Sumario

Ley [ARAGON] 11/1996, 30 diciembre, derogada por D Leg. [ARAGON] 2/2001, 3 julio, del Gobierno de Arag髇, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 (獴.O.A.� 20 julio) el 21 de julio de 2001.

Pre醡bulo

1.

La disposici髇 adicional primera de la Ley 3/1993, de 15 de marzo, de modificaci髇 de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputaci髇 General y de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, impuso al Gobierno la obligaci髇 de presentar dos proyectos de Ley: Uno, regulador de la actividad del Presidente y del Gobierno de Arag髇, y otro, relativo a la actividad de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma.

El primero de aquellos proyectos dar韆 lugar a la Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Arag髇. El presente texto viene, por tanto, a completar la encomienda efectuada y culmina la total derogaci髇 de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputaci髇 General y de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇. Es evidente que esta norma, meritoria en su momento y adecuada desde el punto de vista t閏nico para la regulaci髇 de la entonces naciente Administraci髇 auton髆ica, hab韆 quedado estrecha para la realidad actual de una Administraci髇 cualitativa y cuantitativamente muy diferente, y enfrentada al reto de prestar un servicio a los ciudadanos que debe ser cada d韆 m醩 eficiente.

De este modo, el presente texto no supone simplemente el cumplimiento de aquel mandato normativo: Su prop髎ito es el de dotar a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 de una regulaci髇 m醩 acorde con su realidad actual.

2.

El presente texto parte del absoluto respeto a la distribuci髇 competencial establecida en la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia para fijar las 玝ases del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y el Procedimiento Administrativo Com鷑�, pero acepta tambi閚 que las Comunidades Aut髇omas puedan asumir importantes funciones.

El Estatuto de Autonom韆 de Arag髇, en su art韈ulo 35, proclama la competencia exclusiva de nuestra Comunidad Aut髇oma tanto en la 玱rganizaci髇 de sus instituciones de autogobierno� como en el 玴rocedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organizaci髇 propia�, y regula en los art韈ulos 43 y 44 la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma.

Al ejercitarse las competencias de la Administraci髇 central mediante la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya por Ley 3/1993, de 15 de marzo, se realiz� una primera adaptaci髇 de nuestro ordenamiento auton髆ico. Sin embargo, tal regulaci髇 ten韆 un car醕ter confesadamente provisional y necesariamente fragmentario. El nuevo texto aspira a contener una regulaci髇 comprensiva de las distintas adaptaciones exigidas por la organizaci髇 propia de la Administraci髇 auton髆ica. As�, el t韙ulo III, dedicado al 玡jercicio de sus competencias por los 髍ganos de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇�, y el t韙ulo V, 玠el r間imen jur韉ico de la actuaci髇 de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma�, responden a esta finalidad.

En este 醡bito merece la pena destacar, como una de las novedades de la Ley, la previsi髇 de la sustituci髇 -permitida por la Ley 30/1992- del recurso ordinario por una reclamaci髇 o impugnaci髇 ante una Comisi髇 no sometida a instrucci髇 jer醨quica alguna. Previsi髇 no s髄o abstracta, sino ya concretada por la disposici髇 adicional duod閏ima en relaci髇 con el Ingreso Aragon閟 de Inserci髇, de tal forma que todas las reclamaciones recursos o impugnaciones que se produzcan a partir del 1 de enero de 1997 contra los actos administrativos relativos a 閟te se resolver醤 por la Comisi髇 que la Ley crea, presidida por un Director general del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, pero cuyos dos Vocales han de ser un Catedr醫ico o Profesor titular de Universidad con formaci髇 en materia de Bienestar Social y un experto en esta materia, con titulaci髇 universitaria superior, que no podr� ser empleado de la Administraci髇 auton髆ica ni estar vinculado a ella contractualmente, garantiz醤dose as� la independencia del 髍gano.

3.

La Ley recoge las especialidades de r間imen jur韉ico y procedimiento que, en el marco de la legislaci髇 estatal, derivan de la potestad autoorganizativa de la Comunidad Aut髇oma, pero pretende ser algo m醩 que una norma procedimental.

En efecto, la Ley pretende, sobre todo, dotar a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de un marco organizativo flexible y adaptado a su realidad actual. Es claro que desde el a駉 1984 la Administraci髇 auton髆ica ha experimentado un importante proceso de crecimiento y que la asunci髇 de nuevas competencias ha supuesto una modificaci髇 tanto cuantitativa como cualitativa de la misma. El volumen que ha alcanzado, su creciente complejidad y la multiplicidad de los 醡bitos en los que se despliega su actividad exigen dotarla de una organizaci髇 que permita afrontar el reto de actuar con la eficacia y eficiencia que nuestro Estatuto exige y la sociedad demanda.

La Ley parte de la tradicional divisi髇 funcional en departamentos, pero apuesta decididamente por los principios de descentralizaci髇, desconcentraci髇 y gesti髇 territorializada, con una clara vocaci髇 de potenciar las Delegaciones Territoriales y los Servicios Provinciales, acercando de esta manera la Administraci髇 a los ciudadanos. Asimismo, prev� la creaci髇 de oficinas delegadas de car醕ter interdepartamental en comarcas y localidades, dentro del modelo de organizaci髇 flexible y abierto que se pretende establecer.

Otra novedad destacable en este 醡bito es la posibilidad de creaci髇 de una Secretar韆 General T閏nica en aquellos departamentos cuyo volumen, complejidad o caracter韘ticas as� lo exijan. La Secretar韆 General T閏nica se configura como una Direcci髇 General, a la que se atribuyen, bajo la direcci髇 del Consejero, funciones de coordinaci髇 y planificaci髇, de gesti髇 de los servicios comunes del departamento y del presupuesto, y de jefatura del personal. La Ley, al tiempo que prev� la posibilidad de crear este 髍gano en los departamentos que lo precisen, cuida de evitar que ello suponga un aumento de los 髍ganos directivos, por lo que exige que la eventual creaci髇 implique una revisi髇 de la estructura departamental que lo impida, y suprime, en todo caso, la Secretar韆 General del Departamento, cuyas funciones ser韆n asumidas por el nuevo 髍gano.

4.

En cualquier caso, la Ley pretende conseguir un dise駉 que permita en cada momento adaptar la organizaci髇 a los fines perseguidos. Ello se consigue no s髄o mediante la previsi髇 del car醕ter eventual de determinados elementos organizativos, como las Secretar韆s Generales T閏nicas o las Oficinas Delegadas de car醕ter territorial que se han se馻lado, sino tambi閚 mediante la configuraci髇 general de la estructura.

El texto distingue, as�, entre los 髍ganos administrativos (Departamentos, Secretar韆s Generales T閏nicas, Direcciones Generales, Delegaciones Territoriales, Servicios y Servicios Provinciales), que se crean, modifican y suprimen de acuerdo con lo establecido en la Ley, y las unidades administrativas, integradas por puestos de trabajo vinculados por las funciones que tengan atribuidas y por una jefatura com鷑, cuya creaci髇, modificaci髇 y supresi髇 se realizar� a trav閟 de las relaciones de puestos de trabajo. Con ello se evitan rigideces innecesarias que pueden generar importantes disfunciones y se posibilita que en cada momento y lugar la estructura se adapte flexiblemente a las distintas y cambiantes necesidades.

Finalmente, no puede dejar de se馻larse el 閚fasis que la Ley pone en la programaci髇 de la gesti髇 administrativa, en la definici髇 de objetivos concretos de gesti髇 cuyo grado de cumplimiento habr� de ser objeto de peri骴ica evaluaci髇, en la racionalizaci髇 de procedimientos, en la incorporaci髇 de medios inform醫icos y telem醫icos y en el necesario sometimiento de los 髍ganos administrativos y organismos p鷅licos a peri骴icos controles, inspecciones o auditor韆s administrativas, con la finalidad de garantizar la plena efectividad de los principios de eficacia y eficiencia.

5.

El 鷏timo t韙ulo de la Ley se dedica a los organismos p鷅licos y a las empresas de la Comunidad Aut髇oma, y pretende la sistematizaci髇 del sector p鷅lico auton髆ico.

Debe destacarse que tal sistematizaci髇 ahora realizada modifica la existente hasta ahora en nuestro ordenamiento jur韉ico. De este modo, se distinguen, por un lado, los organismos p鷅licos, bien sean organismos aut髇omos o entidades de Derecho P鷅lico y, por otro, las empresas de la Comunidad Aut髇oma, denominaci髇 reservada a aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital social la Comunidad Aut髇oma tenga directa o indirectamente participaci髇 mayoritaria.

Como ya se ha se馻lado, la Ley pretende en este punto, a la par que sistematizar la pluralidad de entes con personalidad jur韉ica propia dependientes de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma, establecer un marco b醩ico de regulaci髇 en cuanto a la creaci髇, r間imen jur韉ico, presupuestario, patrimonial y de personal de los distintos entes, as� como los adecuados mecanismos de control de los mismos, todo ello sin perjuicio de la evidente necesidad de remitir la regulaci髇 detallada de los distintos aspectos a las normas espec韋icas que los regulan, y especialmente a la legislaci髇 Patrimonial y de Hacienda de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇.

La creaci髇 de entidades con personalidad jur韉ica p鷅lica o privada no puede ofrecer oportunidad para la dispersi髇 o actuaciones que carezcan de un suficiente rigor y control. Por ello, ha parecido conveniente que tanto los organismos p鷅licos como las empresas p鷅licas ofrezcan al Gobierno auton髆ico, con car醕ter anual, un informe en el que se d� cuenta de la gesti髇 realizada mediante la presentaci髇 de un programa de actuaciones y de inversiones futuras, as� como las distintas cuentas.

6.

Las disposiciones adicionales y transitorias de la Ley prev閚 la realizaci髇 de diversas adaptaciones exigidas por la nueva normativa e imponen plazos concretos para su realizaci髇. Junto a ello se recoge alguna disposici髇 exigida por la voluntad de derogar completamente la Ley 3/1993, de 15 de marzo, por lo que se evitan de esta manera las disfuncionalidades para la t閏nica legislativa que un mantenimiento aislado de alguna de sus disposiciones podr韆 plantear.

Con ello se pretende, en definitiva, que, dentro del 醡bito delimitado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, la regulaci髇 del Gobierno y de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 quede contenida en la Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Arag髇, y en el presente texto.