Sumario

Pre醡bulo

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, introduce en nuestro ordenamiento jur韉ico un nuevo marco que supone, entre otras cuestiones no menos importantes, una nueva estructura y organizaci髇 para la realizaci髇 de las actuaciones necesarias para hacer efectiva la protecci髇 de la salud, derecho reconocido en el art韈ulo 43 de la Constituci髇.

La nueva estructura y organizaci髇 encomienda a las Comunidades Aut髇omas la creaci髇 de los servicios de salud, configur醤dose a trav閟 de las 醨eas y las zonas de salud, constituyendo estas 鷏timas el marco territorial de la Atenci髇 Primaria.

Esta misma Ley, a trav閟 del art韈ulo 103, determina los establecimientos y servicios encargados de la custodia, conservaci髇 y dispensaci髇 de los medicamentos. Y en este sentido, el art韈ulo 103 de la Ley General de Sanidad y no s髄o otorga a las oficinas de farmacia la condici髇 de establecimientos sanitarios, sino que establece que estar醤 sujetas a la planificaci髇 sanitaria en los t閞minos que establezca la legislaci髇 especial de medicamentos y f醨macos.

La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, viene a profundizar en la regulaci髇 de la materia objeto de esta Ley utilizando las estructuras y organizaci髇 contempladas en la Ley General de Sanidad, como son las disposiciones contenidas en los T韙ulos IV y VI. En concreto, el art韈ulo 88 de la Ley del Medicamento se馻la que las Administraciones sanitarias con competencia en ordenaci髇 farmac閡tica realizar醤 la ordenaci髇 de las oficinas de farmacia debiendo tener en cuenta, entre otros criterios, la planificaci髇 general de las oficinas de farmacia en orden a garantizar la adecuada asistencia farmac閡tica, siendo la presencia y actuaci髇 profesional del farmac閡tico condici髇 y requisito inexcusables para la dispensaci髇 al p鷅lico de medicamentos.

Por otra parte, la falta de una regulaci髇 espec韋ica en la Ley del Medicamento con respecto a determinados establecimientos sanitarios, como son las oficinas de farmacia, motiva la aparici髇 de una normativa de urgencia constituida por el Real Decreto Ley 11/1996, de 17 de junio, de ampliaci髇 del servicio farmac閡tico a la poblaci髇, convertido posteriormente en la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulaci髇 de Servicios de las Oficinas de Farmacia, normativa que quiere adecuar a esta clase de establecimientos los profundos cambios introducidos por las leyes General de Sanidad y del Medicamento.

Ante este nuevo marco legislativo, en el que, adem醩, tienen un importante protagonismo las diferentes Comunidades Aut髇omas en el ejercicio de sus competencias reconocidas en el 醨ea sanitaria, resultan completamente desfasadas algunas normas, como son las contenidas en el Real Decreto 909/1970, de 14 de abril, por el que se regula el establecimiento, transmisi髇 e integraci髇 de oficinas de farmacia. El objetivo principal de la presente norma es establecer los criterios generales de planificaci髇 y ordenaci髇 farmac閡tica, a fin de incardinar este servicio de inter閟 p鷅lico dentro del Sistema Nacional de Salud, entendido como todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes p鷅licos para el debido cumplimiento del derecho a la protecci髇 de la salud.

Por todo ello, la nueva Ley de Ordenaci髇 Farmac閡tica para Arag髇 debe comprender una regulaci髇 amplia que contemple todos los servicios y estructuras en las que se realiza la prestaci髇 farmac閡tica, que constituye una importante manifestaci髇 de la protecci髇 de la salud, regulaci髇 posible dados los amplios t韙ulos competenciales que, de conformidad con la Constituci髇, conceden a las Comunidades Aut髇omas las leyes b醩icas antes mencionadas, asi como las espec韋icas que le corresponden a esta Comunidad Aut髇oma al existir una referencia expresa a la ordenaci髇 farmac閡tica en el Texto Reformado del Estatuto de Autonom韆, regulado por la Ley Org醤ica 5/1996, de 30 de diciembre, art韈ulo 35.1.41.

La Ley se estructura en nueve T韙ulos, dos Disposiciones Adicionales, dos Derogatorias, siete Transitorias y dos Finales.

El primero de los T韙ulos se encuentra dedicado a la atenci髇 farmac閡tica, y comprende una serie de disposiciones generales, como son el objeto y los fines de la Ley, en consonancia con el nuevo marco legislativo inaugurado por la Ley General de Sanidad, la determinaci髇 de los establecimientos y servicios farmac閡ticos, la dispensaci髇 de medicamentos y sus prohibiciones y los requisitos que deben reunir con car醕ter general.

Sobresale de todo ello la consideraci髇 de la atenci髇 farmac閡tica como un proceso por el cual se facilita adecuadamente a los ciudadanos el acceso a medicamentos y productos relacionados, contribuyendo a hacer un uso racional y eficiente de los mismos por los profesionales sanitarios y los individuos y participando en la prevenci髇 de la enfermedad y la promoci髇 de la salud, con el objetivo de mejorar y proteger el estado de salud y la calidad de vida de los individuos de la Comunidad.

El T韙ulo II se encuentra dedicado a los establecimientos y servicios de atenci髇 farmac閡tica, comprendi閚dose en su regulaci髇 las oficinas de farmacia (en la que se tienen en cuenta los criterios b醩icos establecidos en la Ley 16/1997, de 25 de abril), determin醤dose los criterios de planificaci髇 con referencia a las unidades b醩icas constituidas por las zonas de salud y distinguiendo entre zonas urbanas y no urbanas, con un r間imen diferente en materia de m骴ulos por habitantes, con la finalidad de adaptarse a las peculiaridades de poblaci髇 y territorio de esta Comunidad Aut髇oma.

Por ello, ha parecido oportuno utilizar m骴ulos de poblaci髇 inferiores, que se fijan en 2.600 habitantes para las zonas de salud urbanas y en 2.000 habitantes para las restantes zonas de salud. Al reducir las cifras a los m骴ulos aludidos, se ha tenido en cuenta, ante todo, de una parte, el objetivo esencial de toda ordenaci髇 farmac閡tica (y como tal proclamado por la propia Ley estatal) de mejorar la atenci髇 farmac閡tica a la poblaci髇.

Adem醩, las caracter韘ticas de la Comunidad Aut髇oma obligan a modular, dentro de la zona de salud, la delimitaci髇 territorial, introduciendo elementos correctores y diferenciadores que tengan en cuenta la densidad demogr醘ica y las caracter韘ticas geogr醘icas y que garanticen la calidad, continuidad e igualdad en la asistencia farmac閡tica a todos los aragoneses. Por otra parte, no cabe ignorar la existencia de un colectivo de farmac閡ticos en paro, para los que la reducci髇 de los m骴ulos de referencia ha de abrir posibilidades reales y efectivas de un ejercicio profesional en condiciones dignas, con el consiguiente beneficio social. As� pues, la mejora de la asistencia farmac閡tica juntamente con la creaci髇 de puestos de trabajo para los profesionales del sector son motivos suficientes para introducir los m骴ulos poblacionales precitados.

Para conseguir una adecuada distribuci髇 de las oficinas de farmacia, se mantiene la distribuci髇 que debe existir entre ellas. Por 鷏timo, se extiende el previsto r間imen de distancias para las oficinas de farmacia a la que 閟tas han de observar en relaci髇 con los centros sanitarios, pues, en cuanto 閟tos sean ordenadores fundamentales del consumo farmac閡tico, pueden generar una recusable situaci髇 de ventaja en la dispensaci髇 en favor de las instaladas en sus proximidades, en perjuicio de los dem醩 establecimientos y, en definitiva, del equilibrio en la distribuci髇 territorial de las oficinas de farmacia y en la calidad misma del servicio.

Dentro de esta clase de establecimientos, se regulan asimismo los traslados, transmisiones, cierres y el procedimiento de autorizaci髇.

Se incluye tambi閚 en este T韙ulo la regulaci髇 de los aspectos m醩 importantes de los servicios y establecimientos de atenci髇 farmac閡tica en las estructuras de Atenci髇 Primaria, como son los centros de salud, los hospitalarios y sociosanitarios y los dep髎itos de medicamentos, instaur醤dose un r間imen jur韉ico b醩ico al determinar sus funciones, organizaci髇 y autorizaci髇.

El T韙ulo III se refiere a la distribuci髇 de medicamentos, comprendi閚dose la regulaci髇 de los almacenes farmac閡ticos y centros distribuidores de estos productos, exigiendo la Ley autorizaci髇 administrativa previa para su funcionamiento y un m韓imo de existencias para asegurar la correcta asistencia farmac閡tica.

Los medicamentos veterinarios tienen su regulaci髇 en el T韙ulo IV, en el que se determinan los establecimientos que pueden dispensar esta clase de productos y se establecen los controles necesarios para su correcto funcionamiento, en consonancia con la Ley del Medicamento.

El T韙ulo V de la Ley hace referencia a la informaci髇, promoci髇 y publicidad de los medicamentos y productos farmac閡ticos, precisando su articulado la voluntad de no inducir al consumo de esta clase de productos y ajustar su publicidad a criterios de veracidad.

Los T韙ulos VI y VII hacen referencia a las condiciones y requisitos de los establecimientos y servicios de atenci髇 farmac閡tica, estableci閚dose criterios generales y m韓imos en cuanto a la idoneidad de los locales, susceptible de amplio desarrollo reglamentario, y a la formaci髇 continuada de los profesionales farmac閡ticos.

El T韙ulo VIII determina las incompatibilidades del profesional farmac閡tico, atendiendo a criterios de independencia y dedicaci髇, quedando reservado el T韙ulo IX al r間imen sancionador.

Las Disposiciones Adicionales contemplan la posibilidad de que el Gobierno de Arag髇 suscriba convenios de colaboraci髇 con los Colegios de Farmac閡ticos y otras entidades para promover la calidad de la asistencia farmac閡tica y los delegue de competencias en materia de apertura, transmisi髇, traslados y cierres de las oficinas de farmacia.

Las Disposiciones Transitorias contemplan el criterio de aplicaci髇 de la nueva Ley en aquellos expedientes administrativos ya iniciados que se encuentren pendientes de resoluci髇, respetando las situaciones creadas con anterioridad a la vigencia de la Ley, contempl醤dose los problemas derivados de las oficinas de farmacia abiertas como consecuencia de ejecuci髇 de sentencias dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley. Tambi閚 se establecen mecanismos para reasignar los botiquines y plazos para adaptar los centros regulados en el Cap韙ulo IV del T韙ulo II.