciaci髇 de libros sociales, dep髎ito de cuentas anuales y recepci髇 de determinada informaci髇 relativa a la estructura socioecon髆ica de las cooperativas. Se definen cu醠es sean los actos inscribibles en el Registro, deslind醤dolos de otros asientos registrales y sistematizando la forma que han de revestir. Finalmente, se dota a dicho 髍gano de una t閏nica imprescindible para su correcto funcionamiento, cual es la del tracto sucesivo.
• IV. Destaca en la regulaci髇 del Estatuto del Socio la articulaci髇 de un mecanismo de satisfacci髇 de las obligaciones econ髆icas que lleva aparejada la entrada en la cooperativa, cuya ausencia ha motivado en el pasado multitud de problemas de interpretaci髇, con los consiguientes conflictos entre cooperativa y aspirantes. Debe resaltarse tambi閚, en la l韓ea de fijaci髇 y aclaraci髇 de extremos controvertidos, la regulaci髇 de la baja obligatoria y voluntaria, as� como la ampliaci髇 de las normas previstas para el r間imen disciplinario y exclusi髇. En este 鷏timo cap韙ulo destaca la apertura del cauce judicial para las sanciones disciplinarias, sin necesidad de revisi髇 en segunda instancia por la Asamblea General, 髍gano que, por su propia naturaleza y atendidas las peculiaridades de cada entidad, puede no ser el id髇eo para sustanciar estas cuestiones.

  En lo que respecta al derecho de informaci髇, consider醤dose como uno de los pivotes fundamentales sobre los que descansa la cualidad de socio, se regula de manera exhaustiva, potenciando su contenido y delimitando plazos, legitimaci髇 y requisitos para su ejercicio. No obstante su intensificaci髇, se le confiere un car醕ter eminentemente rogado y se explicitan sus l韒ites.

  Lugar preeminente reviste en este cap韙ulo la introducci髇 expresa del socio de capital, que recibe la denominaci髇 de asociado, permiti閚dose un alto grado de autorregulaci髇 estatutaria. Tiene por objeto la inclusi髇 de esta categor韆 potenciar cuanto favorezca el desarrollo de la actividad empresarial de la cooperativa, estimulando el incremento de los recursos financieros propios. La regulaci髇 de esta figura trata, a este fin, de hacer atractiva su naturaleza mediante la puesta a su disposici髇 de buena parte de los derechos del socio ordinario, as� como por una regulaci髇 flexible de la retribuci髇 del capital aportado, que, en todo caso, adoptar� la forma de inter閟. Se establecen, empero tambi閚, ciertas garant韆s para la entidad, relativas al control del capital y voto, as� como relacionadas con el compromiso de permanencia en la misma.

• V. En la regulaci髇 de los 髍ganos sociales de la cooperativa, se ha pretendido, fundamentalmente, delimitar de manera clara y expresa las competencias entre los mismos, reservando con car醕ter exclusivo e indelegable la adopci髇 de acuerdos sobre un reducido n鷐ero de materias que se consideran esenciales, legal o estatutariamente, a la Asamblea General y atribuyendo al Consejo Rector, tambi閚 con car醕ter exclusivo, la adopci髇 de acuerdos sobre el resto de los asuntos societarios; especificando a su vez, con precisi髇, la capacidad de este 鷏timo para delegar en otros 髍ganos no necesarios de la cooperativa. Tambi閚, en este orden de ideas, se delimitan con nitidez las funciones que pueda realizar la Direcci髇 en las cooperativas donde se cree esta figura, que giran en torno a la idea de tr醘ico econ髆ico ordinario.

  Ci耖ndonos al 髍gano soberano de la cooperativa, la Asamblea General, merece destacarse la posibilidad de que, en aquellas entidades que cuenten con un elevado n鷐ero de socios -m醩 de quinientos- la convocatoria de este 髍gano se realice mediante anuncio p鷅lico, sin necesidad de notificaci髇 personal. Resalta, asimismo, la racionalizaci髇 a que se somete el proceso de impugnaci髇 de los acuerdos sociales, distinguiendo entre acuerdos nulos y anulables, seg鷑 conculquen la Ley o los Estatutos, respectivamente, estableci閚dose plazos de caducidad congruentes con la trascendencia de la vulneraci髇 producida.

  En la regulaci髇 del Consejo Rector las innovaciones m醩 importantes responden a la necesidad de fortalecer al 髍gano de gobierno y administraci髇 de las cooperativas al tiempo que se establece, como contrapeso, un detallado sistema de incompatibilidades, responsabilidades y control en general. Destaca, a este respecto, la ampliaci髇 de las competencias que se atribuyen a este 髍gano, fundamentalmente por v韆 residual, as� como el car醕ter exclusivo de las mismas. Dicho car醕ter se articula en el presente texto de manera que, aun pudiendo conocer la Asamblea General, como 髍gano soberano de la cooperativa, sobre cualquier extremo que ata馻 a la misma, la decisi髇 v醠ida sobre cualquiera de las materias atribuidas al Consejo Rector s髄o podr� emanar de dicho 髍gano. En la medida en que se potencia al Consejo Rector, ha parecido razonable posibilitar estatutariamente la participaci髇 en su seno de determinados colectivos societarios o pr髕imos a este estatuto. Es el caso de los socios colaboradores, de los asociados, de representantes de las secciones o de los trabajadores por cuenta ajena de la entidad. Para este 鷏timo supuesto, y en determinadas cooperativas -con cincuenta trabajadores o m醩- dicha facultad deviene obligaci髇.

  Si las hasta aqu� mencionadas constituyen novedades sobre el Consejo Rector relacionadas con la vida interna de la cooperativa, en orden a fortalecer las garant韆s de los terceros en sus relaciones con la entidad se ha optado, siguiendo la doctrina del m醩 moderno derecho de sociedades, por el criterio de la ilimitabilidad frente a 閟tos de la representaci髇 de la sociedad. Por 鷏timo, y para determinados supuestos -cooperativas de diez socios o menos- se prev� la existencia de un 髍gano de gesti髇 y administraci髇 unipersonal, al que se le denomina Administrador 鷑ico, como soluci髇 m醩 eficaz para las cooperativas con sustrato social reducido, en las que, a veces, se generaba la identificaci髇 del 髍gano soberano con los de gesti髇 y control, con merma de la racionalidad y el buen sentido.

  En relaci髇 con el 髍gano de control de la cooperativa, 閟te pasa a denominarse escuetamente Interventores. No se trata, empero, de un mero cambio nominal, sino que, por el contrario, obedece a una redefinici髇 de este 髍gano, al que se le atribuyen funciones y facultades que exceden de la tradicional competencia de control de cuentas. Control que cada vez en un mayor n鷐ero de cooperativas va a ir asumiendo la auditor韆 externa.

• VI. Las innovaciones introducidas en el r間imen econ髆ico de las cooperativas andaluzas persiguen un doble objetivo. De una parte, el fortalecimiento de estas entidades en su vertiente empresarial, a cuyo fin se establecen modificaciones orientadas, unas, a impulsar el incremento de los recursos financieros propios y, otras, en defensa de la solvencia y credibilidad econ髆ica de estas entidades. Y, de otra parte, a redefinir el estatuto econ髆ico del socio, incluidos en 閟te los momentos inmediatamente anterior a la entrada o posterior a la baja, de manera que el mismo resulte atractivo y m醩 equitativo en relaci髇 con la entidad a la que pertenece.

  En el primer orden de cosas destaca el establecimiento de una cifra m韓ima de capital social -500.000 pesetas- que se sit鷄 en el mismo umbral que el previsto para las sociedades de capital de menor tama駉, esto es, las sociedades de responsabilidad limitada. Se quiere garantizar con ello la existencia de un m韓imo patrimonial que imprima seriedad a los proyectos que se afronten. A fin de impulsar el incremento de los recursos financieros propios se agiliza la generaci髇 de las aportaciones voluntarias al capital social, que podr醤 ahora ser acordadas por el Consejo Rector de la Cooperativa sin necesidad de la participaci髇 de la Asamblea General. Tambi閚 al objeto de procurar el mayor n鷐ero de recursos financieros a estas entidades, se da cabida en el presente texto a los t韙ulos participativos. Concebidos como f髍mula de participaci髇 econ髆ica de terceros en la entidad, se regulan con suma flexibilidad en lo concerniente a plazos de amortizaci髇, f髍mula de remuneraci髇, as� como representaci髇 y defensa en los intereses de los suscriptores en los 髍ganos sociales. A id閚tica orientaci髇 responde la introducci髇 de la categor韆 del asociado glosada anteriormente.

  En lo que respecta a la nueva configuraci髇 econ髆ica del Estatuto del Socio, conviene resaltar la regulaci髇 m醩 flexible de la actualizaci髇 de sus aportaciones, as� como la creaci髇 de un Fondo de Reembolso Estatutario, ideado para solventar determinadas situaciones de baja en cooperativas que no hayan procedido a la expresada actualizaci髇. El mismo criterio preside la posibilidad estatutaria de hacer parcialmente repartible el Fondo de Reserva Obligatorio en determinadas condiciones y cumpli閚dose ciertos requisitos.

  En todos estos casos se trata de hacer frente a una realidad muy frecuente en las cooperativas, que resulta contraria a un elemental principio de justicia, cual es la de que el socio, a la hora de la baja en estas entidades, despu閟 de a駉s de esfuerzo y dedicaci髇, se encuentre con que no pueda hacer propios, en alguna medida, los frutos de dicho empe駉. Situaci髇 que, por lo dem醩, como quiera que nos encontramos con una sociedad recientemente ilustrada e informada, act鷄 como elemento desincentivador de la creaci髇 de las propias cooperativas. En cualquier caso, la regulaci髇 de estos apartados se realiza con la mayor prudencia y de manera equilibrada con los intereses de la entidad, pues no se puede perder de vista el car醕ter esencialmente solidario de estas entidades, ni olvidar la necesidad de no interferir, sustancialmente, el imprescindible proceso de acumulaci髇 de capital.

  La regulaci髇 de la remuneraci髇 de los intereses de las aportaciones al capital social por su parte contribuye tanto al fortalecimiento de la entidad como al de la posici髇 del socio, en la medida en que la liberalizaci髇 que se realiza de esta materia fomenta la puesta a disposici髇 de la cooperativa de recursos propios, al tiempo que retribuye adecuadamente el esfuerzo econ髆ico realizado.

  Para terminar con el cap韙ulo econ髆ico de la presente Ley, conviene resaltar, de una parte, el proceso de aclaraci髇 y sistematizaci髇 a que se someten los distintos flujos econ髆icos presentes en este tipo de entidades: Resultados cooperativos, derivados de operaciones con terceros y extraordinarios, y de otra, la introducci髇 de dos novedades relacionadas con el denominado por la Ley de 1985 Fondo de Educaci髇 y Promoci髇 Cooperativa: La ampliaci髇 de los fines a los que se pueden destinar el importe de dicho fondo que, de resultas, pasa a denominarse Fondo de Educaci髇 y Promoci髇 y, congruentemente, la ampliaci髇 de sus recursos, mediante la imputaci髇 a este fondo de un porcentaje -el 20 por 100- de los resultados de las operaciones con terceros que, eventualmente, pueda realizar la cooperativa.

• VII. En lo relativo a la documentaci髇 social, se introducen innovaciones orientadas a la adecuaci髇 de la normativa cooperativa a la societaria general, singularmente en la regulaci髇 de los libros sociales y auditor韆 de cuentas.
• VIII. Se regulan extensamente procesos cuya complejidad t閏nica as� lo demandan, como son la modificaci髇, fusi髇 y escisi髇 de cooperativas, y se introduce, como novedad, la transformaci髇 en y desde la cooperativa, facilit醤dose el tr醘ico intersocietario, introduciendo al respecto del 鷏timo de los supuestos mencionados un mecanismo de control dependiente del Consejo Andaluz de Cooperaci髇.
• IX. En relaci髇 con el proceso disolutorio, destaca la introducci髇 de dos nuevos institutos. La reactivaci髇, mecanismo mediante el cual se permite que una cooperativa disuelta pero no liquidada pueda volver a su actividad ordinaria sin necesidad de, previamente, extinguirse. Y la intervenci髇 judicial de la liquidaci髇, a instancia de parte, al objeto de fiscalizar las operaciones propias del proceso liquidatorio.
• X. En lo concerniente a la clasificaci髇 de las cooperativas, la novedad m醩 importante viene dada por la ausencia de innovaci髇 en este terreno. Se mantiene, pues, la clasificaci髇 trimembre de la Ley anterior, a contracorriente de lo establecido en el resto de la legislaci髇 cooperativa nacional, por considerarse que la t閏nica inaugurada por la anterior Ley, que se conserva en su integridad, resulta sistem醫icamente m醩 coherente y completa, como as� ha sido puesto de manifiesto doctrinalmente.
• XI. Respecto de las cooperativas de trabajo asociado, se pasan a regular exhaustivamente, partiendo de la doble consideraci髇 de sus integrantes como socios y trabajadores, y se introduce y regula la categor韆 del socio temporal, como respuesta a la necesidad de afrontar, por parte de estas sociedades, tareas extraordinarias, sin que ello les obligue, necesariamente, a incrementar la contrataci髇 por cuenta ajena. Tambi閚 dentro de esta clase de cooperativas, se prev閚 y regulan las de integraci髇 social, como f髍mula que permita y facilite el acceso al mercado de trabajo, a trav閟 de estas entidades, a sujetos con alg鷑 tipo de discapacitaci髇. Se faculta as�, entre otras medidas orientadas a esta finalidad, que los padres, tutores y personal de atenci髇 se integren en estas entidades. Por 鷏timo, tambi閚 dentro de este cap韙ulo se prev閚 y regulan las cooperativas de inter閟 social, concebidas como aqu閘las que sin 醤imo de lucro, se constituyen al objeto de promover e integrar a colectivos que sufran cualquier clase de desarraigo o marginaci髇 social.
• XII. En el caso de las cooperativas de consumidores y usuarios, se les reconoce la funci髇 que ejercen de defensa, informaci髇 y promoci髇 de los derechos de los consumidores y usuarios y se posibilita, estatutariamente, la ruptura del principio mutualista que, a鷑 presente en buena parte de la legislaci髇 cooperativa comparada, la doctrina m醩 reciente considera que no forma parte esencial del cooperativismo, resultando su exigencia imperativa singularmente inadecuada para esta clase de cooperativas.

  En el caso de las cooperativas de viviendas, la regulaci髇 efectuada ha tenido como principal objetivo extremar las cautelas que impidan los abusos y desnaturalizaciones que, con alguna frecuencia, se han venido produciendo en este sector. Se establece a este fin un riguroso sistema de incompatibilidades, de autorizaciones para operar con terceros, as� como la exigencia profusa de auditor韆 de cuentas. Con id閚tica finalidad se independizan jur韉icamente las distintas fases o promociones de estas cooperativas y, finalmente, se articula un mecanismo que garantice el mantenimiento de cierta proporci髇 entre el n鷐ero de viviendas en promoci髇 y el n鷐ero de socios.

  En el supuesto de las cooperativas de cr閐ito, se realiza una regulaci髇 de las cajas rurales que modifica sustancialmente el eje sobre el que descansa su naturaleza, que ya no viene definido tanto por el objeto preciso de actividad -financiaci髇 del sector agr韈ola, forestal o ganadero- como por el 醨ea en que ha de desarrollar dicha actividad -el medio rural- con la consiguiente ampliaci髇 potencial de su objeto.

  Por 鷏timo, dentro de esta amplia clase de cooperativas de consumidores y usuarios, se contemplan y regulan 玡x novo� las cooperativas educacionales de forma harto detallada, como exigen las muchas peculiaridades que estas entidades pueden ofrecer.

• XIII. En lo relativo a las cooperativas de servicios y, m醩 concretamente, a las agrarias, destaca la potenciaci髇 de las relaciones intercooperativas de esta clase de entidades mediante una articulaci髇 muy flexible de lo que puedan considerarse operaciones con terceros. Asimismo se establece, tambi閚 para esta subclase de cooperativas, un r間imen de preaviso en el supuesto de baja voluntaria, arm髇ico con la legislaci髇 comunitaria sobre asociaciones de productores agrarios y organizaciones de productores agrarios en la medida en que, frecuentemente, en este tipo de cooperativas concurre tambi閚 la condici髇 de alguna de estas dos formas societarias, y con el 醤imo de evitar incongruencias legislativas entre una y otra instancia.
• XIV. En el cap韙ulo concerniente a la integraci髇 cooperativa con independencia de las precisiones de car醕ter t閏nico relacionadas con la regulaci髇 de las cooperativas de segundo grado, resalta la creaci髇 de la cooperativa de integraci髇, concebida como entidad en la que coexisten cooperativas y entidades de cualesquiera otra naturaleza.
• XV. En el 醡bito de la promoci髇 cooperativa, junto a la preocupaci髇 por la incidencia en el empleo y la necesaria coordinaci髇 con otras instancias suprarregionales ya apuntadas al inicio de esta exposici髇, destacan estrategias m醩 concretas, como la difusi髇 y ense馻nza del cooperativismo en los distintos niveles educativos, la posibilidad del reconocimiento por parte del Gobierno andaluz del car醕ter de utilidad p鷅lica de aquellas federaciones que contribuyan al inter閟 general de Andaluc韆 mediante el desarrollo de sus funciones, o las medidas especiales de fomento previstas para las cooperativas de segundo grado, trabajo asociado, viviendas, o de aqu閘las cuya actividad consista en la prestaci髇 de servicios propios del sector p鷅lico o contribuyan a la integraci髇 en el mercado de trabajo de colectivos con especiales dificultades para el acceso al mismo.
• XVI. Se regula extensamente la inspecci髇 cooperativa, tipific醤dose las infracciones que estas entidades o sus 髍ganos sociales puedan cometer, estableciendo las oportunas sanciones y abordando todas aquellas materias conexas o accesorias a este respecto, cuales son la concurrencia con las infracciones penales, sujetos responsables y prescripci髇. En este particular, conviene subrayar la desaparici髇 en el presente texto de la intervenci髇 temporal de las cooperativas, en cuanto instituci髇 que supon韆 una injerencia desmesurada de la Administraci髇 en empresas que, con independencia de su car醕ter social, tienen una naturaleza privada. S髄o se conserva a este respecto un tenue vestigio de dicha instituci髇, a prop髎ito de las posibles medidas provisionales previstas en el procedimiento sancionador.
• XVII. En relaci髇 con el asociacionismo cooperativo, partiendo del principio de libre asociaci髇 entre cooperativas, se efect鷄 una regulaci髇 m醩 vasta que la recogida en la Ley anterior, imprescindible para otorgar a estas entidades un tratamiento jur韉ico diferenciado del de las empresas que aglutinan.

  Asimismo, se establecen determinados requisitos sectoriales y geogr醘icos para su constituci髇, en orden a evitar la excesiva fragmentaci髇 del movimiento cooperativo. Por 鷏timo, se amplia la base social de las federaciones de cooperativas agrarias permitiendo el acceso a las mismas de las sociedades agrarias de transformaci髇, as� como de las organizaciones y agrupaciones de productores agrarios, impidiendo, en cualquier caso, que resulten mayoritarias en el seno de aqu閘las.

• XVIII. Finaliza la presente Ley con la regulaci髇 del Consejo Andaluz de Cooperaci髇, al que se concibe como m醲imo 髍gano de participaci髇 para la promoci髇 y desarrollo del cooperativismo, teniendo, asimismo, car醕ter consultivo y asesor de la Administraci髇 Andaluza en materia de cooperativas.

Congruentemente, se procede a la potenciaci髇 de este 髍gano a trav閟 de la regulaci髇 de nuevas funciones, cual es el caso de la conciliaci髇 cooperativa, o el desarrollo de otras, como la del arbitraje cooperativo y, muy especialmente, mediante la atribuci髇 al mismo de un instrumento cualificado de solidaridad intercooperativa, cual es la recepci髇 de un porcentaje del importe del Fondo de Educaci髇 y Promoci髇 de determinadas cooperativas andaluzas, a fin de abordar tareas y empresas s髄o posibles desde el esfuerzo conjunto de todas ellas.