Sumario

Ley [ARAG覰] 2/2003, 12 febrero, derogada por letra d) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del C骴igo del Derecho Foral de Arag髇,l Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas (獴.O.A.� 29 marzo) el 23 de abril de 2011.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Arag髇, y ordeno se publique en el 獴olet韓 Oficial de Arag髇� y en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 20.1 del Estatuto de Autonom韆.

PREAMBULO

I

Esta Ley de Derecho civil, que desarrolla y pone al d韆 la regulaci髇 de las relaciones patrimoniales en la familia, incluida la instituci髇 de la viudedad, constituye un segundo paso, de gran importancia por su extensi髇 y contenido, para la renovaci髇 del cuerpo legal del Derecho civil de Arag髇. Se avanza as� en este 玱bjetivo necesario de la pol韙ica legislativa de la Comunidad� que se馻laba el Pre醡bulo de la Ley de sucesiones por causa de muerte. Con aquella Ley, las Cortes de Arag髇, en ejercicio de las competencias reconocidas por el art韈ulo 149.1.8� de la Constituci髇 y el art韈ulo 35.1.4� del Estatuto de Autonom韆, iniciaban la 玹area de largo aliento� de desarrollar sistem醫icamente el Derecho aragon閟. La presente Ley sigue el camino trazado por aqu閘la.

En adelante, los t韙ulos IV, V y VI del Libro Primero de la Compilaci髇 del Derecho civil de Arag髇 quedar醤 derogados y sustituidos por las normas que ahora se aprueban. No se produce con ello una ruptura sustancial con el pasado, que ser韆 impensable trat醤dose de las normas que configuran el consorcio conyugal, la libertad para pactar sobre el r間imen econ髆ico del matrimonio o el derecho de viudedad. La mayor parte de las normas compiladas, basadas en la experiencia hist髍ica de siglos, quedan incorporadas a la presente Ley, que proporciona a las mismas un marco general que sirve de contexto sistem醫ico y hace m醩 f醕il su interpretaci髇, evitando las dudas sobre la pertinencia de acudir al C骴igo civil para darles respuesta. El C骴igo civil, como Derecho general del Estado, sigue siendo supletorio del Derecho civil de Arag髇, pero la Ley tiene buen cuidado de incluir normas propias en todos los casos en que el hipot閠ico recurso al C骴igo era m醩 claramente perturbador, as� como de construir un sistema cuyos principios sean siempre preferentes a los enunciados del C骴igo, de acuerdo con el art韈ulo 1 de la Compilaci髇.

La Ley no es una reforma de la Compilaci髇, sino una nueva formulaci髇 legal de las normas que han de regir las relaciones patrimoniales familiares. Su contenido, como se ha dicho, coincide en gran medida con el de las normas derogadas, en ocasiones aprovechando su mismo texto, pero ha sido pensado de nuevo en su totalidad, contrast醤dolo con los principios constitucionales, las aspiraciones reconocibles de los aragoneses y aragonesas, las ense馻nzas de su aplicaci髇 por los jueces, la experiencia de los profesionales del Derecho y las sugerencias de la doctrina especializada. En consecuencia, las adiciones, modificaciones y aun supresiones son numerosas. Las principales de ellas se se馻lan a continuaci髇.

II

La Ley se abre con un t韙ulo primero dedicado a disposiciones generales, que arranca de la comunidad de vida que el matrimonio constituye, enlazando as� con las determinaciones legales sobre el matrimonio contenidas en el C骴igo civil, dentro del 醡bito de la competencia exclusiva que al Estado reserva el art韈ulo 149.1.8� de la Constituci髇 en materia de 玶elaciones jur韉ico civiles relativas a las formas de matrimonio�.

Una parte de estas disposiciones se encontraban, sustancialmente, en la Compilaci髇, en las normas sobre el r間imen legal, y, por tanto, con vocaci髇 de aplicarse en todos los casos, o en diversos lugares de la misma, mientras que algunas otras proceden del Derecho supletorio. Al situarlas ahora en el frontispicio de la Ley, se subraya el valor informador de principios tales como la libertad de regulaci髇 y la atribuci髇 del gobierno de la familia a ambos c髇yuges, que toman juntos las decisiones sobre la econom韆 del hogar y se proporcionan uno a otro la informaci髇 adecuada. Adem醩, se precisan los criterios con que debe atenderse a la satisfacci髇 de las necesidades familiares, incluyendo el deber que los hijos tienen de contribuir equitativamente a ellas en el hogar en que conviven, se establece la responsabilidad frente a terceros por las obligaciones contra韉as para la satisfacci髇 de las mismas y se enfatiza el respeto a los derechos de terceros. Reunir en un mismo t韙ulo todas estas normas contribuye a dibujar los rasgos que el legislador considera fundamentales en toda comunidad de vida matrimonial y permite se馻lar expresamente el car醕ter imperativo de algunos preceptos b醩icos.

Respecto de la vivienda familiar, la norma atiende a aspectos hasta ahora no regulados, como la extinci髇 del derecho de viudedad, proporcionando una regulaci髇 completa tan sencilla como permite la complejidad del importante supuesto que regula, sin olvidar la situaci髇 de los terceros adquirentes de buena fe.

El art韈ulo 10 se馻la que la celebraci髇 del matrimonio atribuye a cada c髇yuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca, con independencia del r間imen econ髆ico de su matrimonio y como efecto de la celebraci髇 de 閟te en todo caso. Este criterio, acorde con el Derecho tradicional y vivido as� en nuestros d韆s, armoniza con la declaraci髇 contenida en el art韈ulo 89, seg鷑 el cual el derecho de viudedad es compatible con cualquier r間imen matrimonial, y con la referencia que hace el art韈ulo 23 a la conservaci髇 del derecho de viudedad tambi閚 cuando resulta aplicable el r間imen de separaci髇, 鷑ico caso en el que podr韆 suscitarse alguna duda y en el que, naturalmente, cabe la renuncia a la viudedad si los c髇yuges as� lo desean.

Es una novedad la colaboraci髇 requerida en el art韈ulo 11 a quienes, por su cargo o profesi髇, intervienen en un expediente matrimonial. Como es sabido, el grave problema que para los derechos de los c髇yuges y la seguridad jur韉ica de quienes con ellos se relacionan supone la indeterminaci髇 o ignorancia del r間imen matrimonial aplicable a aqu閘los en raz髇 de su distinta vecindad civil o de otras vicisitudes, ha sido se馻lado reiteradamente desde hace decenios, sin que se vislumbre una soluci髇 legislativa pr髕ima. El art韈ulo 11 supone una aportaci髇 modesta que, si encuentra eco en la pr醕tica, podr� servir para mitigar unos inconvenientes a los que s髄o el legislador estatal puede hacer frente de manera directa y en su integridad.

III

Los cap韙ulos matrimoniales son el instrumento en que, tradicionalmente, los particulares vierten sus pactos y determinaciones en orden a regular el r間imen econ髆ico del matrimonio, hacer aportaciones en atenci髇 al mismo e incluso atender con efectos jur韉icos a las m醩 variadas incumbencias relativas a los derechos de los c髇yuges y sus parientes, en vida o para despu閟 de la muerte de alguno de ellos que pacta sobre su sucesi髇.

La Ley acoge esta libertad de contenido sin otros l韒ites que los gen閞icos del principio standum est chartae, que la historia ha emparejado se馻ladamente con las capitulaciones matrimoniales. Los capitulantes pueden asimismo subordinar la eficacia de sus estipulaciones a condici髇 o t閞mino, incluso con efecto retroactivo, en la forma m醩 amplia.

Dado que, en ejercicio de esta libertad de capitular, instituciones como la dote o la firma de dote hace tiempo que han ca韉o en desuso, la nueva Ley no contiene para ellas previsiones espec韋icas, sino que las menciona junto a las dem醩 instituciones familiares consuetudinarias, regidas por el pacto e interpretadas conforme a la costumbre y los usos locales.

Las reglas sobre capacidad sientan criterios propios, fundados en la edad aragonesa de los catorce a駉s, que aclaran dudas y resuelven contradicciones. Junto con las que atienden a la modificaci髇 de las estipulaciones capitulares, inspiradas en la doctrina mejor fundada, forman con el resto de los art韈ulos de este t韙ulo una regulaci髇 autosuficiente.

IV

Del mismo modo, las previsiones legales sobre el r間imen de separaci髇 de bienes, contenido del t韙ulo III, se bastan a s� mismas, cerrando el paso a la aplicaci髇 supletoria del C骴igo civil. Si el r間imen de separaci髇 de determinados c髇yuges, acordado por ellos o consecuente a todo caso de disoluci髇 o exclusi髇 del consorcio conyugal legal, no prev� determinadas consecuencias mediante pactos ni pueden deducirse de los mismos, no habr醤 de producirse otras que las se馻ladas en este t韙ulo y, en 鷏timo t閞mino, las que puedan derivar mediante la aplicaci髇 anal骻ica, en lo que proceda, de las normas del consorcio conyugal.

V

La regulaci髇 que del r間imen matrimonial legal hizo la Compilaci髇 de 1967 era, en aquella fecha, tanto por su sustancia como por su factura t閏nica, la m醩 acabada de las vigentes en Espa馻. Sigui� si閚dolo tras la reforma del C骴igo civil en 1981, que en alg鷑 punto se inspir� en las normas aragonesas.

La presente Ley pretende, en esta materia, completar y perfeccionar aquella regulaci髇, atender a algunos problemas surgidos al aplicarla, prever supuestos nuevos que ha tra韉o el paso del tiempo y, en general, desarrollar conforme a sus propios principios consecuencias m醩 expl韈itas, lo que lleva, especialmente en materia de disoluci髇, liquidaci髇 y divisi髇, a una exposici髇 m醩 pormenorizada.

El r間imen matrimonial aragon閟 de comunidad carec韆 de nombre propio con que designarlo y diferenciarlo. Esta Ley opta por el de 玞onsorcio conyugal�, siguiendo una pr醕tica bastante extendida, que denomina asimismo 玞onsorciales� a los bienes comunes. De esta manera, se pone de relieve la especificidad de este r間imen matrimonial, que tiene sus propias ra韈es en los fueros m醩 antiguos y una configuraci髇 doctrinal, judicial y legislativa que le dota de un perfil propio entre los reg韒enes de comunidad limitada, como los de gananciales, que surgieron y se mantienen, puestos al d韆, en tantos pa韘es europeos.

Rasgo definitorio y clave para entender y aplicar este r間imen es el papel predominante que en el mismo tiene la voluntad de los particulares, de manera que m醩 puede considerarse subsidiario de ella que propiamente legal. El Derecho aragon閟 nunca consider� fundados los temores de otros legisladores desconfiados, que prohibieron las donaciones y contratos entre c髇yuges y que solamente les permitieron capitular antes de celebrar su matrimonio. Los aragoneses han configurado en cada caso el contenido del patrimonio com鷑 y los privativos con total libertad, oblig醤dose tambi閚 entre s� y reconoci閚dose derechos actuales o futuros seg鷑 su propio criterio.

Una manera de configurar libremente el r間imen de comunidad encontr� cauce tradicional en las f髍mulas de 玪levar muebles por sitios�, o la inversa, que la Compilaci髇 recibi� en su art韈ulo 29. La Ley recoge, en su art韈ulo 33, el contenido principal de aqu閘, pero se ocupa adem醩 de indicar con claridad muchas de las consecuencias del principio general que el precepto encierra en otros lugares, como en la letra b) del apartado 2 del art韈ulo 28 y en las letras a) y d) del art韈ulo 29.

Ahora bien, la vieja y entra馻ble f髍mula de 玬uebles por sitios o viceversa� deja de ser 鷗il en su tenor literal en raz髇 de una de las decisiones de pol韙ica legislativa m醩 aparentes, aunque probablemente de escasas consecuencias pr醕ticas, que ha adoptado el legislador. Los muebles ya no son llamados, por el mero hecho de ser muebles, a ingresar en el patrimonio com鷑. Ya la exposici髇 de motivos que acompa耋 en 1967 a la Compilaci髇 advert韆 que el sistema de comunidad de muebles y ganancias, asentado en los fueros y observancias y que lleg� 韓tegramente al Ap閚dice de 1925, 玧ustificado en una 閜oca en que la importancia econ髆ica de los primeros era exigua y en que la identificaci髇 de los bienes casi s髄o era posible trat醤dose de inmuebles, tiene dif韈il defensa en nuestros d韆s�. La Compilaci髇 no dio el paso definitivo -que acababa de acometer el Derecho franc閟, muy cercano en esto al aragon閟 hist髍ico- de suprimir la regla que hac韆 comunes los bienes muebles, pues cab韆 temer que, reducida la comunidad b醩icamente a las ganancias, se encontrara fuera de Arag髇 motivo para considerar el r間imen aragon閟 como una variante de escasa importancia respecto del de gananciales del C骴igo, con el peligro de supresi髇 de las normas aragonesas. Sigui� entonces un camino indirecto, apoyado h醔ilmente en la f髍mula de 玬uebles por sitios�, para considerar aportados o adquiridos como sitios los bienes muebles enumerados en el art韈ulo 39, que son pr醕ticamente todos los que pueden identificarse y tienen alg鷑 valor, incluido el dinero. 獵on esta ficci髇 (explicaba aquella exposici髇 de motivos) se empalmar� la nueva norma con la tradicional, sin menoscabo del prop髎ito legislativo�.

Asumida por la Comunidad Aut髇oma la competencia legislativa exclusiva sobre nuestro Derecho civil, es claro que han desaparecido los motivos que llevaron a aquella ficci髇. Hoy, el prop髎ito de excluir la inadecuada regla sobre los muebles puede y debe realizarse de manera directa. Con ello, el sistema adquiere mayor claridad, sin que, por otra parte, las consecuencias sean muy distintas de las que la Compilaci髇 previ� con su rodeo.

VI

En el cap韙ulo dedicado a determinar qu� bienes sean comunes y cu醠es privativos, se mantienen, salvo lo dicho sobre los muebles, los criterios ya bien asentados en la Compilaci髇, subrayando la libertad de los c髇yuges de atribuir en todo momento car醕ter consorcial o privativo a los bienes que deseen y a馻diendo reglas para casos muy variados que hasta ahora ten韆n soluci髇 poco segura. Se atiende as� a las adquisiciones a t韙ulo oneroso con precio aplazado, a las indemnizaciones por despido, a las cantidades devengadas por pensiones, a las participaciones en fondos de inversi髇 y productos financieros similares, a los derechos del arrendatario o a la adquisici髇 de acciones o participaciones de sociedades, determinando su car醕ter consorcial en las condiciones en cada caso consideradas, en atenci髇 a la fuerte caracterizaci髇 comunitaria que tiene el consorcio aragon閟. (La seguridad que proporciona el pronunciamiento directo por parte del legislador parece ventajosa, incluso en alg鷑 supuesto en que la opini髇 doctrinal contraria ser韆 tambi閚 defendible en ausencia de ley).

Correlativamente, puede decirse que los bienes adquiridos durante el matrimonio, distintos de los que tengan car醕ter personal, s髄o son privativos -salvo voluntad distinta de los c髇yuges- cuando se adquieren a t韙ulo lucrativo y en determinados supuestos en que la adquisici髇 est� relacionada de alg鷑 modo con el patrimonio privativo. Entre estos supuestos, merece destacarse el de la compra celebrada antes del matrimonio por precio aplazado, caso en que el bien, cualquiera que sea su clase y destino, es siempre privativo, salvo que la totalidad del precio se pague durante el matrimonio con fondos comunes.

Se mantiene, naturalmente, la categor韆 de los bienes patrimoniales de car醕ter personal, introducida por la Compilaci髇 y luego adoptada por otros legisladores. Ahora se precisan con mayor detalle los bienes y derechos que entran en esta categor韆, distinguiendo, cuando procede, entre la titularidad de los bienes y sus posibles rendimientos y se馻lando algunas consecuencias de los seguros sobre la vida.

Al objeto de hacer posible en la pr醕tica una verdadera subrogaci髇 de bienes en el patrimonio privativo mediante utilizaci髇 de dinero de aquella procedencia, se ha introducido una 玴resunci髇 de privatividad� que, en los t閞minos bastante estrictos en que est� formulada, permite la subrogaci髇 sin necesidad de que intervenga el c髇yuge del adquirente. Ahora bien, no se desconoce que esta intervenci髇, bajo forma de reconocimiento de privatividad, seguir� utiliz醤dose en muchos casos en que no pueda operar aquella presunci髇 o se prefiera no acudir a ella, por lo que se regula asimismo este reconocimiento de privatividad tanto en la manera de producirse como en sus consecuencias.

Tanto la presunci髇 como el reconocimiento de privatividad se presentan, de acuerdo con su naturaleza, como fen髆enos diferentes de los verdaderos pactos por los que los c髇yuges atribuyen a bienes privativos el car醕ter de comunes o, a 閟tos, la condici髇 de privativos o asignan, en el momento de su adquisici髇, car醕ter privativo o com鷑 a lo adquirido.

El cap韙ulo se cierra con una precisi髇 sobre bienes de origen familiar y con la formulaci髇 de la presunci髇 de comunidad en t閞minos sustancialmente id閚ticos a los que acu耋 la Compilaci髇, referida tanto a los bienes como a la procedencia de la contraprestaci髇 que, por su adquisici髇, se pag�.

VII

En materia de deudas comunes y privativas, ha sido preocupaci髇 principal hacer m醩 expl韈ito y desarrollar el excelente esquema conceptual que sustenta esta materia en la Compilaci髇.

El art韈ulo 36, que enumera las deudas que constituyen el pasivo definitivo del consorcio, carece de significaci髇 para los terceros salvo a trav閟 de lo dispuesto en el apartado 2 del art韈ulo 37. Es en este art韈ulo 37 donde se relacionan las deudas que, aun contra韉as por uno solo de los c髇yuges, comprometen frente a terceros el patrimonio com鷑. Como puede verse, respecto de terceros de buena fe, se ampl韆 considerablemente la responsabilidad patrimonial del deudor cuando est� casado en r間imen de consorcio, pues pueden cobrarse, en definitiva, sobre bienes que s髄o en parte corresponden a su deudor la mayor parte de las deudas contra韉as ordinariamente por las personas casadas, aun aqu閘las que en la relaci髇 interna son privativas de acuerdo con los art韈ulos 36 y 41. Bien es verdad que, sin esta ampliaci髇 de responsabilidad, los acreedores no les conceder韆n cr閐ito de buen grado, pues no podr韆n embargar simplemente la cuota del deudor en el consorcio.

Tambi閚 a favor de los terceros acreedores, se hace responder solidariamente a ambos c髇yuges, una vez agotados los bienes comunes, por las deudas contra韉as por uno solo de ellos para satisfacer las atenciones se馻ladas en la letra a) del apartado 1 del art韈ulo 36. Para evitar esta responsabilidad solidaria del otro c髇yuge con bienes privativos, as� como su deber de contribuci髇 en la relaci髇 interna indicado en el art韈ulo 39, se han situado en la letra d) del apartado 1 del art韈ulo 36 los gastos de crianza y educaci髇 de los hijos de uno solo de los c髇yuges que no convivan con el matrimonio. Estos gastos son tambi閚 a cargo definitivamente del patrimonio com鷑, sin la excepci髇 que la Compilaci髇 estableci� respecto de los hijos adulterinos, de cuya constitucionalidad cabe dudar.

Deudas privativas, en la relaci髇 interna, son todas las que no pueden encuadrarse en la enumeraci髇 de deudas comunes del art韈ulo 36 y, en particular, las anteriores al consorcio, as� como las deudas y cargas por raz髇 de sucesiones y donaciones. Pero, para los terceros, s髄o tienen el tratamiento de privativas las distintas de las enunciadas en el art韈ulo 37. Es un 醡bito notablemente reducido, en que no se aprecia raz髇 alguna para favorecer los intereses de los acreedores en perjuicio de los del c髇yuge no deudor. La Compilaci髇, en las huellas de una tradici髇 hist髍ica que dejaba a salvo la parte correspondiente a la mujer cuando las deudas de su marido hab韆n sido contra韉as 玡n su propio provecho, con ocasi髇 de vicios, afianzando a favor de otros o con prop髎ito conocido de perjudicar a aqu閘la�, previ� en su art韈ulo 46 un mecanismo por el que hab韆 de quedar siempre a salvo el valor que en el patrimonio com鷑 corresponde al c髇yuge no deudor. Son conocidas las dificultades procesales que obstaculizaron la adecuada aplicaci髇 de este precepto, tanto antes como despu閟 de la reforma del C骴igo civil de 1981. Es de creer que el cauce que la Ley de enjuiciamiento civil de 2000 ha previsto para la ejecuci髇 en bienes gananciales resulte suficiente y expedito. Por ello, esta Ley se remite al mismo en su art韈ulo 43, con las necesarias adaptaciones sustantivas, entre las que destaca la posibilidad de dejar a salvo el valor que en el patrimonio com鷑 corresponda al c髇yuge no deudor sin necesidad de disoluci髇 del consorcio, salvo que opte por ella, pero siempre mediante liquidaci髇 del mismo a los efectos de constatar el valor que ha de quedar a salvo.

VIII

La gesti髇 del consorcio es abordada en el cap韙ulo III del t韙ulo IV en su sentido m醩 amplio, como ya hiciera la Compilaci髇, abarcando las decisiones sobre administraci髇 y disposici髇 de todos los bienes de los c髇yuges, as� como las que llevan a su endeudamiento. Por ello, la secci髇 primera se ocupa 玠e la econom韆 familiar� en general, estableciendo el principio seg鷑 el cual las decisiones sobre la econom韆 familiar corresponden a ambos c髇yuges y desarrollando algunas de sus consecuencias sobre atenci髇 al inter閟 de la familia, diligencia debida y deber de informaci髇.

En un solo art韈ulo se regula la gesti髇 de los bienes privativos, que corresponde a cada c髇yuge. La gesti髇 de los bienes comunes recibe, por el contrario, un desarrollo mucho m醩 amplio, acorde con la frecuencia y dificultad de los problemas que plantea una gesti髇 que compete exclusivamente a dos personas, consideradas absolutamente en pie de igualdad, de modo que tampoco puede decirse que una de ellas gestiona mientras la otra se limita a vigilar en salvaguarda de sus intereses, sino que ambas tienen los mismos poderes y los mismos l韒ites. Al no estar ninguna de ellas en posici髇 de superioridad, tampoco lo est醤 en situaci髇 de ser especialmente protegidas.

Junto al principio de igualdad, el de libertad. Los c髇yuges pueden pactar sobre la gesti髇 del patrimonio com鷑 sin otros l韒ites que los gen閞icos del standum est chartae: la Constituci髇 y las normas imperativas del Derecho aragon閟. El principio de igualdad se realiza tanto a trav閟 de la gesti髇 conjunta como de la gesti髇 indistinta de cualquiera de los c髇yuges. Prolongando l韓eas ya n韙idamente trazadas en la Compilaci髇, se enumeran actos que cualquiera de los c髇yuges est� legitimado para realizar por s� solo, incluidos, como novedad, los de disposici髇 sobre los bienes comunes cuando sean necesarios para satisfacer las necesidades familiares, con ciertas cautelas.

Se mantiene la legitimaci髇 para realizar los actos de administraci髇 o disposici髇 incluidos en el tr醘ico habitual de la profesi髇 o negocio de cada c髇yuge, acompa馻da ahora de un cauce que facilita la prueba en el tr醘ico. Asimismo, se mantiene y ampl韆 a cualesquiera bienes muebles la legitimaci髇 de cada c髇yuge, frente a terceros de buena fe, respecto de los que figuran a su nombre, exclusiva o indistintamente, o se encuentran en su poder.

Con estas previsiones legales, se propicia la deseable libertad con que cada c髇yuge ha de poder presentarse ante los terceros, haciendo innecesarias y, por tanto, inoportunas las averiguaciones de 閟tos sobre el estado civil y r間imen matrimonial de la persona con la que contratan. El l韒ite es el fraude a los derechos del otro c髇yuge, sancionado en el art韈ulo 54.

En todos los casos en que la Ley no atribuye una legitimaci髇 para actuar por s� solo, la regla respecto de los actos de administraci髇 extraordinaria o de disposici髇 de bienes comunes es la actuaci髇 conjunta de ambos c髇yuges, a la que se asimila la de uno de ellos con el consentimiento del otro. S髄o en el caso de que un c髇yuge se halle impedido por cualquier causa para prestar su consentimiento, podr� el otro acudir al juez solicitando su actuaci髇, de manera que, sin el consentimiento de un c髇yuge que se encuentra en situaci髇 de prestarlo, no cabe enajenar el bien. Los desacuerdos graves o reiterados en esta materia son considerados desacuerdos sobre la gesti髇 de la econom韆 familiar, con las posibles consecuencias se馻ladas en el art韈ulo 46.

Son conocidas las dudas sobre la aplicaci髇 al consorcio conyugal aragon閟 de las reglas que en el C骴igo civil se馻lan la anulabilidad como forma de invalidez de los actos de disposici髇 a t韙ulo oneroso sobre bienes gananciales realizados por un c髇yuge sin el necesario consentimiento del otro. Son tambi閚 numerosas y fundadas las cr韙icas a los preceptos del C骴igo por parte de sus propios comentaristas, preceptos, por otra parte, que responden a una tradici髇 jurisprudencial y doctrinal que no hay razones para adoptar en Arag髇. En consecuencia, la Ley aborda el problema de la venta de cosa com鷑 por uno solo de los c髇yuges cuando es necesario el consentimiento de ambos con criterios nuevos, inspirados en un an醠isis jur韉ico m醩 depurado y que atienden mejor al complejo conflicto de intereses entre tres partes que estos casos suponen. En particular, trata de evitarse la f醕il y frecuente presunci髇 judicial de que el c髇yuge cuyo consentimiento se omiti� ha consentido, por el mero hecho de que no se ha opuesto a la venta antes de interponer su demanda. Partiendo de la validez del contrato -t韙ulo- y de que la propiedad no se transmite al entregar la cosa uno solo de sus due駉s, se se馻la la inoponibilidad del contrato al c髇yuge que no consinti�, as� como las acciones que 閟te puede ejercitar, al tiempo que se muestra tambi閚 el cauce para la defensa de los intereses del comprador a trav閟 de las acciones nacidas de la compraventa contra su vendedor incumplidor.

Se prev閚 asimismo algunas situaciones especiales, en que la gesti髇 conjunta por ambos c髇yuges no resulta posible. De manera autom醫ica, todas las facultades se concentran en un c髇yuge -con necesidad de autorizaci髇 judicial para ciertos actos- cuando el otro haya sido incapacitado o declarado pr骴igo o ausente. Con esta regla, situada en su sede propia de gesti髇 del consorcio, se hace innecesaria la del apartado 3 del art韈ulo 7 de la Compilaci髇, que se deroga. Tambi閚 podr� el Juez, con las cautelas que en cada caso parezcan convenientes, atribuir la gesti髇 a uno solo de los c髇yuges cuando el otro se encuentre imposibilitado de hecho para la gesti髇 del patrimonio com鷑. Por 鷏timo, cabe que el Juez, a petici髇 de un c髇yuge, prive al otro total o parcialmente de sus facultades de gesti髇, cuando por sus actos haya puesto repetidamente en peligro la econom韆 familiar.

Las previsiones del art韈ulo 56 sobre disposiciones por causa de muerte relativas a la participaci髇 en el patrimonio com鷑, a bienes determinados del patrimonio com鷑 o a los derechos que sobre un bien determinado corresponden al disponente, suponen una novedad, al menos formal, en el Derecho aragon閟. Inspiradas en opiniones doctrinales solventes y en sugerencias de los profesionales del Derecho, tienden a facilitar unas disposiciones bastante frecuentes que, en un r間imen como el aragon閟, no parecer韆 razonable impedir solamente por razones derivadas del an醠isis de la naturaleza jur韉ica del consorcio, sin que aparezcan otras sustantivas suficientemente poderosas. Es de notar que las mismas reglas, de acuerdo con el art韈ulo 73, se aplican a las disposiciones por causa de muerte ya disuelto el consorcio pero todav韆 no dividida la masa com鷑.

IX

Las normas sobre disoluci髇, liquidaci髇 y divisi髇 del consorcio ocupan veintisiete art韈ulos, multiplicando por m醩 de cuatro su n鷐ero en la Compilaci髇. Las razones son varias: se ha pretendido enumerar exhaustivamente las causas de disoluci髇, evitando remisiones inciertas; asimismo, se detallan en lo necesario todas las fases e incidencias que pueden ocurrir, desde la disoluci髇 a la atribuci髇 de bienes a cada part韈ipe mediante la divisi髇, buscando un texto autosuficiente para cuya aplicaci髇 no sea necesario recurrir m醩 que, en su caso, a la Ley de enjuiciamiento civil.

Hay innovaciones o modificaciones respecto del Derecho anterior en buen n鷐ero de art韈ulos, como la posibilidad de que el Juez retrotraiga los efectos de la disoluci髇 hasta el inicio de los procedimientos de nulidad, separaci髇 o divorcio (65), o las consecuencias de la disoluci髇 por nulidad del matrimonio (67). En la liquidaci髇 ordinaria (83) se aclaran algunas operaciones de compensaci髇, reembolsos y reintegros. Las aventajas que consisten en bienes de uso personal o profesional no quedan reducidas al caso de disoluci髇 por muerte (84), lo mismo que el derecho que un c髇yuge haga incluir en su lote determinados bienes comunes que guardan especial relaci髇 con su persona, que puede ejercitarse tambi閚 en los dem醩 supuestos de disoluci髇, hoy m醩 frecuentes que en 1967. La posibilidad de incluir en su lote la vivienda habitual, por evidentes razones, se reconoce s髄o para el caso de muerte del otro c髇yuge.

En general, se atiende con mayor cuidado al pasivo y a la situaci髇 de los acreedores, a la vez que se tiene en cuenta el usufructo universal del viudo, que pocas veces dejar� de darse, y la figura del fiduciario, sea o no el viudo, de tan frecuente presencia, dando soluci髇 de forma que ha parecido a la vez sencilla y prudente a dudas surgidas en la pr醕tica.

En los art韈ulos 68 a 75 se regula 玪a comunidad que contin鷄 tras la disoluci髇�. All� se incluyen, con peque馻s modificaciones, las normas hasta ahora contenidas en el art韈ulo 53 de la Compilaci髇, que recogen en lo esencial la llamada comunidad conyugal continuada tal como se conoci� en el Derecho de los Fueros y Observancias. No ha parecido conveniente, por el contrario, trasladar a la Ley los preceptos que en 1967 construy� la Compilaci髇 (art韈ulos 60 a 67) con la intenci髇 de proporcionar a las peque馻s empresas familiares un cauce legal apto para continuar su actividad tras el fallecimiento del empresario sin m醩 cambio estructural que la sustituci髇 del difunto por sus herederos y la atribuci髇 de la direcci髇, en todo caso, al c髇yuge viudo. Las grandes transformaciones operadas desde entonces en el entorno econ髆ico y legal de las actividades econ髆icas, as� como las exigencias administrativas que condicionan la vida de todas las empresas, incluidas las agrarias, han dejado fuera de uso, o acaso s髄o para supuestos marginales que no es prudente propiciar, unas normas sin duda bienintencionadas y, entonces, innovadoras, pero que no han dado los frutos que cab韆 desear y, en todo caso, no resultan hoy de utilidad.

X

El t韙ulo V, dedicado a la viudedad, comienza exactamente como lo hac韆 el t韙ulo correspondiente de la Compilaci髇: 獿a celebraci髇 del matrimonio atribuye a cada c髇yuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca�. En esta frase se expresa la esencia del derecho de viudedad aragon閟 y sus rasgos definitorios tal como lo conocemos desde su origen hist髍ico en la 閜oca de los Fueros. El derecho de viudedad se adquiere con la celebraci髇 del matrimonio, de manera que durante el mismo se mantiene 玡xpectante�, seg鷑 el tecnicismo consagrado hace m醩 de un siglo para denotar una situaci髇 jur韉ica aludida y configurada por la doctrina de los foristas desde al menos el siglo XIV.

El derecho de viudedad durante el matrimonio, en su fase de derecho expectante, es coherente con una concepci髇 igualitaria y participativa de la comunidad de vida conyugal, en la que ambos c髇yuges comparten todas las decisiones econ髆icas que tienen incidencia sobre la familia, en particular las m醩 importantes y, por tanto, las relativas a la enajenaci髇 de bienes inmuebles de uno de ellos sobre los que el otro est� llamado a tener usufructo. Esta forma de entender la comunidad de vida matrimonial corresponde veros韒ilmente a las ideas, creencias y vivencias de la mayor parte de los aragoneses y aragonesas de hoy, que entienden asimismo el usufructo vidual m醩 como posici髇 personal del viudo en cuanto continuador de la familia que como un beneficio puramente econ髆ico en su exclusivo inter閟. Mientras se mantengan arraigadas en la sociedad estas concepciones sobre el matrimonio y la familia, el legislador cumplir� 髉timamente su funci髇 manteniendo la configuraci髇 secular del derecho de viudedad, de acuerdo con la cual ambos c髇yuges concurren normalmente a la enajenaci髇 de los inmuebles de uno de ellos al objeto de renunciar el otro a su derecho.

La Compilaci髇 extendi� el usufructo de viudedad hasta hacerlo universal, interpretando correctamente los deseos de los aragoneses. Pero el cambio respecto de la situaci髇 anterior, en que la viudedad legal estaba limitada a los inmuebles, introducido cuando ya aquella Ley se encontraba en estado avanzado de elaboraci髇, dej� algunas costuras mal asentadas en las relaciones entre la fase de derecho expectante y la de usufructo. En consecuencia, se han reformulado ahora con cuidado todos los preceptos con la finalidad de presentar con la mayor claridad y coherencia el armaz髇 conceptual, a la vez que se atiende a aspectos concretos que hab韆n presentado dudas o dificultades en la pr醕tica. De estos problemas, los profesionales del Derecho se hab韆n hecho eco especialmente de los relativos a las vicisitudes del derecho de viudedad en su fase expectante, por su presencia continuamente reiterada en el tr醘ico jur韉ico sobre inmuebles. Contribuir a la seguridad jur韉ica y limitar eventuales abusos es asimismo el objetivo de varios preceptos de este t韙ulo.

XI

El cap韙ulo primero plasma los criterios fundamentales a que se acaba de aludir, aclarando y desarrollando preceptos de la Compilaci髇, pero tambi閚 contiene algunas novedades.

El derecho de viudedad, inalienable e inembargable, puede renunciarse. La pr醕tica ha introducido renuncias al derecho de viudedad limitadas al derecho expectante, con la finalidad de que el c髇yuge propietario de los inmuebles pueda disponer de ellos sin trabas, pero conservando el renunciante el usufructo sobre todos aquellos que aqu閘 no haya enajenado. Es una finalidad razonable que se expresa de maneras diversas en los documentos notariales, lo que puede dar lugar en algunos casos a dudas en la interpretaci髇, para cuya soluci髇 hay que partir de que la Compilaci髇 entend韆 que la renuncia al derecho expectante, como las dem醩 causas de extinci髇 del mismo, comprend韆, naturalmente, la extinci髇 del derecho de viudedad en su conjunto. Por el contrario, la Ley adopta otro punto de vista, abordando por separado la extinci髇 del derecho de viudedad en su conjunto (art韈ulo 94) y la extinci髇 del derecho expectante sobre determinados bienes inmuebles (art韈ulos 98 y 99) o muebles (art韈ulo 100) y, del mismo modo, distinguiendo la renuncia al derecho de viudedad sobre todos los bienes o parte de ellos (art韈ulo 92, apartado 1) de la renuncia solamente al derecho expectante, igualmente sobre todos o parte de los bienes del otro (art韈ulo 92, apartado 2), sin merma en este 鷏timo caso del usufructo sobre todos los bienes que, al fallecer el otro c髇yuge, le pertenezcan.

Es nueva la posibilidad que el art韈ulo 93 admite de que un c髇yuge prive de la viudedad al otro cuando incurra en alguna de las causas que, cuando se trata de legitimarios, pueden fundar la desheredaci髇. La Compilaci髇 ya dio entrada, como causas de extinci髇 de la viudedad, a las de indignidad para suceder. En ambos supuestos, ante conductas tan censurables por parte de un c髇yuge, su goce del derecho de viudedad sin que hubiera medios h醔iles para evitarlo podr韆 considerarse contrario al fundamento mismo de la instituci髇.

La separaci髇 judicial, el divorcio o la declaraci髇 de nulidad son causa de extinci髇 en todo caso, con la posibilidad de pacto en contrario mientras el matrimonio subsista. Adem醩, el art韈ulo 94 considera que la extinci髇 se produce ya por la mera admisi髇 a tr醡ite de la correspondiente demanda, con soluci髇 similar a la adoptada por el legislador en la Ley de sucesiones por causa de muerte en los art韈ulos 89, 123, 125 y 216 para supuestos que pueden considerarse semejantes.

Se ha suprimido la limitaci髇 que en la extensi髇 del derecho de viudedad manten韆 la Compilaci髇 en su art韈ulo 73 para el caso de matrimonio de persona que tuviera descendencia conocida con anterioridad, procedente, con otra redacci髇 y alcance, de la Ley de 1967. Ha llevado a esta conclusi髇 la dificultad de identificar el fundamento y finalidad de la norma, junto con lo arduo de encontrar una regulaci髇 coherente con la misma que evitara los graves problemas que su aplicaci髇 ofrece. Se prev�, con todo, la posibilidad de que un c髇yuge, por su sola voluntad, excluya del usufructo vidual del otro bienes de la herencia que recaigan en descendientes suyos que no sean comunes, siempre que su valor no exceda de la mitad del caudal hereditario (art韈ulo 101.3).

Se mantiene, por el contrario, la regla que veta a los ascendientes prohibir o impedir que el c髇yuge de su descendiente tenga viudedad en los bienes que transmitan a 閟te por donaci髇 o sucesi髇. Es una regla a favor de la viudedad, dirigida a impedir que la posici髇 del viudo sea alterada en su perjuicio por la mera voluntad de los ascendientes de su c髇yuge. Ahora la regla se pone directamente en contacto con la que recibe el contenido del art韈ulo 77 de la Compilaci髇, de manera que resulte m醩 claro su alcance y los casos que comprende.

Por 鷏timo, se reitera en su sede m醩 propia la norma que considera sujetos al usufructo de viudedad del c髇yuge del transmitente los bienes adquiridos como consecuencia de la transmisi髇 del derecho a aceptar o repudiar la herencia (v閍se el art韈ulo 39 de la Ley de sucesiones), y se aclara que, en situaci髇 de consorcio foral, est醤 sujetos al usufructo de viudedad del c髇yuge del consorte fallecido los bienes que los dem醩 consortes adquieren por acrecimiento.

XII

El derecho de viudedad se manifiesta durante el matrimonio como derecho expectante que tiene como objeto tanto los bienes muebles como los inmuebles, si bien no de la misma manera. Cuando un bien mueble sale del patrimonio com鷑 o del privativo se extingue el derecho expectante sobre el mismo, salvo que se haya enajenado en fraude del derecho de viudedad (art韈ulo 100), mientras que el mismo derecho sobre los bienes inmuebles por naturaleza y las empresas o explotaciones econ髆icas no se extingue o menoscaba por su enajenaci髇.

La Ley enumera, sin embargo, diversos supuestos en los que el derecho expectante de viudedad se extingue con la enajenaci髇 del inmueble, tratando con ello de introducir mayor claridad y tambi閚 mayor seguridad en el tr醘ico, en atenci髇 a los intereses de los adquirentes que, conviene recordar, en su mayor parte conocen perfectamente la existencia y consecuencias de una instituci髇 central en la vida jur韉ica privada aragonesa.

La renuncia ha de ser expresa y, en principio, s髄o vale si es expresada en escritura p鷅lica. Pero se admite ahora su validez sin tal forma siempre que se otorgue en el mismo acto por el que v醠idamente se enajena el bien.

La renuncia no se presume nunca. Los dem醩 supuestos de extinci髇 se configuran como consecuencia directa del acto de enajenaci髇 por mandato de la Ley. Algunos pod韆n acaso inferirse por interpretaci髇 de las normas de la Compilaci髇, pero otros son claramente una novedad. Se extingue el derecho expectante siempre que se enajena v醠idamente un bien consorcial (tambi閚, por tanto, en los casos en que la enajenaci髇 es v醠ida aunque s髄o haya dispuesto uno de los c髇yuges) o su titular enajena bienes privativos incluidos en el tr醘ico habitual de su profesi髇 o negocio. Si concurren ambos c髇yuges a una enajenaci髇, cualquiera que sea el concepto en que uno y otro concurran, se extingue para ambos el derecho expectante, salvo reserva expresa. En la partici髇 o divisi髇 de bienes se extingue el derecho expectante respecto de los que no se adjudiquen al c髇yuge, de manera que no ser� necesaria la concurrencia de los c髇yuges de los comuneros o coherederos en la partici髇. Tambi閚 la expropiaci髇 y procedimientos equivalentes extinguen el derecho expectante. Que se extinga en la enajenaci髇 de bienes por el c髇yuge del declarado ausente no es norma nueva, sino situaci髇 en su sede m醩 propia de la hasta ahora contenida en el art韈ulo 7 de la Compilaci髇.

Se mantiene la regla, procedente de la reforma de 1985, seg鷑 la cual el Juez puede declarar extinguido el derecho expectante, aclarando ahora algunos extremos y prescindiendo de la referencia al abuso del derecho: el Juez, atendidas todas las circunstancias, declarar� la extinci髇 cuando crea que as� procede en raz髇 de las necesidades o intereses familiares.

Es totalmente nueva la regla del apartado 4 del art韈ulo 98, pensada para supuestos extraordinarios en que resulta muy dif韈il la comunicaci髇 y trato entre los c髇yuges, especialmente si uno de ellos rehuye cualquier respuesta. Podr韆 ser, por ejemplo, el caso entre c髇yuges que viven separados por sentencia judicial anterior a la entrada en vigor de la reforma del art韈ulo 78 de la Compilaci髇 operada en 1985 y que, por tanto, conservan el derecho de viudedad. Mediante la notificaci髇 de la enajenaci髇 en los t閞minos que el precepto precisa se impone, ciertamente, al c髇yuge la carga de pronunciarse expresamente y hacer llegar al Registro de la Propiedad su voluntad de conservar el derecho expectante, que de otro modo se extinguir�. Es de esperar que este mecanismo pueda aliviar, al menos, casos extremos que la pr醕tica conoce, sin enturbiar el funcionamiento normal del derecho de viudedad durante el matrimonio en los casos m醩 regulares y frecuentes.

La Compilaci髇, en uno de sus escasos desaciertos, dej� en la incertidumbre la suerte del derecho expectante de viudedad cuando los bienes inmuebles se enajenan judicialmente para pago de deudas privativas de un c髇yuge. El art韈ulo 99 sigue un criterio tradicional al respecto, adapt醤dolo al contexto legislativo actual y de manera que entorpezca lo menos posible las ejecuciones judiciales.

XIII

El usufructo vidual no es simplemente un derecho de goce en cosa ajena, como puede ser el usufructo regulado en el C骴igo civil. Su car醕ter de derecho de familia, a la vez que su extensi髇 como universal, que afecta a una masa patrimonial en su conjunto, requiere normas distintas. La Ley incorpora las ya contenidas en la Compilaci髇, con algunas variantes y concreciones (por ejemplo, sobre inventario y fianza), e incluye asimismo otras nuevas, sin por ello pretender hacer innecesaria la aplicaci髇 del Derecho supletorio.

La preocupaci髇 por la adecuada gesti髇 de los bienes se muestra en las nuevas normas sobre gastos, mejoras, reparaciones, tributos y seguros, pero tambi閚 en la previsi髇 espec韋ica respecto de las empresas y explotaciones econ髆icas, que posibilita, por voluntad del premuerto titular de las mismas, que su gesti髇 incumba a sus hijos o descendientes, con sustituci髇 del usufructo por una renta a favor del viudo. Se mantiene la norma que permite a los nudo propietarios acudir al Juez cuando entienden que el viudo no administra adecuadamente, pero se simplifican y ampl韆n las posibilidades de resoluci髇 por el Juez, que puede optar por la transformaci髇 del usufructo. Se favorece, sin embargo, una soluci髇 pactada para los casos en que el ejercicio ordinario del derecho de usufructo resulte poco deseable para las partes, pues se permite, en todos los casos, a los nudo propietarios y al viudo usufructuario pactar la transformaci髇, modificaci髇 y extinci髇 del usufructo como estimen oportuno, siguiendo el camino t韒idamente iniciado por la Compilaci髇 en el apartado 1 de su art韈ulo 83. Ciertamente, en estos casos se pondr� de manifiesto que el viudo no cumple su funci髇 tradicional de continuador de la familia, pero, aun as�, parece prudente no cerrar el camino a una soluci髇 paccionada de conflictos que en la pr醕tica se presentan con cierta frecuencia.

Se corrobora que el usufructo de viudedad sobre los bienes afectos al mismo es inalienable y, por tanto, inembargable. En ning鷑 caso un tercero puede adquirir derivativamente el usufructo de viudedad sobre un bien. Cabr� -como ya permit韆 la Compilaci髇- la enajenaci髇 del bien concurriendo todos los que tienen derechos sobre el mismo (nudo propietarios y usufructuario), con la consiguiente extinci髇 del usufructo como derecho real sobre el bien enajenado y la subrogaci髇 del precio recibido. El mismo principio se aplica a los embargos y enajenaciones judiciales. Naturalmente, nada obsta al embargo y enajenaci髇 de los frutos y rentas que corresponden al usufructuario -conservando el mismo el derecho de usufructo-, y 閟ta ser� la v韆 ordinaria de embargo en raz髇 de sus propias deudas.

Los art韈ulos 117 y 118, sobre usufructo de dinero y usufructo de fondos de inversi髇, atienden a problemas que se plantean con gran frecuencia. Sobre el dinero se configura un cuasiusufructo, por lo que el viudo podr�, si quiere, disponer del capital, con obligaci髇 de restituir su valor actualizado. En cuanto a las participaciones en fondos de inversi髇 acumulativos y otros productos financieros similares, parece que, de acuerdo con la intenci髇 corriente de quienes practican estas formas de ahorro e inversi髇, la plusval韆 ha de ser tratada como si constituyera beneficio o renta y, por tanto, quedar a favor del viudo usufructuario. Para ello, se dan reglas de suficiente amplitud con la intenci髇 de que puedan ser aplicables flexiblemente a unos productos que evolucionan con gran rapidez.

En la extinci髇 del usufructo vidual no se introduce otra novedad de nota que la aclaraci髇 de la admisibilidad de la disposici髇 en contrario respecto de la causa consistente en llevar el viudo vida marital estable.

XIV

Las disposiciones transitorias parten del principio de aplicaci髇 inmediata de todas las normas de esta Ley, como parece exigir la 韓dole misma de las modificaciones introducidas, a la vez que se馻lan que los hechos, actos o negocios relativos a los variados asuntos a que la Ley se refiere s髄o se regir醤 por ella cuando se produzcan con posterioridad a su entrada en vigor. Se a馻den dos sencillas reglas sobre comunidad conyugal continuada y sobre la limitaci髇 que, en caso de existencia de hijos no comunes, establec韆 el art韈ulo 73 de la Compilaci髇.

La Ley deroga 韓tegramente los T韙ulos IV, V y VI del Libro Primero de la Compilaci髇 (art韈ulos 27 a 88), as� como el art韈ulo 7 (cuyas previsiones se encuentran ahora, con t閏nica distinta, en el art韈ulo 60, en la letra e) del apartado 1 del art韈ulo 98 y en el apartado 2 del art韈ulo 101 de esta Ley). Deroga tambi閚 el art韈ulo 22 de la Compilaci髇, que qued� sin contenido con la entrada en vigor de la Ley de sucesiones por causa de muerte de 1999.

La Disposici髇 final primera da nueva redacci髇 a tres art韈ulos de la Ley de sucesiones por causa de muerte de 1999: al art韈ulo 139, por haber desaparecido el precepto de la Compilaci髇 a que se remit韆 y no ser posible hacer ahora la remisi髇 a otro equivalente; al 202.2 y al 221, sobre el privilegio del Hospital de Nuestra Se駉ra de Gracia, para tener en cuenta su actual dependencia de la Diputaci髇 General.

Por la segunda, se da, asimismo, nueva redacci髇 a dos preceptos de la Compilaci髇 que ya hab韆n sido sustancialmente afectados por la Ley de sucesiones.

Se prev� la entrada en vigor de la Ley el d韆 23 de abril de 2003, de manera similar a como se hizo en la Ley de sucesiones, para proporcionar un plazo de vacaci髇 de la Ley superior al ordinario, dar seguridad en cuanto al d韆 exacto de su entrada en vigor y hacerlo coincidir con la fecha se馻lada en que la Comunidad Aut髇oma celebra el d韆 de Arag髇.